CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellando la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de 25 años, el Perú se retira del grupo de países que basan buena parte de su éxito, en el desarrollo de la minería moderna y formal. Le estamos diciendo adiós a Australia, Canadá, y Chile.

De la mano del gobierno marxista de Castillo y Perú Libre, estamos renunciando a la riqueza que nos ofrece la minería, al regalo más grande de nuestra Pachamama. (Ver el Lampadia: La Pachamama nos regaló la minería).

Con los eventos antimineros apoyados y hasta propiciados por el gobierno en el sur de Ayacucho, en Antamina, la renuncia a Tía María, la parálisis de las exploraciones mineras, y especialmente, los desatinos en el corredor minero y la operación de Las Bambas, el Perú ha salido definitivamente, hasta que se produzca un cambio cualitativo en el gobierno del país, del grupo de países que aspiran a la modernidad y el bienestar general de sus poblaciones, aprovechando los recursos que se pueden transformar en riqueza.

Como vamos, ya no habrá nuevas inversiones de nivel mundial, solo tendremos ampliaciones de las operaciones existentes, o inversiones de carácter especulativo o ligadas a la corrupción.

¿Puede seguir habiendo minería en ese ambiente?, claramente sí, pero no a nivel mundial, ahora tendremos minería de segundo nivel, como la que se lleva adelante en algunos países africanos, que sobreviven en medio de guerras, dictaduras extractivistas o sistemas de corrupción abierta.

A diferencia de la minería del Congo, en Australia, Canadá, Chile y Perú (desde mediados de los años 90), se desarrolló una minería con las mejores tecnologías del planeta, con un gran cuidado ambiental y con muy buenas prácticas sociales. Cualquier análisis objetivo de la minería moderna en el Perú lo confirma. El impacto de la minería se manifestó ampliamente en la reducción de la pobreza, la desigualdad, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de múltiples actividades económicas complementarias, además del incremento sustancial de recursos fiscales para el gobierno central y las regiones; desperdiciado en gran medida, por la mala gestión y la corrupción.

La destrucción de la minería en el Perú se inició con el gobierno de Humala, y solo se ha agravado con los de PPK, Vizcarra y Sagasti; para ahora caer en manos de marxistas anti inversión.

A diferencia del verbo pos-extractivista, la minería moderna no contamina, no consume toda el agua, se potencia con la agricultura, paga buenos sueldos, genera otras actividades económicas, paga todos sus impuestos hasta el 47% de la renta, genera múltiples beneficios para las zonas mineras y es la mayor aportante de recursos fiscales que debieran usarse bien en educación, salud, infraestructuras y tecnología, y no desperdiciarse en ineficiencias y corrupción.

Curiosamente, los antimineros y el gobierno apoyan y protegen la minería ilegal que, depreda la naturaleza, genera prostitución infantil y trata de personas, además de lavar dinero y sembrar corrupción a su paso.

¿Entonces de qué se trata?

Como he dicho antes, ‘Indigna la falta de indignación’ (Lampadia). Y ya vemos como las empresas mineras, en vez de dar la batalla, aceptan la falta de apoyo del gobierno, la complicidad del mismo con los delincuentes anti mineros, a los que protegen, y así se dirigen a operar sin las mínimas garantías para el desarrollo efectivo de sus operaciones. Ya veo que habrá empresas que se resignarán a operar menos de 300 días al año, además de sobrecostos abusivos.

Y el país parece no darse cuenta de lo que estamos perdiendo, la única posibilidad de crear riqueza aceleradamente, en los 20 años que nos quedan para hacerlo. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza Lo que necesitamos es más Minería.

Todavía podemos reaccionar y forzar un cambio de las desastrosas políticas del gobierno. Para ello tenemos que comunicar y explicar a los peruanos, nuestro potencial de un país verdaderamente próspero, el daño que el gobierno viene haciendo a todos, sobre todo a los jóvenes, que cuando se percaten del desenfoque de gobierno, solo les quedará volver a pensar en migrar a economías de mercado donde puedan tener vidas plenas. 

¡Comunicar, Comunicar y Comunicar!
Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Comunidades de Chumbivilcas, que están fuera del área de influencia de la minera Las Bambas, llevan ya 20 días bloqueando la carretera por la que se transporta el mineral para su exportación. Como sabemos, el bloqueo de vías es un delito, y realizarlo para exigir beneficios a una empresa configura otro delito: el de extorsión. 

Incluso los alcaldes de la provincia de Tacabamba han enviado un oficio a la Premier exigiendo que se ejerza el principio de autoridad y se levante el bloqueo. Pero el gobierno no solo no actúa para que se respete la ley, sino que se pone del lado de los que la violentan. Se suma al bloqueo y a la extorsión a la empresa minera. 

En efecto, el martes una delegación del ministerio de Energía y Minas (MINEM) viajó a Chumbivilcas a conducir un diálogo entre el Frente de Defensa, las comunidades y la empresa minera Las Bambas. La delegación estuvo integrada por Marco Sipán, jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM, ex dirigente del MAS de Gregorio Santos, el funcionario Pastor Paredes y nada menos Luciano Ataucuri, un conocido agitador anti minero que ha promovido diversos paros en el corredor minero y que fuera denunciado en el 2012 cuando como presidente del Comité de Lucha del distrito de Llusco promovió un paro contra el gobierno y la minera Anabi que culminó en el saqueo e incendio del campamento de dicha minera. 

Por supuesto, el diálogo se rompió porque las comunidades, que están fuera del área de influencia, a unos 100 y 200 km de la mina, mantuvieron, con el apoyo de la delegación del MINEM, unos pedidos desmesurados que no pueden ser atendidos. Es decir, el gobierno no solo no exige que se levante el bloqueo y la extorsión como condición para dialogar, sino que en lugar de facilitar un acuerdo se suma en buena cuenta a la extorsión. Es lo que constatamos en el acta que reproducimos en el anexo, cuyo primer acuerdo es una confesión de parte: 

“1. El MINEM rechaza la actitud de la empresa minera Las Bambas al negarse mejorar la propuesta para atender a las comunidades…”

Es decir, algo que podría leerse de la siguiente manera; “El MINEM rechaza que la empresa minera las bambas no quiera aceptar la extorsión”. 

Los funcionarios del MINEM no solo respaldan la extorsión, sino que firman un acta que reconoce explícitamente el delito de bloqueo de vías en su punto 4:  

“4. Las comunidades reafirman decisión de seguir manifestando de forma pacífica y garantizar el tránsito de todos los vehículos particulares que transitan por la vía”

Pero no los vehículos de la empresa. La delegación del MINEM acepta el bloqueo y considera “pacífico” impedir por la fuerza el tránsito de los camiones. Es inaudito. 

La Contraloría, la procuraduría y la fiscalía deben tomar acción. Esos funcionarios tienen que ser denunciados y despedidos. 

