El CADE 2017 reunió a muchos empresarios, políticos y opinólogos del país y, como suele hacer, trajo algunos expositores renombrados del extranjero. En esta ocasión queremos resaltar la exposición del español Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, quien expuso sobre las propuestas para hacer viable el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de generar desarrollo territorial, empleo y bienes.

Rafael Fernández explicó con mucha elocuencia que los agricultores no se perjudican por un agua contaminada al estar cerca de una mina, ya que sostuvo que el oro, el cobre, el hierro y el carbón sí pueden extraerse sin dañar la labor agrícola.

En su presentación, Fernández mostró fotografías sobre algunos proyectos mineros europeos y norteamericanos en donde no solo coexisten los cultivos agrícolas al lado de las minas, sino que es el agua extraída del interior de las minas, la que se utiliza para irrigar las tierras agrícolas.

El catedrático español explicó que la minería es productora de agua, porque esta sale del subsuelo y hay que drenarla para poder pasar en busca del mineral. El mayor lago de Europa, citó, está al lado de una mina de carbón y produce agua de excelente calidad gracias al adecuado drenaje y purificación que se realiza en la mina. Ver la presentación de Rafael Fernández en el CADE:

El oro, los cultivos agrícolas y la trucha son compatibles, recalcó, si se utilizan las tecnologías adecuadas y se siguen las metodologías correctas. La mina, agregó, puede usar el 10% del agua extraída y el resto se va para el riego de los cultivos. Así sucede en Portugal, Alemania, Polonia y varios países más, dijo.

Ver video completo:

Este es un argumento más que desmiente a muchos anti mineros que afirman que hay que estar en contra de la minería en cabeceras de cuenca al temerse un eventual acaparamiento de las fuentes de agua. La verdad es que el agua de la lluvia no cae solo en las cabeceras de cuenca, que son áreas muy pequeñas. La lluvia cae en zonas mucho más amplias y en consecuencia, la presencia de una mina en una cabecera de cuenca no vulnera la acumulación y aprovechamiento de agua para el resto de la sociedad.

La verdad es que el ciclo del agua es integral y continuo. En consecuencia, el agua proviene de toda la cuenca, no solamente de la cabecera. Este elemento que proviene de las lluvias, previamente se ha evaporado del mar, de las plantas y de todo lo que emite vapor hacia la atmósfera.

Lamentablemente no todos entienden, o quieren entender el tema. En un reciente análisis sobre el tema (Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’), decíamos, sobre las declaraciones de Cayetana Aljovín y Elsa Galarza, ministras de Energía y Minas y del Ambiente, respectivamente, que como no podemos dudar de la sinceridad de las damas que conforman el gabinete ministerial, asumiremos que no conocen lo suficiente o han sido engañadas.

Lo cierto es que tenemos 159 cuencas que cubren todo el territorio nacional y todos estamos parados sobre parte de alguna cuenca. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los peruanos es aprender a aprovechar nuestros recursos, como los minerales, la energía, el agua, etc., etc. Solo la Cuenca del Alto Apurímac (una de las 159 que tenemos en el Perú), cubre buena parte de los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa. ¿Tiene una cabecera? ¿Cientos? ¿No es toda la cuenca la que debe cuidarse, ponerse en valor y aprovechar (en sus múltiples recursos) para el beneficio de sus pobladores, y no más bien, de malos dirigentes que viven de la pobreza de la gente? Ver en Lampadia: Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

Existe la oportunidad para llenar déficit de oferta de minerales como el cobre desde el Perú y se puede lograr si entendemos que es un sector con sostenibilidad ambiental y lo vemos con una visión integral para desarrollo de toda la región ofreciéndoles agua limpia. Solo así cerraremos las brechassociales y económicas que arrastramos, logrando un desarrollo sostenible del sector y del país. Lampadia

Para el Estado nacional y para las empresas mineras:

• No basta hacer inversiones que adopten los mejores estándares operativos del mundo;
• No basta que sus instalaciones y procesos cumplan con las mayores exigencias ambientales aplicadas en los países más exigentes;
• No basta que desplieguen los mejores esfuerzos para relacionarse con los pueblos y comunidades alrededor de sus instalaciones;
• No basta que cumplan con todas las regulaciones de autoridades nacionales y locales;
• No basta que paguen sus impuestos y contribuciones;

Si la legitimidad del sector y su viabilidad política, se juega y define en el campo de generación y difusión de contenidos, basados en ideas-fuerza que alteran la realidad.

