Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de octubre de 2021
Para Lampadia

Llamarle pomposamente 2ª. Reforma Agraria a un conjunto de actividades y programas inherentes al Ministerio de Agricultura es pura demagogia política. Y anunciarla un 3 de octubre – fecha del golpe militar de Velasco en 1968 – denota el sesgo irrefrenable de este Gobierno, por aquel estatismo retrógrado, totalitario y fallido de los aciagos años 70´s y 80´s en nuestro país.

Efectivamente, Velasco fue un expropiador nato. Expropió todo lo que se le cruzó por la mente: petróleo, minería, pesca, gran parte de la industria y el comercio, energía, telefonía, banca, medios de prensa y televisión, algunas salas de cine (el tipo estaba loco), hoteles, y – por supuesto – tierras agrícolas. Las empresas agrarias – incluidas las maquinarias, ganado, instalaciones, y todo – fueron expropiadas, sin pago alguno, dentro del marco de la Reforma Agraria de entonces, que como se sabe, fracasó al poco tiempo de su promulgación.

Sin embargo – según el propio Presidente Castillo – la 2ª. Reforma Agraria no va a expropiar nada. ¿Para qué – entonces – la denominación reformista? Y – peor aún – ¿para qué el 3 de octubre? ¡No nos vengan con cuentos! Castillo tenía 364 días del calendario para anunciar una medida como la 2ª. Reforma Agraria, y escogió el único día del año en el que – repito – Velasco dio un Golpe de Estado, con el que se iniciaron las expropiaciones confiscatorias y el estatismo perverso en nuestro país.

Por otro lado, recién se ha conformado el Grupo de Trabajo que elaborará el Plan de Acción correspondiente. O sea, la 2ª. Reforma Agraria es – por ahora – sólo un título. O – en el mejor de los casos – una idea vaga, sin ningún detalle de quién va a hacer qué, ni cuándo. Y tampoco se sabe cuánto costará, ni de dónde saldrán los recursos.

Lo único que se sabe es que estará basada en ciertos lineamientos, bien intencionados, como Seguridad Alimentaria, Asociatividad y Cooperativismo, Productividad y Competitividad, Ingreso a Mercados, Afianzamiento Hídrico, Tecnificación, Industrialización, Servicio Civil de Graduados (SECIGRA), Capacitación de Pequeños Productores, Caminos Rurales, entre otros. Al menos, eso es lo que dicen.

La pregunta es ¿acaso no son esas funciones inherentes al Ministerio de Agricultura? Entonces ¿para qué llamarle Reforma a algo tan rutinario y propio de la institución rectora del sector? ¿Para qué parecerse a una medida fracasada como la Reforma Agraria de Velasco, que empobreció – hasta la miseria – a millones de compatriotas?

Ahora bien, en lo que va de este Gobierno – 60 días y más – no se ha dado ninguna medida de reducción del gasto improductivo en el Ministerio de Agricultura, lo cual avizora que la 2ª. Reforma Agraria no va a tener recursos para su implementación. Todo se va a gastar en burocracia, consultorías y papeles… como siempre. Y nada en el campo.

Como dije en el artículo de la semana pasada – aquí en Lampadia – (2ª. Reforma Agraria… tan retrógrada y acomplejada como la 1ª.), este Gobierno no achunta una. Y – en este caso – por generar tantas expectativas… para nada, le va a salir el tiro por la culata.

Los lineamientos de la 2ª. Reforma Agraria están bien. Nadie – en su sano juicio – podría estar en contra de ellos. Pero no se necesitaba tanta pompa para anunciar programas y actividades propias del Ministerio de Agricultura. Aun así, nada de lo anunciado se va a lograr. Nada va a beneficiar a la agricultura de nuestro país, y menos a los pequeños productores del campo. La burocracia inepta, indolente y elefantiásica del Estado aguará la fiesta. La organización criminal estatista, retrógrada, terrorista y corrupta que nos está gobernando – empezando por el Presidente Castillo y el Premier Bellido – lo echarán todo a perder.

– Mucho ruido y pocas nueces – es un refrán muy popular, que en este caso significa que la 2ª. Reforma Agraria es puro floro y cero sustancia. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 16 de julio de 2021
Para Lampadia

Los mafiosos saben que son mafiosos. Todos los involucrados en el caso Los Dinámicos del Centro saben que delinquieron. Las coimas, coimas son… aquí, en la China y en la Cochinchina. Y también en Junín.

Sin embargo, el presente caso tiene un tremendo agravante. Las coimas en cuestión se utilizaron para financiar la campaña electoral de Perú Libre. En mi opinión ¡ahí está el fraude electoral! Por ello – precisamente – el Ministerio Público ha abierto dos investigaciones: una por corrupción de funcionarios, a cargo de la Fiscal Bonnie Bautista; y otra por lavado de activos, a cargo del Fiscal Richard Rojas Gómez.

– ¿Cómo confiar en nuestro sistema de justicia? – dirán aquellos que dudan de la integridad de nuestros jueces y fiscales. Y claro… si tenemos a una Jueza – como la Dra. July Baldeón – rechazando el pedido de prisión preventiva a los miembros de la organización criminal… ¡cómo no dudar de nuestro sistema de justicia! ¿Acaso carecen de valor los audios y mensajes obtenidos por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC)? Y – más comprometedoras aún – ¿no son más que suficientes las declaraciones de los colaboradores eficaces acerca de la corrupción enquistada en el Gobierno Regional de Junín, y las movidas de dinero de Cerrón? ¿Acaso no resulta irrefutable la existencia de la típica telaraña fraudulenta… Gobierno Regional – Perú Libre – Poder Judicial – Poder Electoral? ¡No nos vengan con cuentos!

– Cuando entre Perú Libre a la Presidencia de la República van a liberarlos – le dijo Arturo Cárdenas (secretario nacional del partido) a un “angelito” de la mafia de Cerrón. ¡Dónde estamos!

Con las pruebas que tiene el Ministerio Público debería bastar y sobrar para concluir que Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte están metidos en la colada. Y que en general, el Gobierno Regional de Junín se prestó groseramente para el fraude. Concretamente, la Dirección Regional de Recursos Humanos que maquinaba la contratación de personal, y la Dirección Regional de Transportes que traficaba ilícitamente con los brevetes.

Incluso, los jueces que apañaron a Cerrón en el pasado. Los que filtraron anticipadamente la orden de allanamiento para que la pandilla tome las precauciones del caso. La Jueza que denegó el pedido de prisión preventiva a los miembros de la mafia. El Partido – Perú Libre – que usufructuó del dinero mal habido. Todos tienen vela en este entierro.

Y qué decir de las autoridades electorales que facilitaron las candidaturas de terroristas y sentenciados por corrupción… y que excluyeron a partidos como el APRA, PPC, Todos por el Perú, Perú Nación, entre otros. Y sabe Dios cuántas personas e instituciones más conforman esta gran organización criminal. ¡Ahí está el fraude electoral que tanto niegan algunos!

Bueno pues, el candidato de Perú Libre – con la complicidad de esa gran mafia – habría resultado ganador de las elecciones presidenciales. ¡Qué problema! Con esa conducta amoral a cuestas, Pedro Castillo ha sido proclamado presidente del Perú para el período 2021 – 2026. ¡Presidente del Bicentenario!

¿Qué dice al respecto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)? – Que no hubo fraude –. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)? – Que no hubo fraude –. ¿Qué dice el presidente Sagasti? – Que no hubo fraude sistemático –. Pero ¿qué dicen de la organización criminal? Ni una palabra al respecto. Poco les falta para decir – no hubo fraude… tan sólo hubo una organización criminal –. ¡Qué descaro! ¿Tanto les cuesta aceptar que fraude electoral y organización criminal son dos caras de la misma moneda?

Pues bien – así las cosas – todo parece indicar que vamos a ser gobernados por dicha organización criminal. Y como tal, lo negarán hasta la muerte. Más aún – al mismo estilo del Lagarto – enarbolarán la bandera de la lucha contra la corrupción. ¡Hipócritas!

El problema es que la corrupción no es sólo un descaro moral o un delito penal. La corrupción es – sobre todo – una pesada e injusta carga para la población civil. Por eso hay que combatirla con valentía. Pero en vista de que el Estado no puede con la corrupción – o, mejor dicho, dado que está coludido con ella – tenemos que hacerle frente desde la ciudadanía… en el trabajo, en las universidades, en las calles, a través de la prensa. ¡No queda otra!

Apoyo al Estado honesto y eficiente al servicio de la ciudadanía. Eso sí. Siempre debe ser así. Pero ¡insurgencia civil contra el Estado abusivo, mafioso y corrupto! Eso también. Cuando una organización criminal toma el poder… ¡no queda otra! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo muy importante ocurrió el jueves pasado por la noche: fueron detenidos los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, los conocidos abogados que han inventado el lucrativo negocio de persuadir a las comunidades de bloquear carreteras con el canto de sirenas de que tienen derechos que han sido afectados por la empresa minera por los cuales pueden cobrar decenas de millones de soles como compensación, con un porcentaje apreciable para los honorarios de éxito, eso sí. Por supuesto, como sabemos, el bloqueo de carreteras es delito, y exigir un monto elevado por medio de la fuerza, es extorsión.

Esto lo han venido haciendo desde hace años impunemente, sin que el Estado de Derecho fuera capaz de reaccionar. Por fin lo ha hecho. Tuvieron que pasar 46 días de bloqueo, de delito continuado, para que la fiscalía y la policía actuaran, cuando habíamos perdido ya la esperanza de que lo hicieran. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, la Digimin y la Dirincri, sindica a los hermanos Chávez de realizar acciones extorsivas contra Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías. También son investigados por diversos delitos como falsificación de documentos.

Esperemos que luego de la detención preliminar de 15 días, no haya fundamento para liberarlos. De consolidarse estos casos penales y levantarse el bloqueo, habremos dado un paso gigantesco hacia la implantación del imperio de la ley en las carreteras y en las zonas mineras, que son estratégicas para el desarrollo del Perú. La minería tiene el potencial de darnos los recursos suficientes para mejorar sustancialmente los servicios públicos y la infraestructura nacional. Por eso, debe ser defendida no solo con la aplicación de la ley sino con planes de desarrollo integral en las regiones mineras.

Parece que la investigación ha sido bien planificada. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó el allanamiento de 12 inmuebles en Abancay y Cusco, y resulta que, en uno de ellos, en la avenida coronel Gonzales en Abancay, se encontró más de 300 cartuchos de dinamita, cordón detonante, pólvora, cacerinas y casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición, incluyendo para AKM y escopeta (ver foto).

Dialogar sin bloqueo

Todavía hace falta, sin embargo, el levantamiento del bloqueo. Hasta el momento de escribir estas líneas, la medida de fuerza –que es un delito- se mantenía. Es que la comunidad ha sido persuadida de tener un derecho que no tiene. Reclama que la empresa construyó la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de su propiedad sin pedirle consentimiento. Pero la vía existía desde cuando menos el 2008 según fotos satelitales mostradas por el Ministerio de Transportes, y Fuerabamba recién es propietaria de dicho fundo a partir del 2011, cuando lo recibió en permuta -junto con otros 4 terrenos-, de la propia empresa, a cambio de ceder el lugar donde estaba ubicado el pueblo de Fuerabamba, situado encima del mineral. Es cierto que luego la empresa habría hecho mejoras en la vía, pero el terreno le fue entregado a la comunidad el 2011 manteniendo la empresa el derecho de vía registrado en registros públicos. Ver en Lampadia: Norma anti elusiva y Las Bambas – Prejuicios mediáticos anti empresa.

Lamentablemente ni la empresa ni el gobierno han explicado esto con claridad a la opinión pública. Es el momento de hacerlo y de persuadir a la comunidad que no tiene el derecho que reclama, por el que demanda nada menos que 100 millones de soles. Como fuere, lo que no debe hacerse es sentarse a dialogar con la comunidad sin que ella haya levantado el bloqueo. En eso no se puede ceder.

Romper el precedente

Y tampoco en entregar un monto excesivo por los infundados reclamos, porque es indispensable romper el costosísimo precedente que estableció el acuerdo del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Lo insólito fue que el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.

Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones.

El actual conflicto con Fuerabamba no es sino una secuela de ese acuerdo, y por eso es crítico que no prospere, para anular y romper el mencionado precedente, que ha despertado ilusas expectativas en todas las comunidades que bordean la carretera del corredor minero, que tiene más de 200 km.

En cambio, de culminar este conflicto con una compensación proporcional a las afectaciones reales que haya recibido la comunidad, y con los hermanos Chávez procesados y en la cárcel, el nuevo precedente que este caso sentaría sería fundamental para poder aspirar al desarrollo nacional y regional. Es absurdo que la inversión minera –palanca del desarrollo nacional- esté siempre en jaque y eventualmente extorsionada por personajes como estos, y también por políticos y ONGs que aprovechan muy bien para beneficio propio la tremenda asimetría social y económica que hay entre las minas y las comunidades, e incluso los errores que eventualmente cometen las empresas mineras.

Desarrollo integral y compartido

El problema, ahora, será manejar la reacción de algunos frentes de defensa y de los núcleos anti-mineros, que ya intentan movilizarse contra la decisión de detener a los hermanos Chávez y al presidente de la Comunidad. La respuesta tiene que ser una estrategia política inteligente que pase por llevar una propuesta de desarrollo. El ministro de Energía y Minas y el Viceministro de Gobernanza territorial han viajado al Cusco y hoy estarán en Apurímac, pero hasta el momento solo han hecho planteamientos muy generales.

Pues no se trata solo de imponer la ley, aunque esto sea fundamental. Se trata de que el Estado y las empresas mineras sean capaces de llevar adelante un plan de desarrollo integral en el corredor minero que permita que las comunidades y los pueblos se integren al mercado de la manera más productiva y sostenible posible. Las familias campesinas tienen que percibir que la mina y el Estado les dan los instrumentos para aumentar su productividad, su producción y sus ingresos para emerger por sus propios medios, y no simplemente que la única manera de beneficiarse sea convirtiendo a la mina en un blanco de ataques y protestas para exigir compensaciones monetarias. Se trata de que cuando se vaya la mina, todo el paisaje económico, productivo y social se haya transformado radicalmente. Se trata de convertir el conflicto potencial en asociación para el desarrollo compartido.

Se trata, en suma, de generar una relación virtuosa y no viciosa con las comunidades. En ese sentido, la experiencia de la relación de Las Bambas con la comunidad de Fuerabamba es aleccionadora, pero en el sentido de lo que no debe hacerse, aunque quizá era casi inevitable, considerando la comunidad estaba asentada encima del mineral y entonces había que reubicarla. A cambio de reasentarla en otra zona, la empresa le construyó a la comunidad una ciudad hay llamada Nueva Fuerabamba, con una inversión de 750,000 dólares por casa. De modo que cada comunero recibió una casa de varios pisos en un centro urbano con todos sus servicios, algo de una calidad de vida muy superior a lo que tenían en el pueblo desaparecido. Pero no solo eso. Cada comunero recibió además en promedio más de un millón de soles contantes y sonantes como compensación por la mudanza. Es posible que muchos se hayan gastado el dinero o lo hayan invertido en emprendimientos infructuosos. El hecho que es ahora vieron la oportunidad de exigir más dinero aun. La empresa se convirtió en una adicción al dinero fácil, sin que la economía de las familias haya encontrado una manera de crecer de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.   

Alto funcionario de la PCM

Para que haya una relación virtuosa con las comunidades y pueda haber desarrollo rural y regional, dejando de paso sin oxígeno a los discursos anti extractivistas, es indispensable que la PCM designe a un alto funcionario que coordine a los sectores del Estado y a los gobiernos sub-nacionales en el corredor minero, y que sea capaz de dirigir la aplicación de un plan de desarrollo que mejore los servicios e integre las economías locales al mercado. Esa es en cierta medida la idea que está detrás de las 5 Agencias de Desarrollo Regional que está creando la PCM, pero las está instalando ¡en regiones que no son mineras! Increíble.

Reforma del canon

Y para que el desarrollo comunal, rural y regional sea posible, es indispensable emprender la reforma del canon, que no puede seguir manejado por alcaldes que carecen de capacidad de ejecución solo compensada con una gran capacidad de corrupción. El canon debe ser administrado por un organismo micro regional o un fideicomiso o un PMO en cuyo directorio puedan participar los alcaldes correspondientes, junto con la empresa y el gobierno central. Un modelo que fue exitoso fue el que se aplicó para ejecutar la llamada ‘contribución voluntaria’, en cuyo manejo participaban las autoridades locales, el gobierno central y las empresas mineras.   

Las empresas mineras de hoy ya no son las del pasado. Pueden no solo convivir con la actividad agropecuaria, porque sus procesos son limpios, sino ayudar a potenciarla y modernizarla, con políticas de desarrollo compartido.

La OEFA, por su parte, se está convirtiendo en un eficaz árbitro cuando, pese a todo, algunas minas cometen eventualmente agravios ambientales. Hoy existen muchas más garantías. Lo que no hay es un aprovechamiento de los recursos del canon para conseguir un desarrollo real.

Estrategia política y de desarrollo

En suma, la única manera de prevenir los conflictos es mediante una estrategia política y de desarrollo en las regiones mineras liderada por el gobierno, que tiene que tomar conciencia de que el recurso minero es demasiado importante para el país como para que quede al garete del abandono y la desidia. Lampadia