Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos seguido con atención la corta trayectoria del gabinete de “Pedro el breve”, quien fue al congreso, lamentablemente, con aires virreinales y a pesar de sus años en política, a dar casi un mandato de lo que quería hacer.

Ante una representación nacional tan característica de nuestra población, como la que tenemos, había que ir a confesar con humildad los errores cometidos durante estos cinco meses de epidemia; tanto en lo sanitario, como en lo económico. Para empezar, explicar que, queriendo o sin querer, las cifras de contaminados y fallecidos difiere sustancialmente de la realidad y que, tras el proceso de revisión metodológica y reconteo, se había identificado la realidad de 50,000 o 53,000 fallecidos y el número de contagiados que corresponde, debidamente detallado por departamentos y provincias, data que, para ser consistentes y serios, debió ser incorporado al informe diario de la Sala Situacional del MINSA de inmediato.

Sin está primera rectificación, resultaba muy difícil proponer una estrategia creíble y que logre la aquiescencia de los congresistas. El ejercicio pasaba por un profundo examen de conciencia, mostrando el consecuente dolor de corazón, que debió conducir a una confesión sincera de las fallas identificadas y al propósito de enmienda correspondiente. Si uno no es capaz de identificar sus fracasos y compartirlos como lecciones aprendidas, menos podrá identificar las medidas correctivas y, por lo tanto, no podrá ofrecer la satisfacción de obra que las dramáticas cifras de fallecidos, que enlutan a todo el país, demanda la población y sus representantes.

Luego de esa confesión descarnada, debió explicarse el esfuerzo económico efectuado por todos los peruanos, por qué se hizo una cuarentena tan irracional, por qué se manejo los bonos y apoyo social de la manera que se hizo y una evaluación de sus resultados positivos o negativos.

Del mismo modo, se debió explicar clara y cuantitativamente, qué apoyo económico se había dado a la población y a las empresas, así como, cuáles habían sido sus resultados. Un claro balance de estas acciones les hubiera permitido mostrar la magnitud de la sangría a las finanzas públicas y el consumo del fondo fiscal de reserva. Explicar en qué consistió el programa “Reactiva Perú” del Banco Central de Reserva, cuál era la lógica de su diseño, cuál era su propósito y si este se logró. No hubiera estado demás explicar al congreso, que permitir a las empresas de mediano tamaño (grandes para ellos) el acceso a este crédito, fue el mecanismo que permitió a estas empresas el pago de facturas en favor de sus proveedores; micro y pequeñas empresas y que, al recibir las MYPES el pago de sus facturas, se evitó que ellas se endeuden más de lo necesario (por no tener que financiar lo que las empresas más grandes les debían).

Un claro y conciso plan sanitario para encarar el desafío futuro de la pandemia, incluyendo las medidas rectificatorias: pago de remuneraciones pendientes al personal hoy impago, contratación del personal de salud a incorporar, adquisición de pruebas moleculares y diseño del plan de control a base de monitoreo digital con geomática, compra de equipo de protección para el personal sanitario, compra de medicinas y esquema de atención de la epidemia en etapa temprana (cuando hay mayor probabilidad de éxito), plantas de oxígeno a nivel nacional, manejo centralizado de la salud y sus compras.

Determinación cuantificada de los esfuerzos de apoyo económico a la población vulnerable, MYPES y pequeños agricultores. Todo este esfuerzo debió quedar plasmado en el Marco Macroeconómico Multianual y, con estos números en la mano, plantear al congreso qué estímulos se debe dar, qué sectores pueden en el corto y mediano plazo inyectar inversión privada y generar recursos fiscales, pues de esto dependerá la posibilidad de sustentar económicamente todo lo que el Estado debe gastar en el trabajo planteado.

Estoy seguro que con un esquema de estos, así de claro y a la vena, le hubiera resultado al congreso mucho más difícil negarse al proyecto y si lo hacían, el ejecutivo fácilmente hubiera podido dejarlos en evidencia ante la población.

Hoy el congreso, ya está harto de que lo “ninguneen”, de tener en el gobierno al “guapo del barrio” y se las quiere cobrar todas. Ya se cansó de la mentira y manipulación permanente del jefe de gobierno, en pared con cierta prensa que lo ha encubierto y ya no le quiere dejar pasar ni siquiera un lenguaje corporal inadecuado. Ya en artículos anteriores hemos mostrado la larga lista de fallas y fracasos o simplemente actos de corrupción, a pesar de la letanía de “la lucha frontal del gobierno contra la corrupción”. Las abuelitas decían: “Dime de qué te ufanas y te diré qué te falta”.

