Por: Patricia Teullet
Perú21, 10 de Octubre del 2022

“El tráfico desordenado y agresivo, la pasividad de las autoridades responsables y la resignación de peatones y conductores responsables reflejan mucho de lo que ocurre en distintas esferas y ámbitos relacionados con el Gobierno”.

“Los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento estricto. Los países subdesarrollados tienen normas rígidas de cumplimiento flexible”. Con esta afirmación, Rudiger Dornbush advierte la incapacidad de generar confianza en los países, como el Perú, donde las normas son más bien ‘referenciales’ que de obligatorio cumplimiento.

Tomemos como ejemplo la reciente reducción de los límites de velocidad: es cierto que la mayor causa de accidentes es el exceso de velocidad, pero ese exceso se da sin importar cuál fuera el límite impuesto. Así como puede parecernos que ir a 30 km por hora en cualquier calle es casi ridículo, lo cierto es que en las zonas en que ya esto era mandatorio, como en las cercanías de una escuela, el límite no se respetaba, y me consta por haberlo visto hace unas semanas exactamente a horas en que los niños salían de un pequeño colegio en una transitada calle en la ciudad.

En un artículo reciente sobre el tema energético, el autor cuestionaba la existencia de rompemuelles repartidos casi aleatoriamente en todas las calles, obligando a cambios repentinos de velocidad y a un uso poco eficiente de combustible. La razón es que los rompemuelles son la respuesta necesaria a la ‘invisibilidad’ y, por tanto, ignorancia absoluta de las indicaciones de las señales de ‘Pare’. Así, si la señal existe o no, es irrelevante: la reducción de la velocidad requiere un mecanismo, digamos, más persuasivo, como el rompemuelles en cuestión.

La nueva norma que reduce los límites de velocidad viene acompañada, cómo no, por una escala de multas según el exceso de la violación sobre el límite y la colocación de radares ya en diversas avenidas. Suena bien, ¿pero con eso cerramos el círculo? ¿Ponemos multas, bajamos la velocidad y evitamos los accidentes? Lamentablemente no. Seguiremos viendo vehículos, especialmente de transporte público, ir a la velocidad que les parezca, corriendo para captar pasajeros antes que el competidor. ¿Y las multas? Hasta el momento no se ha visto ningún esfuerzo exitoso para hacer que microbuses y ómnibus cumplan las reglas ni para lograr que las multas se paguen. Y, cada vez que hay un accidente, la noticia suele estar acompañada de una nota respecto a la cantidad de infracciones (habitualmente decenas) y miles de soles adeudados por el chofer causante del accidente; multas que nadie se atreverá a cobrar, menos aún en un gobierno populista en el que la informalidad en el transporte se ha visto no solo más aceptada, sino hasta defendida.

El tráfico desordenado y agresivo, la pasividad de las autoridades responsables y la resignación de peatones y conductores responsables reflejan mucho de lo que ocurre en distintas esferas y ámbitos relacionados con el gobierno: incumplimiento de las reglas, violación de las normas y total impunidad. ¿Por qué a nadie le importa lo suficiente?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Me encuentro en un serio problema, pues he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos visitantes del extranjero y no he podido explicarles razonablemente lo que es el cumplimiento de reglas, leyes y reglamentos en el Perú.

Los llevé a pasear por LIMA y nos encontramos con taxis y colectivos sin autorización alguna y que manejan “a su aire”; esto es como les da la gana. Ellos cambian de carril sin hacer señal alguna, te cruzan cuando les parece que pueden tener un pasajero más en cualquier parte (esquina o media cuadra), te “meten” el auto o micro para “arrimarte” y cambiar de carril, y mejor te mueves porque si te chocan no tendrán seguro, no pagarán y te dirán, “no tengo plata pe’ manito” y si lo encuentras sin licencia, SOAT o lo que sea, porque un seguro de responsabilidad civil no tendrán, te dirán, “pero tengo que trabajar” o que quieres que haga… Pero eso sí, si revisas el récord de papeletas ascenderá a varios miles, sino millones de soles impagos. ¡Pero no hay problema, seguirán circulando!

