La reducción de la desigualdad está en el centro de la agenda de la política económica actual en todos los países. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han aceptado que la alta desigualdad conduce a inestabilidad macroeconómica y reduce el crecimiento y que una menor desigualdad ayuda a que estesea sostenible en el largo plazo.

Pero no hay una solución mágica. La reducción de la desigualdad requiere un duro y largo trabajo de construcción de instituciones sólidas y transparentes para mejorar las políticas de impuestos y gastos, la eficiencia de la redistribución, garantizando una mayor equidad. Además se necesita un Estado que diseñe políticas fiscales eficaces y proteja los intereses de los que luchan por proporcionar estabilidad económica y seguridad para sus familias, tanto en los países desarrollados como en el mundo emergente.

Según Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane y una de las primeras en documentar la reducción de las brechas de ingresos de la región en América Latina, hay dos factores principales que han logrado un gran impacto. Estos se analizan en su informe ‘Commitment to Equity’ (Comprometidos por la Igualdad) que todavía está en construcción mientras que analiza distintos aspectos en diferentes países (Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica). Ver en Lampadia: Comprometidos con la Desigualdad, por Nora Lustig.

En primer lugar, el aumento en la educación secundaria ha incrementado la oferta de trabajadores alfabetizados, razonablemente bien educados, y los años de crecimiento constante han elevado la demanda relativa de los menos calificados en el mercado laboral formal. En segundo lugar, los gobiernos de toda América Latina han reforzado la reducción de las diferencias salariales con el gasto social dirigido a las personas con ingresos más bajos. Estos incluyen pensiones más generosas y esquemas de transferencias condicionales de efectivo que ofrecen un pago a las familias más pobres a cambio de cumplir con condiciones específicas, tales como asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela.

El cambio más notable ha sido en la educación. La inversión pública en la educación ha dado lugar a una expansión de la educación terciaria que redujo la desigualdad salarial en países como Brasil. Al mismo tiempo, al pasar de los subsidios generales a las transferencias de efectivo, se mejoró la focalización y aumentó la eficiencia de las políticas redistributivas.

Según Lustig, anteriormente los gobiernos latinoamericanos invertían gran parte de sus recursos en educación en las universidades. Las escuelas primarias y secundarias del Estado tenían bajos fondos y una calidad mediocre. Ese sesgo a favor de la educación terciaria benefició a los ricos, que habían asistido a las escuelas primarias y secundarias privadas. Pero desde principios de 1990, el gasto en educación se ha vuelto mucho más progresivo, con una enorme expansión en la educación secundaria pública entre los pobres. Según Karla Breceda, Jamele Rigolini y Jaime Saavedra, tres economistas del Banco Mundial, los gobiernos de América Latina, en promedio, gastan una mayor proporción de su PBI en educación para el 20% de niños más pobre.

Además, Lustig  presentó pruebas de que casi la mitad de los 78 países incluidos en el informe ‘Commitment to Equity’ han demostrado una disminución en la desigualdad, principalmente motivado por la actuación estelar de América Latina en los últimos 15 años.

De hecho, los datos muestran que hoy los países en desarrollo están gastando mucho más en la redistribución de los recursos fiscales que lo hecho por los países desarrollados cuando estaban en el mismo nivel de ingresos. El mensaje es que los políticos tienen las herramientas para reducir la desigualdad, si tuvieran la voluntad de hacerlo.

En el caso específico del Perú, el informe muestra un cuadro (reproducido líneas abajo) que contiene la incidencia de pobreza de acuerdo a las distintas líneas de pobreza internacionales de US$2.50 y US$4.00 por día y por persona, así como las estimaciones de pobreza extrema y moderada con líneas de pobreza nacionales para el ámbito rural y urbano. Estas estimaciones son comparadas al utilizar los conceptos de ingreso de mercado, disponible y post-fiscal (ver definición de los conceptos más abajo).

