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Cómo actúan las ONG (esta vez contra agroexportadoras)

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 14 de Noviembre del 2022

“Dizque buscan generar un debate sobre los DD.HH. y laborales en las agroexportadores…”

Me alcanzan una convocatoria oenegenera de consultores para una campañita de comunicación contra el empresariado, bajo el argumento de proteger derechos laborales y la “no discriminación”. En realidad, de lo que se trata es de complicar más el hacer empresa… Es una campaña sobre la debida diligencia en materia de DD.HH. en las empresas agroexportadoras iqueñas, las mismas firmas que fueron víctimas de sospechosas y repentinas revueltas bajo Sagasti y por las que se dieron leyes absurdas que han trancado al sector. La convoca una ONG protestante nórdica y financiada por la cada vez más caviar y entrometida Unión Europea. Esta ONG, más marxista que cristiana, aduce que pelea contra estructuras injustas que generan pobreza, exclusión y violencia. Sus socios locales son una ONG rojicaviar conocida por sus posiciones contra el “extractivismo” y con el rollo de una gestión sostenible del territorio con enfoques de género e interculturalidad, así como un grupo de derechos humanos iqueño. Dizque buscan generar un debate sobre los DD.HH. y laborales en las agroexportadoras, así como incrementar la sindicalización, con rebote en los medios tradicionales, alternativos, en redes y espacios comunitarios de intervención, y generar corrientes de opinión pública y colocar en agenda pública el comportamiento de las operaciones empresariales de agroexportación y minería en relación con los derechos humanos para impactar en el Estado, la sociedad civil y el empresariado, con énfasis en mujer, cuerpo y territorios (¿?). Todo, todo está bien pensado: se plantean videos para diseminar las ideas, eventos de lanzamiento, concursos de ensayos para universitarios, foros, exposiciones y propaganda en medios, con “enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad, feminismo e interculturalidad”. Así actúan estas ONG para desestabilizar al precario capitalismo nacional con su ideología marxistoide. Después no digan que no se les advirtió…




Continuemos la senda de la mejora social

La semana pasada, Bill y Melinda Gates publicaron un nuevo Informe que publicarán anualmente hasta el 2030: La Historia detrás de los datos. En Lampadia queremos compartir con nuestros lectores la publicación de la Fundación Bill & Melinda Gates en pro de los pobres. Gates destaca que el mundo ha tenido y viene llevando a cabo mejoras increíbles. En el 2016, murieron 6 millones menos de niños menores de cinco años que en 1990. Nunca antes ha habido una población tan sana y fuera de la pobreza. Nunca han sido tan poco probable que las mujeres mueran como resultado de dar a luz, o perder a un bebé al nacer.

Sin embargo, Bill y Melinda Gates, un par de “optimistas impacientes”, autodidactas, que dirigen una fundación dedicada a resolver los problemas del mundo, están preocupado de que la humanidad podría estar empezando a dejar de lado estas mejoras. El reciente informe de la fundación, publicado el 13 de septiembre, sugiere que el progreso en varios frentes puede estar empezando a fallar.

Por diversas razones, desde la demografía hasta la política estadounidense y europea, Gates teme que las campañas para erradicar la pobreza extrema, el VIH y la malaria no estén haciendo el efecto que deberían. También cree que el mundo rico no se ha dado cuenta. Por eso, la Fundación Bill y Melinda Gates, que se ha caracterizado por confiar en el potencial de la innovación tecnológica para resolver los problemas más nítidos del mundo, está haciendo hincapié en los problemas que todavía aquejan al mundo y que deben mantenerse como primordiales para todos nosotros.

Un ejemplo exitoso del Perú

Uno de los “case studies” o casos de estudio, se refiere al Perú. En 1990, el Perú tenía un problema de retraso en el crecimiento de los niños. El 39% de los niños del país tenían una altura por debajo de la mínima promedio para su edad. Lo preocupante, además de la altura, era cómo los niños se estaban desarrollando cognitivamente, emocionalmente y físicamente. Al 2016, esta cifra se ha reducido al 18% de la población infantil.

Para poder apreciar el gran trabajo del Perú al respecto, se tiene que entender que este indicador es complejo porque es causado por múltiples factores que se acumulan durante un período de tiempo, desde la salud de la madre hasta la dieta de un niño. Gracias a medidas que los expertos en desarrollo y los profesionales siguen implementando, el Perú ha implementado un conjunto de intervenciones de salud y nutrición que ya han demostrado reducir significativamente el retraso del crecimiento.

El Perú está mostrando poder superar este problema. Su prioridad se centró en dos intervenciones rentables y de alto impacto: la vacunación infantil y el asesoramiento a las madres, para ayudarles a comprender cómo mantenerse sanos y bien alimentados durante los primeros 1,000 días desde la concepción hasta el segundo cumpleaños del niño.

Otros ejemplos en el mundo

Como este caso, hay otros casos de éxito que están saliendo a la luz gracias al informe de Bill y Melinda Gates. Hay 48 millones de niños salvados desde el 2000, 300 millones de mujeres en el mundo en desarrollo que usan anticonceptivos. Pero, recordemos que Bill y Melinda, en su carta anual, dijeron que hay un número para el que trabajan cada día: cero. El “número mágico es cero”: acabar con la malaria, la tuberculosis, el VIH y la poliomielitis es lo más cercano a alcanzar este objetivo. Bill y Melinda discuten la persistencia y la dedicación de los trabajadores de la salud de todo el mundo en lograr este número mágico.

La verdadera historia de los últimos 25 años, según Bill y Melinda Gates, son sorprendentes mejoras en la salud, bienestar y el nivel de vida de todo el mundo, especialmente de las personas más pobres del mundo. Desde 1990, gracias a una reducción del 50% en las tasas de mortalidad infantil, han vivido 122 millones de niños que de otro modo habrían muerto.

El valor del informe de Gates es que muestranlos escenarios optimistas y pesimistas de la vida y el bienestar de millones de personas. En 2030 es muy probable que el mundo tenga por lo menos 490 millones de personas pobres, según la Brookings Institution. Las previsiones muestran dónde hay el mayor potencial para salvar vidas y hacerlas mejores. Por ejemplo, entre ahora y 2030, la diferencia entre el mejor y el peor de los escenarios en las muertes de menores de cinco años representa unos 7.8 millones de vidas.

El informe también destaca los mayores riesgos para el progreso, a saber, el control de las enfermedades infecciosas. Preocupantemente, cuanto mayor es el progreso contra una enfermedad, más difícil es motivar a la gente y los gobiernos a seguir adelante. Es por eso que Gates Foundation quiere hacer hincapié en continuar estás mejoras para erradicar enfermedades y continuar con el progreso del mundo.

Es verdadertamente preocupante, que tanto a nivel mundial, como en el Perú, proliferan los planteamientos negacionistas del progreso. Estos van desde la Encíclica del Papa Francisco, economistas como Thomas Piketty y Jeffrey Sachs, intelectuales como Noam Chomski, hasta varios políticos del Reino Unido, Holanda y EEUU. En el Perú, el negacionismo se concentra, mayormente, entre los profesores de economía de la PUCP, como Felix Jimenez, Pedro Francke, y Alan Fairlie, entre otros. 

Por eso en este portal de análisis, insistimos en recoger los testimonios de gente seria, pues no se puede presentar un éxito como un fracaso. La verdad, los últimos 25 años de mostraron un progresoy mejorasen la calidad de vida inigualables en la historia. ¡No nos rindamos a mitad de camino!Lampadia

Ver publicación de Bill y Melinda Gates y los principales casos de estudio acá:

Las historias detrás de los datos

Durante años hemos escuchado a algunas personas cuestionar si las inversiones en la lucha contra la pobreza mundial tienen un impacto. Claramente, creemos que sí.