Dicho esto, en política todo es negociación y la búsqueda de lo posible. Es natural aquí y en cualquier país del mundo, que el congreso tenga algo que decir respecto al nombramiento de ministros y funcionarios de alto nivel, de modo que, no querer prestar atención a las señales que el parlamento le dio al ex-primer ministro, fue una torpeza muy grande. Si Cateriano realmente creía en su propuesta, no debió haber puesto su ego por encima de los reales intereses del Perú y el beneficio del pueblo.

Peor aún, se acaba de designar un nuevo gabinete y se insiste, de manera picona y desafiante, con algunos personajes que han sido “políticamente objetados”, independientemente de sus cualidades personales y profesionales que, nadie está poniendo en duda.

Me temo, para desgracia del Perú, que no vamos por buen camino en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo que me atrevo a poner en tela de juicio la próxima ratificación del gabinete con el voto de confianza. No nos olvidemos que, “el que se pica pierde”. Lampadia

Entrevista de Jaime de Althaus en Lampadia

Calmell de Solar (presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú), explica que la gran mayoría de los más de 2.3 millones micro y pequeños empresarios formales y los 800 mil independientes que emiten recibos por honorarios, han incurrido en deudas o no han podido pagar deudas anteriores, y no han tenido como pagar la luz, el agua, el teléfono y los alquileres, y los arrendadores están pidiendo que les paguen. No pueden reactivarse sin luz ni local. Reactiva I y el Fae Mype llegaron a 200 mil microempresas. Con Reactiva II y la ampliación de Fae Mype quizá se llegue a 500 mil. Pero entre formales e informales son 5 millones de microempresas.

Entonces están planteando el “combo reactivador”, con las mismas condiciones de Reactiva, para pagar directamente la luz, agua y teléfono a las empresas respectivas, y un bono no monetario para el arrendador, que pueda usar contra impuestos que tenga que pagar. Llegaría a 2 millones de hogares. Costaría 9 mil millones de soles, que habría que sacarlos de Reactiva II. Calmell aclara que los emprendedores no quieren los regalos populistas que está ofreciendo el Congreso. Quieren un préstamo.

Revela que están aglomerando cada vez más gremios para formar una suerte de confederación de micro y pequeños empresarios que se llamaría “Mypes del Perú Unidas”. Y la idea es que venga una demanda de cambios estructurales para buscar una formalidad que no esté moldeada por la gran empresa. Necesitan un régimen laboral especial como el agrario o como el de construcción civil, porque trabajan por campañas o por contratos. Pero advierte que están siendo permeables al discurso anti gran empresa.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La anecdótica, pero impactante, confesión del gobierno (en boca del señor Matuk), de haber priorizado el deseo de “combatir el patriarcado en el Perú” sobre su objetivo fundamental y urgente de combatir el impacto del COVID-19, al haber dispuesto días específicos de circulación de mujeres y hombres durante la semana, me llevó a pensar en la cantidad de disparates, “bien intencionados”, que se realizan desde el Estado.

Felizmente el Estado Peruano tiene funciones claras y específicas fijadas en la Constitución, tales como; defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas a su seguridad, justicia y desarrollo integral y equilibrado de la Nación, pero actuando fundamentalmente en la promoción del empleo, la salud, educación, servicios públicos e infraestructura. Parte del principio que, “el Estado es uno e indivisible” y que su gobierno es unitario. Para cualquier otra cosa tiene sólo un rol subsidiario que, deberá estar debidamente justificado y aprobado por ley.

Dije que felizmente tiene sólo algunos roles, porque aún así no los ejerce correctamente y la realidad evidencia que los individuos que actúan dentro del Estado, por sus ideologías, no fijan debidamente los objetivos de las tareas que se le encomienda. Un caso patético es el del inicio de este artículo, pero tenemos ingentes casos donde ese “atributo” sale a relucir.

Es clara la preferencia de este gobierno central por repartir dinero a los 25 gobiernos regionales y a los 1874 gobiernos municipales, en lugar de asumir el reto de administrar eficientemente la cosa pública y maximizar el beneficio de la ciudadanía como producto de su trabajo.

