Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pesar de su paupérrima gestión, el Presidente Martín Vizcarra (MV) en su discurso de 28 de julio de 2020, no fue tímido al enumerar un listado interminable de promesas y proyectos, haciendo énfasis en el esquema a utilizar para la ejecución de dichos proyectos: gobierno a gobierno. En su discurso dijo que eso permitiría que el Estado peruano “adquiera la experiencia de gestión de proyectos de los países de primer mundo”. Entre los proyectos bajo este esquema estarían la Reconstrucción (con Cambios) del Norte y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

En su entrevista del 11 de octubre de 2020 con Rosana Cueva en Panorama – y posteriormente en Cuarto Poder, MV negó las acusaciones de corrupción contra él (entre miles de “o sea”), alegando que él fue un simple impulsor y facilitador del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Indicó que fue la UNOPS quien lideró el proyecto, tanto en la parte técnica como en la licitación, y que esta última fue hecha con total reserva y sin compartir información al Gobierno Regional de Moquegua. Dichas declaraciones ya sabemos son falsas, no sólo por una respuesta formal de UNOPS, sino también lo deja explícito el exrepresentante de UNOPS en el Perú en su entrevista a El Comercio en 2019 en contexto de los Juegos Panamericanos: “Es muy importante que la gente sepa también que todo se hace compartiendo la información correspondiente al gobierno local del país, porque siempre hubo un mito de que los procesos hechos por los organismos internacionales son hechos totalmente cerrados.”

La ilusión de que estos acuerdos con organismos internacionales y gobiernos están libres de corrupción, es muy peligrosa, pues más que evitar la corrupción, la potencian. Fungen de sello de “buen comportamiento” para el gobierno (central o local) que lo utilice. Sin embargo, en sendas ocasiones han servido de careta para esconder robos y corrupción. Casos enigmáticos como

• el caso Guvarte donde, bajo un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español, el Estado peruano firmó un contrato con la empresa Guvarte para la construcción y equipamiento de penales -totalmente sobrevalorados, obras inconclusas y ministros que huyeron de sus responsabilidades.
• En tiempos más recientes, tenemos el famoso satélite Cateriano, adquirido bajo modalidad gobierno a gobierno con Francia, compra muy cuestionada a pesar del archivamiento de su respectiva investigación. 
• En el 2012, OAS, en conjunto con otras empresas, se adjudicó casi 200 millones de soles para la construcción del Hospital Lorena –que está recién al 60% de avance (más de 8 años después) y ahora el gobierno francés se encargará de terminarlo con una inversión de 230 millones de soles adicionales! En dicho caso OAS confesó haberse coludido con autoridades locales, así como con funcionarios de la UNOPS, con una coima de casi US$1 millón.

Muy sospechosamente, el gobierno de López Obrador en México está usando a UNOPS en varios nuevos proyectos de consultoría y asesoría en proceso de licitaciones. El más criticado: la compra de medicamentos por más de US$4,000 millones, donde UNOPS se hará del 1.25% del monto de dichas licitaciones.

El gobierno actual se jacta de prácticamente haber inventado estos esquemas en el Perú, cuando ya hemos visto múltiples ejemplos, no sólo en el ámbito local, sino en todo el mundo. Lo más preocupante es que estas modalidades de contratación y gestión triangulada, se han vuelto favoritos por gobiernos locales y regionales. Un documento elaborado por la Contraloría del Perú en 2015 analizó las contrataciones a través de estos mecanismos entre los períodos 2011-2014. El crecimiento anual promedio en dicho período en adjudicaciones por este tipo de contrataciones fue de 94%, pasando de US$85 millones en 2011 llegando a más de US$500 millones en el 2014, del que 40% corresponde a gobiernos regionales y otro 40% al gobierno nacional, siendo la OIM y UNOPS las organizaciones que concentran la mayoría de contratos.  En ese mismo reporte, la Contraloría establece que si bien los contratos con estas organizaciones sí están dentro del ámbito de supervisión de este órgano de control -al haber recursos que se trasladan desde el Estado a las organizaciones-, lo que estas organizaciones hacen luego no está dentro de su control. Asimismo, por más de que la ley sí establece que lo que sucede dentro de estos contratos debe ser registrado en SEACE, en la mayoría de casos no se hace o se hace de manera incompleta.

