Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 5 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

A poco de finalizar nuestro mandato, vale la pena dar cuenta de las obras que estamos dejando para ser continuadas por el Gobierno Regional entrante.

La Doble Vía entre Ica y Guadalupe es – quizás – la obra más esperada. Los iqueños – hartos de la congestión vehicular – estamos ansiosos por ella. Pero también medio país que tiene que pasar por dicho tramo de la Carretera Panamericana… para llegar a su destino.

El hecho es que – después de mucho batallar – el concurso público para la ejecución de la obra fue convocado el 19 de setiembre pasado. El 25 de octubre se otorgará la buena pro… y – a partir de noviembre – ¡manos a la obra!

La restauración de la Catedral de Ica – también – está en marcha. Gracias a la Fundación Getty – y al Ministerio de Cultura – tenemos el Expediente Técnico del proyecto. Y en los próximos días se convocará el concurso público correspondiente. ¡Ica tendrá su catedral y el templo del Señor de Luren… reconstruidos!

El Estadio Municipal de Pisco está – también – en construcción. Cancha de fútbol de pasto natural, pistas sintéticas para atletismo, 6 mil butacas para espectadores, iluminación para competiciones nocturnas, canchas auxiliares de pasto sintético, camerinos para árbitros y para atletas… ¡los pisqueños están de buenas!

Palpa se lleva la porción más grande de la torta regional. Carretera Viscas – Saramarca. Canal Chantay – Santa Cruz. Canal Gramadal – Palpa – Viscas. Puente Macarencca. ¡Quién dijo que Palpa era la última rueda del coche!

Lamentablemente… los chinchanos se quedaron sin su estadio. Al menos, por ahora. En vez de proponer un recinto de S/. 15 millones – como el de Pisco – diseñaron un estadio de S/. 80 millones… ¡inviable! Felizmente, el tiempo permitió reasignar el presupuesto comprometido para el estadio, a la construcción de reservorios y bosques en la cabecera del río San Juan. Efectivamente… allá arriba están los reservorios y bosques que le están dando a Chincha cada vez más agua en los estiajes.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – a través de PROVÍAS – reconstruirá el puente Chamorro. Y – ¡sabe Dios cuándo! – ejecutará el Proyecto de Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica. ¡Paciencia!

Y cierro con Nasca… la misteriosa Nasca. Aparte del puente Aja que montará PROVÍAS en breve, el Instituto Luis Felipe de las Casas Grieve – de Marcona – pasará a mejor vida. Gracias al Grupo Breca, estamos invirtiendo cerca de S/. 30 millones – a través del mecanismo de Obras por Impuestos – para poner al instituto a la vanguardia – a nivel nacional – en materia de educación técnica superior.

Súmese a todo lo anterior, los 4 proyectos de Siembra y Cosecha de Agua – uno por cada cuenca – que estamos ejecutando dentro del marco de la Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica, e Ica y Ayacucho.

Eso… en cuanto a proyectos de inversión pública. Pero la fuerza de Ica está más por el lado privado.

• Autopista Pisco – Ica.
• Puerto General San Martín en Pisco.
• Mina Justa en Nasca.
• Parque eólico de Marcona.
• Agua Grande para Ica y Huancavelica.
• Nuevos proyectos frutícolas.
• Nuevos hoteles y restaurantes.
• Nuevos vuelos comerciales a Pisco.
• Nuevas urbanizaciones y centros comerciales.

¡Ica está embalada! Y que unos cuantos amargados no lo quieran reconocer… ¡ese no es nuestro problema! Lampadia

A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 4 de mayo de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El 1° Nivel – digamos… el Presidente de la República – quiere mejorar el bienestar de los peruanos. Yo le creo. El presidente Vizcarra está mortificado por la corrupción y la lentitud en las instituciones públicas. Ha pasado más de un año y la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero avanza a paso de tortuga. En Ica, todos los puentes dañados siguen tal cual quedaron después del desastre.

El 2° Nivel – el Consejo de Ministros – piensa igual. Ellos acogen – y comparten – la política del presidente. Todos los ministros pretenden ser más expeditivos en sus respectivos sectores. Pero no. Nada camina como debiera… no solo la reconstrucción. Nada fluye con normalidad. Ni las obras, ni los servicios públicos.

Los Vice Ministros – el 3° Nivel – reciben mucha presión de sus ministros. Incluso, del propio presidente. Pero tampoco son capaces de desatar el nudo. Ordenan, exigen, invocan, y – hasta – amenazan a sus Directores Generales… pero nada. Las colas y los maltratos están a la orden del día. La reconstrucción no avanza. Incluso, muchas obras ni siquiera han empezado.

Los Directores Generales – el 4° Nivel – se sienten impotentes. Ellos ocupan cargos de alto rango – cargos de confianza como los Ministros y Vice Ministros – pero en la práctica no logran que los servidores del 5° Nivel – y menos los que le siguen – respondan a las expectativas de la ciudadanía.

¡He ahí el problema! A partir del 5° Nivel todo se traba. Ahí hay muchos servidores públicos – millones – que llevan años vegetando en el Estado. Muchos entraron a trabajar – tiempo atrás – por recomendación de algún padrino político… congresista, ministro, gobernador, alcalde, etc. Peor aún. Muchos “compraron” sus puestos coimeando a funcionarios encargados de la contratación de personal. Y otros tantos “ganaron” concursos de trabajo engañando al Estado con certificados de estudios y/o de experiencia laboral… falsos. ¡Todo bamba! Esa gente no tiene – ni nunca tuvo – mérito alguno para estar donde están. No obstante… ahí están.

Ahí – en la Costra del 5° Nivel – está la corrupción generalizada que sangra – de sol en sol – a los ciudadanos de a pie. Ahí está la resistencia boicoteadora, cuya máxima aspiración es el fracaso del Estado. Ahí están los funcionarios que – sin piedad – maltratan a los peruanos. Ahí están los indolentes que no se inmutan ante el dolor de la gente pobre. Ahí están los ineptos cuyo único mérito es ser allegado de algún padrino político. Ahí están los que por miedo – o sabe Dios porqué – no firman nada, y por ende lo traban todo. Por último, ahí están los ociosos que se la pasan leyendo periódicos faranduleros o chismeando a través de las redes sociales. Así es la Costra del 5° Nivel.

OTROSÍ: Hamlet – el personaje máximo del genial William Shakespeare – dijo “ser o no ser, ésa es la cuestión” mientras libraba una lucha entre la vida y la muerte, dentro de sí. Pues bien, yo creo que el Estado peruano – nuestro Estado – está frente a una disyuntiva igual de dramática que el dilema hamletiano.

“Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Muchos servidores públicos de nuestro país – yo diría… la mitad – NO merecen estar donde están. Es patético… por ese cardumen burocrático nuestro Estado se debate entre la vida y la muerte.

Claro que tenemos buenos servidores públicos. Repito. La mitad de nuestra burocracia estatal es excelente. Inteligentes, serviciales, puro punche, y honestos. Con ellos basta y sobra para gestionar bien el Estado. El problema es la otra mitad.

¡Disolver! El problema de la Costra del 5° Nivel se resuelve disolviéndola. Los peruanos NO merecemos esa lacra burocrática. Nos están matando poco a poco. Tienen que salir de donde están. La ley nos ampara. “Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 30 de marzo de 2016
Para Correo Ica y Lampadia

Se abrió el tramo Pisco – San Andrés de la Autopista Chincha – Ica. Se iniciaron las obras para la modernización del Puerto General San Martín en Punta Pejerrey en Paracas. En junio próximo se inician los vuelos comerciales – ida y vuelta – entre Cusco y Pisco. El Tren de Cercanías entre Barranca e Ica – cuya ingeniería está en curso – tendrá un ramal al Puerto de Pisco.

La autopista Chincha-Pisco se inicia en el intercambio vial Chincha Alta (km. 185 de la Panamericana Sur) y concluye en el intercambio vial San Andrés. | Fuente: MTC – RPP

El mes pasado, el valle de Pisco fue integrado al proyecto “Agua Grande” a través de la incorporación de la presa Suytupampa, en las nacientes del río Pisco. El alcance final del proyecto más importante de la región ha quedado así: “Sistema de afianzamiento hídrico en los valles de Ica y Pisco y áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica.” ¡Pisco va a tener agua todo el año!

