Chile sigue siendo un modelo para otros países de la región.

The Economist, 2 de noviembre de 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Para los defensores de los mercados libres en América Latina, octubre fue un mes sombrío. En Chile, la economía favorita de los vendedores libres en la región, las protestas contra el aumento de las tarifas en el metro de Santiago se convirtieron en disturbios y luego se convirtieron en una marcha de 1.2 millones de personas contra la desigualdad y los servicios públicos inadecuados. Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, despidió a algunos funcionarios y prometió reformas. En Argentina, los votantes expulsaron al presidente proempresarial, Mauricio Macri, después de un mandato. En cambio, eligieron a Alberto Fernández, cuyo movimiento peronista prefiere un estado musculoso a mercados vigorosos.

Ambos países se están levantando contra gobiernos “neoliberales”, afirmaron políticos y expertos. Nicolás Maduro, el dictador socialista de Venezuela, tuiteó elogios para el pueblo “heroico” de Argentina y para los “nobles” de Chile. En esto, habla por gran parte de la izquierda.

Su alegría está fuera de lugar, porque las suposiciones detrás de esto están equivocadas. A pesar de sus defectos, Chile es una historia de éxito. Su ingreso por persona es el segundo más alto en América Latina y cercano al de Portugal y Grecia. Desde el final de una dictadura brutal en 1990, la tasa de pobreza de Chile ha caído del 40% a menos del 10%. La inflación es constantemente baja y las finanzas públicas están bien administradas.

Argentina es un fracaso, pero no por las razones que imagina Maduro. Su economía está en recesión, la inflación supera el 50% y la tasa de pobreza supera el 35%. Esto no fue causado por el “neoliberalismo” de Macri. Heredando un desastre económico en 2015, cometió errores de táctica y sincronización, entre ellos la duda en reducir el déficit fiscal. Pero los problemas subyacentes provienen de décadas de mala gestión, en gran parte por parte de los gobiernos peronistas, que han llevado a incumplimientos reiterados, crisis monetarias y alta inflación. Casi el doble de rico que Chile en la década de 1970, Argentina ahora es más pobre. Se beneficiaría de ser más como su vecino liberal.

Este no es un argumento para la complacencia en Chile. El modelo chileno, elaborado en la década de 1970 por economistas formados en la Universidad de Chicago, exigía un estado pequeño y un papel importante para los ciudadanos en la provisión de su propia educación y bienestar. Ha evolucionado: hay, por ejemplo, más dinero para los alumnos pobres; pero los chilenos todavía se sienten desatendidos por el estado. Ahorran para sus propias pensiones, pero muchos no han contribuido lo suficiente como para permitir una jubilación tolerable. Los tiempos de espera en el servicio de salud pública son largos. Entonces la gente paga más por la atención. El acceso a la universidad se ha expandido, pero los estudiantes se gradúan con deudas altas, solo para descubrir que los mejores trabajos son para personas con conexiones familiares.

Chile carga poco a los ricos. Los oligopolios se han coludido para fijar los precios en las industrias, desde las drogas hasta las aves de corral. La desigualdad de ingresos es más baja que el promedio regional, pero es alta para los estándares de los países ricos. Más de una cuarta parte de los trabajadores están en trabajos informales. Incluso los chilenos de clase media viven en viviendas estrechas. Detrás de la rebelión de la subida de las tarifas yace una sensación generalizada de injusticia.

Con finanzas públicas saludables, Chile puede afrontar estos agravios. Piñera planea gastar más en pensiones. Busca acelerar el paso de un esquema para cubrir enfermedades catastróficas. Creará un nuevo tramo superior del impuesto sobre la renta del 40%, cinco puntos más que la tasa actual. La reforma debe ir más allá. Los destructores de confianza deben tomar medidas enérgicas contra los oligopolios. Los chilenos necesitan atención médica más barata y rápida y mejores escuelas. El sistema tributario depende del IVA para casi la mitad de los ingresos, y el IVA, aunque eficiente, es regresivo, por lo que el estado debería tomar menos o redistribuir más.

