En el actual contexto en el que se prevé que las condiciones crediticias en América Latina serán más estrictas -debido a la menor disponibilidad de financiamiento por el esperado retiro del estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)-, The Economist anunció que había cometido un error a favor del Perú en la publicación de su índice de vulnerabilidad; ahora, la economía peruana sería más vulnerable (que lo que indicaron en su primer análisis), a una abrupta salida de capitales que otros países con fundamentos macroeconómicos menos sólidos como Venezuela o Argentina.

El índice publicado por The Economist combina los siguientes cuatro factores para medir la vulnerabilidad de 26 economías emergentes ante un congelamiento de capitales externos:

·      El déficit en cuenta corriente(que aproxima los requerimientos de financiamiento externo).

·      La deuda de corto plazo con respecto a las reservas (que muestra el nivel de resistencia de un país para evitar crisis temporales de liquidez).

·      El crecimiento del crédito (que puede indicar niveles de sobreendeudamiento rápido en la economía).

·      La apertura del sistema financiero (que facilita la entrada y rápida salida de capitales de corto plazo).

Si bien en el índice global el Perú sería la sexta economía más vulnerable de las 26 analizadas, solo por debajo de México (4) y Colombia (5), lo cierto es que en el análisis desagregado de los componentes que conforman este indicador, damos cuenta de que el país que tiene varias fortalezas, como por ejemplo, un impresionante nivel de reservas internacionales, que suman más de  de US$ 67 mil millones (representando cerca del 32% del PBI), las cuales cubren 7 veces la deuda externa público y privada de corto plazo y respalda el 97% del total de las obligaciones de las instituciones financieras con el sector privado.

Por otro lado, el Perú es la tercera economía con mayor apertura financieraentre los países considerados. El problema es que la metodología de The Economist considera que la apertura juega en contra de una economía, a pesar de que las menores restricciones para el movimiento financiero también reducen los riesgos privados de colocar capitales en economías emergentes, y que los sistemas financieros más abiertos suelen asociarse a una mayor fortaleza institucional. Por ello, es engañoso que, considerando los sólidos fundamentos macroeconómicos y las políticas prudenciales del BCRP asociadas a la elevación de los encajes de los pasivos de corto plazo y el control del crecimiento del crédito en dólares, la apertura financiera sea para The Economist un factor adicional de riesgo. Consideramos que con las condiciones de la economía peruana la apertura financiera es más bien una fortaleza ante un episodio de crisis de confianza. ¿O alguien cree que Venezuela, teniendo el sistema financiero más cerrado a los capitales internacionales, tiene una ventaja sobre el Perú al tener un ratio de deudas sobre reservas que alcanza el 275% y una devaluación acumulada de su moneda doméstica que supera el 32% en lo que va del año?

Con relación a la cuenta corriente, esta registró un déficit de 5,4% del PBI en el primer semestre, debido al resultado negativo (luego de once años) en la balanza comercial, que se produce luego una caída en el precio de las exportaciones y un contexto donde la demanda interna crece a un ritmo superior al del producto. Sin embargo, este déficit no representa un riesgo real para la economía peruana en la medida en que ha sido financiado con US$ 13,6 mil millones de capitales de largo plazo y las cuentas fiscales se mantienen ordenadas.

En su última nota semanal, el BCRP remarca que el riesgo-país mantuvo su tendencia descendente en el mes de septiembre y el Perú registra una evolución por debajo del promedio de Latinoamérica y de los países emergentes en este indicador, a niveles muy similares de Colombia y Chile.  Este indicador es importante en el análisis de la vulnerabilidad porque la confianza y expectativas influyen mucho en la entrada y salida de capitales.  De esta forma, entre junio y septiembre los anuncios de inversión de largo plazo para el periodo 2013-2015 se incrementaron en cerca deUS$ 3,600 millones de dólares, al pasar de US$ 41,981 millones a US$ 45,595 millones, mientras que el BCRP estima que en el año el flujo de capitales externos de corto plazo será negativo en US$ 1,400 millones. Esto último no debería ser un problema considerando la elevada capacidad de respuesta del BCRP para acomodar posibles choques externos, y el aumento de la resistencia del sistema financiero doméstico.

Frente a las conclusiones de The Economist, la agencia calificadora de riesgo Moody´s sostiene que el Perú tiene, junto a Chile, el nivel más bajo de vulnerabilidad en la región. Esta calificadora remarca las fortalezas del Perú frente a Argentina, Venezuela y Brasil, para resistir la inestabilidad financiera externa, incrementos de tasas de interés y restricciones de liquidez.  Es que a diferencia de The Economist, la metodología de Moody’s diferencia los componentes asociados a la “exposición”, como el grado de apertura, de los componentes asociados a la “resistencia”, como el nivel de reservas o endeudamiento, donde nuestra economía goza de una muy alta firmeza. 

El pasado jueves la Federación Médica, profesores del Sutep, miembros de la CGTP y trabajadores de construcción civil salieron a las calles una vez más a marchar y protestar por mejores condiciones laborales (aunque la CGTP, de hecho, no tenía ningún reclamo propio; simplemente salió a “sumarse” a la protesta de los médicos y profesores).

Violar la ley se ha convertido en la manera de protestar de más de un gremio. La marcha de médicos y profesores no contaba con permiso, sus movilizaciones bloquearon vías dejando intransitable la capital por varias horas y los huelguistas del Conare Sutep se enfrentaron con piedras y palos a la policía. De forma similar, la huelga de Essalud que terminó el mes pasado fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo. A pesar de ello, y en contra de la ley, se interrumpió la atención en centros de salud y se dejaron de atender 672 mil citas y 21 mil operaciones. Asimismo, en sus últimas movilizaciones nacionales, el Sutep bloqueó vías de tránsito y el pasado 18 de setiembre un grupo de sus profesores atacó a pedradas el local del Ministerio de Educación y dejó dos personas heridas.

Ya en un anterior editorial mencionábamos que, en ciertas esferas de la sociedad, lejos de ejercerse algún tipo de democracia participativa o representativa, lo que se ejercía era una suerte de “democracia coactiva”. Es decir, algunos grupos de presión coaccionan a las autoridades para que estas cedan a sus demandas e intereses, al margen de los canales democráticos y de lo que pueda ser la voluntad de la mayoría. El gobierno, por su parte, ha institucionalizado esta manera de hacer “democracia” con las ya famosas “mesas de diálogo” donde se negocia la ley con los violentistas y, de paso, los derechos de los afectados por las ilegalidades cometidas.

Muchas personas justifican esta forma de protestar bajo el argumento de que es la única manera en la que los grupos que no tienen poder económico pueden hacerse oír; algo así como que el sistema democrático no les permite canalizar sus reclamos, por lo que solo les queda recurrir a la fuerza, violar la ley y atropellar derechos ajenos para conseguir justicia.

Este argumento tiene un problema: no es cierto. Y es que la mayoría de grupos que no gozan de poder económico sí canaliza sus reclamos por vías legales y democráticas.

Según el último anuario estadístico del Ministerio de Trabajo que recoge información hasta el 2010, en este año se registraron 83 huelgas en el sector privado que involucraron a 30.606 trabajadores. La enorme mayoría de estas movilizaciones, sin embargo, no terminó en las primeras planas por haber protagonizado desmanes y episodios de violencia, lo que demuestra que el derecho constitucional a la huelga sí puede ser ejercido de manera pacífica para alcanzar soluciones concertadas.

También es cierto que los grupos no vinculados al poder económico sí se organizan para canalizar sus intereses a través del proceso parlamentario. Por ejemplo, el Congreso actualmente discute proyectos de ley que representan las inquietudes de asociaciones de consumidores (el que busca combatir el abuso a los usuarios de servicios de transporte), personas con discapacidad (el que quiere regular su atención en terminales aéreos, terrestres y marítimos) e incluso grupos pro derechos de animales (el que quiere prohibir su sacrificio en espectáculos públicos). Después de todo, los grupos empresariales no son los únicos que tienen representación en el Congreso, para empezar porque buena parte de los congresistas está bien lejos de ser pro empresa (incluidos los miembros de Gana Perú). Finalmente, pensemos en grupos que se suelen enfrentar a menudo en discusiones sobre proyectos de ley como la Iglesia Católica contra el Movimiento Homosexual de Lima, los grupos pro legalización del aborto o pro pastilla del día siguiente. ¿Acaso alguno de ellos manda matones a bloquear vías bajo la insignia de “protesta social”?

La mayoría de los peruanos sí usa los mecanismos democráticos. Son solo ciertos grupos quienes han obtenido, literalmente a patadas, un privilegio que el resto del país no tiene: cambiar la huelga legal o la discusión parlamentaria (en que todos los intereses se encuentran representados) por una cómoda mesa de negociación ad hoc.