El Alcalde Provincial de Pisco es una excelente persona. Con menos presupuesto – en apenas 3 años – ha hecho mucho más que lo que hicieron sus antecesores en 30 años. Obras de alcantarillado, pistas y veredas, serenazgo, limpieza pública, recreación cultural y deportiva… Pisco ha dado pasos gigantes bajo el liderazgo de Tomás Andía y su equipo de colaboradores.

Los pisqueños le pararon el macho al Congresista Oliva y a la ex Ministra Choquehuanca, quienes estaban promoviendo el desalojo del Centro de Salud de Pisco. Los chicharrones estaban detrás de un turbio negocio inmobiliario que – sabiamente – la población rechazó con firmeza. El Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Poder Judicial, y – por supuesto – el Gobierno Regional… todos respaldamos al pueblo pisqueño en su afán de mantener los servicios de su legendario nosocomio.

Pero hay más. También vienen… el nuevo Instituto Superior Tecnológico en Pampas de Oca; los desembarcaderos pesqueros de San Andrés, Laguna Grande, y Lagunillas; el Hatchery – o incubadora – de Conchas de Abanico en la Facultad de Pesquería de la Universidad San Luis Gonzaga; el Malecón de San Andrés; el nuevo Palacio Municipal; y las rehabilitaciones de la Plaza de Armas y la Plazuela Bolognesi. El progreso de Pisco es muy evidente y motivador.

Sin embargo, lo más-más está por el lado deportivo. Se viene el Irma Cordero, el súper anhelado Coliseo Cerrado para Vóley y Básquet. Y – lo que más pedían los pisqueños – se viene la reconstrucción del Teobaldo Pinillos Olaechea, el – también – súper esperado Estadio Municipal de Pisco para la práctica del fútbol, fulbito, y todas las disciplinas atléticas.

Ambos recintos deportivos colapsaron en el aciago terremoto del 2007. A ese respecto, todos los Gobernadores Regionales y alcaldes que ocuparon cargos durante y después de la catástrofe ofrecieron su reconstrucción… pero de la boca para afuera. En realidad, no hicieron ni los perfiles. Y menos, los expedientes técnicos. ¡Puro floro! ¡Cero efectividad! ¡Un engaño… de aquellos!

Ahora en cambio, ambas obras – el coliseo y el estadio – estarán reconstruidos y operativos antes de fin de año. Y los pisqueños… felices.

La pregunta es ¿cómo así Pisco progresa tanto? ¿Por qué Pisco sí progresa, y otras ciudades no? Obviamente, el alcalde y su equipo tienen mucho que ver en el tema. Pero hay algo más que merece ser destacado. En todas las obras antes indicadas hay empresas privadas de por medio. Empezando por la pura inversión y su efecto dinamizador en el mercado de bienes y servicios; y en la generación de empleo, producción, exportaciones, tributación, riqueza, tecnología… y todo lo demás.

Sin embargo, las empresas pisqueñas han ido mucho más allá de su mero rol empresarial. A través de Obras por Impuestos, Aportes Voluntarios, Fondos Sociales, Programas de Relaciones Comunitarias, Donaciones de Terrenos, etc. han colaborado mucho con las autoridades locales. Y – por ende – con el bienestar de la población.

En Pisco – a diferencia de otras regiones del país – la cordialidad es el común denominador entre autoridades públicas, empresas privadas, y población. En vez de quejarse de las empresas locales – y confrontarlas como si fueran el demonio, o esquilmarlas hasta dejarlas languidecientes – los pisqueños las acogen con cordialidad, y – juntos – construyen el progreso y bienestar de la población.

¡He ahí el detalle! Ojalá todos sigamos el ejemplo de Pisco… y sus empresas Si todos los peruanos fuéramos como los pisqueños, el Perú sería mejor. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 15 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

La carencia más apremiante de la Región Ica es el agua; me refiero al Agua Grande como le llamamos los iqueños. Agua nueva que contrarreste la sobreexplotación del acuífero ocasionada por el extraordinario desarrollo de nuestra pujante agricultura de exportación. 

Durante los últimos 50 años los iqueños hemos esperado infructuosamente que el Estado haga por nuestra región, lo que hizo por Moquegua y Arequipa con Pasto Grande y Majes. ¿Por qué a Ancash el Estado le dio Chinecas y a La Libertad, Chavimochic? ¿Qué hicieron Lambayeque y Piura para merecer las grandes obras de Gallito Ciego, Tinajones, Olmos, San Lorenzo y Poechos? ¿Por qué a ellos sí, y a nosotros no? Esas eran las preguntas que los iqueños nos hacíamos – frustrados y resentidos – sin respuesta.

Pero ya no; el resentimiento con el Estado ha quedado en el olvido. Ahora contamos con una propuesta de inversión – bajo la modalidad de APP– que implica un trasvase de aguas sobrantes del Río Pampas en Huancavelica hacia la laguna de Choclococha;un trasvase de aguas sobrantes del Río Pisco para irrigar las pampas de Lanchas y Villacurí; y la construcción de varios reservorios en las partes altas de las cuencas de los ríos Ica y Pisco – o sea, en las provincias de Huaytará y Castrovirreina en Huancavelica – para que dichas provincias huancavelicanas tengan agua todo el año, y aguas abajo… Pisco e Ica, también.

¿Qué pasó? ¿Por qué – de buenas a primeras – el ánimo de huancavelicanos e iqueños es ahora de esperanza y optimismo? ¿Acaso el Estado se compadeció de nosotros y se metió la mano al bolsillo para desembolsar los US$ 400 millones – o más – que costarán las obras?

¡Nada qué ver! Y menos en estos tiempos en que las finanzas públicas andan color de hormigas. Lo que ha pasado es que, gracias a nuestra legislación de promoción de inversiones en infraestructura, una empresa privada ha propuesto invertir en el proyectoantes mencionado, y recuperar su inversión a través del cobro por el uso del agua por parte de agricultores y usuarios urbanos e industriales.

Aquí, los grandes beneficiarios serán los comuneros del Alto Pampas, y las poblaciones de Castrovirreyna y Huaytará en Huancavelica, y – por supuesto – los agricultores de las provincias de Pisco e Ica en la Región Ica. La hermandad del agua entre Huancavelica e Ica se hará realidad, gracias a este proyecto de carácter público privado.

Al margen de las bondades de esta gran obra de ingeniería, y sus enormes implicancias en el desarrollo futuro del pueblo “huancaveliqueño” (así nos autodenominamos iqueños y huancavelicanos para destacar nuestra atávica hermandad social, cultural y geográfica) es menester destacar cómo el sector privado puede participaren la atención de diversas necesidadesde orden público.

Por ejemplo, aparte de la propuesta del Agua Grande antes mencionada, gracias a estas APP´s, la Región Ica contará con:

• Una autopista de doble calzada que recorrerá la región desde Chincha hasta Nasca.
• Todas nuestras provincias tendrán carreteras de penetración a la Sierra debidamente pavimentadas.
• Un tren de cercanías unirá Barranca e Ica en un dos por tres.
• Dos súper puertos – uno en Pisco y otro en Marcona – atenderán de manera eficiente y segura toda la carga de exportación e importación del sur del país.
• Y ya se está hablando de un tren entre Apurímac y Marcona que dinamizará toda la minería de esa parte de nuestra serranía.

Como se ve, en la Región Ica el sector privado es un gran socio de nuestro desarrollo. Es verdad que algunos iqueños no respaldan la pertinencia de las asociaciones público privadas, pero ni modo… lo lamento por ellos. La mayoría de los iqueños no somos retrógrados. En la medida que las empresas privadas generen progreso y bienestar – y cumplan las leyes de nuestro país – bienvenidas sean a Ica. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.  

Fuente: cronicaviva.com

En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.

El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.    

En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.

Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.     

Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública.  Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema  del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia

Esperemos que la desgracia pase pronto y que podamos enfrentar nuestras nuevas tareas con mejores luces de las que nos acompañaron una y otra vez en el pasado. Esta vez no podemos hacer lo mismo de siempre, reconstrucciones apuradas y a medias, que solo nos dejan pasar el trago amargo hasta el nuevo golpe de la naturaleza.

Ahora tenemos que hacer las cosas bien, en grande, y para el muy largo plazo, como se harían en los países más desarrollados.

Por ejemplo, no podemos rehacer la carretera entre Chiclayo y Piura, manteniendo los peligrosos badenes del ‘Niño’ de los 80s. No podemos mantener la quebrada de San Ildelfonso en Trujillo sin canalizarla y preservar la ciudad de estos percances, que se han repetido desde 1925. No podemos seguir sin proteger la carretera Central de los huaycos entre los kilómetros 39 y 44. No pueden dejarse sin descolmatar los ríos y canales de las zonas vulnerables, ni dejar que se malogren los sistemas de drenaje. No podemos permitir que autoridades corruptas e irresponsables, alienten y convaliden el tráfico de terrenos en áreas de alto riesgo.