Ya habíamos criticado el encargo dado a estos gobiernos sub-nacionales (llenos de corrupción e ineficiencia), de comprar alimentos para distribuirlos a las poblaciones más pobres de su localidad. Sabe Dios qué estarán comprando, a quienes, cuánto habrán pagado y si finalmente estos productos estarán llegando al destino correcto. ¿No era más lógico diseñar una canasta básica a nivel nacional, con productos no perecibles, comprarlos de manera centralizada y optimizando el precio de compra, con entrega descentralizada conducida por una empresa logística y alguna organización de apoyo social (CARITAS por mencionar alguna) que pueda armar las canastas y entregarlas a los más necesitados y contando con el apoyo de las fuerzas del orden? De esta manera habríamos hecho un uso más eficiente del dinero, hubiéramos llegado a los más necesitados, en lugar de exponerlos a contagio y la operación hubiera sido más rápida, evitando todas las pérdidas de dinero que se producen cuando se distribuye a tales gobiernos sub-nacionales el dinero sin control alguno.

Este caso se replica en los programas alimenticios para escolares, el diseño y composición de la dieta, su calidad y el origen de los productos que se les suministra. Muchos creen que este es un instrumento para beneficiar a pequeños productores y comerciantes locales, cuando el objetivo central es nutrir a la mayor cantidad de niños, optimizando el gasto público destinado a este fin. Pero no, muchas veces se ha verificado la mala calidad de los desayunos y almuerzos, generando problemas de salud a los niños y enriqueciendo a mafiosos de cada localidad.

Recientemente he leído “la idea brillante” respecto al uso de los fondos de las AFP para financiar a las MYPES a bajo costo e invertir en proyectos nacionales de dudosa calidad y retorno (esto último ya hecho con fondos de la seguridad social en el pasado y que nadie lo va a aceptar). ¿Cuando comprenderán que los fondos previsionales NO SON DINERO DE LAS AFP, sino que pertenecen a los trabajadores y que ponen un ahorro con el objetivo de ser gestionados por estas instituciones especializadas para optimizar la rentabilidad de largo plazo, gestionando el riesgo para maximizar la pensión de jubilación el día que se retiren del trabajo?

Este mismo problema se presenta en la disyuntiva que sufre el gobierno central (gobierno unitario, tal como se mencionó) entre ser eficiente o satisfacer los apetitos de los gobiernos sub-nacionales en el manejo de Salud, entre otros. ¿Cómo es posible que no tengamos centralizado el manejo de compra de equipos para todos los establecimientos de salud del Perú? Ahora resulta que cualquier proveedor, como el de los ventiladores mecánicos que “vendió” estos equipos para el hospital de Tacna a 56,469 soles cada uno, se burló del Perú y su ineficiente burocracia, dando por anulada la venta a Tacna y vendiendo los mismos equipos al hospital de Ate, pero esta vez a 179,000 soles.

El problema más serio no es ésta anécdota, sino que al presidente se le ha repetido hasta el cansancio que no está gestionando el país, que no está haciendo ningún esfuerzo por corregir la deformación del aparato del Estado, que está permitiendo (si no fomentando) la corrupción del poder ejecutivo, repartiendo dinero a los gobiernos sub-nacionales y sin tomar control centralizado del sistema de salud, ni del sistema de educación. Debo saludar que el Sr. Vizcarra, al recibir la información del caso de los ventiladores mecánicos, ha dispuesto la suspensión de dicha compra. No obstante, esto es como alegrarse por haber podido matar un mosquito con la mano en lugar de poner un mosquitero y ¡evitar que estos te levanten en peso!

El gobierno de PPK ya había dispuesto la estandarización de los hospitales y colegios; planos, equipamiento y mobiliario, ciertamente en función de la ubicación geográfica (Costa, sierra o selva) y del tamaño de población a atender. Lo dicho ya era un pequeño avance para la gestión del Estado, pero, señor Vizcarra, su gestión desestimó este esfuerzo y dio rienda suelta a la iniciativa de gobernadores sub-nacionales y sus creativas ineficiencias llenas de incapacidad y dolo.

Ya hemos dicho antes que ¡la corrupción es un grave problema, pero la corrupción atomizada es incontrolable! Lampadia

La estructura societaria denominada “responsabilidad limitada” se ha constituido desde los tiempos de la Revolución Industrial, como uno de las instituciones impulsoras del crecimiento al alinear los incentivos de los inversionistas de tal forma que se limitan los riesgos, potenciando así la acumulación de capital en las empresas.

