Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostener que las impresionantes protestas chilenas demuestran el fracaso del modelo económico mal apodado “neoliberal”, solo llevará, si se actúa en consecuencia y se cambia el modelo, a problemas económicos y sociales mucho más graves que los que ahora enfrenta la sociedad chilena. De lo que se trata es de identificar con precisión qué está fallando, y resolverlo.

Evidentemente no es el modelo económico como tal lo que ha fallado.

• Este fue una máquina potente de crecimiento y reducción de la pobreza, que ahora no pasa del 10%.
• En los últimos 15 años un 30% de la población salió de la indigencia para engrosar la clase media.[1] Y, según cifras de la CEPAL[2], eso vino acompañado no de un aumento de la desigualdad como se ha querido falsear, sino de su reducción.
• Y tampoco ha generado un sistema insolidario: por el contrario, ha producido el gasto social público más alto de América Latina como parte del PBI (16.1%).[3]   

¿Qué falló entonces? Aquí hay dos visiones. Una es la que sostienen los defensores de la economía de libre mercado como Axel Kaiser, el Instituto Libertad y Desarrollo y otros. Lo que dice en esencia es que el malestar social se debe a un estancamiento de los salarios como consecuencia de la ralentización de la economía ocasionada en parte por las reformas del gobierno de Bachelet, en un contexto –agregaría yo- de mayor endeudamiento y angustia de las familias de las clases medias emergentes.  

El portal Libre Mercado la resume así: “La libertad económica en Chile ha comenzado su descenso. El gasto público se expandió en 60%, desde 17% del PIB hace diez años a 27% del PIB en la actualidad. La tasa de impuestos a las empresas aumentó en otro 60%, de 17% a 27%. La reforma tributaria también eliminó de golpe el gran incentivo a la reinversión de las utilidades introducido por ex Ministro Hernán Büchi. Todo ello, junto a la expectativa de una mala reforma laboral, frenaron abruptamente la inversión y el crecimiento”.

Y agrega: “La erosión del modelo comenzó, entonces, cuando se cambió el foco moral de las políticas públicas y se priorizó disminuir la desigualdad en los ingresos, en perjuicio de reducir la pobreza. Está comprobado que intentar disminuir la desigualdad de rentas con altos impuestos y excesivas regulaciones estatales, destruye lo que Keynes llamaba los “animal spirits” de los emprendedores y deteriora la inversión, lo cual, inevitablemente, reduce el crecimiento y, por tanto, la posibilidad de derrotar la pobreza”.

El Instituto Libertad y Desarrollo[4], por su parte, señala lo siguiente: “El alza de $ 30 en el pasaje del Metro… fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento. De hecho, el alza no superó el 4% en hora punta y desde el inicio del Transantiago en el 2007, el salario mínimo ha subido más que el pasaje del Metro. Adicionalmente, aunque pocos lo saben, el Estado ya financia un 50% del costo que verdaderamente tiene el transporte público a través de un subsidio. Se mencionan también como causantes del malestar las alzas de las tarifas eléctricas y del agua, pero de nuevo, éstas no han experimentado reajustes mayores al del salario mínimo… Todo ello lleva a pensar que la generalizada sensación de agobio económico estaría relacionada con el hecho que los salarios no han aumentado a la par de las expectativas de la gran mayoría de la población. Esto es una consecuencia directa del insuficiente crecimiento de la economía en los últimos años”.

“Otro factor muy mencionado en las encuestas es el nivel de las pensiones, también el precio de los remedios y la deficiente atención en el sistema de salud… Lo paradojal de esta situación es que muchas de las propuestas que se escuchan como parte de un nuevo pacto social -congelación de tarifas, fijaciones de precios- pueden hacer un enorme daño a la capacidad de crecer de la economía chilena, que es nuestro principal problema hoy y repercute directamente en quienes tienen más necesidades… Recordemos las experiencias de Ecuador y Argentina con la congelación de tarifas y precios y la reacción de la población cuando por necesidades financieras, de caja y de solvencia, esos países tuvieron que aplicar tarifazos con alzas significativas. No va por ahí el camino”.

“Parece evidente, en cambio, que el Gobierno debiera insistir y concordar una reforma a las pensiones, que le permitiría hacerse cargo de una parte importante del problema que afecta a las familias chilenas… Debiera también, con la ayuda de la oposición, sacar adelante su ambiciosa agenda para disminuir el precio de los remedios y mejorar la atención de los sistemas de salud. Por último, en relación a este tema, los dolores que se manifiestan en la protesta no apuntan sólo a cuestiones materiales. Se trata de personas que piden igual dignidad en el trato, que se rebelan contra privilegios de la elite, incluyendo a los políticos en ese grupo. También hay que buscar fórmulas para responder a ese clamor”.[5]

La otra visión

La otra visión es una que ataca las bases mismas del modelo en el sentido que sostiene que las élites se las han arreglado para enriquecerse y pagar menos impuestos, afectando la base moral misma del sistema. Un artículo de Juan Andrés Guzmán en el portal CIPER[6] refiere varios trabajos de investigación en este sentido. Uno de ellos es el de la politóloga del London School of Economics Tasha Fairfield titulada “Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press).

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. “La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad”.

Ello no ocurrió en Chile. Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: la firme unión de la élite chilena en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos”.

Una investigación en 2011 del BID, de los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz titulada:  ¿Por qué no gravamos a los ricos?, apunta en el mismo sentido: las naciones con peor distribución de riqueza y donde menos impuestos pagan los más ricos tienen una élite sobre representada en sus parlamentos. Chile es uno de esos casos. Señalan que la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados”.

La politóloga Fairfield considera que en el FUT, “esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades, ‘los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto’”. El FUT, por lo demás, tiene una muy débil correlación con la inversión, y “los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa”. En un estudio que hizo con Michael Jorratt “menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Hasta aquí la revisión de esa segunda visión. Lo que cabe señalar es que el esquema colusorio descrito, de ser cierto, no afectó las tasas de crecimiento ni la reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad. Ni sería la causa del estancamiento de los últimos años.

De ser cierto, podríamos decir que el tipo de capitalismo de los ricos que prevalecería en Chile estaría llegando a su fin, pues es lo que en parte se está denunciando. El propio Andróniko Luksic ha sugerido que los ricos podrían pagar más impuestos. Pero si las reformas que se introducen se limitan a establecer un sistema tributario progresivo y no uno que desaliente la inversión, y se mejoran y modernizan los servicios sociales y de salud y el sistema de pensiones entre otras medidas, entonces el cambio habrá contribuido a perfeccionar y renovar un modelo de desarrollo que le permitió a Chile durante décadas un crecimiento acelerado con reducción dramática de la pobreza e incluso de la desigualdad.

Pero si el cambio consiste en introducir crecientes regulaciones económicas y subsidios sin sustento económico, afectando la capacidad misma de crecimiento de la economía, entonces más temprano que tarde Chile sucumbirá en la crisis económica y en la catástrofe social. Lampadia

Mas allá del riesgo “izquierdista”, un escenario “continuista” no tiene por qué causar alivio  

David Belaunde
Para Lampadia

En honor a nuestro flamante primer ministro, a quien parece interesarle el rubro, abriremos este artículo con una metáfora aeronáutica. Imaginémonos un jet volando a buena altura, pero ligeramente inclinado. El piloto acaba de expulsar al resto de la tripulación de la cabina y se ha encerrado solo. Algunos pasajeros temen que este quiera realizar una maniobra suicida y bajar en picada. Como pasan los minutos y eso no sucede, se calla a los alarmistas, y la mayoría de los pasajeros se despreocupa del tema. Es lo que se llama la falacia de las expectativas bajas: al no darse el peor escenario esperado, se pierde el sentido critico sobre cualquier otro desenlace posible.

Así, en las últimas semanas se ha dado un debate entre los que juran que Vizcarra nos va a llevar – coludido con la izquierda – a un régimen chavista o, por lo menos, evista, y los optimistas (aquellos vizcarristas “de centro”, digamos) persuadidos de que ese no es un riesgo real.

Los pesimistas consideran indicios tales como la actitud del presidente frente a Tía María, el nombramiento de Zeballos como premier, y el apoyo entusiasta de las bancadas izquierdistas.

Los optimistas, entre tanto, recalcan que nuestro “fáctico” premier nos ha asegurado que el modelo económico no va a cambiar, y que tenemos a una tecnócrata como nueva ministra de economía en vez de algún iluminado (aunque el hecho de que hayan escogido a alguien aun bastante joven puede dar a pie a suspicacias).

¿No hay entonces de qué preocuparse? Veamos:

En primer lugar, son varias las opciones posibles para minar el modelo económico en vigor. La más radical, que implica un cambio de política macroeconómica, parece poco probable a corto plazo. Pero una segunda opción afecta de pleno al ámbito microeconómico mediante el aumento de regulaciones. La probabilidad de que esta opción se dé sí es mayor. Y, generalmente, los estragos que ocasionan tales políticas luego generan la necesidad de alterar la política macroeconómica, aunque esa no haya sido la intención inicial.

Pero, sobre todo, en relación con los aspectos microeconómicos, el mantenimiento del statu quo ni siquiera es deseable. Como el avión en nuestra metáfora de partida, el país viene ya con una mala trayectoria en ese sentido: de una economía dinámica hacia finales de los 90s a la actual, que padece de excesivas regulaciones, una mano de obra relativamente cara y poco flexible, trabas a la inversión, falta de previsibilidad normativa, excesiva burocracia. NO cambiar de rumbo es condenar el país al fracaso. 

Además, el modelo económico ni siquiera es lo que importa más, puesto que las medidas en el ámbito sociocultural pueden tener un impacto aun mayor sobre la vida de las personas. Desde ese punto de vista también vamos muy mal orientados, con la proliferación, sobre todo en los últimos 3 años, de leyes liberticidas.

Ahora bien, aunque entendemos en principio cómo funciona la falacia de las expectativas bajas, cuesta creer que tantas personas, incluso preparadas, caigan tan fácilmente en ella. Y es que aquí interviene otra falacia común: la del chivo expiatorio.

Esto lo vemos en las declaraciones del propio Vizcarra, según el cual, parafraseando, el fujimorismo impedía el desarrollo. ¿De verdad? ¿La disolución del Congreso eliminará acaso la corrupción endémica en el país? ¿Existe acaso un gran plan, un paquete de medidas salvadoras, que acelerarán el crecimiento, y cuya ejecución los fujimoristas hubieran impedido?

Como decía Rene Girard, y como se ha visto de manera repetida en la historia, toda sociedad que no llega a resolver sus propias contradicciones decide designar y sacrificar a una persona o un grupo – generalmente el que tiene menos apoyo – viendo esta medida como un acto salvador. La tensión disminuye, y vuelve el optimismo. Ahora sí, piensan, nos va a ir bien. El pueblo no tiene la más mínima idea de qué medidas precisas se necesitan ni si el gobierno las tiene. Pero no hay de qué preocuparse, puesto que hemos realizado el sacrificio ritual, y ahora los dioses nos van a ser favorables.

Pues más lo vale, ya que hoy por hoy vamos por mal camino. Volviendo a nuestro metafórico avión, muchos pasajeros celebran, pero el suelo cada vez está más cerca. Lampadia

Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.

Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:

A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.

Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.

La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.

En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.

Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.

Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza – Lo que necesitamos es más Minería.

Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.

Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.

El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En los últimos días se ha desencadenado un enfrentamiento político a gran escala entre el presidente Martin Vizcarra y las bancadas congresales que le son hostiles en el parlamento. Este enfrentamiento se ha manifestado a través de la petición de una Moción de Confianza por parte del Ejecutivo que, en una eventual negación, podría derivar en la disolución del congreso.

Gran parte del análisis coyuntural ha sido dedicado respecto a la idoneidad legal de la Moción de Confianza presentada por el presidente y si los términos de la misma son o no constitucionales. Asimismo, el otro foco de atención se concentra en la caracterización ética de los actores involucrados. Se discute vehementemente sobre los atributos éticos de Martin Vizcarra, Salvador del Solar y las bancadas de Fuerza Popular y del APRA.

En este artículo planteamos analizar algo distinto: la relación entre la Moción de Confianza, las Reformas Políticas planteadas y la solidez del modelo económico.

Las dinámicas de desarrollo de un país derivan, en gran medida, del tipo de modelo económico que este logre sostener a lo largo de décadas, siendo el marco institucional y las instituciones quienes restringen el rango de variaciones que los ciclos políticos puedan generarle a dicho modelo a lo largo del tiempo. Es por ello que situaciones excepcionales como la actual coyuntura política abren potenciales ventanas de oportunidad para cambios y alteraciones al modelo económico. A continuación, desarrollaremos esta idea.

Moción de Confianza y el Modelo.

De acuerdo a una encuesta de Mayo del IEP, un 70% de la población aprueba un eventual cierre del congreso. El profundo desprestigio del parlamento hace que la bandera “Cierren el Congreso”, que es sobretodo impulsada por la izquierda, cobre popularidad. El uso de la herramienta de la Moción de Confianza por parte del Ejecutivo requiere de una polarización política contra el parlamento para que maximice su efectividad. La izquierda es el sector político que de manera más orgánica impulsa el cierre del congreso. La polarización contra el congreso genera una coyuntura en la que la izquierda se posiciona del lado de una demanda requerida por un amplio segmento de la población.

Existen dos grandes interpretaciones que pueden extenderse entre la población como resultado de la crisis política actual desencadenada por el caso Lavajato. La población puede interpretar la actual crisis un problema: sistémico o de liderazgo. En caso sea entendido como un problema sistémico, la solución eventual ha de ser igualmente sistémica.

Las fuerzas de izquierda, tratan de desplegar la primera interpretación, con la intención de promover cambios estructurales que se resumen muy bien en frases como “Contra la corrupción Nueva Constitución”, que deja clara la idea de que el actual sistema político es intrínsecamente corrupto. De ahí que las reformas de Vizcarra arrebatan a la izquierda parte de sus banderas de lucha. Con ello, en cierta manera, se reduce el potencial atractivo de la izquierda como único impulsor de reformas para la lucha contra la corrupción.

No obstante, si se rechaza la moción de confianza, la bandera de “Nueva Constitución” como herramienta anticorrupción de la izquierda cobrará un atractivo mayor al considerarla el único camino para reformas políticas. En general, tanto si se aprueba la reforma como si se rechaza, la bandera de “Nueva Constitución” cobra relevancia por su sola discusión y se apalanca de la crisis política para ser la propuesta de solución que tiene la izquierda para los otros problemas que cree intrínsecos al modelo económico: la desigualdad, el control de los medios de producción, la propiedad de los recursos naturales, etc.

Por otro lado, de aceptarse la constitucionalidad de la Moción de Confianza, tal como esta ha sido presentada por el Ejecutivo, se consolidaría un importante precedente. El cual no sería otro que el uso de la Moción de Confianza como mecanismo de modificación constitucional y el consiguiente empoderamiento de la Presidencia como agente constituyente. Lo anterior, haría más fácil futuras modificaciones constitucionales mediante iniciativa presidencial. Así, este mecanismo podría ser utilizado posteriormente para desencadenar, por ejemplo, cambios en el capítulo económico de la constitución por parte de un presidente hostil al sistema de economía de mercado.

Reformas Planteadas y el Modelo.

Entre las reformas planteadas se encuentra la reforma que establece la paridad y alternancia de género en las listas electorales, las cuales serían listas cerradas. De darse esto se incrementaría de manera dramática la participación femenina hasta un valor muy cercano al 50%. Existen diversos estudios estadísticos que muestran que una mayor participación femenina en el congreso incentivaría políticas publicas más afines a la mujer y la infancia. En la izquierda se elevaría la importancia ideológica de la agenda de género la cual es muy relevante entre las mujeres de ese sector político. Los recursos políticos (como espacio en medios y movilizaciones sociales) destinados a impulsar temas de género estarán menos disponibles para impulsar el programa económico de la izquierda.  

Los estudios estadísticos revisados indican que aun cuando puedan existir efectos sobre la composición de gasto, son inciertos los efectos sobre el gasto agregado, por lo que no existe una clara relación entre mayor participación femenina en el congreso y mayor gasto publico.

Las campañas electorales serían más largas producto de las elecciones internas simultáneas y obligatorias que se platean en la Reforma, ello porque las elecciones internas se darían en octubre del 2020. Ello reduce el potencial político de potenciales outsiders al dar más tiempo a las elites políticas y económicas para responder de manera hostil a su surgimiento.  Estas primarias generaran también la necesidad de recursos, por parte de los candidatos a lo largo de un periodo más prolongado. Al menos en el corto plazo para las elecciones de 2021, esto beneficia a los partidos políticos ya consolidados (con inscripciones válidas) y a aquellos con acceso a fuentes de financiamiento público o privado (legal o ilegal).

La ilegalización de aportes de campaña no declarados favorece a quienes dispongan de mecanismos no partidarios de asignar recursos al proceso político. En el mediano plazo uno de estos mecanismos serían las ONG. Esto favorece en la actualidad a la izquierda la cual dispone de un tejido de ONGs con capacidad de incidencia ideológica más denso que el de la derecha.

En Conclusión.

Hay motivos para afirmar el uso de la Moción de Confianza para sacar adelante proyectos de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo, genera condiciones políticas e institucionales que facilitarían a los adversarios al modelo económico avanzar su agenda ideológica en caso obtengan la Presidencia. Respecto a las reformas planteadas los efectos sobre la sostenibilidad del modelo son mixtos y dependientes de las características de cada una de estas reformas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos 50 años la corrupción en el Perú ha cambiado varias veces de naturaleza y de intensidad. Pero la que tenemos ahora, como veremos, es la más grave y peligrosa de todas.

1. Durante el gobierno militar de los 70 y de manera mucho más aguda durante el primer gobierno de Alan García, donde fue casi una política de Estado, la corrupción fue un subproducto, bien instrumentado, del modelo económico estatista e intervencionista. En efecto, en una economía llena de permisos, licencias, aranceles, distintos tipos de cambio (dólar MUC), precios controlados y subsidios, había que pagar a los funcionarios encargados de administrar esos controles para poder funcionar, para poder producir o importar, para poder vender a un precio razonable o para obtener el mejor tipo de cambio o la protección arancelaria o el subsidio o alguna otra de las diversas ventajas que el modelo ofrecía o para generar una ventaja propia. Las empresas estatales, por su parte, eran nidos de corrupción con la subasta al mejor postor de coimas para los contratos que se ofrecían. Para no hablar de la obra pública.
2. Ese tipo de corrupción, derivada del modelo económico, prácticamente desapareció en los 90 con el reemplazo de ese modelo económico por uno basado, en términos generales, en la libertad económica, en el que ya no había protecciones ni subsidios ni controles de precios ni licencias para importar y donde la capacidad de gestión empresarial se trasladaba de los pasillos de los ministerios a la competencia con los otros empresarios en el mercado. Sin embargo, paulatinamente fue gestándose otro tipo de corrupción, derivada no del modelo económico sino del modelo político, en la medida en que el gobierno de Alberto Fujimori fue concentrando cada vez más poder al punto de someter a las instituciones democráticas y finalmente comprar parte de la prensa escrita y la totalidad de la televisión de señal abierta. El control político de las instituciones brindó la cobertura perfecta para vender decisiones importantes, robar en las voluminosas compras de armamento y en el manejo de los fondos de inteligencia, y usar el Poder Judicial como un arma extorsiva contra algunos empresarios. Fue un tipo de corrupción más focalizado, pero más perverso, consecuencia e instrumento a la vez del intento de perpetuación en el poder.
3. En los años 2000 no teníamos ya ni la corrupción derivada del modelo económico intervencionista ni aquella derivada del modelo político autoritario, pero fuimos pasando a un tipo de corrupción muy peligrosa derivada del relajamiento excesivo de Estado que ha comprometido la ya débil vigencia del imperio de la ley en el país. Se trataba de pasar del personalismo presidencial de Fujimori al gobierno de las instituciones, pero terminamos pasando de un extremo al otro: de un modelo político autoritario a uno anárquico, generado por la defección y la incompetencia de los partidos encargados de la restauración democrática, partidos que conformaron el sector al que se ha dado en llamar, en un abuso ontológico del término, “republicano”.

Se restableció, entonces, la división de poderes y la independencia judicial, pero los partidos políticos no fueron capaces de llevar adelante una reforma política que pudiera reconstruir el sistema de partidos ni llevar adelante una reforma del sistema judicial y la policía que permitiera impulsar el imperio de la ley desde las instituciones, no desde un liderazgo autocrático. Se creó una comisión para diseñar un plan de reforma judicial –el CERAJUS- pero el prurito del respeto a la autonomía y auto gobierno de las instituciones hizo que tanto el Congreso como el Ejecutivo perdieran todo impulso y voluntad apenas el Poder Judicial expresó su rechazo a la reforma medular la que la Comisión planteaba: una Corte Suprema pequeña dedicada solo a revisar casos especiales para formular jurisprudencia vinculante a partir de ellos. Las fuerzas armadas y la policía, de otro lado, acaso por haber sido instrumento de poder del gobierno de Fujimori, perdieron prioridad e interés, pese a tratarse de instituciones fundamentales para el imperio de la ley.

En lo relativo al Poder Ejecutivo, la reacción frente a la concentración autocrática del poder en los 90 fue dar paso a una descentralización del poder que buscaba que el desarrollo no estuviese en manos del providencialismo presidencial sino de instituciones autónomas, los gobiernos locales y regionales. Todas las funciones transferibles fueron transferidas aceleradamente sin capacitación y sin establecer mecanismos de rectoría, control, monitoreo e intervención en caso de falencia aguda del servicio. Los gobiernos sub-nacionales pasaron de ejecutar alrededor del 5% de la inversión pública a ejecutar alrededor del 60%, y en una época en la que la economía crecía aceleradamente y con ella los ingresos del Tesoro. Muchos de ellos se convirtieron, entonces, en apetitosos botines presupuestales para candidatos y alcaldes que respondían cada vez menos a partidos políticos nacionales y cada vez más a movimientos regionales o locales frecuentemente organizados precisamente para asaltar el poder local.

Se multiplicaron entonces las mafias de proveedores, de extorsionadores de obras públicas y de usurpación de terrenos ajenos. Para no hablar del narcotráfico y la minería ilegal. Los usurpadores necesitaban del alcalde y de fiscales y jueces para convalidar legalmente sus invasiones. Así fue como las redes de compadrazgo de un sistema judicial que nunca fue modernizado, se empezaron intersectar con las redes criminales externas. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, informa que hay alrededor de 14 Cortes Superiores infiltradas por organizaciones criminales.

Son innumerables los casos de gobiernos regionales y municipalidades tomados por organizaciones criminales, desde el alcalde hasta el último funcionario. El caso de la municipalidad de La Victoria ha sido notorio.

Lo que tenemos ahora, entonces, es un sistema de corrupción basado en la expansión de las mafias, del crimen organizado, en partes importantes del territorio nacional. Estas mafias han capturado directamente instituciones o han cooptado redes internas de gobiernos sub-nacionales, de la Policía, del Ministerio Público, de las Cortes Superiores y de otros organismos del Estado.

Lo que esto significa es que hay amplias zonas del país donde no impera la ley sino la ley de la selva. Es un tipo de corrupción mucho más preocupante que los anteriores porque es imposible que desaparezca de un día para otro como cuando cambiamos el modelo económico o derrocamos a un régimen autoritario. Este tipo de corrupción está arraigado, en el Estado, en redes de relaciones personales antes que meritocráticas, y ha organizado el funcionamiento mismo de la sociedad y de las instituciones por medio de lealtades basadas en sobornos o en amenazas.

Además, sobre todo en las regiones, las mafias también han cooptado diversos medios de comunicación o programas específicos que las protegen o presentan disfrazadas de benefactores.

Entonces no hay bala de plata para eliminar o reducir el impacto de este tipo de corrupción. La única manera de hacerlo es mediante un conjunto de acciones que ataquen simultáneamente todos los flancos de ese fenómeno de manera sostenida a lo largo del tiempo y con gran impulso político. 

Nosotros ya hemos indicado en otros artículos cuáles serían esas acciones (ver en Lampadia: Para acabar con el ordenamiento mafioso del país). Aquí un breve resumen:

1. Reforma política, para reconstruir un sistema de partidos, mejores canales de representación, y afianzar la gobernabilidad.
2. Reforma radical del sistema judicial y de la policía, para pasar de sistemas neo-patrimonialistas de redes personales a sistemas meritocráticos:
   1. Reforma del CNM
   2. Reforma de la Corte Suprema
   3. Limpieza de las Cortes Superiores
   4. Evaluación del desempeño de jueces y fiscales
   5. Expediente digital
3. Mantener el ritmo de los mega-operativos para desarticular las organizaciones criminales. Derogar el artículo 454 del Código Procesal Penal para dejar de blindar a jueces y fiscales.
4. Reforma del Estado:
   1. Meritocracia a todo nivel y gestión por resultados. Aplicación de la ley de Servicio Civil.
   2. Simplificación administrativa, desregulación y digitalización total. 
   3. Reducir dependencias inútiles o contraproducentes y destinar ese dinero al sistema judicial
5. Reforma de la descentralización, para recuperar capacidad central de monitoreo y control y profesionalizar las administraciones sub-nacionales.

Convendría, adicionalmente, eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones sub-nacionales, al mismo tiempo que incrementamos la financiación pública a los partidos políticos de modo que puedan establecer mejores filtros para seleccionar a sus candidatos y capacitarlos mejor. Por supuesto, a mayor financiamiento público, mayor fiscalización por parte de la ONPE.

Necesitamos tomar conciencia de que el enemigo que estamos enfrentando no es solo la corrupción. Es el crimen organizado, las mafias, que pueden terminar controlando buena parte del Estado y del territorio nacional si no aplicamos una estrategia seria, persistente y completa para derrotarlo. De lo contrario volveremos a fracasar, pero esta vez habremos perdido al país. Lampadia

A pesar de los múltiples ejemplos de realidades exitosas sobre países que han sabido transformar su gran riqueza de recursos naturales en bienestar, se sigue hablando de la maldición de los recursos naturales para justificar las supuestas debilidades de nuestro “modelo primario exportador”, el cual nos llevaría eventualmente a una gran crisis.

Y si bien no todos los que impiden el desarrollo de nuestros recursos naturales, ya sea por acción o por omisión, recurren al argumento de la maldición, de facto han inhibido, por ejemplo, el tan necesitado desarrollo ambicioso de muchos proyectos mineros. Esto ha llegado a tal punto, que hace ya más de un lustro, nuestras autoridades, en Lima y en las regiones, muestran hacia la minería un rechazo visceral, una distancia desinformada para protegerse de las monsergas mediáticas, o una abierta e irresponsable cobardía.

La verdad es que, gracias a la minería, el Perú impulsó su economía desde la condición de un ‘Estado Fallido’, donde nadie invertía, hasta un estadío de prosperidad que estúpidamente se interrumpió el 2011. Redujimos la pobreza en más del 50%, desde 1990, multiplicamos el PBI (US$ PPP) en 6.9 veces, disminuimos la desigualdad y la desnutrición crónica. Sin embargo, muchos todavía no entienden  los beneficios que nos pueden brindar nuestros recursos naturales.

Por eso, queremos aprovechar un ejemplo que ha salido recientemente en los cines para llegar a la conciencia de nuestras autoridades:

Una película que fue estrenada hace poco tiempo, titulada “The Black Panther” (adaptada de un cómic de Marvel), se sitúa en el país ficticio de Wakanda, rico en un mineral (también ficticio) llamado ‘vibranium’, ofrece lecciones sobre cómo los países pueden transformar los depósitos de energía y minerales en beneficios duraderos. Quizás lo más importante es que la película resalta que no es verdad la llamada “maldición de los recursos” y que, en realidad, sí se pueden resolver los problemas de pobreza, conflictos y corrupción en las naciones ricas en recursos naturales.

A pesar de su naturaleza ficticia, Wakanda comparte similitudes clave con muchos países; y los políticos pueden extraer lecciones de la buena gobernanza de los recursos y la integración económica. En particular, Wakanda ha sabido utilizar su recurso para mejorar la tecnología y el desarrollo económico de su gente. Además, el enfoque de Wakanda es utilizar el vibranium para crear beneficios ampliamente distribuidos para la sociedad.

Este país ficticio comparte muchas similitudes con Noruega, por ejemplo, que es rica en petróleo, y ha sido elogiada por su gestión de los recursos naturales que ha potenciado y hecho sostenible con la creación de un inmenso fondo soberano de riqueza. Noruega gasta alrededor del 4 % del fondo en proyectos públicos. En los comics, el país destina una parte generosa de los ingresos de vibranium para crear una red de seguridad social.

Otro ejemplo con el cual se le suele comparar a Wakanda es Botswana, uno de los países africanos que es una historia de éxito, siendo uno de los mayores productores de diamantes del mundo. La nación ha buscado la diversificación económica y ha desarrollado políticas fiscales sólidas para regular la riqueza del diamante y el gasto gubernamental. Botswana también invirtió los ingresos de los diamantes para las generaciones futuras utilizando un fondo de riqueza soberano llamado Pula Fund. Está allanando el camino para que sus jóvenes se eduquen y empoderen y que su sociedad prospere.

Aislacionismo

Otro punto interesante de analizar en el Universo Marvel, es que el vibranium es clave para ayudar a Wakanda a esconderse del resto del mundo y evitar la apropiación del valioso recurso. Debido a su autoaislamiento, Wakanda parece tener un modelo económico donde no intercambia sus recursos naturales con el resto del mundo: vive en la autarquía e invierte fuertemente en tecnología. Justamente uno de los puntos clave de la película se centra en que el nuevo Principe de Wakanda cree que los recursos de vibranium no deben mantenerse ocultos en Wakanda; más bien deberían usarse para liberar a la gran cantidad de personas de ascendencia africana que viven en condiciones de pobreza y opresión en todo el mundo, además de utilizar los recursos de Wakanda para ayudar a las naciones extranjeras al intercambio de conocimientos tecnológicos que ellos han adquirido.

La inversión masiva de Wakanda en tecnología le da al país de ficción una clara ventaja comparativa, lo que, a su vez, hace que los beneficios potenciales del comercio internacional sean bastante altos. La alta calidad de su gobierno sugiere que Wakanda también podría gestionar los ingresos esperados del comercio para las generaciones actuales y futuras de Wakandans. Además, si el Vibranium puede desempeñar el mismo rol que tuvo la máquina de vapor durante la Revolución Industrial del siglo XIX, Wakanda podría ser el catalizador para un aumento en el comercio mundial; ya que transportar los productos utilizando motores superpotentes y tecnológicamente avanzados reduciría drásticamente los costos y facilitaría el movimiento de mercancías.

El país ficticio de Wakanda proporciona una imagen de la prosperidad y avance tecnológico, que podrían disfrutar los países ricos en recursos naturales que saben aprovecharlos y gestionarlos adecuadamente. Además, la inversión en educación y salud, el desarrollo tecnológico y el aumento en el comercio mundial serían un beneficio que si bien, no se vio con amplitud en la película, sí podemos lograr en nuestro mundo real.

El Perú no vio la película

Es evidente que, en Perú, nuestras autoridades y buena parte de los medios, no vieron la película.

• Después de la experiencia de la interrupción del crecimiento de la economía producido en gran medida por el sabotaje de la inversión minera, demostrado en dos casos icónicos, Conga y Tía María.
• Después de haber pasado de un Estado en donde se incrementaban las reservas y el ahorro fiscal, a sufrir un déficit fiscal de 3.5%, sin miras de superarse en el mediano plazo.
• Después de regresar, como antes de los años 90, a la sensación de escasez y pérdida de sensación de futuro.
• Después de comprobar que el mayor saboteador de la inversión minera, el ahora congresista Marco Arana, expulsado de la Iglesia Católica (caserito de los medios -dizque- serios), no es consecuente con los derechos y necesidades de los pueblos, pues más movido por la ideología y la política, sigue defendiendo al oprobioso régimen chavista controlado por el ‘Eje-Cuba-Venezuela’, que está matando a su población. Después de una excelente campaña de comunicación sobre el proyecto de Tía María en Arequipa.

Nuestras autoridades son incapaces de asumir un liderazgo que ilumine el sentido común de nuestra población, con comunicaciones sinceras y claras, que permitan que apoyen el desarrollo de las inversiones.

Por un lado, el gobernador de Arequipa, la señorita Yamila Osorio, sigue en una suerte de limbo incapacitante, y por otra, el Primer Ministro, Cesar Villanueva declara: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Declaraciones con las que solo ha empoderado a las minorías de oportunistas y agentes políticos para impedir la inversión. ¿O alguien se imagina, que el diario La República destaque la declaración del premier en su portada de hoy con un propósito distinto de alertar a oportunistas y agentes anti-inversión?

¡Todos al cine (sin llevar canchita)! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El correista Lenin Moreno ganó las elecciones en Ecuador pese a la recesión económica que agobia a los ecuatorianos desde agosto del 2015 y a las acusaciones de corrupción gubernamental, quizá por el temor que la propaganda oficialista logró infundir a un supuesto ajuste “neoliberal” que el candidato banquero Guillermo Lasso ejecutaría, poniendo en peligro las redes de distribución clientelista que el gobierno de Correa había organizado eficientemente, y también por una obra en infraestructura y mejora en algunos servicios estatales que fue lo mejor que el boom de los precios del petróleo dejó a Ecuador.

Porque el problema es que, fuera de los avances en infraestructura y servicios sociales, la política económica de la “Revolución Ciudadana” desperdició el explosivo boom del petróleo y terminó engendrando unos desequilibrios que pueden desembocar en una crisis mayor y verdaderamente implosiva si no se realizan un ajuste -que sin duda será doloroso- y un cambio de modelo que permita reactivar la inversión privada.

La  economía ecuatoriana empezó a desacelerarse dos años después que la peruana, porque el precio del petróleo comenzó a declinar dos años después que los minerales, pero ya el 2015 se estancó (0.2% de crecimiento) y hasta el tercer trimestre del 2016 se había contraído en -2.6%. Y el problema es que Correa basó el crecimiento de la economía, que siempre fue inferior al crecimiento de la peruana, en un incremento enorme del gasto público, dejando al país con un déficit fiscal muy abultado y casi sin capacidad de endeudamiento, y con un dólar apreciado que tampoco ayuda a las exportaciones. La economía ecuatoriana está atrapada.

Ecuador tiene al dólar como moneda. Durante toda la etapa del boom de commodities, el dólar en Ecuador ganó competitividad frente al Sol peruano o al Peso colombiano y chileno en la misma medida en que estas monedas se apreciaron frente al dólar. Pero Ecuador no aprovechó esa circunstancia para penetrar mercados externos. En lugar de abrir francamente su economía y firmar tratados de libre comercio con otros países, optó por cerrarse relativamente para llevar adelante una suerte de industrialización por sustitución de importaciones y diversificación productiva que llamó el “cambio de la matriz productiva”. En lugar de instaurar un esquema económico que aprovechara el tipo de cambio favorable para fomentar la inversión orientada al mercado externo, bajando aranceles y formando TLCs,  no se les ocurrió mejor idea que buscar el desarrollo de industrias para el mercado interno. Por supuesto, eso no funcionó. Y a la hora que cayó el precio del petróleo, no hubo exportaciones no tradicionales que tomaran la posta ni que ayudaran a mantener un mínimo nivel de actividad económica.

Pues, además, en lugar liberalizar la economía para fomentar la inversión privada, la Revolución Ciudadana centró el estímulo a la demanda interna no en la inversión privada sino en el incremento exorbitante del gasto público, que pasó de un 26% del PBI en el 2006 a un 44% del PBI en los años 2013-2014. Lo positivo fue que buena parte de ese incremento fue inversión pública, que pasó del 4.2% del PBI en 2006 a 14.7% en 2014[1], pero no hubo un incremento correspondiente de la inversión privada. Esta más bien redujo su participación en el PBI, bajando del 16% al 12.4% en esos mismos años.[2] Mientras que en Chile, Colombia y Perú, la inversión pública no pasa del 20% de la inversión total, en Ecuador se acerca al 50% (ver el siguiente gráfico elaborado por de la Torre e Hidalgo). Este simple dato revela la profunda diferencia en modelos económicos.[3]

Ese gasto público tan alto se financió con el incremento de los ingresos petroleros del sector público y de los impuestos. Los primeros llegaron a representar el 10.8% del PBI el 2014 (para descender a un 6.3% el 2015), mientras  en 2012, 2013 y 2014 la recaudación tributaria llegó a alcanzar el 14% del PIB, frente a 10% en los primeros años del boom. La diferencia se financiaba de diversas formas pero sobre todo mediante endeudamiento externo, que pasó de un 15% a un 40% del PBI entre 2010 y 2016, sin contar las ventas anticipadas de petróleo a la China por montos superiores a los 10 mil millones de dólares en los últimos años y el crédito del Banco Central Ecuatoriano al gobierno, cuyo monto acumulado alcanzó los 5,300 millones de dólares en marzo del 2017.[4] La consultora Quantum calcula que a febrero de 2017, el total de la deuda bordeaba el 47.7% del PBI.

Los países nórdicos suelen estar entre los mejor gobernados, son menos desiguales y más competitivos. Su éxito se basa en su modelo político y económico, cimentado en el pragmatismo y en la falta de conflicto entre las retóricas habituales de izquierda y derecha que dominan la política de la mayoría de los países occidentales.

The Economist (en su artículo publicado líneas abajo) se refirió a este estilo nórdico como el “supermodelo” del futuro y los indicadores sociales y económicos (desde el ranking de la felicidad, solidez económica e institucional, confianza, igualdad o movilidad social) muestran un envidiable desempeño. Por ello, consideramos importante darle una mirada al secreto del modelo nórdico.

Sus políticas laborales flexibles, una legislación medioambiental amplia, buenos indicadores sociales y económicos muestran que entienden que los objetivos en pro de los intereses a largo plazo se logra mejor al no oponerse a los adversarios sino uniendo fuerzas, adaptándose y comprometiéndose con ellos. En un entorno global complejo y profundamente interconectado, es mejor buscar la cooperación para lograr objetivos comunes por el bien de una sociedad.

The Economist afirma que la principal lección que se debe extraer del éxito nórdico no es ideológica, sino práctica. El Estado es popular no por ser grande, sino porque funciona, lo que hace que los ciudadanos sean más proclives a pagar impuestos. Los gobiernos han llevado a cabo reformas superando las presiones de sindicatos y gremios empresariales. Han introducido mecanismos de mercado en el Estado del Bienestar, logrando una mejor performance.

“Pero debes tener la voluntad de acabar con la corrupción y los intereses creados, y debes estar preparado para abandonar las ortodoxias agotadas de la derecha y la izquierda y buscar buenas ideas en todo el espectro político“, destaca. “Los gobiernos se ven obligados a operar bajo la dura luz del día: Suecia da acceso a todos a los registros oficiales”.

Además, “son fuertes defensores del libre comercio, se resisten a la tentación de intervenir incluso para proteger a las compañías icónicas: Suecia dejó a Saab ir a la quiebra y Volvo ahora es propiedad de Geely, de China. Pero también se centran en el largo plazo -más obviamente a través del fondo soberano de riqueza de Noruega de US$ 600,000 millones, y buscan maneras de atemperar los efectos más duros del capitalismo”.

Para el Perú, el caso de Noruega es especialmente aleccionador

El 67% de sus exportaciones y el 22% del PBI  son de productos primarios (petróleo), pero a nadie se le ocurre descalificar la economía noruega como ‘primaria exportadora’ o hablar del ‘pos-extractivismo’. La política se mueve alrededor de centros y convergencias, más que por propuestas extremistas y refundacionales, a pesar de haber reducido fuertemente el peso del Estado en la economía y reformado su extremo ‘estado del bienestar’. La sensatez de su clase dirigente les ha permitido transformar su gran riqueza de recursos naturales en bienestar; a través de educación, salud e infraestructuras de primer nivel y la armonía interna les ha permitido desarrollar buenas instituciones. En base a su sentido práctico y la desideologización de las políticas públicas (como los casos más exitosos del Asia), hoy tienen una economía competitiva, excelentes indicadores sociales, identidad nacional, seguridad interna y un Estado eficiente y efectivo. Lampadia

Los países nórdicos

El siguiente supermodelo

The Economist
1 de febrero del 2013
Traducido y glosado por Lampadia

Los países pequeños a menudo están en la vanguardia cuando se trata de reformar el gobierno. En los años ochenta, Gran Bretaña quedó a la cabeza, gracias al thatcherismo y a la privatización. El pequeño Singapur ha sido, durante mucho tiempo, un modelo a seguir para muchos reformadores. Ahora es probable que los países nórdicos asuman un rol similar.

Esto se debe en parte a que los cuatro principales países nórdicos -Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia- están bastante bien. Si uno tuviera la opción de renacer en cualquier parte del mundo como una persona con talentos e ingresos promedio, uno querría ser un Vikingo. Los nórdicos se agrupan en la parte superior de los rankings de todo, desde la competitividad económica a la salud social a la felicidad. Han evitado tanto la esclerosis económica del sur de Europa como la desigualdad extrema de Estados Unidos. Los teóricos del desarrollo han llevado a llamar a la modernización exitosa “llegar a Dinamarca”. Mientras tanto, una región que alguna vez fue sinónimo de mobiliario de bricolaje y Abba se ha convertido en un paraíso cultural, hogar de “The Killing”, Noma y “Angry Birds”.

Como lo explica nuestro informe especial de esta semana, algo de esto se debe a un poco de suerte: los nórdicos, inteligentemente, lograron tener su crisis de deuda en los años noventa. Pero la segunda razón por la que el modelo nórdico está en boga es más interesante. Para los políticos de todo el mundo -especialmente en el oeste-, ofrecen un plan de cómo reformar el sector público, haciendo que el estado sea mucho más eficiente y responsivo.

De Pippi Longstocking a las escuelas privadas
La idea del gobierno nórdico resultará como un shock tanto para los izquierdistas franceses que sueñan con la Escandinavia socialista como para los conservadores estadounidenses que temen que Barack Obama esté empeñado en la “Sueciaización”. Son anticuados. En los años setenta y ochenta, los nórdicos eran países de impuestos y gastos. El gasto público de Suecia alcanzó el 67% del PBI en 1993. Astrid Lindgren, la inventora de Pippi Longstocking, se vio obligada a pagar más del 100% de sus ingresos en impuestos. Pero el impuesto y el gasto no funcionó: Suecia cayó de ser el cuarto país más rico del mundo en 1970 al 14 en 1993.

Desde entonces, los nórdicos han cambiado de rumbo, principalmente hacia la derecha. La participación del gobierno en el PBI de Suecia, que ha caído alrededor de 18 puntos porcentuales, es menor que la de Francia y pronto podría ser inferior a la británica. Los impuestos se han reducido: la tasa corporativa es de 22%, mucho más baja que la de los Estados Unidos. Los nórdicos se han centrado en equilibrar los libros. Mientras que Obama y el Congreso discuten, Suecia ha reformado su sistema de pensiones. Su déficit presupuestario es del 0.3% del PBI; el de EEUU es de 7%.

En los servicios públicos, los nórdicos han sido igualmente pragmáticos. Mientras funcionen los servicios públicos, no les importa quién los proporcione. Dinamarca y Noruega les permiten a las empresas privadas administrar hospitales públicos. Suecia tiene un sistema universal de ‘vouchers educativos’, escuelas privadas con fines de lucro que compiten con las escuelas públicas. Dinamarca tiene el mismo sistema de vouchers que además se pueden complementar con dinero de los padres de familia. Milton Friedman se sentiría más cómodo en Estocolmo que en Washington, DC.

Todos los políticos occidentales afirman promover la transparencia y la tecnología. Los nórdicos pueden hacerlo más que la mayoría. Miden el desempeño de todas las escuelas y hospitales. Los gobiernos se ven obligados a operar bajo la dura luz del día: Suecia da acceso a todos a los registros oficiales. Los políticos son descalificados si se bajan de sus bicicletas y usan las limusinas oficiales. La casa de Skype y Spotify es también un líder en el gobierno electrónico: pueden pagar sus impuestos con un mensaje SMS.

Esto puede sonar como un thatcherismo mejorado, pero los nórdicos también ofrecen algo para la izquierda progresista, demostrando que es posible combinar el capitalismo competitivo con un estado grande: el sector público emplea el 30% de la fuerza laboral (el promedio de la OCDE es de 15%). Son fuertes partidarios del libre comercio, se resisten a la tentación de intervenir incluso para proteger las compañías icónicas: Suecia dejó a Saab ir a la quiebra y ahora Volvo es propiedad de Geely, de China. Pero también se centran en el largo plazo -más obviamente a través del fondo soberano de riqueza de Noruega de US$ 600,000 millones, y buscan maneras de atemperar los efectos más duros del capitalismo. Dinamarca, por ejemplo, cuenta con un sistema de “flexiguridad” que facilita a los empleadores el despido de personas, pero proporciona apoyo y capacitación a los desempleados, y Finlandia organiza redes de capital riesgo.

La parte amarga del smorgasbord
El nuevo modelo nórdico no es perfecto. El gasto público como proporción del PBI en estos países es aún más alto de lo que esta revista quisiera o, de hecho, considera que es sostenible. Sus niveles de impuestos aún animan a los empresarios a mudarse al extranjero: Londres está lleno de jóvenes suecos inteligentes. Demasiadas personas -especialmente inmigrantes- viven de los beneficios. Las presiones, que han obligado a sus gobiernos a recortar el gasto (como la creciente competencia mundial), obligarán a realizar más cambios.

Sin embargo, cada vez más países deben mirar a los nórdicos. Los países occidentales llegarán a los límites del gobierno, como lo hizo Suecia. Cuando Angela Merkel se preocupa de que la Unión Europea tiene el 7% de la población mundial, pero la mitad de su gasto social, los nórdicos son parte de la respuesta. También muestran que los países de la UE pueden ser verdaderos éxitos económicos. Y mientras los asiáticos introducen estados de bienestar, ellos también mirarán a los nórdicos: Noruega es un foco particular para los chinos.

La lección principal a aprender de los nórdicos no es ideológica sino práctica. El estado es popular no porque es grande, sino porque funciona. Un sueco paga el impuesto más voluntariamente que un californiano porque consigue escuelas decentes y cuidado médico gratuito. Los nórdicos han llevado a cabo reformas de gran alcance a través de sindicatos y grupos de presión empresariales. La prueba está ahí. Puede inyectar mecanismos de mercado en el estado de bienestar para mejorar su desempeño. Uno puede poner programas asistencialistas sobre bases sólidas para evitar mendigar a las generaciones futuras. Pero para eso se necesita estar dispuesto a erradicar la corrupción y los intereses individuales. Y debe estar listo para abandonar las cansadas ortodoxias de la izquierda y la derecha y el forraje para las buenas ideas a través del espectro político. El mundo estudiará el modelo nórdico en los próximos años. Lampadia

En esta ocasión Liliana Rojas-Suárez, reputada economista peruana nos trae desde Washington un análisis muy oportuno sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados (que compartimos líneas abajo). En un primer caso, con respecto al conjunto de los países más avanzados y en un segundo, con respecto a aquellos países que alcanzaron el status de avanzados recientemente.

Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre  78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzado o con los que recién lo lograron,  respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.   

Esto nos muestra que nos espera un esfuerzo descomunal para llevar a  nuestra población a los estándares de calidad de vida que ofrecen los países más avanzados. Algo que no puede dejar de ser nuestra más importante aspiración.

Hoy estamos muy lejos del ritmo de crecimiento que necesitamos. Después de la parálisis del gobierno de Humala, el nuevo gobierno de PPK sola atina hasta ahora a poner como meta de crecimiento el llamado ‘crecimiento potencial’ de 5%, algo insuficiente para cubrir nuestras brechas y que no parece basarse en el aprovechamiento de nuestros potenciales productivos. (El enorme Potencial Productivo del Perú). 

Convergencia hacia el ingreso de los países avanzados: ¿Qué tan largo es el camino para Perú?

Foro Económico, un Blog Latinoamericano de Economía Política
Liliana Rojas-Suárez 
14 octubre, 2016

Liliana Rojas-Suárez es PhD en Economía, University of Western Ontario. Investigadora principal y Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development. Presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. Ha publicado extensamente sobre temas macroeconómicos y financieros, incluyendo como coautora o editora de casi una docena de libros.

Una vez más, y por cinco años consecutivos, durante sus reuniones anuales, el FMI acaba de proyectar una disminución en el crecimiento de la economía mundial durante 2016 y las proyecciones para el 2017-2021 no son alentadoras. Aunque esta reducción se explica mayormente por la desaceleración de los países avanzados, las proyecciones para países emergentes y, América Latina en particular, son también hacia la baja.

Perú no es la excepción. Después de un alto crecimiento en el período 2004-2013, que promedió 6.4% (y que en algunos años sobrepasó el 8%), el promedio de crecimiento en el 2014-15 disminuyó a 2.8% y, aunque el FMI proyecta una cierta recuperación para el 2016-17 (3.7% en el 2016 y 4.1 en el 2017), las proyecciones de largo plazo muestran un crecimiento mediocre. Para el período 2017-21, el FMI espera un crecimiento de sólo 3.5% en promedio.  Aunque hay que reconocer que, a pesar de la desaceleración económica peruana, el país presenta una de las tasas de crecimiento más altas de la región (el promedio de América Latina se proyecta en -0.6% en el 2016) y no presenta indicios de importantes fragilidades financieras (en fuerte contraste con Brasil y Ecuador, por ejemplo), las proyectadas tasas de crecimiento para Perú son motivo de preocupación. Una razón central respecto a esta inquietud es que, como se muestra más adelante, al ritmo de crecimiento proyectado por el FMI, no se vislumbra que en las próximas generaciones Perú pueda cerrar la brecha de ingreso per cápita con respecto a los países avanzados. Es decir, el salto al desarrollo parece ser una meta extremadamente distante.

La brecha del PIB per cápita en Perú con respecto a países desarrollados: la historia reciente

A nivel mundial, las series de datos más conocidas y utilizadas para realizar análisis comparativos entre países con respecto al ingreso real per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo (PPP por sus siglas en inglés) son las del Penn World Tables, las del Maddison Project Database y las del Banco Mundial. Debido a diferencias metodológicas, existen importantes disparidades entre los datos de dichas series (ver Milanovic, 2013). Para Perú, Seminario (2015) construye series de PIB per cápita que datan desde comienzos del siglo XVIII. Teniendo como únicas consideraciones la disponibilidad de información en períodos más recientes y la uniformidad metodológica para realizar comparaciones entre países, el gráfico 1 utiliza datos del Penn World Tables (que incluye información hasta el 2014) actualizado al 2015 en base a información del Banco Mundial, para mostrar las brechas del PIB real per cápita de Perú y Chile (ajustados por PPP; en dólares del 2011) con respecto a países avanzados. El gráfico 1a muestra la brecha con respecto a la mediana del ingreso per cápita de países que el FMI define como avanzados y el gráfico 1b muestra la brecha con respecto a Estados Unidos. Ambos gráficos muestran el período 1970-2015.

Gráfico 1: Brecha del PIB real per cápita relativo a países avanzados
(PPP, dólares 2011; en porcentajes)

De los gráficos se desprenden dos conclusiones: La primera es la gran diferencia que existe entre Chile y Perú con respecto a sus brechas de ingreso per cápita relativo a países avanzados. En tanto que el PIB real per cápita de Perú es menos de un tercio (27%) del PIB real per cápita de los países avanzados, el de Chile es mayor a 50%. Para el 2015, la diferencia entre las brechas de Chile y Perú era de 26 puntos porcentuales. La diferencia entre brechas es similar cuando se comparan ambos países con respecto a Estados Unidos. De hecho, elegimos a Chile como punto de comparación, pues es el país Latinoamericano cuyo ingreso per cápita se acerca más a los países avanzados.

La segunda conclusión es que luego de un largo período de relativo estancamiento con respecto a los países avanzados o de fuertes retrocesos (durante los 1980s y comienzos de los 1990s, resultado de una profunda crisis económica), en los 2000s Perú atraviesa por un período de recuperación primero y luego de moderada pero constante convergencia hacia el PIB real per cápita de Estados Unidos (y con menor intensidad con respecto al ingreso per cápita de los países avanzados). Ese proceso pierde ímpetu (con respecto a los países avanzados) o se paraliza (con respecto a Estados Unidos) a partir del 2012, año en el que la economía comienza a crecer a tasas menores al 6%. ¡En casi medio siglo, sólo 8 años (2004-2012) de convergencia moderada!

¿Cuánto le demorará a Perú cerrar la brecha del ingreso per cápita?

Aunque esta pregunta es imposible de contestar, se pueden construir ejercicios de simulación que permitan arrojar luz sobre el tema. La pregunta, entonces, se puede reformular de la siguiente manera: bajo ciertos supuestos con respecto al crecimiento económico en los países avanzados y la evolución poblacional de estos países y Perú ¿cuánto tiempo le tomaría a Perú alcanzar el PIB per cápita de los países avanzados bajo escenarios alternativos de crecimiento?

Tomando como punto de partida los datos observables de PIB real per capital real en el 2015 (ajustados por PPP, en dólares del 2011), se proyecta el valor del PIB real per cápita para los países avanzados en cada año desde el 2016 hasta el 2100 en base a los siguientes supuestos: (a) el PIB real ajustado por PPP de los países avanzados crece a una tasa constante de 2% anual; y (b) el crecimiento poblacional se toma de las proyecciones del World Population Prospects del Population Division de las Naciones Unidas. Estas proyecciones llegan al año 2100[1]. Con estos supuestos, se puede estimar el valor del PIB real per cápita ajustado por PPP para los países avanzados en cada año desde el 2016 hasta el 2100.

Para cada año se calcula la mediana del PIB real per cápita ajustado por PPP de los países avanzados. Dichos valores se re-escalan de forma que en cada año tomen el valor de 100% (reflejando que el ejercicio trata de simular cuanto tiempo le demoraría al Perú alcanzar—al 100%–el nivel de ingreso de los países avanzados). En base a estos cálculos, el gráfico 2 presenta 5 escenarios posibles de crecimiento anual para el Perú, que van del 3% al 7%.

Gráfico 2
Simulaciones de Convergencia: Brecha de PIB real per cápita de Perú con respecto a países avanzados bajo supuestos de crecimiento alternativos
(PPP, dólares del 2011; en porcentajes)

Las conclusiones que se derivan del gráfico son impactantes: Bajo un escenario en el que Perú mantiene una tasa de crecimiento de 3%, ¡el país simplemente no cierra la brecha de ingreso real per cápita con respecto a los países avanzados en los siguientes 100 años! Creciendo al 4% lo logra en 78 años. Un crecimiento anual del 7% permitiría que Perú alcanzara la meta en unos 28 años. Interesantemente, un ejercicio similar para Chile indica que creciendo al 4%, a este país le demoraría 36 años cerrar la brecha y lo lograría en menos de 15 años si pudiera crecer al 7%. La ventaja que actualmente le lleva Chile a Perú en cuanto a nivel de ingreso per cápita explica estos resultados.

No está demás insistir en las limitaciones del ejercicio y en su alta dependencia a los supuestos incorporados; por lo que los resultados son, por supuesto, solo de naturaleza indicativa y así deben tomarse. Sin embargo, aparte de las limitaciones metodológicas, una crítica válida puede ser que estamos poniendo la valla muy alta. Muchos de los países clasificados como avanzados, tienen un ingreso per cápita menor al valor de la mediana de dicho grupo de países.

Por ello, consideremos un ejercicio alternativo, planteado por Foxley y Sossdorf (2011). En este caso, la pregunta es: Bajo escenarios alternativos de crecimiento, ¿cuánto tiempo le tomaría a Perú alcanzar el PIB per cápita de los países recientemente reclasificados como avanzados por el FMI? Para reclasificar a los países depaíses de ingreso medio a países avanzados, en los últimos años, el FMI viene utilizando un PBI per cápita (ajustado por PPP) entre US$ 24,000 y US$ 28,000.[2] De hecho, Lituania, el último país que el FMI reclasificó a la categoría de avanzados en el 2015, reportaba en ese entonces un PIB per cápita ajustado de US$ 24,900. Es importante notar, sin embargo, que Lituania es miembro de la Unión Europea, lo que le brinda ventajas de las que no gozan la mayoría de países emergentes. Otros países que han sido reclasificados de países de ingreso medio a países avanzados, tales como Corea del Sur e Israel, tienen un PIB per cápita (ajustado por PPP) un poco mayor a US$ 30,000.

El gráfico 3 presenta simulaciones similares a las del gráfico 2, con la diferencia que no se muestran las brechas de ingreso, sino los valores simulados del PIB per cápita de Perú (PPP, en dólares del 2011) ante escenarios alternativos de crecimiento, con los mismos supuestos poblacionales usados en el gráfico 2. La pregunta específica en este caso es ¿cuánto tiempo le llevará a Perú alcanzar un PIB per cápita (ajustado por PPP) de US$ 24,000; valor mínimo utilizado por el FMI para clasificar a un país como avanzado?

Gráfico 3: Simulaciones del PIB per cápita de Perú
(PPP dólares 2011)

Con esta nueva metodología, los resultados, aunque aún preocupantes, son menos dramáticos: a Perú le tomaría 35 años para alcanzar la categoría de país avanzado si creciera al 3%, 25 años si creciera al 4% y 13 años si lo hiciera al 7%.

La lección más importante de estos ejercicios es que, a pesar de sus limitaciones metodológicas, parece altamente probable que Perú requerirá de tasas de crecimiento por encima del 4%, como mínimo si es que aspira regresar al sendero de convergencia que le permita la transición de país de ingreso medio a país avanzado. El país necesita mostrar que puede ir más allá de las tasas de crecimiento de 3.5% proyectadas por el FMI para el período 2017-21.

El desafío es grande dado el contexto internacional en el que se desenvuelve la economía peruana. El factor externo más importante que explica la desaceleración reciente de Perú ha sido el fuerte deterioro de los términos de intercambio, producto de la disminución de la demanda global por las materias primas que exporta el país, especialmente el cobre, oro y otros metales. No se espera una recuperación importante en los precios de las materias primas metalúrgicas en el futuro cercano, principalmente porque las proyecciones de crecimiento de China, el consumidor de metales más importante del mundo, son hacia la baja. Y aún es incierto los efectos que tendrán las futuras subidas de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los costos de financiamiento para los países emergentes. Es así, que la ruta hacia el crecimiento alto de Perú se encuentra en la implementación de reformas estructurales que incentiven la inversión, no solo en cantidad sino en la calidad de asignación de recursos; aquellas reformas que no se percibieron como necesarias durante el período de bonanza económica, en el cual los motores de crecimiento provenientes del exterior marchaban a todo vapor. Y la lista de reformas es larga y su priorización compleja; este es un tema para un blog futuro.

Referencias

Foxley, Alejandro y Fernando Sossdorf, 2011, “Making the Transition: from Middle-Income to Advanced Economies”, The Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace, Septiembre

Milanovic, Branko, 2013, “The End of a Long Era”, blog: Lets’s Talk Development, The World Bank, July

Seminario, Bruno, 2015, “El Desarrollo de la Economía Peruana en la Era Moderna: Precios, Población, Demanda y Producción desde 1700”, Universidad del Pacífico, septiembre

[1] El ejercicio se basa en el escenario base de las Naciones Unidas. Esta organización presenta proyecciones alternativas en función de cómo varían ciertas variables (tasas de fertilidad diferenciadas, por ejemplo).

[2] Además del ingreso per cápita, el FMI utiliza otras consideraciones adicionales para clasificar a países como avanzados. En particular: (a) el grado de diversificación de exportaciones y (b) el grado de integración del país a los mercados financieros internacionales.

Lampadia

Jaime de Althaus

Lampadia

La última encuesta de Ipsos indaga acerca de qué es lo que la gente quiere decir cuando pide cambios al modelo económico, y las respuestas son muy reveladoras. En primer lugar constata que el el 56% quiere cambios moderados y el 33% cambios radicales. Pero, ¿qué cambios? 59% desea que mejoren los servicios de educación, 55% que se combata la delincuencia con más efectividad, 48% que haya más eficacia en combatir la corrupción, 38% que mejore la salud… Sólo el 11% quiere que se estaticen empresas que ahora son privadas, 16% que se nacionalicen empresas extranjeras y 30% que se controlen los precios de los productos básicos.  

Es decir, que los cambios que los peruanos quieren en el modelo económico no se refieren al modelo económico en realidad, sino al Estado, a la ineficiencia de los servicios públicos y a la corrupción. La gente está pidiendo un Estado más eficiente y menos corrupto. Mejores servicios públicos. Esa deberá ser la gran tarea del próximo gobierno: la reforma del Estado y de la descentralización, porque la mayor parte de esos servicios son brindados directamente por los gobiernos regionales.

Quizá eso explique en parte la paradoja que advierte Richard Webb en El Comercio (25-4-16), cuando observa que los distritos en los que nació y combatió Túpac Amaru (Túpac Amaru y Sangarara), las opciones radicales de Verónika Mendoza y Gregorio Santos sumaron 86% y 71% de los votos emitidos respectivamente, pese a que esos distritos han mejorado notablemente su nivel económico en los últimos 20 años: los agricultores que usan tractor aumentaron de 4% a 33% entre 1994 y el 2012 en Túpac Amaru, y de 23% a 87% en Sangarará y la proporción con riego tecnificado pasó de 2% a 63% en Túpac Amaru y de 23% a 87% en Sangarará.

Se pensaría entonces que lo que está fallando es el Estado, siguiendo con lo que señala la encuesta de Ipsos. Es decir, hay desarrollo económico pero los servicios estatales son ineficientes y corruptos. Algo de esto argumenta también Luis Carranza (El Comercio 26-04-16), cuando recuerda que la presión de los Incas y de los españoles se concentró en el sur depredando el capital social y engendrando, así, una muy alta desconfianza que solo se resolvería con “una verdadera integración: infraestructura, generación de oportunidades de ingresos y un Estado que sea eficiente en entregar bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud y seguridad”. 

Pero, según Webb, los hogares con agua en la vivienda en esos dos distritos aumentaron de 15% a 73% entre 1993 y el 2007, y los que cuentan con desagüe de 1% a 30%. Ambos pueblos tienen hoy posta médica, el de Túpac Amaru con dos médicos, enfermera, obstetra, técnico y una ambulancia. Además, la nueva carretera asfaltada facilita la llegada rápida a otros centros y los caminos mejorados e inversiones en riego han favorecido el negocio de los cuyes, que se exportan diariamente a las ciudades cercanas.

Tampoco funcionaría, entonces, la tesis de Carranza. Agrega Webb: “Túpac Amaru y Sangarará están lejos de ser los distritos más olvidados. El más pobre en el 2012 fue Curgos, en La Libertad, donde 68% de la población votó a favor de Keiko. En un ránking anterior el más pobre fue Quillo en Áncash, donde también se favoreció a Keiko con 66%. Todo indica que el radicalismo electoral no tiene una explicación simple.

Habría que ver, sin embargo, cómo funcionan la policía y el Poder Judicial en la zona, y verificar los niveles de corrupción en los gobiernos locales de esos dos distritos cuzqueños. De hecho, en la región Cusco fueron escandalosos, al punto que casi todos los ex presidentes regionales terminaron presos. La enorme mayor cantidad de recursos derivados del canon del gas y las transferencias de Lima, convirtieron al gobierno regional del Cusco y a varias municipalidades en botines presupuestales.

Por último, una hipótesis que habría que explorar es la de una mayor prédica política e ideológica radical en esas zonas desde los años 60, mezclada con el sentimiento cusqueño de gran civilización conquistada y aplastada por los españoles y luego por Lima.