Jaime de Althaus
Para Lampadia

Solo estábamos esperando el momento en que se produjera, hasta que ocurrió:  el presidente Pedro Castillo acusó a los “monopolios” de ser los culpables del alza de precios. Era lo que hacía Maduro en Venezuela cuando le enrostraba a la “oligarquía” ser la causante de la inflación. A propósito del alza del precio del pan, del aceite, del pollo y de otros productos básicos, Castillo lanzó la siguiente admonición: “no vamos a permitir que por situaciones políticas, los monopolios hagan lo que quieran”.

Pero el propio Presidente indicó, sin quererlo, la causa del alza: esas “situaciones políticas”, que no son otra cosa que la incertidumbre e inestabilidad políticas generada por el gobierno bifronte Castillo-Cerrón, causa eficiente y directa del alza del dólar, que a su vez encarece los alimentos y otros productos que tienen componentes importados. 

Como si no supiéramos perfectamente eso, ya antes el primer ministro Guido Bellido había informado que al interior del Consejo de Ministros se había conformado una comisión para analizar el alza del dólar y el aumento de precios de algunos productos de primera necesidad, como el aceite, pollo, balón de gas, entre otros. Pero perdería su tiempo esa comisión mirando hacia afuera: tendría que mirar hacia adentro para encontrar la respuesta. Pedro Francke tuvo que aclarar luego que el Gobierno no evalúa establecer una política de control de precios.

Pero Francke no se escapa tampoco de estas falacias populistas. Ha promovido y aprobado la distribución de un bono de 350 soles para cerca de 14 millones de personas, a un costo superior a 5 mil millones de soles, precisamente para compensar el alza de los precios en los presupuestos familiares. Lo más sencillo sería suprimir la causa de esa alza, eliminando las condiciones que generan incertidumbre respecto del futuro político y económico del país. Eso costaría cero soles, y más bien generaría muchos ingresos.

Y la manera de eliminar o reducir la incertidumbre es rompiendo con Cerrón y ofreciéndole al país un gabinete moderado y capacitado. Antes de la presentación del gabinete al Congreso. De lo contrario seguiremos arrastrando esta espada de Damocles sobre el país que mantiene en la parálisis a todos los agentes económicos, destruyendo cualquier programa de recuperación.

Y empezaríamos a sospechar entonces que hemos ingresado a un modelo perverso por el cual se genera incertidumbre para distribuir bonos por medio de los cuales se conquista popularidad y se genera una base social clientelista, dependiente y agradecida, utilizable para otros fines. Generar inestabilidad para producir popularidad por medio de dádivas es el mecanismo propio de la dictadura venezolana. No se puede permitir.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La grave situación económica y social generada por la pandemia puede terminar generando una suerte de sinceramiento ideológico en las elecciones generales que se vienen. Porque es claro que la recuperación económica requerirá del mayor grado posible de libertad económica, que es condición, a su vez, para la mayor inclusión posible de los sectores populares en el mercado y la formalidad.

Por eso, no es de extrañar que, a diferencia de procesos electorales anteriores, ya hayan surgido varias precandidaturas que podemos considerar de derecha liberal (en lo económico), como las de Hernando de Soto y Fernando Cillóniz, por ejemplo, a las que quizá podríamos agregar la de George Forsyth -según informaciones que tenemos, muy preocupada por una reforma profunda del Estado-, aunque habría que esperar a conocer su propuesta. Tal vez también la de la propia Keiko Fujimori, que claramente se está reposicionando contra el populismo congresal reafirmándose en los principios del capítulo económico de la Constitución del 93. Así como las de Máximo San Román, el APRA si predomina la influencia de Roque Benavides, y la del PPC.

Es posible que estas candidaturas proclamen abiertamente la necesidad de eliminar trabas, requisitos y cargas regulatorias de todo orden que impiden la recuperación de los empleos y de los emprendimientos de todo tamaño, algo que en tiempos normales los candidatos no suelen predicar. Es que más que nunca dicho peso se hace insoportable. Y podrán explicar entonces como esos cambios tendrán un efecto redistributivo e inclusivo enorme, al incorporar a los peruanos a la ley, a la formalidad -y, por lo tanto, al crecimiento sin barreras-, y al eliminar ocasiones de corrupción y redistribuir privilegios legales. Más aun si eso viene acompañado de políticas de consolidación de la propiedad de los sectores populares, empoderamiento tecnológico y de reforma radical de los servicios públicos, particularmente los de Salud, para incluir a todos en atenciones de calidad.

