Jaime de Althaus
Para Lampadia

La noche y el día. Al mismo tiempo que el Poder Judicial conseguía una ley que le permite a sus trabajadores excluirse de la ley de servicio civil, huyendo  vergonzantemente de toda meritocracia, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sorprendió, a quienes no perdemos las esperanzas en un Estado profesional y eficiente, con la noticia que es la primera entidad que podrá convocar concursos públicos para contratar personal bajo el Régimen de Servicio Civil, pues la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) le aprobó hace pocos días el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que es la tercera de las cuatro etapas en el tránsito al nuevo régimen del sector público. Al parecer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) también está muy avanzado en su proceso y podría estar listo para realizar concursos públicos en un futuro próximo.

La ONP optó por la ley de servicio civil, la meritocracia y una cultura de servicio

La transformación de la ONP podría ser un caso de estudio. En realidad, pudo llegar primero a la meta porque ya había comenzado un proceso interno de cambio tres años antes de iniciar su tránsito al régimen de la ley de servicio civil. Lo que ilustra claramente el hecho de que el paso a este régimen supone un cambio cultural y organizacional profundo, que no se puede dar si no hay compromiso y voluntad política clara. 

La ONP comenzó su proceso de cambio en el 2011. La situación era caótica. Había 126 mil solicitudes de pensión pendientes de solución. Es decir, ex trabajadores estatales que habían solicitado su pensión y que debían esperar años hasta que empezaran a recibirla, a veces hasta ¡15 años! En promedio, las solicitudes se resolvían en 262 días. Como podemos ver en el siguiente gráfico, ese tiempo llegó a reducirse a 18 días, aunque el 2017 volvió a subir debido a que la institución pasó a la digitalización total de los procesos –cero papel-, con problemas de ajustes de funcionamiento.

Por supuesto, no se conocía el historial de los aportes de los pensionistas, y el 11% del presupuesto se iba en pago de pensiones devengadas e intereses legales. La cultura institucional no era una de servicio al usuario ni de resolver problemas, sino de papeleos, pasividad e inercia burocrática.

Cambio cultural

Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, y Carlos Puga, gerente general, decidieron entonces emprender un proceso de cambio cultural al mismo tiempo que se montaban una oficina de ingeniería de procesos. Ambas intervenciones jugarían en pared.  

Arrieta explica que la conversión hacia una cultura de servicio y eficiencia implicaba cambiar cinco paradigmas:

1. “No hacemos trámites, producimos servicios”: lo que importa no es el papeleo, los requisitos, los formularios, las constancias, sino servir al usuario. La ONP estaba llena de abogados que exigían gran cantidad de requisitos formales. La idea fue buscar resultados más allá de los formalismos.

2. El modelo de negocio estaba centrado en el otorgamiento de pensiones sin tener sistematizados los aportes, es decir, sin conocer el historial de aportes del pensionista. De allí las demoras. Se buscó centrar el modelo en la gestión de los aportes, para que cuando un trabajador se jubile, se le otorgue la pensión de manera inmediata. Para ello se reconstruyó la historia de los aportes de cada trabajador, para lo cual se tuvo que contratar a un ejército de verificadores. En la actualidad la mayor parte de los trabajadores tiene su cuenta individual de aportes. En teoría –señala Arrieta- la ONP podría convertirse ya en una AFP estatal, con un sistema de capitalización individual.

3. Derivado del anterior: salir de modelo de gestión del stock de pendientes para pasar a una operación en tiempo real.

4. Pasar de una visión analógica y a una digital. Se recibía papeles, formularios, pero ese material no se convertía en información porque no se procesaba. Ahora se imagina las cosas, lo que se pide, digitalmente.

5. Salir de un clima de sobrevivencia e inercia burocrática hacia uno de responsabilidad.

El cambio se logró. El personal tiene hoy otra actitud. Según Arrieta, fue más fácil de lo que inicialmente pensaron, lo que demuestra que con un liderazgo convencido todo es posible. De todos modos, demandó un gran esfuerzo de comunicación, por medio de charlas y talleres principalmente. El mismo dictó unas 50 charlas, y se apoyaron en facilitadores y en expertos en calidad de servicio. “También ayudó mucho la intranet, que la construimos como una red social”, explica.

Para manejar el cambio cultural se creó una oficina de relaciones institucionales de buen nivel. También se organizó una oficina de recursos humanos altamente especializada. 20 sicólogos capacitaban en habilidades blandas a empleados que atendían directamente a los jubilados. Antes de eso, ser enviado al front desk era percibido por el personal como una rebaja de nivel. Se estableció que quien quisiera atender en la recepción a los jubilados recibiría una capacitación. Y se presentaron ya no “20 resentidos sino 80 voluntarios”. Se hizo un gran esfuerzo motivador.

Los resultados se pueden apreciar el siguiente gráfico, suficientemente elocuente:

Reingeniería

Esos niveles de satisfacción se dieron también, por supuesto, gracias a la reingeniería de procesos que se hizo, para lo cual se montó una oficina ingeniería de procesos. Se descubrió, por ejemplo, que cada expediente circulaba por el sistema cinco veces antes de ser resuelto. Es decir, ¡daba la vuelta cinco veces! Al cortar la circulación a una sola vez, y al disminuir, además, los pasos, se ahorró una gran cantidad de dinero y de tiempo. Las pensiones de viudez ya no se deciden y entregan en tres meses sino en menos de una hora. En general, ya prácticamente no hay stock de solicitudes pendientes. Los casos se resuelven en el mes. Este año se introdujo el expediente electrónico, que significa que todo se mueve en digital, cero papeles. Y dado que eso todavía está en etapa de ajustes, se ha incrementado nuevamente el tiempo de respuesta, como vimos más arriba.

Pues bien, cuando el 2014 la ONP comenzó su proceso de tránsito a la ley del régimen de servicio civil, ya tenía algunas de las tareas avanzadas. Se había hecho un “análisis de perfomance” para saber cuáles eran los puntos débiles (tiempo en dar las pensiones, devengados), y qué había que mejorar, y se había avanzado en la mejora de procesos, tal como hemos visto. El tránsito al régimen de la ley servir exige un mapeo de puestos y también un mapeo de procesos, para luego proponer procesos más eficientes y un nuevo mapa de puestos y posiciones correspondiente, y se identifica los perfiles de esos puestos y posiciones. Finalmente se convoca a concurso para cubrirlos.  

Los concursos

Es esta última etapa, la de los concursos, a la que se apresta a ingresar la ONP. Estos concursos están abiertos a todo el sector público. De hecho, ya fue designado dentro del nuevo régimen el único cargo de confianza (no requiere concurso): el gerente general. Su sueldo era de 15 mil soles y en el nuevo régimen parará a percibir 25 mil. La idea del tránsito a este régimen es justamente subir las remuneraciones de los cargos directivos y profesionales -muy mal pagados en el sector público desde que Alan García decidió rebajar los sueldos de los altos directivos-, a fin de poder competir con el sector privado en la captación de talento. 

Luego, en marzo, se abrirá el concurso para los 12 gerentes, que también tendrán una remuneración mayor, ya aprobada por el MEF. Luego de eso se hará el concurso para los sub gerentes. El proceso durará en total tres años para llegar hasta incluir todos los cargos de la organización, tales como secretarias, asistentes o conserjes.

Definiciones y voluntad política

Arrieta, sin embargo, advierte un problema: no está claro que el tránsito a la nueva ley sea opcional para el trabajador. ¿Qué pasa con los que no concursan, o con los que, concursando, no alcanzan el puesto? Lo que no podría ocurrir es que permanezcan en la institución en un limbo, sin hacer nada, como excedentes, pero percibiendo una remuneración y restando recursos a la institución. Es algo que tiene que tener una respuesta.

Otro asunto es que el proceso, para llegar hasta la etapa de los concursos, le ha tomado a la ONP tres años, pese a que ya había hecho parte importante de la tarea antes de comenzar. Arrieta sostiene que fueron conejillo de indias de Servir y del MEF, pero que ayudaron a aclarar y mejorar los procedimientos de modo que para otras entidades el tiempo debería ser más corto. Pero para que funcione requiere el compromiso y el liderazgo del jefe de la entidad, lo que a su vez requiere de la máxima decisión política del gobierno, del presidente del Consejo de Ministros. Que es algo que no ha ocurrido, lamentablemente, en este gobierno. Y que tiene que ocurrir si queremos que esta reforma, tan importante para profesionalizar el Estado y hacerlo eficiente, se ejecute. Es la madre de la gran reforma del Estado. 

