Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

La crisis económica generada por las medidas adoptadas por el gobierno a raíz de la pandemia ha paralizado sectores enteros de la economía, muchas actividades y por supuesto, miles de empresas de todo tamaño. Para combatir el virus y sin haberlo logrado de manera efectiva, el Estado ha cerrado desde aeropuertos, terminales terrestres, centros comerciales, cines, hoteles, restaurantes, ferreterías y toda la actividad económica. Como lógica consecuencia de todo ello, las empresas se han quedado sin ingresos y sin posibilidad de pagar sus obligaciones contractuales, bancarias, tributarias y sobre todo las obligaciones con sus trabajadores desde el 16 de marzo.

Sin ventas, ingresos y actividades, las empresas no pueden pagar remuneraciones, comisiones o beneficios sociales. Mucho menos las empresas chicas que viven al día y que cuentan con poco capital.

Para estos escenarios fortuitos y de fuerza mayor, la ley laboral tenía previstas salidas desde 1991: las suspensiones laborales perfectas y los ceses colectivos por causas objetivas. Estos mecanismos permiten que la empresa suspenda a sus trabajadores cuando la crisis es temporal o que los cese cuando es más severa, todo ello con el fin de sobrevivir y preservar el empleo de aquellos trabajadores no comprendidos en esas medidas y sobre todo, para mantener la fuente de trabajo, ya que sin empresa no hay puesto de trabajo ni para los que se van, ni para los que se quedan. No hay empleo para nadie.

Este gobierno, con su ya conocida fatal arrogancia planificadora, decidió que ese no era el camino e inventó, entre marchas y contramarchas, otros caminos que contentaran al mismo tiempo a las encuestas, a las redes sociales y el rating presidencial, pero que tuvieran también la impresión de ser una válvula de escape para miles de empresas arrinconadas al borde de la insolvencia o la quiebra: creo la Suspensión Laboral Perfecta del D.U. 038-2020.

Tenía la apariencia de ser la válvula de escape esperada, sin embargo, con la firma de la misma Ministra de Trabajo, el gobierno la despintó tan sólo 7 días después, mediante el D.S. 011-2020-TR, llenándola de condiciones, ratios, exigencias previas y trámites que no sólo la dificultaron, sino la han convertido en una verdadera trampa. Una trampa en la cual muchos ingresaron creyendo que podían salvarse de la crisis y salvar el empleo futuro de sus trabajadores y de la cual, muchas empresas no van a salir.

Veamos lo que está sucediendo:

• Según datos publicados por el Diario Gestión a inicios de junio, de 28,178 solicitudes de suspensión perfecta de labores, sólo se habían resuelto 2,320, es decir el 8.23% y de estas, sólo se habían aprobado 320, vale decir el 1.1% de las solicitudes presentadas.
• De mantenerse esta tendencia, si el Ministerio de Trabajo pudiera revisar todas las solicitudes, sólo aprobaría alrededor de 3,888 de estas solicitudes, vale decir el 13.83% de ellas. Más de 24,000 empresas verían denegados sus pedidos y tendrían que pagar planillas sin ingresos para ello. Recordemos que ya se pagaron planillas sin ingresos en marzo y abril, antes de que se emita el Decreto de Urgencia 038-2020.
• Confirmando esta tendencia, no es casual que la Ministra de Trabajo Sylvia Cáceres Pizarro, haya anunciado en RPP, un medio afín al gobierno, que el 70% de las solicitudes “no cumplen con los requisitos”, requisitos que ella misma se encargó de complicar, ampliar y dificultar.
• Sólo se salvarían de esta trampa aquellas empresas cuyas solicitudes no pueda revisar la autoridad de trabajo, para las cuales regiría el silencio administrativo positivo.

Consultados algunos abogados expertos en materia laboral, coinciden en señalar que las razones de la desestimación son por decir lo menos “baladíes y arbitrarias”. Para el abogado Christian Gallegos, especialista en estos temas, el Ministerio está utilizando “argumentos no previstos en la norma como supuestos de improcedencia”. Para el reconocido laboralista Ricardo Herrera Vásquez, “se trata de una doble trampa, primero a los empresarios y luego a los trabajadores, ya que la posición del Ministerio, a la larga, afectará el empleo mismo al desaparecer las fuentes de trabajo”.