Fernández, ante una crisis económica en Argentina, tiene una tarea más difícil. Tendrá que renegociar la deuda (una vez más), mantener una política fiscal estricta y restablecer la confianza en el peso. No puede aliviar el dolor aumentando el gasto público. Ya es más del 40% del PBI, en comparación con el 25% en Chile. A la larga, Argentina necesitará un estado más pequeño y un sector privado más competitivo. Mientras que Piñera arregla el modelo chileno, Fernández haría bien en emularlo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostener que las impresionantes protestas chilenas demuestran el fracaso del modelo económico mal apodado “neoliberal”, solo llevará, si se actúa en consecuencia y se cambia el modelo, a problemas económicos y sociales mucho más graves que los que ahora enfrenta la sociedad chilena. De lo que se trata es de identificar con precisión qué está fallando, y resolverlo.

Evidentemente no es el modelo económico como tal lo que ha fallado.

• Este fue una máquina potente de crecimiento y reducción de la pobreza, que ahora no pasa del 10%.
• En los últimos 15 años un 30% de la población salió de la indigencia para engrosar la clase media.[1] Y, según cifras de la CEPAL[2], eso vino acompañado no de un aumento de la desigualdad como se ha querido falsear, sino de su reducción.
• Y tampoco ha generado un sistema insolidario: por el contrario, ha producido el gasto social público más alto de América Latina como parte del PBI (16.1%).[3]   

¿Qué falló entonces? Aquí hay dos visiones. Una es la que sostienen los defensores de la economía de libre mercado como Axel Kaiser, el Instituto Libertad y Desarrollo y otros. Lo que dice en esencia es que el malestar social se debe a un estancamiento de los salarios como consecuencia de la ralentización de la economía ocasionada en parte por las reformas del gobierno de Bachelet, en un contexto –agregaría yo- de mayor endeudamiento y angustia de las familias de las clases medias emergentes.  

El portal Libre Mercado la resume así: “La libertad económica en Chile ha comenzado su descenso. El gasto público se expandió en 60%, desde 17% del PIB hace diez años a 27% del PIB en la actualidad. La tasa de impuestos a las empresas aumentó en otro 60%, de 17% a 27%. La reforma tributaria también eliminó de golpe el gran incentivo a la reinversión de las utilidades introducido por ex Ministro Hernán Büchi. Todo ello, junto a la expectativa de una mala reforma laboral, frenaron abruptamente la inversión y el crecimiento”.

Y agrega: “La erosión del modelo comenzó, entonces, cuando se cambió el foco moral de las políticas públicas y se priorizó disminuir la desigualdad en los ingresos, en perjuicio de reducir la pobreza. Está comprobado que intentar disminuir la desigualdad de rentas con altos impuestos y excesivas regulaciones estatales, destruye lo que Keynes llamaba los “animal spirits” de los emprendedores y deteriora la inversión, lo cual, inevitablemente, reduce el crecimiento y, por tanto, la posibilidad de derrotar la pobreza”.

El Instituto Libertad y Desarrollo[4], por su parte, señala lo siguiente: “El alza de $ 30 en el pasaje del Metro… fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento. De hecho, el alza no superó el 4% en hora punta y desde el inicio del Transantiago en el 2007, el salario mínimo ha subido más que el pasaje del Metro. Adicionalmente, aunque pocos lo saben, el Estado ya financia un 50% del costo que verdaderamente tiene el transporte público a través de un subsidio. Se mencionan también como causantes del malestar las alzas de las tarifas eléctricas y del agua, pero de nuevo, éstas no han experimentado reajustes mayores al del salario mínimo… Todo ello lleva a pensar que la generalizada sensación de agobio económico estaría relacionada con el hecho que los salarios no han aumentado a la par de las expectativas de la gran mayoría de la población. Esto es una consecuencia directa del insuficiente crecimiento de la economía en los últimos años”.