Sin embargo, y como hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: Formas societarias, propensión a invertir y control de riesgos), existen ciertas críticas académicas hacia esta institución argumentando que su existencia incentiva la comisión de actos que pueden ser en desmedro del consumidor, puesto que los activos personales de los propietarios no estarían en riesgo de liquidarse ante la posible quiebra de una empresa.

En un contexto de creciente calentamiento global y de diversas controversias que involucran muertes en torno grandes empresas (como el reciente caso de Boeing), estas críticas ahora se han potenciado en los últimos años con  líderes políticos que inclusive han solicitado el retorno a la figura de “responsabilidad ilimitada” (ver Lampadia: El plan disruptivo de Warren). Un reciente artículo publicado por Project Syndicate, que compartimos líneas abajo, refleja uno de estos embates.

Al respecto de esta postura, estamos completamente en desacuerdo. En primer lugar, porque estas críticas de la responsabilidad limitada se circunscriben a las empresas grandes, desconociendo  los grandes beneficios que otorgan a las pequeñas y medianas empresas y a sus propietarios. De no existir esta protección, el alto nivel de riesgo al cual están expuestos estos empresarios y sus restricciones de financiamiento producto de su poco patrimonio, desincentivarían cualquiera de sus inversiones limitando su crecimiento y así el de toda la economía.  En países en vías de desarrollo como el Perú en donde el 95% de empresas son MYPEs, la forma de responsabilidad limitada es fundamental para seguir incentivando la inversión y el empleo en ellas.

En segundo lugar, en relación a las críticas de la “responsabilidad limitada” a las grandes empresas, estas tampoco toman en cuenta que el mismo mercado en los últimos años está valorando, y por ende penalizando, aquellas organizaciones cuyos CEO no se encuentran impulsando lo que se denomina como “capitalismo de stakeholders” (ver Lampadia: ¿Qué tipo de capitalismo queremos?). Esto ya se visualiza con especial foco en EEUU con los políticos y la sociedad civil quienes les exigen a las empresas un nuevo rol en la sociedad, de tal manera que genere bienestar social y ambiental en torno a consumidores, proveedores, y todo agente que se vea beneficiado directa e indirectamente de su actividad productiva.

En ese sentido, creemos que en vez de lapidar permanentemente la responsabilidad limitada, se debiera difundir más la implementación de esta nueva corriente de tal forma que el mismo mercado pueda forzar la aparición de buenas prácticas en las grandes empresas. Así, el empresario propendería iniciativas sociales y ambientales de forma orgánica sin desvirtuar sus derechos de propiedad. Lampadia

La responsabilidad limitada está causando un daño ilimitado

Katharina Pistor
Project Syndicate
5 de febrero, 2020 
Glosado por Lampadia

NUEVA YORK – En un tuit reciente, Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, se preguntaba cómo podemos “tener tanta incertidumbre política y geopolítica y tan poca incertidumbre económica”. Se supone que los mercados miden y atribuyen riesgos; sin embargo, a las acciones de las empresas que contaminan, venden analgésicos adictivos y construyen aviones inseguros les está yendo bien. Lo mismo es válido para las corporaciones que enriquecen abiertamente a los accionistas, directores y funcionarios a costa de sus empleados, a muchos de los cuales les cuesta ganarse la vida y proteger sus planes de pensión. ¿Los mercados están equivocados o las señales de alarma sobre el cambio climático, las tensiones sociales y el descontento político, en realidad, son pistas falsas?

Un análisis más de cerca revela que el problema reside en los mercados. En las condiciones actuales, los mercados simplemente no pueden valorar el riesgo de manera adecuada, porque los participantes del mercado están protegidos de los daños que las corporaciones les infligen a los demás. Esta patología lleva el nombre de “responsabilidad limitada”, pero cuando se trata del riesgo asumido por los accionistas, sería más preciso llamarla “sin responsabilidad”.

Según la normativa legal vigente, los accionistas están protegidos de toda responsabilidad cuando las corporaciones de las que tienen acciones causan daño a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente. Los accionistas pueden perder dinero en sus participaciones, pero también obtener ganancias cuando e inclusive porque las empresas han causado un daño incalculable contaminando océanos y acuíferos, ocultando los perjuicios que causan los productos que venden o abarrotando la atmósfera de emisiones de gases de tipo invernadero. La propia entidad corporativa podría incurrir en responsabilidad, quizás hasta entrar en quiebra, pero los accionistas pueden salir del naufragio con ganancias en la mano.