Pero, por supuesto, existirá la oferta opuesta, que sin duda también se sincerará. Aquella que proclama que los problemas de la economía se deben al modelo económico “neoliberal” consagrado en la Constitución del 93 y al comportamiento abusivo de las grandes empresas y los monopolios. La solución ofrecida por estas candidaturas no será la eliminación de barreras al crecimiento y la generación de riqueza, sino la redistribución de la riqueza incrementado impuestos y eventualmente estatizando empresas y creando empresas públicas.  

Es posible, entonces, que este sinceramiento ideológico capture votos para estas posiciones en detrimento de las candidaturas que busquen posiciones más neutrales o de centro (en lo económico), que no afecten las estructuras legales y normativas excluyentes y tampoco la utilidad o la propiedad de capital.

Ese es el eje económico. Pero también está el eje político-social, donde habrá ofertas de orden y mano dura que pueden desembocar en procesos autoritarios, frente a propuestas institucionalizadoras, que reafirmen la necesidad de las reformas política, judicial, del Estado y de la formalidad.

Aquí también tendrá que haber propuestas claras y radicales en ambas direcciones. Sobre todo, en la línea de la institucionalización.

Se hablará más claro, entonces, en estas elecciones que, por la pandemia, obligan a decir las cosas por su nombre. Es que las grandes crisis obligan a producir grandes cambios para salir de ellas y reconstruir el camino al desarrollo. Lampadia

En el Perú se ha retomado el debate sobre una ley antimonopolio y control previo de fusiones que buscaría, en teoría, ser un mecanismo regulador de las concentraciones empresariales, proteger al consumidor y promover la competencia. Sorprendentemente (o quizás no), los medios que parecen estar más entusiastas con la eventualidad de su establecimiento son los más alejados de la economía de mercado, como el diario La República, y el promotor de la ley, Yonhy Lescano, autor de innumerables iniciativas populistas. Lo que no se comentan son los costos privados innecesarios que se generarían en trámites burocráticos y riesgos de corruptelas que podrían ir en contra de la eficiencia de los mercados.

Esta no es la primera vez que se propone una ley de este tipo. En el 2012, Gana Perú propuso una ley que obligaba a todas las operaciones en las que el comprador y el vendedor facturen desde 100,000 UIT y 10,000 UIT, respectivamente, a obtener una autorización de Indecopi. Es aleccionador que este proyecto de ley jamás llegara al Pleno del Congreso.

Ahora, la resucitada y mediática ley propone, en simple, regular (mediante un control previo) los procesos de fusión, adquisición o concentración empresarial cuando el grupo resultante tenga el 51% o más de la participación del mercado. El mencionado congresista de Acción Popular propone que “no se autoricen las fusiones, adquisiciones o concentraciones cuando se determine que dichos activos limitan severamente la competencia, o generan o pueden generar abusos de posición dominante”.

Además, el proyecto incluye “como disposición transitoria que todos los procesos producidos con anterioridad a la vigencia de la norma y que resulten comprendidos, deberán adecuarse en un plazo máximo de 60 días”. Esta estúpida disposición  abarcaría todas las compras y fusiones de empresas producidas en la historia del país que cumplan con las condiciones descritas líneas arriba. Esto sería anticonstitucional, empezando por que  la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida.

Según Lescano, su propuesta es un proyecto de ley de desarrollo constitucional, basado en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, y su objetivo es “obligar a través de esta ley la posición de una parte del congreso que dice: no señor, ahora se tiene que revisar a todas porque ellos han violado la Constitución del Estado” Sic. 

Esta retroactividad también apuntaría a revisar la fusión de Backus con Inbev, donde la firma resultante en el Perú concentrará el 99% del mercado de cervezas y producirá un 30% de la cerveza que se consume en todo el mundo, con presencia en más de ochenta países y una fuerza laboral conjunta de unas 225,000 personas.

Pues bien, cuando instauramos la economía de mercado, el Perú eligió un sistema muy eficiente para lograr los objetivos aducidos pr el proyecto en cuestión, basado en los siguientes cuatro elementos: economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc.

La Constitución del 93, que incluye estos elementos, ha permitido que el Perú pasara de ser prácticamente un ‘Estado Fallido’ en 1990 a una de las estrellas económicas en el mundo, que transformó nuestra economía, redujo la pobreza y la desigualdad, alentó el desarrollo de una importante clase media y la reducción de los precios de los bienes y servicios que se hicieron accesibles a la gran mayoría de la población. Pero, además, de alguna manera, por primera vez en nuestra historia, se desarrolló una institución económica muy importante: el mercado.