Por otro lado, me decían que no entendían las señales de tránsito que iban viendo, pues en muchos casos no concuerdan con las normas y estándares internacionales. Que nadie entiende, ni los policías, que el que está dentro de un óvalo tiene la preferencia, que se debe estar en el carril de la izquierda para voltear a la izquierda y en el de la derecha para voltear a la derecha y no al revés. Que en pistas de varios carriles (vía expresa o carretera), los carriles de la izquierda son para adelantar y no para pasear. No se explican cómo en las “vías expresas” y en la “Costa Verde” los tres carriles son para la misma velocidad, lo que hace que no tengas un claro patrón y procedimiento para adelantar cuando ya necesitas salir de la vía.

Me preguntaban; ¿quién da las reglas de tránsito en el Perú? Ingenuo yo, les contestaba que hay un Reglamento Nacional de Tránsito emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplicado a nivel nacional. ¡Ingenuo yo!…

El reglamento de tránsito en el Perú, por ejemplo, establece que los límites de velocidad son los siguientes:

• Calles y jirones: 40 km/h
• Avenidas: 60 km/h
• Vías expresas: 80 km/h
• Carreteras: 100 km/h
• Zona de colegios y hospitales: 30 km/h

Dicho esto, todos los conductores de la ciudad de Lima sufren cotidianamente las inclemencias del tránsito debido a las razones antes mencionadas, pero, además, debemos agregar el mal diseño de las calles de Lima y el libre e informal enrejado de las calles secundarias que pudieran servir de desahogo, pasando por la falta de un adecuado transporte público tipo metro subterráneo o elevado.

Lo antes descrito hace que si alguien transita desde la zona Este de la ciudad; Salamanca o La Molina entre otras, hasta Chorrillos en la zona Oeste, usando las vías expresas y la Costa Verde, la velocidad promedio de un vehículo sea menor a 30 km/h, dado que, como es público y notorio la congestión vehicular tanto en “la Vía Expresa de Javier Prado”, como en “la Vía Expresa de Paseo de la República” impiden un tránsito fluido. Cuando el conductor creía que, finalmente, al llegar a la vía de la Costa Verde con una pista descongestionada desde la Quebrada de Armendáriz, gracias a obras recientemente concluidas, podría fluir con tranquilidad a la velocidad de 80 km/h por una vía de tres carriles, amplia y sin obstáculos de vehículos estacionados, ni ambulantes (en invierno, pues en verano, el cumplimiento las reglas se “vuelve elástica” en esa zona de Lima), se equivocó. Ahora resulta que el Sr. alcalde de Lima, zurrándose en el Reglamento Nacional de Tránsito, ha optado por disponer que esa vía tenga tramos de 60 km/h y otros de 40 km/h de manera intermitente.

El argumento del Sr. alcalde de Lima es que, es un tema de seguridad y que con eso se reducirán los accidentes. La reacción inmediata es que, si eso es cierto, DEBEMOS MODIFICAR el Reglamento de Tránsito y bajar todos los límites de velocidad en el Perú. Pero la evidencia a nivel mundial muestra que el argumento es falso.

La otra opción es que, el alcalde al igual que Fonsi quería que el tránsito sea “despacito”. Pero analizando bien el asunto, tuve que recordar a las mafias de municipalidad y gobierno regional del Callao que instituyó estos límites de velocidad con cambios súbitos e intermitentes, con la finalidad de esquilmar al conductor aplicando multas draconianas si cae en la emboscada de los cambios de límite de velocidad.

Sr. alcalde, si prefiere que sea “despacito”, reduzca el límite en Lima a 40 km/h en contra de las reglas nacionales de tránsito, pero no se convierta en émulo de los delincuentes que han generado esa maraña cambiante de límites de velocidad del Callao, sabiendo que usted no se asemeja a esa gente. Lampadia

Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.

Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:

A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.

Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.

La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.

En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.

Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.

Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza – Lo que necesitamos es más Minería.

Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.

Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.

El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia

La respuesta a esta pregunta es más complejo de lo que parece ya que hay varios factores que interactúan en un entorno dinámico y cambiante. Para entender todas las diferentes piezas del rompecabezas de la riqueza y cómo encajan, queremos compartir con nuestros lectores un video de Marginal Revolution University, una institución que crea videos interactivos sobre distintos temas económicos.

Este video explica por qué algunos países son ricos y otros pobres con cuatro piezas esenciales:

1. La productividad
   Aquí se explica cómo el capital físico, el capital humano, el conocimiento tecnológico y los emprendedores encajan entre sí para estimular una mayor productividad en una población. El video se enfoca en mostrar el crecimiento económico como una función de los factores de producción de un país y qué inversiones se puede hacer para mejorar y aumentar estos factores de producción.
    
2. Los incentivos
   Se muestra cómo diferentes incentivos producen resultados diferentes en distintos sectores de la economía.
    
3. Las instituciones
   Las instituciones, mediante herramientas como los derechos de propiedad, normas culturales, leyes confiables y estabilidad política, crean incentivos de diferentes tipos.
    
4. La riqueza
   Porque la pieza final del rompecabezas es la combinación de la historia, las ideas, la cultura, la geografía, etc.

En Lampadia queremos compartir con nuestros lectores este video para ayudar a explicar por qué algunos países siguen siendo relativamente pobres, mientras que otros son exitosos en la transición de ingresos medios y de ahí a la situación de ingresos altos. Esperamos que las lecciones sean iluminadoras y logren transmitir las necesidades de nuestro país para poder retomar la senda de crecimiento. Lampadia

Una de las funciones más sagradas que puede ejercer un ser humano es la de juez. Juzgar a otro ser humano, sus actos y determinar la suerte de su vida y la de sus familiares es una responsabilidad que debe abrumar a quién la tiene y llevarlo al máximo grado de consecuencia moral y profesionalismo.

En el Perú esto suena a ciencia ficción, aunque, como ya casi vivimos en ciencia ficción, diremos que es iluso y utópico. No por eso, sin embargo, debemos renunciar a predicar los principios que deben regir tan sagrada función.

En nuestras lecturas, hemos dado con un magnífico artículo de Francesc De Carreras, publicado por El País de España, el 10 de abril pasado. Su tema es: ¿Qué es politizar la Justicia? En Lampadia, hemos rescatado sus sentencias sobre la naturaleza de las decisiones del juez.

Veamos lo que nos dice De Carreras sobre las funciones del juez (citas textuales)

• El juez argumenta desde la racionalidad jurídica.
• El juez actúa en el curso de un proceso, dotado de garantías constitucionales.
• En sus resoluciones está absolutamente sometido a las leyes.
• En las resoluciones y sentencias, no se argumenta de acuerdo con los personales criterios de justicia del juez sino con aquello que la ley establece.
• En eso, precisamente, consiste la independencia judicial.
• El juez es independiente de todos los demás poderes pero está absolutamente sometido a la ley, no puede escapar de lo que prescribe la misma.
• Juzgar no es hacer justicia según la voluntad del juez sino de conformidad con la ley, aunque el juez, como es frecuente, esté en desacuerdo con ella.

“Dictar una sentencia presupone, precisar los hechos, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables, e interpretarlas de acuerdo con métodos preestablecidos”.

“Esta limitación de los métodos interpretativos es una garantía de la seguridad jurídica: el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica. La principal garantía de que el juez se atiene a la ley en sus resoluciones está en la motivación de las mismas, argumentada en los fundamentos jurídicos. Una sentencia será buena o mala, no porque el fallo se ajuste o no a nuestras convicciones sobre la justicia como valor, sino por los argumentos jurídicos —basados en hechos y en normas— que la motivan”.