Ahora, tenemos que hacer las cosas en grande. Si es necesario, en algunas zonas del norte habrá que hacer carreteras elevadas con puentes altamente resistentes. Tendremos que hacer canalizaciones bien diseñadas y construidas. Tendremos que habilitar nuevas viviendas para las poblaciones que lo han perdido todo y mudarlas de las zonas de alto riesgo a nuevos desarrollos de vivienda popular en áreas seguras y con todos los servicios.

La tarea por delante requiere una serie de importantes definiciones:

• ¿Quiénes van a fijar los objetivos de la tarea de desarrollo a prueba de ‘niños’?
• ¿Cómo se va a lograr la reubicación de la población a zonas seguras?
• ¿Quiénes van a organizar el trabajo y fijar metas y presupuestos?
• ¿Quién va a dirigir el multi-proyecto?
• ¿Quiénes lo van a ejecutar?
• ¿Cómo se va a financiar?

En cuanto a los temas organizativos, es bueno revisar las experiencias exitosas del pasado, como la de los años 60 en Arequipa, con la Junta de Rehabilitación y Reconstrucción de Arequipa, que fue un esfuerzo liderado por su clase dirigente.

La Lección Arequipeña
En el Perú, la efectividad del gobierno de turno para llevar a cabo un proceso de reconstrucción ha sido siempre puesta en duda. El abanico de acusaciones es más o menos constante: desvío de donaciones, falta de ideas, incorrecto planeamiento urbanístico, mal gusto, etc. Los ejemplos de lo contrario son menos frecuentes.

En Arequipa, los sismos del 58 y 60, destruyeron el 90% de las viviendas de los distritos y pueblos de Tiabaya, Tingo, Huaranguillo, Tingo Grande, Sachaca, Alata, Arancota, Pampa de Camarones, Chullo y la urbanización Hunter.  Charcani se quedó sin fluido eléctrico; el sistema de desagüe y distribución de agua de la ciudad se dañó; las torres de la Catedral se rajaron y la Iglesia de Santo Domingo se vino abajo casi por completo.

El gobierno decretó la creación de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa (JRDA).

Eduardo Bedoya Forga, miembro de la JRDA recuerda: “En la Junta no se hacía política. No había partidos, el partido era Arequipa”. Todos trabajaban ad honorem y eran empresarios arequipeños notables. La asamblea era de quince miembros de los cuales sólo cinco representaban al Estado. El resto pertenecía a instituciones diversas como sindicatos y colegios profesionales”.

La JRDA reconstruyó la ciudad con un sistema denominado “de ayuda mutua”: los propios damnificados participaban en las obras y el Estado proveía los materiales. Se estableció un nuevo sistema de electrificación, y se restauraron los monumentos. El plan de desarrollo contempló la creación de la Fábrica de Cementos Yura, del Parque Industrial y la Variante de Uchumayo. También se elaboraron los estudios completos a nivel de ejecución del Proyecto Majes. Un proceso articulado y desprovisto de intenciones políticas. (Fuente: Giomar Silva).

Se desarrollaron pequeñas irrigaciones repartidas en el departamento, se mejoró el riego, defensa de tierras, bocatomas, canales, estanques y otros. Se creó un programa de crédito artesanal y un Parque Artesanal y de Pequeña Industria. (Fuente: Edward Pari Portillo).

La JRDA fue pues un ejemplo de descentralización, con hombres que trabajaron por amor a su ciudad sin cobrar un centavo a la entidad a la que servían. Lamentablemente hasta hoy no se ha dado un caso parecido con los gobiernos regionales, incluyendo los de la propia Arequipa. (Fuente: ADEPIA).

En nuestra opinión, la lección más importante de la experiencia arequipeña es el involucramiento de la sociedad civil, tanto en la promoción de los esfuerzos de reconstrucción, como en su propia ejecución. En consecuencia, para enfrentar la actual situación, tal vez debiéramos pensar en identificar e involucrar a los ciudadanos notables de cada zona a apoyarse, e inclusive, en la organización nacional que debiera ser liderada por la sociedad civil y no solamente por funcionarios del Estado.

En cuanto al financiamiento

Nuestra primera reflexión es que ahora debemos ‘poner toda la carne en el asador’. En otras palabras, primero debemos estimar los requerimientos de inversión que permitan una solución estructural y de largo plazo, como ha afirmado el primer ministro Fernando Zavala, tanto para los temas de vivienda como para los de las infraestructuras. Luego debemos ver cómo financiar el programa en su integridad.

Es evidente que los daños son cuantiosos. Exagerando, asumamos que para el proceso se necesita canalizar US$ 10,000 millones (S/. 33,000 millones), aproximadamente un 5% del PBI.

Es claro que entre el Fondo de Estabilización Fiscal y la capacidad de endeudamiento del Perú, podemos financiar un 5% del PBI (y hasta 7% del PBI o más) para hacer las tareas correctas.

Otra consideración que se ve como un limitante es el de la posición del Déficit Fiscal, que tendría que ampliarse temporalmente, de forma importante. Sin embargo, por la magnitud de los daños, la envergadura de la tarea, y las capacidades de nuestra economía, se debería poder recibir el respaldo internacional de los organismos multilaterales y calificadores de riesgo.

También se debería considerar la utilización de capital privado para el financiamiento de la inversión.

En cuanto a la generación de recursos fiscales

La situación obliga también a mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía. Eso significa, entre otras cosas, que tenemos que propiciar la inversión minera, que tiene la capacidad de movilizar rápidamente el conjunto de la economía y generar recursos fiscales importantes. No nos olvidemos que creciendo al 7% por año, la economía y los ingresos del Estado, se duplican cada diez años.

El Perú necesita un mayor crecimiento para cerrar nuestras brechas. Hace poco, Liliana Rojas-Suárez, reputada economista peruana, publicó un análisis muy oportuno sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados (que compartimos líneas abajo). En un primer caso, con respecto al conjunto de los países más avanzados y en un segundo, con respecto a aquellos países que alcanzaron el status de avanzados recientemente. Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre  78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzados o con los que recién lo lograron,  respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.  Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Ahora, crecer es un mandato ineludible. Y quienes se opongan a ello, estarán traicionando la recuperación del país, desde esta nueva tragedia. Lampadia

Ya anteriormente hemos reportado sobre las escandalosas deficiencias de los servicios de agua y desagüe en el país, especialmente en lo vinculado a Sedapal. Ver en Lampadia: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política, Cambiemos los paradigmas sobre el agua y Superemos los mitos sobre el agua. En esta ocasión presentamos el informe del ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, ‘Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento’ en el evento organizado por AFIN el 13 de octubre pasado.

Ver el informe completo y las conclusiones del evento por su presidente, Gonzalo Prialé en nuestra sección ‘Documentos’: EPSs y Afin-Agua.

Como puede verse en la siguientes láminas, las cifras sobre los servicios de las EPSs muestran pobrísimos estándares de servicio: Cobertura de agua y desagüe insuficientes; discontinuidad de la provisión de agua de no más de 21.9 horas por día en Lima y un promedio de 16 horas en las regiones y; 36% de pérdida de facturación del agua producida (de 29% a 42% según la empresa).

Todos estos pésimos indicadores, que von Hesse califica además como no confiables, se deben fundamentalmente a la estructura de gestión de las empresas, una empresa pública sin controles en Lima y las EPSs en las regiones, controladas por los municipios.

Dada esta realidad, es inexplicable y sorprendente que el gobierno de PPK esté disponiendo reflotar financieramente estas empresas y dotarlas de recursos de inversión, sin corregir previamente la falta de profesionalismo y probidad con la que se manejan estas organizaciones, que en ningún otro país podrían llamarse empresas. Estas son, de alguna manera, una suerte de haciendas privativas de toda suerte de mafias.

Por ejemplo, en el mismo evento, Fernando Cilloniz, el Gobernador de la Región Ica informó, que teniendo la región la facultad de nombrar un Director de la EPS de Ica, su incorporación al directorio no se puede hacer efectiva, porque simple y llanamente, el directorio anterior no le da pase. Un grupo de mafiosos se han apoderado de la EPS y no pasa nada. Encima se piensa darles más recursos. Otro escándalo, oportunamente reportado por von Hesse mientras ejercía el cargo de ministro, es la ‘facultad’ de dar en herencia los cargos, que tienen algunos funcionarios de Sedapal. 

