Carlos Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Qué buen sabor deja trazarse un objetivo, convocar un equipo de colaboradores de primer nivel, diseñar una estrategia y ejecutar el plan, aún con oposición de algunos actores, alcanzando finalmente el objetivo.

Hace dos años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) me dio el encargo de presidir el PERUMIN 34. Después de haber estado personalmente involucrado por cerca de medio siglo en la industria minera, sentía que un grupo relativamente pequeño de peruanos conocía y valoraba lo que este sector de la economía brinda y es capaz de aportar a nuestro futuro. Particularmente debíamos acercarnos a la juventud para que conozcan nuestra actividad de primera mano y sin distorsiones, así como para que aprecien las oportunidades que les puede brindar.

La minería es una de las pocas actividades en las que el Perú brilla entre los grandes actores del mundo, compitiendo con; Australia, Canadá, USA, Chile, China, México y Sudáfrica. Esto de por si debiera ser motivo de orgullo y uno de los trampolines para afirmar el desarrollo humano y económico que los peruanos merecemos.

Al recibir el encargo analicé a nuestros competidores y encontré entre los más destacados a Australia, el que, siendo un país tan minero como el nuestro, ha puesto a su población debidamente educada, a trabajar en lograr el máximo beneficio y potenciar sus impactos.

Tengo que reconocer que, tomar un buen paradigma es una buena manera de iniciar el diseño de un plan. Un análisis FODA y la observación de lo que otros hacen bien, sus logros y las ventajas que han aprovechado, ayuda mucho.

En el Perú la minería proporciona empleo directo a cerca de 220,000 trabajadores y trabajo indirecto a alrededor de 1.2 millones más, pero no habíamos abierto aún la gran compuerta de nuestros desafíos tecnológicos y de innovación, como lo ha hecho Australia, para el desarrollo se cientos de miles de oportunidades de emprendimientos y negocios de alta tecnología e innovación para potenciar las oportunidades de negocio a nuestra juventud. Juventud que, al no habernos acercado y abierto antes, nos miraba también distante y enigmático respecto de si pudiéramos ser o no una oportunidad válida para ellos.

Creo que la experiencia ha sido fantástica. Nuestro “Rumbo a Perumin” con; cuatro Hackatones, dos competencias de Tecnología de Información, comunicación, automatización y robótica (TICAR), logró convocar a más de 1,100 profesionales y estudiantes jóvenes de 45 universidades de todo el país, quienes plantearon soluciones impresionantes para nuestros desafíos. No sólo recibieron en cada evento premios económicos, sino que los principales pudieron exhibir sus proyectos en el Pabellón de la Innovación y los tres mejores presentaron un “Pitch” ante el Presidente de la República, cinco ministros, un equipo de ministros, las principales empresas mineras del mundo y los principales proveedores de estas, quienes ya mostraron su interés en los proyectos, han ofrecido prácticas y contratos de trabajo y los quieren tener cerca para soluciones y emprendimientos. Ya de hecho, se ha contratado a algunos jóvenes brillantes.

En esa línea, un grupo de empresas mineras miembros de la SNMPE, han constituido el “Hub de innovación abierta” y a este grupo, al que se está sumando más empresas y sus proveedores, sumando también empresas mineras y proveedores de Brasil y Chile, para generar esta nueva dinámica que, no dudó será muy exitosa. El objetivo es mostrarles desafíos reales, con data real y requerirles propuestas de solución a ser desarrolladas por ellos y probadas en nuestras propias operaciones. La gran noticia es que, como en minería estamos en las “Ligas Mayores”, la exigencia también es de muy alto nivel y la potencialidad de exportar estos servicios y bienes de desarrollo tecnológico, se vuelve global y de mercado ampliado. La segunda buena noticia es que, como la minería es tan exigente, las propuestas y proyectos son escalables a otras industrias y a soluciones de la vida cotidiana.

Reflexionábamos con el equipo de gobierno que nos visitó, acerca de los sensores de fatiga diseñados para nuestros operadores de equipo pesado que, detienen el equipo y alertan al supervisor del centro de control para reemplazar al operador, que ha reducido a cero los accidentes por “micro sueño” en las operaciones. ¿Se imaginan que esto se convierta en una regla para el transporte público y privado de transporte de pasajeros y carga en el Perú?  Eliminaríamos la principal causa de mortalidad en nuestro país.  Autoridades los invitamos a que se animen y lo apliquen.