Cómo podemos ver de los preceptos anteriores, solo se justifica la plena autonomía del juez, en la medida de que esté absolutamente sometido a las leyes y los procedimientos jurídicos, incluso si se trata de la ley de leyes, la Constitución. El juez no puede ejercer su función según su criterio, así sea de conciencia.

Una de las grandes carencias institucionales del Perú es la calidad de nuestros ‘sistema judicial’, que abarca al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y a los profesionales del Derecho. Empecemos, en la sociedad civil, por tomar conciencia de los principios básicos que deben regir la administración de justicia, para saber que exigir a nuestros gobernantes. Lampadia

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia

El 23 de junio de 2016, la población de Gran Bretaña (GB) votará en un referéndum para decidir si permanece en la Unión Europea (UE) o si se desliga. Quienes son pro-UE sostienen que la salida le costará muy caro a los británicos en términos de prosperidad económica, estabilidad financiera y seguridad nacional. Quienes son anti-UE consideran que salir de la UE será bueno, ya que le daría a Gran Bretaña la libertad para determinar su propio destino para tomar decisiones sobre los impuestos, la inmigración y otros miles de temas que son de suma importancia para el bienestar económico y político de su pueblo.

Lo difícil de este debate es que hay buenas razones a ambos lados. El problema parece estar mal planteado. El debate no debería ser sobre si es mejor salirse o no de la UE, sino qué debería cambiar en la gestión de la UE para que Gran Bretaña permanezca como parte de esta asociación económica y política que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Ver en Lampadia: ¿Será posible construir una nueva Europa?

Las motivaciones que impulsan el denominado ‘Brexit’ (Salida de Gran Bretaña, en inglés: Britain’s Exit) son muchísimas y completamente razonables. Como afirma Ian Vasquez en su columna de opinión: El Reino Unido y el futuro de Europa, “La UE empezó como un mercado común y zona de libre comercio. [Pero] Se ha transformado en el tiempo en un gobierno supranacional y burocratizado que centraliza cada vez más poderes y recursos financieros, y emite cada vez más regulaciones que sus 28 diversos miembros tienen que cumplir. Muchas regulaciones son simplemente ridículas”.

Entre los argumentos a favor del Brexit tenemos la alta contribución del Reino Unido a la UE, £13 mil millones en 2014; sin embargo, según FullFacts.org, solamente se recibió £4.5 mil millones de gasto por parte de la UE, dejando una pérdida contable de £9 millones. 

Otro ejemplo es que bajo las normas de la UE, Gran Bretaña no puede evitar que alguien de otro país miembro se mude a vivir a su país, mientras que los británicos se benefician de un derecho equivalente a vivir y trabajar en cualquier otro lugar en la UE. El resultado ha sido un enorme aumento de inmigración en Gran Bretaña, sobre todo de Europa del este.

Como afirma Ivan Vasquez, “Se ha llegado a prohibir el uso de platitos y otros contenedores tradicionales para servir aceite de oliva en restaurantes, por ejemplo, o regular la curvatura de ciertos plátanos. Muchísimas reglas imponen costos desmedidos. La política agrícola de la UE, por ejemplo, es altamente proteccionista e ineficiente. Consume el 30% del presupuesto de la UE para favorecer al 3% de la población europea, que son agricultores. El consumidor europeo termina pagando doble: por los subsidios y por los precios elevados de comida.” Líneas abajo presentamos algunos ejemplos de otras normas que desincentivan a Gran Bretaña a formar parte de la UE, o debieran ser la razón fundamental para plantear una reforma y evitar su alejamiento. (Publicadas en Cost of the EU – let’s spend our money on our priorities):

• Normas que retrasan la construcción de escuelas y hospitales con trabas burocráticas y aumentan sus costos.
• La obligación de aumentar los impuestos a la electricidad, que afecta sobre todo a las familias más pobres.
• Se obliga el imponer IVA (impuesto al valor agregado) en productos que van en contra de los intereses de Gran Bretaña.
• Se obstruye la construcción de viviendas gracias a la Directiva de Hábitats.
• Debido a la contribución obligatoria de la UE, Gran Bretaña envía un total de £350 millones semanales a Bélgica, que podría ser utilizado en gastos públicos necesarios.
• Las regulaciones de la UE generan costos adicionales de  más de £600 millones a la semana a las pequeñas empresas de Gran Bretaña.
• El proteccionismo de la UE genera pérdidas millonarias a los agricultores y pescadores de Gran Bretaña.
• El exceso de normas de la UE afectan el desarrollo de nuevas tecnologías.