Bill and Melinda Gates Fundation
Publicado en GlobalGoals.org
Setiembre 2017
Traducido y glosado por
Lampadia​

Estamos invirtiendo todos nuestros recursos en esa lucha. Pero eso no significa que cada dólar gastado en desarrollo tiene el máximo impacto. Y esa debe ser nuestra meta.

Este año estamos lanzando este nuevo informe y lo publicaremos cada año hasta el 2030 porque queremos acelerar el progreso en la lucha contra la pobreza ayudando a diagnosticar problemas urgentes, identificar soluciones prometedoras, medir e interpretar los resultados clave y difundir las mejores prácticas.

Este informe sale en un momento en que hay más dudas que de costumbre sobre el compromiso del mundo con el desarrollo. En nuestro propio país [EEUU], el Congreso está considerando cómo hacer frente a los grandes recortes a la ayuda extranjera que se proponen en el presupuesto del presidente. En otros países se ha producido un estado de ánimo similar. Mientras tanto, la mayoría de los países en desarrollo necesitan hacer más para priorizar el bienestar de sus ciudadanos más pobres.

En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) que, juntos, dibujan una imagen de lo que todos queremos que sea el mundo en 2030. Sin embargo, si no reafirmamos el compromiso que ha llevado a tanto progreso en la generación pasada, ese mundo permanecerá fuera del alcance. Ahora los líderes de todo el mundo deben tomar medidas para encaminarnos en la meta que establecimos para nosotros hace dos años.

Este informe rastrea 18 puntos incluidos en los ODS que creemos son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas. Para complementar los datos, también estamos contando las historias detrás de los números: sobre los líderes, las innovaciones y las políticas que han marcado la diferencia en los países donde el progreso ha sido más significativo.

Las decisiones que tomaremos colectivamente en los próximos dos años van a tener un gran impacto en la forma que toman estas curvas. Por supuesto, no se trata realmente de la forma de las curvas. Se trata de lo que las curvas significan: si millones o incluso miles de millones de personas van a vencer la enfermedad, salir de la pobreza extrema y alcanzar su pleno potencial.

– Bill y Melinda Gates

Casos de Estudio

Mortalidad infantil

Si tuviera que enfocarme en tan sólo un indicador, sería el número de niños que mueren cada año antes de alcanzar la edad de 5 años.

Hay tanto en ese número. La mortalidad infantil es un indicador del bienestar general; es también un indicador principal del progreso (o la falta de él). Y cuando hablas con madres que han experimentado la muerte de un niño, entiendes lo que ese número significa en términos humanos. ¿Qué es más fundamental que mantener a los niños vivos para que puedan prosperar y construir el futuro?

Retraso de crecimiento: Perú

El retraso en el crecimiento es una de las medidas más poderosas, pero también una de las más complejas, en la salud mundial.

Los niños con desnutrición se definen como niños que tienen una estatura debajo de una cifra determinada para su edad. Pero en realidad no nos preocupa la estatura del niño; sino, el retraso en el crecimiento es solo un síntoma de algo mucho más importante.

Pobreza

El gráfico muestra una disminución constante de la pobreza desde 1990. Gran parte de esta reducción se ha llevado a cabo en una China de rápido crecimiento y en la India.

Para alcanzar el objetivo, muchos países deben acelerar su tasa de crecimiento y compartir el crecimiento de manera más igualitaria. En última instancia, el objetivo es “poner fin a la pobreza en todas sus formas”, lo que es más ambicioso que simplemente garantizar un salario sobre el cual la gente puede subsistir.

Significa, como dice la declaración de misión de nuestra Fundación, que todas las personas pueden llevar una vida saludable y productiva.

Objetivo: Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todas partes.

Mortalidad materna

En los últimos años, ha habido un cambio masivo en el número de mujeres que dieron a luz en establecimientos de salud en lugar de en casa.

La atención obstétrica especializada es clave para salvar la vida de las madres, por lo que los países deben asegurarse de que sus instalaciones estén totalmente abastecidas, con personal de profesionales de la salud calificados y brinden la más alta calidad de atención.

Objetivo: Reducir la tasa global de mortalidad materna a menos de 70 por 100,000 nacidos vivos.

Mortalidad de menores de 5 años

Más de 100 millones de niños han sido salvados desde 1990, debido en gran parte a mejores prácticas de cuidado de recién nacidos y vacunas.

La clave para mantener el impulso será ayudar a los países (o regiones dentro de los países) con los sistemas de salud más débiles y construir las infraestructuras básicas que necesitan para llegar a todos los niños.

Objetivo: Poner fin a las muertes prevenibles de recién nacidos y niños menores de 5 años, todos los países tienen el objetivo de reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por 1,000 nacidos vivos y la mortalidad de menores de 5 a un mínimo de 25 por 1,000 nacidos vivos. La meta que se muestra en el gráfico se ha extrapolado del nivel de país a nivel mundial.

Planificación familiar

Hemos agrupado los países y trazado los grupos por separado para mostrar la brecha entre los países más y menos desarrollados.

Pero este gráfico todavía no cuenta toda la historia, porque el indicador que se mide, “necesidad satisfecha”, depende de que las mujeres digan que quieren retrasar o dejar de tener hijos. Existen muchas razones por las cuales las mujeres podrían no expresar la necesidad de anticonceptivos, incluidas muchas normas culturales. Hay más trabajo por hacer para satisfacer las necesidades insatisfechas y la demanda oculta en la mayoría de los países en desarrollo.

Objetivo: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar.

El índice sociodemográfico (IDS, por sus siglas en inglés) es una medida basada en el ingreso promedio per cápita, el nivel de educación y la tasa de fecundidad total.

Cobertura de salud universal

Nuestro enfoque es la atención primaria de salud, el paso más importante para el cuidado universal.

Lamentablemente, los países de ingresos bajos y medianos gastan sólo alrededor de un tercio de sus presupuestos de salud en atención primaria. Hemos agrupado los países y trazado los grupos por separado para mostrar la brecha entre los países más y menos desarrollados. La atención primaria en los países clave contribuiría en gran medida a cubrir a los 400 millones de personas sin acceso a los servicios básicos de salud.

Objetivo: Alcanzar la cobertura universal de salud para todos.

El índice sociodemográfico (IDS, por sus siglas en inglés) es una medida basada en el ingreso promedio per cápita, el nivel de educación y la tasa de fecundidad total.

Vacunas

Las vacunas son una de las historias de éxito más impresionantes en salud global.

Más personas están siendo vacunadas y protegidas contra más enfermedades que nunca. Los próximos pasos para los programas de inmunización son combatir el estancamiento al encontrar los bolsillos de inequidad que existen dentro de los países (incluso aquellos con tasas promedio altas) y llegar a todos los niños con un conjunto completo de vacunas. Hemos agrupado los países y trazado los grupos por separado para mostrar la brecha entre los países más y menos desarrollados.

Objetivo: Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan principalmente a los países en desarrollo y proporcionar acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles.

El índice sociodemográfico (IDS, por sus siglas en inglés) es una medida basada en el ingreso promedio per cápita, el nivel de educación y la tasa de fecundidad total.

Saneamiento

Este gráfico se basa en datos que sugieren que las mejoras provendrán de más conexiones de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, que son caras e imprácticas en muchos lugares.

Creemos que veremos un progreso aún mayor al recolectar y tratar con seguridad más de los desechos humanos que se acumulan actualmente en las letrinas de pozo y fosas sépticas, e introduciendo baños innovadores que eliminan patógenos pero no dependen de las alcantarillas.

Objetivo: Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación abierta, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y de las personas en situación de vulnerabilidad.

Servicios financieros para los pobres

A diferencia de los otros gráficos, este sólo se remonta a 2005, cuando el Fondo Monetario Internacional comenzó a recopilar los datos.

