Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 2 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

A más trámites… más corrupción. A más requisitos… también. A más tiempos de espera… peor. Y a menores remuneraciones… ¿cuánto es? He ahí la cuadriga enfermiza enquistada en muchas instituciones públicas iqueñas. Una cuadriga que conduce – inexorablemente – al inmundo mundo de la corrupción.

Y si – encima – existe discrecionalidad para aplicar multas… ¡tate! La multa se convierte en coima. El funcionario se enriquece… pero el ciudadano se empobrece. Así es la nuez.

Nuestra región está plagada de corrupción… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco). Tanto que trabajar en el Estado es una carísima aspiración de muchos iqueños. ¿Porqué? ¿Acaso las remuneraciones son tan altas? ¡Nada que ver! Hay gente que trabaja en el Estado – única y exclusivamente – por la cutra.

¿Qué hacer para solucionar el problema? Simplificación administrativa. Menos trámites. Menos requisitos. Menos tiempos de espera. Y mejores remuneraciones… a los servidores eficientes. No a los vagos e incompetentes. En otras palabras… Gobierno Digital. Nada de colas. Nada de papeleos, ni sellos, ni vistos buenos. Todo digital… desde un Smartphone o una Laptop. Todo simple, rápido y correcto… como en nuestros hospitales.

Por otro lado, el Estado – salvo honrosas excepciones – está infestado de parásitos… gente que no hace nada. Gente que entró a trabajar al Estado… comprando su puesto, falsificando documentos, o – simplemente – a punta de tarjetazos. Gente perversa que todo lo traban… ya sea para cobrar una coima, o – simplemente – para boicotear a la autoridad. También puede ser por pura incapacidad, o por temor a ser sancionado. El hecho es que todo lo traban. Ciertamente, hay gente eficiente y honesta en el Estado. Pero que tenemos parásitos… tenemos. Gente improductiva que gana poco… pero coimea como loco. Lamentablemente.

Gestión por resultados. Cada vez más, nuestros servidores tienen metas – cuantificables y verificables – de su trabajo. Sobre todo, cuando se trata de servicios a la ciudadanía. Número de pacientes atendidos, en el caso de los médicos. Índice de comprensión lectora, en el caso de los maestros. Número de licencias o expedientes por día. Y así por el estilo. El servidor público debe estar sujeto a evaluaciones permanentes.

Obviamente, hay que capacitar y motivar a los servidores públicos. Pero también hay que advertirles. Sí a pesar de las capacitaciones y motivaciones no atienden bien a los ciudadanos… ¡a su casa, calabaza! 

Todo Gobierno debe propiciar la participación ciudadana. No tanto para la gestión propiamente dicha… porque muchas manos en un mismo plato causan arrebato. Pero sí para la evaluación del servicio público.

En nuestro caso, muchas atenciones ciudadanas terminan en una evaluación sencilla y objetiva: ¿Me maltrataron? Sí o no. ¿Me pidieron requisitos innecesarios? ¿Me hicieron esperar más de la cuenta?, o ¿Me pidieron plata por lo bajo? Si las respuestas son Sí, Sí, Sí, Sí… malo. Si son No, No, No, No… vamos bien.

La gestión pública debe ser honesta y transparente. Repito… honesta y transparente. Vuelvo a repetir… honesta y transparente. Pero de verdad. No de la boca para afuera… como pregonan – cínicamente – muchos políticos y periodistas corruptos. Y ¡qué me dicen de los médicos deshonestos! Esos son los peores.

Por otro lado, la lucha contra la corrupción tiene que reflejarse en sanciones disciplinarias… ratificadas por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR). Si no hay sanciones – como es el caso de TODAS las gestiones anteriores del Gobierno Regional – ampay. ¡Esos son los Gobiernos corruptos! El que permite la corrupción… es corrupto. Y el que la defiende… más aún.

Pues bien… en eso estamos en Ica. Simplificando procesos, mejorando servicios, evaluando y motivando al personal, y transparentando nuestros actos. Pero, sobre todo, sacándole la contumelia a la corrupción. El flagelo de los pobres. “Ese virus social que lo infecta todo”.

Gracias Papa Francisco por venir… y poner el dedo en la llaga. Lampadia

Las autoridades de nuestro país suelen medir con diferente vara a las empresas (e instituciones) estatales y privadas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, nada menos que con la Municipalidad de San Isidro luego de que se produjera una fuga de gas. El alcalde  Manuel Velarde anunció que denunciará penalmente a la empresa Cálidda por exposición al peligro de más de 3 mil vecinos al producirse una fuga de gas la noche del martes 14 de abril en la cuadra tres de la avenida Las Flores. La razón de esta determinación se debería a que la mencionada empresa habría demorado casi seis horas en controlar el siniestro, lo que obligó a que se evacuaran a un gran número de residentes del lugar, al corte de la energía eléctrica y un embotellamiento del tráfico en hora punta.

Velarde señaló que exigirá que la empresa Cálidda pague una reparación civil a los vecinos afectados y que para ello iniciará un proceso legal que obligue a la empresa a hacerse responsable por no haber reparado la fuga de manera inmediata. “Vamos a iniciar un proceso de empadronamiento para que los vecinos puedan recibir una compensación económica por los gastos innecesarios que ocasionó la fuga.El evento pudo haberse evitado en media hora pero la empresa puso en la balanza sus intereses versus los del distrito y eso no puede ser admitido”, señaló a RPP.

