Guillermo Molinari Palomino
Ex Viceministro de Gestión Pedagógica
Para Lampadia

A casi un mes de iniciada las labores escolares cada día se hace más evidente la incompetencia del sector educativo al no tener listos los programas de educación remota de “Aprendo en Casa” para radio y TV, y a pesar de haber anunciado el 25 de febrero en las diferentes redes sociales que se entregarían 7 millones de cuentas con dominio @aprendoencasa.pe entre estudiantes y docentes, así como el acceso a las plataformas Google Classroom y  Google Meet para complementar los aprendizajes a distancia que además venía acompañado con un programa de capacitación a docentes, se hace importante conocer el estado de ese convenio. Pero no solo eso, nadie da cuenta del anuncio del presidente que en la quincena de abril debían estar entregadas todas las tablets y componentes adquiridos en el 2020 demostrando después de un año la incapacidad para hacer efectiva la entrega.

Hoy se reciben la denuncia de diferentes lugares del país, un ejemplo lo tenemos en el Sutep La Libertad y provinciales indican que cerca de 400 maestros contratados son obligados asistir a las aulas desde el inicio del año académico, que se encuentran dando clase a aproximadamente a 2,500 niños en la provincia de Pataz y también se reportan clases en la provincia de Bolívar en aulas con 1,000 alumnos contraviniendo la R.V.M. 121-2021-MINEDU. Cabe precisar que en lo que va del año 2021 se reportan 65 profesores que perdieron la vida por la COVID-19, que sumados a los del año pasado suman 165 fallecidos.

El 2 de abril el Ministro de Educación Ricardo Cuenca indica que no es posible seguir sosteniendo la enseñanza remota, pero lo más delicado es que indica que la campaña de vacunación para los trabajadores del sector aún no tiene fecha programada, y que, ante un eventual retorno de los millones de estudiantes a la educación presencial, no existirá ningún requisito que exija a los docentes y directores haber sido inoculados con una vacuna contra la COVID-19.

Si esta es la situación en la educación pública, más delicada es la situación de la educación privada que no solo ha debido asumir la situación de la crisis económica de las familias que les confían la formación de sus hijos sino fundamentalmente hacer frente a una híper reglamentación y controlismo que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.

Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada. Nadie puede entender porque si el Decreto Supremo N°005-2021-MINEDU si es tan bueno y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco.

Lo que va a ocurrir es que muchos colegios tendrán muchas dificultades para acogerse a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. En la fecha en que las escuelas ya no se les permita funcionar, estas cerraran y veremos como el estado ineficiente no podrá atender la demanda con sus instituciones educativas , como lo que ya viene ocurriendo ahora, en que no tienen la capacidad de recibir a los estudiantes que solicitan su traslado de las escuelas privadas y en donde inclusive se reciben denuncias de que se está cobrando por los cupos y que los padres están solicitando extensión de los plazos para matricular a sus hijos en el presente año escolar.

Finalmente indicar que si estas mismas condiciones básicas de calidad se aplicaran a las escuelas públicas tendríamos que cerrar muchas de ellas, complicando aún más la situación de la educación en el país; compleja situación que le corresponderá al próximo gobierno afrontar. Lampadia

Después de más de siete meses de vencido el plazo para regular el D.U. N° 002 – 2020, plazo que por cierto se otorgó la burocracia a sí misma, finalmente parece ser que en marzo se promulgaría el reglamento correspondiente, el cual regulará las condiciones básicas para abrir una escuela.

Según el proyecto de reglamento, que ya tiene más de cien páginas con los anexos, son seis condiciones. En principio parece razonable que sean pocas condiciones básicas, pero cuando uno lee con cuidado se percata que no tienen nada de básicas ni son seis. En verdad son centenares, ya que, con el pueril recurso de reunir la multitud de exigencias en seis grupos, exigen todo lo contenido en la normatividad existente y por existir. Es decir, en lugar de aportar a eliminar el híper controlismo, que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.

Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada.

Lo que ocurre es que no quieren escuchar, siguen demostrando que no son alternativas lo que les falta sino vocación por destrabar, alentar la formalización y colaborar realmente con un buen proyecto pedagógico. Se necesita libertad de gestión para la escuela privada, menos consultorías y más fondos para la escuela pública que debe, además, recuperar su autonomía para poder ser una eficaz empresa pública de servicios.