El aumento del 75 % en las cuentas en una sola década demuestra el asombroso potencial de los servicios financieros digitales. Sin embargo, simplemente tener una cuenta no es igual a inclusión. La gente también tiene que usarlos, en lugar de utilizar costosos servicios informales. Eso significa que los bancos, los operadores de redes móviles y otras compañías de fintech deben innovar para satisfacer las necesidades más apremiantes de los pobres.

Meta: Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a servicios bancarios, de seguros y financieros para todos. Datos del Fondo Monetario Internacional para 2005 y 2008. Datos del Banco Mundial para 2011 y 2014. Datos de proyección de McKinsey Global Institute para 2015.

Educación

Es relativamente fácil contar el número de niños en la escuela. Pero eso no nos dice cuánto realmente están aprendiendo esos niños.

Los ODS cambiaron correctamente el enfoque de sólo la cantidad (por ejemplo, inscripción y finalización) a la cantidad y calidad de la educación. La calidad (es decir, el logro) es más difícil de medir, sin embargo. Muchos países no generan en absoluto datos de aprendizaje útiles, ni mucho menos de una manera globalmente comparable. El primer paso es desarrollar mejores evaluaciones transnacionales, particularmente para los grados tempranos. Necesitamos saber temprano si los niños son capaces de leer, un pre-requisito para todos los futuros aprendizajes.

Género

Cuando las mujeres campesinas tienen derechos sobre sus tierras, pueden cambiar sus vidas.

Tienen más poder de negociación en sus hogares, lo que significa más impacto en el futuro de su familia. Los ODS incluyen un objetivo explícito sobre el empoderamiento de mujeres y niñas, pero es una muestra de cuánto hemos descuidado este tema que sólo tres de los 14 indicadores bajo la meta tienen suficientes datos de referencia y son rastreables. Cuando se adoptó el indicador sobre la tenencia de la tierra, todavía no había acuerdo sobre cómo medirlo. Desde entonces, la ONU ha acordado una definición, estándares y una metodología. Todavía tenemos que probar este enfoque y asegurar que los países estén preparados para rastrear el indicador regularmente. Cuando realmente tengamos los datos a mano, será mucho más fácil diseñar políticas y programas que fortalezcan a las mujeres y las niñas. Lampadia

 




Brasil apuesta por flexibilidad laboral

Increíblemente, hasta la semana pasada, el Brasil mantuvo la vigencia de la legislación laboral que estableció el presidente Getulio Vargas en 1943, un régimen laboral que se basó en la ‘Carta del Lavoro’ de la Italia fascista de Mussolini.

Después del tremendo fracaso del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), con Lula da Silva y Dilma Rousseff, el gobierno interino de Brasil está llevando adelante un programa de reformas que buscarían rescatar al país de la situación de estancamiento y pérdida de competitividad que los ha sacado de los BRICS y de la ruta de la prosperidad.

La estructura del Estado brasileño es tan arcaica que su régimen laboral respondía  a la filosofía del fascismo italiano. Algo que nadie se atrevió a cambiar durante más de siete décadas. Pero como ‘la necesidad tiene cara de hereje’, habiendo tocado fondo, Temer, un presidente cuestionado y precario, ha promulgado una ley sancionada por el senado (50 a 26) la semana pasada y, previamente, aprobada por 27 a 10 en el comité de la cámara baja.

http://noticiasdesantaluz.com.br
Fuente: noticiasdesantaluz.com.br

En el proceso de reformas que ha emprendido Brasil, el mes pasado se promulgó la ‘ley del outsourcing’ o tercerización, que libera completamente la capacidad de las empresas para tercerizar cualquier función. Ahora, con la reforma laboral, se rompe la base de poder de los sindicatos; hasta ahora subvencionados por el Estado y que permitía que las izquierdas contaran con amplios fondos para sus objetivos políticos. Para el PT, esto significa el fin del financiamiento de miles de sus militantes dedicados a la manipulación de los trabajadores.

El presidente de la Corte Laboral Superior de Brasil, Ives Gandra da Silva Martins Filho, abogó por la reforma, temiendo que el modelo actual desestabilice la economía como en Venezuela. Durante los debates de la reforma, afirmó: “No podemos decir que todo está mal, pero si las cosas continúan como ahora, subirá el desempleo. Tenemos que hacer algo (…) si no arreglamos los temas laborales, si no podemos reestructurar la economía, las cosas se pueden desestabilizar a tal punto que nos encaminemos en la dirección de Venezuela”.

En buena medida, la reforma es mérito del diputado federal Paulo Martins, que inició la lucha por el fin del impuesto sindical, uno de los puntos más importantes de la reforma y que saca un poder ilegítimo de las manos de los sindicatos capturados por la extrema izquierda.


Fuente:  i1.wp.com

En su Facebook, Paulo Martins escribió: “Por 50 votos a favor y 26 en contra, el Senado aprueba el FIN DEL IMPUESTO SINDICAL. Gracias a todos que siempre apoyaron la causa. Libertad a los trabajadores y fin del peleguismo (modalidad del sindicalismo establecido por Getulio Vargas). Sé que tengo mucho que hacer por el país, pero ser autor de un proyecto en esta materia me satisface mucho. Gracias Señor”.

La nueva legislación trae tres cambios fundamentales:

  • Elimina el impuesto sindical obligatorio, que creaba y financiaba una capa de dirigentes sindicales pagados por el Estado
  • Flexibiliza las relaciones laborales facilitando la contratación y el despido de trabajadores, con las debidas compensaciones monetarias
  • Posibilita la negociación individual entre el trabajador y la empresa

Sintomáticamente, la OIT silenció la reforma laboral de Brasil. Se negó comentar oficialmente la aprobación de la reforma laboral y hasta alegó que un documento (suyo) enviado a los sindicatos brasileños con opiniones sobre las propuestas votadas no representaba la posición oficial de la entidad.


Movilizaciones de protesta


La reacción de los opositores

El mes pasado, las autoridades brasileñas habían acusado a la entidad a adoptar una postura política y el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, llegó a exigir que la OIT se limite a tener una posición técnica al tratar los temas domésticos de Brasil. La OIT destacaba que la reforma violaría una serie de convenciones internacionales de las que Brasil es signatario.

Puntos importantes de la reforma:

  • Negociación Colectiva. Se da valor legal a los contratos que se firmen como producto de negociaciones colectivas
  • Se permiten contratos temporales. Se extienden de 90 a 120 días, más ampliaciones de otros 120 días
  • Se permite el trabajo a tiempo parcial
  • Se fija como máximo de trabajo diario 12 horas. Los sobretiempos en cuatro horas por semana, extendiendo las horas de trabajo semanal de 44 a 48 horas
  • Se dificultará el equiparar salarios de empleados que ejerzan la misma función, pero que trabajen en empresas diferentes de un mismo grupo económico
  • Las gratificaciones de cargos de confianza no integrarán el salario
  • El despido colectivo no necesitará el acuerdo del sindicato
  • El que se adhiera a un plan de renuncia voluntaria no podrá reclamar derechos posteriormente
  • La perder del título la profesional será causa justa de despido en los casos en que sea requisito para ejercer la profesión, tales como médicos, abogados o conductores
  • Se podrá usar el arbitraje para resolver conflictos laborales
  • La contribución de los trabajadores a los sindicatos será voluntaria, para trabajadores y empleadores
  • Trabajo autónomo no puede tener características de exclusividad, eventualidad y subordinación. Un trabajador autónomo que preste servicios continuamente y con exclusividad no es considerado como empleado, siempre que se establezca contractualmente
  • Las reglas del “teletrabajo” (trabajo a distancia) deberán constar en el contrato. Los contratos antiguos podrán ser modificados si hay acuerdo de las partes
  • Se pueden negociar las condiciones de trabajo entre representantes de los trabajadores y empresas. Manteniendo los límites de la Constitución

Flexibilización del despido

Actualmente:
Si el trabajador dimite o es despedido por causa justa, no tiene derecho a retirar FGTS (Fondo de Garantía por Tiempo de Servicios), seguro de desempleo y no recibe compensación.
Si se despide sin justa causa, recibe una compensación adicional de 40% sobre los depósitos del FGTS, puede sacar el fondo y tiene derecho a seguro de desempleo. 
 