• ¿Será que el gobierno y el Ministerio de Trabajo no entienden que la mejor forma de proteger el empleo es manteniendo vivas a las empresas?
• ¿Tiene algún sentido lógico obligar a empresas sin ingresos a pagar planillas en forma indefinida?
• ¿Sabrá el gobierno que la insolvencia y la quiebra son el peor escenario de los trabajadores y del empleo en el Perú?

La posición del Ministerio de Trabajo puede contentar uno, dos o tres meses a las organizaciones sindicales o a un grupo ya de por si reducido de trabajadores formales a quienes se podrá pagar sin trabajar, pero traerá como inevitable consecuencia la insolvencia y la quiebra de empresas a las cuales ni los fondos de reactivación que se limitan por ahora a un mes de ingresos promedio ni la burocrática reapertura de las actividades por “fases” podrá salvar.

A este gobierno no se le puede pedir que tenga la visión de pensar en el país a mediano y largo plazo, que vea el bosque y no sólo el árbol que da frutos en encuestas y aplausos efímeros. Eso está fuera de sus posibilidades. Sin embargo, si le podemos exigir que no cree trampas perfectas contra nuestras empresas y el empleo de todos los peruanos.

¿El Congreso entenderá que sin empresas no hay empleo? Ojalá haga su tarea y no viva en eterna deuda con el gobierno que le dio origen, bendiciendo gestiones como esta que tanto daño le hacen al país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unos días Lampadia dio cuenta de una noticia extraordinaria: el congreso brasilero había derogado una ley del año 1943 inspirada en la “Carta de Lavoro” de Mussolini que creaba un impuesto para subvencionar a los dirigentes sindicales de las empresas. En buena cuenta el Estado pagaba un salario a las dirigencias laborales. Fuera de eso, la ley aprobada por el congreso brasilero puso fin a la estabilidad laboral absoluta facilitando la contratación y la desvinculación de los trabajadores a cambio de una debida indemnización.

En el Perú no logramos construir hasta ahora la suficiente decisión política para reformar nuestra excluyente y rígida legislación laboral, que no solo mantiene en la informalidad y sin derechos a la gran mayoría de trabajadores peruanos, sino que, de paso, nos pone amarras que no nos dejan competir con eficiencia en la economía global a fin de crecer a tasas que nos permitan desarrollarnos.

Fuente: scoop.it

En su discurso de 28 de julio, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió de manera muy general al tema del empleo y sencillamente no planteó el problema tal como es ni la necesidad de reformar el carácter excluyente de nuestro marco legal. Su discurso fue vencido nuevamente por el temor político, pero anunció que el tema se vería en el Consejo Nacional de Trabajo, como si no supiera que la CGTP ya se retiró de esa instancia hace pocos meses cuando el ministro Grados empezó a plantear los asuntos de fondo, pese a que, como veremos, la CGTP sería la principal beneficiaria de las reformas, al poder ampliar su base sindical.

Por lo tanto, si no nos vamos a pasar el periodo entero de gobierno sin atrevernos a enfrentar el asunto, no cabría otra salida que convertirlo en materia del acuerdo político que empezó a gestarse en la reciente reunión entre el Presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

Eliminado la estabilidad absoluta, la CGTP podría ampliar su base sindical

No vamos a repetir los datos ya conocidos acerca de los altísimos niveles de informalidad laboral que tenemos, de los más altos del mundo. Somos uno de los pocos países en el que la indemnización no cuenta como una protección adecuada al despido, de modo que el juez puede imponer la reposición del trabajador aun cuando haya sido indemnizado y haya cometido actos manifiestamente delictivos. (Se ha llegado al extremo de reponer policías dados de baja por delitos). Ya conocemos los efectos perversos de este condicionamiento. Perjudica incluso a los sindicatos y a las propias centrales sindicales, que deben resignarse a operar sobre una base sindical minúscula debido no solo a la altísima informalidad, sino a que, aun dentro de la pequeña esfera formal, la tasa de sindicalización es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[1] Ridículo también.

