Aníbal Quiroga León
Jurista. Profesor Principal PUCP
Para Lampadia

El señor Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que las discusiones, por el mismo causadas, acerca de si le corresponde comparecer ante el Congreso de la República -con su Gabinete- para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, solicitando el correspondiente voto de confianza de que trata el Art.130° de la Constitución que, por lo demás, nunca recibió; al mismo tiempo que  exponer los actos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo durante el pasado interregno parlamentario causado por la disolución del Congreso, conforme reza el Art.135° de la misma, son “exquisiteces técnico-constitucionales”.

Es decir, para el Premier el cumplimiento de claros y expresos obligaciones y mandatos constitucionales, resultan una delicatesen constitucional a la que, en verdad, no merece la pena prestar atención ni gastar tiempo alguno.  Como si fueran adornos intelectualoides sólo para discusiones de café de nerds constitucionales que se muerden la cola y que desconocen en verdad cómo es que funciona la cosa política, lo que él y el Presidente de la República si conocen.

Las malvadas lenguas atribuyen este tipo de expresiones a la formación jurídica (o a su ausencia, en verdad) del Premier proveniente de una universidad que no ha logrado el licenciamiento de la SUNEDU, algo que paradójicamente el propio Gobierno alienta con gran firmeza.  En casa del herrero, el cuchillo es de palo.  Como cuando el Premier confundió en televisión el principio de la libertad -aplicable a las personas naturales- para definir la función pública, que más bien se rige por el principio de taxatividad, su antónimo. Se diría, benévolamente, que de lo que adolece más bien es una adecuada asesoría ya que de cuando en cuando algún consejero bien rentado le induce a ciertos desbarros jurídico-constitucionales de marca mayor.

Ahora resulta que dar cumplimiento a un deber constitucional sobre cuya base está estructuraba la columna vertebral de nuestra forma de gobierno, y que se ha dado ininterrumpidamente y sin discusión por más de veinte años en cuatro sucesiones presidenciales sucesivas termina siendo una “exquisitez técnico-constitucional”. Una alegoría de mal gusto para de eludir un deber constitucional.

En verdad no parece ser una deficiencia en el saber jurídico-constitucional.  Se trata de algo más complicado y más profundo.  Tanto el Premier, como el propio Presidente, comulgan en una idea de democracia y de Constitución bastante alejada de su significado esencial y bastante más cercana a un pensamiento autoritario, de manera que los deberes constitucionales terminan denostados por ser producto de “mentes exquisitas”.

Nuestra Constitución perfila una democracia de presidencialismo atenuado semiparlamentaria.  Es su ADN y eso determina su viabilidad y solidez.  Por eso se exige el voto de confianza cada vez que un Gabinete inicia su andadura, por eso existen las cuestiones de confianza ministeriales y del Premier, y las censuras ministeriales y del Premier.  Cuando recaen en éste, o son protagonizadas por éste y no logra la confianza, o es derribado por la censura, se produce la crisis total de Gabinete.  Así está escrito en blanco y negro en la Constitución que los altos dignatarios han jurado solemnemente cumplir.

Lo que ocurre es que el Gobierno ha caído presa de su propio laberinto.  El Presidente anunció en TV la disolución del Congreso por una supuesta “negativa fáctica de confianza” -que ni siquiera el Tribunal Constitucional tuvo el pudor de recoger-.  Eso lo hizo con un Premier renunciado y sin Gabinete. Es decir, sin refrendo ministerial. Luego de anunciar públicamente la disolución, recién nombró a un nuevo Premier, y al día siguiente -con éste- conformó un nuevo Gabinete con el que convalidó la disolución y el que nunca pudo concurrir al Congreso a dar cuenta de su política general y solicitar la confianza porque en los hechos ya no había Congreso en pleno, tan solo su Comisión Permanente.  En consecuencia, ingresamos al interregno parlamentario sin haberse solicitado ni obtenido la requerida confianza prevista por el Art. 130° de la Constitución.

Conformado por la vía electoral el nuevo Congreso en enero último, corresponden las dos obligaciones, la del 130° -que nunca pudo cumplir- y la del 135° por el interregno parlamentario.  Esas normas deben leerse sistemáticamente bajo el principio de la unidad de la Constitución.  ¿Es muy difícil eso? ¿En verdad es una “exquisitez constitucional”?