Pos reforma:
Además de las reglas anteriores, empleador y empleado pueden llegar a un acuerdo para  el despido. En ese caso, el trabajador recibe una compensación adicional de 20% del FGTS, puede retirar hasta el 80% del fondo y no tiene derecho a seguro de desempleo.
La adhesión voluntaria al despido, o el despido individual, suspenden los derechos laborales y no podrán ser reclamados posteriormente en procesos judiciales

El mensaje para el Perú
En el Perú, la legislación laboral ha ido fluyendo hacia el establecimiento de instituciones obsoletas como la ‘estabilidad laboral’, que destruye empleo o lo desvía hacia empleo precario, informal e ilegal, sin ninguna protección social.

Un caso clásico de un ‘remedio peor que la enfermedad’. La rigidez a la que se ha llegado, por decisiones judiciales y de interpretación constitucional equívocas, ha hecho mucho daño, precisamente a los trabajadores.

Sin embargo, es ardorosamente defendida por castas sindicales que solo representan a mínimas proporciones de los trabajadores y que solo sirven para dar ingresos a los dirigentes, detentar presencia mediática y política, y recibir cariño de la OIT y otras ONGs.

No hay manera que el Perú logre ofrecer trabajo digno universal si no llevamos a cabo un profunda reforma de la legislación laboral. Para ello es indispensable empezar por comunicar a los ciudadanos los problemas actuales, los beneficios de las alternativas regulatorias y las posibles líneas de acción. Esta casa ofrece sus espacios para promover un análisis serio del régimen laboral peruanoLampadia

Fuentes:
– O que muda com a aprovazao da reforma trabalhista
-Abogado Marcelo Mascaro: 14 cambios de la reforma laboral que poca gente sabe
– Como ficam as negociacoes entre patroes e empregadoscom a reforma trabalhista
– Reforma trabalhista: saiba o que pode mudar
– Comcoragem, Paulo Martinsdeu inicio aoprojeto que hojecoloconumfimna escravidao sindical
– Pressionada, OIT silencia diante de reforma trabalhista no Brasil




Prédica de antimineros en CIDH (Buenos Aires)

Prédica de antimineros en CIDH (Buenos Aires)

Contra viento y marea, el Lampadia seguimos denunciando las acciones políticas de los grupos anti-mineros que también llevan su prédica manipuladora y mentirosa fuera del Perú. Así   siembran sus mensajes en los organismos internacionales, que luego les sirven para validar sus planteamientos en los medios locales y con las ONGs extranjeras que los financian.

Estos activistas, con la careta de los derechos humanos, se despachan con falacias como:

  • El Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden
  • En el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras
  • “Después de 23 años seguimos siendo el departamento [Cajamarca], más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia”

Fuente:  muqui.org

Se desprestigia al Estado; no se explica que la policía debe proteger la producción del país, en espacios donde los anti-mineros, atacan constante y violentamente las instalaciones productivas; y se oculta el origen del empobrecimiento de Cajamarca, que con el potencial de ser uno de los departamentos más ricos del Perú, ha transitado hacia la pobreza por las acciones políticas de los anti-mineros, con todo tipo de violencia: extorciones, amenazas, ataques, asesinatos, coerción y por supuesto campañas de medios para falsear la realidad. (Ver en Lampadia: Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’). Tampoco explican que otro departamento (Apurímac), que sí permitió el desarrollo de la mineria moderna, ha reducido la pobreza aceleradamente, desde el período de construción de una de las inversiones más importantes del país, como Las Bambas.

Pero, peor aún que las mentiras de los agentes del empobrecimiento del país, es la débil representación del Estado, con presentaciones débiles y reactivas, así como la ausencia en estos foros, del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que está obligado a ejercer una representación proactiva y asertiva de la industria minera, una actividad fundamental para el futuro de los peruanos.

Veamos la nota de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq:

Camilo Ferreira y Rómulo Villegas
Centro Wiñaq
Para
Lampadia

El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Fuente:  muqui.org

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

Estas son las tecnologías que Sánchez afirman “no han funcionado”. (Foto: Yanacocha.com)

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

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Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú. Lampadia

 

[1] Ver: Aragón, F. M., &Rud, J. P. (2009). The blessing of natural resources: Evidence from a Peruvian gold mine. Banco Central de PeruWorkingPaper Series, 15.

Zambrano, O., Robles, M., & Laos, D. (2014). Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 (No. IDB-WP-509). IDB WorkingPaper Series.

[2]Titulo de un documento de la elaborado por multiples organizaciones antimineras disponible en:  http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/Informe%2520de%2520Convenios%2520Esp.compressed.pdf




La Máxima (mentira) no está sola

La Máxima (mentira) no está sola

La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional[ii].

Lamentablemente varios medios de comunicación y líderes de opinión que han tratado el tema se han comportado de dos maneras. Por un lado están aquellos que divulgan la versión del caso Máxima, planteando que los anti-mineros creen que están defendiendo a una mujer víctima de abusos, pero que no han realizado el más mínimo esfuerzo por verificar si aquello es verdadero o es una farsa. Estos medios están renunciando a la aplicación de las buenas prácticas periodísticas y en especial al principio de escuchar a ambas partes[iii]. En este grupo se incluyen a periodistas que no comparten la ideología Pos-extractivista pero deciden quién es la “victima” y quien el “victimario” en función a las quienes son los protagonistas. El caso se presenta como el de una gran empresa minera trasnacional (Yanacocha) contra una mujer campesina (Maxima Acuña). Tan apegados están al guión que les resulta irrelevante que las evidencias estén del lado de la empresa, y que la mujer campesina resulte diciendo mentiras  sistemáticamente. Para estos líderes de opinión las identidades de las partes enfrentadas determinan quien tiene la razón y la realidad no es algo a constatar. Están tan convencidos que la empresa minera es, por definición un ente malvado, que no consideran necesario conocer su versión, es sorprendente que tampoco les interese comunicarse con los campesinos de la zona, que conocen muy bien quién es la señora Máxima Acuña y de qué vive, para saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la historia que están propalando.

Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. En este grupo se encuentran aquellos que están involucrados en el tema por razones ideológicas. Dadas las sólidas evidencias de que el caso Chaupe es un fraude, es muy difícil que alguien que investigue el caso no se dé cuenta de que se trata de un montaje. Este grupo, que incorpora a ONGs que se definen como “defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente” y su entorno, impulsa el caso Máxima Chaupe en la medida en la que el mismo les permita avanzar en el logro de sus intereses ideológicos y económicos.

En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona. Para estos grupos el caso Máxima es una efectiva herramienta para la lucha política en contra del modelo económico de libre mercado. Para ellos sacrificar la verdad es un precio menor que se justifica frente al “bien mayor” de impulsar las transformaciones sociales deseadas, una especie de maquiavelismo mediático.