Los accionistas han salido indemnes en un caso tras otro –desde la fuga de gas de 1984 en una planta de Union Carbide en Bhopal, India, que mató a miles de personas, hasta las grandes compañías tabacaleras, los fabricantes de asbestos y British Petroleum luego del desastre de Deepwater Horizon-. Desde entonces, los accionistas de Boeing, la empresa responsable de dos accidentes aéreos en los que murieron 346 personas, obtuvieron 43,000 millones de dólares a través de recompras de acciones entre 2013 y 2019 –precisamente el período durante el cual la empresa ignoró patrones de seguridad con la intención de recortar costos-. Mientras tanto, las familias de quienes murieron deben arreglárselas con un fondo de desastres de 50 millones de dólares, que representa apenas 144.500 dólares por víctima.

En otras partes, una demanda legal contra miembros de la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, una de las compañías en el centro de la epidemia de opioides, está intentando una vez más que los beneficiarios de una mala conducta corporativa asuman sus responsabilidades. Por miedo a la responsabilidad, algunos miembros de la familia, según informes, han vendido sus propiedades en Nueva York y han trasladado su dinero a Suiza. Pero, probablemente, no tengan de qué preocuparse. Como demuestra John H. Matheson de la Facultad de Leyes de la Universidad de Minnesota, las cortes rara vez les permiten a las víctimas de una conducta corporativa nociva “levantar el velo corporativo” que protege a los accionistas de toda responsabilidad.

La justificación manifestada para una responsabilidad limitada es que ésta alienta la inversión –y la toma de riesgo- en corporaciones, lo que conduce a innovaciones económicamente beneficiales. Pero deberíamos reconocer que salvar a los dueños de los perjuicios que causan sus empresas equivale a un enorme subsidio legal. Como sucede con todos los subsidios, los costos y beneficios deberían volver a evaluarse cada tanto. Y, en el caso de la responsabilidad limitada, el hecho de que los mercados no puedan valorar el riesgo de actividades que, se sabe, causan un daño sustancial debería hacernos reflexionar.

Peor aún, este subsidio particular tiene poco sentido económico. Los derechos de propiedad, todo economista sabe, están pensados para aumentar la eficiencia garantizando que los propietarios internalicen los costos asociados con los activos que poseen. Pero la responsabilidad limitada aísla a los inversores de las externalidades creadas por las empresas de las que son dueños: las cabezas ganan –y las colas también.

Mientras que los accionistas puedan beneficiarse con estas externalidades, las defenderán. Y combatirán todo intento de forzar una internalización de los costos, incluido el impuesto al carbono que la Unión Europea está promoviendo actualmente. La regulación vertical, sostienen, es ineficiente, porque los gobiernos no tienen manera de identificar la tasa óptima del impuesto. Pero si ése es el caso, ¿por qué no permitir que los mercados evalúen el riesgo correctamente, eliminando la distorsión que hoy les impide hacerlo?

Las reglas de responsabilidad no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero los cambios deberían introducirse gradualmente después de un período de transición que ponga a todos en aviso. No hace falta ningún tratado multilateral nuevo ni esfuerzos de armonización complicados. Si sólo un puñado de países adoptaran “estatutos que levanten el velo” y garantizaran que los demandantes pudieran presentarse en sus cortes, los mercados responderían en consecuencia.

Sin duda, los accionistas intentarían eludir responsabilidades trasladando activos a jurisdicciones seguras, y haciendo lobby con sus propios gobiernos para que los protejan con la amenaza de sanciones comerciales contra los países que sí adopten estatutos que levanten el velo. Pero cuanto mayor sea la cantidad de países que adopten estos estatutos, menos exitosas serán estas tácticas de brazo fuerte.

Al final, un subsidio que distorsiona los mercados y les da a los inversores una licencia para causar daño no sólo es ineficiente. Es una amenaza tanto para el sistema de mercado como para el ambiente natural del que todos dependemos para nuestra supervivencia. Lampadia

Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de Columbia, es autora de “The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality”.

Úrsula Letona
Para Lampadia

Desde el gobierno de Toledo en adelante no se han trabajado y debatido reformas estructurales demandadas por la sociedad de nuestro país, que sean de carácter transversal, tanto en lo social, político o económico, entre otros aspectos relevantes, por ausencia de voluntad política o por conveniencia de mantener el statu quo.

Es cierto que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente y muchas reformas implementadas en la década de los 90 han logrado que nuestro país en conjunto se encaminara al crecimiento económico. Sin embargo, la realidad de los años 90 no es la misma de los años 2006 o 2011 ni mucho menos la de hoy, que ingresa a la cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías de la información y el conocimiento.

Justamente, atendiendo a la situación indicada, Fuerza Popular ha considerado que se requiere de reformas estructurales en 4 áreas principales: informalidad, salud, educación y laboral. He advertido hace varios meses acerca de la necesidad de estas reformas de segunda generación e inclusive he señalado la forma cómo considero que deben ser abordadas por el Poder Ejecutivo, que por un criterio de competencia es el gran llamado a efectuarlas.

Ya desde en los meses de mayo y junio del año 2017, en artículos que escribí en “El Montonero”,  indiqué que actualmente tenemos una informalidad que asciende al 72% y que los aspectos a abordar para revertir una cifra tan alta son, conforme a la literatura especializada, la carga regulatoria, la productividad laboral, mejores servicios básicos y educación financiera; y que el Gobierno estaba simplemente pensando en “parches” aislados como una propuesta legislativa que tenía por finalidad que el Estado subvenciones el seguro social de los jóvenes trabajadores a fin de fomentar su inserción al mercado laboral. No se observaba ninguna línea política que proponga diferentes medidas para abarcar de manera conjunta y transversal y multisectorial este problema.

Por ello, propuse la creación de una “Autoridad de Formalización” que articule el complejo tramado de actores en el marco de la informalidad y trabaje propuestas articuladas que ataquen diferentes aspectos del problema. Enfocarse solo en el crecimiento del PBI, no será suficiente para revertir los problemas de informalidad.

En lo que respecta a la reforma de salud, en un artículo del mes de marzo del presente año, advertí que una reforma importante en dicho sector era el emprendimiento de un programa piloto o de primera etapa que se vincule a la compra de medicamentos y equipamiento médico de forma centralizada para todos los servicios públicos de salud. La segmentación con la que actualmente contamos, nos ha llevado a resultados nefastos. A su vez, señalé que deben incorporarse las prácticas exitosas en salud que ha tenido el sector privado y adaptarlas a la esfera pública, y, de conformidad con la Comisión de Protección Social, crear un Fondo Único que centralice los aspectos vinculados al financiamiento de la salud pública, así como una división de los componentes de prestación de salud respecto al financiamiento. Necesitamos que los médicos hagan el trabajo para el que fueron formador: tratar y curar a los pacientes, y los administrativos lo suyo: gestionar los recursos.

En lo que respecta al aspecto educativo, ya desde el mes de septiembre del año 2017 enfaticé la necesidad de revertir las desigualdades educativas y señalé que la academia ya ha abordado ampliamente este tema. Debe plantearse objetivos a alcanzar en el corto y mediano plazo para poder adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes, principalmente en las regiones que registran menores índices de calidad educativa.

Asimismo, señalé que debe establecerse incentivos para la capacitación del docente aparejados a la asignación de incentivos económicos, siempre que logren alcanzar los estándares contemplados; pero, a su vez, señalé también la necesidad de generar incentivos para que las autoridades regionales cumplan con implementar políticas que trasciendan sus propias gestiones.

El Ejecutivo debe ya empezar a desterrar el criterio de que la mejora de la educación pasa por ampliar la jornada lectiva y ampliación de cobertura. Ya tenemos niveles de acceso de 94% a la educación primaria y 80% a la educación secundaria, situación muy similar a los estándares OCDE, pero el nivel de calidad sigue siendo algo en los que mostramos una brecha enorme incluso con países de la región como Chile o Colombia. En consecuencia, si bien no se debe descuidar la cobertura, es importante centralizar los esfuerzos en la mejora de la calidad educativa. Miremos la experiencia internacional, y lo señalé en un artículo reciente del mes pasado, los países que han logrado mayores avances en educación como Singapur, Corea y Chile han implementado cambios disruptivos. ¡Han implementado grandes reformas! Veamos cuáles son estas y adaptémoslas a nuestro medio. La evidencia existe.