Por otro lado, queda claro que el eventual Brexit pondría en peligro el comercio de Gran Bretaña con su principal socio comercial. La UE representa casi la mitad de las exportaciones e importaciones de Gran Bretaña, lo que corresponde al 15% del PBI del país. Un Brexit también haría de Gran Bretaña un destino mucho menos atractivo para la inversión extranjera, ya que parte del atractivo es su acceso a los mercados de la UE. Como explica Martin Wolf, podría generarse una importante salida de capitales de la GB, eventualidad para la que los bancos centrales están organizando un respaldo importante. Ver en Lampadia: Brexit pone en peligro la confianza de extranjeros.

De hecho, las consecuencias de un Brexit para la GB son difíciles de acota. Mucho dependerá de cómo terminen las relaciones entre Gran Bretaña y la UE. Podría llegar a ser como el caso de Suiza, que tiene una asociación con la Unión Europea, o como Noruega e Islandia, que están dentro de la Zona Económica Europea, y por lo tanto en el mercado interno, pero sin poder sufrir la imposición de normas por parte de la UE. O, alternativamente, podría ser que Gran Bretaña termine con una relación disminuida con la UE.

Desde el punto de vista de la UE, la salida de GB sería un tremendo fracaso de un proyecto que tiene muchos sustentos positivos para la propia UE, incluida GB, y para toda la humanidad. En un mundo multipolar con EEUU, China y más adelante India, una Unión Europea sólida que avance y no retroceda sería muy importante para el mundo global, pues además de los balances económicos implícitos, seguiría aportando los valores de la civilización moderna desde una plataforma inspiradora.

Lamentablemente, la UE ha ido recorriendo un camino anti moderno de empoderamiento de la burocracia y abundancia de normas que asfixian la creatividad y competitividad de los países miembros y de sus empresas. No dejen de ver en Lampadia el artículo del español Don José María Ruiz Soroa sobre el exceso de legislación, ¡Dejen de legislar!.                                                                                        

Lo grave de este enfrentamiento en la UE es que se da en medio de un sentimiento nacionalista, proteccionista y populista que con un sentimiento antiglobalización empieza a extenderse por todo el bloque europeo.

En términos económicos la permanencia de GB en la UE, es muy importante, como lo muestra el siguiente gráfico:

El referéndum del 23 de junio no es solo un problema económico, también es político. El debate va más allá de una separación de Gran Bretaña de la UE. Si se produce el Brexit, esto bien podría ser el inicio del fin de la Unión Europea y el consiguiente debilitamiento de la globalización, sobre todo ahora que, repetimos, asechan el nacionalismo, el proteccionismo y el populismo en una de las regiones más icónicas del mundo moderno. 

Lampadia

El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia

Editorial

Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos? ¿Qué les pasa a los Magistrados del Poder Electoral para exigir tantos requisitos y demorar tanto sus laudos?

Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.) de la cual solo se puede salir cambiando las normas y mientras tanto, nos guste o no, aplicando leyes y procedimientos. ‘Dura es la ley, pero es la ley’.

Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.

Igualmente sucede con las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así es el ‘vía crucis’ para sacar una licencia, ya sea del letrero de un nuevo negocio, las inspecciones de Indeci, las licencias municipales, la aprobación de un nuevo programa universitario, la autorización para poner una clínica, un colegio, un centro comercial, una fábrica, una antena de celulares, un proyecto minero, pesquero, maderero, etc., etc., etc.