La explicación del tamaño irrisorio de la sindicalización en nuestro país es precisamente la legislación laboral vigente y la antojadiza interpretación del artículo 27º de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, presidido por el acciopopulista Javier Alva Orlandini a principios de siglo, que consideró, estableciendo el precedente,que la indemnización por despido no constituye protección suficiente contra el “despido arbitrario”. Esto, sumando a los altos costos no salariales del trabajo, inhibe a las empresas de todo tamaño, y sobre todo a las medianas y pequeñas, de contratar formalmente trabajadores. Y cuando los contratan optan por el contrato temporal a plazo fijo. Si antes la mayor parte de los contratos en el sector privado eran a tiempo indeterminado, en la actualidad cerca del 70% de los contratos son temporales a plazo fijo. Pero, como señala PLADES,[2] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”.

Sí resulta claro que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder, uno se pregunta si la renuencia de la clase política y del Tribunal Constitucional a precisar los alcances del artículo 27º de la Constitución en el sentido natural, obedece a una conspiración política para que ni la sindicalización, ni la negociación colectiva ni la CGTP crezcan.

Las propuestas del Ministro

Por supuesto, no es esa la única reforma que deba ser materia de un acuerdo político. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de mejoras específicas de la normativa orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, duplicar la formalidad laboral pasándola del 28% de la población ocupada al 52% el 2021, elevar la productividad promedio de los trabajadores y elevar su ingreso promedio. Es obvio que un mercado laboral menos atado demandará más trabajadores formales y una  mayor demanda de trabajadores llevará a mayores salarios. Ese ha sido el camino de los países del sudeste asiático, que comenzaron con salarios misérrimos hace 30 o 40 años y hoy son varias veces superiores a los de nuestros trabajadores peruanos. 

En diciembre del año pasado el ministro de Trabajo presentó al Consejo Nacional del Trabajo 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. Esas propuestas se discutieron, pero a la hora entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad, las centrales se retiraron.

Las reformas que plantea Grados buscan reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido aceptada por el MEF.

¿Eliminar los regímenes especiales para la exportación?

Una de las propuestas que está elaborando el ministro responde a un pedido clásico de la CGTP y de los sindicatos de los países importadores (que buscan así proteger sus mercados). Consiste en eliminar el régimen de exportación no tradicional de inmediato y el régimen agrario a su vencimiento, el 2021.Es una propuesta preocupante a primera vista porque esos regímenes han funcionado muy bien y han permitido desarrollar las exportaciones respectivas de una manera sin precedentes, proporcionando al mismo tiempo gran cantidad de empleo formal. En realidad, es casi el único empleo formal nuevo y masivo generado en los últimos 20 años.

Fuente: revistaganamas.com

Lo que plantea el Ministro es incorporar esos dos regímenes en el régimen general, introduciendo en este últimoalgunas de las características de esos regímenes especiales. Por ejemplo, el Régimen General adoptaría, de manera voluntaria, la llamada RIA (Remuneración Integral Anual), de manera que se pueda pagar las gratificaciones y la CTS en doce alícuotas, junto con el sueldo mensual. Al mismo tiempo, se ajustaría y simplificaría los contratos sujetos a modalidad del régimen general de modo de incorporar en ese régimen, regulándolas mejor, las modalidades hoy recogidas por los regímenes agrario y de exportaciones no tradicionales. En el caso de este último la idea sería ajustar la contratación a plazo a los pedidos de exportación, por ejemplo, poniendo un límite alto al número de años en que se puede renovar el contrato a plazo. En nuestra opinión, esta última medida corre el riesgo de convertirse en una caja de Pandora que todos los años sea motivo de negociaciones que la lleven a su desnaturalización.

En cuanto al régimen agrario, el ministro nos explica lo siguiente: “La idea es mantenerlo hasta el 2021 con una gradual revisión de las vacaciones, incrementándolas paulatinamente de modo que el impacto sea manejable. Efectivamente la RIA se aplicaría voluntariamente al nuevo régimen general y si eventualmente el MEF valida el seguro del desempleo, resolveríamos el tema de la CTS. Sí tendríamos que ajustar en algo la RIA mínima del régimen agrario pues hoy, al desagregarlo, no cubre la RMV. Creo que ese ajuste lo debemos hacer pronto. Por todo lo dicho, nuestra postura no es eliminar el régimen al 2021, sino que a esa fecha las diferencias entre el régimen agrario y el nuevo Régimen General no serían tan grandes, y con ello se tomarán decisiones más ajustadas”.