La mejoría de los rubros de salud y educación repercutirá necesariamente en la reforma laboral pero no debe quedarse sólo en ello. La “doctrina del chorreo” seguida por el ex presidente Toledo sigue siendo desarrollada hasta el día de hoy y los resultados a nivel de generación del empleo no han sido satisfactorios. Sin duda un aspecto preocupante es el alejamiento de la inversión privada, pero no hemos observado ni una sola reforma estructural para generar empleo. La juventud sigue desempleada, los “ninis” crecen cada año y la mayoría son mujeres. Las Mypes son un importante motor de la economía y, conforme he señalado reiteradas veces, miremos la región. Chile ideó un programa de acompañamiento a las Mypes durante sus 2 primeros años de creación y articuló toda su cadena productiva para insertarlas en el mercado incorporándoles tecnologías para generar productividad –valor agregado. Aquí no tenemos eso, sino que las Mypes desaparecen dentro de sus 2 primeros años, pese a que ellas son el principal motor de nuestra economía y generan una gran cantidad de puestos de trabajo, donde está incorporada la gran masa laboral.

Finalmente, el pasado 09 de noviembre presenté a iniciativa mía, conjuntamente con otros colegas, la Moción 07471 a fin de “Conformar una Comisión Especial para promover el dialogo entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, hacer el seguimiento, analizar, debatir y proponer recomendaciones técnicas para la priorización de la agenda de reformas de interés nacional hasta la aprobación correspondiente”. Esta Comisión tendrá una importante misión: coadyuvar a cambiarle la vida al ciudadano. No populismo, no discursos histriónicos, sino trabajar. Articular entre las diferentes fuerzas políticas parlamentarias y, evidentemente, el Gobierno para impulsar estas reformas que hasta ahora el Ejecutivo no ha efectuado y tampoco ha mostrado iniciativas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Buscando apoyos sociales a fin de evitar la vacancia, al presidente Kuczynski no se le ocurrió mejor idea que proponer –ofrecer- el alza de la remuneración mínima vital. En la caja de herramientas populistas, el salario mínimo es la más facilista y la más socorrida, pese a que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Lo que pasa, como siempre, es que los beneficiados y los interesados hacen bulla, y los perjudicados no saben que lo son o no están organizados.

El daño, sin embargo, de un alza indiscriminada del salario mínimo, es enorme. Baste con señalar, como podemos constatar en el siguiente cuadro de PLADES,^[1] que el 49.4% -prácticamente la mitad- de la Población Económicamente Activa Ocupada percibe un ingreso que está por debajo del nivel del salario mínimo. ¿Cómo se puede subir el salario mínimo si la mitad de la población ocupada gana menos que él?

Para comenzar, todas esas personas pierden toda esperanza de alcanzar un trabajo formal con derechos si se sube la RMV. Y todos aquellos formales que están percibiendo la RMV en empresas que no pueden pagar más, serán despedidos o informalizados.

Como bien señalaba un informe de Apoyo, “el salario mínimo (SM) puede ser un instrumento útil para evitar que un empleador con mucho poder de negociación imponga salarios por debajo del nivel de productividad de sus trabajadores”,^[2] situación que solo podría darse en alguna gran empresa. En realidad, el salario mínimo en el Perú, tal como está planteado, podría ser aplicable a la gran empresa y eventualmente a la mediana empresa, que podrían solventarlo, pero es muy alto para las micro y pequeñas empresas, que no pueden pagarlo debido a sus bajos niveles de productividad. Como dice Apoyo Consultoría, “fijar el SM por encima de la capacidad de pago de las empresas lo convierte en un serio obstáculo para la generación de puestos de trabajo formales y excluye así a millones de trabajadores de beneficios laborales básicos, como seguro de salud, derecho a pensión y vacaciones”.

Las grandes perjudicadas con un aumento de la remuneración mínima vital ahora serán todas aquellas pequeñas empresas que tienen parte importante de sus trabajadores percibiendo salario mínimo y que incurrirán en pérdidas si lo aumentan. Lo mínimo que necesitaríamos es darnos el trabajo de pensar en dos salarios mínimos, tal como propone Apoyo: uno para la gran y mediana empresa, y otro para las micro y pequeñas empresas. En realidad, lo mejor para estas últimas y sus trabajadores sería que no hubiese salario mínimo, porque de esa manera la formalización y el crecimiento empresarial y por lo tanto el de los propios salarios, serían mucho mayores. El mejoramiento de la productividad no se impone por ley ni por decreto. La ley y el decreto, sin embargo, sí pueden frenarlo, como ocurre en nuestro país.

Nuestros políticos y nuestros ideólogos solo trabajan con mundos ideales. Es como si para ellos sólo la gran empresa existiera. Ella es el modelo y el blanco a la vez. Debe haber algo de herencia colonial en esto de excluir sistemáticamente a las grandes mayorías informales, que constituyen el 72% de la PEA. 