Anexo: el proceso de la ONP

El tránsito al nuevo régimen permitirá a la ONP sincerar su planilla en forma progresiva, incorporando a trabajadores CAP y CAS a una línea de carrera formal en condiciones de igualdad de derechos y equidad remunerativa.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

Lamentablemente, en el Perú, muchas veces hacemos las cosas a medias, y luego, en vez de arreglarlas, las terminamos de malograr. Este es justamente, el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

• Se hizo a medias, porque se mantuvo un sistema estatal de reparto que estafó a miles de peruanos con topes bajos de pensiones, la pérdida de los aportes de los que acumularon menos de 20 años de cotizaciones, y con bajos rendimientos de las inversiones del operador estatal, la ONP, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Se hizo a medias, porque, tanto el SPP como el SNP, se basaban en aportes de las planillas de los trabajadores, o sea, solo cubrían a los trabajadores formales, dejando fuera al 75% de los trabajadores.

• Se terminó de malograr, porque en vez de unificar los sistemas hacia uno basado en cuentas individuales sin pérdidas de aportes por menos de 20 años, se atacó políticamente al sistema privado, no se fijó una pensión mínima en el SPP, y se atrajo más trabajadores al SNP, para estafar a más peruanos.
• Se terminó de malograr, porque no se enfrentó la mayor deficiencia de ambos sistemas, la falta de cobertura de los trabajadores independientes. Teniendo como hacerlo, llevando la fuente de los aportes de la renta de las planillas de los trabajadores, a canjes parciales de pagos de IGV, para todos los trabajadores. Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV.
• Se terminó de malograr, porque el Estado dio el mal ejemplo de no abonar las retenciones de sus trabajadores a sus cuentas pensionarias individuales y de reparto.
• Se terminó de malograr, porque al no haber incluido en un sistema previsional a todos los trabajadores, se creó el espacio político para que los políticos populistas buscaran réditos políticos desprestigiando el SPP, y, finalmente, desbaratándolo, al permitir el retiro del 95.5% de los fondos privados al alcanzarse la edad de jubilación.

La situación actual, determina un sistema insostenible fiscalmente, porque no solo se mantiene el déficit de la ONP en el SNP, también se tendrá que crear algún esquema de protección previsional, cuando se haga patente la pérdida de protección de los afiliados al SPP, luego de que se hayan agotado los fondos retirados bajo la norma del 95.5%.

Sin embargo, como estamos en el gobierno de los economistas (PPK, Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, Alfredo Thorne y Claudia Cooper), se esperaba el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que cubriera a todos los trabajadores, con pensiones basadas en aportes individuales.

Pero increíblemente, según trascendidos, el gobierno está por hacer público un esquema de pensiones vergonzoso, que adolece gravemente de los siguientes defectos:

• Ha sido diseñado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y se mantiene bajo siete llaves.
• El nuevo esquema se olvida, se zurra, en los independientes, que no están considerados en ninguna forma.
• Se estaría descartando definitivamente, la posibilidad de usar los canjes de pagos de IGV, que podrían cubrir al universo de trabajadores.
• Se le encargaría a la SUNAT, la recaudación de los aportes individuales, con una jugosa comisión de por medio.
• Se encargaría el manejo de todo el sistema a la ONP, el brazo estatal de pensiones, que antes de cuidar los aportes personales de los trabajadores, cubriría sus costos. Costos de un monopolio estatal, el peor de todos los monopolios, pues actuaría por la libre.
• Finalmente, los fondos individuales de los trabajadores, irían a operadores privados para que gestionen la inversión de los mismos.
• Esto implicaría que los fondos individuales pasen varios días entre la recaudación por parte de la SUNAT, hasta su inversión efectiva, a cargo de algún operador de inversiones.
• El rendimiento de las inversiones, regresaría a la ONP, ya sea para que se encomiende otra gestión de inversiones, o para pagar las pensiones a los afiliados. Más días de rentabilidad perdidas.
• Se supone que la selección de los gestores de las inversiones, se haría mediante licitaciones manejadas por la ONP.

¡Dios nos libre de que semejante elucubración se convierta en ley!

En Lampadia, llamaremos a este entuerto: el NEO-SPP.

NEO-SPP por: Sistema Patético de Pensiones.

Ver la operatividad del NEO-SPP en el siguiente gráfico:

Levantemos nuestras banderas, no podemos permitir que el gobierno disponga de la suerte de los fondos previsionales, de propiedad de cada afiliado, poniéndolos en manos de entidades gubernamentales, cuyos objetivos y compromisos están muy lejos de la necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, máxime, si al mismo tiempo se abandona a los independientes, a su propia suerte.

En el empeño de la reforma en ciernes, primero se estuvo coqueteando con la idea de un funcionario del BID, Santiago Levi, de usar los canjes de IGV, pero para aportes a un pozo colectivo que determinaba pasar a un sistema de reparto. Un esquema inspirado en una visión fiscalista más que previsional, y que lamentablemente, algunos economistas peruanos, confundieron con la propuesta de Lampadia, de mantener las cuentas individuales, la esencia de la gran reforma previsional de los años 90, que se extendió por el mundo como uno de los mejores aportes sociales y fiscales de los tiempos modernos.

Otra idea que anda compitiendo con lo expresado anteriormente, es la del llamado: ‘Matching’. Incentivar a los trabajadores a hacer aportes de doble impacto, pues el Estado aportaría otro tanto, doblando el aporte del trabajador. Una solución insuficiente para superar el gran reto del sistema pensionario, la afiliación de los independientes, quienes, ya sabemos, tienen una gran resistencia a disponer recursos hoy (así sea en menor proporción), para beneficios futuros.

El nuevo Sistema de Pensiones tiene que incluir a los independientes, entre los que están los ciudadanos menos favorecidos. Su diseño debe basarse en ese objetivo. No podemos darles la espalda.

Lamentablemente, por lo visto hasta ahora, ni el gobierno, ni las AFPs, tan lejanas de sus afiliados por esa competencia de atributos patrimoniales, que capturó el enfoque publicitario del sistema durante muchos años, muestran la más mínima preocupación por servir y proteger a la gran mayoría de trabajadores peruanos, los independientes, la clase media emergente, ese pulmón social y económico de la nueva economía peruana.

El siguiente gráfico muestra el esquema propuesto por Lampadia, que se basa en aportes y pensiones individuales, originadas mediante canjes VOLUNTARIOS, de una fracción de los pagos por IGV, que hagan los ciudadanos mayores desde los 18 años de edad.

• Diez Soles aportados a los 18 años, generan un valor de S/. 240 a los 65 años, con un rendimiento promedio de 7% anual.

Como se aprecia en el gráfico, todos los trabajadores tendrían el incentivo de canjear sus pagos de IGV por aportes a sus cuentas de pensiones individuales. Cada trabajador elegiría su AFP, pudiendo cambiarla a su decisión. Las inversiones se harían bajo las regulaciones que el Estado vea convenientes, en los mercados peruanos y globales, produciendo las mejores pensiones posibles, incluyendo una pensión mínima, de ser el caso.

Entendemos que nuestras ideas, no son necesariamente las únicas buenas, lo que nos resistimos a entender, es que no se consideren cuando se buscan cambios para salir de perdedores; y que, en el Perú del siglo XXI, se siga decidiendo la suerte de los ciudadanos a puertas cerradas, entre gurús y gobernantes lejanos del sentir ciudadano. Lampadia

Todas los sistemas previsionales de reparto públicos, se basan en los ingresos de una generación futura, para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. Una suerte de esquema Ponzi, o pirámide del tipo de las grandes estafas como ‘Clae’.

Un esquema de Ponzi se define como “una estafa de inversión en la cual algunos primeros inversionistas son pagados con el dinero puesto por los posteriores inversionistas con el fin de alentar más y mayores riesgos”. El modelo es insostenible porque para mantenerse requiere un universo infinito de nuevos participantes.

En el caso de las pensiones de reparto, además de las tradicionales ineficiencias de los sistemas administrados por los estados, con la evolución de la demografía, en la que la tasa de reproducción ha bajado sensiblemente, no es posible evitar un déficit estructural de los modelos previsionales de reparto.

Por ello, los beneficios del sistema de aportes individuales a cuentas privadas, en las que cada trabajador construye la base de su propia jubilación, han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Esto no significa que no sea necesario hacer ajustes, como los que debería conllevar la mayor esperanza de vida.

Lamentablemente, cuando se enfrenta la necesidad de hacer ajustes, se corre el riesgo que los políticos desandados en cuanto a los beneficios de los ciudadanos, se vayan por la tangente.  Como en Chile, donde se hizo evidente que la mayor esperanza de vida requería más años de aportes, y el descalabro del modelo.

En el caso del Perú, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensinarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural.