Es evidente que esto no puede continuar. Milton von Hesse propone las siguientes alternativas de solución: Desarrollar inicialmente contratos de gestión, puesto que la calidad de la información sobre las empresas es imposible de determinar y, una vez que se tenga una mejor apreciación sobre la situación de las empresas, hacer concesiones, APPs u OXIs (Obras por Impuestos), descartando eventuales privatizaciones por ser políticamente complicadas e innecesarias para corregir las deficiencias de los servicios.

Por su lado, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, indicó que teniendo las necesidades que tenemos, durante los últimos cinco años (Humala), solo se ejecutaron 57% de los montos transferidos para obras en las EPSs. Según Prialé las EPSs pierden o no cobran el 75% del agua que distribuyen, y Sedapal el 40%. Esto determina un amplio margen de maniobra para la mejora de los servicios por aumento de productividad, sin la necesidad de eventuales aumentos de tarifas en otras estructuras empresariales.

Según AFIN, se debería establecer un objetivo concreto y ambicioso (que hacemos nuestro) para transformar esta realidad: “Cerrar la brecha quiere decir, brindar al 2025, 24 horas de agua con desagüe, a tarifas razonables, en todos los hogares del Perú”. Lampadia

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia

Comentario de Lampadia

Después de haber hecho una campaña de comunicación sobre las características del proyecto de Tía María, la mayor empresa minera del sur peruano, anuncia un programa voluntario y no condicionado de aporte social para acercarse a la población del valle de Tambo.

Sin dilación alguna, el anuncio ya fue comentado por la Gobernadora de Arequipa, que ha manifestado dudas sobre la conveniencia de la iniciativa de la empresa por lo cercana a los luctuosos sucesos de hace pocos meses. Por su lado, el alcalde del distrito de Cocachacra, Helard Valencia, se pronunció en contra.

La verdad, ahora se necesita un poco más de sensatez y responsabilidad, de alguna manera, el accidente socio-político en que cayó uno de los proyectos mineros más limpios ambientalmente que se puede tener, necesita alguna salida que promueva la convergencia y este anuncio de Southern parece ser una buena oportunidad.

Líneas abajo presentamos el comunicado de la empresa y el video del anuncio hecho por su presidente, Oscar González Rocha:    

PRESIDENTE DE SOUTHERN PERU ANUNCIA NUEVO PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y UN APORTE INMEDIATO DE 100 MILLONES DE SOLES SIN CONDICIONES

En mensaje difundido por SOUTHERN PERU, su presidente ejecutivo Oscar González Rocha anunció la puesta en marcha del PLAN REENCUENTRO

 VER VIDEO:  http://youtu.be/jELDMvb-q7Y

“Pensando primero en la recuperación de la paz y la seguridad de la población del Valle de Tambo, nuestra empresa planteó una pausa en el proyecto Tía María para generar un espacio de diálogo constructivo.

Paralelamente implementamos un sistema de información a nivel regional y nacional sobre todos los detalles del proyecto, mientras el gobierno restablecía la calma y la tranquilidad en el Valle de Tambo.

Habiéndose cumplido estos dos objetivos, SOUTHERN PERU anuncia el inicio de una nueva etapa de trabajo en la zona de influencia del proyecto Tía María.

Desde el primero de setiembre pondremos en marcha un plan de socialización que hemos denominado “REENCUENTRO” con la finalidad de llevar información puerta a puerta y promover una serie de nuevas iniciativas a favor de la población del Valle de Tambo.

Estas iniciativas representan el inicio de una cadena de beneficios adelantados que queremos proponer a la población, como muestra de nuestra vocaciónpor el trabajo y el desarrollo conjunto.

Reiteramos también nuestra disposición de invertir un aporte de 100 millones de soles en obras y acciones a favor de la población sin ninguna condición y de manera inmediata para que empecemos a construir juntos el futuro que todos queremos.

Bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos al PLAN REENCUENTRO, el plan de socialización del proyecto Tía María.

Muchas gracias”.

Cordialmente,

CENTRO DE INFORMACIÓN

Southern Perú