“Otro factor muy mencionado en las encuestas es el nivel de las pensiones, también el precio de los remedios y la deficiente atención en el sistema de salud… Lo paradojal de esta situación es que muchas de las propuestas que se escuchan como parte de un nuevo pacto social -congelación de tarifas, fijaciones de precios- pueden hacer un enorme daño a la capacidad de crecer de la economía chilena, que es nuestro principal problema hoy y repercute directamente en quienes tienen más necesidades… Recordemos las experiencias de Ecuador y Argentina con la congelación de tarifas y precios y la reacción de la población cuando por necesidades financieras, de caja y de solvencia, esos países tuvieron que aplicar tarifazos con alzas significativas. No va por ahí el camino”.

“Parece evidente, en cambio, que el Gobierno debiera insistir y concordar una reforma a las pensiones, que le permitiría hacerse cargo de una parte importante del problema que afecta a las familias chilenas… Debiera también, con la ayuda de la oposición, sacar adelante su ambiciosa agenda para disminuir el precio de los remedios y mejorar la atención de los sistemas de salud. Por último, en relación a este tema, los dolores que se manifiestan en la protesta no apuntan sólo a cuestiones materiales. Se trata de personas que piden igual dignidad en el trato, que se rebelan contra privilegios de la elite, incluyendo a los políticos en ese grupo. También hay que buscar fórmulas para responder a ese clamor”.[5]

La otra visión

La otra visión es una que ataca las bases mismas del modelo en el sentido que sostiene que las élites se las han arreglado para enriquecerse y pagar menos impuestos, afectando la base moral misma del sistema. Un artículo de Juan Andrés Guzmán en el portal CIPER[6] refiere varios trabajos de investigación en este sentido. Uno de ellos es el de la politóloga del London School of Economics Tasha Fairfield titulada “Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press).

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. “La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad”.

Ello no ocurrió en Chile. Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: la firme unión de la élite chilena en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos”.

Una investigación en 2011 del BID, de los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz titulada:  ¿Por qué no gravamos a los ricos?, apunta en el mismo sentido: las naciones con peor distribución de riqueza y donde menos impuestos pagan los más ricos tienen una élite sobre representada en sus parlamentos. Chile es uno de esos casos. Señalan que la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados”.

La politóloga Fairfield considera que en el FUT, “esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades, ‘los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto’”. El FUT, por lo demás, tiene una muy débil correlación con la inversión, y “los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa”. En un estudio que hizo con Michael Jorratt “menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Hasta aquí la revisión de esa segunda visión. Lo que cabe señalar es que el esquema colusorio descrito, de ser cierto, no afectó las tasas de crecimiento ni la reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad. Ni sería la causa del estancamiento de los últimos años.

De ser cierto, podríamos decir que el tipo de capitalismo de los ricos que prevalecería en Chile estaría llegando a su fin, pues es lo que en parte se está denunciando. El propio Andróniko Luksic ha sugerido que los ricos podrían pagar más impuestos. Pero si las reformas que se introducen se limitan a establecer un sistema tributario progresivo y no uno que desaliente la inversión, y se mejoran y modernizan los servicios sociales y de salud y el sistema de pensiones entre otras medidas, entonces el cambio habrá contribuido a perfeccionar y renovar un modelo de desarrollo que le permitió a Chile durante décadas un crecimiento acelerado con reducción dramática de la pobreza e incluso de la desigualdad.

Pero si el cambio consiste en introducir crecientes regulaciones económicas y subsidios sin sustento económico, afectando la capacidad misma de crecimiento de la economía, entonces más temprano que tarde Chile sucumbirá en la crisis económica y en la catástrofe social. Lampadia

David Belaunde
Para Lampadia

“La vocación de los políticos no es ser liberales” (Guy Sorman, La Solution Libérale, 1984)

La revelación, hace ya un mes, de los audios de Vizcarra en el caso Tía María demostró, para quienes no quisieron hacer caso de señales anteriores, que tenemos un presidente no solo corroído por peligrosos instintos plebiscitarios sino mal predispuesto hacia el sector privado. Esto es exactamente lo contrario de lo que los peruanos elegimos abrumadoramente en el 2016. ¿Qué pasó? ¿Y qué se puede hacer?