A los grupos ideologizados, ligados al pos-extractivismo, no se les puede demandar que dejen de ser cómplices de la mentira. Ellos son “mercaderes de la moralidad” y la invención de mitos es parte importante de su negocio. Dejar de hacerlo implicaría renunciar a su razón de ser, sacrificar su imagen, alejarse de sus redes sociales, abandonar su posicionamiento social e incluso su bienestar económico. Sin embargo, la propagación de mentiras perniciosas como las de Máxima Acuña, también depende de quienes, siendo parte de los medios de comunicación, no practican los principios del periodismo independiente para beneficiarse con el facilismo de historias del abuso del grande versus el pequeño. Sorprendentemente, no les importa que de ellos, termine dependiendo la campaña de deslegitimación de un modelo de desarrollo que  impacta favorablemente en el bienestar de la población, reduciendo la pobreza y la desigualdad, y abriendo nuevas posibilidades de futuro para el Perú. Lampadia

[i] Un análisis de las múltiples mentiras vertidas en el caso Maxima está disponible en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/otra-maxima-mentira-chaupe-grufides-vs-mineria/

[iii] El siguiente video en el que se explica la posición de Yanacocha en el caso Chaupe muestra las sólidas evidencias que dejan en claro las permanentes mentiras vertidas en este caso: https://www.youtube.com/watch?v=d9Mftfy_f_I&index=3&list=PL6b4i1vppQ78XJb7WRd5cXXtBIYfpUGOt




Manual de formación de líderes anti-mineros

Manual de formación de líderes anti-mineros

Por más increíble que parezca, a pesar de todos los acontecimientos vinculados a los llamados conflictos sociales, muchas personas en Lima dicen desconocer que detrás de estos conflictos está la acción organizada de anti-mineros que hábilmente han sembrado mitos y medias verdades para manipular a poblaciones vinculadas con la minería. Llama especialmente la atención que este se exprese también en muchos líderes del periodismo local que tienen acceso a la mejor información disponible en el país.

Con el fin de contribuir a explicitar la actividad de los anti-mineros, presentamos a continuación algunos pasajes del ‘Programa de Formación de Líderes y Lideresas Comunitarios’ preparado por Cooperacción (la ONG que dirige José De Echave) y el Centro Bartolomé de las Casas, con la cooperación (¿financiera y programática?) de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ACSUR-LAS SEGOVIAS – Asociación para la Cooperación con el Sur, entre otras instituciones.

Increíble que el Reino de España promueva con la mano derecha las inversiones de sus connacionales en el Perú y en paralelo, con la mano izquierda, la difusión de material dirigido a deseducar a nuestras poblaciones más pobres y sensibles, por decirlo diplomáticamente. En nuestra opinión esto merece una queja formal por parte del gobierno de la República del Perú.

Veamos algunos cortes de pantalla del manual indicado:

 

 

 

Para que no queden dudas de la autoría y contenido de esta publicación, las siguientes laminas muestran los créditos, el índice y otras perlas del manual anti-minero de De Echave y compañía.

Además, presentamos el enlace al documento en su integridad en la siguiente carátula del manual. 

Como hemos visto, los conflictos que vienen paralizando las inversiones mineras y otras en el Perú se sustentan en acciones políticas e ideológicas que han creado un ambiente de desconfianza, confusión y amilanamiento que es menester combatir.

Si algunos periodistas, como Patricia del Rio y Fernando Carvallo de RPP, necesitan mayor información, los invitamos con todo cariño a sesiones de capacitación en pos-extractivismo y conflictos anti-mineros con nuestro personal en Lampadia.




¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados

Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

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Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

“En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 “en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema”

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

“los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia

[1] Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/conflictos_sociales_y_respuestas_del_estado.pdf

[2] Disponible en: http://www.aprodeh.org.pe/libros/Memoria-conflictos.pdf

[3] Entrevista disponible en: http://www.ideeleradio.org.pe/lo-mas-visto/rolando-luque-hay-que-superar-idea-de-que-conflictos-se-resuelven-solo-si-va-el-presidente-o-el-premier/

[4] Disponible en: http://peru21.pe/opinion/estado-debio-tener-mas-cuidado-tia-maria-2218355

[5] http://www.noticiasser.pe/12/10/2016/editorial/niunmuertomas

[6] En “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos” Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/conflictos_sociales_y_respuestas_del_estado.pdf

[7] Disponible en: http://peru21.pe/politica/rolando-luque-no-hace-falta-que-ministro-este-lugar-conflicto-2259243

[8] Disponible en: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/costos-compartidos-rolando-luque-noticia-1825649?ref=portada_archivo&ft=flujo_archivo_2015-07-14&e=titulo_2




Estrategias Conflictivas de los Anti-Mineros

Estrategias Conflictivas de los Anti-Mineros

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

  1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
  2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

[1] Ejemplos de estos documentos son: “Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas” disponible en http://www.flacsoandes.edu.ec/system/tdf/agora/files/1314997227.dtflacso_2009_zorrilla.pdf?file=1&type=node&id=62155 , y “Manual Antiminero: Guía Práctica para Comunidades Contra las Minas” disponible en http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=190&Itemid=187&lang=es

[2] El geólogo americano Robert Moran ha sido activado para proveer informes “técnicos” anti-mineros en Perú, Argentina, Colombia, Holanda, Estados Unidos, Bulgaria, Indonesia, Bolivia, Honduras, Grecia, Mali, Kirguizistán y Guatemala. Sus documentos son todos muy parecidos, alimentados por una narrativa única. Fuente: http://cwjw8hokez2edxfba4kt5181.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/06/Resume-REM-Lg-20June.2016.pdf

[3] Publicaciones como “Conviviendo con la minería en el sur andino” de OXFAM y CooperAcción son ejemplos de estos intentos de incidencia. Disponible en:  https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Conviviendo%20con%20la%20mineria%20en%20el%20sur%20andino.pdf

 




La responsabilidad de congresistas, Obispos, Fundaciones y dirigentes en el Baguazo

La responsabilidad de congresistas, Obispos, Fundaciones y dirigentes en el Baguazo

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en la entrega anterior que con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos promulgados el 2008 para adaptar la legislación nacional al TLC con Estados Unidos se convirtieron en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, un efecto letal.

Fuente: plazatomada.co

Pues lo que movilizó a decenas de miles de nativos durante meses, hasta culminar en un enfrentamiento que produjo la muerte de 34 personas, fue el mito de que esos decretos se habían dado para despojar a las comunidades de sus tierras y bosques. Eso era, efectivamente, lo que declaraban los indígenas cuando, con las caras pintadas en son de guerra, eran entrevistados por las cámaras de televisión. Ese mito expoliador fue eficientemente infundido por los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana), por congresistas del Partido Nacionalista, por intelectuales y antropólogos vinculados a temas amazónicos y hasta Obispos[1] y sacerdotes [2], en algunos casos de buena fe, sin duda, pero en otros probablemente con el interés de procurar el escalamiento que culminara en la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente, el proyecto insurreccional que la izquierda peruana intentó impulsar esos años.   

Congresistas nacionalistas

El Informe que produjo la Comisión Especial de Investigación y Análisis de los sucesos de Bagua del Congreso contiene algunos ejemplos de esto. Refiere que el 5 de marzo del 2009 los congresistas del partido Nacionalista Janeth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez acudieron al poblado de Huampami, Cenepa, provincia de Condorcanqui, donde Cajahuanca dijo lo siguiente:

“el decreto 1089 le da facultad a COFOPRI para poder quitar sus tierras incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad, incluso si lo tienen registrado en registros públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y sólo tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esta ley le da potestad para quitarle siete hectáreas, porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso hermano? ¿Eso lo vamos a permitir?” Más adelante añade lo siguiente: “Y cuál es el interés del Presidente de la República? Su bolsillo, su bolsillo señores esa es la verdad…”. “El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante para consumir el agua hay que pagar a una empresa privada” (Manacés et al, 2009).

Está demás argumentar que en decreto legislativo 1089 no hay nada que tenga que ver con lo que señaló Cajahuanca, y menos aun en la ley de aguas, aprobada por el Congreso, se privatiza el agua.

