Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales anti corrupción tienen detractores y defensores. Entre estos últimos el apoyo se ha vuelto más matizado y se puede glosar así: “no cabe duda que los fiscales del grupo especial Lava Jato han realizado una gran labor, le han dado un gran impulso a la lucha contra la corrupción, aunque han cometido algunos errores que deberían corregir o moderar para que sus logros no sean cuestionados”.

¿Es verdad que han realizado una gran labor? La realidad ha definido dos grandes áreas de investigación: los sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas -que es lo grave-, y los aportes de campaña, que no eran delito, por más que fueran ocultos e indebidos. En ambos casos la información sobre los receptores de coimas y donaciones vino principalmente del Brasil. ¿Cuál fue el mérito de los fiscales peruanos?

Si bien los fiscales realizaron algunas gestiones propias en el área de sobornos, como veremos, la “gran labor” que sí hicieron se concentró principalmente en el área de las donaciones de campaña. Esa labor ha consistido en convertir en delito algo que no lo era, forzando la figura del lavado de activos. Como ya hemos demostrado en otras columnas y como sostiene la mayor parte de penalistas, no se puede confundir las modalidades de disposición de los aportes de campaña, que eventualmente se usan en el lavado de activos, con este delito, cuyo contenido y finalidad es completamente diferente.

En eso, sin embargo, los fiscales han sido obsesivamente diligentes: en investigar todas las formas de pitufeo e identificar quiénes aportaron a nombre de otros y en buscar colaboradores eficaces que señalaran incluso supuestas acciones de obstrucción de la justicia.

En eso han sido aplastantes. Han desplegado una actividad febril para descubrir modalidades de ejecución de un delito que no existía. Más allá de las intenciones o los propósitos, el hecho concreto resultante es que se inventa un delito para encarcelar y perseguir a opositores políticos. Quizá el único delito imputable en todo esto sea el de declaración falsa, que recién la fiscalía ha incluido.  

Buena parte de aura heroica y justiciera de la lucha contra la corrupción viene de estas imputaciones y prisiones preventivas contra políticos que recibieron donaciones de campaña, sobre todo contra Keiko Fujimori. Inversamente, la destrucción de la imagen de la lidereza de Fuerza Popular se debió a la manera como día a día se mostraban testimonios de nuevas formas de ocultar donaciones que ella supuestamente había ordenado, presentándolas como delito. Por eso ella es percibida hoy como el personaje más negativo del país, según encuesta de IPSOS. Y por eso la población rechaza que haya sido liberada, pues las filtraciones mediáticas de los “hallazgos” de la fiscalía han convencido a la población de que efectivamente ella es corrupta.

Por cierto, la revelación de esos hechos se superpuso a la conducta de su bancada en el Congreso, para configurar una combinación mediática demoledora en la opinión pública. Así, la lucha anti corrupción se convirtió, entonces, casi en sinónimo de acusaciones contra la lidereza de Fuerza Popular y otros miembros de su agrupación, y rechazo al comportamiento de su bancada, lo que a la postre, de paso, facilitó la disolución del Congreso, que fue sentida como un acto de justicia y un gran alivio. 

En lugar de priorizar la demostración de las modalidades de ocultamiento de los aportes de campaña, el equipo especial Lavajato debió concentrarse principalmente en los casos de sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas. En este campo, su logro principal y muy positivo sin duda, ha sido haber conseguido la colaboración eficaz de Josef Maiman para corroborar las denuncias de Barata sobre los cuantiosos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.

César Azabache apunta además lo siguiente: “Los montos subieron de 29 millones de dólares a más de 80 millones en un juego en pared revelaciones de Brasil / hallazgos fuera de control (en el Perú hay colaboradores brasileños no controlados por Curitiba, como por ejemplo en el caso de la carretera Chacas)”. Y agrega que el equipo ha conseguido fuentes propias en lo del Club de la Construcción, donde tendría alrededor de 5 colaboradores eficaces peruanos. 

Pero casi todo ha venido del Brasil. Por eso, el acuerdo de colaboración con Odebrecht, muy cuestionado por el bajo monto de la reparación civil y que tenga que pagarse en 15 años, es visto por los defensores del equipo Lavajato como un logro importante.  Carlos Rivera, del IDL, señala: “Si bien en este momento la fiscalía ha logrado diversos elementos de corroboración en los casos más importantes, sin la información de Brasil difícilmente lograrían avanzar. Las decisiones se tomaron allá y la plata salió de allá. Por eso la declaración de Odebrecht como organización criminal y el acuerdo de colaboración es fundamental”.

Sí es cierto que el equipo Lavajato es laborioso -pese a que se demora demasiado en acusar o no lo hace, cometiendo el abuso del recurso a las prisiones preventivas-, y es distinto, en el sentido de que ingresa a la arena política y ejerce un liderazgo mediático. Con frecuencia filtra informaciones y confesiones, para generar presión de la opinión pública sobre los jueces. Ese alto perfil público no tiene precedentes. Pero sería bueno que se use para perseguir a los verdaderos delincuentes. Lampadia

¿Estamos hablando de un delito o de algo de común ocurrencia en obras públicas y privadas?

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

Quizás una de las palabras más vilipendiadas en el lenguaje común de los últimos dos años y utilizada en forma incorrecta por personas ajenas a la profesión de la ingeniería con una connotación muy equivocada es la palabra Sobrecosto. Si realizamos una investigación muy sencilla con el buscador Google o uno similar y simplemente escribimos la palabra Sobrecosto, vamos a encontrar la siguiente definición: “Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto” [sic]. También agrega lo siguiente: “Un sobrecosto es algo común en los proyectos de infraestructura, construcción de edificios y tecnología” (sic).

“Un comprensivo estudio de los sobrecostos publicado en el Journal of the American Planning Association en el año 2002 encontró que 9 de 10 proyectos de construcción habían subestimados los costos. Sobrecostos de 50% a 100% fueron muy comunes. La subestimación de costos fue encontrada en cada una de las 20 naciones y 5 continentes cubiertos por el estudio, y la subestimación de los costos no ha disminuido en los 70 años para los cuales había disponible datos” [sic]. Más adelante se muestra una lista de proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial de todo tipo que han incurrido en importantes sobrecostos y una frondosa bibliografía de investigadores muy prestigiados, entre ellos los profesores Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford, Mette Skamris Holm y Søren Buhl, así como Martin Wachs de la Universidad de California, Los Ángeles, e igualmente instituciones multilaterales de financiamiento de obras que coinciden con esta definición. Las publicaciones de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm, y Søren Buhl muestran interesantes datos de sobrecosto en infraestructura de 258 proyectos de transporte valorizados en US$90,000 millones, estudio que concluye lo siguiente:

1. Los costos están subestimados en 9 de cada 10 proyectos. Para un proyecto seleccionado aleatoriamente, la probabilidad de que los costos reales sean mayores que los costos estimados inicialmente es del 86%, %. La probabilidad de que los costos reales sean menores o iguales a los costos estimados es del 14%.
2. Los costos reales son en promedio 28% más altos que los costos estimados, aunque varían desde 44.7% para Metros y ferrocarriles; 33.8% para Puertos y túneles y 20.4% para Obras viales de carretera.

Inexactitud de las estimaciones de costo del proyecto de transporte por tipo de proyecto (precios fijos)

También una segunda tabla a continuación muestra el mismo detalle para los tipos de obras de infraestructura de transporte, pero de acuerdo a la ubicación geográfica desglosado entre Europa, América del Norte y Otras Áreas Geográficas, y en cada uno de ellos se señala la muestra analizada que le corresponde y el aumento de costo promedio. Si bien es cierto la muestra es integral, los de mayores incrementos en la muestra corresponden a ferrocarriles urbanos (metros) y de alta velocidad. Lo expresado como enlace fijo son elementos de conexión como puentes y túneles, y en la parte vial fundamentalmente a carreteras de todo tipo.

Inexactitud de las estimaciones de costos de proyectos de transporte por ubicación geográfica (precios fijos)

Ciertamente invito a los lectores realmente interesados en saber la verdad de los Sobrecostos a que examinen esta fuente de información que tiene una frondosa bibliografía de estudios y casuística muy seria a nivel mundial y con altos niveles de análisis y precisión, incluso utilizando teorías de probabilidad para hacer lo que se conoce como la técnica de “overshooting”, que es el realizar estimados previos sobre una determinada probabilidad de sobrecostos antes de iniciar las obras para fines de previsión presupuestal, sin que ello necesariamente implique la posibilidad de la no existencia de un sobrecosto final.

El Sobrecosto, por tanto, no es otra cosa que la diferencia existente entre el costo final de la inversión necesaria para realizar un proyecto versus el estimado inicial del mismo con el cual se firma el contrato y que corresponderá a un estudio previo cuyo nivel será de perfil; factibilidad o estudio constructivo que será contrastado con la realidad en el momento de la ejecución de las obras.

No olvidemos que la tendencia de construcción en obras privadas y obras públicas bajo cualquier modalidad, incluyendo APPs, está requiriendo de procesos “Fast Track”, que partiendo de un nivel bajo de estudios (Perfil, Ingeniería Básica o Factibilidad) contratan el desarrollo de los Expedientes Técnicos de Construcción en forma paralela y con un muy ligero desfase de las operaciones de construcción. El nivel de precisión de estos estudios con los cuales se contrata es por tanto bajo en comparación con la realidad.

El lector que ha realizado proyectos de inversión bastante sencillos como por ejemplo la construcción de su propia vivienda e inversiones en su negocio de cualquier tipo: agricultura, industria, minería, hidrocarburo, o actividades comerciales incluyendo adquisición de maquinaria y equipo, sabe que el costo final de su inversión siempre sobrepasa su estimado inicial, y si ello ocurre en proyectos más comunes como no va a ocurrir en megaproyectos y proyectos de mayor complejidad.

Cuando en el sector privado se prioriza el no sobrepasar una determinada cifra meta presupuestal, el cliente por lo general contrata a una empresa gerente para que supervise sus obras y lo empodera para que ante aumento de costos inesperados que generen adicionales, aplicando una ingeniería de riesgos, redimensione el proyecto generando a su vez deductivos que se posterguen para más adelante y así balancean la cifra presupuestada. En el sector público, este procedimiento no es permitido puesto que una vez preparado y aprobado el Expediente Técnico con los alcances señalados en el contrato, no se permite aplicar ingeniería valorativa de riesgos que redimensionen las metas y que dejen de ejecutar una parte de los alcances contratados; salvo que existan muy contadas excepciones como casos que aplicando otras legislaciones foráneas facultan el uso de Gerencias de Proyecto PMOs o similares que permitan la realización de este balance. Un caso notorio reciente es el de los Juegos Panamericanos, donde según expresiones de su Director Ejecutivo, los aumentos inesperados en parte de sus edificaciones principales han sido ajustados en base a ahorros realizados con la utilización de infraestructura deportiva existente y/o cambios de ubicación de otras.

Conforme lo antes descrito, el lector: ingeniero o no ingeniero, podrá darse cuenta que los sobrecostos de ingeniería existen inevitablemente en todas partes del mundo y para cualquier tipo de inversión, y de ninguna manera constituyen delito si es que están justificados e incorporados en las obras para beneficio y seguridad del propietario y de los usuarios del servicio que brindan, y por consiguiente deberán correr a cargo del dueño o propietario del bien, salvo que se hayan generado por una negligencia punible de quién diseña que no garanticen las condiciones de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad, o que no hayan sido incorporados al proyecto, esto último sí sería sin lugar a dudas un delito.

La normatividad peruana aplicable a la ingeniería desde tiempos inmemoriales ha reconocido la existencia de los sobrecostos y los tiene perfectamente normados en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones en muchos artículos, y es más se establece como garantía de la correcta ejecución, además de las opiniones de los muchos ingenieros de las distintas especialidades que intervienen en el control de las obras, que aquellos sobrecostos que sobrepasen el 15% del valor de contratación deberán ser previamente a su ejecución y aprobación, revisados y aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y eso conlleva por cierto una mayoría de obras públicas, siendo que estas auditorías de la CGR no se refieren únicamente a la contabilidad de costos, sino también a la evaluación de todo lo invertido en la obra y no solo el exceso sobre el 15%. La formalización de estos sobrecostos o adicionales y su incorporación al contrato se realiza a través de una Adenda que contiene el presupuesto adicional suscrito y acordado por ambas partes, utilizando para ello los análisis de costos de partidas presupuestales que existen en el contrato o de nuevas en caso de no existir.

