CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellando la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos. Lampadia

Consideramos de máxima importancia para la opinión pública, compartir las palabras pronunciadas por el Tribuno José Luis Sardón, sobre el ‘Sentido de la Constitución’ con ocasión de la celebración del 25 aniversario de la creación del Tribunal Constitucional.

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
Representante Alterno del Perú ante la Comisión de Venecia
25 de junio, 2021

Buenos días. Es muy grato para mí estar esta mañana con ustedes, en la celebración del veinticinco aniversario —las Bodas de Plata— del Tribunal Constitucional del Perú, para compartir una reflexión relevante para esta ocasión. Agradezco a nuestra presidenta, la doctora Marianella Ledesma Narváez, por su gentil convocatoria. Agradezco también las generosas palabras de presentación del doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional, y del señor José Callo Romero, mi paisano y amigo. Solo debo agregar que lo que aquí diga no compromete en modo alguno a nadie más que a mí mismo.

Sin más preámbulo, paso a abordar el tema que pretendo dilucidar ahora: ¿cuál es el sentido de la Constitución? Según Ludwig von Mises, la acción humana se caracteriza por tener necesariamente un sentido:

pretende alcanzar precisos fines y objetivos

dice al inicio de su magna obra, La acción humana. Elaborar Constituciones no es —no puede ser— una excepción a esta regla. ¿Para qué se redacta, entonces, una Constitución?

En el mundo contemporáneo, existen alrededor de doscientos países. Casi todos tienen una Constitución escrita. Es una práctica tan extendida que incluso hay organizaciones internacionales dedicadas a ayudar a los países a hacer o rehacer sus Constituciones. La más importante es la Comisión de Venecia, creada por el Consejo de Europa en 1990, para ayudar a los países de Europa del Este a diseñar sus Constituciones, una vez sacudidos del comunismo.

Algunos países tienen Constitución con otro nombre. El caso más notable es la República Federal de Alemania. Su Constitución es la Ley Fundamental de Bonn de 1949. En realidad, la principal excepción a la regla es el Reino Unido y algunos otros países del Commonwealth británico. No tienen una Constitución escrita, pero sí documentos como el Acta de la Reforma de 1832, las Actas del Parlamento de 1911 y 1949, y la más reciente Acta de Reforma Constitucional de 2005. La Constitución del Reino Unido vendría a ser la suma de dichos documentos, y su aplicación práctica.

Para responder cuál es el sentido de la Constitución, entonces, no debemos distraernos por su nombre, sino concentrar nuestra atención en dos puntos:

• Primero, sus efectos prácticos; y,
• Segundo, su contenido.

Solo prestando atención a ellos, podemos responder adecuadamente a la pregunta sobre el sentido de la Constitución.

Empecemos, entonces, por precisar cuáles son los efectos prácticos de la Constitución. El principal de ellos es tan evidente que podemos no percatarnos de su existencia: prevenir el cambio normativo. Toda Constitución busca ser un ancla normativa, es decir, fijar en el tiempo normas que se estiman fundamentales para la vida y el desarrollo de una sociedad.

La diferencia entre la Constitución y la ley es que aquella resulta más difícil de cambiar que esta. En el caso del Perú, por ejemplo, una ley ordinaria requiere ser aprobada por una mayoría simple de los miembros del Congreso. Toda reforma de la Constitución, en cambio, requiere ser aprobada por una mayoría absoluta de congresistas y luego ratificada en referéndum. Si dicha reforma alcanza una mayoría calificada de dos tercios del Congreso, en dos legislaturas ordinarias consecutivas, se puede obviar el referéndum.

En sus 28 años, nuestra Constitución ha tenido 24 reformas. Esto contrasta con lo ocurrido en los Estados Unidos. En sus 234 años, la Constitución de ese país ha tenido 27 enmiendas. 24 reformas en 28 años equivale casi a una reforma por año; 27 enmiendas en 234 años equivale casi a una enmienda cada diez años. La estabilidad constitucional de los Estados Unidos es, pues, diez veces la nuestra. Seguramente, ello explica —al menos, en parte— porqué su nivel de desarrollo —en términos de PBI per capita— es también diez veces el nuestro: USD6,978 versus USD65,298, según el Banco Mundial.

En realidad, la Constitución de los Estados Unidos es la más antigua del mundo. En ese país, todo es nuevo, salvo su Constitución. El juez Antonin Scalia contrastaba los Estados Unidos con Italia. En Italia —decía—, todo es más antiguo, salvo su Constitución. La Constitución italiana es de 1947, mientras que la americana es de 1787. Tener la Constitución más antigua del mundo, seguramente también, contribuye a explicar porqué la economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo. Es 50% más grande que la de China, a pesar de tener solo una cuarta parte de su población.

A pesar de no tener una Constitución escrita, los ingleses tienen tan clara la importancia de la estabilidad de la Constitución que en la canción titulada nada menos que Revolución —compuesta por John Lennon, el más rebelde de Los Beatles— se afirma:

Dices que vas a cambiar la Constitución
Bueno, ¿sabes?
Nosotros todos queremos cambiar tu cabeza

Evidentemente, la estabilidad constitucional no es un valor absoluto, pero debe serse cauto al reformarse una Constitución. Si cambiar la Constitución fuera tan fácil como cambiar o reformar una ley cualquiera, no podría hablarse siquiera de Constitución.

Ahora bien, para comprender cabalmente el sentido de la Constitución, debe dilucidarse también el segundo punto al que me referí al principio: su contenido. ¿Cuál es o debe ser este? Así como hay Constituciones que no se llaman de esa manera, también hay otras que se llaman Constitución, pero que no califican como tales, pues no contienen las normas constitucionales características. ¿Cuáles son estas? Cuatro siglos antes de Cristo, en La Política, Aristóteles describió la constitución de diferentes ciudades griegas. Al hacerlo, se refirió a su forma de organización política efectiva.