Los Obispos de la Amazonía

El 5 de mayo de 2009, un mes antes del trágico enfrentamiento de Bagua, los Obispos de la Amazonía publicaron un pronunciamiento que en buena cuenta ponía a los decretos legislativos como parte de un modelo de desarrollo cruel que permite que las empresas transnacionales despojen a los pueblos indígenas de sus bosques y destruyan la Amazonía. Ante el conflicto suscitado, el comunicado pedía, en efecto, que “…no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida…”, pues, en ese sentido:

 “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.

(…..)

 “Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos…”

(…..)

“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” (Mons. José Luis Astigarraga y otros, 2009)

     Por lo tanto, el comunicado de los Obispos de la Amazonía concluía en  la necesidad de:

     “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Loc.Cit).

Fundaciones europeas y norteamericanas

El pensamiento de los Obispos de la Amazonía en relación a la inversión extractiva reflejaba esa ideología antiglobalizadora que se había ido difundiendo los últimos años en el área andina y en la Amazonía en particular, en este último caso alentada por fundaciones europeas y norteamericanas[3] que profesan un radicalismo indigenista, ambientalista y eventualmente anti capitalista que considera la inversión extractiva y la propiedad privada como destructoras de la Amazonía y que postula la defensa de los ‘derechos colectivos indígenas’ no sólo como un fin en sí mismo sino como un medio para preservar los bosques. [4]

Por supuesto, nadie puede estar en contra de defender los derechos indígenas y la preservación de los bosques. Pero, como sabemos, la causa principal de la deforestación amazónica y el despojo de los pueblos indígenas no ha sido la acción de las empresas sino, de lejos, la colonización protagonizada por los campesinos andinos –es decir, la pobreza- y las actividades informales o ilegales como el narcotráfico (los cocales y las pozas), la minería aurífera informal y la tala ilegal. Más bien la única manera de contener esos fenómenos sería precisamente por medio de una alianza con la empresa minera, hidrocarburífera o forestal formal y capitalizada, que, si bien en el pasado afectó seriamente el ambiente, en las últimas dos décadas suele trabajar con técnicas limpias y sostenibles y puede ordenar el espacio. Pero para los Obispos y muchas ONGs eran esas empresas la principal causa de los males amazónicos.

El hecho es que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, era claramente tributaria de aquella ideología. Muchas ONGs conseguían y consiguen fondos de las fundaciones arriba mencionadas desarrollando campañas de defensa de los referidos “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y de preservación de la Amazonía (para la humanidad) de las actividades extractivas de las empresas capitalistas, y para esto último buscan como agentes a las comunidades nativas mismas.[5] Se planteó incluso

una estrategia orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no sólo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de ‘territorios étnicos’ que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con la consecuente afectación a la soberanía nacional.[6] En esa línea, por ejemplo, los Achuar y otros pueblos indígenas de la selva norte acordaron esos años no aceptar la entrada de empresas petroleras, mineras o madereras.

Pizango, AIDESEP y el Movimiento Cumbre de los Pueblos

Es obvio, pues, que la actitud maximalista de los dirigentes y nativos en el conflicto de Bagua –derogatoria total de los decretos o nada- estuvo determinada por esta ideología radicalmente indigenista y anticapitalista, de un lado, pero también por la adhesión de los líderes de AIDESEP al llamado Movimiento Cumbre de los Pueblos que por entonces se desarrollaba y cuyo objetivo era derrocar al presidente García y convocar a una asamblea Constituyente. El 15 de mayo del 2009, poco menos de tres semanas antes de los sucesos de Bagua, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP,  divulgó un pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en insurgencia contra el gobierno del Sr. Alan García”. Al día siguiente, sin embargo, a instancias de la Defensora del Pueblo y luego de una larga reunión con ella, acordó dejar sin efecto el llamado a la insurgencia (Lombardi, 2010). Sin embargo, 15 días después Pizango participa en la IV Cumbre de los Pueblos en Puno que acuerda impulsar un juicio internacional contra Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas…, y un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”. [7]

A esa Cumbre el presidente boliviano Evo Morales remite una carta en la que ataca al capitalismo neoliberal que pretende destruir la tierra, y llama abiertamente a una “revolución”:

“Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Hoy en día, sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta.

(…..)

Este es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres asumamos nuestro destino como pueblos; que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia (Morales, 2009).

El fracaso de los canales democráticos

Por eso, no sorprende tampoco que los intentos del presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, por encontrar una salida modificando los decretos legislativos, fracasaran. En efecto, el 22 de abril del 2009 Velásquez Quesquén se reunió con los dirigentes de AIDESEP encabezados por Alberto Pizango para intentar no la derogatoria sino la modificación de los decretos en todo lo que fuese solicitado. Es decir, la solución lógica, sensata, el justo medio. Si la consulta a los pueblos indígenas no se había hecho en su momento –porque no estaba normada, además-, pues ella se estaba realizando en ese acto. Según el congresista José Vargas, quien asistió a la reunión, los dirigentes acordaron que harían llegar en los próximos días, a la comisión técnica que se formaría, sus propuestas de modificación. Por su parte, Velásquez Quesquén dio su palabra de que dichas propuestas serían recogidas en su integridad y apoyadas incondicionalmente por la célula parlamentaria aprista. La reunión había sido auspiciosa. La comisión técnica se formó y empezó a trabajar, pero los insumos de AIDESEP nunca llegaron. Pese a ello, la comisión redactó un borrador de informe con propuestas de modificaciones. El 27 de abril convocó a los representantes de AIDESEP para discutirlas, pero los dirigentes que asistieron a la reunión se negaron a considerar cualquier modificación a los decretos legislativos y advirtieron que solo aceptarían su derogatoria. Alberto Pizango, que inicialmente había aceptado la propuesta de modificar los decretos, terminó desconociéndola. Se había regresado a fojas cero, nuevamente.

El Ejecutivo, por su parte, hizo también todo lo posible. Creó mediante Decreto Supremo una  Comisión Multisectorial para resolver el impasse. Esta  se instaló el 20 de mayo sin que acudieran los representantes de AIDESEP. Los llamados formulados por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y su ofrecimiento de allanarse a cualquier modificación solicitada por los nativos, no fueron acogidos. Las pocas reuniones que hubo, no llegaron a nada.

Pocos días después, el 5 de junio, se produjo el fatídico desenlace. Lampadia

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” (2011) de Jaime de Althaus

[1] El 28 de febrero del 2008 los Obispos de la Selva publicaron un comunicado en el que afirmaban: “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas… Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas…” “…En particular, nos preocupan los procesos de inversión privada en la selva; los proyectos de ley 840 (denominado “Ley de la Selva”), 1770, 1990 y 1992; las concesiones y adjudicaciones de las tierras y los bosques; la exploración y explotación minera y petrolera, porque pueden amenazar la supervivencia física y sociocultural de los pueblos indígenas e incrementar los conflictos socio-ambientales en la Amazonía” (.Monseñor Gerardo Zerdin et al, febrero 2008).

[2] Por ejemplo, el sacerdote jesuita Francisco Muguiro, vicario de Jaén y director de Radio Marañón,  escribía, el 14 de setiembre del 2008: “…se nos estaba escapando el decreto 1090 y otros que señalan los obispos en su comunicado como atentadores de la vida de las comunidades nativas y de sus recursos”. El 22 de febrero del 2009 escribe: “Así parece que lo entiende nuestro gobierno cuando da las leyes 1050 -ya derogada- 1090, 1064, 1089… todas para apropiarse de la selva y explotar los recursos naturales… Gracias a Dios que, a esta visión y a estas leyes, respondió el pueblo amazónico unificado con el paro del 9 de julio del 2008”. El 19 de abril del 2009 publicó que en el Perú “…se han dado… un conjunto de decretos que atentan contra la Amazonía y los pueblos que la habitan y por eso están con un paro”. Y el 24 de mayo del 2009: “Gracias a Dios que la sociedad civil se ha expresado en contra de los decretos leyes del gobierno… que quiere hacer de la Amazonía una chacra de agro exportación o además una empresa de extracción de madera insostenible como hasta ahora, o unos campos de explotación minera o de hidrocarburos…”.