Hay un problema de fondo: el canon y las regalías aportados por las empresas no funcionan. Tienen que ser redistribuidos y encargados a un proyecto especial que adelante canon futuro y aplique un plan integral en todo el corredor minero. Todas las comunidades del corredor podrían tener un nivel de desarrollo social y productivo muy superior si tal cosa se hiciere. 

Pero el gobierno no está en eso. Está dedicado a sabotear la gran palanca del desarrollo nacional. Se han juntado:

1. El Frente Amplio de Marco Arana y Nuevo Perú de Verónika Mendoza, que quieren extirpar la minería de las “cabeceras de cuenca”. Para ello tienen a Mirtha Vásquez como Premier, a su ex socio en Grufides Pablo Sánchez como viceministro de Gobernanza Territorial, y al líder anti minero Lenin Checco como jefe de asesores del MINEM  

2. El Fenatep-Conare-Movadef que está en el gobierno y también en el Frente de Lucha del sur de Ayacucho que incendió el campamento de Apumayo y que busca generar zonas liberadas a secas, y con el cual la Premier Mirtha Vásquez firmó un acuerdo ilegal para cerrar 4 minas,  

3. Perú Libre, que tiene al ministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, hostil a las empresas mineras, y a la congresista Margot Palacios que se reunió días antes del bloqueo de Antamina con el presidente de Aquia, y también con los dirigentes neosenderistas de Ayacucho días previos al incendio de Apumayo, y así sucesivamente.  

Es muy grave lo que está ocurriendo con la minería nacional. No podemos permitir que nuestro principal recurso para conquistar el desarrollo nacional sea anulado por una convergencia de izquierdas anticapitalistas. 

ANEXO: 

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya nuestro querido Perú tenía desafíos suficientes que afrontar, para salir de la grave crisis económica originada por el COVID-19, pésimamente enfrentada por el gobierno desde su brote en nuestro territorio a mediados de marzo 2020, como para tener que lidiar desde el 28 de julio 2021, con el gobierno más incompetente de nuestra historia.

Como bien explica Waldo Mendoza en su “Carta abierta al presidente Castillo”, esta administración tiene más suerte que todos sus antecesores del último medio siglo, ya que “los términos de intercambio están en su nivel más alto desde 1974” y agrega que, “aunque el motor sea malo, y el piloto inexperto, el velero debe seguir avanzando por un tiempo, sólo por los vientos a favor”.

Claro, nadie esperó que el presidente convocara a una antiminera modosita, pero radical, como premier. Esta señora, contra lo que aconseja el sentido común, está anteponiendo su agenda personal, ideológica y política, a los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo (aquel al que tanto le gusta invocar a Castillo) y está metiendo un palo en la rueda del país.

Los componentes básicos de su agenda son:

• Aliarse con líderes antimineros radicales, para forzar un cierre de minas al margen de la ley y firmar acuerdos con ellos, generando expectativas que no podrá cumplir, pero afectando dramáticamente el riesgo país para nuevas inversiones.

• Infiltrar los niveles más altos de gobierno, tales como: Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, Jefe de Of. De Gestión Social del MINEM y jefe del Gabinete de Asesores del MINEM con tres antimineros calificados. Los dos primeros, responsables de haber sumido a Cajamarca en la pobreza, al oponerse al desarrollo de Conga, entre otros.

• Insistir con el predicamento de impedir actividad minera en las “Cabeceras de Cuenca”, concepto que, tal como explica Manuel Pulgar Vidal ex MINAM, es un término indefinido y usado políticamente.

• Promover que se transfiera a los gobiernos regionales la “zonificación económica-ecológica” del país, con lo que, el gobierno nacional perdería la capacidad de planear y ejecutar sus planes de desarrollo económico, sin dejar de mencionar el descontrol ante posiciones radicales en las regiones, que impidan nuevos proyectos.

• Aceptar como legítimo, que la protesta sea violenta y con daño a las personas y a la propiedad, asegurando absoluta impunidad.

• Como las contradicciones siempre estarán presentes, el MEF de P. Francke desea más impuestos de la industria minera y tiene en De Echave, a una sanguijuela profesional, que nada crea, pero que le encanta estirar la mano por más tributos, sin importar que se destruya nuestra competitividad.

En estas circunstancias, al MINEM no le está quedando más que reconocer en los hechos, que nuestro importante portafolio de proyectos de inversión minera, se irá dilatando en el tiempo. Obviamente no se ha atrevido a retirar muchos proyectos en el informe “2021 cartera de proyectos de construcción de mina”, recientemente publicado, aunque ha reducido su monto en sólo US$ 2 mil millones por “salida de la cartera” de tres proyectos no metálicos.

La pregunta lógica es ¿cómo se impactará este portafolio de proyectos si se llegase a aplicar los criterios que está impulsando la señora Vásquez? Restricciones por zonificación económico-ecológica, delimitación de “cabeceras de cuenca”, por mencionar sólo dos.

La sola restricción para ampliar la vida de la mina como producto de las exploraciones y desarrollos durante la operación de un yacimiento, deja de lado automáticamente cualquiera de los proyectos de ampliación de ese portafolio.  Por otro lado, todos están por sobre los 3,000 msnm. ¿Calificarían como cabecera de cuenca? ¿Los gobiernos regionales van a aceptar actividad minera en ellas? 

Demás está decir, que sólo apuntan las baterías a la industria minera formal, dejando que la minería ilegal se expanda a vista y paciencia de todos, incluyendo el colapso avisado de “La Rinconada”, los restos de lo que un día fue Tambogrande y otros que vendrán, al margen de los destrozos ambientales en los ríos de la selva a punta de mercurio.

Lo preocupante es que, si no se rectifica la actitud de este gobierno, respecto al sector minero, será muy poco probable que el ritmo de inversiones esperado por el MINEM en ese informe se haga realidad y, en consecuencia, estaremos dejando pasar una vez más, el tren de la historia, sin aprovechar nuestras oportunidades. Recordemos que la industria minera: 

• genera el 10% del PBI, 

• compra el 13% de la producción industrial nacional, 

• aporta al país cerca del 25% del impuesto sobre la renta recaudado en nuestra economía, 

• genera cerca del 65% de las divisas por exportaciones y 

• sin su aporte, no se tendría 2 millones de puestos de trabajo formal y bien remunerado, sin olvidar que es un aliado del Estado al ser generador de economía formal, puesto que, para venderle, se tiene que ser formal.

El desarrollo oportuno del portafolio de proyectos presentado por el MINEM, nos pondría en condiciones de competir por el primer puesto en la producción mundial de cobre, incrementaría nuestro PBI en el orden de 7 puntos porcentuales y nos permitiría atender la tremenda deuda externa que, un gobierno como el actual, nos agregará.