Por ello, en Lampadia insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y UNIVERSALICEMOS LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL – ONP: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN. Lampadia 

Generaciones superpuestas

Pateandola lata por un camino sin fin

El resumen final de nuestra serie sobre grandes ideas económicas examina los costos (y beneficios) de pasar el proyecto de ley a la próxima generación

The Economist
31 de agosto, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

En la primavera de 1899, William Miller persuadió a tres miembros de su grupo de oración de Brooklyn a que invirtieran su dinero con él, prometiéndoles retornos sobrenaturales. Pagaría un dividendo del 10% por semana, más una comisión por cada nuevo inversionista que pudieran contratar. Pronto, William “520%” Miller estaba atrayendo a multitudes de depositantes a su puerta.Tan “grande fue el agolpamiento”, dicen por ahí, que su escalera finalmente se desplomó. Miller atribuyó su éxito a “información privilegiada”. Pero su método real lo hizo famoso 20 años más tarde el hombre que lo perfeccionó, Charles Ponzi.

Los esquemas Ponzi, como el de Miller, pagan un retorno a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de los posteriores. Cuando se quedan sin nuevas contribuciones, se derrumban. Un plan tan generoso como el de Miller no puede durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las promesas fueran menos extravagantes y los intervalos de reembolso menos estrictos? ¿Y si, por ejemplo, un plan pidiera dinero a los inversores en sus años más jóvenes a cambio de un pago en su vejez? Sobre esa escala del tiempo, un esquema de Ponzi no necesita limitar sus esfuerzos del reclutamiento a la gente viva cuando comienza. Puede reembolsar a los contribuyentes de hoy con dinero de futuros participantes que aún no han nacido. Y puesto que la próxima generación nunca es probable que sea la última, la cadena podría, en principio, continuar indefinidamente. Salvo una catástrofe, nacen nuevos posibles clientes cada día.

Esta lógica intergeneracional está detrás de las pensiones de “reparto” (PAYG, por sus siglas en inglés) comunes en muchos países. Las personas contribuyen al plan durante su vida laboral, y reciben un pago en la jubilación. Muchas personas imaginan que sus contribuciones se guardan o se invierten en su nombre, hasta que alcancen la edad de jubilación. Pero ese no es el caso. Las contribuciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. El dinero se transfiere entre generaciones, no a través del tiempo.

El Seguro Social de los Estados Unidos, por ejemplo, es en gran parte por reparto. Por esta razón, sus críticos a menudo lo comparan con un esquema Ponzi para desacreditarlo. Pero la comparación también puede funcionar de otra manera. Si el Seguro Social (un venerable derecho que ha ahorrado a millones de personas de la penuria) tiene algún parecido con un esquema de Ponzi, entonces tal vez los principios de Ponzi no siempre son tan diabólicos como su nombre lo sugiere.

En algunos casos, esos principios podrían redundar en beneficio de todos. Uno de esos escenarios fue bosquejado por Paul Samuelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1958. Su experimento de pensamiento es más fácil de entender cuando se da el ejemplode una isla (a lo largo de líneas sugeridas por Laurence Kotlikoff de la Universidad de Boston). La isla de esta parábola alberga árboles de cacao inusualmente altos, personas hambrientas y casi nada más. Sólo los jóvenes pueden trepar a los árboles y recoger la fruta, que se debe comer rápidamente antes de que se estropee en el sol. Y sólo dos generaciones (jóvenes y viejas) están vivas al mismo tiempo.

En esta isla, los ancianos no tienen forma de protegerse. Son físicamente incapaces de recoger fruta. No pueden comprar fruta de los jóvenes, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Tampoco pueden vivir de las vainas de cacao salvadas de su juventud, porque su reserva se habrá podrido cuando sean mayores. No hay activos duraderos, imperecederos que puedan servir como un vehículo para su ahorro.

La solución, por supuesto, es un esquema intergeneracional de Ponzi. Los jóvenes dan fruto a los viejos en el entendimiento de que la próxima generación hará lo mismo para ellos cuando crezcan frágiles. En efecto, los jóvenes prestan a sus padres y cobran el reembolso de sus hijos. Al hacerlo, sirven como un vínculo entre dos generaciones que no coexistirían de otro modo.

Las grandes mentes se superponen

El esquema funciona, señaló Samuelson, sólo porque “siempre están llegando nuevas generaciones”. Si la reproducción hubiese dejado de existir, la última generación no obtendría nada del esquema. Sabiendo esto, no pondrían nada. Pero su falta de contribución también privaría a la penúltima generación de un pago, no dejándoles ninguna razón para participar. Cualquier ruptura anticipada en la cadena provoca que todo se desacople. Si el esquema no puede terminar nunca, no puede incluso comenzar.

El trabajo de Samuelson fue seminal, pero no totalmente original. Un modelo similar fue descrito en 1947 por Maurice Allais, que entonces trabajaba en una oficina de estadísticas mineras en París, pero su contribución tuvo la “desgracia de ser escrita en francés”, como ha señalado un erudito. La ‘interminabilidad’ de estos modelos juega estragos con gran parte del sentido común económico. Los economistas saben que las limitaciones presupuestarias eventualmente se unen y que las cuentas deben ser resueltas al final del día. Pero, ¿y si el final nunca llega?

Tales parábolas pueden parecer demasiado artificiosas para ser iluminadoras. Seguramente los isleños se benefician de un esquema de Ponzi sólo porque la historia les niega arbitrariamente cualquier manera de ahorrar para su futuro. Si los jóvenes pudieran adquirir un activo duradero, podrían cuidar de sí mismos en su vejez vendiéndolo para las cosas que necesitan. En lugar de comer fruta de cacao, los isleños podían plantarla para cultivar un nuevo árbol, que luego podrían alquilar o vender a los jóvenes escaladores cuando se retiraran.

En la mayoría de los casos, este tipo de ahorro e inversión realmente sirve mucho mejor a la gente. La acumulación de capital amplía la capacidad productiva de la economía, creando así riqueza, a diferencia de los esquemas de Ponzi, que simplemente lo difunden. Ahorrar e invertir el valor de la tienda y añadir a ella, convirtiendo una fruta de cacao en un árbol entero. Por lo tanto, los jubilados pueden esperar obtener más de su inversión de lo que ponen inicialmente.

En algunos casos inusuales, sin embargo, otros factores pueden pesar en favor del esquema de Ponzi. En primer lugar, el ahorro y la inversión pueden producir rendimientos que disminuyen drásticamente. Si una sociedad está deseosa de transferir recursos al futuro, acumulará un gran stock de capital, lo que puede reducir el retorno de más inversiones. Pienseen un huerto con demasiados árboles, cada uno toando parte de la luz de otro y absorbiendo su suelo.

Una segunda consideración es la demografía. Una población creciente crea un esquema de pirámide natural. Cada cohorte de participantes recibirá el dinero aportado por una generación posterior, mayor. Por lo tanto, ellos también pueden sacar más provecho de lo que ponen. Las generaciones futuras también pueden estar mejor que sus predecesores. Pueden beneficiarse de fuentes de avances económicos (como la mejora de la tecnología), más allá de la simple acumulación de capital. Esta marcha del progreso debería permitir que un esquema de Ponzi pague un retorno positivo a los inversionistas incluso si el esquema toma solamente un porcentaje constante de los ingresos de cada generación. Gracias al crecimiento económico, el 10% recaudado de los ingresos de los jóvenes de hoy valdrá más que el 10% recaudado en el pasado de la generación más pobre de sus padres.

Para hacer las cosas concretas, supongamos que la población de un país crece un 1% al año y los ingresos por persona crecen un 4%. En este caso, un esquema Ponzi puede ofrecer un rendimiento anual de aproximadamente 5% indefinidamente, simplemente tomando una proporción constante de los ingresos de cada generación. Si la economía ya tiene un gran stock de capital, el rendimiento del ahorro y la inversión podría ser menor que eso, especialmente teniendo en cuenta el riesgo involucrado. Tal economía sufriría lo que los economistas llaman “ineficiencia dinámica”. En estas circunstancias, un esquema intergeneracional de Ponzi puede ser sostenible y deseable.

Una pensión de reparto es sólo el ejemplo más obvio de tal esquema. La deuda del gobierno puede desempeñar un papel similar (una posibilidad que entretenía Peter Diamond del MIT en un artículo de 1965 sobre las ideas de Samuelson). Si el gobierno no quiere extraer contribuciones de la seguridad social de los jóvenes, puede vender bonos a largo plazo. Cuando estos bonos maduran, el gobierno puede pagarlos vendiendo una nueva ronda de bonos a la siguiente generación, más rica.

Una tercera forma más anárquica de transferir recursos de los jóvenes a los viejos es una burbuja especulativa. En una burbuja, la gente paga sobre las probabilidades de un activo, como una casa, en la creencia de que los inversores posteriores pagarán un precio más alto todavía. El sobrepago equivale a una contribución a un esquema de Ponzi, reembolsado no por las ganancias del activo subyacente, sino por sobrepagos de inversores posteriores. Si cada generación es colectivamente más rica que la anterior, entonces el precio del activo puede seguir aumentando incluso si cada comprador absorbe sólo el mismo porcentaje de sus ingresos (ascendentes).