Hay tres principales resultados que vale la pena destacar. En primer lugar, sin importar la línea de pobreza y el ámbito geográfico, los niveles de pobreza disminuyen si se toman en cuenta las transferencias e impuestos directos (diferencia entre ingreso de mercado y disponible); en segundo lugar, estos niveles aumentan si se toman en cuenta impuestos al consumo y subsidios indirectos representados por la diferencia entre ingreso disponible y el ingreso post-fiscal para zonas urbanas; finalmente, la magnitud del impacto de transferencias directas y los impuestos al consumo es reducida. Existen diferencias notables en los niveles de pobreza de acuerdo al ámbito, por ejemplo, el porcentaje de la población con un ingreso disponible menor a US$2.50 PPP es de 3.8 por ciento para la población urbana y de 33.5 para la rural.Para un ingreso menor a US$4.00 PPP el resultado es de 11.7 y 58.4 por ciento respectivamente.

En el caso de la desigualdad, al utilizar el coeficiente de Gini (ver el cuadro inferior), los niveles de desigualdad son mayores en localidades urbanas si se toma en cuenta cualquiera de las  definiciones de ingresos indicadas. Sin embargo, la brecha de desigualdad entre un grupo población y el otro aumenta conforme se van tomando en cuenta impuestos directos, transferencias (ingreso de mercado a disponible), impuestos y subsidios indirectos (ingreso post-fiscal).

Como se ha observado, las diferencias en la incidencia de la pobreza extrema rural y urbana y la distribución de la población pobre muestran que el sector rural está en gran desventaja. Si bien las brechas en las incidencias de la pobreza con las cuatro líneas utilizadas se reducen por el efecto de la política fiscal, según Lustig, esto se debe en parte “a que la pobreza post-fiscal en zonas urbanas termina siendo más alta que la pobreza pre-fiscal”. 

El principal problema, entonces, es que “la política fiscal tiene un sesgo anti-pobres urbanos que se debiera corregir mediante la expansión de los programas de transferencias a zonas urbanas. Asimismo, el grado de reducción de la pobreza rural es bajo debido a que las transferencias, aun teniendo el sesgo pro-rural, son pequeñas y no cubren a toda la población en pobreza extrema en zonas rurales.”

En Lampadia asumimos que esta interpretación es resultado de una visión muy generalizada de Nora Lustig, ya que su análisis abarca a otros países del mundo, en los cuales la pobreza extrema urbana puede ser alta. Específicamente en el Perú, esto no es aplicable ya que la pobreza extrema urbana es casi nula y, más bien, ha habido una migración hacia la nueva clase media. Por su lado el BID, en su estudio La Clase Media en el Perú: Cuantificación y Evolución Reciente, destaca que, entre el 2005 y el 2011, la clase media aumento de 51% a 72%, debido a que “el crecimiento económico ha sido pro pobre, permitiendo salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha sido pro clase media, permitiendo al mismo tiempo una expansión y consolidación de los estratos intermedios”. No olvidemos que “seis de cada diez peruanos pertenecen a la clase media”. Ver en Lampadia: El BID lo confirma: la clase media crece como espuma.

Deberíamos tomar en consideración este análisis a la hora de tomar medidas de política fiscal en el país. Hemos sido muy exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años, esforcémonos en continuar con esta senda de desarrollo y aprovechemos los consejos que se nos están brindando. Lampadia

 

El tema de la desigualdad, como lo explica Andrés Velasco en el siguiente artículo de Project Syndicate que glosamos más abajo, ha entrado al debate político y a los medios de información sin el debido cuidado y rigurosidad que un asunto tan importante requiere.

Como hemos venido presentando en Lampadia, el ciclo virtuoso que hemos tenido en el Perú hasta su interrupción el 2011 (ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo), ha generado, junto con un crecimiento mayor al del resto del mundo y especialmente, de la región, una muy importante reducción de la pobreza y de la desigualdad. Ver en Lampadia: La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento y El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva.

La reducción de la desigualdad no es común para procesos de crecimiento alto y sostenido. Lo normal ha sido que cuando un país crece alto y sostenidamente, se acentúe la desigualdad. Pero en el caso del Perú, hemos tenido un crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que lamentablemente ha pretendido ser desconocido por el mundo político, especialmente por los movimientos anti-inversión y anti-economía de mercado.