Si no le quitamos el palo a la rueda puesto por la PCM, corregimos los múltiples actos de corrupción que van aflorando en el gobierno y el señor Castillo no hace un esfuerzo de aprendizaje para gobernar, creo que, tal como dicen los aviadores, “nos encontramos en final corto”. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Desde hace varios años, venimos escuchando una permanente discusión dentro del sector eléctrico, respecto a la declaración del precio del gas. Esto es, si deben declarar una cifra auditada o si la sola declaración de las empresas generadoras, es base suficiente para definir en el COES el orden en que las máquinas deben realizar el despacho.

La Ley General de Concesiones Eléctricas dispone que el COES (operador del Sistema Interconectado Nacional), debe priorizar (como es natural) el ingreso gradual de las máquinas que despachen, en función de su costo marginal de generación, siguiendo estrictamente el orden de más económico a más caro (de más a menos eficiente), estableciéndose en consecuencia, que el de más bajo costo marginal despacha primero y que se irán incorporando gradualmente, en la medida de las necesidades, el siguiente más barato y así sucesivamente.

Para los que no estén familiarizados, se llama costo marginal a aquel costo (costo variable) en que un generador tiene que incurrir, para inyectar, en este caso, una unidad adicional de electricidad (kilowatt-hora) al sistema. ¿Esto qué significa? Pues que una hidroeléctrica que genera electricidad con el paso del agua por sus turbinas y no la consume, tiene prácticamente “costo marginal cero” y consecuentemente, ellas despachan primero. Que, en teoría, una central térmica que tiene que quemar combustible, digamos gas, debe registrar el costo del gas que debe consumir (siempre que lo pague en la medida que lo consume), para generar un kilowatt-hora adicional.

Lo interesante es que, entre los generadores, el MINEM, OSINERGMIN y ahora último los jueces, que no entienden nada, pero sentencian, se han enfrascado en la discusión de, si el costo declarado se debe auditar o si puede ser sólo una declaración libre. Por supuesto que a esta fiesta ¿cómo no se van a meter algunos congresistas que quieren hacer populismo barato a cambio de votos y algunos periodistas, que lejos de ilustrarse, preguntar y educar, quieren bochinche por interés crematísticos?

¡Nadie se sale de la caja y mira el problema en su integridad! El punto es que, en el Perú, los contratos de gas tienen dos componentes; el precio de la molécula de gas y el precio del transporte de esa molécula, desde su origen en Camisea, hasta su destino en la Central de Generación Térmica (CGT) usuaria. Pero el tema es que, desde el inicio del desarrollo del proyecto de gas, agosto de 2004, se autorizó los contratos “Take or Pay”, que fueron acompañados del “GRP” que luego explicaré. Lo importante es, que cuando la CGT tiene que comprar el gas bajo la modalidad “Take or Pay”, lo que significa; “pagas todo el gas comprado y su transporte, aunque no lo uses”, el costo del gas se convierte en costo fijo (ya no se paga en la medida que se consume) y, consecuentemente, ya no interviene en la determinación del costo marginal.

Si hacemos un poco de historia, encontraremos que hacia el año 2002, contábamos con el importante yacimiento de gas de Camisea sin desarrollar, una proyección de demanda eléctrica importante, con previsión de costos de electricidad crecientes, ya que nuestras opciones eran; centrales hidroeléctricas (con muy largos plazos de maduración) o térmicas a diésel, que resultaban de altísimo costo de operación (por muy alto precio del petróleo, rápido desgaste y baja eficiencia), al margen de muy contaminantes.

En esas condiciones, se tomó la decisión de impulsar el desarrollo de Camisea y para ello, se hizo necesario asegurar la rentabilidad del mismo, tanto al desarrollador del proyecto del yacimiento gasífero, como al responsable de construir el gasoducto, con la posibilidad de recuperar su inversión en un plazo de 30 años y con una rentabilidad garantizada de 12%. Este instrumento fue el famoso “GRP” antes mencionado (Garantía de Red Principal), que se impuso y cobró desde el 1 de noviembre de 2002, esto es dos años antes que el Perú usufructúe el uso del gas.

Lo importante es que, este pago del GRP (un subsidio cruzado), creado por la Ley de Promoción y Desarrollo del Gas Natural, fue una inversión de todos los peruanos usuarios de energía eléctrica, a cambio de ver sustancialmente reducido el costo de esa energía a partir del 20 de  agosto 2004, fecha en que Camisea empezó operación. En esa misma ley se autorizaba la contratación de suministro y transporte de gas, bajo la modalidad de “Take or Pay”, como un mecanismo complementario, que debía funcionar para “simular financieramente la operación a tubo lleno” de el gasoducto.

Muy importante mencionar que este GRP, significó una recaudación (subsidio) de US$433 millones en esa etapa inicial, pero permitió durante los primeros diez años un ahorro a los usuarios de la energía por US$1,936 millones y se estima que al 2030 el ahorro sería del orden de US$3,000 millones. Es claro que, sin ese impulso, Camisea hubiera tardado mucho en desarrollarse.

Pero debemos aprender que, lo que es bueno para el arranque, no debe ser permanente. La modalidad de contratación “Take or Pay” para simular “tubo lleno”, se justifica mientras la demanda del mercado va llenando realmente el tubo, pero una vez lleno, esa “muleta” se debe eliminar. Pues resulta que, a inicios del año 2010 y contra todo pronóstico, la capacidad del gasoducto se colmató y fue necesario instalar un sistema de  compresoras, hacer un “loop” con tubería de 24”, paralelo al ducto de 18” y aumentar el espesor del ducto en 2,000 mts, aguas arriba y abajo de la planta compresora.

Con lo antes descrito, es evidente que ya no se requería ninguna “muleta” como el “Take or Pay” y que el MINEM, al tiempo de autorizar la primera ampliación, debió eliminar la autorización de aplicar el mencionado mecanismo.

En el camino, muchos intereses se vienen jugando entre intervenciones regulatorias del Estado, que afectan al mercado eléctrico, al meterse a garantizar precios para que se construyan centrales hidroeléctricas, eólicas y solares. Así como, malas decisiones de contratación por parte de los principales demandantes, entre los que se encuentran las distribuidoras y grandes consumidores.

En el Perú, el MINEM es la autoridad normativa, el OSINERGMIN es el organismo supervisor y regulador y finalmente el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional) que, a diferencia de los dos primeros, es un organismo privado que está constituido por los integrantes del sistema; generadores, transmisores, distribuidores y usuarios libres y cuyo rol es operar adecuadamente el despacho de energía, controlar posibles fallas y tomar en tiempo real las medidas correctivas, obviamente bajo las normas dictadas por el supremo gobierno.

Ahora, frente a la sentencia judicial emitida, disponiendo que el MINEM dicte nuevas normas, el ejecutivo quiere evitar cumplir su rol normativo y pretende “soplar la pluma”. Todo parece indicar que estaría disponiendo que el COES (entidad privada) emita la norma a ser confirmada por el OSINERGMIN, esto significa que la autoridad del MINEM no existe.

Lo que debe quedar claro es, que la disputa vigente, no es un tema de la forma de declaración  del precio de un insumo, sino la resultante de un mercado con sobreoferta, provocada por un Estado que intervino indebidamente, para fomentar la construcción de varias centrales hidroeléctricas, a las que garantizó, con participación de PROINVERSION, un precio alto con larga vigencia, forzando para esto a las empresas distribuidoras, a suscribir contratos de largo plazo (hasta ese momento sólo requerían dos años), creó para estos fines un sistema de subastas, con parámetros rígidos y contratos cuyos términos fueron definidos por OSINERGMIN, mientras paralelamente destruyó la actividad de los distribuidores, al minimizar la magnitud de la demanda requerida para ser considerado cliente libre. Por otro lado, garantizó precios para centrales eólicas, solares y pequeñas hidroeléctricas RER, permite hasta la fecha, continuar con contratos “Take or Pay”, que ya cumplieron su rol. Con todo esto, desde el Estado, se indujo a la toma de malas decisiones comerciales, que permitieron a algunos generadores, aprovechar ciertas “oportunidades”.

En consecuencia, esto se debe arreglar con reglas de mercado, induciendo a los actores de este mercado, a llevar a cabo renegociaciones comerciales y eliminar, además, futuras intervenciones del Estado, pues el mercado se regula solo. Lamentablemente, los precios de subasta de RER ya ejecutados, no se podrán revertir, pero felizmente son la menor parte del problema.

Esta solución, implica que la autoridad tome decisiones duras y desate nudos provocados por el Estado, pero no le va a quedar otra opción, a menos que quieran “patear el problema” al siguiente gobierno. Pero si no lo arreglan, ¿para qué son gobierno? Lampadia

Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la exclusión de la devolución del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal a las actividades de exploración mineras y de hidrocarburos, a partir de 2019.

Según diversas fuentes del Poder Legislativo, la aprobación de esta ley se da como consecuencia de un desinterés por parte del Ministerio de Economía (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para sustentar una posición a favor de la prórroga de la devolución de estos impuestos, con argumentos económicos sólidos.

El desinterés mostrado por parte de las entidades competentes del Ejecutivo en este tema no se explica si consideramos que esta medida no hace más que vilipendiar y castigar la inversión de dos sectores de la economía peruana, en particular, la minería, que es uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo actual [Ver en Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería].

Esta medida es muy alarmante por su impacto en el crecimiento futuro del país. Entendemos que se ha producido porque el Perú ha perdido la línea de gobernanza, y hoy nos debatimos en una enajenante confusión de la pequeña política.

Tal como indicó recientemente Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en Gestión, la actividad de exploración tanto en minería como en hidrocarburos es de alto riesgo y por ende, no correspondería gravársele con el IGV en caso no se encontrara recurso natural alguno.

Sin embargo, ahora que ya no existirá la devolución de este impuesto, es altamente probable que muchas de estas inversiones en exploración, por su naturaleza riesgosa, ya no sean rentables y por ende la medida resulte ser un fuerte desincentivo a la actividad exploratoria de ambos sectores. Máxime, si los países que compiten con nosotros por inversiones mineras y petroleras, si lo hacen.

Esto se agrava aún más si consideramos que la exploración es aquella fase de la actividad que permite el descubrimiento de nuevos pozos petrolíferos o minas, y por ende, la formulación de nuevos proyectos y la expansión de nuestro potencial minero y de hidrocarburos.

Pero más importante aún, esta medida nos quita competitividad global ya que otros países mineros como Canadá, Chile y Australia, cuentan con este beneficio tributario e inclusive están realizando avances en torno a este. Por ejemplo, recientemente el Gobierno de Chile, en el marco de su reforma de tributaria, ha propuesto un proyecto de ley en el que plantea una reducción del plazo para recuperar el IVA -homólogo del IGV en Perú- por inversiones realizadas en activo fijo, de 6 meses a 2 meses y una reducción del plazo de respuesta de 60 a 5 días. Este tipo de medidas que buscan incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro, y el empleo en múltiples sectores productivos es hacia donde debemos dirigir nuestras políticas públicas.

En esta línea, este proyecto de ley no otorga certeza jurídica y ni da predictibilidad hacia los inversionistas de ambos sectores, quienes ya han comprometido enormes recursos para el año entrante. Esperemos que pueda ser observado a la brevedad posible para el bien de todos los peruanos, cuyas familias sustentan sus ingresos, directa o indirectamente, de estas actividades económicas.

Líneas abajo compartimos la nota al respecto de Gestión. Lampadia

DESDE EL 2019
El Estado ya no devolvería el IGV a la exploración minera y de hidrocarburos

El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, dijo que esta decisión se tomó porque el MEF y el MEM no sustentaron los beneficios de la devolución de IGV a estas actividades.

Javier Prialé
Gestión
6 de diciembre de 2018

Luego de 16 años, las actividades de exploración minera y de hidrocarburos dejarían de tener el beneficio tributario de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal.

Esto porque la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley en el cual se excluye a estas dos actividades de la devolución de ambos tributos.

Si bien la propuesta original planteaba prorrogar la vigencia de este beneficio tributario tanto para exploración minera como la de hidrocarburos hasta el 31 de diciembre del 2021 –pues vence el 31 de diciembre de este año– durante el debate hubo oposición a que esto se dé.

El presidente la Comisión de Economía, Carlos Bruce, explicó que la razón principal para la oposición de los parlamentarios para ampliar la devolución del IGV a estas actividades es que no se tuvo la sustentación adecuada de los beneficios de esta medida por parte de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.

Afirmó que estos debieron enviar una evaluación de los impactos de la medida. “Si esa evaluación no está hecha, el Congreso no puede actuar de manera autómata renovando por renovar”, dijo a Gestión.

En el predictamen elaborado por la comisión se precisa que se pidió opinión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el mencionado proyecto de ley y la respuesta fue que no se formulaban observaciones.

“No solo es opinar diciendo no tengo ningún inconveniente. Eso no es ninguna respuesta”, afirmó Bruce.

Fuentes del sector empresarial aseguraron que con esta decisión del Congreso se estaría “matando” la exploración en el país.

Responsabilidad del MEF
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se pronunció sobre esta decisión del Parlamento y dijo que es un tema que lo está viendo el MEF, ya que es su competencia.

Sin embargo, consideró que sí es necesario que las actividades de exploración minera y de hidrocarburos tengan un régimen de devolución de impuestos, ya que se trata de una inversión de riesgo y una medida de este tipo permitirá para mantener la competitividad del sector frente a otros países.

“Cuando se hace una inversión de riesgo lo que se le debe permitir a la empresa minera que explora es recuperar el IGV que es un crédito fiscal, como lo recupera cualquier empresa que opera en nuestro país”, afirmó.

Se incrementa el riesgo
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el quitarle el beneficio de devolución de IGV a la exploración minera y de hidrocarburos le incrementa el riesgo a estas actividades.

“El IGV es un impuesto al valor agregado, es decir, se tiene que agregar valor para que exista el impuesto. Si uno explora y encuentra nada ¿qué valor se agregó? Están incrementando el costo del fondo que está poniendo a riesgo en la exploración, que es riesgo puro. Lo que va a traer como consecuencia es una reducción de la actividad exploratoria”, precisó.

AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA

Alimentos y transporte seguirían exonerados de IGV hasta el año 2021
La Comisión de Economía incluyó en su decisión ampliar la exoneración del IGV hasta el 2021 para los productos incluidos en los apéndices I y II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, dentro de los cuales se encuentran los alimentos, el transporte, la primera venta de inmuebles, entre otros. Igualmente, se aprobó la prórroga de la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros, así como la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras. En ambos casos también hasta el 2021.

Todos estos cambios tributarios iban a ser debatidos ayer por el pleno del Congreso, pero se levantó la sesión y no se llegó a discutir. Si no se aprueban, los productos pagarán IGV desde el 1 de enero del 2019.

La comisión se manifestó en contra de derogar el ISC a casinos y tragamonedas.

NÚMERO CLAVE
13%
cayó la exploración minera hasta octubre 13%
Entre enero y octubre la inversión en exploración minera sumó US$ 327 millones y representó el 8.8% del total del sector.

EL DATO
Devolución. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), para el 2019 se estimó que se devolvería por IGV a la exploración en hidrocarburos unos S/ 28.7 millones y en minería llegaría a S/ 44.8 millones. Estos montos quedarían en el Estado.

OPINIÓN
Medida va en contra de la competitividad

Pablo de la Flor
Gerente General de la SNMPE
La no renovación de este tratamiento tributario va a tener una incidencia sumamente negativa sobre las inversiones en la exploración minera y de hidrocarburos. Nosotros necesitamos reactivar estas inversiones, sobre todo en el caso concreto del sector hidrocarburos, porque sin ello no será posible incrementar la producción, de allí la gran importancia que tiene mantener las reglas de juego y no cambiarlas como estaría ocurriendo a consecuencia de esta decisión del Congreso. En el caso del sector minero, si bien hubo un incremento en la inversión en exploración en los últimos dos años, este año hubo un pequeño retroceso. Pero un cambio de reglas resulta sumamente adverso para estos flujos de inversión. Esta decisión nos hace mucho menos competitivos. Este beneficio tributario lo tienen Canadá, Chile y Australia. Estamos yendo contra la corriente. Es un total contrasentido. Lampadia

La mayor fuente de petróleo en el Perú, el Lote 192, anteriormente denominado Lote 1AB, todavía no tiene un futuro claro. Esto es importante, ya que produce un 17% de la producción nacional de crudo. Este Lote 192 se encuentra al norte del Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, y según el MINEM tiene reservas probadas de 134 millones de barriles (volumen de dudosa rigurosidad, dados los condicionantes económicos de una operación muy marginal).

El operador anterior, la firma argentina Pluspetrol, se vio obligada a anunciar su retiro a principios de este año en medio de muchos conflictos sociales, principalmente protagonizados por las comunidades ‘disque’ locales sobre los daños al medio ambiente derivado de las operaciones de Oxidental Petroleum desde la década del 70.

Desde el 2001 Pluspetrol habría invertido algunos cientos de millones de dólares en el desarrollo de pozos de reinyección de agua para evitar su vertimiento a los ríos, lo cual previene la contaminación ambiental que era común antes del establecimiento de las normas fijadas en los años 90.

Según el experto petrolero y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, en declaraciones al diario Correo, cuando la empresa Occidental inició la explotación del Lote 192 (en 1971), no había  comunidades nativas conocidas en esa zona.

Por lo tanto, quienes ahora reclaman ser comunidades originarias de la zona, y han conseguido pasar una consulta previa que no correspondía a la realidad social, a pesar de contarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), están engañando a todo el país. A pesar de esto, el gobierno (MINAM) llevó a cabo el proceso de consulta previa, analizando las posibles afectaciones que podrían producir en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahora, estas mismas comunidades insisten en que un nuevo proceso de licitación del contrato no se pudo abrir antes de que se cumplan sus demandas. 

Esta consulta previa trajo consigo muchísimos problemas y más conflictos, los cuales se realizaron a puertas del inicio de la licitación, desincentivando a los inversionistas. Ninguna de las tres empresas inicialmente interesadas en participar (Pluspetrol, la Canadian Pacific Rubiales y Perenco) presentaron ofertas al cierre de la licitación.

Esto no fue una sorpresa, dado que el precio del petróleo estaba por debajo de los US$ 50 por barril (hoy está en US$ 39 el barril) y se estima que se requerirá una inversión de alrededor de US$ 500 millones. Pero el desincentivo más fuerte es la incertidumbre que causan los conflictos por reclamos de comunidades que ni siquiera son originarios de la zona, sino migrantes de Ecuador que habrían llegado cuando empezó sus operaciones la Occidental y se abrieron oportunidades de trabajo.

Además, desde el punto de vista económico este lote no sería muy atractivo por sus altos costos de operación. Actualmente, de la extracción de los pozos el 98% es agua que hay que separar del petróleo (2%) y reinyectar a los pozos de reinyección. Además su petróleo es muy pesado (de alta densidad), por lo que para transportarlo a la costa hay que licuarlo con petróleo ligero y eventualmente con diluyentes importados. Lo que es más, luego hay que costear el alto cargo de transporte que impone Petroperú por el uso del oleoducto y finalmente venderlo por debajo de los marcadores de precio para petróleos ligeros, un estimado de 8 a 10 dólares por debajo del actual precio de US$ 39 por barril. Se estima que los costos de operación son del orden de US$ 40 por barril, por lo tanto, su volumen de reservas, que es un concepto económico, sería técnicamente inexistente.

Ahora muchos medios e instituciones se solidarizan con el reclamo loretano (donde muchos no son ni peruanos) y reclaman que el Lote 192 sea administrado por PetroPerú, a pesar de que después del fracaso de la licitación, se convocó a un proceso extraordinario en el cual se le otorgó la administración a la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corporation por dos años para luego poder hacer una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, en Loreto insisten en que PetroPerú opere el lote, sin tener la capacidad técnica ni económica.