La actitud de Velarde sería válida si es que efectivamente la responsabilidad de la fuga fuera de Cálidda y la actitud de la empresa reflejara las imputaciones del “valiente” alcalde, pero el incidente se debió a que un contratista de Sedapal que hacía trabajos en la zona rompió las tuberías de gas. No solo eso, los operarios huyeron dejando la maquinaria obstruyendo el lugar, lo que dificultó enormemente las tareas de refacción. A pesar, de ello, el alcalde no culpa a Sedapal (el contratante) por lo ocurrido, sino a la empresa de gas.

La autoridad edil solo declaró que se ha multado a la empresa contratista de Sedapal con una UIT (3,800 soles) porque, al romper la pista para realizar trabajos de reparación impactó en el ducto de gas natural produciendo la fuga.

Lo increíble es que las obras se efectuaron sin que se le pidiera a Cálidda los planos de sus tuberías y, obviamente, sin que se tomaran las precauciones del caso. Una negligencia gravísima que pudo haber producido un percance mayor o, como ha ocurrido en otros siniestros parecidos, dejar sin luz a varias cuadras al cortar la electricidad “involuntariamente”.

¿Por qué no se responsabiliza públicamente a Sedapal? Aunque, aparentemente, la Municipalidad estaría ahora analizando denunciar a esta empresa, en los medios de prensa solo se ha señalado a Cálidda, una compañía privada, como la responsable del incidente, supuestamente por demorarse en controlar la emisión de gas y no seguir los protocolos establecidos.

Lo cierto es que las demoras se debieron a que los operarios de Sedapal huyeron el lugar y no se podía retirar la maquinaria, como se señaló líneas arriba, y que dentro de los protocolos de este tipo de incidentes no se contempla cortar el servicio eléctrico ni evacuar a los vecinos. Estas medidas se tomaron por indicaciones expresas del alcalde cuando la unidad especializada de los bomberos y la empresa del gas ya estaban en la zona controlando el tema. Se debe recordar que el gas natural es un elemento seguro pues se disipa rápidamente en el aire al ser más liviano.

Aún así, sin tomar en cuenta todos estos considerandos, la Alcaldía prefirió responsabilizar a una empresa privada antes que a una estatal. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta, no puede o no le interesa fiscalizar al Estado. Difícilmente el Municipio (Estado) podrá sacarle un Sol a Sedapal (Empresa del Estado), pero si puede exprimir a una empresa privada. En este caso además, haciéndose el muy riguroso (¿para lucimiento personal?). El Estado prefiere siempre demonizar y culpar al privado.

En otras palabras, el Estado no controla al Estado. Por esa simple razón es que ninguna empresa debiera ser propiedad del Estado. De lo contrario, los ciudadanos, que son el fin último de cualquier empresa (como) consumidores, estarán desguarnecidos o engañados.

Esto acaba de suceder en el distrito más culto del país, no decimos rico, porque Echarate lo supera largamente en ingresos. En San Isidro se espera el mejor nivel posible de la acción del Estado, el mejor ejemplo, y también, el mejor entendimiento por parte de los ciudadanos y medios. Aprovechemos este incidente para volver a discutir sobre el rol del Estado y del sector privado en nuestra sociedad. Lampadia

Kenneth Lewis, uno de los protagonistas de los sucesos vinculados a la erupción de la crisis de 2008, deberá pagar una millonaria multa y no podrá dirigir empresas cotizadas en bolsa.

NUEVA YORK.- Seis años después de que detonó la crisis económica de 2008, uno de sus principales protagonistas recibió sanciones. Se trata de Kenneth Lewis, ex presidente de Bank of America, quien fue responsabilizado de ocultar información crucial durante la adquisición del banco de inversiones Merrill Lynch.

Tanto el ejecutivo como su antigua casa bancaria comunicaron este miércoles que aceptaban las penas asignadas en el caso.

Lewis, quien fue presidente y consejero delegado de Bank of America entre 2001 y 2009, deberá pagar 10 millones de dólares y no podrá dirigir una empresa cotizada en la bolsa por los próximos tres años.

El acuerdo, que multó al banco con el pago de 15 millones de dólares, cierra la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre la adquisición de Merrill Lynch luego de que ésta terminara afectada por la crisis financiera de 2008.

Responsabilidades

La fiscalía señaló que la antigua dirección de la entidad bancaria, encabezada por Lewis, conocía las “crecientes pérdidas” de Merrill Lynch, que rondaban los US$ 9 mil millones, y que no dio a conocer dicha información a los accionistas antes de la votación de la operación.

De hecho, Lewis anunció la compra de Merrill Lynch el 15 de septiembre de 2008, el mismo día que Lehman Brothers se declaró en quiebra, precipitando la crisis financiera mundial.

En tanto, el antiguo director financiero de Bank of America, Joe Price, rechazó un acuerdo similar al de Lewis por lo que la fiscalía anunció su intención de presentar una moción que lo lleve a juicio.

Publicado en El Mercurio, 26 de marzo 2014