Mención especial merece nuestro “Perumin Inspira”, que convocó 180 proyectos sostenibles que, resolvían al menos uno de los Objetivos de Sostenibilidad de las NNUU, aplicables a nuestras zonas alto andinas. Ya estamos impulsando el desarrollo a nivel industrial de sistemas de calefacción que, a diferencia de planteamiento anterior de “casitas calientes”, toman y acumulan calor natural durante el día y lo disipan de noche, cuando realmente hace falta. El segundo y de gran impacto, pequeñas plantas de 1 metro cúbico de volumen, operados con energía fotovoltaica de potabilización de agua. Veamos de aprovecharlas pues potabilizan 2,500 m3 de agua por día, una gran solución para poblados pequeños.

La convocatoria a la juventud fue notoria pues, 1,400 voluntarios, estudiantes universitarios de los dos últimos años de todas las profesiones y de todas las universidades del Perú, que luego de un proceso de selección y entrenamiento en TECSUP Arequipa, fueron puestos en contacto con las empresas que les enseñaron respecto a los bienes y servicios que estas ofrecen y que les permitió generar un vínculo con las mismas en una “práctica dirigida” por sus ejecutivos (tengo que mencionar que muchas empresas ya tomaron nota de candidatos a futuros colaboradores) y que además les permitió el acceso a las conferencias, especialmente diseñadas para ellos, por dos horas al día, así como el acceso a la conferencia a la conferencia del conferencista central del evento.  A este grupo de estudiantes se sumó un centenar de “Amautas Mineros”, estudiantes ligados a nuestra actividad y que realizan un voluntariado permanente con escolares quienes, en esta oportunidad, dirigieron la visita guiada por ellos a la Mina Virtual para 2,150 escolares de secundaria y 2,500 adultos durante estos 5 días.

La respuesta de los jóvenes, con quienes tuve la oportunidad de reunirme como acto final del Perumin 34 para agradecer su activa participación, me pareció fantástica, su actitud vibrante y su enganche con nuestro proyecto imparable; al punto que una voluntaria se dirigió, al término del Perumin, a la Plaza de Armas de Arequipa a dar un mensaje en defensa de la inversión minera a los manifestantes anti mineros ahí presentes.

Creo que cuando uno se fija una visión, plantea algunos buenos y claros objetivos, convoca a gente capaz para definir la estrategia y poner en marcha su buena ejecución, se tiene asegurado el éxito.

¡Repliquemos este caso! Lampadia

“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han sido engañados”. Mark Twain

Como hemos explicado antes, los anti-mineros que adhieren al Pos-Extractivismo (en el caso del Perú, todas las izquierdas) son especialistas en generar relatos para engañar a la gente, y en asociarse con distintos agentes, internacionales y locales, confesionales, laicos, ambientalistas,  mediáticos, etc., con el afán de ir validando sus propuestas.

El caso de El Salvador, donde se ha proscrito toda actividad minera, mostrado líneas abajo por los estudiosos del Centro Wiñaq, es el destino final, el objetivo máximo de la lucha del pos-extractivismo, el transito regresivo al ‘buen vivir’, en las condiciones de pobreza de los feudos de la Edad Media. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’​

Camilo Ferreira
Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo.”

Este es el texto del primer artículo de la Ley, aprobado el 29 de marzo de 2017, con la que la República de El Salvador ha prohibido la minería metálica en todas sus modalidades en todo su territorio. Cómo ocurrió esto, es un notorio ejemplo de como la legitimidad socio-política de una actividad económica puede caer hasta el punto de ser inviabilizada en un país.

1-El país.

El Salvador no es un país de vocación minera, el 2015 la minería representó el 1.2% de las exportaciones de este país. En cambio, en el caso peruano esta cifra llega a 48.6%. Sin embargo, tiene ciertas experiencias previas de minería como es el caso del Cerro San Sebastián en el que desde 1968 se operó con bajos estándares ambientales y que ha dejado visibles pasivos mineros.

Adicionalmente, El Salvador es un país sumamente denso llegando a los 311 habitantes por kilómetro cuadrado (en Perú es 25). Por ello en sus 21,000 kilómetros cuadrados (210 km x 100 km, un tamaño similar al de la región Ica) pueden habitar 6.5 millones de personas. Es un país que vivió 13 años de guerra civil entre 1979 y 1992, en que las principales fuerzas políticas del país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son herederos políticos de los protagonistas de este conflicto armado.