Mientras unos producen riqueza para todos los peruanos, respetando la frondosa normativa nacional, otros –los anti mineros- producen mitos y ocupan los espacios mediáticos, creando un ecosistema reacio y hasta contrario a la inversión minera.

Peor aún, esta prolífica labor de creación de contenidos anti mineros, no termina en la captura del quehacer de múltiples agentes mediáticos; llega y captura la acción política de autoridades regionales y locales, como se hizo patente en el caso de los alcaldes de la costa sur de Arequipa, y de su gobernadora, Yamila Osorio, en relación al proyecto de Tía María.

El siguiente artículo de nuestro colaborador, Camilo Ferreira, hace una clara descripción de este proceso:

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[i], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[ii],“Poder Político y Gobierno Minero”[iii], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[iv]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad editorial y mediática desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otro tipo de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONG’s anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta anti minera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista.  Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por restar legitimidad al sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

• Efectos sobre el desarrollo del sector
• Caracterización ética de las empresas
• Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
• Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[v] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega a la ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[vi] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[vii]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s anti mineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones anti mineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “CreativeCommons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez editadas, estas publicaciones pasan al proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

• Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación de la publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
• Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
• Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
• Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
• Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es común considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stakeholders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

• Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones anti mineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperacción en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras”. Los “expertos” citados son pos-extractivistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.

• Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de cajas de resonancia de estos argumentos ante el público en general.

• Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca-a-boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras. Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los anti mineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándolo las bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En Neuquén Argentina, la Municipalidad de Vista Alegre emitió la Ordenanza 783/16[i] la cual prohibía el uso del fracking(gas esquisto) en dicho territorio. En esta zona se encuentra el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta cuyo aprovechamiento implicaría una inversión cercana a los 4,000 millones de dólares para el 2018 y podría inclusive llegar a 20,000 millones hacia el 2019.[ii] EL frackingsería la principal modalidad de acceso para estos recursos.

Fuente: YouTube

En Cajamarca, Perú, el Gobierno Regional emitió la Ordenanza Nº 036-2011 la cual declaraba inviable la realización del proyecto minero Conga. Esta ordenanza fue útil para paralizar un proyecto que implicaría una inversión de 4,800 millones de dólares.

Ambas ordenanzas fueron declaradas improcedentes, en el caso argentino, por el Tribunal Supremo de Justicia,y en el peruano por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus efectos jurídicos de largo plazo fueron nulos, ello no implica que estas medidas hayan tenido resultados irrelevantes desde el punto de vista político. En ambos casos, las ordenanzas sirvieron para confundir a la población acerca del marco normativo válido y para dar legitimidad institucional a una iniciativa contraria a la legislación del país.

CARACTERÍSTICAS Y USO

Los antimineros concentran su activismo en aquellas zonas en la que existe el potencial de una profunda conflictividad ligada a proyectos extractivos. Para generar un consenso local hostil al sector extractivo, ellos buscan combinar la concentración de recursos políticos por parte de los activistas antimineros y condiciones sociales proclives a la conflictividad.

Este consenso se traduce en efectos sobre el sistema político particular de un determinado territorio. Los antimineros son capaces de ser políticamente fuertes en algunos sectores subnacionales de un país, ya sea un municipio argentino, una región peruana, un cantón ecuatoriano o un departamento en el Salvador. Ello permite o bien, la elección de autoridades hostiles a la minería, o que las autoridades locales se encuentren sumamente condicionadas por los activistas antimineros.

Esta hegemonía política local se traduce en la instrumentalización de las autoridades locales y de las instituciones que controlan a favor de los objetivos políticos de los antimineros. Estas autoridades emiten ordenanzas o resoluciones que inviabilizan proyectos mineros específicos o, si es posible, de la totalidad del sector como lo hicieron en El Salvador. Estas ordenanzas pueden declarar intangible para las operaciones mineras determinadas áreas (cabeceras de cuenca), prohibir el uso de ciertos insumos críticos (como lo sería el cianuro), o la aplicación de determinada tecnología minera (por ejemplo, el tajo abierto o el fracking). Estas ordenanzas pueden darse a pesar de que seancontrariasal orden jurídico y que impliquen el ejercicio de facultades no existentes.

En muchos casos, estas ordenanzas se encuentran tan lejos del rol de estas autoridades, que han sido emitidas sin ninguna expectativa racional de que las mismas puedan ser aceptadas por los poderes del Estado en el nivel nacional. Los autores de esas ordenanzas saben muy bien que, en el marco jurídico del país, estas son inválidas, pero ello no les preocupa. Los efectos de estas ordenanzas permiten arribar a la conclusión de que no se trata de medidas infructuosas para ilegalizar operaciones mineras, estas ordenanzas son actos de comunicación política que forman parte de la lucha de largo plazo, de los antimineros, por deslegitimar las operaciones mineras y cuestionar al marco institucional nacional que norma al sector.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

La emisión de estas ordenanzas tiene un conjunto de efectos sobre el proceso de conflicto político prolongado que caracteriza la resistencia a las actividades extractivas. Entre ellos se encuentran:

• Envío de mensajes antimineros: Al momento de la emisión de la ordenanza las autoridades antimineras obtienen espacio mediático local y nacional. Brindan entrevistas en los medios, se publican artículos, etc. Este espacio mediático es ocasión para que los defensores de la ordenanza puedan justificar esta medida emitiendo un discurso hostil a la minería.

La emisión de estos mensajes no se da únicamente durante la emisión de la ordenanza, el proceso judicial que se genera a partir de la misma, ante instancias superiores de justicia. Cada audiencia y emisión de fallos se transforma en un evento con relevancia noticiosa lleva a los voceros antimineros a obtener espacio gratis en losmedios de comunicación.

• Deslegitimación de la Institucionalidad: Uno de los anillos de protección de la legitimidad de un proyecto minero consiste en la legitimidad y credibilidad social de las instituciones que la fiscalizan. Instituciones creíbles tienen un fuerte impacto sobre el potencial de credibilidad de las causas del conflicto.

La falta de credibilidad de las instituciones públicas ante la población local en hacen más creíbles las acusaciones de los antimineros respecto a impactos nocivos de las actividades mineras. Por ejemplo, un EIA pasa a ser menos creíble si se considera que los poderes del gobierno central están cooptados por las empresas mineras. A los ojos de un amplio segmento de la población local, el pronunciamiento del poder judicial o del ejecutivo, considerado como ampliamente corrupto, en contra de sus ordenanzas y favorable a la actividad minera es la comprobación de la cooptación de los poderes del Estado por las empresas mineras.

Las ordenanzas locales también permiten a los antimineros afirmar que las operaciones de un proyecto extractivo son ilegales y que el respaldo de otras ramas del Estado es ilegal, producto de la corrupción o expresión del centralismo.

Con base en las ordenanzas locales se atribuye ilegalidad a las operaciones de las empresas mineras y a las instituciones públicas que las respaldan, se consideraran como ilegitimas las acciones de la empresa, y se justifica el apoyo a la realización de acciones violentas en su contra. Se denuncia que las acciones de la Empresa se hacen en desacato a las ordenanzas locales, que devienen en ilegales. Los actos violentos se vuelven socialmente más legítimos si se realizan contra de una Empresa que ha subvertido el orden legal local, y se argumenta que fuerzas del orden que buscan hacer que se cumplan las leyes son mercenarias al servicio de las empresas mineras.

RECURSO DISCURSIVO

La conflictividad asociada al sector extractivo tiende a ser una lucha política prolongada en la que las coaliciones enfrentadas van construyendo narrativas en procesos de acumulación graduales. Cada lado va acumulando argumentos que vuelven sus posturas más sólidas y creíbles a los ojos de la población.

Las ordenanzas referidas, permiten que los antimineros hagan afirmaciones tales como: “Este proyecto se asienta sobre un ecosistema frágil como lo declara la ordenanza X” o “Se van a usar sustancias que implican un riesgo para la salud de acuerdo a la ordenanza Y”. Las ordenanzas brindan un soporte de institucionalidad pública a componentes de la narrativa antiminera. Las ordenanzas son presentadas como prueba de que sus posturas hostiles se sustentan en hechos científicamente verificados por autoridades legítimamente elegidas.

En conclusión, estas ordenanzas no son únicamente esfuerzos para prohibir la minera; son instrumentos de lucha política. Los sectores preocupados por el futuro del sector extractivo deben tomar en consideración los efectos políticos de estas medidas y no solo sus consecuencias legales. Lampadia

Los llamados conflictos sociales, en esencia, más conflictos ‘político-sociales’ que puramente sociales, vienen impidiendo buena parte de la inversión en minería (principal motor de nuestra economía). Esto se asienta durante el gobierno del nacionalismo y no se ha podido revertir con el actual gobierno. Peor aún, desde el inicio del gobierno de PPK, esta modalidad de ‘lucha’ ha enfilado sus ataques al sector turismo.

A raíz de la llamada huelga de los maestros del sector público, hemos podido comprobar el nivel de penetración de movimientos radicales y extremistas, incluso vinculados, y hasta dirigidos, por la nueva estrategia de Sendero Luminoso, de penetrar gremios laborales y diversas instituciones del país, como medio alternativo de acercarse al poder político.

Tanto la continuación de los conflictos anti mineros, como los dirigidos contra el turismo, y el “PUTSCH” de Movadef-Sendero”, se han facilitado por el permisivismo de un gobierno, a todas luces, muy débil y sin estrategia para enfrentar los niveles de conflictividad actuales. Situación agravada, además, por el absurdo enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo.

Hace un tiempo, publicamos el siguiente cuadro para expresar el riesgo de perder nuestros proyectos mineros, con el desarrollo en el mundo, del desarrollo de nuevos materiales, de otras fuentes de recursos, como las operaciones submarinas y hasta la explotación de asteroides.

Desde esta perspectiva, se puede decir que el gobierno de Ollanta Humala perdió la minería. Esperemos que no tengamos que decir que el gobierno de PPK perdió el turismo (sin recuperar la minería).

La situación política de los últimos meses, en que hemos tenido que soportar conflictos no contrastados por el gobierno, hacen propicia la ocasión para publicar entre nuestros documentos, nuestro libro sobre la conflictividad anti minera, que permite entender la naturaleza de todos los conflictos ‘político-sociales’, asunto que consideramos debe pasar a ser de conocimiento de todos los estamentos influyentes de la sociedad.

En marzo pasado, presentamos el primer libro de Lampadia: “Para Reducir la Conflictividad Minera”, con los comentarios de Renzo Rossini, Gerente General del BCR, Carlos Gálvez, entonces Presidente de la SNMP, y el autor, Sebastiao Mendonca Ferreira (ver: Lampadia presentó su primer libro). El libro recoge un largo esfuerzo de sistematización del análisis de la naturaleza de la conflictividad minera que hemos desarrollado en Lampadia con. El material de base del libro, forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo, en la que hemos dado una importancia especial al aspecto de conflictividad.

En uno de sus mejores momentos históricos, el Perú de la primera década del siglo XXI, ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios de su desarrollo, acusándolo de tener un ‘pernicioso modelo primario exportador’ y, caracterizando a la minería, su principal motor de crecimiento, como una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, como una actividad de tipo enclave que descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, además, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Buena parte de la explicación de este proceso, difícil de entender, es que hemos permitido que para ciertos grupos de interés, sea más económico extraer (conseguir) ingresos del sector de mayor productividad, el primario, que lograrlos desarrollando actividades productivas. Para ello se han especializado en extorsionar a las empresas y al Estado o en conseguir subvenciones para sus ONG.

En otras palabras, estos grupos, se asocian a donantes extranjeros que promueven formas de vida bucólica lejos de sus tierras; o promueven ideas trasnochadas, como Oxfam; o en aras de supuestos comportamientos nobles, promueven la parálisis de la explotación de recursos naturales, como lo hacen la Unión Europea y la Cooperación del Reino de España. Desde esa base, extraen recursos de las empresas extractivas o crean conflictos (político) sociales, generan ingresos y/o posicionamiento mediático o movilidad política, incluso sin que los delitos que puedan cometer, conlleven costos que inhiban dichos comportamientos, permitidos por lo que el Basombrío, el Ministro del Interior, califica como “democracia boba”.

En el libro se explican los elementos que permiten acercarse a un mejor entendimiento de estos conflictos, que ya han hecho mucho daño en el Perú. Justamente la inspiración de desarrollar este estudio surgió de la necesidad de desvelar qué hay detrás de la conflictividad minera, de los mitos y mentiras abiertas que vienen resonando tan seguido en los medios de comunicación y que han creado un proceso político que ha sido difícil de entender, al punto que los gobiernos se han visto acorralados sin un eco positivo de la opinión pública, optando una y otra vez por parar los proyectos mineros.

Esta siembra de mitos, la agudización de agravios y la violencia abierta, facilitada por la impunidad y la extracción de rentas han sido analizadas y comparadas con la tesis de L.P. Gerlach sobre la estructura de los movimientos sociales, para explicar la convergencia de acciones, en el tiempo y en el espacio de confrontación, contra el desarrollo anti minero. Así nació el concepto de SPIN (Segmented Polycentric, Integrated Networks), o redes integradas, segmentadas y poli-céntricas, el cual permite entender el sofisticado proceso de sabotaje de la actividad minera, sin que exista o se requiera unidad de comando. Ver en Lampadia: ‘SPIN’ explica la convergencia de fuerzas anti-minería. Documento que hemos publicado junto con el libro de conflictividad.

En Lampadia consideramos que la superación de la conflictividad es clave para la viabilidad del Perú. El desarrollo de la minería, no solo depende de nuestras exportaciones y la generación de divisas, sus impactos más importantes se dan en la generación de recursos fiscales, esenciales para superar la pobreza y en sus encadenamientos con los demás sectores de la economía.

Ahora que todos vislumbran mejores cotizaciones de los metales, especialmente del cobre y del zinc, es imperioso superar la conflictividad anti inversión minera, pues de lo contrario, solo veremos pasar la oportunidad de invertir, crecer y mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Por eso compartimos con nuestros lectores el contenido completo de este libro, incentivando la libre difusión de su publicación. Para ver el libro completo, ver: Para Reducir la Conflictividad Minera y Cómo se organizan los conflictos mineros.

Esperamos que el gobierno supere sus limitaciones en el manejo de conflictos, y esté a la altura de sus responsabilidades, permitiendo que los peruanos nos beneficiemos de los recursos que disponemos. Para ello, debe empezar por comunicar los beneficios de la minería, reenfocar el llamado ‘Adelanto Social’, y aplicando la ley en nombre de los millones de peruanos que podemos sacar de la pobreza con la minería. Lampadia

La fiebre del oro se repite una y otra vez en la historia, al norte o al sur del planeta, en las costas o depósitos aluviales, y hasta en las grandes alturas, La Rinconada en Puno. La más simbólica, una de las que se llegó a ocupar el gran escritor austriaco, Stefan Zweig, en su oda, “Momentos estelares de la humanidad”, fue la fiebre de oro de California del siglo XIX en un territorio donde ahora está la gran ciudad estadounidense de San Francisco. Ver en Lampadia: Minería Ilegal del Oro – Un análisis contextual.

Fuente:  diariocorreo.pe

En el siguiente artículo del periodista peruano que recorre el mundo detrás de reportajes llamativos, podemos ver como una de la tragedias sociales de la búsqueda del ‘Dorado’, se repite una y otra vez. Ahora, en el Perú, además del desastre causado por la minería ilegal de los depósitos aluviales de Madre de Dios, tenemos una explotación filoniana a más de 5,000 metros de altura, donde no vive ningún otro ser. Evidentemente, la dinámica social de La Rinconada se asemeja a la de una pequeña Sodoma en la que la necesidad, la ambición y la explotación social se dan la mano. Un reportaje, que no debemos dejar de ver.    

Los mineros de oro que trabajan gratis​

Muchos hombres acuden a esta brutal tierra sin ley, a veces con toda su familia, en busca de la fortuna que les dé una vida mejor

Por Sebastián Castañeda, periodista gráfico peruano.
BBC (Travel)
05 de octubre de 2016
Traducido y glosado por Lampadia

El mundo de los hombres

Situada al sur de los Andes peruanos, a una altitud de más de 5,000m, la ciudad minera de oro de La Rinconada es la más alta vivienda humana en la Tierra.

Conocida como la “tierra de los hombres” debido a las brutales condiciones de trabajo que enfrentan los hombres, la ciudad atrae a trabajadores de todas las naciones andinas que buscan fortuna. Pocos pueden manejar el frío extremo y la altitud, mientras que el calor y la humedad en los túneles mineros pueden ser casi insoportable. 

Buscando sus fortunas

Durante las últimas décadas, miles de hombres de todo el Perú han migrado a estas montañas de pequeñas ciudades para probar su suerte. Algunos han estado aquí hasta 20 años.

Cada año se extraen de las minas más de 100 toneladas del metal, y el aumento del precio del oro ha causado que la población de la ciudad se duplique en los últimos cinco años a cerca de 50,000. 

Una vida dura

Hay pocas comodidades en La Rinconada. Las calles están siempre fangosas por el deshielo, y no hay agua potable, sistema de alcantarillado ni letrinas públicas. Incluso los lagos cercanos, de los cuales muchos residentes recogen el agua, están contaminados por el mercurio desechado que se utiliza para separar el oro de las piedras. 

En enfermedad y salud

Cada día, los mineros caminan por un estrecho camino de 1km que conecta la ciudad con las minas de las montañas cercanas. La basura está esparcida por toda la ruta, ya que no hay servicios básicos tales como recolección de basura. Debido a las insalubres condiciones, así como las inclemencias del clima, es frecuente que sus habitantes sufran de infecciones respiratorias agudas y diarreicas. 

Trabajando gratis

Los mineros trabajan en un sistema tradicional de trabajo llamado cachorreo, donde trabajan 30 días sin paga para la minera informal, seguido por uno o dos días de minería de oro para sí mismos.

No es raro que los mineros se retiren sin nada. Pero incluso con las complicadas condiciones que enfrentan, los mineros se opusieron fuertemente a un esfuerzo reciente para reformar el sistema cachorreo en un modelo salarial peruano nacional. El cachorreo ofrece una mayor oportunidad de ganar dinero – por no hablar de la oportunidad de contrabandear oro de la mina durante los días no remunerados. 

Un mundo sin leyes

La Rinconada tiene una economía en efectivo con pocas opciones de gastos que no sean bares y discotecas, que son abundantes, al igual que strippers y prostitutas. No hay una ley establecida, lo que resulta en frecuentes borracheras públicas e incluso puñaladas, principalmente en peleas de mineros sobre las mujeres. 

Las mujeres de la mina

Hay otra comunidad aquí arriba, mujeres que trabajan como pallaqueras, el término local para los grupos de mujeres que clasifican las rocas no deseadas y los escombros de las minas de oro. Buscan pequeñas piezas de oro que pudieran haber sido desechadas o ignoradas por los mineros. 

Buscando en la chatarra

Llegando a ser alrededor de 700 mujeres, estas pallaqueras – en su mayoría madres solteras, viudas y esposas de mineros – martillan las rocas durante ocho horas al día, dependiendo de su fuerza. No se les permite entrar a la mina, ya que se cree que traen mala suerte. 

Fútbol congelado

Dado que la hierba no crece a esta altitud, los mineros juegan al fútbol en un campo sintético. El ambiente es duro. Aquellos que vienen aquí se enfrentan a varias enfermedades de altura, como agotamiento, dolores de cabeza, mareos, náuseas e insomnio. Se dice que las minas de La Rinconada matan a los trabajadores rápidamente, a través de accidentes y derrumbes, así como lentamente, al desarrollar problemas terminales de salud por las malas condiciones de vida. Pero los hombres siguen acudiendo aquí, a veces acompañados por toda su familia, en busca de la fortuna que les dará una vida mejor. 

En las siguientes líneas del blog del Banco Mundial, se presenta el caso de los pobladores de la municipalidad de Coyllurqui, que se prepararon para pasar del tradicional estadio de pobreza y limitación de recursos económicos a la abundancia, producto de un proyecto minero. La capacitación de los dirigentes del pueblo permitió, por ejemplo, que sepan priorizar el uso de los recursos. Excelente ejemplo de cómo aprovechar los recursos y evitar los conflictos de la transición social.  

COMPARTIENDO LOS BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS MINEROS EN PERÚ

Líderes comunitarios reciben preparación para poder discutir sobre las prioridades de los gobiernos locales © IFC
 

Blog del Banco Mundial
Agosto 2016
Glosado por Lampadia

Durante generaciones, los habitantes de la municipalidad alto andina de Coyllurqui, en el Perú, saben lo que es vivir en carestía de servicios básicos o falta de acceso a los recursos que podrían ayudarlos a prosperar. En esta zona quechua-hablante, la pobreza rural sobrepasa el 50% y las tasas de analfabetismo y desnutrición son más del doble que el promedio nacional.

Sin embargo, hoy, los 8,550 habitantes de Coyllurqui están ante un desafío sin precedente: un aumento importante de los ingresos públicos. Esta única oportunidad es posible gracias a los impuestos y regalías que comenzarán a generar los proyectos mineros ubicados en esta región.

Para las autoridades de Coyllurqui, la responsabilidad de construir un futuro que nunca antes había sido posible —con nuevas escuelas, caminos y hospitales— era intimidante. Después de todo, ellos carecían de experiencia en la gestión de grandes presupuestos y en la supervisión de la construcción de obras públicas de gran envergadura. Nunca antes habían tenido acceso al conocimiento ni a las herramientas o sesiones de capacitación institucionales que sí están a disposición de aquellos ubicados en zonas con más recursos. 

Después de recibir la capacitación, los ciudadanos están preparados para participar en los procesos de toma de decisiones públicas © IFC

El programa de Gestión de Regalías implementado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en colaboración con el Gobierno de Canadá, está brindando dicho acceso. El programa busca fortalecer las capacidades de los líderes de la comunidad para ayudar a los gobiernos locales a administrar los recursos generados por la minería de una manera adecuada y responsable.

Más de 100 líderes de Coyllurqui y sus alrededores han participado en actividades de capacitación y preparación rigurosa. “Esta ha sido la primera vez que hemos recibido capacitación y hemos podido participar en el proceso de toma de decisiones de la municipalidad”, dice Miguelina Arriola, una lideresa local.

Los participantes aplicaron sus conocimientos de forma casi inmediata, entablando con sus autoridades un diálogo abierto e informado sobre sus principales necesidades y prioridades de inversión a mediano plazo. Como resultado, las autoridades y los líderes locales llegaron recientemente a un total acuerdo sobre el uso de los recursos del Presupuesto Participativo para los próximos tres años. Los proyectos seleccionados abarcan los sectores de agua y saneamiento, educación y riego.
 