1. Los mayores culpables de que hoy tengamos un gobierno anti-empresa son paradójicamente las élites que se consideran liberales

Descartamos de plano la hipótesis de que un vuelco tan súbito refleja la “voluntad popular”. Como afirmaba Bertrand Russel, un gobierno puede eficazmente controlar a la opinión pública manipulando los estímulos emocionales correctos – a corto plazo por lo menos. Desde ese punto de vista, el nuestro ha realizado, a través de los medios, una labor admirable.

La verdadera responsabilidad recae en quienes formaron el gobierno de PPK, y esto por las razones siguientes:

• En el 2016 existía la posibilidad de generar una cooperación entre ejecutivo y legislativo en torno a reformas económicas pro-mercado. En vez de eso, el ejecutivo decidió enfrentarse a la mayoría parlamentaria promoviendo el “enfoque de género” en la educación y otras medidas que implicaban entrar en conflicto con el fujimorismo, mermando así las posibilidades de un consenso sobre tales reformas.
• Al asumir el poder Vizcarra y dar a la llamada “lucha contra la corrupción” prioridad sobre las reformas económicas, el partido siguió apoyándolo.
• Medidas poco liberales como la ley anti elusiva tuvieron el apoyo de la bancada ppkausa.
• Incluso con PPK, el gobierno incumplió las expectativas generadas por un equipo pro-mercado. Desde la elección hemos visto un continuo retroceso en materia de proyectos mineros y de infraestructura, debilidad ante pedidos desmesurados por parte de gremios diversos, contratos de concesión no respetados, etc.

Como consecuencia, en un país donde una economía de mercado funcional e intervención estatal contenida han sido históricamente más la excepción que la regla, se desperdició una magnífica oportunidad de reformar la economía en un sentido más liberal.

2. El fondo del problema: el neoliberal que se quiso vestir de progre (o “el nuevo traje del emperador”)

¿Pero cómo pudieron estos “liberales” abandonar sus supuestos objetivos económicos tan fácilmente?

A – Una confrontación innecesaria y debilitante con las fuerzas conservadoras en torno a cuestiones no económicas

El equipo de PPK en la elección del 2016 se definía por oposición al fujimorismo. En la conocida matriz de Nolan, los fujimoristas se considerarían liberales en lo económico y conservadores en aspectos socioculturales. Los PPKausas estarían alineados con ellos en lo económico, pero serían más “abiertos” en lo sociocultural. El gráfico de abajo, adaptación de dicha matriz, resume esta idea.

No obstante, era posible defender posturas abiertas en importantes temas socioculturales sin entrar en colisión frontal con el fujimorismo u otras agrupaciones del cuadrante superior derecho. ¿Cómo? Quedándose dentro de los límites de una tradición filosófica liberal que va de Locke y Hume a John Stuart Mill y Tocqueville, y que busca garantizar la libertad individual mediante instituciones sólidas, en condiciones de igualdad legal y con el mínimo grado posible de coerción gubernamental.

En los hechos, sin embargo, ppkausas y afines asumieron consignas y esquemas mentales propios de la izquierda. Para esta, las relaciones sociales son una lucha entre opresores y oprimidos en la que no rige el principio de igualdad ante la ley, por lo que el “oprimido” solo puede ser liberado de su condición si la ley, más que proteger, lo favorece.

Así, por ejemplo, las mujeres son “victimas” estructurales (no específicamente aquellas que han sufrido ataques, sino todas) y el culpable no es un individuo concreto sino los hombres en general, su “masculinidad toxica” y el patriarcado institucional. La solución pasa por legislación que atenta contra los principios de la presunción de inocencia y de igualdad jurídica, entre otros. Problema real, diagnóstico errado, solución inadecuada.