Dice Velasco: “Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales”.

Efectivamente, en los países más desarrollados, como EEUU y Europa, se ha producido un incremento de la desigualdad y, las noticias y los artículos y ensayos referidos a su realidad han inundado los análisis sobre la desigualdad en todo el mundo. La verdad es que ésta ha disminuido en los países emergentes que han absorbido buena parte de la producción global y que con la recuperación de los precios de los commodities del nuevo siglo (contrariando la teoría de la dependencia de la CEPAL), han logrado un incremento importante de riqueza en los países más pobres, como, notoriamente, se produjo en el Perú.

El artículo de Velasco y los enlaces a los estudios que refiere, muestran este tema con una perspectiva rigurosa, que incluye los impactos de las políticas redistributivas que se hicieron posibles gracias al crecimiento económico indicado. Ver líneas abajo el análisis de Velasco:

Nueva luz sobre la desigualdad del ingreso

Andrés Velasco, ex candidato a la presidencia de Chile, profesor de desarrollo internacional. Octubre, 2015. Project Syndicate. Traducción de Ana María Velasco

Los discursos de los políticos sobre la desigualdad tienden a ser parcos en cuanto a hechos, pero expansivos en cuanto a propuestas ideológicas. Una explicación caritativa para la baja calidad del discurso público sobre la desigualdad del ingreso en las economías en desarrollo y emergentes, es que en ellas los datos acerca de la distribución del ingreso suelen ser escasos o dudosos. Sobre un tema de la importancia de éste, los debates por lo general generan más calor que luz.

Pero esto podría estar llegando a su fin a través de un nuevo conjunto de estudios. Liderado por Nora Lustig, profesora de economía especializada en América Latina, un equipo del “Commitment to Equity Institute” de la Universidad de Tulane ha desarrollado extensas bases de datos relacionados con el estado de la distribución del ingreso, y asimismo con los efectos de las políticas públicas relativas a dicha distribución. De importancia crucial es que las cifras son similares a través de un conjunto amplio de países de ingresos medios y bajos, y también concuerdan con los datos existentes en relación a países avanzados. Las conclusiones preliminares que están surgiendo de estos estudios van a iluminar los debates políticos – y probablemente desagradar a los ideólogos tanto de derecha como de izquierda.

Empecemos, como afirma Lustig en un estudio reciente, con el hecho de que la desigualdad del ingreso a nivel mundial no va en aumento. La forma más frecuente de medir la desigualdad es empleando el coeficiente de Gini, el cual asigna el valor cero a la igualdad perfecta y 100 a la desigualdad perfecta (cuando una sola persona recibe todos los ingresos). En los países para los cuales existen datos, el puntaje promedio de este coeficiente (no ponderado según la población) declinó levemente, de 39 a 38, en el período 2000-2010.

Efectivamente, en los países ricos, durante este mismo período, el puntaje se elevó – de 29,8 a 30,4. Pero, en América Latina cayó estrepitosamente, de un escandaloso 55,1 en 2000 – que hacía de este continente la región más desigual del mundo – a un 50,2, todavía muy alto, diez años después. El valor de Gini también disminuyó en el sur de Asia. En el África Sub-sahariana, donde los datos son menos ciertos, parece haber permanecido relativamente constante.

Todavía más, la desigualdad al parecer está bajando precisamente donde era más aguda para empezar. Esto es válido para regiones, especialmente América Latina, tanto como para países, por ejemplo, Brasil y Sudáfrica.

Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales.

Otro conjunto de resultados que por cierto no va a ser del agrado de los derechistas fanáticos, es que las políticas fiscales redistributivas pueden tener y, de hecho, están teniendo, un impacto significativo en la reducción de la desigualdad. En una comparación de países de ingresos medios de Asia, África y América Latina, Lustig muestra que los coeficientes de Gini después de los impuestos y las transferencias (incluido el valor monetario de la educación y de los servicios de salud) son contundentemente más bajos que los correspondientes a los de los ingresos iniciales generados en el mercado.