[3] Esas fundaciones son, entre otras: Ibis (Dinamarca); Internacional Work Group for Indigenous affaires (IGWIA) y American Watch.

[4] La fundación IWGIA, por ejemplo,apoya las organizaciones indígenas en la titulación de sus territorios y en la defensa de éstos contra las amenazas de invasión de empresas forestales, petroleras o de colonización…”. Y agrega, en su página web: “La propiedad individual amenaza a los pueblos indígenas. La tendencia en favorecer a la propiedad individual de la tierra en vez de la propiedad colectiva es una de las grandes amenazas contra los pueblos indígenas ya que de esta manera se abren las puertas a la privatización de la tierra y los recursos. También se corre el riesgo de vender tierras a individuos no indígenas o a intereses de grandes empresas”.

[5] La danesa Ibis, por ejemplo, apoya a los pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia y Perú a afirmar sus territorios como autónomos apuntando a un “Estado plurinacional”. Declara que “el apoyo a pueblos indígenas significa defender su derecho al uso sustentable de la biodiversidad y a la conservación y rescate de la sabiduría ancestral, no solamente para beneficio de los propios pueblos indígenas, sino de toda la humanidad”. Ese mismo es el discurso de Alberto Pizango, el líder de la movilización contra los decretos, quien el 18 de noviembre de 2010 lanzó su candidatura a la presidencia de la república por el partido llamado precisamente “Alianza para la Alternativa de la Humanidad”, ofreciendo que de llegar al poder, promoverá “un Estado plurinacional que defienda a la madre tierra de la ambición occidental” (Perú 21).

[6] Esta estrategia, explicitada por el abogado español Pedro García Hierro, ex asesor de AIDESEP, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca, recomienda, entre otras cosas, por ejemplo, precisamente la vinculación conceptual entre territorio y nacionalidad, con claras referencias a la exclusión de la acción ordenadora del Estado, así como un trabajo de concientización de las comunidades a fin de que posean capacidad de movilización y procuren una consolidación interétnica que permita presentar propuestas unitarias y sin fisuras. Es decir, un verdadero programa político, que se expresó, por ejemplo, en la formulación del “Plan de vida para el pueblo achuar” (2006), elaborado con el apoyo de varias ONG, que exige respetar los acuerdos de los congresos achuares y de otros pueblos indígenas vecinos como los huambisas, candoshis y quichuas del Pastaza, de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras.

[7] Declaración de Mama Quta Titikaka

 




La (i)responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en el Baguazo

La (i)responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en el Baguazo

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en nuestra anterior entrega (ver en Lampadia: ¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)) que el Baguazo con su fatídico desenlace fue la consecuencia de un mito que se construyó en torno a los efectos supuestamente expoliatorios de los diez decretos legislativos que se dieron para adaptar la legislación nacional al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es lo que hemos llamado el mito expoliatorio. El baguazo fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Fuente: Blog-puntodevistaypropuesta.wordpress.com

El único decreto legislativo que contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para adquirir tierras comunales, era el 1015, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero, como recordamos en el artículo anterior, este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos así hubieran querido.

Veíamos también que otro decreto legislativo cuestionado, esta vez sin razón, fue el 1090, Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal estableciendo garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Lo increíble, y es lo que vamos a analizar ahora, es que la propia Defensoría del Pueblo se sumó a la construcción del mito cuestionando la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090 (y de otros), con argumentos discutibles y poco equilibrados,  ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas.

En efecto, la Defensoría argumenta, en su informe 027-2008, que, según la Constitución, el Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos naturales, y de fijar las condiciones de su utilización y su otorgamiento a los particulares. Pero el 1090 –dice el informe- excluye de la condición de recursos forestales –es decir, naturales- a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, con lo que estas categorías quedan fuera de la preocupación especial del Estado en lo relativo a asegurar su uso sostenible, de modo que las tierras correspondientes podrían verse afectadas por usos no sostenibles y peligrosos. Con lo que el decreto, pues, violaba el derecho fundamental a un ambiente sano. Además, el informe encuentra, en normas y proyectos anteriores, una tendencia a entregar en propiedad privada las plantaciones forestales, insinuando que el propósito de este decreto legislativo sería el de entregar en propiedad las tierras de uso forestal y de plantaciones, aunque, de otra parte, reconoce que “la entrega en propiedad de las tierras con capacidad mayor de uso forestal no resulta expresa en el decreto legislativo 1090”. Es decir, la Defensoría cree ver una intención en la ley que la propia ley no refrenda, y lo reconoce. Inaudito.   

El informe de la Defensoría lleva a concluir, entonces, que todas las tierras con capacidad de uso mayor forestal y las plantaciones van a dejar de ser protegidas por el Estado, y como consecuencia pueden ser depredadas y eventualmente entregadas en propiedad privada, aunque esto último no se establezca en la ley. Lo increíble es que en ninguna parte el informe cita literalmente el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 1090, que dice así: “Son recursos forestales los bosques naturales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional”. De la lectura de ese artículo queda meridianamente claro que los bosques –es decir, la gran mayor parte de la extensión amazónica- siguen siendo recursos naturales, de modo que, en la práctica, las únicas tierras que dejan de ser consideradas recursos forestales o naturales son las áreas depredadas, deforestadas, aptas en principio para plantaciones forestales. Es decir, las áreas en las que el derecho a un ambiente sano ya fue afectado, y lo fue precisamente por ausencia de un derecho de propiedad claro que las defendiera. Entonces, la solución en esas zonas, para recuperar un ecosistema sostenible, para cautelar el bien constitucional del derecho a un ambiente sano, es precisamente la plantación forestal, que se desarrollaría con mucha mayor rapidez y calidad si se pudiera entregar esas tierras destruidas en propiedad (lo que el decreto, como hemos visto, ni siquiera autoriza). Es decir, todo lo contrario de la argumentación de la Defensoría. 

No es de extrañar, entonces, que las comunidades nativas pensaran que ese decreto pretendía excluir a los bosques –incluidos los que están en sus territorios- de su condición de recursos naturales y entregarlos, sin ninguna protección ni condicionamiento, a la voracidad capitalista. Es lo que en última instancia se desprendía de la interpretación sibilina que hizo la Defensoría.

Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua

De hecho, esa, y aún más dramática, fue la lectura que hizo el Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua, que reza así:

“El informe (de la Defensoría) concluye que la norma presentaba un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la deforestación de los bosques primarios del país” (Gómez y Manacés: 22).

De hecho, el decreto legislativo 1090 se convirtió en el símbolo de las intenciones predatorias del gobierno y en el blanco principal de la lucha de los indígenas. ¿Cómo no movilizarse hasta la muerte si la propia Defensoría del Pueblo dice que el decreto legislativo 1090 favorece el despojo y la deforestación de los bosques? ¿Para qué sentarse a dialogar para modificar los decretos, si son inconstitucionales y deben simplemente ser derogados?

En realidad, no sólo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes, las normas sobre información y participación de las comunidades y la institucionalidad que en materia de inversión petrolera se había venido dando en los últimos años, buscaban fomentar la inversión, sí, pero también proteger más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, aunque sí es cierto que no promovían especialmente, por ejemplo, el acceso de los pueblos indígenas al reconocimiento de sus tierras tradicionales aún no tituladas, y que “la titulación de tierras indígenas no aparece como un mecanismo contemplado por el paquete y sí todas las otras formas de titulación” (Gómez y Manacés, p. 21).