B – Una adhesión menguante al liberalismo económico

La aceptación de la narrativa izquierdista de la conflictividad esencial en los fenómenos sociales y culturales conlleva a su aplicación inevitable al ámbito económico. De ahí que los pobladores de zonas aledañas a proyectos mineros y que se oponen a los mismos sean percibidos como “víctimas” históricas (soslayando el hecho de que no es la mayoría de los pobladores la que se opone sino grupúsculos de activistas, respaldados por ONG). Así, es comprensible que la ley no se aplique a los agitadores, y el principio de seguridad jurídica del que deberían gozar el empresario minero y sus múltiples contratistas se torne irrelevante.

Esta contaminación ideológica que sufren los “liberales” da pie a contradicciones, vacilaciones y componendas que oscurecen su discurso como una alternativa al estatismo izquierdista, y les impiden formular un proyecto coherente de desarrollo. Su ilusorio “nuevo traje progre” los despoja del “liberal”.

3. Los liberales debemos reenfocarnos y aliarnos con todos aquellos que defienden la economía de mercado, dejando de lado por el momento las discrepancias sobre otros temas  

Como se recomienda en toda crisis existencial, es vital que quienes se dicen liberales hagan un poco de “soul searching”, redescubran sus raíces y desarrollen herramientas conceptuales autónomas respecto de las visiones maniqueas provenientes de sectores más conservadores o de la izquierda. También es importante que sean más disciplinados al establecer sus prioridades.

A – Reinventarse en torno a la noción de claridad de reglas

En lo económico, afirmar los principios liberales no implica una búsqueda dogmática del “todo privado”. La historia de las relaciones sociales en el Perú desde el virreinato desafía la noción hayekiana de Kosmos (el orden espontáneo, por oposición a Taxis u orden impuesto), por lo que nunca nos libraremos del intervencionismo estatal, cuyo alcance siempre será materia de discusión y de negociación.

No obstante, hay una idea básica no negociable: las reglas de juego deben ser claras, y su aplicación garantizada por el Estado (en vez de ser abandonadas al pie de un montículo de llantas quemadas). Es necesario, además, tener en cuenta, como señalaron Brennan y Buchanan en su libro The Reason of Rules (1985), los costes de toda transición normativa. Por ende, toda evolución de las reglas debe ser progresiva y darse únicamente luego de un estudio objetivo de los resultados y consecuencias económicas, sociales, medioambientales, etc. Violentar el principio de claridad, de estabilidad y de ejecución garantizada de las normas, quiebra el contrato social y nos aboca progresivamente al caos y a estancarnos en el subdesarrollo.

Limitar su propia discrecionalidad puede parecer antinatural para un gobernante y hasta frustrar a la población a corto plazo (de ahí la frase de Sorman, citada en epígrafe). Sin embargo, en aras del desarrollo a largo plazo, es indispensable.

B – Dejar de lado los debates socioculturales que nos enfrentan a otros partidarios de la economía de mercado

Creemos que aplicando la noción de claridad de reglas (y sus derivadas, como el principio de especificidad del delito) y demás principios clásicos de libertad y de igualdad ante la ley se puede abordar temas socioculturales sin generar un enfrentamiento abierto con fuerzas más conservadoras.

Pero, sobre todo, es importante priorizar: si los temas socioculturales nos enfrentan a agrupaciones políticas que estén a favor de una economía ordenada, y es de importancia vital luchar por esta última, entonces estos debates deben ser puestos de lado hasta que se haya restablecido la funcionalidad del marco jurídico en el ámbito económico.

Y así, quizás, tras estos años de escapismos y enredos ideológicos, cada uno llegue, o regrese, al lugar que le corresponde, y el país se encamine de nuevo hacia el desarrollo, la riqueza y el bienestar general. Lampadia