En lo económico es un país que, en 2016, mostraba un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, y un PBI per cápita de US$ 8,000, en paridad de poder de compra, aproximadamente 2/3 del ingreso per cápita de Perú. Las remesas anuales enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, especialmente desde los EEUU alcanzaron US$ 4.48 mil millones en 2016, representando el 17% del PBI nacional, brindando un ingreso mensual promedio de US$ 206 por familia por mes (según nuestros cálculos).[1]

Estas características locales (economía con bajo nivel de productividad, poco peso económico y social de la minería, dependencia de una fuente externa de recursos, etc.) influenciaron el devenir del conflicto político prolongado alrededor de la minería metálica que terminó con su prohibición y en una clara victoria de los Pos-Extractivistas. Sin embargo, esas particularidades no significan que lo mismo no pueda suceder, nacional o regionalmente, en otros países con estructuras económicas distintas.

2-El proceso.

La actual resistencia frente a la minería metálica se organizó originalmente, hace más de una década, con el propósito de impedir la realización de dos proyectos mineros: uno en el Departamento de Cabañas y otro en el de Chalatenango. Se dio un conflicto social con las características ya vistas en el Perú en múltiples ocasiones: movilizaciones violentas, fatalidades, consultas ciudadanas, y ONGs alimentando temores entre la población. Inclusive hubo un análisis de los Estudios de Impacto Ambiental realizado por Robert Morán, el mismo hidrogeólogo cuyos análisis hostiles a la minería fueron utilizados en los casos Conga y Tambogrande. Esta dinámica, en la que una coalición social anti-minera consigue impulsar un conflicto que genera costos políticos al gobierno central, costos económicos al inversionista minero, y costos reputacionales a los potenciales aliados de la minería. Es la misma dinámica que se ha dado en múltiples países latinoamericanos y que derivó en la paralización de proyectos extractivos valorizados en decenas miles de millones de dólares. El caso del El Salvador se distingue por el hecho que esta dinámica de conflicto desencadenó un proceso socio-político que llegó al extremo de la prohibición de la minería metálica en el país.

Minería Metálica, compuesta por ONGs, Pos-Extractivistas, organizaciones locales de desarrollo y grupos religiosos.

La Mesa y sus miembros estructuraron la coalición social que impulso la prohibición de la minería y que consiguió de manera efectiva copar el discurso social al respecto. A este núcleo activista se le agregó el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica local y de algunas iglesias evangélicas. El apoyo académico e institucional de la Universidad de Centroamérica, ligada a la Compañía de Jesús, fue muy relevante por su significado ético y académico para la población.

El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, tuvo un rol protagónico para inviabilizar la minería metálica. El 9 de marzo de este año, junto con un grupo de manifestantes, él presentó 30,000 firmas al parlamento apoyando la prohibición. La declaración abajo ilustra la postura hostil del arzobispo hacia la minería[2]:

“La verdad es que la explotación minera es dañina en todos los países donde quiera que se haga, y no es cierto lo que se ha dicho de que ahora hay capacidad, hay tecnología para tener una explotación minera, limpia, ecológica, ambientalista, no es cierto. Porque se ocupa una gran cantidad de cianuro que es sumamente letal y nunca deja de ser letal y agua. Porque con el cianuro mezclado con el agua se separa el oro de los demás metales… Si se ocupa nuestra poca agua en la explotación minera eso sería gravísimo, una mina como El Dorado contaminaría un millón de metros cúbicos de agua por día… la más grave agresión al medio ambiente es la minería metálica.”

Estas declaraciones son científicamente incorrectas y absolutamente infladas. Un millón de metros cúbicos por día es el consumo de una ciudad de 6 a 10 millones de habitantes y ninguna empresa minera tiene un consumo de esas proporciones. El hecho que una mina moderna utilice cianuro no significa contaminación pues lo hace en forma aislada del ambiente. Además, el agua que las minas devuelven al ambiente, después de su uso, no está contaminada, es agua tan o más limpia que aquella que corre por los riachuelos, y puede ser utilizada en la agricultura, y filtrada, es apta para el consumo humano. La pregunta que surge es: ¿Qué gana el arzobispo de El Salvador y la iglesia católica salvadoreña deformando la realidad hasta ese extremo?