Tanto de la lectura de lo anteriormente expresado vinculado a sobrecostos disponibles en la web como en el artículo titulado: “Adendas y adicionales: Separando la paja del trigo” publicado en la revista institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Edición # 84 de Marzo 2018, muestran una lista de varios proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial como: la Opera de Sidney (Australia); el Burj Khalifa (Edificio más alto del mundo en Emiratos Árabes Unidos); el Aeropuerto Internacional de Hong Kong; Presa de las 3 Gargantas (China); Túnel Ferroviario de San Gotardo (Suiza); la Gran Excavación de Boston (EE.UU.); el Euro túnel; el Plan Delta (Holanda), indicando en cada caso el costo inicial del año de inicio de la obra y el costo final del año de culminación de la obra y puesta en operación.

En conclusión, los sobrecostos existen en todas las obras de ingeniería puesto que provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos antes del inicio de los mismos versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se presentan durante la ejecución y si ellos son necesarios y están incorporados en la obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas numéricamente y con todo detalle confrontando la liquidación final de la obra versus lo realmente ejecutado en el terreno; y de otro lado, existen los mecanismos de control a través de comparaciones con “benchmarks” internacionales de obras semejantes ejecutadas en terrenos similares o peritajes de auditorías técnicas que puedan realizarse luego de concluidas las obras.

El no darle el verdadero sentido a la palabra Sobrecosto y el generalizado estigma generado sobre los instrumentos de su formalización contractual reconocida por ley, se están constituyendo en uno de los principales elementos de traba de los proyectos de inversión, puesto que quienes participan en ellos con honestidad y profesionalismo no quieren correr el riesgo en un futuro de verse perjudicados por actos correctos efectuados en el ejercicio de su profesión. Lo incorrecto y delictivo que haya ocurrido en la obra debe sancionarse, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de dolo y negligencia y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones profesionales serias basadas en: conocimientos, experiencia y criterio profesional para garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que mandatoria y éticamente debe garantizar el ejercicio profesional de la ingeniería.

Una nota final sobre la materia de los Sobrecostos. Si bien es cierto existen los Sobrecostos productivos que generan beneficios y seguridad necesarias en los proyectos y sobre lo cual he tratado en extenso en el presente artículo, también existen Sobrecostos improductivos –y hay que evitarlos- que son aquellos que ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas por no tomar decisiones. Los Sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora de 3 años, que no es infrecuente implica un escalamiento de costos del orden del 11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este lapso de tiempo perdido. Ese si es un Sobrecosto improductivo que en el sector público debería sancionarse como se hace en el sector privado.

Hace muy bien la Contraloría General de la República en haber llamado la atención recientemente sobre el inmenso número de proyectos que están trabados y generando este perjuicio grave al Estado y a los ciudadanos, y proponiendo medidas de excepción para reactivar y concluir proyectos de inversión que hayan avanzado más del 80% y que estén trabados para que se culminen. Particularmente pienso que el umbral debía ser menor y aplicarse a partir del 66% (2/3 ejecutado), y por cierto también hacer un trato especial a aquellos proyectos de gran impacto que no alcancen estas cifras y cuyo no destrabe resulte siendo muy crítico para el país. Lampadia

Como siempre han hecho las desamparadas (popularmente) izquierdas peruanas, sin argumentos sólidos ni propuestas serias, pretenden seguir fabricando ‘relatos’ (técnica cubana), esas ingeniosas formas de reescribir la historia para llevar agua a sus molinos, aprovechando la crisis política que se cierne tras los escándalos de corrupción originados por el ‘padrino’ del rojerío, Luiz Inácio Lula da Silva y su cohorte de ‘agentes político-empresariales’ con los que pretendió reinar en Latinoamérica.