El propósito de una ley de fusiones es evitar la concentración de mercado y la creación monopolios, sin embargo, tampoco puede bloquear el crecimiento ni el avance del país. La teoría económica explica claramente los efectos de un mercado monopólico tanto en la producción cómo en los márgenes de las empresas monopólicas. Dentro de un mercado monopólico, si la demanda de un bien o servicio permanece relativamente estable (inelástica), y al no haber competencia ni sustitutos perfectos, la empresa tenderá a aumentar sus márgenes a pesar que ello implique menos demanda y producción ya que la ganancia en el margen por la totalidad de lo vendido superaría con creces la menor producción. El consumidor final tendría que pagar mayores precios de lo que lo haría en un mercado de competencia, y se tendería a tener menor oferta de estos bienes o servicios dentro de la economía, un fenómeno llamado  por los economistas “pérdida de eficiencia social”.

Fuente: www.2gb.com

Para evitar los daños de un mercados monopólicos, las economías de mercado necesitan contar con un conjunto de reglas que garanticen un funcionamiento balanceado de los mercados. Sin embargo, es importante explicar que existe una diferencia sustancial entre la prohibición de monopolios y el combate de abusos originados por posiciones dominantes . El primero va al hecho per se (el monopolio), el segundo al resultado o efecto del monopolio en la sociedad; lo cual permite la existencia de monopolios, evitando el abuso de la posición de dominio.

En el Perú ya existe una Ley de control de abuso de posición dominante (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), “que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones.”

Cuando se debatió la Constitución del 93, se descartó el modelo que ahora se vuelve a proponer, un modelo que requiere la intervención de la burocracia para determinar con antelación de los procesos económicos, si la unión de los unos con los otros es conveniente y si las posiciones dominantes son per se convenientes o inconvenientes.

Es importante resaltar que un requisito muy importante para que ese modelo sea exitoso es un nivel alto de institucionalidad, predictibilidad y moralidad en el sector público. Algo que nosotros adolecemos. El Perú cuenta con una gestión pública e instituciones deficientes, al igual que niveles muy altos de corrupción. Y, lamentablemente, además esta ley maneja conceptos tan amplios que se prestan a la manipulación política de la economía y a lobbies empresariales inconvenientes.

Ian Vásquez, en su reciente columna No a la ley antimonopolio, aborda está preocupación, explicando sus consecuencias en EEUU: “Bajo las leyes antimonopolio en EEUU a las empresas se las acusa de mantener precios muy altos o precios muy bajos. Se ha vuelto imposible predecir si una fusión se aprobará o una acusación de monopolio prevalecerá. Esto crea incertidumbre y un incentivo por parte de las empresas para hacer lobby en vez de enfocarse en su negocio. De hecho, las empresas menos exitosas y otros grupos de interés usan las leyes de fusión y antimonopolio para protegerse de la competencia. Quienes pierden en el mercado competitivo muchas veces ganan al apelar a la ley. El efecto es el de reducir la competencia y la innovación y prevenir que bajen los precios.”

Elmer Cuba (¿Control previo de fusiones?), por su lado, aconseja una mirada a los ejemplos en el exterior: “Las leyes antimonopolios (anti-trust law) han evolucionado en los últimos 100 año. En algunos países hay umbrales muy bajos y el control de fusiones ha devenido en un trámite más, no ha beneficiado ni a los consumidores ni a las firmas, se han perdido recursos públicos y solo han ganado los abogados y economistas. Si queremos tener una ley de este tipo en el país, debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países y las mejores prácticas internacionales.”

Además, cabe agregar que este proyecto de ley creará más barreras burocráticas, que van en contra de uno de los objetivos del actual gobierno: eliminar las barreras de acceso. Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’. Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

En lugar de experimentar con cambios apurados, mal enfocados, en un entorno institucional débil, lo que tenemos que hacer es reforzar los mecanismos actuales y vigilarlos. A los cuatro elementos importantes ya mencionados (economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc), se ha agregado ahora un quinto elemento, la dinámica (hasta exacerbada) de las redes sociales, que permite alertas tempranas de abusos y de comportamientos empresariales disfuncionales. Lampadia

Compartimos comunicado de ex Presidentes de la Cámara de Comercio del Cusco que ante los acontecimientos sucedidos en Arequipa levantan la voz como un paso para romper con el silencio cómplice que puede destruir nuestro futuro.  

Ni la VIOLENCIA, ni la CORRUPCION cambian la HISTORIA.  LA DESTRUYEN.

Dos flagelos azotan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra vida cotidiana: la violencia y la corrupción.

La violencia es para algunos un instrumento de acción política. Siguiendo la anacrónica consigna de que la “violencia es la partera de la historia” e impregnando en sus actos el odio de clases, destruyeron nuestro país en la década de los 80s en busca de una dictadura del proletariado que dejó más de setenta mil muertos  y una incipiente democracia debilitada e ineficiente. Hoy, los mismos de siempre, siguiendo los mismos manuales pero nuevas consignas internacionales, se camuflan aquí en el Perú en ropajes ambientalistas y atacan las actividades extractivas. Las legítimas preocupaciones de las poblaciones circundantes sirven de caldo de cultivo para la violencia, pero no son su verdadero propósito, sino los veríamos actuar frente a la depredación de la minería ilegal en la Selva Sur del Perú  o frente las indignantes formas de explotación laboral de las minas ilegales de la costa. De otro lado, las  debilidades de algunos proyectos de inversión privada o su falta de inteligencia social, sirven como excusa para “encender la pradera”,  siendo sin embargo esto último, el verdadero fin de la acción violentista que presenciamos.