Esa es la locura que se ha urdido a pulso con el afán normativo de los funcionarios públicos, fundamentalmente desde el gobierno de Paniagua, con distintos ritmos de creatividad, hasta el ultra-paralizante gobierno de Humala.

Sí queridos lectores, por eso es que todo demora, por eso es que se frenó el crecimiento de la economía, por eso es que la corrupción está a la orden del día, detrás de cada requisito. Por eso cayó la inversión privada y la productividad de la economía. Ver el siguiente gráfico:

Como hemos dicho muchas veces, la inversión de la nueva minería ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento, no solo por sus impactos directos, también por los indirectos, producto de su encadenamiento con los demás sectores de la economía. Veamos en los siguientes dos gráficos, la evolución de la normativa minera:

Lo mismo que determina la dinámica del sistema electoral y del sector minero, afecta todas las inversiones y la vida de todos los ciudadanos.

Evidentemente, esta frondosa realidad tramitológica origina que muchos ciudadanos y empresas opten por la informalidad. Pero ese no es el camino, ni de los partidos políticos, ni de las empresas. El camino es emprender una poda masiva y generalizada de las ligaduras que están asfixiando la economía nacional y la sociedad en conjunto.

El camino no es el del irrespeto que registra el comportamiento del partido político ‘Todos por el Perú’ (que está dando un ejemplo clamoroso de falta de civismo). El camino es la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir.

Estamos por elegir nuevas autoridades nacionales, aprovechemos la experiencia que el proceso electoral ha puesto a la luz, para entender nuestros males y comprometernos con el rediseño institucional. Es un mandato urgente del que ahora nadie puede esconderse. Lampadia  

El proyecto minero de las Bambas, que está a punto de entrar en operación (95% de avance de la inversión) después de cincuenta años de espera, es atacado con las mismas prácticas anti desarrollo de los anti mineros violentistas. Ellos, como muchas otras veces, buscan exacerbar los conflictos al punto de generar las condiciones para que tengamos que lamentar las muertes de ciudadanos inocentes.

Ya es hora de que nuestra sociedad rechace estas prácticas estalinistas. (Ver en Lampadia: Estalinismo en Cajamarca, Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo y Lampadia denuncia sabotaje contra la economía peruana – Complot anti-desarrollo al descubierto.

Para quienes tengan interés en ver como se complota contra el país, ver: Manual anti minero.

El proyecto de las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. Su desarrollo ha cumplido todas las normas, con los mejores estándares internacionales. En términos ambientales y sociales, su manejo ha sido icónico.

Ver algunos detalles sobre el proyecto y su desarrollo:

Las Bambas es uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. Se localiza en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Challhuahuacho. Fue avalado socialmente por más de 5,000 personas en una audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental, en 15 julio del 2010.

El proyecto está terminando y el avance es mayor al  95%. Las Bambas será  una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10,5 millones de toneladas. Su operación durará más de 20 años.

El concentrado se transportará al puerto de Matarani a través de una modalidad bimodal (camión y tren). La línea de transmisión de alta tensión de Las Bambas incluye una línea de transmisión de 220 Kv de 130 kilómetros de longitud, que se extiende desde la red eléctrica del Perú (subestación Cotaruse) hasta el sitio.

El agua para el proyecto se almacenará durante la temporada de lluvias en dos presas y se maximizará el reciclaje del agua minimizando el uso de agua fresca.Eventualmente se utilizaría el agua del río Challhuahuacho, pero existe el compromiso de mantener el caudal ecológico en el río Challhuahuacho lo que asegurará la flora y fauna acuática todo el año.

En el aspecto social, entre el 2005 y 2015, Las Bambas  desarrollo una intensa campaña de trabajo social.

El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011, considerando tres áreas: Área de Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares, área Mineroducto y área de Tintaya: planta menor de Molibdeno y planta de filtrado final.

El EIA fue aprobado luego de un delicado Proceso de Participación Ciudadana que incluyó monitoreos participativos, 20 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5,000 personas.