La teoría del joven-tonto

Todos estos mecanismos tienen efectos secundarios. La deuda del gobierno puede eliminar la inversión productiva. Las burbujas pueden hacer lo mismo. Pero en una economía que sufre de ineficiencia dinámica, este desplazamiento es algo bueno. Esta economía ha acumulado demasiado capital. Requiere grandes inversiones para mantener este gran stock de maquinaria, equipos, edificios e infraestructuras en línea con la economía. Los jóvenes se sienten tentados a añadir aún más capital en un esfuerzo por transferir recursos a su futuro, los seres viejos. Sin embargo, debido a que los rendimientos son tan bajos, es más eficiente para ellos transferir recursos directamente a las personas de edad avanzada (contribuyendo a la seguridad social, comprando bonos del gobierno o pagando demasiado por los activos de los ancianos), entendiendo que los jóvenes de mañana harán lo mismo para ellos.

Bajo ciertas condiciones, entonces, los principios de Ponzi son eficientes y no son maléficos. Pero, ¿se encuentran esas condiciones en el mundo real? Una manera de buscarlos es comparar las tasas de interés (que representan la rentabilidad del capital) y las tasas de crecimiento del PBI (que reflejan tanto el crecimiento de la población como el aumento del ingreso por persona). Una prueba alternativa, más rígida (que funciona bien bajo ciertas suposiciones) es comparar la inversión y los beneficios. Si la inversión nacional es mayor que las ganancias, un país está arando más en su capital que lo que gana. Es como si los isleños estuvieran replantando toda la fruta que recolectan de los árboles adicionales que han cultivado (menos cualquier fruta que necesiten para compensarse por su trabajo) además de unos cuantos más. Los esfuerzos de la economía para ahorrar e invertir para el futuro están sobrecargando las herramientas disponibles para ahorrar.

Los economistas solían confiar en que la mayoría de las economías estaban en el lado correcto de esta prueba, ganando mucho más en ingresos de lo que invirtieron. La investigación reciente es menos definitiva. François Geerolf de la Universidad de California en Los Ángeles cree que Japón sufre de ineficiencia dinámica. Y no puede descartar la posibilidad de que todos los países del G7 (y otros nueve) sufren de manera similar. Si es así, las implicaciones son provocativas. Ellos asumen que la deuda pública del G7 está absorbiendo dinero que de otro modo se gastaría en aumentar aún más el stock de capital sobrecargado. En la medida en que los ingresos de este préstamo del gobierno se destinan a la atención médica y pensiones, los ancianos se benefician de manera desproporcionada. Tal vez, entonces, la deuda pública del G7 está desviando esfuerzos infructuosos para proveer para el futuro en proveer para los ancianos en su lugar.

Varios estudiosos, entre ellos Qian Liangxin de la Universidad de Anhui, también señalan que China a menudo se dedica más a su capital que lo que gana. En la etapa de desarrollo de China, esto no puede ser algo malo, porque la relación capital-intensidad de la economía está todavía en flujo. Pero la combinación de crecimiento rápido y retornos reprimidos sobre el ahorro puede ayudar a explicar por qué China es tan propensa a las burbujas especulativas, especialmente en la propiedad. Los chinos en edad de trabajar pagan en exceso por casas, muchas de las cuales están vacías, suponiendo que las venderán a precios más altos, no a un mayor tonto necesariamente, sino a uno más joven, más rico.

El esquema proto-ponzi de William Miller duró menos de un año. Sus bancos (incluyendo el Hide and Leather National Bank of Nueva York) cerraron sus cuentas y los periódicos lo persiguieron. Él huyó a Canadá antes de que la policía lo alcanzara. Pero nunca se le acabaron los inversionistas. Aun cuando escapaba del país, muchos sobres dirigidos a su sindicato se amontonaban en la oficina de correos, llenos de contribuciones de la siguiente generación de creyentes. Lampadia

Presentación de Pablo Bustamante Pardo, Director de Lampadia, en el evento: “Hacia un Sistema de Pensiones Inclusivo”, organizado por la y UPC, el lunes pasado.

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos:

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA.  

Una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP. Veamos:

Propuesta para el canje de IGV por aportes individuales

En enero del 2014 Lampadia propuso usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
• Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados. También será necesario ver como se establece una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes complementarios del Estado, adicionales a lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

Lamentablemente, esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. El gobierno de PPK tampoco se allanó a analizar la propuesta. Ver en Lampadia: Agarremos el toro por las astas – Sobre formalización, pensiones e IGV. (Julio, 2016).

Pero, además de la gran exclusión, se generó una dolorosa discriminación con quienes se propició se mantuvieran en un sistema contributivo de reparto estatal, el SNP, que los castigó con una serie de maleficios. Veamos:

Uno de los castigos más importantes a los afiliados de la ONP es el requerimiento de mantener aportes de más de 20 años para poder recibir una pensión, que como veremos más adelante, afecta a muchos trabajadores.

Desde un punto de vista social y económico, el SNP, es cada vez más insostenible, pues con el aumento de la esperanza de vida de nuestra población, habría que cubrir pensiones durante más años, con un sistema que ya arrastra un importante déficit de financiamiento. Ello determina que un país pobre como el Perú, con mil necesidades insatisfechas, con brechas económicas y sociales que no alcanzamos a cubrir (en educación, salud, e infraestructuras, entre otras), tenga que dedicar recursos fiscales crecientes para sustentar el pago de pensiones. Algo que, de no corregirse, incapacitará al Estado para solventar sus necesidades y determinará continuos retrasos en los ajustes de los montos de pensiones, o, en otras palabras, menores pensiones.

Otro castigo del sistema de reparto del Estado, es que genera menor rentabilidad con los aportes de sus afiliados, en comparación con la que obtiene el SPP, que duplica el rendimiento de sus inversiones.

A julio del presente año, las pensiones de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia que ofrece el sistema privado son también, claramente mejores de las que aporta el sistema estatal.

Como indicamos líneas arriba, si un afiliado al sistema estatal no acumula 20 años de aportes, no solo se queda sin pensión, además, pierde todos los fondos que haya aportado. No se le devuelve ni un Sol. Según el IPE, dos tercios de los afiliados a la ONP, no recibirán pensiones y perderán todo lo aportado. Algo abusivo e inaceptable, que se sigue fomentando, al promover las afiliaciones al SNP de la ONP.

Pero, por otro lado, la situación actual, de debilidad de la imagen del SPP, de pensiones, no es gratuita. En ello han confluido varios elementos: 

• Falta de cobertura

75% de la PEA, los trabajadores que no son parte de la formalidad, están excluidos de ambos sistemas pensionarios, y eso determina una falla estructural.

Como se explica líneas arriba, una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.

• La publicidad de las AFPs y su relacionamiento con los afiliados

Es muy lamentable que los operadores del sistema, hayan privilegiado una competencia de atributos patrimoniales, accionarios, y hasta inmobiliarios, antes que difundir los beneficios del sistema de capitalización individual.

• Falta de transparencia

No se logró tangibilizar y hacer más cercano a los afiliados, el SPP.

• Políticos irresponsables

Lamentablemente, las debilidades y falencias del sistema, como la insuficiente cobertura, fueron aprovechadas por políticos irresponsables, que se permitieron jugar partidos de conveniencia política individuales de corto plazo, a costa de los beneficios de largo plazo del conjunto de la sociedad.

La aprobación del retiro del 95.5%, contó con la anuencia de Keiko Fujimori, por un cálculo político muy equivocado. Así mismo, más allá de los impulsores de la norma, retratados en la imagen anterior, debe singularizarse la vergonzosa actuación del entonces presidente del Congreso de la República,  Luis Iberico, que promulgó la ley por insistencia, sin haber buscado previamente, espacios serios de debate.  

Pero, el puntillazo al SPP fue la absurda norma promulgada durante el gobierno del nacionalismo, que permite que los pensionistas de SPP, al cumplir 65 años, puedan retirar hasta el 95.5% de su fondo individual. Algo, que tal como se advirtió, dejará sin acceso a pensiones a la gran mayoría de afiliados del sistema, pues, como ya se ha comprobado desde la incepción de la ley, los fondos que se retiran (por la gran mayoría de afiliados), no se reservan para sustentos pensionarios.

Factualmente, se puede afirmar, que, con esta medida, el 75% de los peruanos no está cubierto por los sistemas pensionarios (SPP y SNP), y los afiliados al SPP, en más de 90%, tampoco tendrán pensiones. Esto genera una tremenda amenaza para la salud fiscal del Estado, pues, ante la carencia de pensiones y el consiguiente drama social que se generaría, el Estado se verá, eventualmente, compelido a universalizar algún sistema, como Pensión 65, a todos los peruanos. Algo inmanejable desde el punto de vista fiscal, y que condenaría a los peruanos a tener pensiones miserables.