Lo característico de una Constitución es, pues, definir la organización política de un país. Pero no solo ello. Desde sus antecedentes antiguos y medievales, la idea de Constitución significó el establecimiento de límites al poder. La Carta Magna de 1215, por ejemplo, fijó límites a la voluntad o al capricho del rey, al establecer que no podía tomar la vida, la libertad y la propiedad de los lords sin un debido proceso. Una Constitución no puede establecer, pues, cualquier estructura de gobierno sino una que sirva para crear un estado de Derecho —es decir, un gobierno de leyes, no de hombres:

antes fueron leyes que reyes

dijeron en Aragón a fines del siglo XVI, frente a los ímpetus absolutistas del Rey de España Felipe II, basándose en los legendarios Fueros de Sobrarbe.

La respuesta completa a la interrogante que nos convoca esta mañana es, pues, la siguiente: el sentido de la Constitución es establecer un gobierno limitado y estable. Un gobierno de este tipo no es un fin en sí mismo sino un medio para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, y permitir que se desarrollen las iniciativas empresariales, de creación económica y de progreso, que están latentes en la sociedad. Es un instrumento para tener una sociedad libre y próspera, en la que florezcan los proyectos de vida de sus ciudadanos, familias y empresas.

Un gobierno sin límites tiene efectos perversos en lo político, lo económico y lo moral; condena a un país no solo a la pobreza sino también a la desmoralización. Quien haya podido tratar con personas provenientes de países con gobiernos totalitarios podrá corroborarlo: lo más triste no es que sean pobres sino que están quebrados moralmente. Tienen arraigada la idea, derivada de su propia experiencia, de que el abuso es consustancial a la interacción humana. Creen, como Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, porque bajo un régimen totalitario no impera la razón sino el miedo.

Un diseño constitucional orgánico adecuado, en todo caso, no es tarea simple. No hay una fórmula única para hacerlo. Cada arreglo institucional debe responder a la historia y cultura de cada sociedad. Ello no significa, por supuesto, que la política comparada no ofrezca sugerencias de las que se debe tomar nota. Una Constitución, en realidad, ha de combinar consideraciones universales y particulares.

Por otro lado, no hay ninguna opción que no tenga pros y contras. En realidad, ni siquiera es claro qué aspectos una estructura de gobierno ha de incluir. Nadie cuestiona la importancia de la separación de poderes, pero hay quienes afirman que aún más importante es facilitar el surgimiento de partidos y sistemas de partidos. Más que el sistema de gobierno, importaría el sistema de representación. Desde que son la bisagra entre la sociedad y el Estado, los partidos representan el primer nivel de organización política.

Como enseñó Giovanni Sartori, los partidos modernos —a diferencia de las facciones per-modernas— solo surgen cuando hay sistemas de partidos, es decir, cuando la conducta de unos es acotada o constreñida por la de los otros. Un sistema de partidos implica la alternancia ordenada de partidos en el poder. Repetida en el tiempo, esta hace que surjan estrategias de prestigio entre los participantes. Robert Aumann, Premio Nobel de Economía 2004 y uno de los principales autores de la teoría de juegos, dice:

La repetición posibilita la colaboración

Por el contrario, allí donde no hay una alternancia ordenada de partidos en el poder, surgen estrategias predatorias. Los gobernantes tienden a pensar, como los Corintios:

Comamos y bebamos que mañana moriremos

ya que, al salir del poder, no pasan luego a la oposición sino a la cárcel. Saltan sobre ellos, como fieras, los aliados del nuevo gobernante —incluyendo algunos ex-colaboradores que les traicionan a la velocidad de un rayo—, con el aplauso de la prensa venal y la tribuna exaltada. En una situación así, no hay estado de Derecho posible; el Derecho y la administración de justicia son una y la misma cosa que la lucha política. Se entroniza, entonces, la desconfianza y se degrada la vida en sociedad.

Indudablemente, pues, una Constitución debe establecer no solo una adecuada separación entre los poderes del Estado sino también reglas propicias para el surgimiento de partidos y sistemas de partidos. Según Patrick Gunning, una Constitución que no define un sistema de representación no merece ser llamada Constitución. Con frecuencia, sin embargo, los debates constitucionales soslayan esto y priorizan el reconocimiento de derechos fundamentales. Ello es un error: los derechos no se protegen tanto por declaraciones enfáticas como por arreglos institucionales propicios. Como dijo Felipe Ortiz de Zevallos Madueño durante los debates que dieron origen a nuestra Constitución:

Una Constitución no debe plantear lo máximo a lo que aspira una sociedad sino lo mínimo en lo que se puede poner de acuerdo para gobernarse.

La Constitución de los Estados Unidos incluye una Carta de Derechos, pero ella no es lo esencial de dicha Constitución. Lo esencial son las normas que establecen una estructura de gobierno basada en el principio de la separación de poderes. Existen Constituciones que han reconocido más derechos que la de los Estados Unidos. Scalia solía señalar a la de la Unión Soviética de 1977. Esta se explayaba en reconocer los derechos, pero no establecía pesos y contrapesos dentro del gobierno. Consecuentemente, contribuyó al descalabro de ese país en 1991.

En los últimos treinta años, en Latinoamérica, la expansión de derechos fundamentales frecuentemente ha sido utilizada como cortina de humo para instaurar regímenes autoritarios, si es que no totalitarios. Prometiendo el oro y el moro, algunas Constituciones latinoamericanas recientes han distraído a la población del verdadero interés de sus propulsores: permanecer en el poder. Observando este fenómeno recurrente, por eso, cuando alguien propone cambiar la Constitución debe uno preguntarse: ¿qué querrá este señor realmente —no será solo quedarse en el gobierno para siempre?

El cambio total de Constitución es más riesgoso que las reformas parciales frecuentes, ya que significa el “reseteo” total del sistema jurídico del país. Toda norma jurídica que se oponga a la nueva Constitución queda derogada. El adanismo constitucional implica, además, una condena radical del pasado, en el que no se reconoce nada bueno, noble y generoso; al mismo tiempo, supone la pretensión —la fatal arrogancia, diría Hayek— de que la nueva generación hará todo mejor ahora. ¿Qué garantía hay de que eso ocurra? ¿Basta acaso con que muestre indignación frente a las deficiencias previas?

Ciertamente, destruir instituciones es mucho más fácil que reconstruirlas; en realidad, una vez destruidas, resulta imposible reconstruirlas. Es como querer reparar una telaraña con la mano, habría dicho Ludwig Wittgenstein. A finales del siglo XVIII, Edmund Burke ya advirtió lo siguiente:

La ciencia de componer un gobierno, o renovarlo, o reformarlo, como todas las demás ciencias fundadas en la experiencia, no se puede aprender a priori; la experiencia de esta ciencia práctica no se adquiere en un día, porque los efectos reales de las causas morales no siempre son inmediatos. Algo que parece perjudicial en una primera inspección, puede ser muy bueno en sus consecuencias posteriores; esta misma bondad puede acaso derivar de los malos efectos producidos al principio. Puede también ocurrir lo contrario; proyectos muy plausibles, después de haber tenido los principios más lisonjeros, acaban por causar arrepentimiento y vergüenza. (…) Así, pues, desde que la ciencia del gobierno es del todo práctica en sí misma, versa sobre tanta variedad de objetos prácticos —y exige una experiencia tan basta que no es dado adquirir a ningún hombre en el curso de su vida, por mucha sagacidad que tenga y por muy buen observador que sea—, nadie debe, si no es con infinitas precauciones, emprender la ruina de un edificio que por espacio de muchos años llenó de un modo tolerable todos los fines generales de la sociedad, ni pretender la construcción de otro sin tener a la vista algún modelo o ejemplo que presente la idea de una utilidad ya experimentada.

Como regla general, el adanismo constitucional tiene, pues, consecuencias muy negativas. José Luis Cordeiro ha demostrado que existe una correlación entre el número de Constituciones y el nivel de desarrollo. De hecho, los otros cuatro países que acompañan a los Estados Unidos en el grupo de cinco con Constituciones más antiguas tienen también altos niveles de desarrollo: 2. Noruega (1814); 3. Holanda (1815); 4. Bélgica (1831); y, 5. Luxemburgo (1842). Los cinco con Constituciones más recientes, en cambio, son casi todos subdesarrollados: 1. Cuba (2019); 2. Tailandia (2017); 3. Costa de Marfil (2016); 4. República Central Africana (2016); y, 5. Zambia (2016).

La Constitución de Cuba es un documento digno de las novelas de Miguel Ángel Carpentier. Repleta de expresiones retóricas, no logra ocultar el hecho macizo de que, desde hace 62 años, el gobierno allí está en manos del Partido Comunista. En realidad, hasta el 2019, estuvo en manos de los hermanos Castro —primero Fidel, luego Raúl. Con la coartada del socialismo, estos se entronizaron en el poder, persiguiendo a quienes —como Huber Matos— creyeron sus promesas iniciales. Cuba fue un día uno de los países más ricos de Latinoamérica; hoy es uno de los más pobres del mundo.

Venezuela no ha hecho sino repetir esta triste historia. En 1998, luego de llegar al poder por la vía democrática, Hugo Chávez impulsó el cambio de Constitución. La nueva Constitución cambió incluso el nombre del país. Ayudado por el boom de los comodities, su régimen ocultó por algunos años la destrucción de sus instituciones económicas: el derecho de propiedad y el estado de Derecho. Al disiparse este boom, su sucesor Nicolás Maduro pretendió echar mano nuevamente de la coartada constitucional, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente el 2017.

Sin embargo, a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Venecia entregó una Opinión muy crítica de la Asamblea susodicha. Según la Constitución de Venezuela, dijo, el Presidente puede proponer pero no disponer la convocatoria de tal Asamblea. Además, en la convocatoria inconstitucional de Maduro:

1. La distribución de curules por circunscripciones electorales licuó el peso político de Caracas en favor de áreas rurales despobladas, vulnerando el principio de igualdad del voto;
2. La representación gremial se basó en gremios inexistentes y no reflejó ningún principio ordenador identificable; y,
3. El número exorbitante de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (más de 500), impediría cualquier debate significativo.

A base de esta Opinión, la OEA y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenaron a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Deslegitimada internacionalmente, ella aún no entrega la nueva Constitución. Empero, su sola existencia genera incertidumbre. Consecuentemente, nadie se anima a desarrollar ninguna empresa. Si no pueden migrar, los venezolanos buscan solo sobrevivir. En el Perú, más de un millón de inmigrantes venezolanos pueden corroborar esta tragedia: el que hace apenas unas pocas décadas fuera el país más rico de Sudamérica es hoy el más pobre.

Los peruanos cambiamos ocho veces de Constitución en el siglo XIX y cuatro en el siglo XX. En el XXI, más que volver a incurrir en el adanismo constitucional, creyendo que podemos tomar el cielo por asalto, debemos efectuar ajustes puntuales a nuestra Constitución, tanto en el sistema de representación como en el sistema de gobierno.

Ciertamente, hay mucho por reformar en el Título IV de la Constitución. Siguiendo el consejo del pensador mexicano Octavio Paz, debemos continuar construyendo la modesta Casa de los Hombres, en la que podamos enfrentar los malos tiempos cada vez de mejor manera.

Muchas gracias.

Lampadia

Es una lástima que la política, la mala política por supuesto, se base en sembrar mentiras para que la opinión pública, secundada por los medios de comunicación, presione a los gobiernos para malograr mercados que han probado, una y otra vez, que son competitivos y benefician al conjunto de la población.

Un nuevo estudio de Apoyo Consultoría prueba otra vez, que la presencia de Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma), del grupo InRetail, es beneficiosa para los consumidores, con buenos precios y amplios stocks de genéricos, sin distorsionar la competencia.

Estas campañas de distorsiones y mentiras son típicas de nuestras atrasadas izquierdas, que dicen defender a los pobres, pero que en verdad, solo los perjudican en aras de sus espacios políticos.

Líneas abajo presentamos algunos datos del estudio y el enlace a todas sus láminas.

El estudio se concentró en los siguientes medicamentos:

34 moléculas esenciales que permiten la prevención, tratamiento y diagnóstico de aproximadamente el 90% de las patologías prevalentes en el Perú.

El estudio responde a tres preguntas:

1. ¿Farmacias Peruanas (FP) ha incrementado los precios de medicamentos genéricos?

En promedio, el precio de los medicamentos analizados se redujo incluso en el contexto de alta demanda generado por la emergencia sanitaria.

Durante la Covid-19, los consumidores pagaron menos en todas las presentaciones de los medicamentos priorizados asociados al tratamiento de los síntomas.

Para el caso de la Azitromicina 500mg, FP bajó los precios de genéricos de marca a precio de genéricos durante la emergencia sanitaria.

2. FP tiene un stock limitado de medicamentos genéricos?

En los últimos dos años, el stock de genéricos de Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma) se ha incrementado 6 veces, ganando cada vez más presencia sobre el stock total.

Durante el período de emergencia sanitaria, los medicamentos genéricos representaron, en promedio, el 72% del stock total de Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma) para los medicamentos analizados.

3. ¿La presencia de FP afecta a la entrada y desarrollo de la competencia?

En el mercado farmacéutico peruano, las farmacias independientes crecen a un mayor ritmo que FP, tanto en número de locales como en ventas.

En término del número de locales, FP tiene una presencia baja a nivel nacional y en la mayoría de los distritos del Perú.

Conclusiones:

Como resultado del análisis, se encontró que el comportamiento de FP en estas dimensiones es consistente con lo que se esperaría de un mercado competitivo:

Ver la presentación en:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/aef55-analisis_economico_de_medicamentos_prioritarios_en_el_peru_-_farmacias_peruanas.pdf

Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia

El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder (proyecto de ley N° 2133), que prohibiría a entidades del Estado contratar publicidad en medios privados, ha traído al debate las relaciones del Estado con los medios de comunicación. Esta iniciativa busca eliminar el uso de la herramienta publicitaria de manos del Estado, así sea para fines informativos. Una propuesta fuera de lugar, pero que permite revisar algunos procesos que sí pueden ser negativos para la salud de la democracia.

Para analizar este tema, debemos distinguir: por un lado, la publicidad y la comunicación del Estado, y la necesidad de evitar usos indebidos de la publicidad estatal, cómo el aprovechamiento político, patrimonialismo, y venta de sapos por culebras. Y por otro, la cooptación de periodistas y medios en las regiones con recursos del Estado.

Fuente: blogspot.com

Publicidad y comunicación

El objetivo del proyecto Mulder es prohibir “toda la publicidad en medios privados” y que, de hacerlo, “será considerada delito de malversación”. ¿Debe el Estado hacer publicidad? Para esto, debemos hacer una diferencia entre la publicidad y la comunicación en los medios de comunicación.

El Perú adolece de una gran falta de comunicación desde el Estado a la población en aspectos tan importantes como, iniciativas legislativas que tomen cierta posibilidad de transitar a convertirse en normas, o las razones que expliquen las iniciativas legislativas del Ejecutivo, etc.

El Estado debe usar sus medios de comunicación para comunicar a la opinión pública, las políticas y los avances que permitan tener ciudadanos bien informados.

El Estado, ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales y municipales, no debe privilegiar a determinados medios a cambio de favores políticos. Sin embargo, tampoco se le puede impedir al Estado que utilice los medios de información para hacer algo de publicidad, y, sobre todo, comunicación informativa.

Lo que no se debe hacer es utilizar publicidad pagada para encubrir a instituciones ineficientes, como las recientes campañas de Sedapal, EsSalud y el SUNEDU.

Algo que si debe prohibirse es el uso de trolls para atacar a opositores o crear líneas de opinión pública. Esta es una forma de interacción perversa con los ciudadanos, que no puede justificarse en ningún caso. Esto se refiere a aquellas personas dedicadas a emitir falsedades y a manipular los contenidos de las redes sociales, con el propósito de obstaculizar, bloquear, desvirtuar y opacar a personas o hechos; así como tergiversar el ambiente digital con información ambigua y no verificada con el fin de manipular a los ciudadanos según designios políticos.

Cooptación mediática

El peso del gasto que realiza el Estado y los gobiernos regionales y/o municipales en comunicación a través de medios impresos, radiales o televisivos en las regiones es aúnmás preponderante, por lo que debieran mejorarse los procesos de rendición de cuentas.

Además, hay que tomar en cuenta el uso de mecanismos escondidos de influencia en los medios, vía la contratación de servicios personales de periodistas y otros profesionales, que conllevan compromisos y acciones mediáticas subterráneas.

Regulación

No obstante, somos conscientes que no se puede esperar que la autorregulación funcione, y menos aun dentro del Estado mismo. Consiguientemente es necesario colocar frenos en la conducta del Estado para evitar excesos.

Para lograrlo, se debe establecer un tope para restringir la cantidad de publicidad que puede hacer el Estado con el presupuesto público y no debería sobrepasar un porcentaje determinado del pliego presupuestal correspondiente. Y tampoco, debería superar un cierto porcentaje de los ingresos un medio de comunicación en particular. Además, el gobierno podría hacer más transparente sus gastos de publicidad estatal (al igual que los medios podrían ser más transparentes con sus ingresos), para así dejarle la libertad a la población de usar su propio criterio sobre la validez de la información brindada. Lo mismo debería suceder con las asesorías y consultorías, como el número de asesorías de la PUCP en el MINEDU, entre otros ejemplos.

Sin embargo, el método más efectivo (y el más difícil de lograr) para evitar caer en estas manipulaciones es educar al público. Los medios tienen la obligación de ayudar al público a convertirse en consumidores más críticos de la información. La manipulación de los medios es uno de los mayores riesgos para todos nosotros, y nuestra labor es evitar que interfieran en la neutralidad de los espacios mediáticos. Lampadia

Como explica nuestro colaborador, Sebastiao Mendonca, líneas abajo, la gesta contra la corrupción en Brasil, liderada por el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

Fuente:  The Economist

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de suhistoria. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter.

Las 48 leyes del poder. Ley 26: MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS. 
Fuente: elartedelaestrategia.blogspot.com

Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de  confesiones y delaciones

Muy lamentable la muerte ayer, de Teori Zavascki, un juez muy importante en el proceso que estaba a cargo de la relatoría de Lava Jato, y según Moro, ha sido un factor decisivo de los éxitos logrados hasta hoy. Esperamos que este sea solo un accidente y que no tengamos que lamentar, en Brasil, situaciones parecidas a las del juez Nisman en Argentina.

Lava Jato: ¿Por qué está funcionando?

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Como ya expliqué en un artículo anterior sobre el Petrolão, el Brasil es un país de nivel medio de desarrollo con un nivel alto de corrupción. Es un país en que las técnicas y los hilos de la corrupción se heredaban, y todavía se heredan, en familia, empresas y grupos políticos. La tranquilidad con que los corruptos actuaban en Brasil, hasta pocos meses atrás, era total. Antes de Lava Jato, la impunidad de los criminales de cuello blanco, especialmente los políticos, era un dogma indiscutible. Pareciera que nunca les pasaría nada. Fue así, hasta que un rayo cayó en medio de cielo azul.

En solo 33 meses, Lava Jato generó un terremoto en los palacios de la corrupción. Se ha instaurado 1,434 procesos, se ha condenado a 120 criminales a 1,257 años de cárcel, se está demandando pagos por US $12 mil millones y se ha repatriado cientos de millones de dólares de bancos extranjeros, especialmente suizos.

¿Porqué? ¿Qué hizo posible un sueño imposible? Para entender Lava Jato, veamos como Sergio Moro organizó el proceso.

Moro se inspiró en la experiencia italiana Manos Limpias (Mani Pulite). Moro, además, estudió dicha experiencia en detalle y publicó luego (2004) un artículo que hoy es la referencia en Brasil para entender las estrategias de Moro en Lava Jato. Considerações sobre a Operação Mani Pulite.

Manos Limpias, se inició en febrero 1992 y mostró números muy parecidos a los de Lava Jato: En dos años hizo casi 3 mil mandatos de prisión, investigó a 6 mil personas, incluidos 872 empresarios y 438 congresistas, y desbarató gran parte del sistema de corrupción imperante en Italia. La operación afectó seriamente las imágenes éticas de los Partidos de izquierda,

especialmente el Socialista y Demócrata Cristiano; modificando el mapa político italiano establecido en el post-guerra.

La dinámica política de Manos Limpias también tuvo que enfrentar resistencias como Lava Jato lo está haciendo en Brasil. El primer ministro y el Congreso de Italia intentaron bloquear el proceso sistemáticamente, pero la reacción de la opinión pública desbarató sus intentos.

Sobre el tema, Sergio Moro decía el 2004:

Es ingenuidad pensar que procesos criminales contra personas poderosas, como autoridades gubernamentales o empresarios, puedan ser conducidos normalmente, sin reacciones. Un judiciario independiente, tanto de las presiones externas e internas, es condición necesaria para soportar acciones judiciales de esa especie. Entretanto, la opinión pública, como ilustra el ejemplo italiano, es esencial para el éxito de la acción judicial.

Para Moro, la independencia del judiciario y la mayor legitimidad de los jueces respecto a los políticos, fueron factores importantes en el caso italiano. Sin embargo, en el caso de Brasil esos dos factores no fueron suficientes. El respaldo de la opinión pública, incluidas las marchas multitudinarias lideradas por los jóvenes liberales (6 millones de manifestantes), fueron fundamentales para evitar la paralización de los procesos.

La colaboración eficaz fue otro factor identificado por Moro en la experiencia italiana y también aplicado extensivamente en Brasil. Él explicaba que la colaboración eficaz no ocurre espontáneamente. Tiene que ser lograda por medio de una acción decidida de los investigadores y fiscales. Moro decía:

La prisión [preventiva] previa al juicio es una forma de destacar la seriedad del crimen y evidenciar la eficacia de la acción judicial, especialmente en sistemas judiciales morosos…

Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, consistiendo en la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos por la operación Mani Pulite.

En su análisis, Moro concluyó que los corruptos no tienen incentivos para confesar ni para incriminar a sus colegas de delito. Es solamente cuando ellos se ven frente al Dilema del Prisionero que ellos comienzan a confesar. Por ello, Lava Jato hizo uso extensivo de detenciones preventivas e interrogatorio de los corruptos, cuidando de que ellos no pudieran comunicarse entre si, pero autorizando la difusión en los medios de comunicaciones de noticias que estimularan a que los demás quisieran colaborar.

En el caso del asesor de marketing electoral de Lula y Dilma, Joao Santana, y pieza clave en los planes de expansión de la influencia política del PT, fue su esposa, responsable del manejo financiero de la pareja, quien decidió colaborar con la justicia, llevando a Santana a colaborar, pues con la confesión de su esposa su propio silencio se hizo inútil.

En el caso de Marcelo Odebrecht, Sergio Moro solo aceptó tratar la colaboración eficaz después de haberlo condenado a 19 años y 4 meses de prisión. Fue en esa situación que el gerente general de Odebrecht aceptó las duras condiciones de la fiscalía que exigía que 78 ejecutivos de su empresa ingresaran a una propuesta de colaboración eficaz. Situaciones similares de condenas previas a los acuerdos de colaboración eficaz están funcionando ahora con Camargo Correo, Andrade Gutierres, OAS y varias otras compañías.

En su investigación, Moro encontró que la corrupción había costado a Italia, entre 1980 y 1990,  un billón (millón de millones) de dólares en sobre-costos de las obras públicas, en los contratos con las empresas constructoras: líneas de metros, estadios, etc. En el caso de Lava Jato, los daños al patrimonio público hasta ahora son del orden de miles de millones de dólares, pero la suma sigue creciendo en la medida en que la investigación sigue avanzando.

Extrayendo lecciones de la experiencia, Moro señala:

Tal vez, la lección más importante de toda esa experiencia [Manos Limpias] es que la acción judicial contra la corrupción solo resulta eficaz con el apoyo de la democracia. Es ésta que define los límites y posibilidades de la acción judicial. Mientras la acción judicial cuente con el apoyo de la opinión pública, ella tiene condiciones de avanzar y de presentar buenos resultados. Si esto no ocurrir, difícilmente tendrá éxito.

Para Moro, las principales barreras para el éxito de una investigación de la corrupción son:

1. la falta de independencia de los jueces y fiscales a cargo de la investigación,
2. la existencia del foro privilegiado que protege a los políticos en el poder,
3. el predominio de una práctica judicial poco rigurosa contra la corrupción, especialmente respecto a los crímenes de cuello blanco,
4. el laberinto de las normas burocráticas y judiciales,
5. la dificultad para construir una carga probatoria necesaria para sustentar una sentencia de condena a los corruptos,
6. la existencia de una diversidad de mecanismos jurídicos que facilitan la prescripción de los juicios por corrupción, y
7. los incentivos del sistema político que favorecen al corrupto en la lucha por el poder, generando un proceso evolutivo nefasto.

La reflexión final de Moro sobre la experiencia italiana es que la corrupción de los políticos y las empresas contamina la democracia y termina haciendo a los jueces del país corresponsables de ese mal. Es decir, afecta moralmente a toda la sociedad.

Fue con esas ideas en la cabeza que Sergio Moro aceptó el desafío de liderar la Operación Lava Jato, ingresando a una batalla diaria contra los corruptos, todos sus juegos de astutas maniobras por bloquear el avance moralizador. La manera como Moro está conduciendo la Operación Lava Jato recoge mucho de lo que él ha aprendido de la experiencia italiana.

Sin dudas, uno de los factores del éxito de lava Jato fue que Mora ha estudiado cuidadosamente la experiencia de Manos Limpias para rescatar las lecciones aprendidas y evitar la repetición de los errores.

Ahora que el escándalo de Odebrecht se está propagando por América Latina, muchos se preguntan si sus efectos en esos países vecinos van ser pasajeros, o si la opinión pública y las instituciones de esos países van reaccionar lo suficiente para generar réplicas locales de ese proceso moralizador. Lampadia

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a que los periodistas hagan una suerte de ‘acoso mediático’ de 24 horas al Presidente de la República, al primer Ministro y a los demás miembros del gabinete al más puro estilo de los paparazzi italianos o de los cazadores de escándalos de la farándula local.

Esta es una práctica inconveniente para la vida cívica del país. Ante las preguntas que persiguen las actividades de las autoridades, éstas se ven forzadas  a declarar lo mismo una y otra vez, perdiendo impacto y relevancia en la opinión pública, o a decir cualquier mamarracho que hace todavía más daño a la imagen de los políticos. Peor aún, cuando un periodista avivado se manda la parte y afirma que fulano (un contendor político) dijo tal o cual cosa, el interrogado no tiene como cernir la pregunta y se pueden generar situaciones ‘deliciosas’ para el irresponsable periodista, pero abusivas para con el político acosado y perniciosas para la sociedad.

La alternativa a este desorden es establecer portavoces y mecánicas cotidianas de conferencias de prensa. Tanto el Presidente de la República, como los ministros deberían dirigirse a los medios en espacios aparentes y en ocasiones adecuadamente coordinados.

Además, dichos funcionarios del gobierno, en este caso del Ejecutivo, podrían ser representados por voceros oficiales. Estos pueden estar adscritos al propio Presidente, al Primer Ministro o a los jefes de las carteras.

Si se optara por algo así, como por ejemplo se hace en los EEUU, podríamos profesionalizar las relaciones del gobierno con los medios de comunicación, propender a agendas más ordenadas y educativas, lograr  un mejor seguimiento de los acontecimientos de gobierno y evitar el desorden, improvisación y descontrol actuales.  

Tal como debiéramos hacer en muchos otros aspectos, no es necesario que para este tema inventemos la pólvora. Aprendamos de las mejores prácticas internacionales. Los EEUU son de los que mejor han organizado estos puestos (secretarios de prensa y voceros) y procesos (conferencias de prensa y despachos de noticias), por lo tanto, líneas abajo hemos glosado algunos elementos de la publicaciones al respecto del Departamento de Estado de EEUU (su Cancillería). Veamos algunas ideas fuerza al respecto:

La labor del funcionario de prensa

Fuentes: Departamento de Estado de EEUU 

Glosadas por Lampadia

El Secretario de prensa de la Casa Blanca 

• Es un alto funcionario que actúa como portavoz ante los medios de comunicación.
• Se dirige a los medios en conferencias de prensa.
• Se informa sobre las acciones y acontecimientos vinculados al Presidente y difunde comunicados oficiales.

Definiciones del portavoz de prensa en los EEUU

• El máximo funcionario de prensa o secretario de prensa debe tener una relación estrecha con el presidente, primer ministro, ministro o jefe de dependencia, según para quién trabaje.
• El portavoz debe conocer a fondo las ideas del funcionario y tener  acceso directo a él.
• También debe tener un papel en la toma de decisiones.
• “Es muy importante incluir al comunicador como parte del equipo de estrategia”, dice Joni Inman de NAGC (The National Association of Government Communicators). 

Las funciones del portavoz de prensa

• El portavoz de prensa típico, en el nivel federal, dedica hasta el 50% de su tiempo a responder preguntas de la prensa; el 25% a mantenerse informado y atender los asuntos de la agencia, y el 25% restante para la generación de materiales y eventos.
• Trabaja como el portavoz y realiza reuniones informativas regulares o especiales.
• Planea y dirige las campañas en los medios.
• Atiende las preguntas de la prensa.
• Organiza entrevistas y sesiones informativas entre la prensa y funcionarios del gobierno.
• Asesora a los funcionarios acerca de las relaciones con la prensa y la posible reacción de los medios a las políticas propuestas.
• Supervisa la redacción de discursos o, por lo menos, la revisión de los textos y el mensaje que transmiten.
• Organizar ciertos eventos, como conferencias de prensa.
• Elabora comunicados de noticias, listas de datos y otros materiales.
• Evaluar, después de los hechos, si un evento produjo el efecto deseado y precisar cómo se podrá mejorar la próxima vez.

Un portavoz creíble

• ¿Qué características tiene un buen secretario de prensa?
• Según el ex portavoz presidencial (EEUU) Mike McCurry, el secretario de prensa debe tener “sentido del humor, enorme paciencia, la habilidad de hablar y escribir con rapidez y una inflexible adhesión a la verdad.
• “La credibilidad”, nos dice, “es la virtud más importante del portavoz”.
• Según escribe Stephen Hess en The Government/Press Connection, los funcionarios de prensa dicen que para su labor se requiere energía, curiosidad, un carácter servicial, buena memoria, urbanidad, sangre fría ante la presión, conocimiento de la psicología humana y la habilidad de pronosticar y manejar detalles de logística.
• También es útil que el portavoz se percate de los hechos con prontitud. Debe ser capaz de afrontar lo imprevisible, atender muchas tareas al mismo tiempo, lidiar con constantes interrupciones y reaccionar sin tardanza.
• El portavoz debe ser imparcial con los reporteros, es decir, no debe tener favoritos. Y sobre todo, es preciso que sea un individuo de elevada ética e integridad personal.
• En años recientes, el papel del portavoz se ha vuelto cada día más difícil por la rapidez con que surgen las noticias y porque debe estar disponible las 24 horas del día.
• Parte de su trabajo consiste en saber quién debe hablar en cada situación.
• El trabajo del portavoz implica equilibrar muchas relaciones: con el funcionario de gobierno a quien representa, con el resto del personal de alto nivel en el gobierno, con la prensa y con la burocracia permanente.
• “Lo más importante que conviene recordar”, afirma Dee Dee Myers, quien fuera portavoz presidencial, “es que aun cuando la tarea pueda ser irritante, difícil y frustrante a veces, el deber de las oficinas de prensa del gobierno es ayudar a los reporteros para que obtengan la información correcta. Esto constituye el meollo de lo que es una democracia.
• “El sistema funciona mejor cuando provee un alto grado de apertura a la prensa”, dice Myers. “La apertura no es algo que se deba temer”.

Leer más en:

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/11/20081105144824xaanerotsac0.4138758.html#ixzz4GstfNtSD

Esperamos que el gobierno de PPK se anime a establecer un procedimiento de esta naturaleza que sería beneficioso para todos, inclusive para los periodistas que así tendrían más tiempo libre para ilustrarse sobre la realidad del mundo y el país. 

Lampadia

Lampadia junto con el Centro Wiñaq, está formando una biblioteca virtual especializada sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, que se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado las prácticas anti-mineras.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, la tercera sobre las propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, siempre desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático, se refiere al importante rol que debieran desarrollar los gremios mineros.

El Rol de los Gremios

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El gremio minero fue creado para representar los intereses colectivos de su sector, es decir, los de las empresas mineras, petroleras y de energía que operan en el Perú. Sin embargo, los anti-mineros han logrado paralizar proyectos mineros importantes y bloquear cerca de USD 21 mil de inversiones en los últimos años. Ello significa que los gremios empresariales, y el minero en particular, necesitan adaptar su accionar a las nuevas condiciones de la conflictividad que enfrentan. Algunas ideas en ese sentido.

El desafío de la Opinión Pública

A pesar de la importancia extraordinaria de la minería para la economía peruana, (exportaciones, participación en el PIB, generación de empleo en zonas alejadas de Lima, encadenamientos multisectoriales y contribución determinante a la recaudación fiscal),[1] una parte significativa de la opinión pública nacional es contraria a sus actividades. Ello es verdad a nivel nacional, y aún más verdad en las regiones mineras.

La opinión pública depende de las prácticas empresariales pasadas y presentes, del manejo adecuado de los impactos positivos y negativos de la minería, a nivel local, y nacional, y del accionar sistemático de los grupos que, por intereses políticos, difunden una narrativa contraria a la minería, así como por los silencios de los gremios, empresas y personas vinculadas a los sectores atacados.

La opinión pública es vital para la sostenibilidad de la minería. Si la opinión pública es favorable, los gobiernos tienen mayor convicción para tomar las medidas necesarias para al desarrollo de las actividades mineras. Si la opinión pública es negativa, los aventureros políticos encuentran condiciones favorables para especular con los temores de la población y para presionar a los gobiernos, y los gobiernos dudarán en cumplir sus obligaciones legales.

Iniciativas prioritarias:

1. Conocer las creencias de la población y la narrativa anti-minera: Promover estudios en profundidad sobre las razones por las cuales los diversos sectores de la población temen o no desean la minería, y hacer visible el sistema de creencias valores y estereotipos en que se sustentan esas ideas. Una vez entendido esto, analizar la narrativa de los grupos anti-mineros, entender la lógica con la cual ellos influencian a las poblaciones locales y a la opinión pública nacional, y desarrollar una narrativa en la cual la minería y el desarrollo sostenible sean entendidos y valorados por la población.[2]
2. Frenar el daño producido por ideas falsas y rumores: Promover la realización de estudios e investigaciones serias sobre los impactos de la minería sobre la economía local y sobre el ambiente.  Los resultados de esos estudios deberían ser difundidos para evitar que los líderes de opinión y la misma población sea confundida con falsedades y rumores.
3. Capacitar a los formadores de opinión: Realizar eventos periódicos con formadores de opinión y estudiosos interesados en minería, para que entiendan mejor los aportes y los riesgos reales de la actividad minera, descifren la narrativa anti-minera, mejoren el nivel de rigor en la descripción e interpretación de los eventos, y contribuyan a mejorar la actividad minera y su legitimidad en la sociedad peruana.[3]
4. Promover actividades de comunicación permanentes que vayan formando un sentido común cercano a la inversión privada, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los circuitos de valor compartido generado por los grandes proyectos para la sociedad en su conjunto.

Desarrollo Compartido

La minería puede ser un poderoso motor del desarrollo regional y nacional. Pero, ello requiere que los líderes, empresas e instituciones locales tengan una visión compartida de progreso regional y del rol que la minería puede tener para contribuir a ese progreso. La creación de consensos sociales favorables a la minería dependen mucho de que los actores locales tengan esa visión compartida.

Para adquirir esa visión los actores locales necesitarán conocer experiencias prácticas en sus mismas regiones, que funcionen como laboratorios para explorar diversas modalidades de generación de sinergias entre la minería y las demás actividades, que permitan apreciar las mejores maneras para lograr que la minería contribuya a dinamizar las otras actividades.

Estas experiencias podrían aprovechar el enfoque ”Shared Value” desarrollado por Michael Porter[4] y experiencias exitosas de desarrollo rural ya validadas por programas como “Sierra Productiva,”[5] moldeándolas en propuestas de desarrollo local que combinen las potencialidades económicas locales, y las capacidades de las empresas, de la sociedad civil (Cámaras de Comercio, organizaciones de desarrollo, colegios profesionales, universidades, etc.) y de autoridades locales como los Gobiernos locales, Gobierno Regional, oficinas del Gobierno Central, etc.

Iniciativas prioritarias:

1. Promoción de iniciativas de Desarrollo Compartido: Los gremios empresariales podrían apoyar (coordinación, diagnóstico, diseño y soporte técnico) a la puesta en marcha de experiencias piloto de Desarrollo Compartido. Esas experiencias piloto pueden ser pequeñas, en una escala viable para los recursos financieros posibles de canalizar en el corto plazo y manejable para los actores locales listados arriba. 
2. Uso del Canon: Esos proyectos de Desarrollo Compartido deberían orientar el uso de Canon y de parte de las actividades de Responsabilidad Social de las empresas mineras,[6]  y podrían, además, canalizar recursos del gobierno central para la creación de la infraestructura y condiciones que fueran necesarias.
3. Intercambio de experiencias: Tal como hace el equipo de Shared Value en Harvard, los  gremios peruanos podrían organizar eventos regulares de intercambio de experiencias de Desarrollo Compartido, y visitas in situ, para acortar la curva de aprendizaje, avanzar en la escala y propagar más rápido los buenos resultados.

Prácticas empresariales

En los últimos años (básicamente por exigencia de sus matrices) las empresas mineras han mejorado los estándares de sus prácticas operativas, ambientales y sociales, así como la transparencia de sus reportes en Responsabilidad Social Corporativa,[7] en Gestión Ambiental (ISO 14.000),[8] y en Derechos Humanos.[9] Los resultados fueron positivos en sus países de origen: En la medida en que la opinión pública se ha ido informando de esos nuevos estándares, la legitimidad de las empresas ha mejorado.

Sin embargo, en el Perú estos estándares y reportes son poco conocidos y menos entendidos. Además, los periodistas y la opinión pública nacional no tienen como chequear si estos estándares son efectivamente cumplidos en Perú. La población no sabe si las empresas mineras con certificación ambiental internacional están o no están contaminando en el Perú. Ese desconocimiento deja espacios para la propagación del temor y para que grupos contrarios a la minería lancen campañas de rumores contra las empresas, y haciendo difícil a las empresas corregir esos rumores.[10]

Acciones constructivas:

1. Referencia creíble: Los gremios podrían establecer revisiones periódicas de las prácticas de las empresas, para verificar el cumplimiento en el Perú de los estándares globales en los temas operacionales, ambientales y sociales. Los indicadores considerados en esos estándares deberían ser adaptados localmente de modo a responder a la geografía local y a las preocupaciones de la población peruana, especialmente en las zonas mineras. Esas revisiones periódicas deberían identificar los aspectos en los que las empresas necesitan mejorar, y verificar si los problemas anteriores están siendo corregidos.
   La calidad técnica de esas revisiones es un prerrequisito, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente la publicación de algún boletín técnico con los reportes.
2. Conocimiento Público: El conocimiento y credibilidad ante la opinión púbica peruana es un factor crítico. Para lograr ese conocimiento y credibilidad en la opinión pública, la organización responsable de dicha auditoria deberá publicar los resultados estableciendo un sistema de categorías del grado de cumplimiento de las diversas empresas, y realizar reuniones periódicas con los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esos informes deben constituirse gradualmente en la referencia de la sociedad peruana sobre la calidad de las prácticas de las empresas mineras. Sus pareceres deben tener alta respetabilidad en todo sentido.
3. Reconocimiento a los mejores: Podría generarse un premio, tipo diploma en Responsabilidad Social, a las empresas que alcancen excelencia en sus prácticas operacionales, sociales y ambientales. Las ceremonias de premiación podrían constituirse en una plataforma para explicar a la población los avances que la minería está alcanzando en el país en esas tres áreas. 
4. Experiencia de Australia: En Australia ya se ha creado un sistema local de revisión de las prácticas de las empresas mineras, realizado por una organización independiente, como él que sugerimos aquí, y las conclusiones de un estudio de 2006 afirman que han sido muy positivas para el mejoramiento de sus prácticas operativas, ambientales y sociales de las empresas mineras, y para la legitimidad de la minería. [11]