Lo que es más, en medio de la euforia del populismo en la que nos vamos deslizando como prolegómeno del proceso electoral, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha publicado un aviso solidarizándose con el reclamo nacionalista y el paro que pretende exigir por la fuerza que el lote 192 sea asumido por PetroPerú. Además, en el Congreso de la República se pretende asignar por ley el Lote a la empresa estatal, absurdo de absurdos.

El 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una ley (número 30130, artículo 6: Petroperú no emprenderá ningún proyecto que le genere pasivos [reales o a futuro], mientras no pague los préstamos por Talara) restringiendo cualquier papel de Petroperú en la esfera productiva ‘upstream o down stream’. Hasta ese momento parecía que Petroperú se haría cargo de una serie de lotes cuyos contratos con empresas privadas extranjeras estaban a punto de expirar, entre ellos el Lote 1A/B en Andoas (ahora conocido como Lote 192) y en Talara, que en conjunto representan la mayor parte del crudo producido actualmente en el Perú.

Además, la petrolera estatal no está en condiciones de asumir ese lote porque sus recursos deben (lamentablemente) ir a la modernización de la refinería de Talara (una inversiónde carácter político de más de US$ 3,500 millones), por lo que no podría (ni tendría los recursos) para asumir el Lote. El 2014 Petroperú perdió más de S/. 150 millones y sus auditores han emitido un dictamen calificado. No nos olvidemos que,hace algunas décadas, las empresas públicas fueron la causa de grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruana. Según el estudio del IPE “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú“, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales al 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (PPP 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año.

Debemos incentivar la producción petrolera, pero con seriedad. Es curioso que los anti extractivistas se opongan a la inversión privada en petróleo en nombre del ambiente, pero a la vez pretendan que el Estado la sustituya, sabiendo que su performance sería de pésimo nivel social y ambiental, tal como es con la gran estafa e inmoralidad de las empresas públicas de saneamiento, que dan un servicio que linda en lo criminal. Nuevamente se quiere hacer política con el tema petrolero. No nos dejemos engañar. Lampadia

Como explicamos en la Parte I,  Parte II y Parte III de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso se hace un análisis de la información cartográfica requerida por el Sector Energía y Minas y otros Sectores para planificar desarrollo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

El título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería establece que todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.

De igual manera establece que el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar  un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa.

El sistema de información básica para el fomento de la inversión  en el Sector Energía y Minas está a cargo de diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y entidades del Sector Energía y Minas: Perupetro, Petroperú, IPEN, OSINERGMIN, INGEMMET, entre otras.

Rol del Ministerio de Energía y Minas:

El MINEM, es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero – energéticas. 

El MINEM promueve el desarrollo integral de las actividades minero – energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Con relación al Sistema de Información Básica, entre las funciones del MINEM destacan las siguientes:

• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y energéticos del país;
• Orientar y fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia;
• Coordinar y promover la asistencia técnica en electricidad, hidrocarburos y minería;
• Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda, para el desarrollo de las actividades minero – energéticas de conformidad con la legislación sobre la materia;
• Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos renovables;
• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero – energéticos del país;
• Mantener relaciones de coordinación sobre la gestión del desarrollo sectorial sostenible con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales;
• Otras vinculadas al ámbito de su competencia.

Rol de PERUPETRO:

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

Uno de los objetos de Perupetro es formar y administrar a través de terceros el Banco de Datos con la información relacionada a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para promocionarla con la participación del sector privado, así como para su divulgación con fines de promover la inversión y la investigación.

Perupetro  promueve de manera transparente e informa sobre el impacto económico de la actividad petrolera y de gas en todo el territorio nacional, asimismo, sobre contratos y genera diversos mapas de información relacionados con la que los difunde a través de su página web diferentes Mapas: de lotes, Noroeste, Pozos Exploratorios del Perú, Pozos Exploratorios del Nor Oeste, Sísmico del Perú, Sísmico del Nor Oeste, Shapefile (capas de información SIG o GIS) de los lotes de contratos, entre otros.

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Mapa%20de%20Lotes/Mapa%20de%20Lotes

Rol de Petroperú:

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

La misión de Petroperú es Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socio ambiental y contribuyendo como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país.

Rol del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET:

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, es el  Organismo Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información investigación y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el ambiente.

Asimismo, el INGEMMET tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

Entre las funciones del INGEMMET vinculadas con el sistema de información básica destacan las siguientes:

• Realizar y fomentar la investigación de los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos del país; generar y actualizar el inventario de los mismos y promover su conocimiento y desarrollo;

• Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas, en coordinación con los organismos competentes.
• Administrar el inventario nacional de los recursos no renovables del subsuelo;
• Otorgar títulos de concesión minera;
• Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera;
• Incorporar y mantener en el Catastro Minero Nacional la información proveniente de los Gobiernos Regionales en materia de procedimientos mineros, según competencias;
• Otras funciones.

CATASTRO MINERO NACIONAL

El Catastro Minero Nacional es un instrumento básico para administrar los derechos mineros en el Perú y generar información gráfica y estadística relacionada con dichos derechos.

El otorgamiento de concesiones mineras tiene su base legal en las Ordenanzas de Minería y el Código de Minería de 1900 y disposiciones modificatorias y complementarias.

En el pasado para la graficación de los derechos mineros tenían que realizarse levantamientos de campo catastrales que estaban a cargo del ministerio de Energía y Minas. En la actualidad se usa la información cartográfica vigente.

Todos los vértices de los derechos mineros están identificados con coordenadas UTM referidas al datum PSAD56 (Provisional Sudamericano de 1956) y en un futuro se identificarán en el sistema de coordenadas UTM WGS84 (World Geodesic System). 

LA LEY DE CATASTRO MINERO

En el año 1996 se promulgó la Ley N° 26615 que crea el “Catastro Minero Nacional” y otorga valor jurídico a las coordenadas UTM que identifican los vértices de las concesiones de los derechos mineros.

En su artículo primero la  Ley N° 26615, establece que  el Catastro Minero Nacional comprende:

1. El Sistema de Cuadrículas a que se refiere el Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
2. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como consecuencia de denuncios formulados al amparo de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo Nº 708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal  Mercator (UTM) definitivas según lo dispuesto en la presente Ley.
3. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del TUO y que cuenten con resolución consentida.
4. Las concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero que cuenten con coordenadas UTM definitivas, según lo dispuesto en la presente Ley.

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA GRAFICACIÓN CATASTRAL

La información que genera y administra el Catastro Minero Nacional no se limita solamente al INGEMMET sino que se integra con el Ministerio de Energía y Minas, con las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos Regionales (GORE) y con los Registros Públicos y en un futuro con el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro (SNCP). 

En el aspecto cartográfico se adecua a estándares nacionales geodésicos y cartográficos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tomando como referencia la Carta Nacional y el Sistema de Cuadrículas Nacional en el proceso de evaluación y tramitación de derechos mineros.