No solo a ellas. Dentro de ellas, a quienes se perjudica más es a las mujeres. En el siguiente cuadro de PLADES podemos ver que la tasa de informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres:

Y no es solo que el salario mínimo único e indiscriminado tiene efectos estructurales contraproducentes y negativos, sino que la coyuntura económica actual es la peor para adoptar una medida de esa naturaleza, pues no se puede subir el salario mínimo cuando se está destruyendo empleo formal. Hacerlo solo servirá para acelerar esa destrucción. Pues bien, la tasa de empleo formal en el área urbano bajó del 35.1% en diciembre de 1916 a 33.0% en diciembre del 2017[3]. Y, como vemos en el siguiente cuadro del INEI,[4] en el 2017 el empleo formal promedio en el área urbana, lejos de aumentar, cayó en -2.8%:   

Y lo que vemos es que esa caída del empleo formal afectó más a las mujeres –que constituyen el segmento más débil del mercado laboral- y a los jóvenes entre 25 y 44 años.

Además, como observamos en el siguiente cuadro, la caída del empleo formal ha sido mucho más fuerte en las empresas más pequeñas, las que tienen entre 1 y 10 trabajadores, donde se desplomó en -8.9%

¿Cuántos más se quedarán sin empleo formal –es decir, sin derechos laborales- si subimos el salario mínimo en estas circunstancias? ¿Cuántos  perderán su trabajo?

Todo esto es absurdo. Además, al salario mínimo hay que agregarle los distintos beneficios sociales. Y entonces resulta más alto aún. Como vemos en el siguiente cuadro preparado por el IPE,[5] en el régimen general, la Remuneración Mínima Vital, que es de 850 soles, se transforma en 1,230 soles. En el régimen de la pequeña empresa, se convierte en 1,075 soles. Y en el de la micro empresa, en 962 soles. Es decir, el salario mínimo en una microempresa es, en realidad, 962 soles. ¿Qué porcentaje de la PEA ocupada gana menos de 962 soles al mes? No tenemos el cálculo, pero no sería de extrañar que llegue a alrededor del 55% o 60%.

Según Elmer Cuba, “el punto acá es que el nivel actual del salario mínimo es muy alto”. Diego Macera, del IPE, opina lo mismo: “Nuestro estimado es que no debería ser mucho más de 600 soles”. Esto para las micro y pequeñas empresas, por supuesto. Que es donde está la gran cantidad de trabajadores.

Apoyo Consultoría propuso la siguiente reforma de la RMV:[6]

“(…) se proponen dos cambios… El primer cambio consiste en actualizar el salario mínimo, previo diálogo y debate en el Consejo Nacional del Trabajo, de manera diferenciada: por un lado, micro y pequeñas empresas y, por otro lado, las empresas medianas y grandes. El segundo cambio implica que al momento de actualizar el salario mínimo, se tome en cuenta el nivel de los salarios de mercado observados en cada uno de los dos segmentos mencionados. Así, solo se evaluará un aumento cuando el salario mínimo sea menor al 50% del salario promedio en cada segmento de mercado. Los cambios propuestos están en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la OIT (Recomendación N°135 y Convenio N°131), y pueden implementarse en el corto plazo utilizando información de las encuestas a hogares del INEI.”

Si leemos la propuesta anterior a la luz del siguiente cuadro, veríamos que, efectivamente, el salario mínimo el 2014 estaba muy por encima de lo adecuado para las micro y pequeñas empresas, y que un aumento solo habría sido viable, en ese momento, para las medianas y grandes empresas.

Es hora de empezar a discutir estos temas con seriedad en lugar de jugar con el trabajo y los derechos de las grandes mayorías. Lampadia

[1] Informe sobre el Trabajo Decente en el Perú 2016 PLADES.  Ir a: https://drive.google.com/file/d/0B1L6UjYv4p-7WFZMQmcyU1ZFYlU/view
[2] Propuesta para mejorar la política de salario mínimo en el Perú, julio 2015, Apoyo Consultoría
[3] Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a Nivel Nacional, INFORME TÉCNICO N° 01 Febrero 2018, INEI, p. 35. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/01-informe-tecnico-n01_empleo-nacional_oct-nov-dic2017.pdf
[4] Idem, p. 14
[5] “La Valla Mínima”. Informe El Comercio-IPE, lunes 16 de enero del 2017. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/2017-01-16%20-%20La%20valla%20m%C3%ADnima%20-%20Informe%20IPE%20-%20El%20Comercio.pdf
[6] Op. Cit