El FMLN, que desencadenó la guerra civil, fue el partido político más cercano a las posturas de la Mesa, pero ninguna de las otras fuerzas políticas alternativas, favorables a la economía de mercado, estuvo dispuesta a dar una lucha política en favor de la existencia del sector minero. Las fuerzas hostiles a la minería no tuvieron que enfrentar ninguna oposición. La sociedad salvadoreña estuvo a merced de un discurso orientado a la generación de temores, sin que nadie saliera al frente para clarificar las cosas. Cuando se hicieron encuestas a la población, ésta ya estaba desinformada y temerosa respecto a la minería.

3-Soporte internacional.

No solo había actores nacionales detrás de la prohibición. Se constituyó una amplia Alianza Internacional Frente a la Minería, compuesta de 25 organizaciones hostiles a la minería de los EEUU y Canadá. Esas organizaciones dieron un gran respaldo institucional y de prestigio a los rumores y exageraciones que se propagaron en El Salvador.

Hay que resaltar la participación de OXFAM en un frente que impulsaba la prohibición total de la minería metálica en un país, algo que se dio apenas se hizo políticamente viable. En múltiples ocasiones OXFAM ha afirmado no ser una organización anti-minera, sin embargo, cuanto se dio el clima político propicio, OXFAM apoyó la prohibición total de la minería metálica.

Iván Morales, director de OXFAM en El Salvador declaró:

“Es necesario que se escuche la voz de la población y que sus demandas sean tomadas en cuenta, pues ella considera que la minería metálica no es una opción para el desarrollo del país” [3]

Lo que no explica el Morales es que esa percepción negativa hacia la minería fue resultado de una campaña sistemática y hegemónica en contra de dicha actividad, y del respaldo institucional de una alianza internacional de organizaciones hostiles a la minería.

Esta coalición de actores fue capaz de obtener un importante logro estratégico, al degradar profundamente la legitimidad de la minería frente a públicos decisivos. Una encuesta realizada por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas[4] en las zonas con potencial para la actividad minera dio como resultado que un 77% de los encuestados afirmaban estar a favor de una prohibición a la minería metálica en el país.

Frente a la posición de la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil y líderes religiosos, el consenso social contra la minería fue tan grande que, oponerse a la prohibición hubiera significado un costo político inaceptable para los congresistas. Ello explica porque 70 de los 84 congresistas, miembros de todas las fuerzas políticas, han aprobado la prohibición.

4-Como se Destruyó la Legitimidad de la Minería.

La destrucción de la legitimidad de la industria minera pasó por el despliegue de una narrativa que afectaba componentes básicos de la imagen de la minería. Con el soporte intelectual de las instituciones listadas arriba, la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana (UCA), el FMLN, y ONGs aliadas se construyó una narrativa con los siguientes mensajes:

A) Efectos Ambientales:  Este fue el foco de la narrativa anti-minera. Ellos afirman que la actividad minera es inevitablemente contaminante, que no existen tecnologías que puedan controlar ni mitigar de manera efectiva su efecto fatal. Se indica que la minería hace uso de miles de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, y que solo un grano de arroz de ese veneno es capaz de acabar con la vida de un ser humano. Se afirma que las operaciones mineras implican la contaminación con cianuro de millones de metros cúbicos de agua, y se oculta que el agua devuelta al ambiente es segura. Se argumenta que El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, a diferencia de países de mayor extensión, y que no dispone de áreas despobladas para “sacrificar a la minería,” pero oculta que una hectárea de minería produce muchísimo más que una hectárea de agricultura. Afirman que las actividades mineras se hallarían en las cabeceras de cuenca del rio Lempe por lo que el suministro de agua del 70% de la población del país estaría en riesgo. Se dice que El Salvador es el segundo país con el ambiente más degradado del hemisferio y no puede correr riesgos ambientales, pero no informa qué actividades lo han degradado. También señalan que las actividades de exploración minera ya tienen de por sí efectos nocivos sumamente relevantes, y que sus daños son inevitables.

B) Impacto sobre el Desarrollo: Se indica que las operaciones mineras tienen un plazo breve de duración entre 6 a 10 años y que las mineras dejan una fracción ínfima de sus ganancias como impuestos, y que los grandes ganadores son las empresas trasnacionales. Afirman que los beneficios temporales que generan son pequeños y efímeros, y largamente superados por los costos medioambientales perenes que las acompañan. También afirman que una vez que se acaba el yacimiento, las regiones mineras terminarán más pobres que antes de la llegada de la minería como resultado tanto de la contaminación, como de la falta de experiencia de la población en otras modalidades de obtener un sustento (debido a una especialización en minería).