En paralelo, nuestra sociedad se ve igualmente sacudida por la corrupción, que se ha convertido para muchos en un medio de acción. En lo político sirve para cooptar voluntades a favor de una opción partidaria, para pagar favores electorales y para lograr réditos que la acción política decente no otorga. En lo empresarial sirve para obtener acceso a concesiones, obras, licencias, monopolios o privilegios estatales o para lograr que la renuente y asfixiante institucionalidad pública avance. En general, sirve para torcer la voluntad de la ley, obtener réditos indebidos  y obtener ascenso social inmerecido.

Los acontecimientos recientes del Valle del Tambo en Arequipa, a raíz del proyecto Tía María, han servido para mostrar un hecho que era conocido y sonado pero no evidente ni probado:  la articulación entre estos flagelos. VIOLENCIA Y CORRUPCION se han unido para destruir el país, en el Valle del Tambo, en Andahuaylas, en Marcona o donde exista el caldo de cultivo necesario y la inversión privada o pública que sirva de excusa.

Quienes hemos estado en la vida pública del país a través de la defensa gremial empresarial en el Sur del País, siempre repudiamos a la violencia como instrumento de acción política y criticamos que las fuerzas políticas del país den cabida a quienes alientan  la agitación social. Siempre hemos creído que la protesta debía ser sustituida por la propuesta.  Creemos que la inversión genera la paz porque da empleo y genera desarrollo. Hemos advertido que el entusiasmo empresarial por el crecimiento económico de los últimos años no era suficiente sin institucionalidad e inteligencia social.

Por todo lo anterior, frente a esta grave conjunción de factores que destruirán la historia de nuestro país, expresamos nuestra voz.

CREEMOS que la historia no se construye con violencia, ni corrupción y debemos rechazar a las personas, organizaciones y partidos vinculados a estos flagelos.

CREEEMOS  que el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento y la inversión son los verdaderos instrumentos del cambio y progreso social.

CREEMOS que los peruanos de bien no tiran piedras, ni incendian  buses para expresarse. Quieren empleos, oportunidades para invertir, espacio para sus emprendimientos, mercados para sus productos y oportunidades para sus hijos

CREEMOS que algunas  personas, por intereses subalternos y consignas internacionales no tienen derecho de agitar las voluntades de nuestros conciudadanos para destruir el curso de la historia, menos si al hacerlo causan la muerte de policías o de ciudadanos inocentes.

ALZAMOS nuestra voz para reclamar, junto con muchos peruanos, alto a la VIOLENCIA y la CORRUPCION y, para que nuestra posición no sea un mero reclamo de moral pública:

EXIGIMOS a todas las fuerzas políticas del país que no recompensen en sus listas electorales a quienes estén vinculados de forma directa o indirecta en hechos de VIOLENCIA Y CORRUPCION, para contribuir de esta manera a que estos flagelos no tengan recompensa política en las elecciones próximas, como ha sucedido lamentablemente en la historia reciente del país.

Finalmente, EXIGIMOS a la autoridad pública nacional que actúe en el combate de estos flagelos de manera tangible:

Frente a la violencia y la infiltración de tintes subversivos, que cumpla su papel el Ministerio Publico y el Poder Judicial y que actúen las armas de inteligencia del Estado, las cuales deben dejar de perseguir empresarios, políticos y opositores del gobierno y buscar a los verdaderos enemigos del Perú.

Frente a corrupción, que otorgue todas las facilidades para la investigación del caso de corrupción más sonado del país (Belaunde Lossio), que involucra a la cúpula misma del gobierno y del partido de gobierno,  a fin de restaurar la institucionalidad y credibilidad en el país.

Los peruanos no podemos ver como se destruye nuestra historia. Debemos pasar a la acción y la primera medida es dejar el silencio, que en estas circunstancias resultaría cómplice u oportunista.

Cusco, 03 de junio de 2015

Fernando Ruiz Caro Villagarcía

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y ex Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Sur del Perú

Carlos Milla Vidal

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Fausto Salinas Lovón

Ex – Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Luis Samanez Argumedo

Ex – Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Gustavo Barberis Romero

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco y Ex Presidente de APEMIPE

Oscar Vargas Pacheco

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco

Fernando Lasanta Vidal

Ex Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco