La Carretera Central, es una de las vías de comunicación más importantes del Perú. No solo comunica toda la región central del país con la Capital de la República, el mercado interno más grande del país y, la más importante puerta de salida de nuestros productos al exterior; también es una carretera icónica por su diseño de ingeniería y su belleza escénica, que la convierte en un atractivo turístico en si misma.

Construida en 1924, como una obra extraordinaria de ingeniería, puede ser eficiente con un volumen de tránsito de 4 a 5,000 vehículos por día y para la circulación de camiones de 42 toneladas peso. Sin embargo, hoy está congestionada con el tránsito de más de 7,000 vehículos diarios y de camiones que transportan 5 a 6 millones de toneladas en vehículos del llamado ‘modelo Perú’, prohibido incluso en las autopistas de EEUU, donde el peso máximo es precisamente 42 toneladas por vehículo. En el  Perú, el MTC ha ido subiendo el peso máximo autorizado a 48 TM, y luego hasta 53 TM. Pero las mafias del transporte se las han ingeniado para sabotear las estaciones de pesaje (que no funcionan) y, hoy circulan con 60 TM por camión a una velocidad de 13 K/Hora (de subida y bajada).

La carretera no está colapsada, está saturada por las malas regulaciones que alientan el paso de camiones que debieran estar absolutamente prohibidos. Mientras tanto tenemos al Ferrocarril Central operando muy por debajo de su capacidad, al 20% (según su operador). Hoy día lleva solo 3 millones de toneladas anuales.

La Concesión

El contrato es parte de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Se trata de una red vial de 377 km en una de las carreteras más complejas del mundo por su ubicación, geografía, y altura sobre el nivel del mar.

En 2003, Proinversión la incorporó al proceso de Inversión Privada. En diciembre de 2008, se declaró de necesidad pública. En 2009 Proinversión convocó al concurso. En 2010 adjudicó la buena pro a Deviandes. En setiembre de 2010 se firmó el contrato. Desde 2013 debe administrar, operar, construir y mantener la infraestructura.

La empresa se comprometió a invertir US$126 millones, monto que no ha  ejecutado por diferencias con el MTC.

Las mejoras que debieron empezar en enero del 2015, tras una paralización de más de cuatro años, todavía no dan fuego. Esta es claramente una mala concesión, donde es casi imposible deslindar responsabilidades, por las múltiples trabas, demoras y desacuerdos. Mientras tanto, esta importante vía sigue sin operar adecuadamente. En el reciente evento climatológico se ha hecho evidente que el concesionario no tiene maquinaria pesada para actuar con efectividad. Además, según se ha denunciado, demoró 48 horas en reaccionar y todo fue agravado por Sutran que propició que siguieran entrando vehículos a la carretera.

Los Planteamientos

Todos los años se reiteran distintos planteamientos de solución, pero esto parece ser solo una de las grandes frustraciones con la ineficacia del Estado.

Los múltiples planteamientos de solución incluyen los siguientes temas:

1. Regular el transporte de camiones
2. Aprovechar el Ferrocarril Central
3. Ampliar la carretera a una autopista
4. Construir el túnel transandino
5. Habilitar rutas alternas efectivas
6. Ampliar el aeropuerto de Jauja

Sin embargo nada de esto ha sido hecho con seriedad: 

1. Se permite el tránsito de camiones que están prohibidos en las autopistas norteamericanas… Nadie toca el tema, especialmente los políticos, porque no quieren enfrentar al gremio de los camioneros o perder votos en las elecciones. Por ejemplo, PPK (uno de los candidatos más serios), escribió hace unos meses un artículo de una página en el diario Correo sobre esta carretera, hizo el diagnóstico, pero no mencionó el túnel transandino (para no perder votos ¿?).
2. Aprovechar el Ferrocarril Central, que sería la mejor solución, sigue sin dar frutos por las absurdas regulaciones generadas por la falta de gestión estatal y las presiones de las mafias de transporte.
3. Construir una autopista. Una propuesta absurda e irrealizable por la geografía de la vía y el innecesario y elevadísimo costo que representaría.
4. La construcción del túnel trasandino, que permitiría reducir de 12 a 6 horas el tiempo de viaje de carga y pasajeros entre Lima y Huancayo, según el Ministro de Transportes, José Gallardo, recién cuenta con el perfil correspondiente. Esta obra ha sido ninguneada por el MTC por muchos años. Recién Gallardo se ha abocado a avanzar con el proyecto y habrá que esperar por lo menos cuatro años para que empiece a operar.
5. Las rutas alternas. Por lo menos cuatro alternativas siguen esperando el sueño de los justos.
6. La ampliación del aeropuerto de Jauja. Obra que debiera haberse realizado hace años, fue saboteada por el anterior presidente regional, Vladimir Cerrón, que cuando todo estaba listo, salió con la idea de  construir otro aeropuerto en algún otro lugar.

Así es como cosechamos nuestras desgracias, simple y llanamente con desidia, incapacidad, intereses, corrupción y estupidez. Lampadia

Ayer publicamos un análisis sobre la importancia de que los reguladores financieros promuevan el desarrollo de la demanda para los servicios financieros digitales de y como esto llevaría una mayor inclusión social, en la medida que responda a las necesidades y capacidades de los pobladores. (Ver en Lampadia: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones). Ahora queremos revisar el lanzamiento de la primera billetera digital.

Con más de 40,000 agentes bancarios y 10.6 millones de tarjetas de débito (según un informe de Inclusión Social del BID), el Perú tiene un sector financiero formal relativamente bien desarrollado. Sin embargo, más del 70% de los peruanos están excluidos financieramente. Esto se debe a una gran variedad de razones, como los costos de transacción, el analfabetismo financiero y la falta de accesibilidad en zonas remotas.

Pero uno de las grandes ventajas del Perú para superar estas limitaciones, es el crecimiento acelerado del alcance de los servicios móviles. Los niveles de uso de teléfonos móviles en todo el país, más del 87% de los hogares (según el INEI), muestran el alto potencial para la inclusión financiera a través de la innovación de servicios financieros, en particular con el dinero móvil. 

Probablemente este sea el motivo o la inspiración del proyecto Modelo Perú (una colaboración entre las instituciones financieras, el gobierno y las empresas de telecomunicaciones). Este proyecto acaba de ser lanzado el martes. Se llama Bim (apócope de Billetera Móvil), la billetera móvil de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) que no requiere cuenta bancaria y busca sumar 3.5 millones de usuarios en cuatro años. La proyección, según explicó Carolina Trivelli Ávila, la responsable del sistema, es de contar con 5 millones de clientes en 5 años, lo cual contribuirá a incorporar ciudadanos al sistema financiero, que en la actualidad tiene entre 10 y 12 millones de excluidos. No queda claro que porcentaje de los clientes del sistema sería a personas no bancarizadas.

¿Cómo funciona? Abrir una BIM es fácil, sólo se necesita marcar el *838# desde el celular, llenar los datos del DNI y luego de unos simples pasos se tendrá el acceso al sistema. Para empezar a depositar y retirar dinero, sólo debes acercarse  a cualquiera de los 4 mil agentes corresponsales identificados como agentes BIM.  

Uno de los puntos más publicitados de este proyecto es que no está restringido a los bancos, más bien congrega a más de 30 emisores de dinero electrónico “en una plataforma tecnológica que permitirá la interoperabilidad entre emisores y entre empresas de telecomunicaciones, desarrollando un nuevo medio de pago de una manera más eficiente, rápida y segura” (afirma la página web de Bim).

Sin embargo, ese “beneficio” también trae consigo una falla muy importante: costos relativamente altos para los ciudadanos más pobres. Cada empresa asociada a este proyecto incluye un pequeño costo, el cual se ve reflejado en el costo final de cada transacción hecha. Esto es contraproducente con el fin del proyecto: la inclusión financiera. Dicho de otra manera, se busca aumentar la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco. Por lo visto el desarrollo planteado sigue los procesos financieros tradicionales en que los costos de los servicios son absorbidos por los clientes, en vez de promover, para el segmento de clientes más pobres, cadenas de valor de bienes y servicios que permitan compartir beneficios marginales con los clientes finales, tal como indicamos se está haciendo en África. (Ver: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones).

Con este esquema no se logrará la inclusión del segmento más necesitado. Mientras que afiliarse al sistema o recargar no tiene costo, sí habrá un costo cada vez que alguien envía o retira dinero. La persona que haga envíos de dinero pagará 0.50 soles por montos menores o iguales a 100 soles. Si el monto está entre 101 y 500 soles la operación cuesta 1.50 soles y transferir más de 500 soles costará dos soles. También se ha previsto un costo cuando se retira dinero en efectivo: Hasta 300 soles costará 1.50 soles y 2.50 soles para montos mayores. En tanto, las consultas de saldo no tienen costo. Ver tarifario:

Estos costos pueden no parecer altos, pero pueden llegar a sumar cargos onerosos en periodo el tiempo. Para una familia pobre, 50 céntimos significan 2 panes. Además, va en contra de la inclusión financiera, que busca la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco.

Como afirmamos en el artículo de ayer, según el Centro Internacional de Finanzas y Regulación (CIFR): “los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera mediante servicios financieros digitales podrían ser desperdiciados si es que no se llega a los consumidores en las condiciones adecuadas. Se afirma que el problema es particularmente apremiante en los mercados emergentes, justamente en dónde los servicios financieros digitales tienen el mayor potencial para mejorar la inclusión financiera.”

Lamentablemente, la mayoría de medios no se han percatado que estos costos son justamente la barrera que limitará la cantidad de usuarios de su billetera móvil. Y no son los únicos. Pronto saldrán al mercado dos competidores más: “Wanda” impulsado por Telefónica del Perú y asociado con MasterCard y “aPanda” del Grupo La República. Las 3 empresas ofrecen en esencia la misma idea, brindar al usuario una alternativa segura al dinero físico, que facilite los pagos y transferencias. Sin embargo, cada empresa tiene ciertos rasgos que las diferencian.

En el caso de Wanda, su principal debilidad se encuentra en su plataforma, la cual solo opera con usuarios del operador telefónico Movistar. Ello dificulta la conformación de un ecosistema natural de pago y transferencia, ya que existen usuarios que podrían tener celulares de empresas de otros operadores.

APanda, por su lado, tiene un costo variable para la transferencia de fondos de la billetera móvil. Cobrará una tarifa plana por cada envío de dinero, así sean 5 o 1,000 soles, pero Scotiabank ha optado por asumir el costo de las transacciones (Según La República). Esto cambiará eventualmente, ya que “se espera que con la reglamentación de la ley se apunte a regular los precios de uso de la infraestructura telefónica de manera justa, apuntando incluso a una ‘tarifa social’.”

Esperamos que estas empresas tomen algunas de las ideas matrices que hemos publicado y mejoren sus propuestas, una muy buena iniciativa, pero falta mejorarla para lograr efectivamente el objetivo final. Esto ya está implementando en otros lugares, como en el África, donde las dificultades para inclusión financiera son mucho mayores que en América Latina. Ya se están haciendo desarrollos muy importantes donde lo que buscan es crear cadenas de valor de bienes y servicios que permitan que los costos operativos de los servicios financieros no sean trasladados a las poblaciones pobres, sino mas bien absorbidos en dichas cadenas de valor.

Tampoco somos los únicos en América Latina. Paraguay fue el primer país de la región en lo que se refiere a una expansión de los servicios de dinero electrónico no bancario y un mayor acceso a la inclusión financiera digital. El veinte por ciento de la población de Paraguay está utilizando medios móviles para realizar sus operaciones y ahora hay más suscriptores de dinero electrónico para móviles que cuentas bancarias en el país.

Otros países de América Latina también están adaptándose rápidamente y creando leyes y regulaciones enfocadas a incrementar la inclusión financiera digital, como por ejemplo en Uruguay, Colombia y Bolivia. La reciente ley de inclusión financiera en Uruguay exige que en los próximos cuatro años todos los organismos de gobierno utilicen métodos de pago electrónico (una de las recomendaciones de EY en su informe “Building consumer demand for digital financial services – the new regulatory frontier”). Además, garantiza una mayor inclusión financiera, ya que la ley fuerza a que estos métodos de pagos electrónicos sean gratis para abrir una cuenta, no incluyan gastos de mantenimiento y no tengan requisitos de saldo mínimo.

En Lampadia celebramos la gran iniciativa inclusiva y tecnológica que se ha hecho, pero esperamos que tomen estas consideraciones para lograr una verdadera inclusión financiera, donde más se necesita. Lampadia

Ha pasado poco mas de un año desde que los dos primeros complejos hospitalarios de Latinoamérica gestionados bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP) (llamados el ‘Modelo Perú’) por ESSALUD fueran inaugurados y ya están generando muy buenos resultados en la prestación de salud en el Perú. Por lo pronto, los niveles de satisfacción que reconocen los pacientes que se atienden en estos centros sanitarios supera el 90%, algo difícil de imaginar en los hospitales nacionales y en muchas clínicas privadas.

Los complejos que se hallan funcionando desde el 30 de abril del 2014 son el hospital especializado Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo, junto con sus respectivos Policlínicos. Cada uno tiene asignada una población nominativa de asegurados de 250,000 personas y son operados por la empresa española IBT Group bajo la modalidad de “bata blanca”, que incluye toda la operación, desde la logística a los servicios médicos.

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.    

El proceso se inició el 2008, su desarrollo tomó 7 años. Ambos entraron en funcionamiento el 30 de abril de 2014. La inversión, hasta la puesta en marcha de los hospitales y policlínicos ha sido de US$ 29 millones por cada uno, íntegramente a cargo del concesionario.

Estos centros cuentan hoy día con más de 200 camas, 100 consultorios externos, 34 camas de observación en emergencia, tres salas de parto y siete salas de operaciones, todas ellas dotadas con equipamiento laparoscópico. El servicio de hemodiálisis de cada hospital tiene 17 puestos totalmente automatizados. Sus laboratorios para análisis de sangre son de los más modernos y rápidos del mundo y mantienen capacidades mayores a su demanda.