Fuera del consenso que pueda haber para suplir las deficiencias técnicas y de conocimientos de los gobiernos centrales y regionales, los acuerdos gobierno a gobierno y contrataciones de organismos internaciones parecen haber dejado “puntos ciegos” para que la corrupción campee. Muchos dirán que este tipo de situaciones se dan por unas pocas “manzanas podridas”, pero más parece haber un sistema perverso, tras el cual se esconden intermediarios y operadores corruptos. La crisis actual es el escenario perfecto para impulsar el cambio, ya sea desde el Congreso o la Contraloría, pues claramente el Ejecutivo no lo hará. Lampadia

Fuentes:

https://larepublica.pe/politica/1478824-oas-confiesa-haber-pagado-sobornos-operador-oficina-onu-hospital-requena-unops-lava-jato/

https://convoca.pe/agenda-propia/metro-de-lima-modalidad-de-gobierno-gobierno-evitara-casos-de-corrupcion-en-las-obras

https://ladobe.com.mx/2020/10/unops-y-la-licitacion-para-comprar-medicamentos-sin-corrupcion/

http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2015/Reporte_N07-2015-CG_EST.pdf

https://diariocorreo.pe/peru/cusco-gobierno-regional-se-habria-coludido-con-unops-para-favorecer-a-oas-601639/

Arabia Saudita es la economía número catorce en términos de PBI (al 2014, según el FMI), tiene una economía basada en el petróleo con fuertes controles gubernamentales, posee cerca de 17% de las reservas petroleras del mundo, siendo el mayor exportador de crudo, y desempeña un determinante liderazgo en la OPEP. Este sector representa, aproximadamente,  el 80% de los ingresos, el 45% del PBI y el 90% de las exportaciones.

A pesar de la creciente incertidumbre política en los países árabes, Arabia Saudita se sigue beneficiando del petróleo. Por otra parte, su situación fiscal protege al país de una eventual desaceleración económica. Se espera que la economía crezca 2.5% en 2015. Para el 2016, se prevée un crecimiento del 2.6%. Su ministro de Petróleo, Ali Al-Naimi, asegura que entre el  2040 y el 2050,Arabia Saudita será exportador deelectricidad producida con energía solar, ver en Lampadia. Energía infinita y gratuita: Promesa de un futuro cercano.

Sin embargo, el ritmo de modernización ha sido muy injusto y disparejo, especialmente en el aspecto social con los Derechos de la Mujer, al igual que en la mayoría de países islámicos.

Arabia Saudita tiene un pésimo historial de derechos humanos, en particular en lo que respecta al trato a las mujeres. Aunque en los últimos años los derechos de las mujeres se han ampliado parcialmente (ahora se les permite votar en las elecciones locales, por ejemplo) su situación sigue siendo básicamente la misma. 

Por ejemplo, no hay ninguna ley oficial que les prohíba conducir, pero sus prácticas religiosas sí lo prohíben, con clérigos saudíes argumentando que las conductoras femeninas “socavan los valores sociales”. Las razones dadas por ellos son:

• Implica el descubrimiento de la cara.
• Puede llevarlas a que salgan de la casa con más frecuencia.
• Puede dejar que tengan mayor interacción con los hombres.
• Crearía mayor tráfico en las calles y podría privar a los hombres de la oportunidad de conducir.
• Sería el primer paso en una erosión de los valores tradicionales, como la segregación de género.

También se espera que las mujeres mantengan sus cabezas cubiertas con pañuelos y usen ropa suelta, como una ‘abaya’, cuando estén en público. Además, las mujeres adultas deben tener el permiso de un “tutor masculino” para trabajar o ir de viaje, una severa restricción a su libertad.