En otras palabras, se incorporaría al régimen general, ajustándolas,algunas particularidades de esos dos regímenes especiales.

Una alternativa más efectiva para lograr un ambiente regulatorio ‘pro-empleo’, sería más bien, llevar paulatinamente el régimen general hacia los regímenes especiales, pero es muy difícil que un gobierno débil se avenga a plantearlo.

Paralelamente la llamada “Comisión de Protección Social” ha venido preparando una propuesta, que aún no está lista, que incluiría un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral. Algo que debería merecer un amplio debate público antes de empezar a configurarse.

Como fuere, el lastre del marco legal del trabajo en el Perú es demasiado pesado y oneroso como para seguir con la venda en los ojos. Es hora que el gobierno y Fuerza Popular se sienten a trabajar un acuerdo político que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado. Todo lo demás es demagogia o cobardía. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya viene siendo hora de plantear las cosas como son y hablar claro, particularmente en el terreno laboral, donde da vergüenza nacional que el 73.2% de la población ocupada carezca de derechos y sobreviva en la informalidad absoluta, que en algunos casos es una forma de esclavitud moderna, como bien describió un ex presidente de la República.

Fuente:  mundinews.com

El caso del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, empieza a ser preocupante, salvo que estemos ante un delicado trabajo de fondo muy bien pensado. En una entrevista publicada el martes 6 de diciembre en La República, explicó que para él el problema principal es “que no podemos continuar con tantos regímenes laborales. Hay régimen para la microempresa, para determinados sectores exportadores, para trabajadoras del hogar y otros…. Lo que yo he planteado es la necesidad de convocar a una comisión consultiva del Ministerio de Trabajo, integrada por personalidades de alto nivel para que puedan hacer una evaluación técnica, social y política de la vigencia de los regímenes laborales privados en el país y que me permita como ministro tener un planteamiento concreto sobre el tema”.

¿Cuál sería la idea? No podemos imaginar que esté pensando en eliminar los regímenes simplificados y flexibles como el agrario, por ejemplo, que han permitido formalizar cientos de miles de trabajadores en el Perú rural, y que más bien debería ser la norma para el conjunto y no la excepción. Quizá una señal críptica de lo que piensa el ministro se advierta en la respuesta que dio a la pregunta sobre la ley General de Trabajo. Al respecto, precisó que en enero introduciría el tema en el Consejo Nacional del Trabajo, agregando que “En paralelo, necesito un trabajo de alto nivel que nos diga la propuesta para aligerar este tema”. ¿A qué se refiere con “aligerar” este tema? ¿Es un eufemismo de “flexibilizar”, o de disminuir la carga de los costos no salariales del trabajo?

No lo sabemos. Pero, de pronto, se atreve a abordar el tema de la reforma laboral y dice lo siguiente: “…la reforma tiene varias aristas. No hay un solo botón que yo apriete y genere una reforma laboral. Si se dan cuenta, tomamos medidas de corto plazo que buscan acelerar procesos y defender al trabajador. Acabo de anunciar la alta comisión para temas críticos. Es decir, estamos avanzando. Pero si lo que se busca es responder al “¿Vuelve o no la estabilidad laboral?”, estamos circunscribiendo el problema a una cosa muy puntual y no es lo correcto. Cualquier transformación laboral de fondo en el país requiere consensos. Queremos trabajo digno para más peruanos”.

Luego de mencionar varios temas que conformarían el complejo de la reforma laboral, llega a la estabilidad laboral. Pero para el ministro el problema de la estabilidad laboral absoluta es “una cosa muy puntual”, es decir, un tema menor, pero acto seguido declara que “cualquier transformación de fondo requiere consensos”. Para concluir diciendo “queremos trabajo digno para más peruanos”. O sea que de repente lo que impide que la mayor parte de los peruanos tengan un trabajo digno es la estabilidad laboral absoluta… ¿Eso es lo que quiso decir?

Ya es hora de hablar claro, repetimos. Sería más sano que el ministro dijera algo así como: “Tenemos una legislación laboral muy onerosa y una interpretación del Artículo 27° de la Constitución[1] que hacen que las empresas no quieran o no puedan contratar trabajadores en planilla, y por eso la informalidad es mucho más alta que otros países de similar desarrollo. Tenemos un marco legal muy rígido y excluyente, y por eso tenemos que discutir y ponernos de acuerdo en el CNT para encontrar salidas…”.