Un verdadero demócrata jamás rehuiría semejante responsabilidad, máxime la hora actual en que se debate el país, salidos de una inédita disolución congresal e inmersos en una emergencia nacional de grandes proporciones.

Pero no, ahora el consejero con muy mala leche le ha hecho repetir al Premier que no le corresponde solicitar el voto de confianza del Art. 130° porque su designación, y la de su Gabinete, resultan “preexistentes” al actual Congreso recién elegido.  La preexistencia es un concepto extrapolado, normalmente, de derecho de seguros, del seguro médico en particular, para excluir de una póliza la cobertura a una enfermedad “preexistente” a la firma del contrato.  Es inédito ese concepto en el derecho constitucional o en la ciencia política.  Pero vamos, siempre se puede ser innovador sin llegar a ser “exquisito”.  Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se brindan algunas reflexiones sobre los resultados de las elecciones congresales que tuvieron lugar en nuestro país el pasado 26 de enero, a la luz de los antecedentes políticos que las generaron, en particular, el manotazo a la democracia que acometió el gobierno de Vizcarra al efectuar la disolución del anterior Congreso (ver Lampadia: La Disolución del Congreso, Crisis Política y el Futuro del Modelo Económico).

Como deja entrever el popular medio británico, si bien dicha decisión presidencial linda con la inconstitucionalidad, vale la pena centrarse en el efecto post-elecciones adelantadas que se generaron a partir de ella, esto es, la resultante estructura partidaria del nuevo parlamento que tomaría funciones el próximo marzo. Así, enfatiza: “La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.”

En efecto. Como se desprende del análisis de The Economist, los resultados de las elecciones han puesto en relieve la clara debilidad de los partidos políticos y lo ingenuas que son las reglas que rigen el sistema electoral peruano, las cuales han permitido la reproducción de un sinfín de propuestas legislativas, haciendo  imposible una mínima buena comparación entre ellas (ver Lampadia: 800 candidatos en Lima es absurdo). No es de extrañar que se haya obtenido una baja representatividad y además fragmentación en este nuevo Congreso (ver Lampadia: El nuevo Congreso).

En ese sentido, consideramos que este escenario no es mejor que el anterior Congreso disuelto, con todas las críticas que pudiera hacérsele, puesto que por lo menos se contaba con una oposición ordenada que podía fiscalizar responsablemente las medidas presentadas por el Ejecutivo. Sin un congreso así, las propuestas populistas de Vizcarra como el anunciado incremento de salario mínimo, la ley que obliga a vender genéricos en las farmacias, la ley que obliga a los colegios privados a devolver cuota de ingreso ante retiros voluntarios, entre otras medidas pueden aflorar sin problemas.

Una situación por demás mala por la poca probabilidad de que un Congreso fragmentado pueda llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita, así como lograr mínimos acuerdos entre las nuevas bancadas para concretar la tan ansiada reforma política.

Esperamos que los nuevos parlamentarios sopesen y pongan como prioridad al país, en vez de sus beneficios personal. Lampadia

La dificultad de reformar el Perú

Una elección reivindica, pero no fortalece a Martín Vizcarra

The Economist
1 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Fue lo más popular que ha hecho cualquier presidente peruano en mucho tiempo. Frente a un congreso en serie obstructivo ampliamente visto como defensa de intereses corruptos, en septiembre Martín Vizcarra decretó su disolución. Esto era cuestionable constitucionalmente y sentó un precedente preocupante. Pero en términos políticos, el resultado de una elección celebrada el 26 de enero para reemplazar el congreso disuelto reivindicó a Vizcarra. También destacó las debilidades del sistema político peruano y no ha facilitado su proyecto de reforma institucional.

Vizcarra, quien fue elegido vicepresidente en 2016, asumió el cargo principal hace casi dos años cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció por conflictos de intereses. Heredó una batalla con el Congreso, dominada por la oposición dirigida por Keiko Fujimori, la hija de un ex presidente. Cuando las llamadas telefónicas filtradas revelaron una aparente colusión entre algunos jueces y legisladores de la oposición, Vizcarra solicitó con éxito el apoyo público en un referéndum sobre reformas de la judicatura y la política.