UN IMPACTO DURADERO

El enfoque del IFC en el Perú —y en proyectos similares en Colombia— se centra en el principio de “distribución equitativa” de los costos y los beneficios del desarrollo de los recursos naturales en la sociedad. Creemos que es importante asegurar que los proyectos y sus impactos positivos sean duraderos y resilientes a los cambios con el paso del tiempo.

Inversionistas, gobiernos, comunidades y demás actores clave comparten un fuerte interés en lograr una distribución razonable de los beneficios.

Este modo de pensar en una “distribución equitativa” ha surgido de los aprendizajes de décadas de trabajo en el campo. Actualmente, la mayoría de los inversionistas privados se da cuenta de que los proyectos que dan ventajas para el país y para las comunidades que los acogen —y cuya distribución de beneficios es percibida como razonable— tienen menos probabilidades de sufrir interrupciones, renegociaciones o incluso expropiación. En el largo plazo, los inversionistas obtienen una retribución por las habilidades desplegadas, el capital invertido, y por los riesgos asumidos.

A medida que los promotores de estos proyectos comprenden mejor esta relación y experimentan dificultades, e incluso conflictos sociales con los actores involucrados, aumenta su interés en entablar un diálogo para crear valor y beneficios compartidos.

Este cambio de perspectiva ha sido positivo para Coyllurqui. Mientras la municipalidad hace la transición de la pobreza a una mayor autosuficiencia, sus líderes están en mejores condiciones de tomar decisiones que representarán beneficios duraderos y positivos para sus habitantes, las instituciones y las infraestructuras. Este podría ser un desafío sin precedente, pero uno muy bien recibido.
Lampadia

Editorial de Lampadia

El gobierno quiere terminar su faena anti-minera con una suerte de expropiación de parte de las acciones de las empresas mineras que operan en el Perú.

Así se desprende de la increíble carta de la Ministro de Energía y Minas, dirigida a los CEO de las empresas que operan en el Perú (15 cabezas de los grupos mineros en el exterior y tres en el país). La invitación se ha hecho con un mes de anticipación, para un taller en el que se elaboraría “una propuesta de política sobre la minería”. 

Según declaraciones que ha venido haciendo la Ministro en varios medios y que presenta el día de hoy Gestión: “La idea de convertir a las comunidades en socias de las empresas no es nueva. Hace dos semanas, la propia titular del MEM, Rosa María Ortiz, se suscribía al proyecto. (Gestión.pe 31.07.2015). ‘Este tipo de iniciativas se da en otros países y funciona’, apuntó aquella vez”.

Esta maniobra no contempla la compleja realidad de las inversiones mineras y sus estructuras accionarias en las que se destaca la presencia de inversionistas institucionales, sobre los cuales no pueden decidir ni los propios CEO de las empresas.

Más allá de las apariencias de esta iniciativa, debemos entender que detrás de ella habría una maniobra política muy sofisticada en la que el gobierno, recurriendo al más tradicional populismo latinoamericano, se prepararía para enfrentar a los ‘ricos mineros’ con las ‘pobres comunidades’. Así pretendería seguramente mejorar su capacidad política con miras a las próximas elecciones generales, dando un golpe de gracia al sector minero formal.

Como hemos explicado muchas veces, ‘el camino al… está empedrado con buenas intenciones’. Además no se debe hacer política con el dinero o propiedad ajena. El taller aludido en la invitación es una suerte de emboscada, que podría ser el inicio de una serie de maniobras políticas del gobierno; dirigidas, no a gobernar, sino a fortalecer el partido Nacionalista para las elecciones.

Más abajo reproducimos una copia de la carta que llegó a los jerarcas de la minería global sin conocimiento de sus representantes en el Perú y, menos aún, del gremio que agrupa a las empresas concernidas. En una segunda comunicación (que no adjuntamos), la ministra informa a los mineros la confirmación de la asistencia del Presidente de la República a la reunión planteada y abre la posibilidad de que las empresas puedan llevar tres representantes.