Como consecuencia de los cambios de propiedad de Las Bambas y la mina Antapaccay (ex Tintaya), tubo que mudarse la planta de molibdenos al área de Las Bambas, reduciéndose así la huella  del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollarán las operaciones del proyecto) con un proceso más eficiente, reubicándose la planta de molibdeno y filtros.

El mineroducto fue reemplazado por un sistema de transporte bimodal; carretera y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani, una carretera de primer orden, creando con esto un corredor económico a lo largo de esta nueva vía, solicitado muchas veces por las mismas comunidades, productores y empresarios locales.

Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo respetando estrictamente los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades involucradas respetando los requerimientos legales aplicables, así como cumpliendo a cabalidad las exigencias de las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de aprobación.

El 11 de julio de 2013, se presentó  un Informe Técnico Sustentatoriode conformidad con el artículo 4 del D.S 054-2013-PCM, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre de 2013. En este se sustentó que los impactos ambientales, relacionados a la reubicación de las  plantasauxiliares y menores de molibdeno y filtración,y el almacén de concentrados, son de carácter no significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en el EIA aprobado.

Estas modificaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y las distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, por el Ministerio de Energía y Minas, como consta en los cargos de entrega correspondientes.

Desde hace algunos meses empezaron a infiltrarse  personajes ajenos a la región para preparar las asonadas como la que hemos presenciado. Según el Director de Perú21, en su columna del 29 de setiembre: “(…) las organizaciones y los actores detrás de esta “protesta”: Ronald Bello (Tierra y Libertad); Oscar Mollohuanca (Tierra y Libertad); Wilfredo Saavedra (ex MRTA), entre otros grupos (miembros del Movadef, etnocaceristas y ex PUM, por ejemplo). Distintos partes de inteligencia han confirmado reuniones de coordinación entre estos tres personajes desde el año pasado”.

Estábamos advertidos, pero nuevamente se ha dejado de alertar a los ciudadanos sobre estas maniobras. Ahora cobran muertes que debemos lamentar, pero exigen de las autoridades y, especialmente, al Ministerio Público y del Poder Judicial, su acercamiento a la Policía Nacional para encausar debidamente y sin pausa a los criminales anti país.

Esperamos que esta vez, después de los fracasos de Tambogrande, Cañariaco, Pichanaqui y Tía María, se pueda generar una acción concertada entre los distintos estamentos del Estado para parar estos enfrentamientos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lampadia

No sorprende a los ciudadanos, y menos a Lampadia la dación de “Normas Contra-Propósito”, absurdas y contrarias a sus denominaciones y a sus aparentes objetivos, que muchas veces proponen y dictaminan nuestros congresistas, políticos y funcionarios. En esta ocasión se trata del Proyecto de Ley No. 4505/2014-CR que pretende modificar la Ley de Arbitraje, un ejemplo internacional sobre la resolución extra-judicial de conflictos civiles. El proyecto de marras fue presentado por el congresista Héctor Becerril Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, grupo que se ufana de hacer una oposición racional y de representar un espíritu de buen gobierno.

Como bien han ponderado distintos jurisconsultos, el arbitraje es una de las pocas reformas al sistema de justicia peruano que ha funcionado eficientemente. Como señala Alfredo Bullard: “El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, bajando el tiempo de los litigios de cinco años en las cortes ordinarias, a alrededor de un año. Ha reducido los riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia”. 

Como sostiene el portal Enfoque Derecho, un blog de la revista de derecho Themis: “Renombrados especialistas en arbitraje como Fernando Mantilla-Serrano [una autoridad mundial en la materia] señalan que ‘No podemos más que felicitar al legislador peruano por sus esfuerzos en materia de arbitraje, pues supo, a través de sus reformas, identificar al Perú dentro del grupo de países que han promulgado leyes modernas y favorables al arbitraje’.Lo que esto demuestra es que el Perú se encuentra bien posicionado en el arbitraje internacional y ello se debe principalmente a nuestra ley de arbitraje”.

A pesar de que esta institución está tan bien considerada por propios y extraños, y tiene una vigencia de 20 años, el congresista Becerril está empeñado en borrarla de un plumazo. Por supuesto se escuda en una razón aparentemente loable. Evitar que los malos ciudadanos hagan un uso perverso del sistema.

Becerril justifica su proyecto aduciendo que: “Como se sabe, la mafia de Rodolfo Orellana utilizó las debilidades del sistema arbitral para crear una red delincuencial que, a través de laudos arbitrales, se adueñaba ilícita e injustamente de decenas de propiedades inmuebles (…). Ante estos hechos, es imposible no hacer nada. Tenemos que mejorar los vacíos del sistema arbitral que utilizó Orellana y sus secuaces para apropiarse de casas, terrenos y otras propiedades”.

El problema es que como indica Bullard, este “proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los [buenos] ciudadanos”.

Así mismo, Enfoque Derecho señala: “este Proyecto (…) ataca la base del arbitraje. En un mal intento por solucionar el problema, el legislador podría terminar con el sistema arbitral peruano”.

Esta Norma Contra-Propósito mataría el arbitraje en tan sólo 5 pasos, según Enfoque Derecho:

1. Crea dos instancias: Propone la creación de una segunda instancia, lo que no resuelve el problema, pues esta no inhibiría su mala aplicación por delincuentes.

2. Impone arbitrajes de talla única: Obligar a que todos los arbitrajes que incidan directa o indirectamente con la transmisión de bienes muebles registrables o inmuebles sean institucionales (es decir en centro arbitral que dependa de una institución como el de la Cámara de Comercio). El arbitraje es como un traje a medida. Las partes pactan el convenio arbitral que más se acomode a lo que necesitan. Pueden elegir un arbitraje ad-hoc o institucional. El proyecto vulnera la voluntad de las partes y establecería una talla única. La limitación a la libertad contractual es injustificable.

3. Elimina la confidencialidad: Propone que, al iniciarse el arbitraje, se publique en el periódico quiénes son las partes, cuál es la materia controvertida y cuáles son los bienes en controversia. La publicidad como regla general en el arbitraje es innecesaria. Esa es una de las características que hacen que el arbitraje sea preferido frente al Poder Judicial, en especial por empresas que no desean que el mercado conozca desavenencias o problemas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de negocios.

4. Aplica figuras judiciales: Propone la aplicación de la figura judicial de ‘tercerías de propiedad’ a arbitrajes en curso lo que dejaría al tercero en peor situación en la que se encuentra con la legislación actual y desconoce el sistema de incorporación de partes no signatarias, regulado en la ley de arbitraje. La solución está en el amparo arbitral, que hace inejecutables, frente a terceros, los laudos que afectan sus derechos.

5. Desnaturaliza la responsabilidad civil arbitral: Hace a las instituciones arbitrales solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por decisiones “arbitrarias o contrarias a derecho” de los árbitros que la integran (concepto dudoso e impreciso). No se entiende cómo es que una institución arbitral respondería por las decisiones arbitrales si dicha institución no participa en el proceso. Los árbitros son independientes. Peor aún, las instituciones arbitrales terminarían respondiendo por árbitros que ni siquiera han nombrado y por cuestiones que no incumben al encargo de administración de los arbitrajes que se les encomienda. Esta propuesta no es coherente con el sistema de responsabilidad civil arbitral, ni con los criterios generales de responsabilidad civil establecidos en nuestro ordenamiento general.

Como se aprecia, existen suficientes razones como para impedir que esta norma sea promulgada. Es hora de que los congresistas legislen con mayor propiedad y no para la tribuna, el aplauso fácil y dar la impresión de que están protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad hacen lo contrario. Es además imperativo que los partidos a los que pertenecen ejerzan un mayor control sobre este tipo de iniciativas. Basta de iniciativas y normas contrapropósito que destruyen y traban el desarrollo integral del país. Lampadia