Usa la cartografía de límites de centros poblados, distritales, provinciales y departamentales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Mediante convenios se obtiene la información cartográfica de las áreas naturales protegidas que administra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); zonas arqueológicas a cargo del Ministerio de Cultura (Ex – Instituto Nacional de Cultura – INC); Ordenanzas de Gobiernos Locales donde se delimitan las Zonas Urbanas y de Expansión Urbana; Proyectos de Irrigación que estuvieron a cargo del EX – INADE y que hoy están a cargo de la Presidencia de Consejo de ministros (PCM) y los Gobiernos Regionales; entre otras importantes fuentes de información.   

Para administrar este sistema de información geográfica de los derechos mineros se tienen que desarrollar diferentes actividades:

• Recepción de petitorios en las Mesas de Trámite Documentario a cargo del INGEMMET y de todos los Gobiernos Regionales.
• Identificar los petitorios mineros con un código único
• Ingresar la información numérica y alfa numérica contenida en la solicitud de los petitorios mineros.
• Escanear todos los folios contenidos en la solicitud del petitorio para la visualización gráfica del expediente minero.
• Ingresar los datos de los petitorios mineros al Sistema de Graficación;

 

• Evaluar técnica y legal de la solicitud de concesión minera;
• Mantener e incorporar el Catastro Minero Nacional de las concesiones mineras;
• Ingresar, mantener e incorporar al Catastro Minero Nacional las concesiones que se encuentran a cargo del Ministerio de Energía y Minas: beneficio, labor general y transporte minero;
• Coordinación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) respecto a la titularidad de los derechos mineros.
• Evaluar, ingresar y mantener la información cartográfica generada por otras instituciones del Estado requeridas durante el proceso de evaluación de un expediente minero (áreas naturales protegidas, áreas urbanas y de expansión urbana, zonas y sitios arqueológicos, proyectos especiales, zonas de reserva turística y otros); en coordinación con las entidades competentes.
• Ingresar el mapa político digital del Perú elaborado por el Instituto nacional de Estadística – INEI, que contiene  información gráfica y alfanumérica de las jurisdicciones político administrativos del Perú a nivel distrital, provincial y departamental;
• Elaborar y mantener el Atlas Catastral Minero y Geológico a nivel nacional y Regional;
• Producir planos catastrales;
• Difundir el Catastro Minero Nacional, Catastro de Áreas Restringidas a la actividad minera, demarcación territorial y otras capas de información a través de diferentes programas de Graficación que se difunden a través de la página web del INGEMMET: e-Catastro Minero Nacional; GEOCATMIN, Catastro Google Earth, entre otros
• Coordinar con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro (SNCP) con la finalidad de que en el futuro el Perú cuente con un Catastro Integrado de diversos sectores del Estado.
• Entre otras actividades.

Los ciudadanos y los titulares mineros pueden obtener de manera gratuita información catastral y de expedientes mineros a través del sistema de información geográfica del INGEMMET.

CONTENIDO DE UN PLANO CATASTRAL MINERO

El INGEMMET pone al servicio de los ciudadanos y entidades públicas y privadas planos catastrales en los que generalmente se muestran las siguientes capas de información:

1. Derechos Mineros en Trámite: Identificados con color verde
2. Derechos Mineros Titulados: Identificados con color azul
3. Derechos Mineros Extinguidos: Identificados con color negro
4. Plantas de Beneficio, Canteras y Otros: Identificados con color rojo

 

 

5. Información de otros Sectores: Esta información es proporcionada por diferentes entidades públicas generadoras de información cartográfica especializada: Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Zonas Arqueológicas (Ministerio de Cultura), Zonas Urbanas (Municipalidades), Proyectos Especiales, entre otros.

6. Demarcación distrital, provincial y departamental: Se toma como referencia las capas de información contenidas en el software UBIGEO elaborado por el INEI.

Adicionalmente, se realizan planos especiales en los que se integra la información catastral generada por el INGEMMET con información generada por la Dirección General de Minería (DGM) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MINEM que tienen a su cargo las actividades de exploración, explotación minera, estratos mineros, estadística minera e información ambiental de los proyectos mineros.

La integración del INGEMMET con el MINEM permite identificar la cantidad y área de concesiones mineras que se encuentran en la etapa de exploración y explotación, conocidas como zonas con actividad minera.

 

 

Zonas con Actividad Minera: Se identifica de manera referencial en el Plano Catastral con una marca de un color los proyectos mineros en etapa de exploración y con otro color las unidades mineras en etapa de explotación o producción.

Opcionalmente los titulares mineros pueden solicitar que se superponga su plano de derechos mineros a la Carta Nacional elaborada por el IGN o la Carta Geológica Nacional elaborada por el INGEMMET.

Planos Especiales: El titular minero también puede adquirir bajo la modalidad de Planos Especiales la información contenida en un Plano Catastral Minero superpuesta a una Carta Nacional o una carta Geológica Nacional.

LISTADO DE DERECHOS MINEROS

Los planos catastrales generalmente están acompañados con un listado de derechos mineros que contiene la información de los derechos mineros ubicados en el área solicitada por el titular minero; código, nombre, sustancia (metálica o no metálica), titular referencial de la persona natural o jurídica solicitante del derecho minero (se recomienda verificar estos datos actualizados en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos – SUNARP), fecha de formulación, hectáreas, estado (titulado, en trámite o extinguido) y datos de ubicación (departamento, provincia y distrito).

INFORMACIÓN QUE MUESTRA EL CATASTRO MINERO NACIONAL

El “Catastro Minero Nacional”, identifica las concesiones mineras solicitadas a nivel nacional en sus diferentes estados (trámite, titulado y extinguido), asimismo, las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero.

El “Catastro Minero Nacional” grafica de carácter referencial información de otros sectores con los que el INGEMMET ha realizado convenios de cooperación, dando lugar a lo que se denominado como Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera – (CAR).

El “Catastro Minero Nacional” permite graficar de carácter referencial las concesiones mineras que se encuentran en Etapa de Exploración o Explotación. Ésta información es administrada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

También, podría graficar la información contenida en la presentación de Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM (PSAD 56) aprobada por Resolución Ministerial Nº 209-2010-MEM-DM, que tiene como objetivo contar con la información que contribuya a la identificación de las áreas que están efectivamente bajo actividad y uso minero. Actualmente esta información es administrada por la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM.

 

 

 

INFORMACIÓN A CARGO DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

De acuerdo a la Ley Orgánica de recursos Naturales existe información especializada generada por diversas entidades del Estado que tienen a su cargo el recurso: suelo, forestal, agua, biodiversidad, entre otros.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades las municipalidades tienen a su cargo el Catastro Rural y Urbano a nivel distrital y provincial y mediante convenio pueden solicitar el apoyo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) cuya misión es  Fortalecer la gestión de los Gobiernos Locales y regionales proporcionándoles el Catastro de Propiedad de sus respectivas jurisdicciones para un eficiente y eficaz desarrollo de sus localidades en términos de Desarrollo Urbano, Transpone. Ecología y Medio Ambiente. Seguridad Ciudadana, Recaudación Tributaria, entre otros.

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) ha recuperado las competencias de elaborar y generar información catastral y estadística de información catastral predial agrícola  y de comunidades campesinas y nativas. Este programa estuvo en el pasado a cargo del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) y COFOPRI.

Es importante que MINAGRI muestre de manera transparente en su portal la información catastral de predios agrícolas y de comunidades para evitar innecesarios conflictos que  han generado Organismos No Gubernamentales (ONG) para confundir a las comunidades. 

El “Catastro Minero Nacional” no identifica predios ni propiedades. Los  agrícolas y linderos de comunidades campesinas o nativas están a cargo del Ministerio de Agricultura – MINAG; tampoco identifica terrenos eriazos o del Estado a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales – SBN; predios urbanos a cargo de las municipalidades distritales y provinciales.

En un futuro, la información catastral generada por diferentes Sectores del Estado se difundirá en el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro – SNCP, que actualmente lidera la Superintendencia Nacional de Registro Públicos y COFOPRI.

CONCLUSIÓN

• El “Catastro Minero Nacional”, identifica las concesiones mineras solicitadas a nivel nacional en sus diferentes estados (trámite, titulado y extinguido), asimismo, las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero.
• El “Catastro Minero Nacional” grafica de carácter referencial información de otros sectores con los que el INGEMMET ha realizado convenios de cooperación, dando lugar a lo que se denominado como Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera – (CAR).
• El “Catastro Minero Nacional” se difunde por internet bajo diferentes softwares o modalidades: E-CATASTRO MINERO, CATASTRO GOOGLE EARTH, SIDEMCAT, GEOCATMIN.
• Existe una versión digital del “Catastro Minero Regional y Nacional” a la que se puede acceder de manera digital en la página web del INGEMMET denominada “Atlas Catastral Minero y Geológico del Perú”.

 

 

 

• El “Catastro Minero Nacional” no identifica las concesiones forestales a cargo del MINAGRI ni las concesiones eléctricas, geotérmicas y Lotes Petroleros a cargo del Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.
• El “Catastro Minero Nacional” tampoco identifica la información catastral de predios urbanos (a cargo de más de 1800 municipalidades a nivel nacional), agrícolas (MINAGRI) o del Estado (a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN) ni los linderos de las comunidades campesinas y nativas a cargo de otras entidades.

 

 

Como explicamos en la Parte I de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso será en el contexto del ciclo de vida de un proyecto minero.

Las actividades de esta industria requieren seguir una serie de reglamentos y autorizaciones, desde la exploración, el Estudio del Impacto Ambiental, la construcción y operación hasta el cierre y post-cierre.

Para lograr explicar claramente este largo y riguroso proceso, hemos recurrido a uno de los especialistas más conocedores del tema, que tiene una formación estrictamente técnica y una vocación muy loable, por difundir objetivamente sus conocimientos.

La información incluye ilustraciones fotográficas, diagramas y cuadros, que permiten un mejor entendimiento del tema.

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES MINERALES EN EL PERÚ

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

LA INDUSTRIA MINERA

La minería es una actividad que se inicia con la búsqueda de minerales de valor económico metálico o no metálico con la finalidad de realizar su explotación racional, su procesamiento y su comercialización.

En el mundo la ejecución de un proyecto minero requiere de muchos años de investigación; la aprobación de diferentes estudios, autorizaciones y permisos; asimismo, una fuerte inversión de riesgo.

En el Perú la legislación minera establece que las actividades de la industria minera son las siguientes:

1. cateo,
2. prospección,
3. exploración,
4. explotación,
5. beneficio, 
6. comercialización y 
7. transporte minero.

De igual manera aclara que las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado como de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.

Hay tres actividades que se pueden realizar libremente y las restantes requieren la aprobación del título de concesión y la autorización del Ministerio de Energía y Minas para el inicio de estas actividades.

Actividades  que no requieren título de concesión

Hay tres actividades que no requieren título de concesión para poder desarrollarse: las dos primeras de cateo y prospección corresponden a labores de investigación y la tercera a  comercialización de minerales.

Cateo y Prospección

El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.

El cateo es una actividad libre debido a que se puede desarrollar usando métodos que no causan mayor impacto en el ambiente. Por ejemplo, cuando una persona está caminando o haciendo un tour en el campo o por una carretera o cerca de un río y de pronto observa algunas coloraciones en el terreno que le llaman la atención (brillo  en la arena, color óxido, verdoso o plateado, etc.) y recoge muestras en una bolsa para analizarlas en un laboratorio.

La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.

A diferencia de la actividad de cateo en la etapa de prospección se profundizan las investigaciones en las zonas donde se han recogido muestras de minerales. Se realizan pequeñas zanjas para verificar la continuidad de la mineralización o se usan métodos geofísicos, geoquímicos o cartográficos para hacer análisis de la zona de estudio sin causar mayor impacto en el ambiente.

El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional. No podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o propietario, según sea el caso.

Está prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo autorización previa de la entidad competente.

Comercialización: es una actividad libre, interna y externamente. Para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de concesión. La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente.

La legislación actual contempla que el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales. Esta acción es muy importante porque obliga a los comercializadores a exigir a quienes pretendan venderles minerales a demostrar que cuentan con la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas para iniciar o ejecutar actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales.

Actividades mineras que requieren título de concesión:

Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.

Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley exige para mantener su vigencia.

Las actividades mineras que requieren necesariamente el título de concesión, la aprobación de un estudio ambiental y las autorizaciones para el ejercicio de la  actividad minera son las siguientes: exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero.

A continuación se describen brevemente estas actividades mineras:

Exploración: Es la actividad minera que permite demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales.

Actividades Mineras realizadas en la etapa de Exploración Minera

Explotación: Es la actividad que consiste en la extracción de los minerales contenidos en un yacimiento minero.

Beneficio: Es el conjunto de procesos físicos,  químicos y/o físico-químicos que se realizan para extraer o  concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o  para purificar, fundir o refinar metales.

Labor General: es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios. Otorga a su titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras.

Transporte Minero: es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales como: fajas transportadoras, tuberías y cable carril.

Productos Mineros: El producto final de la actividad minera de beneficio son los concentrados metálicos o no metálicos, asimismo, los  cátodos de cobre y las barras de oro, plata, plomo zinc y estaño

Responsabilidad Social: la minería peruana colabora en mejorar el nivel de vida de sus poblaciones vecinas y del Perú en su conjunto