A pesar de las indudables ventajas del modelo, copiado por otros países, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud, al punto que en lugar de que se siga replicando el modelo, aún recibe críticas desde distintas instancias. Las APP, sin embargo, están demostrando que este es el camino a seguir en salud.

Esta colaboración entre el sector público y empresas privadas es sumamente beneficiosa, pues las privadas aportan experiencia, conocimientos, equipos y tecnología que permiten crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y ofrecer servicios de salud de alta calidad. Los servicios siguen siendo públicos, pero la gestión corresponde a una empresa privada. De esta forma los usuarios obtienen los beneficios y ventajas de una atención privada de primer nivel.

Conocido como el “modelo peruano”, el Internacional Finance Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, ha reconocido esta experiencia como una de las diez mejores APPs en mercados emergentes de América Latina y entre las 40 más importantes del mundo.

El siguiente esquema muestra como se distribuyen las responsabilidades del modelo: 

Propiedad Pública: El objeto de la concesión es un hospital público, construido en suelo público y perteneciente a la Red de hospitales y centros públicos de ESSALUD.

Financiación Pública: ESSALUD paga a la  empresa concesionaria, en este caso a las Sociedades Callao Salud y Villa María del Triunfo Salud (formadas por el consorcio que lidera IBT Group de España), una cantidad anual fija y preestablecida. En este caso “el pago per cápita anual es de 297.92 dólares y cubre todas las atenciones a la población asignada, sin importar la frecuencia y duración de las mismas.

Control Público: La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de estándares altos establecidos en el contrato y en el pliego de condiciones determinados por indicadores que miden la satisfacción de los asegurados, la calidad de los servicios y los resultados en salud. ESSALUD tiene total capacidad de control y de inspección, así como facultad sancionadora. Además, la Superintendencia Nacional de Salud, también verifica el cumplimiento de los estándares. Entre estos se incluyen por ejemplo, que solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. 

Prestación Privada: La prestación del servicio se adjudica durante un período de tiempo preestablecido (30 años), en el que el operador se compromete a la  buena  marcha y gestión del servicio público. Esto le permite a la empresa gestionar adecuadamente, contratar al personal médico más calificado, contar con los mejores equipos técnicos y la más alta tecnología.

Como vemos esta forma de operar permite que los intereses de la empresa se alineen con los de los usuarios. Pues dado que el monto por atención siempre es el mismo (US$ 297.92) , lo que perseguirá el gestor es tener una población cada día más sana y, por tanto, invertirá en prevención tal y como dicta la medicina moderna.

Otros evidentes beneficios son que el Estado no tiene que invertir en la construcción de hospitales, sino que paga por los servicios recién cuando estos empiezan a brindarse. Por otra parte traslada su gestión a la supervisión y no a la ejecución y administración de los centros de salud.

La experiencia dicta que rápidamente se mejora la eficiencia, calidad y acceso a servicios hospitalarios especializados, pues la tecnología que se emplea es mejor y porque los estándares establecidos son altos, mucho mejores que los que hoy logra ESSALUD que, por ejemplo, mantiene colas de espera para intervenciones quirúrgicas, que pueden superar un año.

Otro ventaja considerable es que se elimina la corrupción en la contratación y compra de medicinas y equipamiento. Además que estos se hacen más rápido debido a que no están sujetos al tortuoso procedimiento de contratación y compras públicas.

Al visitar estos hospitales se descubre lo bien edificados que están, que cuentan con la más alta tecnología médica y administrativa. Se ha implementado, por ejemplo, un sistema de Historias Clínicas Electrónicas que facilita la atención y registro de las enfermedades, con lo cual la calidad de atención mejora. Además, la transparencia esta asegurada, pues se puede acceder a ver como se vienen cumpliendo los estándares requeridos.

Finalmente, los usuarios y pacientes no se puede equivocar, por ello el índice de satisfacción, medido por agentes independientes, supera el 90%.

Como hemos explicado líneas arriba, la base del modelo es la asignación a cada hospital de una relación nominativa de asegurados, lo que permite una atención integral incluyendo un importante componente de prevención. Lamentablemente, ESSALUD, ‘sin querer queriendo’, ha empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada centro de salud y, por lo tanto, está debilitando el modelo, pues deteriora la capacidad de la labor de prevención. Algo que debiera ser corregido inmediatamente.

Este espectacular desarrollo no ha sido debidamente difundido por ESSALUD. Lo que es más, se debiera estar multiplicando el esquema. Ya es hora de que los peruanos apoyemos nuestros éxitos y que los multipliquemos. Lampadia