Eso le dio la iniciativa, pero solo por un tiempo. Para romper el estancamiento, Vizcarra propuso convocar elecciones generales anticipadas. Ignorando esto, los fujimoristas se adelantaron con una votación apresurada para nombrar nuevos jueces para el tribunal constitucional. El presidente afirmó que esto equivalía a una (segunda) negación de confianza en su gobierno. Según la constitución semiparlamentaria de Perú, eso es motivo para la disolución del congreso. En enero, el tribunal confirmó por cuatro votos contra tres la constitucionalidad de la acción del presidente.

Los votantes infligieron una aplastante derrota a los fujimoristas, que cayeron del 36% de los votos parlamentarios en 2016 al 7%. Dos partidos aliados más pequeños no pudieron ingresar al nuevo congreso. Ese es el alcance de las buenas noticias para Vizcarra. La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.

En el papel, los partidos centristas serán el mayor contingente, aunque la derecha también es fuerte. Dos recién llegados ofrecen algún motivo de inquietud. El Frente Agrario, un partido vinculado a un culto milenario del Antiguo Testamento, ganó al menos 15 de los 130 escaños. Y 17 fueron tomados por el partido de Antauro Humala, un ex oficial del ejército profascista (y hermano de un ex presidente) que cumplía una condena de prisión de 19 años por un asalto a una estación de policía en 2005 en el que murieron seis personas.

Su éxito es, de diferentes maneras, una protesta contra el establecimiento político de Lima. Los países vecinos han visto protestas callejeras a veces violentas en los últimos meses. En Perú, la disolución del congreso y el encarcelamiento de varios ex presidentes por acusaciones de corrupción (ninguno de los cuales ha sido probado aún) ha eliminado parte de la ira popular. El 28 de enero, un juez remitió a Fujimori por segunda vez por acusaciones de irregularidades en el financiamiento de campañas en 2011.

Quizás, también, la naturaleza flexible de la cultura política del Perú proporciona resiliencia. Pero podría dificultar la reforma. Después de los recientes enfrentamientos, tanto la opinión pública como muchos políticos están a favor de la cooperación. Pero Vizcarra tiene solo un año más o menos para completar la tarea de reforma institucional que se propuso antes de las elecciones generales de abril de 2021.

El gobierno ya ha establecido un nuevo organismo, seleccionado por mérito, para supervisar los nombramientos judiciales. Varias medidas aprobadas por el congreso saliente tienen como objetivo limpiar y solidificar los partidos políticos. Algunas son útiles. Incluyen endurecer las reglas sobre el financiamiento de campañas, medidas para reducir el costo de la política y, a partir de 2021, el cierre de partidos que no cruzan el umbral del 5%. Las pendientes son una definición más estricta de la inmunidad parlamentaria y, tal vez, la incorporación de un senado a la pequeña legislatura de una cámara de Perú.

La elección ofrece pocos consejos para la contienda presidencial de 2021. “Todos somos débiles y cualquier cosa puede pasar”, dice Alberto Vergara, un politólogo. Al defender la lucha contra la corrupción, Vizcarra ha logrado la rara hazaña de un presidente peruano de seguir siendo popular. Ahora se puede necesitar más. El gobierno está tratando de mejorar la atención médica y los caminos rurales, pero está presionado por las presiones sindicales para aumentar los salarios del sector público y la oposición empresarial a los impuestos más altos (que aumentan los ingresos de solo el 14% del PBI). Puede surgir un nuevo sistema político. Pero para que Perú continúe disfrutando del crecimiento económico y evite una explosión social al estilo chileno, también necesita un estado más fuerte y más efectivo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo primero que cabe notar es la alta fragmentación del Congreso electo. Son 10 partidos los que pasarían la valla, algo que no tiene precedentes. Ello se debe a que, al no haber competencia presidencial, no se ha concentrado el voto. El problema va a ser la gestación de consensos para aprobar las reformas y leyes.

El Comercio

Lo segundo es que por primera vez se ha votado principalmente por partidos, no por líderes. El caso de Acción Popular es el más notorio. Pero hubo dos excepciones: PODEMOS, cuya locomotora fue Daniel Urresti -que obviamente se proyecta al 2021-, y que recoge la demanda por seguridad ciudadana en Lima; y UPP, cuya cabeza de lista en Lima -retirada por el JNE- era Antauro Humala.

Pero la gran sorpresa ha sido el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), vinculado a un grupo religioso: la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Habría quedado nada menos que en segundo lugar. Expresa la demanda religiosa conservadora e indigenista del pueblo peruano de origen andino. 

No cabe duda que la gran perdedora, no solo en las elecciones congresales que se realizaron ayer sino de la gran batalla política de los últimos años, ha sido Fuerza Popular. Quizá haya llegado a su fin la polarización fujimorismo – anti-fujimorismo que dominó el escenario político en los últimos lustros. Que se trate o no una derrota terminal dependerá de la suerte judicial de Keiko Fujimori. De hecho, en la derrota estructural del fujimorismo ha jugado un papel importante la destrucción mediática y judicial de la imagen de la lideresa no solo por la prisión preventiva sino por el continuo flujo de revelaciones acerca de dineros recibidos y aportantes fantasma, que no eran delito pero que fueron y son presentados como si lo fueran. Por supuesto, habría que asignarle un peso similar a los graves errores por ella cometidos en la conducción de la bancada de fuerza popular desde el 2016, sobre todo durante la etapa del PPK, porque durante Vizcarra la beligerancia amainó apreciablemente, aunque fue reactivada hábilmente por el propio Vizcarra con el pedido de adelanto de elecciones, que derivó finalmente en el cierre del Congreso. Fue el puntillazo final.

En esa misma medida, el ganador ha sido el presidente Martín Vizcarra, que tendrá ahora un nuevo Congreso en el que Fuerza Popular tendría apenas 12 congresistas, que no contarán con la colaboración de una bancada aprista que no existirá. Pero no es tampoco que tendrá mayoría propia o afín. Los dos partidos que han expresado su apoyo a la gestión del Presidente, son el partido Morado (solo 9 congresistas) y Alianza para el Progreso (APP) (18 escaños). Recordemos que Acción Popular y APP estuvieron en contra del adelanto de elecciones y de la disolución del Congreso, aunque luego APP haya desautorizado a quienes adoptaron esa posición. En todo caso, el peligro de que se pudiera plantear una acusación constitucional contra Vizcarra por la disolución congresal ha quedado conjurado luego de la inefable sentencia del Tribunal Constitucional.

Han tendido a tener más votación los partidos no incluidos en el proceso Lavajato, y que al mismo tiempo tienen un nivel de organización nacional y presentan alguna clase de novedad:  Acción Popular, FREPAP, APP, Partido Morado, Somos Perú y el propio Frente Amplio. La propia Acción Popular apostó por figuras nuevas completamente desconocidas -es decir, por la Lampa-, y consiguió el primer puesto.

Eso habla de la potencia de la llamada “lucha anticorrupción” como factor decantador y letal en la política. Las estrategias mediático – fiscales han sido muy efectivas. Contundentes.  

Quizá en parte por eso existe consenso entre varios de esos partidos ganadores de que una de las tareas prioritarias del nuevo Congreso será revisar y culminar la reforma política, o la reforma institucional en general. Esos partidos suman 85 congresistas, aunque será difícil el consenso en torno a una reforma clave como la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta y muchos no conocen bien las reformas pendientes de aprobación, que son las referidas a la gobernabilidad. Es de suponer que el Ejecutivo enviará nuevamente al Congreso complementario los proyectos de ley correspondientes, para encaminar el proceso.

En conclusión, es posible que el nuevo Congreso, con dificultades por su alta fragmentación, se aboque principalmente a culminar la reforma política. El Presidente Vizcarra no tendrá enemigo contra el que luchar para construir su popularidad, de modo que deberá empezar a mostrar resultados en la gestión de gobierno. Si no lo hace, la propia dinámica del proceso electoral del 21 lleve a algunas bancadas a desarrollar una conducta cada vez más crítica al gobierno, pero no pasaría a mayores. Lampadia