Si esa es la verdad, hay que decirla, sin temores. Se trata de plantear un problema para buscar conjuntamente su solución, en el supuesto de que somos seres racionales capaces de argumentar y resolver problemas. Se trata de invocar la discusión para que de esa discusión salga un nuevo pacto laboral. Por consenso.

El INEI acaba de publicar un informe sobre la informalidad en el Perú. Entre el 2007 y el 2015, el empleo informal, sin derechos de ningún tipo, se redujo de 79,9% a 73,2%. Es decir, en ocho años, pese al acelerado crecimiento económico, solo bajó 6.7 puntos. Es más, entre el 2014 y el 2015, cuando ya no crecíamos tanto, la tendencia se invirtió y el empleo informal volvió a subir (ver gráfico)

Es decir, tenemos que crecer a tasas muy altas para ir reduciendo muy lentamente la informalidad laboral. A ese ritmo, necesitaríamos ¡64 años! para reducir la informalidad laboral a un 20% de la población ocupada. Y eso con  buenos precios para nuestros minerales. Si queremos crecer a tasas altas sobre la base de exportaciones no tradicionales, diversificando la producción y dinamizando el mercado interno, tendríamos que hacerlo sobre la base de la expansión dinámica de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, pero ellas no pueden crecer más allá de cierto punto porque se encuentran con el límite infranqueable de la legislación laboral. Perdemos entonces la mayor fuente de crecimiento, el motor más poderoso, que es la energía de las clases emergentes.

Es lo que comprueba el estudio del Banco Mundial “PERU, Trajectories towards Formality”, de junio del 2008, que verifica que a medida que los negocios crecen, se van volviendo formales en lo tributario y municipal, pero no en lo laboral, debido a los altos costos de la formalidad y a una preferencia por las relaciones flexibles.

Por eso el INEI trae el dato increíble de que el 2012, en pleno crecimiento acelerado, había  muchos menos trabajadores en empresas medianas (8.9%) que en empresas grandes (24.3%). Es decir, no hay una pirámide laboral, sino un reloj de arena, por la sencilla razón de que es muy difícil evolucionar de pequeña empresa a mediana. La escasa formalización ocurrió por expansión de las empresas grandes y no por crecimiento de las pequeñas.[2] 

El Ministro, pues, tiene que plantear el problema tal como es. Pero tiene dificultades para hablar claro o una prudencia política ya patológica, que nos impide avanzar. De hecho, entre los temas llevados por el Ministro ante el CNT, no figuran los fundamentales: cómo reducir la informalidad, elevar los bajos niveles de aseguramiento en salud y pensiones,  incentivar la productividad y flexibilizar el mercado.

Otro ejemplo: ante la pregunta del periodista de si el Ejecutivo aprobará la autógrafa que permite a los trabajadores CAS de EsSalud cambiarse al DL 728, respondió: “Se está analizando internamente la postura del Ejecutivo que saldrá desde la Presidencia del Consejo de Ministros.  Lo debatiremos en este consejo porque hay temas laborales, temas de todos los acápites sociales y sobretodo la generación de un gasto importante para EsSalud. EsSalud no recibe fondos del Estado y sí genera un costo adicional de S/ 300 millones, por lo que tenemos que analizar si es que hay facilidad para generar ese gasto adicional”.

Para el ministro es un problema de fondos, que sin duda es un lado del problema, pero lo central es que se está dando beneficios costosos a cambio de nada. La ley no cambia beneficios por meritocracia. Su respuesta, en todo caso, debió ser: los CAS de Essalud deben pasar al régimen de la ley del Servicio Civil, que está vigente y que otorga todos los beneficios pero dentro de un marco meritocrático de concursos y evaluaciones. Hay que hablar claro. Lampadia

[1] Art 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario

Hace unos años atrás, las encuestas indicaban que uno de los principales reclamos ciudadanos era el empleo. La gente pedía trabajo. Hoy, esta exigencia no aparece en las encuestas. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico el empleo ha aumentado. Incluso, hay regiones como Ica, por ejemplo, con pleno empleo. Y no mal remunerado, los ingresos se han incrementado en las últimas décadas. Ahora la discusión gira entorno a la informalidad.

Distintas circunstancias han puesto a la informalidad laboral en el centro del debate. La polémica sobre la obligatoriedad de los aportes de los independientes a los sistemas de pensiones, la necesidad de hacer más competitiva la economía ante la evidente desaceleración que viene sufriendo y así como la publicación de estudios sobre el empleo formal (Ministerio de Trabajo – MINTRA).

De acuerdo a un informe del MINTRA solo el 29,5% de las casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada tiene un empleo formal. Es decir un 70% se halla en la  informalidad. Según Jorge Toyama: “El empleo formal se concentra en el Estado, en las empresas de 10 a más trabajadores y en los independientes con educación superior. El Estado comprende a 1,4 millones de trabajadores, la mediana y gran empresa (con más de 100 trabajadores) a 1,5 millones, la pequeña empresa a 1,6 millones, y los independientes a solo 260 mil personas. En total, hay 4,8 millones de trabajadores formales. El sector informal, siguiendo el estudio del MNTRA, comprendería a 11 millones de trabajadores. Este sector percibe bajos ingresos [en promedio], no accede a la formalidad y especialmente tiene escasa cobertura en seguridad social: solo el28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)”.

Las cifras son elocuentes. Muchos sugieren o señalan abierta y erradamente que esta situación es causada por el modelo económico, al que acusan de descuidar el empleo. Nada más falso, son justamente las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral lo que alienta este indeseable fenómeno. El Perú es uno de los países con mayor rigidez en el mundo en contratación y despido de acuerdo al  World Economic Forum. Ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el más rígido)

Otros indican que es un sobrecosto. En Lampadia, no creemos que las vacaciones y gratificaciones deban considerarse sobrecostos. Cuando se emplea a una personal se lo hace por un paquete anual. Allí no está el problema. Como se ha señalado líneas arriba los inconvenientes radican en los costos de despido, en el regreso de la estabilidad laboral que incluye reposiciones destructivas de la productividad y hasta de instituciones como la policía, que tiene que reponer a delincuentes separados de sus filas, por órdenes judiciales. Toyama indica que “en otro países no se entrega al trabajador un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo”.

Para colmo de males en los últimos años, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han reinstaurado con sus sentencias la más estricta estabilidad laboral, obligando a las empresas y al Estado a reponer a trabajadores despedidos. Y esto no es todo. El cese colectivo por razones económicas es imposible. En los últimos 13 años, el Mintra no ha autorizado ninguna solicitud de este tipo. Por tal motivo, como señala el citado especialista, es menos oneroso y fácil liquidar una compañía que reducir la planilla. Un contrasentido que atenta contra las principales generadoras de empleo: las empresas privadas. A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra.

Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Esta trampa anti desarrollo es algo similar a lo que ocurre en Francia, en el que el número maldito es el 50. Las empresas no contratan al empleado número 50. Se quedan con 49, porque de lo contrario desencadenan casi tres decenas de regulaciones laborales que elevan sus costos al punto de representar inmensas pérdidas.

El sueldo mínimo vital, también se consideraun factor limitante para la formalización. De acuerdo a un estudio de Macroconsult, el actual nivel de la Remuneración Mínima Vital es demasiado alto para la realidad de las micro y pequeñas empresas. Según este informe: “el 39% de los trabajadores informales del sector formal y un 63% de los trabajadores informales perciben menos del salario mínimo (S/. 750)”.

Tiene sentido, recientemente los suizos votaron en contra de que se fijara un salario mínimo en su país (su actual tasa de desempleo es de 3.3%). Prefirieron la libre negociación como es hoy. El estado del bienestar europeo con sus rigideces laborales explica en buena medida que en España el desempleo juvenil supere el 55% de los jóvenes en edad de trabajo. Alemania se salvó de esto, porque antes de la crisis  reformó su sistema flexibilizándolo.

En nuestro país, la formalidad es como un gueto inverso, hecho para que nadie entre. Además, la institucionalidad creada alrededor de nuestras regulaciones hace que, por ejemplo, los gremios sindicales terminen defendiendo el privilegio de minorías y evitando la protección del gran conjunto de trabajadores.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos. Ojalá no tengamos que afrontar una crisis económica con rigidez laboral, como en España. Lampadia