La caída promedio para los nueve países emergentes que Lustig compara – entre ellos, Sudáfrica, que es en extremo desigual – es más de tres puntos (55,7 a 52,5). El mismo ejercicio, que trata a las pensiones como consumo diferido y, por lo tanto, abstrae del papel redistributivo de las pensiones entre las poblaciones de más edad en las economías avanzadas, arroja una caída de siete puntos en Estados Unidos y de un poco más de nueve puntos en la Unión Europea. Es decir, los países emergentes están progresando – aunque podrían hacerlo considerablemente más.

Sin embargo, esto no significa que los activistas deberían exigir mayores impuestos y más gasto público en todas las circunstancias. La calidad de los programas fiscales es de importancia fundamental. El tamaño del sector público en Brasil es casi el doble del de Chile – donde la recaudación tributaria anual equivale a alrededor del 20% del PIB, en contraste con alrededor del 40% (las estimaciones varían) en Brasil. En este último, además, el gasto social (tratando, otra vez, a las pensiones como consumo diferido) también es el doble: 16% en comparación con 8% del PIB en Chile.

De acuerdo a Lustig, no obstante, el efecto en la desigualdad que tiene la redistribución por parte del gobierno, es el mismo en los dos países: una caída de casi cuatro puntos en el coeficiente de Gini. Lo que Lustig no explora es que el contraste es aún más agudo si uno toma en cuenta que, en relación al PIB, el gobierno brasileño gasta considerablemente menos en infraestructura que el chileno. Es difícil no llegar a la conclusión de que parte del gasto público en Brasil sirve más bien para mantener convenientemente callados a ciertos grupos de interés políticos.

Un caso que vale la pena señalar es el de Bolivia, donde los gobiernos izquierdistas han aumentado de manera considerable el gasto en el sector del bienestar social. Sin embargo, según lo revela otro estudio, debido a que las transferencias monetarias no están enfocadas exclusivamente en los pobres sino que son universales, su efecto distributivo en general no es progresivo sino neutral.

Otro elemento de rotunda importancia es que los impuestos y las transferencias no constituyen la única forma de luchar contra la desigualdad. En estudios anteriores, Lustig y sus colegas muestran que una prima salarial en declive – es decir, una disminución en la brecha salarial entre trabajadores con mayor o menor preparación – explica parte del descenso en el coeficiente de Gini en los países latinoamericanos. No es fácil desentrañar el papel que desempeñan la oferta y la demanda en la reducción de la prima salarial, pero al parecer ambos factores han incidido.

Por el lado de la demanda, las devaluaciones de los tipos de cambio hicieron que las exportaciones no tradicionales se volvieran más competitivas y ayudaron a elevar la demanda de obra de mano relativamente no especializada. Por el lado de la oferta, un fuerte aumento en los años de escolaridad, y especialmente el acceso a estudios superiores, produjo un notable incremento en el número de profesionales y otros trabajadores altamente capacitados, lo que contribuyó a disminuir sus sueldos relativos.

Todo esto es positivo para la distribución del ingreso, pero los procesos políticos resultantes permanecen tensos. Es posible que los activistas estudiantiles que exigen (junto con el resto de la sociedad) una distribución más justa de los recursos, no deseen enterarse de que el aumento en el número de profesionales con frecuencia obedeció a la rápida y polémica expansión de universidades privadas – a veces con fines de lucro – y que esto explica parte de la disminución de la desigualdad.

De manera similar, a los hombres y mujeres jóvenes que con dificultad llegaron a la universidad con la expectativa de lograr una remuneración relativamente alta, al graduarse no les agrada descubrir que, por ejemplo, los sueldos de periodistas y psicólogos aumentan de modo mucho más lento que los de técnicos en computación o de operarios de maquinaria. En efecto, esta frustración es algo subyacente (aunque no siempre de forma manifiesta) en muchas de las últimas protestas estudiantiles en América Latina y en otros lugares del mundo.

En resumen, la desigualdad del ingreso resulta ser políticamente controvertida cuando empeora, como también cuando tiende a declinar. Estudios como los dirigidos por Lustig iluminan las inevitables controversias y, así, éstas podrían dejar de conducir a simples animosidades para dar paso a la creación de políticas mejores. L