Pero una cosa es que los decretos legislativos no pusieran énfasis en la titulación de las comunidades, y otra es que buscaran despojarlas. Si los decretos contenían artículos que podían ser interpretados de modo malicioso para afectar los derechos de las comunidades, se trataba de disposiciones fácilmente modificables o precisables, como hemos visto. Pero esto nunca se pudo realizar. No se quería realizar. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, como veremos, lo intentó, se reunió con Alberto Pizango, el líder indígena, se instaló una comisión técnica para el efecto, pero fracasó porque AIDESEP insistió en la derogatoria total, llevando a su gente al despeñadero. ¡Y ha sido exculpado! En el Ejecutivo también se conformó una comisión multisectorial con presencia de AIDESEP y en varias ocasiones el propio presidente del Consejo de Ministros –Yehude Simon- solicitó que se precisara qué artículos había que modificar y de qué forma, a fin de proceder a hacerlo y resolver el problema, pero siempre la respuesta fue la derogatoria total o nada.

Con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos se habían convertido ya en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, el terrible efecto letal que todos lamentamos.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia




¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)

¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)

Por Jaime de Althaus

Para Lampadia

Ha sido una pésima noticia el reciente fallo de la Sala Penal de Bagua que absolvió a 52 nativos de los cargos de asesinato de 12 policías ocurrido en la Curva del Diablo el 2 de junio del 2009, como parte de los enfrentamientos que derivaron en la muerte de 24 policías y 9 nativos conocido como el “baguazo”. Pésima noticia porque transmite el mensaje de la impunidad,  de que en nuestro país es posible inventar mitos expoliadores para movilizar irresponsablemente a las poblaciones con consecuencias fatales, y no pasa nada. De que es posible matar policías y no hay consecuencias penales.

Vergonzosa sentencia

 

Esta es una muy mala señal al inicio de un gobierno que podría tranquilamente fracasar jaqueado por movilizaciones basadas también en falsedades inventadas o en medias verdades que son peores que las mentiras porque son más difíciles de desmontar.

Porque eso fue lo que tuvimos en este caso. El “baguazo” fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Por eso, aquí no se trata de juzgar y castigar sólo a los que ejecutaron los disparos que cegaron la vida de doce policías. Hay que hacerlo, si es que existen las pruebas, sin dudas y sin miramientos culturales, porque ninguna cultura admite el asesinato. Pero también hay que identificar y juzgar a quienes inventaron y difundieron el mito expoliador de los decretos legislativos. ¿Se configura acá la modalidad de Autoría Mediata?

Es verdad que ese mito pudo alcanzar vuelo gracias a una historia de abusos, pérdidas y amenazas que las comunidades habían sufrido desde la época del caucho. Pero el mito debió tener una fuerza de atracción muy grande para  lograr el poder movilizador que tuvo, que llevó a que comunidades nativas, hasta ese entonces casi desconocidas o ignoradas, muchas en una economía paleolítica, pudieran doblegar al Estado obligándolo a derogar algunos de los decretos legislativos mencionados luego del saldo fatal de 24 policías muertos. Acaso el psicosocial más cruentamente eficaz de la historia contemporánea.

Las comunidades nativas de la selva se movilizaron, efectivamente, contra diez decretos legislativos[1] que fueron promulgados entre marzo y junio del 2008 al amparo de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo con la finalidad de dar las leyes necesarias para adaptar la legislación a los estándares demandados por el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y aprobado por el Congreso el 2006. El espíritu de esas leyes era conseguir una explotación sostenible y formalizada, controlable, de los recursos forestales de la selva, preservando los derechos de los nativos. Pero los nativos fueron persuadidos de lo contrario, de que la intención aviesa de las leyes era despojarlos de sus tierras y bosques.

Es cierto que uno de esos decretos legislativos contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para esos fines protervos, es decir, para adquirir tierras comunales. Era el 1015, dado el 19 mayo de 2008, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero resulta que este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos.

No había, por lo tanto, razón. Los demás decretos legislativos eran inocuos. Nunca resultó claro, durante el debate público y mediático que se desarrolló los meses y semanas anteriores al baguazo, qué artículos o disposiciones de los famosos decretos legislativos pudieran afectar, en su aplicación, los derechos indígenas. Cuando se pedía que se precisara cuáles eran, se evadía la respuesta y se insistía en demandar la derogatoria de todos los decretos ya no por su contenido sino porque no habían sido consultados tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado peruano, convenio del que ni el Estado tenía mayor conciencia y que no había sido reglamentado y, por lo tanto, no podía ser aplicado.

No obstante, recién después de la tragedia aparecieron algunos intentos de señalar artículos potencialmente amenazantes en los decretos. El informe en minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, firmado por Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, señala que los decretos legislativos 994 y 1064 introdujeron un concepto ampliado de tierras eriazas destinadas a la inversión privada: ya no sólo las tierras improductivas por falta de agua, sino también las que tienen exceso de agua y no están tituladas, sugiriendo que por esta vía se pretendía despojar a las comunidades nativas de sus tierras. Pero si se revisa el decreto legislativo 994, vemos que, si bien dice que “son tierras eriazas con aptitud agrícola, las no explotadas por falta o exceso de agua” (Art. 3) (la misma definición está en el 1064), también precisa que está dirigido sólo a “promover la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado” (Art. 2), excluye “aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o comunal inscrito en los registros públicos” (3.2), y establece que “no se considera tierras eriazas con aptitud agrícola… las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso mayor forestal” (3.3.e). De modo tal que si estas últimas, sean o no de propiedad comunal, no eran materia de concesión al sector privado para proyectos de irrigación, quedaban automáticamente a salvo gran parte de los territorios de las comunidades nativas.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), en un documento publicado días después de los sucesos de Bagua, señala que en la Amazonía las tierras consideradas eriazas por exceso de agua, como los aguajales y zonas ribereñas donde se recolecta huevos de tortuga, sirven de sustento a las comunidades. Pero, francamente, es imposible imaginar que alguien quiera hacer una irrigación en un aguajal, de modo que el 994 no se aplica a esas tierras. Sólo se aplicaría, entonces, acaso, a aquellas tierras ya deforestadas y de uso agrícola –no forestal- y que, además, no estuviesen tituladas y fuesen aptas para ejecutarse en ellas proyectos de irrigación. Si las comunidades nativas poseen áreas que reúnen todas esas particulares condiciones, pues, sí, debió incluirse un artículo que precisara que en esos casos no podría haber adjudicación al sector privado mientras no culminara el proceso de titulación a la comunidad, o algo por el estilo. Con una frase se arreglaba el problema. Nadie del lado de los nativos quiso identificar la frase.

Pues, obviamente, el objetivo de ese decreto no era despojar de sus tierras a las comunidades nativas. Era fomentar proyectos de irrigación en tierras eriazas, la mayor parte de las cuales están en la Costa. Pero este decreto fue relacionado al 1090, la Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal contenida en el decreto 1090. Respecto de este punto, que era más sensible, dispuso lo siguiente:

“No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento” (art. 6).

Fuente: Exitosa

Es decir, la nueva redacción establecía garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

Lo increíble, es que la propia Defensoría del Pueblo había cuestionado la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090, con argumentos discutibles y poco equilibrados, acaso ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas. Pero esto es algo que veremos en la próxima entrega.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia

[1] Los más importantes son:

-994: promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola.

-1064: régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario

-1020: promoción de los productos agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito.

-1081: Crea el sistema nacional de recursos hídricos

-1089: Establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales.

-1090: Aprueba la ley forestal y de fauna silvestre

-1083: Promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos