Carlos E. Galvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Lima, 12 de febrero de 2020
Para Lampadia

¿Por qué el Estado peruano, a sabiendas que tenemos un histórico y grave problema de contaminación ambiental natural en la cuenca del Valle del Tambo, no asume sus responsabilidades?

¿Sabía usted, como sí lo sabe el gobierno del Perú, que la producción de arroz en Cocachacra contiene por razones del suelo y del agua usada, hasta 4 veces más Arsénico que el Límite Máximo señalado por el CODEX alimentario? ¿Y que la aceituna producida en Dean Valdivia, contiene 8 veces el límite máximo de Arsénico aceptado por el Consejo Internacional de Aceituna? Ciertamente por eso no se pueden exportar, obviamente tampoco se debieran comercializar para consumo nacional, de la misma manera que no se permite la comercialización de carne de Cerdo con Triquina o de carne de Res con Tuberculosis.

Dicho esto, que ha sido verificado por OEFA e informado desde el año 2017, nadie reacciona. El Ing. Oswaldo Tovar, especialista y consultor en temas económicos, ha publicado en la revista ENERGIMINAS en noviembre 2018, el artículo “Minería de Todos” que explica muy bien esta situación, pero que pareciera no interesar a las máximas autoridades del gobierno, a pesar de los graves daños que viene generando a la población y en particular a la niñez.

¿No somos conscientes que es imposible combatir la anemia, mientras no resolvamos este problema? ¿Creemos que acaso pudiéramos aspirar a ser aceptados en la OECD sin resolver estos graves problemas de control en nuestra actividad productiva?

Creo que la consecuencia natural de esta nota, debiera llevar al gobierno a instalar una dependencia de SENASA en El Valle del Tambo, para certificar la calidad del arroz, aceituna y en general de toda la producción agrícola, así como hacer un claro control y seguimiento policial de la cadena comercial y de distribución de estos productos que, sin esos controles pudieran estar llegando a la mesa de TODOS LOS PERUANOS. No hacerlo sería un grave hecho de corrupción y prevaricado del gobierno.

A continuación, copio, con autorización del autor, Ing. Oswaldo Tovar, la parte pertinente de su artículo que, repito fue publicado en la edición 66 de ENERGIMINAS en noviembre 2018.

“Valle El Tambo

Este hermoso valle, donde no sólo está ubicado el proyecto minero Tía María, sino la segunda relavera de Cerro Verde recientemente inaugurada el 2015, la mina de cobre Chapi (Pampa de Cobre), la mina Tucari (Aruntani), el proyecto minero San Gabriel, y Los Calatos, la Presa Pasto Grande (con su trasvase de agua hacia Moquegua), el proyecto de embalse Paltiture; y si bien desemboca al Océano Pacífico en Arequipa, al subir en dicha cuenca pasa por Moquegua y llega hasta Puno tanto en el extremo norte como sur, pasando previamente por una zona volcánica con varias emanaciones de géisers que contaminan el agua del cauce con Boro, Arsénico entre otros.

En este valle existen 44 géisers (según INGEMMET) con emanaciones que van desde 22 hasta 91 °C, contenido de Boro hasta 48 mg/L, Litio hasta 28 mg/L (ojo con esto), Cloruro hasta 14,000 mg/L, Sodio hasta 9,000 mg/L, totalizando un caudal de 50 L/s de estas aguas termales vertidas de manera natural a la cuenca y contaminando el agua.

Consulta: ¿A nadie se le ha ocurrido que esta agua contaminada, está a su vez contaminando de manera natural desde hace miles de años los suelos y los cultivos del Valle El Tambo?

Resulta que entre febrero y mayo del 2017 el OEFA hizo una inspección en la zona y emitieron el Informe 078-2017-OEFA/DE-SDCA-CMVA^[1] firmado por 10 (diez) profesionales, donde además de hacer muestreos al agua y suelos, hicieron -a pedido de la población- 7 (siete) muestras de tejido vegetal, 2 (dos) de ellas en Cocachacra (granos de arroz), y 1 (una) en Dean Valdivia (olivo fruto), determinándose que:

• Las muestras de arroz contienen 0.2 y 0.8 mg/kg de Arsénico, sobrepasando el límite máximo de 0.2 mg/kg señalado por el Codex Alimentario^[2].
• La muestra de aceituna contiene 0.8 mg/kg de Arsénico, sobrepasando el límite de 0.1 mg/kg del Consejo Internacional de Aceitunas^[3]

En otras palabras, si deseamos exportar ese arroz y esas aceitunas a mercados internacionales, nos la van a observar. Y no por negligencia de los agricultores, sino porque las condiciones naturales del valle son así, la propia agua ya viene contaminada, por lo tanto, la producción también tiene riesgo de estar contaminada. De la misma forma que sucedió con los primeros envíos de “alcachofa orgánica” del Valle del Mantaro a USA (resulta que tenían Arsénico^[4]).

Recordemos que uno de los efectos del arsénico en el organismo es la reducción de la producción de glóbulos rojos (anemia), y a lo mejor es una de las razones por las que entre 60% y 80% de niños menores de 3 años de los distritos de la cuenca como son Cocachacra, Polobaya, Yarabamba, Puquina, Omate, Punta de Bombón, etc. tienen anemia según cifras oficiales del MINSA de junio 2018.

Entonces, en un entorno que de manera natural se están generando productos agrícolas que no van a pasar controles fitosanitarios, ¿usted estimado lector cree que será bienvenida la gran inversión que además trae a la SUNAT, SENASA, OEFA, Policía, Fiscalía, etc.?

Una alternativa de solución puede ser el de voltear el escenario y pensar en generar economías con los recursos que se tiene, por ejemplo:

1. El proyecto de represa Paltiture ha sido ubicado con buen criterio civil-hidrológico tan arriba en la cuenca que se localiza en Puno, y ello ha llevado a que un alcalde distrital de Puno interponga una medida cautelar impidiendo su construcción hasta la fecha. Conocido este escenario, se puede reubicar el embalse ligeramente aguas abajo pero antes de la aparición de los géisers, y contemplar en el proyecto un entubado del agua limpia recolectada.
2. Aguas más abajo se tiene la presencia de géisers, con ellos se podrían generar dos productos de valor, por un lado, se puede precipitar las sales de boro (para fabricación de vidrio borosilicato) y litio que de ellas emanan (falta hacer los cálculos técnicos y económicos), pero además, con el calor de dichas emanaciones podría generarse energía geotérmica, justamente esa zona está catalogada por INGEMMET como región geotérmica.
3. Aguas más abajo, y por efecto del agua limpia entubada, se puede generar energía hidroeléctrica, por cada 1000 L/s y una caída de 1000 m se puede generar aproximadamente 9 Mw de potencia hidroeléctrica, y con la venta de dicha energía co-pagar el tratamiento químico u ósmosis necesaria para tener agua limpia de riego al final de la cuenca de El Tambo. Tenemos que empezar a ver al agua como un insumo más en la cadena de producción (así como la mano de obra, la electricidad, el petróleo), y como tal no tiene por qué ser gratis, “sin agua no produzco”.
4. Finalmente, en la parte baja del valle (Cocachacra), debido a que los suelos ya están contaminados, se podría instalar terrazas horizontales hechas de gavionería (andenes) y así generar una nueva superficie agrícola con productos de mucho mayor valor unitario (que pague tanta inversión) para exportación. Dejemos atrás el slogan “consume lo que el Perú produce” y demos un paso adelante con “produce lo que el Mundo requiere”.

Con este concepto habrá que hacer cálculos, pensando “inyectar el mínimo capital posible” y a su vez “generar el mayor volumen de ventas formales a través del cambio en la matriz de producción” (entiéndase que no se va a sembrar ni papa ni arroz). Como verán, no es una ecuación que la resuelve un solo sector (ejem MINAGRI) sino que debe manejarse de forma intersectorial (INGEMMET, MINEM, MINAGRI, MINSA), y justamente esa es una debilidad actual del Estado: problemas como este suelen tradicionalmente manejarse de manera unisectorial.

Con una visión holística del entorno podríamos considerar que el proyecto Tía María no sólo se va a vender “por sus beneficios macroeconómicos y su probada inocuidad ambiental”, sino que es el propio Estado quien tiene que asumir un rol estadista y generar un Plan Estratégico de Desarrollo, apalancado por sus recursos naturales (minería y geotermia) que permita revertir la condición de informalidad económica que de manera natural existe en la zona, y eventualmente evaluar la posibilidad de generar subsidios cruzados entre minería, energía, agricultura, industria, y hasta turismo. Es decir, que con parte de la renta minera se co-pague el agua que por ser escasa y de mala calidad resulta siendo cara como insumo de producción.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La provincia cusqueña de Espinar es un microcosmos en el que se juntan muchas de las taras que afectan nuestro desarrollo. Problemas de contaminación en el agua revelados por un informe de la Dirección General de Salud que, por supuesto, no precisa la causa, aprovechamiento político de la situación para acusar a la mina (Antapaccay) de ser la causante, competencia entre facciones de izquierda de cara a las elecciones del 2021 por ver cual se radicaliza más contra la mina, una empresa minera incapaz de comunicar y explicar, una planta municipal de agua potable muy mal gestionada e ineficiente para tratar los minerales, un Estado desarticulado y ausente que no resuelve los problemas de contaminación ni atiende a las personas afectadas.

La provincia tiene una larga historia de informes de distinta autoría que demuestran la existencia de metales en los ríos o en los animales y personas que superarían los niveles permisibles, pero ninguno establece la causa de esa contaminación –si es la actividad minera o es de origen natural, dada la configuración mineralizada de los suelos. Tampoco se precisa si esas concentraciones de metales son causa de enfermedades.

La constante, sin embargo, es que los estudios son inevitablemente aprovechados por ONGs y políticos de izquierda para acusar a la mina (Xstrata Tintaya primero y Antapaccay, de Glencore, ahora) de ser la causante de la presencia de elementos dañinos.

El último informe, que ha desatado un nuevo movimiento contra la mina, ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y dado a conocer en diciembre pasado. Revela la presencia de metales como arsénico, hierro, manganeso y aluminio por encima de los niveles permitidos en varias muestras del agua destinada al consumo de la población de Espinar.

Por supuesto, el informe no indica el origen de esos metales, si provienen del agua naturalmente mineralizada de los ríos Apurímac y Huayllumayu, que son los que abastecen a la planta de agua potable de Espinar, o si proceden también de la operación minera. Pero ya la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y el propio alcalde Lolo Arenas, se lanzaron a culpar a la empresa minera y convocaron a una marcha que se realizó a fines de enero exigiendo al gobierno declarar el sistema de abastecimiento de agua en emergencia sanitaria.

La OEFA viene realizando un estudio para establecer la “causalidad” de la presencia de metales en el agua en Espinar, cuyos resultados aún no han sido entregados. Pero basta mirar el mapa en Google Earth para percatarse de que es prácticamente imposible que la actividad minera de Antapaccay pueda afectar la calidad del agua en Espinar. En efecto, la planta de agua de la ciudad se abastece, como decíamos, de los ríos Apurímac, que es el que aparece más a la izquierda en la imagen, y el río Huayllumayo, que es el que aparece al centro. Pero la actividad minera de Antapaccay emite agua tratada al río Cañipía, que está en otra sub cuenca, separada por una cadena de cerros de los ríos proveedores, y además en una cota superior. Es prácticamente imposible que haya filtraciones de una sub cuenca a la otra. Por lo demás, el agua que Antapaccay vierte al río Cañipía es tratada, inocua, y más bien sirve para compensar el déficit hídrico de ese río. Es decir, es un activo ambiental.

Según nos informan, al alcalde Lolo Arenas se le ha mostrado estas imágenes incluso en 3D, pero no le interesa la verdad. Insiste en culpar a la mina. Por supuesto, aun hay que esperar los resultados del estudio de la OEFA. Pero también es notoria la incapacidad comunicacional y relacional de la empresa minera, que no es capaz de explicar la realidad.

Competencia entre facciones de la izquierda

Lo que ocurre, según fuentes bien informadas, es que la tradicional desinformación deliberada en Espinar acerca de las causas de la contaminación se ha acentuado en esta coyuntura, aunque parezca mentira, debido a la competencia que ya desde ahora se da entre facciones de la izquierda nacional por posicionarse frente a las elecciones generales del 2021. En las ONGs ambientalistas de la zona, como la vicaría de Sicuani y “Derechos sin Fronteras”, siempre ha tenido mucho predicamento Verónica Mendoza, líder de Nuevo Perú. Gregorio Santos, de otro lado, que perdió las elecciones en Cajamarca, no las perdió precisamente en Espinar, donde su candidato, Lolo Arenas, triunfó. Santos, que se ha aliado con Vladimir Cerrón, gobernador de Junín que posee un partido inscrito, Perú Libertario, desea postular a la presidencia de la república por ese partido, pero necesita recuperar terreno en Cajamarca –como veremos- y avanzar en Junín y en el Cusco. Ha efectuado recientemente un recorrido por el sur y la consigna en el caso de Sicuani es desplazar al mendocismo encarnado en “Derechos sin Fronteras” de Jaime Borda y Vidal Merma, y también a los alfiles enviados por Walter Aduviri, a costa de atacar más fuertemente a la mina.

Es algo penoso. La izquierda siempre se construye destruyendo al capital, a la inversión, al desarrollo del país. Esto no es novedad. En Cajamarca está haciendo lo propio, aunque allí sí aprovecha una afectación real, el derrame de agua de relave ocasionado por la minera Goldfields hace unas semanas, así como el hecho de que ni Activos Mineros ni la Dirección General de Minería han comenzado con la remediación de los pasivos ambientales en Hualgayoc, que vienen de la Colonia, pero a lo que el gobierno se había comprometido el 2016 cuando se declaró emergencia ambiental esa zona. Por supuesto, gran compromiso, pero a la hora de la ejecución nada porque no se había presupuestado un centavo para tal efecto. No obstante, Heydi Araujo, funcionaria de la OEFA, nos informa que en diciembre pasado ya se otorgó 54 millones de soles para realizar un nuevo estudio y licitar recién la remediación quizá a fines de marzo.

Pero la intención de Gregorio Santos iría más allá: abroquelar las rondas campesinas contra el inicio de Michiquillay, y mantener, por supuesto, la oposición a Conga. Es decir, recuperar y cohesionar su base social y política a costa del desarrollo de Cajamarca y del país.

Las taras del Estado peruano

Pero, junto a estas derivas perversas de la izquierda, están también las taras del Estado Peruano. La mineralización del agua de los ríos de la provincia de Espinar se conoce desde siempre –hay un río que se llama “Salado”- pero fue estudiada y demostrada por lo menos desde el año 2010. El 2013 la mesa de diálogo, con presencia del gobierno central, aprueba un Plan Ambiental Sanitario, cuyas acciones principales, según la OEFA, no han sido ejecutadas aún. Lo que se requiere, nos dice Heydi Araujo, son básicamente tres acciones:

• Reforzar los servicios de salud de la provincia para atender a las personas diagnosticadas con presencia de metales pesados. Esto depende del gobierno regional.
• Modernizar la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi para tratar metales pesados, y
• Dotación de agua de calidad para el consumo de animales de pastoreo y mejoramiento productivo del sector agropecuario.

La incapacidad de avanzar en estas líneas pone de manifiesto las carencias del Estado en sus tres niveles y los problemas de un proceso de descentralización fallido. Se denuncia la existencia de metales pesados en el agua, pero la municipalidad es incapaz de gestionar la planta de agua a fin de que pueda tratar dichos metales. El agua potable no debería estar en manos de empresas municipales.

El gobierno regional, por su parte, es incapaz de mejorar los servicios de Salud en la provincia para tratar a las personas afectadas. La descentralización del sector Salud sin control ni rectoría central ha sido un problema en el país.

Y ni la Dirección Regional de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura son capaces de dar una respuesta a la necesidad del desarrollo agropecuario de la zona.

Es increíble que siendo la minería tan importante para el desarrollo nacional,  y habiendo la descentralización en buena cuenta feudalizado el país, la presidencia del Consejo de Ministros no haya nombrado hasta ahora a funcionarios coordinadores del Estado cuando menos en las regiones mineras, que tengan el poder para hacer que los sectores y los gobiernos regionales cumplan  los compromisos acordados en las mesas de diálogo o de desarrollo y ayuden a atender con oportunidad demandas y problemas que se presentan. Recién se va a crear, con financiamiento externo, unas Agencias de Desarrollo Regional, con función articuladora, pero en 5 regiones ¡que no son mineras! (La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura). Absurdo.

1,462 compromisos pendientes

Según el informe Willakniki de la Secretaría de Diálogo y Gestión Social (SDGS) de la PCM, existe un total nada menos que de 1,462 compromisos suscritos con las comunidades y pueblos que no han sido cumplidos hasta ahora.

De ellos, 1,118 corresponden al Estado, de los cuales 695 (62%) compromisos pertenecen a los sectores, 202 (18%) a los Gobiernos Regionales, 146 (13%), a los Gobiernos Locales y 61 (6%) a empresas públicas. Lo frecuente es que el Ministerio o los gobiernos sub-nacionales asumen un compromiso y luego no lo incluyen en su presupuesto. No le hacen caso, acaso como un reflejo del desprecio colonial a lo andino. Recién en los últimos meses la SDGS está montando un sistema de seguimiento de los compromisos, pero sin capacidad coercitiva. Lo que hace falta, como decíamos, es un coordinador presente en las regiones que, además, ayude a que funcionen los sistemas de alerta temprana para anticipar los conflictos.

El canon de la corrupción

Ahora bien, muchos de estos problemas se resolverían si hubiese un manejo adecuado del canon y las regalías mineras. La gestión actual de esos recursos, en manos principalmente de las municipalidades, es un gran desperdicio que no genera desarrollo local sino corrupción y conflictos. Urge una reforma que establezca organismos de desarrollo locales o fideicomisos o PMOs que gerencien esos recursos aplicando un plan de desarrollo integral y sostenible de las zonas. Los alcaldes podrían participar en un consejo consultivo o directivo.

Para no hablar de la incapacidad del Estado de implantar el imperio de la ley cuando actos de protesta devienen en delitos tales como el bloqueo de carreteras o el ataque a policías. En el corredor minero se mueven impunemente unos abogados especializados en la extorsión a las empresas mineras que instigan tomas de carreteras para exigir compensaciones, y ni el gobierno ni la fiscalía son capaces de armarles un caso.  

Lo único que ha mejorado en estos últimos años es la presencia de la OEFA, incómoda para las operaciones mineras que no respeten los estándares ambientales, pero fundamental para que la población encuentre un árbitro estatal imparcial que la defienda de eventuales agravios ambientales. La OEFA realiza estudios de evaluación ambiental y paraliza actividades cuando hay afectación.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de mirar displicentemente el enorme potencial que le brinda la minería para conseguir los recursos que permitan financiar nuestro desarrollo y la mejora de los servicios públicos.

Es hora de organizar el Estado para facilitar la inversión minera y para que los recursos que genera esa inversión se conviertan en desarrollo rural, local y regional efectivo y tangible en las regiones mineras. Lampadia

El 16 de marzo pasado publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú. Entonces denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había cumplido con creces su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Como era de esperarse, Petroperú no se comunicó con Lampadia para explicar la situación y solo hizo lo posible por pasar inadvertido con el dinamismo mediático del país. Sin embargo, la realidad confirmó la situación calamitosa del oleoducto al punto de que este siga paralizado.

El lunes pasado (13 de junio, 2016), tres meses después de nuestro artículo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada: “Oleoducto: 16 años de descuido”. Ver reproducción a continuación:

Según la nota, tras década y media sin mantenimiento apropiado, el Oleoducto Norperuano exhibe 73 fallas críticas. Repararlas tomará todo el año.

“Según Petro-Perú, el oleoducto no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años y, como consecuencia, se han generado 73 fallas (puntos con pérdidas de espesor superiores al 70%) en los tramos 1 y 2”.

“Tal es el resultado de la inspección con smart-pigs (sensores que detectan fallas) realizada por la estatal en el 2015. ¿Qué tan grave es este diagnóstico?”

“Según Víctor Sanz, ex gerente de Contratos de Petro-Perú, la figura es trágica, pues demuestra el descuido que la estatal ha tenido con el oleoducto por su afán de priorizar la modernización de la refinería de Talara. “Es un asunto gravísimo. Sabía de sabotajes que se deben denunciar, pero la falta de mantenimiento es un descuido atroz. Lamentablemente, no es solo un problema de Petro-Perú, lo es también de Osinergmin y el MEM. ¿Dónde estaban cuando esto sucedía?”

Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre del febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Sin el debido mantenimiento, el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. “Las recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA en su momento.

Mientras tanto Petroperú y el gobierno peruano siguen en la fiesta de la ‘modernización’ de la refinería de petróleo de Talara. En ella se mueven inmensas cifras de inversión del nivel de unos US$ 3,500 millones, cantidad excesiva según varios expertos e innecesaria según otros, dada la estructura de la demanda y oferta de productos refinados en el Perú.

La gestión de Petroperú y los resultados obtenidos en inversiones, operaciones y en el desastroso mantenimiento de sus instalaciones, más la falta de controles con los que opera la administración (ni siquiera reporta a Fonafe, el holding estatal que representa al Estado en su rol de accionista de las empresas públicas), han determinado una situación alarmante que debe llevarnos a enfrentar con valentía las presiones políticas que pretenden mantener las cosa como están. Esperamos que el próximo gobierno tenga la entereza suficiente para informar al país esta realidad y plantear correcciones de fondo al actual esquema licencioso con el que opera Petroperú. 

Lampadia

En estos días estamos indignados con los daños ambientales causados por los derrames de petróleo por la gran empresa pública peruana, Petroperú. Además, es importante subrayar que nuestra indignación debe ser doble, pues también tenemos que asumir la indignación que se habría producido por parte de las cúpulas de izquierda,  ambientalistas y comparsas mediáticas, de haberse producido los derrames en una empresa privada.

El caso del oleoducto norperuano es una suerte de manual de errores y omisiones en el desarrollo y gestión de proyectos. Éste se construyó por orden de militares metidos en política, quienes asumieron que en la selva habría un mar de petróleo. Se sobredimensionó el tubo, pero nunca se llenó. Por ello, no se cumplió con la estipulación para la protección de la corrosión que se daría con el tubo lleno. Por esa razón  no se le dio protección galvánica al tubo, y por lo tanto su deterioro se habría acelerado.

Por el lado del financiamiento del oleoducto, los gobiernos de la dictadura militar, Belaunde II y García I, le hicieron ‘perro muerto’ al Japón. Hace pocos años se logró pagar la deuda a JAPECO mediante la emisión de bonos que terminaremos de pagar recién el 2026.

Una historia de novela. ¿Cómo serán los detalles?   

Después de los derrames resulta muy molesto tener que soportar las declaraciones del presidente de Petroperú, Germán Velásquez Salazar, con su actitud prepotente y de tono velasquista (se le movió el cerro, dice).

Toda obra de esta naturaleza tiene un ciclo de incidencias que debe ser debidamente cuidado y gestionado. El siguiente gráfico indica cómo el inicio de operaciones de estas obras genera fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse la instalación, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si el mantenimiento adecuado no se hace a tiempo o no se reemplazan los materiales agotados o corroídos, la instalación entra en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva, como se ve en el gráfico, se llama: ‘Tina’.  

Pues resulta que el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. Su nivel de corrosión debe ser altísimo. Por ello se han multiplicado las fallas y cada vez son más severas. “Recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA. Por ejemplo, una de las últimas fallas ha sido longitudinal, lo que confirmaría un daño masivo por corrosión.

Datos de interés

(Fuentes: Wikipedia, Andina, Perú21, La República, El País de España, Reuters)

En 1972 el Gobierno encargó los estudios para la construcción del Oleoducto. Se contrató el diseño con Bechtel en 1973. En 1976, la Estación 1 recibió petróleo y el crudo llegó a Bayóvar en 1977. El mismo año se  realizó el primer embarque a la Refinería de La Pampilla. Posteriormente se construyó el Ramal Norte, que entró en operación en febrero de 1978. 

En diciembre 2005 el gobierno peruano colocó bonos por un total de S/. 811 millones (US$ 238) para pagar la deuda con la firma japonesa JAPECO, por la construcción del oleoducto Norperuano. Los bonos fueron colocados a 14 años y medio, con una tasa de interés de 7.84%. El 2006 se colocaron  bonos adicionales por US$29 millones con vencimiento al 2026 a una tasa de un 8.15%, con el mismo propósito. Recién el 2026 saldaremos esta obligación. 

En julio del 2008, el entonces presidente de Petroperú, declaró que el mejoramiento y modernización del Oleoducto Norperuano demandaría una inversión de US$ 840 millones más 50 millones de dólares por pequeños ‘loops’.

Mientras tanto Petroperú, el dueño del oleoducto, fue eximido de todo tipo de control, en sus procesos de compras e inversiones se le alejó del control de la Contraloría y de la supervisión de Fonafe, que ejerce la representación del Estado en el accionariado de las empresas públicas. Así se consolidó la conversión de Petroperú en la ‘Caja-Chica (Grande)’ de los sucesivos gobiernos, desde el de Toledo hasta el de Humala.

En febrero del 2016, el diario Gestión reportó que: El Oleoducto Norperuano sufrió veinte derrames por roturas en los últimos cinco años. “Recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca, reportó informe del OEFA”.

“Los dos últimos derrames no son casos aislados. En anteriores oportunidades se han tenido emergencias similares como consecuencia de fallas en los tramos de dicho oleoducto”, subraya el OEFA.

“Tener veinte accidentes en cinco años, a razón de cuatro accidentes por año, no es una cuestión menor”, subrayó Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Pues Petroperú habría caído en la trampa de la ‘Tina’, una situación que es consecuencia directa de la mala gestión típica del manejo de las empresas públicas. Los Petroperú ‘lovers’, como Humberto Campodónico, debieran analizar esta situación. Hasta hace poco, ellos flameaban los pendones de Petrobras como ejemplo de política petrolera. Luego de los acontecimientos de la ominosa corrupción de la petrolera brasileña se refugiaron destacando a la colombiana Ecopetrol, pues esta acaba de anunciar pérdidas de US$ 1,200 millones el 2015, que, por supuesto, achaca a las reglas de contabilidad internacionales (típico).

Ahora Petroperú está embarcado en construir una nueva refinería en Talara, ¿será ésta una nueva historia de novela? Lampadia