Lamentablemente, las propias autoridades judiciales están últimamente, debilitando el Estado de Derecho. Un juez desacata expresamente una orden del Tribunal Constitucional, otro puede desechar los sustentos de la defensa como intentos de burlar la justicia, un fiscal puede allanar un estudio de abogados, etc.

Se ha llegado a decir que hoy en el Perú hay persecución política. En nuestra opinión, este no es el caso. Lo que no habría es Estado de Derecho.

Líneas abajo compartimos el artículo de César Azabache, sobre el caso del allanamiento:

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

I

Probablemente en la efervescencia en la que andamos estamos perdiendo de vista que en los procesos de extradición que se siguen en España y USA y ahora en el caso del asilo solicitado a Uruguay se está discutiendo si nuestros procedimientos internos respetan los mínimos establecidos por la comunidad internacional para casos penales. Uno de estos mínimos es la intangibilidad de la defensa, que solo puede ser atacada por el procedimiento cuando deja de serlo, esto es, cuando soborna, cuando amenaza a un testigo o cuando elimina físicamente la evidencia. Fuera de esos casos no cabe indagar en los despachos de sus abogados, como tampoco puede la defensa pedir indagaciones en el despacho del fiscal.

Puede parecernos antipático que esta regla exista. De hecho, los abogados, como comunidad, estamos en deuda con la sociedad por haber sido parte del sistema que dio espacio para que cosas como la mafia de los llamados “cuellos blancos” existan. Pero aún así́, en medio de la deuda moral que tenemos, no podemos ser tan ingenuos como para apresurarnos y poner en el atolondramiento en juego la confiabilidad mínima del sistema.

Si queremos probar que en medio de las confusiones mantenemos un sistema equilibrado respetemos los límites mínimos y portémonos equilibradamente.

II

El allanamiento del estudio Oré ha causado un debate que debe ser acompañado con mucho cuidado. Me he pronunciado en contra de la medida. Me ratifico en mi oposición. He defendido la indemnidad de la defensa como regla y la pésima idea de lanzar señales ambiguas mientras se debate en tres giros nuestra confiabilidad como sociedad mínimamente institucionalizada.

He admitido por cierto que la regla de indemnidad tiene excepciones. La defensa deja de ser defensa cuando soborna, cuando amenaza testigos y cuando destruye evidencias. Sobre esta base tiene todo el sentido discutir si las excepciones aplican a este caso. Y cual es la medida que corresponde, allí́ donde deba admitirse una excepción.

Hasta donde trasciende, uno de los abogados del estudio intentó en algún momento inducir a mentir a por lo menos un testigo imperfecto, una persona que había aceptado simular su condición de aportante, que había sido llamado a declarar y que por ende podía ser imputado. Grave sin duda. En casos como este desde mi punto de vista el Juez adquiere el derecho a forzar el retiro del abogado del proceso y a requerir su inhabilitación. Pero la inducción a engaño no conduce a la autorización a un allanamiento que debe ser estimado prohibido porque el Fiscal no sabe que está buscando en el recinto. Me explico: El allanamiento se justifica en la búsqueda de un objeto más o menos preciso, y se concede cuando el solicitante tiene una fuente que muestra que su ubicación es posible. Cabe cuando se denuncia seriamente que un abogado está destruyendo evidencia. Pero no es un castigo a las malas prácticas de litigación, aunque las malas prácticas no nos gusten y deban claro tener una reacción o consecuencia.

Los allanamientos no son acciones de pesca, en las que se tira una red “para ver que hay”. Tampoco son acciones libres en recintos que custodian papeles reservados como los locales de trabajo de los abogados de la defensa.

Insisto: el allanamiento en estos casos no aplica. Si los abogados no pueden registrar los locales de los fiscales mientras litigan con ellos los fiscales no pueden obtener este derecho. Aunque, hay que reconocerlo, los abogados no seamos los personajes más simpáticos de estas historias.

Lampadia

Los países del Alba, los estados fallidos de Latinoamérica, endurecen sus posturas y muestran su cara más autoritaria (y hasta criminal), ahora que la crisis económica desnuda la farsa del “modelo del socialismo del siglo XXI”, largamente fracasado, que insisten en mantener en sus países. Como otros populismos de la historia, cuando el dinero de las arcas públicas se agota por el despilfarro y la corrupción, solo queda la represión para mantener en el poder a los caudillos. Eso es lo que viene ocurriendo sin disimulos en Venezuela y Argentina y, menos descaradamente en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, los otros simpatizantes del Alba en las américas.

En Argentina la muerte del fiscal Alberto Nisman el domingo último ha disparado las alarmas de lo que podría ser capaz de hacer el régimen kirchnerista. Como hemos anunciado, el miércoles 14 de enero (4 días antes de su misteriosa muerte por un disparo en la cabeza), el Fiscal denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “encubrimiento” del atentado [de la Amia] y de ser una de las responsables de orquestar un plan para ?”fabricar” la inocencia de los funcionarios iraníes acusados en la investigación”.

La sospechosa muerte de Nisman, en un contexto en que el régimen se ve agobiado por el pésimo andar de la economía, cercado por serias acusaciones de corrupción y en vísperas de una campaña presidencial, solo ensombrecen aún más al kirchnerismo del que ahora se develan sus oscuras alianzas con el terrorismo internacional.

En Venezuela, cuna del Alba promovido por su mentor, Hugo Chávez, las cosas van por el mismo camino. El 2015 ha empezado con un verdadero calvario para los venezolanos. Como bien ha retratado el columnista de El Nacional de Caracas, Freddy Lepage: “Enero ha servido para que la gravedad de la situación, advertida desde meses atrás –y que no es producto de la caída del petróleo, sino del empeño en mantener un modelo fracasado en todo el mundo desde el siglo pasado–, se muestre de la manera más cruel e inhumana con un desabastecimiento y escasez no solamente de los alimentos de la dieta diaria, sino también de equipos médicos y de medicinas en general que amenaza la salud de venezolanos que, a pesar de los recorridos y colas en farmacias e instituciones de salud, no consiguen los medicamentos necesarios y, en muchos casos, el tratamiento indicado en los centros de salud, gracias a la estulticia y desatención de los funcionarios responsables. Ya la situación se torna insostenible y la paciencia del pueblo se agota exponencialmente hasta el punto de explosionar –con las consecuencias violentas que de ello se derivan– en cualquier momento, a pesar del incremento de la represión militar, que ha llegado a tal punto de virulencia e insensatez de arrestar a aquellos ciudadanos o periodistas que fotografíen las largas e interminables filas de gente desesperada por conseguir pollo, aceite, harina precocida, café y pare usted de contar. Algunos gobernadores, más “audaces” aún, han llegado a prohibir –por decreto– la pernocta en los supermercados privados y de la red gubernamental, de quienes sienten la pulsión de que se van a quedar sin alimentos en el muy corto plazo y, por ende, son capaces de cualquier sacrificio para obtenerlos. ¡La vesania total!…”, señala.

Bien se conoce la represión que es capaz de desatar el gobierno y sus grupos violentistas, los llamados “colectivos chavistas” o “bolivarianos”, contra la gente que protesta o se opone al régimen. Como Human Rights Watch denunció que las fuerzas del gobierno “permitían constantemente” que los colectivos “ataquen a los manifestantes, periodistas, estudiantes, o personas que ellos creían eran opositores del gobierno con fuerzas de seguridad tan solo a unos metros de distancia” y que “en algunos casos, las fuerzas de seguridad colaboraban abiertamente con los atacantes simpatizantes del gobierno”. Human Rights Watch también indicó que ellos “encontraron evidencia contundente de que fuerzas de seguridad uniformadas y pandillas simpatizantes del gobierno atacaban a los manifestantes lado a lado.”

El resultado: 42 fallecidos, más de 486 heridos y 1,854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, y 33 denuncias por parte de organismo de derechos humanos para casos de tortura. Además, está la agresión física al diputado María Corina Collado y su posterior abusiva expulsión del parlamento. La detención más arbitraria, sin duda, es la de Leopoldo López quien lleva casi un año encarcelado y maltratado con ensañamiento e injusticia.

En Ecuador, como ha reportado la Sociedad Interamericana de Prensa, se recortan cada día más, la libertad de prensa y se reprime o acalla las voces disidentes y críticas. Algo similar a lo que ocurre en Bolivia, en dónde Evo Morales cambia la Constitución casi a su antojo para seguir re-reeligiéndose. Ortega en Nicaragua impone un contrato secreto con una empresa china para una concesión de 50 años para la construcción y operación de un nuevo canal interoceánico, sin importarle la opinión de los sojuzgados ciudadanos.

Por más increíble que pueda sonar, nuestra izquierda tradicional, ya se trate del nonato FRENAIZ (Frente Amplio de Izquierdas) o de Ciudadanos por el Cambio, siguen reclamando al gobierno la aplicación del programa de la “Gran Transformación”, de inspiración chavista-albista en el Perú.

Como se puede ver en España y Grecia, la desestabilización económica de un país, por más serio que sea, puede abrir las puertas a propuestas extremistas y desencaminadas como las de Podemos y Syriza, respectivamente. Lo mismo puede suceder como reacción a una crisis política de grandes proporciones en el Perú, como la que se viene gestando entre gobierno y oposición, en el marco de un efluvio de corrupción que no se llega a combatir con contundencia. Lampadia