Todas las mujeres deben tener un tutor masculino, el cual el responsable y se le tiene que pedir permiso para poder casarse, viajar, recibir educación superior, trabajar y hasta tener una cuenta bancaria.

Las mujeres deben limitar su interacción con los hombres con los que no estén relacionadas. La mayoría de las oficinas, bancos y universidades tienen entradas separadas para hombres y mujeres. El transporte público y los parques  también están segregados. Asimismo están totalmente prohibidas de practicar deportes. De hecho, son el único país sin una selección femenina en las Olimpiadas. En el sector educación, han sido desalentadas de estudiar carreras como ingeniería, farmacéutica, arquitectura y derecho.

La segregación de género se ha visto muy afectada por la tecnología de comunicaciones, sobre todo cuando es anónima. Los saudíes fueron los primeros en adoptar la tecnología Bluetooth, mediante el cual los hombres y mujeres podían comunicarse en secreto. Además, las mujeres saudíes utilizan las redes sociales como una forma de compartir ideas que no podrían decir públicamente. Por ejemplo, una mujer afirmó que:

“En Arabia Saudita vivimos más una vida virtual que una vida real. Conozco a personas que están involucradas en romances en línea con gente que no conocen en la vida real … Y muchas de nosotras usamos Facebook para otras cosas, como hablar de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Podemos protestar en Facebook sobre el encarcelamiento de una persona, algo que no podríamos hacer en las calles.”

Algunos clérigos conservadores han pedido que Facebook esté prohibido porque causa mezcla de géneros. Un clérigo lo llamó una “puerta a la lujuria” y la causa de la “lucha social”. 

Debido a todos estos factores, los organismos internacionales luchan constantemente contra Arabia Saudita en materia de igualdad de género. En 2014, el World Economic Forum clasificó al país en el puesto 130 de 142 en su informe anual sobre igualdad de género. Pero practicamente todos los países de la tierra se tapan un ojo y se abstienen de poner el tema en agenda por la importancia de Arabia Saudita en el mundo económico y su posición más racional que la de la mayoría de miembros de la OPEP en cuanto al uso político del ‘oro negro’.

Esta terrible realidad debería ser calificada como un “Apartheid” contra las mujeres y debería merecer las mismas acciones internacionales que tuvieron que desarrollarse contra la Sudáfrica segregacionista pre Mandela.

Sin embargo, el mundo se está modernizando, y la tecnología de Internety la globalización permiten una mayor democratización que no debiera tardar en asentarse en esas tierras. Aproximadamente la mitad de la población tiene menos de 25 años y cada vez más sauditas van a la universidad, trabajan y usan las redes sociales.

Las sonadas protestas del 2011, mostrando a decenas de mujeres manejando  y compartiendo vídeos e imágenes de su desobediencia civil, no han logrado el impacto de brindarles más derechos al volante. Pero “lo que está cambiando ahora en Arabia Saudita es que incluso el ciudadano saudí simple, promedio, la mujer sencilla, ama de casa, es ahora consciente de sus derechos civiles”, afirma una activista (anónima) de los derechos de la mujer. Un ‘momemtum’ que debiera traer un cambio en la política internacional.

El mundo está cambiando a pasos agigantados. Y si Arabia Saudita quiere seguir participando de la globalización y del mundo moderno, va a tener que adaptarse. Lampadia

La OECD (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) fue formada en 1960 por 18 países europeos, más EEUU y Canadá. Actualmente son 34 países a lo largo del globo. Sus órganos de gobierno son tres: El Consejo, sobre el cual recae el poder de decisión, formado por un representante de cada país miembro y un representante de la Comisión Europea (el Consejo ampliado que incluye a los ministros de los países miembros se reúne una vez al año), los Comités, o comisiones especializadas y el Secretariado.

Este Grupo ofrece múltiples beneficios. Como señala Ángel Gurría, su Secretario General, “la OECD es un socio estratégico de los tomadores de decisiones en las complejas tareas de promover reformas estructurales”, también es un foro donde los gobiernos pueden comparar y compartir experiencias de políticas públicas, identificar las mejores prácticas y promover  recomendaciones. 

Los países asociados participan en varias instancias, los demás pueden hacerlo libremente como observadores en los plenos y comités.

Requisitos de Acceso

Se refieren a los siguientes valores fundamentales:

– Democracias pluralistas basadas en la ley y el respeto a los derechos humanos.

– Adherencia a los principios de una economía de mercado abierta y transparente.

– Metas comunes para un desarrollo sostenible.

El proceso de acceso se inicia con la evaluación del Consejo, luego se dan las “discusiones para la adhesión” y se elabora una “Hoja de Ruta para la Adhesión”, que detalla los términos,  condiciones y el proceso para cada país, así como el detalle de la evaluación de sus normas. Finalmente se emite una “opinión formal” al Consejo para la decisión final que debe tomarse por unanimidad.

El proceso depende de la velocidad a la que el postulante provea la información necesaria  y que acepte las recomendaciones de adecuación de su legislación y políticas públicas. Actualmente Colombia se encuentra en proceso de adhesión, y su hoja de ruta establece que se someta a revisiones de 23 comités, que evaluarán todo tipo de políticas de Inversiones, Mercados Financieros, Pesca y Estadísticas, entre otras.

Estándares de operación de los miembros

Las regulaciones de la OECD se emiten mediante Acuerdos del Consejo. Estos pueden ser  vinculantes o recomendaciones a las que se da un peso muy importante. Los Acuerdos cubren temas como lucha contra la corrupción, temas tributarios, de gobernanza, energía, etc., y algunos más específicos como la Decisión para la Aplicación de Estándares Internacionales para Frutas y Hortalizas, que facilite su comercialización. Adicionalmente, hay Declaraciones, Disposiciones y Entendimientos, y también Acuerdos Internacionales.

Relación del Perú con la OECD

El primer acercamiento directo a la OECD se dio en el 2004 cuando el Perú somete a revisión sus leyes y políticas sobre competencia. En el 2008 se incorporó al Comité de Inversiones, y en el 2009 al Centro de Desarrollo, un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre  políticas económicas y sociales entre países desarrollados y emergentes. El objetivo principal del centro es brindar apoyo en la adopción de políticas que estimulen el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de la población, particularmente en los países emergentes.

La postulación del Perú a la OECD como miembro pleno sería un beneficio tangible que podría dejar el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Si logramos formar parte de este grupo, “el Perú podría beneficiarse de las mejores prácticas a nivel mundial”, señala Hugo Santa María (Socio de Apoyo Consultoría). Adicionalmente, seríamos parte de su base de datos, que permite seguir múltiples indicadores.

Actualmente el Perú está trabajando con la OECD en el “Programa País”, un novedoso mecanismo de la organización al que fuimos invitados por su Consejo tras la reunión de los ministros de los países miembros de Mayo 2014 (también se invitó a Marruecos y Kazajstán). El 4 de julio de 2014 hubo una reunión en Lima con una delegación de la OECD liderada por su Director de Relaciones Globales, Marco Bonturi, y por parte del Perú, una delegación presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Claudio de la Puente.

Nuestros indicadores están aún lejos de la mayoría de sus miembros. Pero tanto  Chile como México (más cercanos a nosotros) ya lograron ingresar a este club, y el proceso colombiano no puede ser menos que un llamado a la acción.

Ingresar a la OECD nos permitiría afianzar nuestras políticas públicas y adoptar normas y regulaciones pro-desarrollo, aprovecharíamos la experiencia de sus miembros. Los beneficios logrados con los TLC, muestran que estas instituciones del mundo global son muy positivas para el conjunto de la nación. Lampadia