Veamos algunos elemento de la campaña anti economía de mercado:

• Martín Tanaka, investigador principal del IEP, habla del “final del sueño tecnocrático”, desconociendo todo lo avanzado desde el desastre del Perú de 1990 (La República, 5/2/17).
• Pedro Francke, del ‘Frente Amplio’ que no es ni frente ni amplio, aprovecha para reclamar “cambios urgentes en el modelo económico”. Afirma que “la tremenda corrupción de los últimos 25 años está estrechamente vinculada al modelo económico” (Diario Uno, 7/2/17).
• Antonio Zapata dice “la posibilidad es que se hunda el régimen político inaugurado con la transición del año 2000 (…) [que] pretendió implantar la democracia con la misma constitución del autoritarismo” (La República, 8/2/17).
• Fernando Vivas se refiere a textos de Alberto Vergara y Daniel Encinas que afirman que Toledo y Humala aumentaron el porcentaje de ministros tecnócratas sobre los políticos. (El Comercio, 9/2/17).
• Javier Iguíñiz, del Acuerdo Nacional (La República 7/2/17), pide evitar que las grandes empresas financien partidos.
• Por último, con bombos y platillos, Verónika Mendoza, la ‘asistente de agenda’ de Nadine Heredia, organizadora del movimiento ‘Nuevo Perú’, se manda con todo a pretender crear un ambiente de zozobra: “Si tiene que caer el actual presidente, que así sea” (Exitosa, 9/2/17) y “los políticos corruptos responden a un sistema pro empresarial que promueve los negociazos y las coimas y que eso debe cambiarse con una nueva Constitución” (Diario Uno, 9/2/17).  

  La verdad, sin embargo, es muy distinta. Veamos como se gestó el huayco de corrupción que llegó desde Brasil.

• En Brasil siempre se apreciaron niveles de corrupción relativamente altos, tanto en el sector público como privado.
• En todas partes, incluido el Perú, más allá de esporádicas crisis, siempre hemos tenido un cierto nivel de corrupción, especialmente en los temas vinculados a las compras del Estado y las obras públicas
• Esa predominante capa de corrupción era tan conocida y generalizada, que hasta hace pocos años, varios países europeos   permitían que sus empresas descontaran como ‘gastos’ de sus liquidaciones tributarias, las coimas que pagaban en los países subdesarrollados como el Perú y Brasil.

En ese espacio, después de varios intentos, llega al poder Lula y el Partido de los Trabajadores (PT). Lula encuentra a una Cuba exánime, pero muy capaz políticamente, que empezaba a sobrevivir de la caridad del chavismo; los petrodólares venezolanos detrás de la construcción del ‘socialismo del siglo xxi’ y la naturaleza filo-corrupta de las empresas constructoras brasileñas, que ya tenían presencia en toda la región.

Sobre esa base, Lula arma el ‘Foro de Sao Paulo’ con Fidel Castro, Hugo Chávez y las FARC entre otros, para financiar y dar sentido de dirección ideológica a todas las izquierdas de la región. Además organiza la instrumentación de los ‘agentes político-empresariales’ (las ambiciosas y corruptas empresas constructoras brasileñas) para acrecentar su presencia en la región, generar ingresos indebidos, coimear y cooptar políticos, funcionarios y periodistas, con el fin último de establecer la dominación política de Brasil sobre el Perú y varios otros países.

No caigamos pues en el juego de nuestras frustradas izquierdas, las de las ‘ideas muertas’, que no pierden oportunidad para colar sus maquinaciones por cualquier rendija. Felizmente, ya les están saliendo al frente, como es el caso del Editorial de El Comercio y el artículo de Franco Giuffra, de ayer, el artículo de hoy de Jaime de Althaus. Hasta Mirko Lauer le llama la atención a Verónika Mendoza cuando escribe hoy: “ha captado las oportunidades del momento, pero no ha entendido la necesidad de estrategia (…) subirse al carro de los que juegan con su vacancia [PPK], es salirse de todo el encuadre de eficacia en la lucha contra la corrupción”.

No queremos más contrabando, ni la destrucción de nuestra insipiente economía de mercado que ha traído tantos beneficios, pero que aún tiene mucho que aportar para el bienestar de todos los peruanos. Lampadia  

La semana pasada el CIES organizó un evento con la Universidad del Pacífico (UP), CIUP y la Escuela de Gobierno de la PUCP que pretendía aportas análisis académicos al debate electoral (mediante propuestas de políticas públicas). El documento que presentamos a continuación (primero de una serie), se refiere al manejo de la política fiscal, del profesor e investigador Carlos Casas (UP). Ver la presentación en: Documento de Política Fiscal (2016 – 2021).

El objetivo de este documento es ubicar la política fiscal en el contexto actual. Esto se refiere principalmente a la desaceleración de la economía peruana y a los espacios de política fiscal podrían que podrían ayudar a reactivarla y recuperar una mayor tasa de crecimiento, tanto con medidas de corto como de largo plazo, sin afectar la salud fiscal. 

En cuanto al mediano plazo, se analiza es gasto público de los últimos años y se indica, que si bien ha habido recursos en los gobiernos regionales y se han hecho obras públicas, deberían hacerse más, y para esto es necesario una evaluación de impacto, para analizar qué tan beneficiosa han sido estas inversiones para la población.

Planteando una hoja de ruta en tres tiempos: 100 primeros días, primer año y cinco años, en la que se enumeran las principales acciones de política fiscal que podría tomar el próximo gobierno.

Uno de los temas debatidos en la campaña es el referido a la utilización de las reservas fiscales para el impulso de la economía. El Perú tiene colchones fiscales muy importantes que llegan a unos 15 puntos porcentuales sobre el PBI. Además, nuestro nivel de deuda pública es de solo un 20% del PBI (10% de deuda externa, de la cual una parte se denomina en soles), un nivel sustancialmente bajo en términos históricos y en relación a los indicadores internacionales. De estos dos indicadores se puede establecer que tenemos dos espacios de acción fiscal que podrían dinamizarse, especialmente, para promover las inversiones en infraestructuras. No podemos dejar de tener presente la imperiosa necesidad de invertir en infraestructuras económicas y sociales, las que, por supuesto, debieran complementarse con un mejor manejo de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Aplaudimos esta iniciativa que permite forzar a los candidatos a definiciones más precisas sobre sus posiciones en los temas más relevantes para el país. Lampadia

A pesar de que Chile es visto por algunos como la economía más avanzada y abierta de Sudamérica y tiene la más alta calificación crediticia soberana (AA3 según Moody’s), la gigante productora de cobre estaría enfrentando problemas con la producción de nuevas minas. Además, su crecimiento económico se ha visto reducido continuamente a lo largo del año.

El Banco Central de Chile redujo su pronóstico de crecimiento para este año nuevamente, citando una desaceleración más profunda y más larga de lo esperado en la actividad y la demanda. El FMI recortó a 2% su proyección de crecimiento durante este año, a pesar de su anterior pronóstico de expansión de 3.2%. En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) aumentó tan solo 0.3% con respecto al mes pasado, un performance tan bajo que no ha sido visto desde el terremoto en Chile hace más de cuatro años.

Desde que Michelle Bachelet entró al gobierno, los inversionistas y los ciudadanos han venido perdiendo la confianza en su capacidad para gobernar el país. Muchas de las medidas que ha tomado son contraproducentes y le han restado a Chile la predictibilidad de la que ha gozado (raro ejemplo latinoamericano) durante las últimas décadas. Por el contrario, hoy los inversionistas están reticentes a invertir en un país que ahora legisla en contra de las empresas. 

Al parecer Bachelet, siguiendo la tradición de la izquierda latinoamericana, se ha contagiado del virus de la ‘refundación’. Se quiere transformar todo, hacer una nueva constitución. Todo esto afecta la tranquilidad del país, tal y como viene ocurriendo con las normas que se están aprobando.

Las reformas para incrementar el gasto en programas sociales de Bachelet han sido consideradas como populistas. Sin duda, la medida que mayores protestas ha generado ha sido la tributaria. (Ver en Lampadia (L): Resistencias a la reforma tributaria de Bachelet). 

Las PYMES y el sector empresarial en su conjunto llamaron la atención porque estas normas sería contraproducentes, pues debilitarían sustancialmente el clima de inversión chileno en un momento en que la economía se enfría y crece a sus niveles más bajos en los últimos cuatro años (2.7% el primer cuatrimestre). A pesar de que la reforma tributaria ha sido vendida como la única forma de obtener los 8,200 millones de dólares que se necesitarían para hacer gratuita la enseñanza (una demanda que tomó las calles durante el primer gobierno de Bachelet), no es muy bien vista entre los chilenos. Ver en L: Chile por el mal camino.

Actualmente, el gobierno chileno está tomando medidas para dinamizar nuevamente el crecimiento de su economía, poniendo en marcha un plan de inversiones en infraestructuras públicas. Hace unos días, el ministro de Obras Públicas anunció que se invertirá  US$ 28,000 millones, de los cuales 11,000 serán en régimen de concesiones públicas a empresas.

La minería, uno de los sectores más importantes del país, está enfrentando graves problemas. Se espera que Chile produzca un récord de 5.83 millones de toneladas de cobre este año, llegando a 6.23 millones el año que viene, afirma la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Sin embargo, la estimación oficial de la producción en 2014 ya ha sido recortada dos veces, de 6.07 millones de toneladas, tras la suspensión de nuevos proyectos (como El Morro) y la caída de la producción en otros.

Sin embargo, uno de los principales problemas de las mineras chilenas es que su desventaja competitivas con otros países mineros es de 11.1%, según cifras del Consejo Minero. En los últimos cinco años, los costos de la minería del cobre habrían incrementado en 66%, indica. Se está convirtiendo en uno de los países más caros para la exploración y extracción minera.

De acuerdo a Cochilco, el costo de producir una libra de cobre aumentó de US$ 0.63 por libra en el 2004, que era la mitad del costo en África y muy por debajo del promedio mundial en el momento, a US$ 2.50 el año pasado. Esto significa que ahora cuesta alrededor de 3.5 veces más (350%) para producir una libra de cobre en Chile, comparándolo con hace una década, y la cifra es también superior a la media mundial de US$ 2.38 por libra registrado el año pasado.

Esto se debería, parcialmente, al alto precio de la energía (que significa alrededor del 20% de los costos de las empresas), lo que pone en peligro la competitividad de la industria de cobre del país y plantea un gran desafío para nuevos desarrollos. Según la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), el costo de la energía en Chile en la última década habría aumentado un 193%, mientras que el alza promedio mundial, durante los últimos diez años, fue de 111%.

Los altos salarios no ayudan a la situación. Los mineros chilenos producen menos de la mitad de sus contrapartes norteamericanas, pero tienen salarios más altos. El costo de mano de obra es entre 33 y 188% más alto que en otros países mineros.

Los costos de producción de minas chilenas podrían bajar, sin embargo, si los mineros recortan las expansiones planificadas debido a la caída de los precios del cobre y si los proveedores de energía se ven obligados a ofrecer precios más competitivos.

Otro de los motivos del aumento de los costos de minería del cobre es por el alza del dólar. El Ministerio de Hacienda hizo un llamado al sector privado al respecto, fomentando a que se invierta con fuerza en los sectores productivos que se vean beneficiados por una ventaja comparativa debido al tipo de cambio (como por ejemplo la exportación de alimentos, forestal y productos metálicos, que han tenido un alza de 14%, 10% y 20% respectivamente), y así poder sustituir el motor del crecimiento de los próximos años.

El economista chileno, Sebastián Edwards, explicó que “el ciclo de la mediocridad” estaría al acecho, lo cual implica una baja en la inversión, ahorro y productividad, todo lo cual ya está ocurriendo, señaló. También afirmó que el país se “ha quedado atrás en infraestructuras”, y que Chile “no es un país moderno y aspiramos a que se mueva hacia la modernidad”. También avisó de que un hipotético descenso en el precio de las commodities provocaría que “nuestro entorno se transforme en uno menos favorable”.

Otras medidas que habría que tomar en consideración sería hacer cambios en el gabinete, como afirma Edwards. Dice que, “en Chile, hasta ahora, no han existido defensores del capitalismo”, mostrando su preocupación por el clima social.

Se están tomando medidas para dinamizar la economía chilena, pero faltaría fortalecerla más. Esperemos que Chile logre su recuperación económica. A toda la región le haría mucho bien que Chile recupere su senda de crecimiento, su modernidad y su cintura. Sería muy bueno para todo Latinoamérica. Lampadia