C) Institucionalidad minera: También afirman que las empresas convencen a autoridades locales a apoyar a la Empresa a través de sobornos y prebendas. Indican que, en el pasado, el país ha mostrado ser incapaz de controlar los efectos de la minería en el departamento de San Sebastián por lo que no se podría esperar que ahora pueda ejercer un control efectivo sobre la minería a gran escala.

D) Caracterización Ética: Según la narrativa hostil a la minería, las empresas compran las voluntades de los sectores de la población mediante pequeñas prebendas, y que todo aquel que se pronuncia en favor de las empresas lo hace como resultado de beneficios personales de corto plazo. Dicen que con sus estrategias comunitarias la minería destruye el tejido social de las comunidades rurales, que manipula a la población con su campaña mentirosa respecto a la “Minería Verde”, y chantajea al país, al haber llevado a El Salvador al CIADI por no brindar los permisos para iniciar la etapa de explotación.  Según su visión, las transnacionales mineras no respetan a la inmensa mayoría de la población que las rechazan y desean imponerse a su voluntad.

La difusión de esta narrativa fue apoyada por dinámicas políticas que sirvieron de plataforma para la emisión de mensajes. Los conflictos contra las inversiones mineras les posibilitaron a las fuerzas hostiles a la minería horas de entrevistas gratis en medios, que brindó la oportunidad para que diversos voceros tuvieran espacio en medios, y dio acceso a recursos externos para las ONGs anti-mineras. Posteriormente, la relevancia mediática del juicio en el CIADI entre Oceana Gold y el gobierno salvadoreño, generó múltiples instancias para emitir mensajes anti-mineros.  Para contrarrestar estos mensajes empresas mineras lanzaron una campaña respecto a la “Minería Verde” que resultó poco efectiva, pues una campaña pro-minería hecha por empresas mineras tiene baja credibilidad. Otro mecanismo para mantener el tema minero en términos favorables para el interés de La Mesa fue la realización de 6 consultas populares en los que 99% de la población participante se mostraba opuesta a la minería. Es decir, resultados semejantes a los que se podría encontrar en un referéndum cubano. Fue así que se pudo sostener el tema en agenda por más de 13 años consecutivos y consolidar la narrativa anti-minera como parte del “sentido común” de la población.

1) Las Lecciones de El Salvador.

El caso de El Salvador brinda unas lecciones respecto al proceso estratégico detrás de las disputas por la legitimidad:

A) La importancia de la coalición social: La Mesa, la Iglesia Católica[5], las instituciones académicas, voceros mediáticos, operadores locales, y ONGs internacionales conformaron una coalición que superó largamente la coalición que el sector minero fue capaz de movilizar. Los distintos componentes de la coalición social anti-minería tenían un poder gran discursivo que terminó moldeando la percepción de la población respecto a la minería en todo un país. El apoyo del gobierno central y unos cuantos operadores locales, los típicos aliados de una empresa minera, claramente no es suficiente cuando se enfrenta a un movimiento social articulado.

B) La inefectividad de las campañas mediáticas: Las disputas por la legitimidad son batallas sostenidas, de larga duración y estructuradas alrededor de narrativas en disputa. La respuesta de muchas empresas, al verse involucradas en una disputa de este tipo, consiste en desplegar campañas publicitarias con la expectativa de influir en la opinión pública, en caso de El Salvador fue la campaña de la “Minería Verde”. Unos cuantos meses de campaña publicitaria y spots publicitarios no pueden hacer frente al sostenido accionar anti-minero. Ellos llevan años creando una narrativa potente, resultante de la creación de contenidos académicos, y con la cooptación de voceros creíbles para la población. Una campaña publicitaria hecha por un actor interesado, las empresas mineras, no puede competir con un bombardeo de mensajes de voceros considerados independientes como la Iglesia católica, la universidad, y organizaciones ambientalistas de países desarrollados.

C) La legitimidad es indispensable para la supervivencia de una industria: La minería metálica en El Salvador, la energía nuclear en Alemania, la minería a tajo abierto en Costa Rica son actividades económicas que se han visto inviabilizadas frente a la formación de un consenso social hostil. Frente a ello la racionalidad económica de permitir operar a un sector que genera riqueza para la sociedad se ve desplazada por la racionalidad política de no enfrentarse a la opinión pública.

D) Economías de alcance discursivas: La narrativa desplegada para socavar proyectos mineros específicos tiene componentes que son hostiles a la totalidad o a gran parte del sector minero. Una frase como “La minería emite millones de litros de agua cianurada al ambiente” afecta a todo el sector, no sólo a la Empresa a la que es dirigida.  Los conflictos sociales brindan a los anti-mineros una plataforma mediática para emitir su narrativa frente a la opinión pública. Reciben horas de entrevistas y reportajes en radio y televisión, centímetros cuadrados en periódicos y revistas, espacio en redes sociales, y todo esto sucede a lo largo de años consecutivos. En ese espacio mediático los mensajes que se emiten en contra de una empresa particular permiten descalificar a la totalidad del sector minero.

En el Perú, en abril del 2015 una encuesta GFK encontraba que un 9% de la población peruana consideraba que “La minería no es importante para el desarrollo económico del país”.  Un mes después, en mayo, este porcentaje se había elevado a un 19%.[6] Entre ambas encuestas, ocurrió una alta conflictividad respecto al proyecto minero Tía María.  Este conflicto facilitó el envío de mensajes que degradaron la legitimidad del sector minero como un todo y no solo al proyecto bajo conflicto. En solo un mes se logró que un 10% adicional de la población asumiera una postura hostil a la minería. En el caso salvadoreño, se tuvo años de conflicto con superioridad discursiva anti-minera que acabó con la legitimidad de la minería.

E) Ampliar los afectados: Los anti-mineros tienden a tratar de ampliar al máximo el grupo poblacional que pueda sentirse amenazado por las actividades mineras. Con esto se consigue por un lado ser mediáticamente relevante para un mayor conjunto de personas, incrementar el número de potenciales movilizados contra un proyecto minero. El concepto más útil para ampliar la percepción de amenaza es “la cabecera de cuenca” con ello cualquier elevación conexa a una cuenca pasa a ser un punto sensible en el cual realizar operaciones mineras se considera una amenaza a los recursos hídricos de toda la cuenca. En El Salvador se tuvo éxito en asociar la minería a una amenaza al rio Lempa en cuya cuenca habita el 70% de la población.  Se afirmó que esta población se hallaría inevitablemente amenazada por aguas y drenajes ácidos y tóxicos que se generarían con actividades mineras. Al posicionar esta idea en la agenda pública, el temor a la contaminación pasó a ser permanentemente relevante para el 70% de la población. La narrativa anti-minera apunta siempre a ampliar los sectores sociales preocupados con los potenciales efectos de la minería.

2-Implicancias para el Perú.

Sería fácil considerar que eventos como los ocurridos en El Salvador no podrían darse en el Perú. Es difícil imaginar que el Perú podría prescindir totalmente de un sector que representa el 14% de su PBI. La misma encuesta de GFK previamente citada encontraba que un 80% de la población consideraba a la minería como un sector importante o el más importante para el desarrollo del país. En el Perú existe un consenso social a escala nacional respecto al potencial de la minería para impulsar el desarrollo del país. Tan es así, que en el Perú las organizaciones Pos-Extractivistas sistemáticamente rechazan que se les asigne el apelativo de anti-mineros que en otras latitudes sus colegas se atribuyen con orgullo.

Sin embargo, las herramientas desplegadas por los anti-mineros de manera exitosa en El Salvador también lo han sido utilizadas en el Perú y les han permitido generar hegemonías políticas locales.  En aquellas zonas en las que se han dado conflictos mineros prologados como los de Tía María, Majaz, Conga, Las Bambas, etc. Las organizaciones políticas hostiles a la minería[7] obtuvieron en conjunto entre un 60% y 80% del voto. Los antimineros están impulsando mediante el Ordenamiento Territorial a cargo de autoridades locales una institucionalidad mediante el cual se pueda replicar el fenómeno de El Salvador a escala local.

Otro mecanismo de expulsión de la minería es mediante el avance legislativo de propuestas como la Ley de Protección de las Cabeceras recientemente aprobada a nivel de comisión en el Congreso de la Republica. 

“Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 283/2016-CR que, mediante texto sustitutorio, propone la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para su Identificación y Delimitación.” 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología

En el Perú los Pos-Extractivistas están impulsando una agenda de descentralización de las prerrogativas para que determinan la viabilidad legal a las actividades mineras. Esta descentralización de las decisiones permitirá generar zonas de exclusión a la actividad minera en aquellos espacios geográficos en los que consigan degradar lo suficiente la legitimidad de la minería. También impulsan regulaciones en las que una mayor proporción de la superficie del país sea legalmente considerada como excluida de la actividad minera. Un ejemplo de esto son las cabeceras de cuenca.