Los argumentos de los políticos populistas que forzaron el tema del 95.5%, se caen por su inconsistencia. Ver en Lampadia: La reforma de las pensiones. Uno muy llamativo es el caso de los jubilados viudos en Japón, que prefieren ir a la cárcel, que vivir con sus pensiones de reparto. Ver: Ancianos japoneses prefieren la cárcel a pobres pensiones.

En resumen:

• El SNP es una suerte de estafa a los peruanos que se ha propiciado, se mantengan en el sistema de reparto estatal, y se debe propiciar su traslado al SPP.
• El SPP debe ser reparado de inmediato para corregir los perniciosos impactos del retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad.
• Debe desecharse el absurdo (y secreto) proyecto del gobierno de PPK, basado en la creación de un monopolio estatal para manejar buena parte del sistema de pensiones.
• El SPP debe ser universalizado, cambiando la base de contribuciones de todos los ciudadanos, a un mecanismo de canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.  

Lampadia

Estos tres temas, la formalización del empleo, las pensiones de jubilación y el manejo futuro del IGV han terminado, curiosamente, en una intersección que puede ser una ayudadita del Ángel de la Guarda, después de tanto mamarracho que hemos hecho, por separado, con los tres temas.

La informalidad laboral es una trampa de la que aún no logramos salir. Esta se originó desde las primeras migraciones de la sierra a Lima, hasta la formación de la nueva clase media con la emergencia de nuestra incipiente economía de mercado. Una clara expresión de resiliencia social que permitió, de alguna manera, convertir la tragedia del abandono y el desempleo en una bullente propagación del emprendedurismo. Ver: La fuerza del migrante: emprendimiento y libre mercado.

En cuanto a las pensiones hemos producido una suerte de ‘suicidio social previsional’ al haber desbaratado el Sistema Privado de Pensiones con las normas que permiten el retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad y, con el retiro optativo del 25% del mismo para el financiamiento de vivienda. Ambas medidas se sacaron apuradamente en uno de los peores Congresos de nuestra historia (sino el peor a secas). Toda la sociedad fue manipulada o acobardada por unos cuantos activistas que ante el vacío de buena parte de la clase dirigente, llenaron los titulares de los periódicos y las preguntas de las encuestas de opinión.

En este tema se llegó al colmo de tener a un diretor de maestría en economía de una importante universidad, haciendo una campaña mediática para promover la absurda legislación. El mismo afirmaba que la gente que retirara su dinero, lo iba a cuidar para mantener el sustento en la vejez. 

Sintomáticamente, en Lampadia publicamos un informe sobre como los jubilados de uno de los países más ricos del mundo, Japón, robaban en las tiendas de departamentos para ser arrestados, pues vivían mejor en la cárcel por la calidad de la comida, alojamiento y cuidado de la salud, en comparación con lo que podían lograr con sus pensiones.

En el resto del sistema pensionario, la ONP, que paga pensiones de miseria apropiándose de los aportes de un 65% de sus afiliados que no llegan a acumular 20 años de aportaciones. Un sistema quebrado, que representa un forado de la caja fiscal que nos acompañará muchos años. Finalmente, tenemos también Pensión 65, un programa social del gobierno de Humala, basado en la filosofía del fracasado asistencialismo de Chávez en Venezuela y Lula en Brasil.

Por el lado del IGV tenemos la propuesta del gobierno de PPK para reducirlo el IGV hasta en tres puntos. Su aplicación sería paulatina, empezando con un 1% y graduándose según la respuesta fiscal.

¿Cuál es la intersección? ¿Cómo conectamos los tres temas?

Usando parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.

Esta idea fue propuesta por Lampadia en enero del 2014, ver El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo. Esta es diferente a la de Santiago Levi del BID que concibió que los aportes fueran a un pozo común para pensiones de reparto.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
• Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados. 

También será necesario ver como se establece un objetivo de pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

Esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. En Lampadia hemos defendido el sistema privado y no a las AFPs.

A diefrencia de las AFPs, nuestra propuesta ha sido recogida por importantes analistas económicos y políticos independientes como:

• Elmer Cuba^[1]
• Eduardo Ferreyros^[2]
• Pablo Secada^[3] (confundiendo la propuesta con la de Levi) 
• Farik Matuk^[4]
• Luis Galarreta^[5]

Con el mayor de los respetos, invocamos al gobierno del Partido de Peruanos por el Kambio y a su futuro Ministro de Economía, Alfredo Thorne, a convocar un debate técnico sobre estos tres temas antes de proceder a ejecutar decisiones parciales que puedan debilitar la eventual acción conjunta sobre los mismos. Esperamos, de igual manera, que la bancada de Fuerza Popular se sume a este debate.

Nuestra propuesta puede sonar disruptiva para algunos, pero no debemos olvidar que muchas veces los problemas que no tienen solución, como la persistente informalidad, la falta de acceso a un sistema de pensiones de los trabajadores independientes y, el alto nivel de evasión del IGV, solo pueden enfrentarse ‘saliendo del cuadrado’.

Por el lado de Lampadia hemos tenido que multiplicar nuestra publicaciones sobre el tema, para compartir nuestras ideas y también para llenar el vacío que debió ser llenado por gremios empresariales, analistas, académicos y en general, líderes de opinión, que prefirieron pasar al lado de los observadores. Ver nuestras publicaciones:

¿Quieres que tu papá tenga una pensión?

Ancianos japoneses prefieren la cárcel a pobres pensiones

Legisladores parecer ir más allá de la razón

AFPs: La voz del gremio

Un debate técnico sobre el futuro de las pensiones

¡Juguemos a la Ronda! Todos a Pensión 65

Futuro de los jubilados en la picota

Réquiem por las pensiones decentes y seguras

En el país de los mitos, los falsarios son reyes

Una pensión para todos como se debe

Propuestas para mejorar el sistema

Cuidado, no destruyamos las AFP, mejoremos el Sistema

Enfoquemos adecuadamente el debate 

Lampadia

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[1] Gestión, 12 de mayo de 2016

[2] Perú21, 15 de marzo de 2016

[3] Entrevistas con Jaime de Althaus

[4] La República, 30 de junio de 2016

[5] La República, 17 de noviembre de 2015

Continuando con las destructoras ‘reformas’ del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el miércoles pasado la Comisión de Economía del Congreso aprobó, sin análisis y sin debate, al carpetazo, el proyecto de Ley 30425 que permite que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar el 25% de sus fondos para la compra de su primera vivienda.

Esto parecería una medida destinada a favorecer al sector inmobiliario que termina prácticamente de aniquilar la protección previsional en el país. Hoy en día existe una oferta de 16 mil departamentos en Lima pero solo se venden 700 al mes, cifra que podría aumentar si las personas pueden cubrir la cuota inicial con parte de su fondo previsional. El requisito para esto es simple: el afiliado tendría que tener como mínimo S/. 50 mil acumulados en su fondo para poder usar el 25% como cuota inicial, explica Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se ha apurado a comentar la norma sin pudor alguno.

Además, se aprobó otro proyecto de ley que indica que el 4.5 % de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados a las AFP sea derivado a EsSalud si es que los afiliados deciden retirar hasta el 95.5 % de sus fondos. Otra medida apurada y contraproducente que toman los congresistas sobre dinero ajeno. El esquema anterior establecía que el 4% de las pensiones fueran a EsSalud para solventar el seguro de salud. La situación de esta institución es tan grave que ha suspendido la afiliación de independientes por falta de fondos. 

Con todas estas nuevas medidas se terminará eliminando el SPP, como se advirtió con la primera norma. En un Editorial de Lampadia, explicamos porqué es que estas reformas implican la muerte del sistema privado de pensiones. Tres razones fundamentales:

1. Primero, porque la esencia del sistema es lograr pensiones decentes y seguras para los peruanos y, si ya no habrán pensiones, al retirarse los fondos, no hace ningún sentido mantener el ahorro forzoso.
2. Segundo, porque al no haber fondos de largo plazo, basados en las pensiones que tienen ese mismo horizonte, los fondos privados ya no podrán utilizarse en algunas inversiones de largo plazo, como las referidas a las inversiones en infraestructuras, tan importante para todos los peruanos.
3. Tercero, porque con este eventual dispositivo, terminaremos recreando un sistema de reparto en el cual los trabajadores peruanos tendrán las mismas pensiones miserables e injustas del sistema público de la ONP.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo y su reforma no puede tomarse a la ligera. Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable.

Para empezar el SPP, no exige aportes de 20 años para efectivizar las pensiones, todos los montos aportados los recibe el afiliado junto con su respectivo interés. La protección individual para alguien que entre al sistema de joven y se mantenga en él durante su vida laboral, que es muy importante. Además, el SPP genera otros beneficios como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

En Lampadia publicamos, según cálculos de la Asociación de AFPs, una simulación de la posible pensión de alguien que durante toda su vida gane solo el salario mínimo vital (anterior) de S/. 750.00 constantes, a lo largo de 40 años, que debería ser el período normal de trabajo. El resultado muestra que con un aporte constante de S/. 750.00 se puede obtener una pensión de S/. 1,371. Ver en Lampadia: El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es para los pobres.

Si se deja que se consolide el sistema y ampliamos su cobertura, podríamos ofrecer un gran beneficio a las familias peruanas. Solo un acto de máxima irresponsabilidad podría desaparecer el SPP, habiendo mejores alternativas.

Actualmente, el mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como estaba establecido.

Con esto en mente, en Lampadia planteamos la posibilidad de canjear parte del IGV gastado por cada trabajador por aportes a su fondo individual de pensiones, a diferencia de la propuesta de Levi (BID) que lo plantea como aporte a un pozo común para un sistema de reparto tradicional. La idea es IGV por aportes individuales. (Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo). Este mecanismo combatiría la informalidad al poseer fuertes incentivos para la formalización, al mismo tiempo que estimularía una mayor recaudación; así, el Estado solo “devolvería” una porción del IGV en cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en el SPP.

El daño hecho al país con los recientes cambios al SPP, son, como se verá con toda nitidez más adelante, sumamente graves. 

Es importante que los ciudadanos tengamos claramente identificados a los responsables de semejante barbaridad. En este caso encabezan la lista los congresistas Delgado, Lezcano y García, a quienes hay que sumar al Presidente del Congreso, Luis Iberico, que conociendo las consecuencias de estas normas, no ha tenido la capacidad política para orientar mejor los debates e incorporar a los ciudadanos en sus ponderaciones.

Tal vez el argumento más claro que hemos presentado en Lampadia para tratar de evitar esta situación es aquel con el que planteamos que a quién se debía preguntar sobre el SPP era a los hijos de los pensionistas, que en un país sin pensiones, tendrán que apuntalar las condiciones de vida de sus padres. Ver: ¿Quieres que tu papá tenga una pensión?. 

Las reformas aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso son ejemplo de una lucha de intereses ajenos al mejoramiento del sistema y más bien una manipulación populista y cortoplacista que debe ser reprochada. Pensemos en nuestro futuro antes de tomar tales decisiones. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la entrevista de la revista Caretas al presidente del gremio que agrupa a las AFP. Lo hacemos por tres razones:

• Es indispensable iniciar, cuanto antes, un debate serio sobre el discutido proyecto del Congreso que permitiría el retiro del 95.5% de los fondos previsionales a la edad de 65 años de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
• La entrevista a Valdivieso suple de alguna manera la ausencia de información pública por parte de los administradores del SPP y de las empresas vinculadas a las pensiones, como las compañías de seguros, que iluminen el criterio de los ciudadanos.
• Esperamos fomentar la reacción de la clase dirigente del país, que, en un tema tan importante y de tantos eventuales impactos, hace mutis en el foro. Más allá de algunos académicos enemigos del SPP, que han hecho inconcebibles campañas mediáticas, como es el caso de Juan Mendoza,  director de la maestría en economía de la Universidad del Pacífico, hemos constatado un gran vacío de opinión, incluyendo la Confiep.

En Lampadia consideramos que esta norma es muy dañina en términos sociales, económicos e institucionales. Así lo hemos manifestado en nuestras publicaciones al respecto. Ver en Lampadia:

Un debate técnico sobre el futuro de las pensiones,

Futuro de los jubilados en la picota, 

Réquiem por las pensiones decentes y seguras

Además hemos propuesto una medida estructural que permitiría enfrentar la mayor deficiencia actual del SPP, su escasa cobertura, pues no se ha logrado incorporar a los trabajadores independientes. Ver: Propuestas para mejorar el sistema. 

Como un elemento de ilustración sobre los beneficios del sistema para los trabajadores más pobres, hemos solicitado a los administradores del mismo, las siguientes simulaciones del nivel posible de pensiones para alguien que solo tenga ingresos basados en el salario mínimo vital. Veamos:

Como se puede ver en el gráfico superior, un trabajador que reciba el salario mínimo vital de S/. 750 constantes y que aporta durante 40 años, podría recibir una pensión equivalente al doble de su salario de S/. 1,371 a valor constante.

Si se deja que se consolide el sistema y ampliamos su cobertura, podríamos ofrecer un gran beneficio a las familias peruanas. Solo un acto de máxima irresponsabilidad podría desaparecer el SPP sin una mejor alternativa.

Reiteramos nuestro pedido para que el Congreso de la República convoque un gran debate nacional, previos informes técnicos de los mejores especialistas que se puedan convocar.

Veamos las ideas de Valdivieso:

Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs habla sobre la polémica ley de libre disponibilidad de los fondos de pensiones.

Entrevista a Luis Valdivieso, presidente d la Asociación de AFPs
Caretas, 28 de enero 2016
Glosado por Lampadia

¿Cuáles son las principales implicancias de la nueva ley que plantea la liberación de fondos de las AFP para mayores de 65 años?

El proyecto del Congreso que ha sido observado. Tal cual fue elaborado, implicaría en la práctica la desaparición de las pensiones en el país. El fin previsional de los ahorros, que es una pensión, se desvirtuaría. Quienes impulsaron la aprobación de esta ley han adelantado que posteriormente se propondría la liberación de los fondos de la ONP. La pregunta es cuál es su verdadera motivación.

¿Qué consecuencias traería la aprobación de dicha ley para el fondo de pensiones?

La principal consecuencia es la desaparición de las pensiones como las conocemos. El liberar el 95.5% de los fondos de los afiliados al llegar a los 65 años haría que los mismos asuman cada uno el riesgo de longevidad, que se deriva de agotar sus propios recursos para financiar el retiro y quede sin pensión. Ello es muy peligroso y atenta contra el concepto de seguridad social consagrado en la Constitución y en Tratados Internacionales.

¿Por qué cree usted que la ley fue observada por el Ejecutivo?

La observación del Ejecutivo se centra en tres posibles conflictos con la Ley de Presupuesto, la Constitución y los Acuerdos y Buenas Prácticas Internacionales sobre Sistemas Previsionales, así como Tratados sobre Derechos Humanos. De cada tema emanan una serie de observaciones puntuales que deben ser evaluadas responsablemente por el Congreso. Desde nuestra perspectiva, la observación más importante y pertinente es la que señala la inconstitucionalidad de la propuesta del Congreso respecto al derecho a la seguridad social que tienen todas las personas.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

La Constitución dice que el acceso a una pensión es la manifestación esencial y básica de la garantía constitucional de la seguridad social. De otro lado, la observación señala también el perjuicio que se causaría a los afiliados al trasladarles el riesgo de longevidad. Los sistemas de pensiones tienen como objetivo trasladar ese riesgo de los afiliados a los administradores de pensiones o compañías de seguros. Si se permitiera retirar el 95.5% del fondo a los 65 años, el afiliado asumiría ese riesgo de longevidad.

¿Qué pasa si al afiliado le va mal y se le agotan los fondos mucho antes de la esperanza de vida?

Habría que preguntarse quién va a mantener al afiliado. Tendría que ser su familia o el Estado, imponiéndoles más impuestos a los contribuyentes. Es importante la observación que se hace sobre la inconstitucionalidad de la disposición de los fondos como garantía hipotecaria. Esto tiene sentido ya que si se usan para garantizar créditos hipotecarios, estos corren el riesgo de perderse en caso el afiliado caiga en incumplimiento. ¿Se puede ejecutar una garantía con los fondos que de acuerdo a la Constitución son intangibles? La medida propuesta desnaturaliza la finalidad esencial de los fondos de pensiones que es otorgar una pensión.

¿Cuál cree usted que será la decisión del Congreso con respecto a esta ley una vez que discuta nuevamente en marzo?

Creo que debe abrirse una discusión mucho más profunda para ver cómo mejorar el Sistema de Pensiones Peruano y actuar con mucha responsabilidad. En la Asociación de AFP hemos identificado una serie de mejoras que se pueden introducir en el sistema previsional en beneficio de la población, incluyendo los afiliados al Sistema Previsional de Pensiones SPP). Entendemos que las propuestas no sólo deben venir de nosotros y hay que escuchar a todos los grupos involucrados, afiliados al SPP y la ONP, expertos y académicos, reguladores y representantes del Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil. En tal sentido creemos importante que se forme una Comisión del más alto nivel de profesionalidad y ética que discuta sin apasionamiento cuáles son dichas mejoras que deben llevarse a cabo.

¿Cuáles son las ventajas de las AFP versus la ONP?

Las pensiones del Sistema Privado de Pensiones ya son 63% superiores a las del Estado y eso sin considerar que en el Estado hay mucha gente que se queda sin pensión. La pensión promedio del SPP es S/. 1,115 pero el 75% de los jubilados de las AFP tienen pensiones que exceden los S/. 1,400. Y eso que todavía no hay una generación que haya cotizado a las AFP durante toda una vida laboral de 45 años (el sistema solo tienen 22 años); cuando la haya, las pensiones serán mucho mayores que las de la ONP. Otra importante ventaja es que en las AFP todos obtienen una pensión, y si sus fondos no exceden los S/. 5,800 a la edad de jubilación (lo cual financiaría aproximadamente una pensión de S/. 35 mensuales) se lo pueden llevar. Si existen afiliados que se quedan a pesar de la opción de retiro, es que con solo 4% de esa pensión baja obtienen acceso a ESSALUD. En la ONP, en cambio, según el BID, dos de cada cuatro afiliados no van a recibir una pensión por no cumplir con los 20 años mínimos de aporte, con el agravante que para el 2050 esta institución estima que este número subiría a 3 de cada 4 afiliadas a la ONP. Lampadia

Como informamos el 12 de noviembre pasado, ver en Lampadia: Réquiem por las pensiones decentes y seguras, el Congreso de la República votó ‘unánimemente’ por eliminar, en la práctica, el sistema privado de pensiones.

Como debiéramos recordar, antes de la creación del sistema privado, los peruanos no teníamos la opción de tener una pensión decente. El sistema estatal estaba quebrado, el dinero de los descuentos de los trabajadores se usaba en cualquier cosa y la cobertura era mínima.

Con el Sistema Privado de Pensiones (SPP), que se basa en un sistema de acumulación individual, se ha logrado que la gran mayoría de sus afiliados tenga mejores pensiones. A diferencia del sistema público de la ONP, en que el 30% de los afiliados no recibirá ni un Sol de pensión (por no aportar un mínimo de 20 años), el SPP, devuelve el íntegro de lo aportado al 100% de sus afiliados.

Más allá de varios temas menores que debieran evaluarse y mejorarse, el SPP tiene un gran problema estructural: la baja cobertura de la población trabajadora. Efectivamente, el mayoritario segmento de los trabajadores independientes, del llamado sector informal, no se afilian voluntariamente, como se estableció desde el primer día, pues sus evaluaciones individuales de ahorro actual (para pensión futura) versus gasto y o inversión corriente, los lleva a preferir lo último.

La eventual facultad de retirar el 95.5% de los fondos acumulados en el SPP al llegar a la edad de jubilación, hará que la gran mayoría de los afiliados opte por retirar sus fondos. Eso quitará todo sentido al ahorro forzoso para pensiones que ya no se darían como tales. Por lo tanto, muchos peruanos podríamos carecer de algún sistema pensionario, a no ser que sea algo como Pensión 65, que a todas luces sería largamente insatisfactorio.

Lo más increíble de la norma del Congreso es que no se ha pensado sobre las consecuencias futuras de esta medida, ni se han evaluado opciones de mejora, como, por ejemplo, la planteada por Lampadia, de usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales al sistema de pensiones. Ver las distintas publicaciones que hemos hecho al respecto:

En el país de los mitos, los falsarios son reyes, 

Una pensión para todos, como se debe,

Propuestas para mejorar el sistema,

El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Por otro lado hay que recordar que el origen de la falta de cobertura se da por la naturaleza del sistema laboral peruano que nos ha llevado a un altísimo nivel de informalidad, que es muy difícil de superar con medidas tradicionales y timoratas. Por ejemplo, ver las declaraciones de Pablo Secada, sobre la posibilidad de usar el IGV para formalizar el empleo.

Esperamos que el gobierno observe la ley por el bien de largo plazo de todos los peruanos. El camino sensato hacia delante, debe ser el que el Congreso de la República convoque a un gran debate nacional, en distintos estamentos de la sociedad y ojalá, luego, forme un grupo de expertos para que evalúen todas las opciones, le expliquen a los ciudadanos sus implicancias y asesoren al Estado en el diseño de una solución final.

Es sorprendente la irresponsabilidad con la que algunos analistas apoyan la ley del Congreso, como por ejemplo, Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico, quien se multiplica en los medios con argumentos pobres. Por un lado dice que lo de antes era muy malo, pero como no le gusta el sistema, justifica su apoyo a la norma congresal diciendo que no cree que la gente retirará sus fondos. Peor aún, no plantea ninguna solución a la futura demanda de pensiones que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Este tipo de opiniones y las de los puristas que no consideran que se debe establecer un sistema de ahorro forzoso, deberían contemplar la posibilidad de desarrollar un debate nacional, antes de aplaudir una decisión más política que técnica.

Para ilustrar a nuestros lectores de un diálogo alturado al respecto, presentamos líneas abajo la entrevista de Jaime de Althaus a David Tuesta, Jefe de la Unidad de Inclusión Financiera del BBVA Research.

Luchemos por nuestra ideas, pero sometámonos a un debate serio. Lampadia

Editorial de Lampadia

El tema de las pensiones privadas tiene múltiples derivaciones e impactos en la vida de los ciudadanos y del país en su conjunto. Esto no es suficiente para que los miembros de la Comisión de Economía del Congreso, antes de votar una ‘reforma’ mayor, traten el asunto de manera seria, para que abran un debate técnico de alcance nacional, ni para que inviten a especialistas que puedan evaluar los pros y contras del proyecto, así como las posibles alternativas a la iniciativa de marras.

En una apurada sesión de la comisión, prácticamente entre gallos y media noche, se aprobó un proyecto por el cual los afiliados, al momento de su jubilación, a los 65 años, podrían retirar el 95.5% de su fondo sin condicionamiento alguno.

Este implica la muerte del sistema privado de pensiones por tres razones fundamentales:

• Primero, porque la esencia del sistema es lograr pensiones decentes y seguras para los peruanos y, si ya no habrán pensiones, al retirarse los fondos, no hace ningún sentido mantener el ahorro forzoso.

• Segundo, porque al no haber fondos de largo plazo, basados en las pensiones que tienen ese mismo horizonte, los fondos privados ya no podrán utilizarse en algunas inversiones de largo plazo, como las referidas a las inversiones en infraestructuras, tan importante para todos los peruanos.

• Tercero, porque con este eventual dispositivo, terminaremos recreando un sistema de reparto en el cual los trabajadores peruanos tendrán las mismas pensiones miserables e injustas del sistema público de la ONP.

Además, en este absurdo futuro, labrado por la más supina irresponsabilidad de algunos congresistas, los trabajadores peruanos que entienden la necesidad de contar con una pensión, especialmente los de una mayor capacidad de ahorro, empezarán a comprar algún sistema de protección a operadores internacionales, perdiéndose en el Perú la importantísima disponibilidad de fondos de inversión de largo plazo.

Es cierto que detrás de este acontecimiento hay una cadena de errores, como que el sistema haya hecho más publicidad de la fortaleza individual de los operadores, que del sistema mismo. O que en las sucesivas reformas por las que pasó el sistema, no se haya involucrado a los afiliados y, que la población haya percibido cómo un grupo pequeño de empresas se trenzaba con las distintas instancias del gobierno.

De igual manera, es muy criticable la forma como el regulador, la SBS, ha teñido su gestión de poca transparencia y respeto por los afiliados, como en el reciente caso de la publicación de la tabla de mortalidad.

Por otro lado la gente involucrada con el sistema, empezando por la Asociación de las AFP, no ha tenido ninguna disposición para evaluar propuestas externas a la asociación sobre la posición estratégica del sistema, en especial sus debilidades, como la falta de afiliaciones de los trabajadores independientes que requería una urgente solución alternativa. En esa línea está, por ejemplo, la propuesta de Lampadia de utilizar parte de los pagos del IGV para los aportes a los fondos individuales. Ver en Lampadia: Una pensión para todos, como se debe y El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Invocamos a los miembros del Pleno del Congreso de la República a convocar un debate nacional serio sobre los impactos del sistema, sus debilidades y las alternativas de mejoras.

No podemos salir del actual esquema por la puerta falsa. Si se continua con lo aprobado por la Comisión de Economía, solo nos quedará recitar: “¡Volverán los oscuros gallinazos…!” Lampadia

En los fondos de pensiones hay mucho dinero y eso es siempre como miel para los políticos populistas que nunca desaparecerán y para los gobernantes rateros, como en Argentina, que sin más ni más se volaron los fondos de sus propios ciudadanos.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Si muchos países aún no entran, es porque no se animan a dejar el indebido usufructo de los fondos de reparto que los estados usan a su libre albedrío.

Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable. Para empezar en el Perú, no exigen aportes de 20 años para efectivizarse como pensiones, retornan lo que se haya aportado con su respectivo interés. Además de la protección individual para alguien que entre al sistema de joven y no se salga, que es muy importante como retorno, están los beneficios más macro, como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

Pero el sistema en el Perú tiene un muy peligroso talón de Aquiles. Solo forman parte del sistema una proporción menor de la población económicamente activa, básicamente los que tienen trabajo formal y, además, una parte de los aportantes sigue en la ONP, un sistema quebrado que requiere el soporte público y donde, de no aportarsedurante 20 años, se puede perder el íntegro de los aportes y finalmente están sujetos a la pensión mínima, que nunca será suficiente para una jubilación decente. O sea, esta gente está jugando un partido perdedor.

El mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como está establecido.

Por lo tanto, o nos resignamos a vivir rodeados de tiburones que acechan cada vez que tienen la oportunidad o, buscamos una solución ‘fuera del cuadrado’, una salida imaginativa que, además, puede generar otros beneficios.

Propuesta: Crear un sistema de aportes basado en el canje de una parte de los pagos que por IGV hacen todos los peruanos. Digamos, como ejemplo, que se pueda canjear el 5% de los pagos de IGV efectuados por las personas naturales y abonarlos a las cuentas individuales de cada trabajador en la AFP de su elección.

Análisis:

• Afiliación: Se universalizarían los aportes al sistema, pues sería muy extraño que un solo ciudadano no quiera efectivizar el canje del IGV por un aporte a una pensión que se recibiría (incrementada con intereses) de todas maneras, algún día.
• Costo fiscal: El Estado estaría cediendo una fracción importante del IGV nominal. Sin embargo, dado que la naturaleza del mercado laboral determina un alto nivel de pérdida de recaudación del IGV por evasión y una presiones políticas para mantener fuera del sistema una serie de elementos, como alimentos, que rompen la cadena de valor agregado, los canjes por aportes a los fondos de pensiones generarían un tremendo  incentivo de formalización y, seguramente, se recuperaría una parte importante del sacrificio de recaudación nominal,vía formalización.
• ONP: Se podría trasladar a los aportantes de la actual ONP a algún fondo privado y así mejorar la esperanza de pensiones de mucha gente y poner límite al déficit previsional creciente que afronta la República, compensando parte del sacrificio de la recaudación de IGV.
• Macro: Se potenciarían los impactos macro positivos del sistema.
• Formalización: Se iniciaría un camino sólido de formalización del trabajo en nuestra sociedad. 
• Protección política: Al masificarse la pertenencia al sistema, se alejaría a los tiburones de la política barata, que tendrían el escollo de la barrera infranqueable de todos los trabajadores peruanos, formales e informales.

Esta propuesta ya la hemos hecho antes en Lampadia, ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo y Propuestas para mejorar el sistema. Pero la obsesión con la búsqueda de soluciones óptimas a impedido implantar una estrategia efectiva para el logro del objetivo central de un sistema de pensiones: Cobertura universal con una pensión razonable y protegida de los avatares políticos del país.

Esperamos que, ahora que los candidatos están empezando la última fase del juego de: “quien es más populista”, podamos hacer un esfuerzo de realismo y analizar y, debatir esta propuesta o soluciones de esta misma naturaleza. Lampadia

La semana pasada Lampadia organizó una conversación sobre el futuro del sistema de pensiones. Los invitados fueron: Luis Valdivieso, Presidente de la Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones (AAFP) y ex Ministro de Economía, Richard Webb, Director del Instituto del Perú de la USMP y ex Presidente del Banco Central de Reserva y Juan Mendoza, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico. Esta conversación fue conducida el Director de Lampadia, Pablo Bustamante, y su equipo, Pablo O’Brien.

En enero de este año, Lampadia propuso la alternativa de usar el IGV como un mecanismo para incorporar a los independientes al sistema. (Ver en L: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo)  La idea es que cuando uno compra, presenta un DNI o RUC que establece una identificación entre el IGV y quién pago. Los independientes podrían así canjear parte de los pagos de IGV de sus facturas y boletas, por aportes a sus cuentas individuales.

Conversación:

Webb principalmente expresó su opinión negativa en relación al sistema. Según él, el costo del 13% de aporte al año obligatorio descapitaliza a las personas, sobretodo a los empresarios independientes que llevan una vida que exige ahorro e inversión. El argumento de la seguridad social no es suficiente para obligar a los empleados a ahorrar, y un sistema como Pensión 65 es posible.  (Ver en Lampadia (L): Las AFP por Richard Webb)

El Presidente de AAFP,  Valdivieso, afirma que independientemente de que uno ahorre en un sistema obligatorio o no, todos enfrentamos dos problemas: el riesgo de longevidad, en el cual la capacidad de generación de ingresos va a ser menor al costo de vida, y la nuclearización de la familia, en la que el concepto de familia extendida va desapareciendo, y puede llegar hasta la individualización. Con estos dos puntos claros, se puede abordar el tema del ahorro obligatorio o voluntario, y de corto o largo plazo.

El beneficio de ahorro en un sistema que conjuga riesgos es que si se enfrentan conjuntamente se tiene más posibilidades de éxito. El sistema contributivo [similar al de la ONP] basado en la formalidad, en un país como este, puede no ser el mejor. Otro problema es que la esperanza de vida está aumentando, y esto significa que cada vez se va a vivir más tiempo después de la edad de jubilación, y son años que tienen que ser financiados durante la vida laboral.

Por otro lado, el catedrático de la Pacífico, opinó que no cree que existan argumentos sólidos para que haya un ahorro forzoso, y destaca que el sistema actual no está funcionando bien, con una cobertura de solo 25%. Esto se debe a la densidad de cotización ya que las personas no siempre aportan, dependiendo de si están en planilla o no. (Ver en L: Cobertura es principal problema del Sistema de AFP: Enfoquemos adecuadamente el debate.)

En el caso hipotético en el que se busque el ahorro, el problema es que se grava el salario formal. En un país con tanto empleo informal, el que se imponga el ahorro en este sector aumenta la pérdida de eficiencia y, por la manera que se ha planteado, crea barreras para formalizar. Además, la falta de liquidez en valor presente puede impedir la inversión en otras maneras de ahorro, como por ejemplo la educación o en vivienda.

Lo importante del momento actual es cómo hacemos para rescatar el sistema antes de que alguno de los muchos proyectos que pululan en el Congreso, vaya a terminar de destruirlo.

Una alternativa es fortalecer el sistema actual, creando incentivos para incorporar a los independientes, sin que sea obligatorio.

Más bien los sistemas contributivos, que se basan en la idea de que los jóvenes mantienen a los mayores, puede llegar a ser insostenible, como los modelos Ponzi. (Ver en L: Cuidado, no destruyamos las AFP, mejoremos el sistema) Lo que se está planteando, más bien, es que se financie con los impuestos existentes, como plantea Levy del BID (impuestos a la renta)  o como propone Lampadia (en base al IGV).

Mendoza, junto con un equipo de la Universidad del Pacífico, ha evaluado otra alternativa. Se plantea utilizar parte de los pagos por IGV con cuentas individuales. Uno compra y una fracción de los impuestos pagados van a una cuenta personal. Esto tiene el potencial de formalizar rápidamente, ya que atrae a los informales al darles un crédito cada vez que pagan IGV. Conceptualmente esto coincide con lo planteado por Lampadia.

Un problema con este sistema, como dice Webb, es que no llegaría a las zonas más pobres del país, en las que no se paga IGV. Para estos casos existe Pensión 65, que podría ser restringida para proteger a los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Efectivamente, es muy difícil lograr una solución universal. De lo que se trata es de ampliar la cobertura y lograr una mayor legitimización del sistema.

Al final de la importante conversación con Webb, Valdivieso y Mendoza, identificamos algunos objetivos mínimos:

• El sistema requiere mejoras
• Es imposible lograr una solución única y universal
• Lo prioritario es ampliar la cobertura en la población independiente en una proporción importante
• Con buenos incentivos para el sector independiente, no tendría que insistirse en la obligatoriedad de aportes
• Para los trabajadores independientes, un aporte que afecte sus ingresos disminuye sus posibilidades de capitalización y establece una fuerte barrera a la formalización
• La alternativa de usar parte de los pagos por IGV, puede ser efectiva para ampliar la cobertura, no gravar los ingresos, promover la formalización laboral y mejorar la recaudación del IGV
• Sería ideal eliminar el sistema Ponzi de la ONP, que ya representa un costo eventual de unos US$ 100,000 millones y que es muy injusto para quienes no logran aportar por 20 años (ellos pierden el íntegro de sus aportes)

Este tema debe ser tratado técnicamente y no con apremios políticos. Esperamos que esta conversación sea un aporte para una discusión seria sobre el futuro del sistema de pensiones en el Perú. Lampadia.