Si la normatividad vigente es tan buena y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco. Lo que va a suceder es que los colegios, mayoritariamente, no se van a acoger a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. El día que ya no se les permita funcionar más, cerrarán y veremos cómo ese estado ineficiente no podrá atender esa demanda con sus colegios que, abandonados cómo lo están ahora, por cierto, no cumplen con las condiciones mínimas para brindar un servicio educativo decente.

Este reglamento hace tan complicado abrir una nueva escuela que pareciera querer favorecer a los colegios existentes, aunque en verdad el sueño de la burocracia y sus asesores de ONGs ideologizados es desaparecer a los privados y que, así, todos nuestros chicos reciban la misma mala educación, nada de “privilegios”, todos deben ir a colegios que no tienen agua potable ni desagüe en muchos casos, menos rampas o ascensores. 

Ignora olímpicamente a la Ley de Centros Educativos Privados (Ley 26549), a la que ni siquiera menciona, salvo en el apéndice de las multas. Además, desprecia la Constitución, al pasar por alto los preceptos constitucionales que le dan autonomía y libertad de organización a la escuela privada, para terminar en son de burla, sin duda, hablando en un capítulo de las escuelas innovadoras, como si esto fuera posible con todos los parámetros existentes santificados y potenciados en este reglamento.

No contentos con exigir una gran cantidad de requisitos para cualquier trámite se premia el incumplimiento de la burocracia con el silencio negativo en contra del solicitante. El privado debe invertir en un trámite o proyecto educativo, pero si la UGEL no mueve un dedo para aprobarlo, en un plazo determinado se deberá asumir que ha sido rechazado, esto va a generar abusos y corrupción por supuesto.

Este reglamento no va a aportar nada, va a continuar la misma informalidad o será mayor aún, la burocracia tendrá más armas para fiscalizar a los colegios en lugar de apoyarlos. Fomentará que el MINEDU, a través de sus UGEL, en lugar de abocarse a lo que es su razón de existir, la escuela pública, la que pagamos todos los contribuyentes, asuma un rol policial y acosador sobre quien lo libera de un tercio de su labor. Si la educación pública fuera buena como el MINEDU sostiene, los padres no recurrirían a la oferta privada. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Así como cada vez que se legisla temas empresariales en el Perú se piensa solo en la gran empresa, aquella con ingentes recursos y con múltiples organismos de apoyo a la gerencia, que van desde un gran departamento contable hasta una gerencia de recursos humanos, pasando por un departamento legal o una asesoría externa de primer nivel, lo mismo sucede con los colegios.

Se les regula pensando en los grandes colegios de Lima, la mayoría de los cuales tiene un importante apoyo administrativo, llámese gerencia administrativa o subdirección administrativa, lejos por supuesto de lo que tienen las grandes empresas, pero que marca una diferencia respecto a la escuela pública o la privada de bajo costo. En los colegios públicos y en la inmensa mayoría de colegios privados, probablemente más del 90% de ellos, el director no tiene ningún apoyo.

Él solo debe hacerse cargo de toda la carga administrativa que le endilga la burocracia del MINEDU y el Estado en general. Debe asumir también, muchas veces con un magro o inexistente presupuesto,

• El mantenimiento de su infraestructura.
• La cantidad de reportes a presentar a la UGEL,
• El llenado del SIAGIE (ese nuevo monstruo que deben alimentar los directores personalmente con información),
• Las fiscalizaciones de la UGEL -cada vez más frecuentes con las facilidades que brinda la “virtualidad”-,

Impiden así que los directores se dediquen a lo que es su verdadera tarea y la más importante: sus alumnos, padres de familia y maestros.

En el caso de la escuela privada, los directores deben cumplir, además de las inspecciones y requerimientos del MINEDU, con las inspecciones de INDECOPI, INDECI, municipalidades, SUNAFIL, Ministerio de Justicia (por el tema de protección de datos) entre otros, con administrar sus escuelas. Realmente, en qué tiempo y con qué recursos se espera que un director de una escuela, por ejemplo, de cien alumnos con una pensión de S/ 200 tendrá la capacidad y los recursos para resolver todas estas demandas, si ni siquiera tiene tiempo para leer El Peruano.

Después nos preguntamos por qué hay tanta informalidad en nuestro país y cómo así ha llegado en tan importante magnitud al sector educación. La respuesta es simple, el Estado se ha vuelto un acosador de todo aquel que produce. Estruja a las empresas por todos lados, impidiendo que los pequeños puedan cumplir toda la normatividad simplemente porque los costos no dan siquiera para estar informados de todo lo que hay que hacer. Es más fácil no tener planilla ni pasar tantos controles, vivir con un alto grado de informalidad, a salto de mata, es cierto, pero así viven hoy más del 70% de peruanos, mientras la burocracia estatal, desde su escritorio, se dedica a multiplicar normas que encarecen el servicio de todos y son imposibles de cumplir para la inmensa mayoría.

Ojalá la providencia se apiade de los peruanos y el próximo gobierno se dedique a desarmar toda esa maquinaria dedicada a asfixiar a las empresas y a los colegios en particular, de manera que, como empresa de servicios que son, los colegios y su director especialmente, se puedan concentrar en su labor educativa y no en satisfacer exigencias absurdas que nada le aportan al país y que por fin detenga a esa burocracia que nos succiona la sangre como una garrapata insaciable. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Estamos en la segunda quincena de enero y ya empiezan nuevamente los embates contra la educación privada. El MINEDU advierte que pronto sacará el nuevo reglamento que “impedirá que los colegios privados abusen de los padres de familia”. INDECOPI anuncia que está haciendo fiscalizaciones contables jamás vistas a 250 colegios de diferentes regiones, para “comprobar que no mintieron al transparentar sus costos” por la ilícita presión del DL 1476.

La acción del INDECOPI no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que el mencionado Decreto Legislativo le encarga esa acción a las UGEL del MINEDU. Además, si sus autoridades hubiesen revisado la Nota Semanal del Banco Central de Reserva habrían comprobado que el aumento de precios del año pasado del servicio educativo (1.98%) es igual al de los servicios en general (casi inexistente). Pero qué importa, total el costo de la inútil fiscalización lo pagaremos los sufridos contribuyentes.

Nuevamente, el Estado contra los privados. Ese Estado que no es capaz de ofrecer un servicio decente en sus colegios sale a la caza de los privados para distraer a la opinión pública. Privados que debieran ser vistos como los socios que colaboran y que, además, ya están supervisados por cuanta institución gubernamental existe: MINEDU, INDECOPI, INDECI, SUNAFIL, SUNAT, Municipalidades, MINSA entre otros. Mientras que a los colegios públicos no los supervisa nadie y no están, por tanto, obligados a cumplir lo que se obliga al privado. Privados que lideran la educación de excelencia en nuestro país y que, de no existir le significarían al Estado un aumento de por lo menos 25% en el ya pesado gasto que tiene en la educación pública.

No se ha reparado la infraestructura de los colegios públicos a pesar de la prolongada suspensión de actividades. Siguen careciendo de agua y desagüe los mismos locales que hace un año carecían de esos servicios;  internet no tiene ni la mitad, y esta situación es peor aún en las zonas rurales. Por otro lado, los privados que no han quebrado han tenido, como siempre, una performance muy superior en el servicio a distancia que incluye el monitoreo cercano y cotidiano de sus alumnos, así como la información oportuna a sus padres de familia.

Las famosas tabletas han llegado, nos dicen. Un 70% -afirman- ya están en almacén: ojo 70% de las adquiridas, no 70% de lo que se requiere. Sin embargo, ocultan que en muchos casos las tabletas no se conectarán por carecer de WIFI y servirán tan solo para ver el setentero programa Aprendo en Casa, o sea lo mismo que encender la TV o la radio. Seguirán los alumnos, que aún no han desertado, sin el monitoreo de sus maestros, librados a su suerte y lo poco que puedan aprender y trabajar por su cuenta. Ya no tiene el Estado el argumento de que la pandemia lo cogió desprevenido. Se sabía perfectamente que el 2021 sería igual al 2020, pero a pesar de que las vacunas no tienen cuándo llegar, se nos pretendió ilusionar con que íbamos a tener un año presencial o “en el peor de los casos” semi presencial.

Cómo se les puede ocurrir que volvamos a tener un servicio educativo presencial, si los alumnos y maestros van a contagiarse masivamente en el ya saturado servicio de transporte público.  Cómo puede pretenderse que vuelvan al aula chicos cuyos colegios no tienen siquiera agua. Es lamentable que los especialistas que opinan al respecto sean de organismos internacionales u ONGs nacionales, que nunca han trabajado en un colegio y que pretenden que logremos lo que ni en Alemania se consigue.

Ahora que ya estamos con el año escolar encima y no hay mucho por hacer, además de los constantes cambios de ministros que sufre el sector, hay que ver a quién se le echa la culpa de los males de la educación peruana y no puede ser otro más que la escuela privada. Ese aliado de hecho de la educación pública que libera al sector de gastos y trabajo, a quién se le debería tratar como un socio y como tal tendría que ser alentado y promovido. Lejos de eso, se le maltrata permanentemente y se pretende que cumpla unos estándares que no cumple ni remotamente la escuela pública. Tampoco se quiere reconocer que los resultados de los colegios privados son mejores en las pruebas muestrales o censales, tanto nacionales como internacionales.

Esperemos que el Ministro Cuenca entienda la magnitud de la situación y marque distancia respecto a lo que fue la gestión anterior, que no hizo más que atacar constantemente a los colegios privados y enfrentarlos permanentemente a los padres de familia a través de sus declaraciones en contra y, en particular, mediante el DL 1476. Para ello será importante que controle a la burocracia del MINEDU que se dedica a hostilizar sistemáticamente a los colegios privados. En lugar de ello sería mejor que se ponga a trabajar por lo que es su verdadera y más importante responsabilidad: los colegios públicos y los alumnos que ya perdieron el año 2020 y no merecen perder el 2021 también. Lampadia

Jorge Ferradas
Subdirector de Trener y consultor en temas educativos
Para Lampadia

A pesar de que a los esfuerzos del MINEDU por armar el programa “Aprendo en Casa” como una plataforma multicanal, dotarla de contenido y ponerla rápidamente a disposición, se sumó la dedicación de muchísimos maestros y el trabajo de muchos estudiantes, la deserción escolar en la escuela pública se ha incrementado a lo largo del año. La calidad de los aprendizajes se ha deteriorado aún más y estamos ante una tragedia educativa que se suma a la de salud y a la económica.

Lo que fue una buena solución de emergencia se convirtió en permanente y, como era previsible, los canales unidireccionales (TV y radio) implicaban una dedicación que, en medio de angustias sanitarias y económicas, iba a ser muy difícil de mantener durante todo el año escolar. El canal bidireccional necesita organización, conectividad y dispositivos adecuados. Los planes de datos de un celular y el WhatsApp no lo son y una sola estrategia central no es una propuesta suficiente. Así, las primeras señales de “éxito” ya eran muy preocupantes. Si el 94% de la población escolar de los colegios públicos estaba conectada de alguna de las maneras, aproximadamente 360,000 estudiantes habían quedado fuera.

Frente a esta situación, también han existido propuestas educativas que han evitado la deserción y han logrado el desarrollo de los aprendizajes esperados. Si bien la solución perfecta no existe, numerosas instituciones educativas privadas están dando un servicio de calidad que, además de un horario estructurado de clases virtuales sincrónicas y de un permanente apoyo y capacitación de sus profesores, incluye diversas actividades dedicadas al aspecto más difícil de abordar: el de la cercanía con las alumnas y alumnos, es decir la atención a las necesidades denominadas “socioemocionales”. Obviamente nada reemplaza a la presencialidad, al contacto cercano y a la mirada, sin pantalla de por medio; pero dadas las circunstancias, es mucho lo que se puede hacer y lo que se ha hecho.

Ante el gravísimo problema de deserción de la escuela pública, originado por la imposibilidad de sus alumnas y alumnos de recibir esa educación a distancia, apareció la solución mágica: regresar a las clases presenciales en marzo del 2021. Es decir, pensar que el problema de salud se puede enfrentar con “protocolos estrictos”, música celestial para la burocracia y que, dicho sea de paso, ya se intentaron probar. Se crearon para abrir escuelas rurales y fracasaron por incumplibles: las condiciones para abrir garantizaron el cierre. Adicionalmente, es claro que poner a cientos de miles de escolares y profesores en el transporte público, después pretender que cumplan en aulas y patios normas estrictas de higiene y distanciamiento social y que, al regresar a sus casas, muchísimas viviendas multifamiliares donde conviven con padres, tíos y abuelos, cumplan nuevos protocolos de desinfección, es un despropósito. Como si esto fuera poco, ¿qué pasaría si una nueva ola obligara a volver a cerrar los locales escolares?

No se trata, pues, de encontrar la solución simple, fácil, económica y… equivocada. Más bien, es momento de pensar qué es lo que realmente ha faltado. No es la inexistencia de actividades de aprendizaje retadoras, ni de software educativo gratuito y disponible, ni la vocación de los profesores, ni el esfuerzo de las y los alumnos. Todo esto ha languidecido ante una única propuesta central y la soledad que implica la radio o la TV o la dificultad de interacción a través de la pequeña pantalla del celular. Resulta indispensable que cada institución educativa pública, o una red debidamente articulada, desarrolle su propuesta de educación virtual y que cada profesor y estudiante cuente con conectividad y dispositivo apropiado.

De hecho, el MINEDU comprendió la importancia de contar con dispositivos adecuados. Después de un primer fracaso, anuncia ahora que a partir de este mes serán repartidas “de manera progresiva”. Sin embargo, se ha refugiado en “Aprendo en Casa” y no ha generado la movilización de sus escuelas ni dice nada respecto a la universalización de la conectividad: ¿Cada escuela pública tiene un horario de clases sincrónicas? ¿Todo director sabe cómo están desarrollando sus clases sus profesores? ¿Cada profesor sabe cómo están sus estudiantes y qué están aprendiendo? ¿Existe un esfuerzo multisectorial para dotar de Internet de calidad a todas y todos? ¿Qué fue de la red dorsal de fibra óptica?

Si se quiere evitar la deserción escolar y volver a niveles de aprendizaje similares, no hay que abrir los locales, hay que poner en funcionamiento cada escuela pública. Para esto es indispensable que cada uno de sus profesores y alumnos tengan acceso a internet, a un dispositivo pertinente conectado a la red y, sobre todo, que el MINEDU deje de pretender resolver todo centralizadamente, dé autonomía a las escuelas públicas y empodere a cada director para que pueda garantizar el hecho educativo. Vale decir, que cada niña, niño o adolescente esté atendido y aprendiendo; y que cada profesor y profesora esté pensando y haciendo lo mejor para el bienestar de cada uno de sus estudiantes. ¿Quién está trabajando en la solución real del problema? Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El gobierno acaba de publicar un decreto legislativo sobre los contratos entre los colegios privados y los padres de familia, abiertamente atentatorio contra la propiedad privada, la libertad de empresa y la Constitución. En efecto, el DL 1476 interviene groseramente los mencionados contratos obligando a las partes a modificarlos y estableciendo que si los padres no aceptan los nuevos términos tienen derecho a exigir la devolución de una serie de pagos que se hicieron incluso con años de anterioridad, lo que sin duda llevará a la quiebra a muchas instituciones y dejará sin escuelas a aquellos a quienes pretendía beneficiar. El zarpazo intervencionista es tal que, de mantenerse, este DL puede ser el fin de la inversión privada en la educación.

Con cargo a realizar un análisis más detallado del DL, lo que salta a la vista es la abierta violación del artículo 62º de la Constitución:

“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

El gobierno viola además el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la reserva tributaria. Es cierto que la situación de los padres y los colegios es muy complicada, pero esa misma situación ya había llevado a renegociar en la mayor parte de casos. La renegociación tiene que ser voluntaria. Y si bien la cuarentena escolar permanente hasta fin de año generó una situación de tensión y desconfianza entre los padres de familia y los colegios, la verdad es que esa desconfianza fue alimentada en cierta medida por Ministerio de Educación (Minedu). Ello ocurrió con amplia difusión en medios y con la siempre cordial colaboración del INDECOPI, que desde el primer día no tuvo mejor idea que enfrentar a los padres con los colegios.

Por supuesto que los padres tienen problemas serios. Los colegios también. Pero el MINEDU se había demorado, incluso incumpliendo los propios plazos de sus normas, en dar los lineamientos que le correspondía. El Gobierno ha ido alargando la cuarentena de a pocos. Sin embargo, desde el primer día se demandó a los colegios que bajen los precios en porcentajes imposibles, pagando a sus profesores sin cobrar, pero sin tener idea clara de cómo iba a ser la nueva realidad.

El Presidente Vizcarra anunció el 22 de abril que el año escolar iba a ser virtual, probablemente hasta fin de año. Pero la norma con los nuevos lineamientos para el 2020 recién se publicó el sábado 26 de abril por la noche, dando 7 días, que incluían dos feriados -que se cumplieron el sábado 2 de mayo-, para presentar el nuevo plan de recuperación.

Para los colegios era realmente muy difícil, sin esa norma, plantear un nuevo plan de pensiones a los padres. Se han pasado todo el mes de abril trabajando incesantemente para ajustar su servicio a distancia y rehacer sus costos, cada uno desde su perspectiva y particular realidad. Hay colegios con y sin fin de lucro, religiosos y laicos, de bajas y altas pensiones, nacionales y extranjeros, etc. Cada colegio se ha ido manejando con sus padres de la mejor manera posible. Ninguno quiere perder alumnos y todos quieren poder funcionar el 2021.

Pero el MINEDU, INDECOPI, las asociaciones de protección al consumidor (que viven de las multas de INDECOPI) hicieron lo imposible por desprestigiar a la educación privada e incitar a los padres de familia. Populismo clásico. Han cuestionado a los colegios de bajo costo por no dar un servicio a distancia de “calidad mínima”, como si “Aprendo en Casa” fuera suficiente o siquiera comparable al trabajo en tiempo real que están haciendo muchos privados. Y a los colegios más costosos por no sentarse a negociar con los padres, como si se tratara de sindicatos.

Si los padres no están a gusto con el servicio y no pagan, el servicio no puede ser suspendido, como sucede desde hace años. Los padres tienen también la alternativa de pasar sus hijos a un colegio público, que es lo que alienta la gran campaña mediática que está desarrollando el MINEDU. Esperemos que aquellos burócratas que están detrás de estas acciones y cuyos hijos estudian en los colegios más caros de Lima, los trasladen a la escuela pública que es tan buena y superior a la privada.

En esta última década han ido desfilando, uno tras otro, ministros de educación, ocho para ser precisos, cada uno con una visión diferente y con su propio equipo asesor y directivo. Resultado:  absoluta discontinuidad e inexistencia de una política educativa clara y definida. Pero lo que no cambia es la animadversión y el acoso a los colegios privados, en particular a los de bajo costo. Se sostiene que son malos y que están por debajo de los públicos, a pesar de que, por ejemplo, los resultados PISA no avalan esta afirmación ¹. El COVID-19 les ha dado la oportunidad de acelerar el proceso y la están aprovechando.

Pero es irresponsable: van a recibir miles de traslados a través de su plataforma virtual, pero cuando volvamos a lo presencial no van a tener donde ubicar a esos alumnos ni presupuesto para afrontar este mayor gasto.

Es comprensible la situación de los padres de familia, seriamente afectados en sus ingresos, pero es lamentable como algunos se han dejado llevar por esta prédica populista sin percatarse de lo que hay detrás, convirtiendo de la noche a la mañana al colegio que escogieron tan cuidadosamente en un tramposo. De un día al otro se perdió totalmente la confianza. Gran logro de MINEDU e INDECOPI.

Ya consiguieron demoler prácticamente a los colegios de menos de S/ 300 (alrededor de 60%), dejando sin trabajo a miles de personas. ¿Quiénes siguen ahora? Los colegios de pensiones más altas, ese otro 40%, sean de la naturaleza que fuera.

Nadie desde el gobierno ha reconocido el enorme esfuerzo de directivos y profesores de los colegios privados y hasta el Presidente se ha permitido llamarles la atención. Ahora nos encontramos ante un Decreto Legislativo que terminaría de sepultar la inversión en el sector. Triste final. Lampadia

¹ https://www.lampadia.com/analisis/educacion/publicos-y-privados-aliados-por-la-educacion

En Lampadia: Se generan importantes daños y desigualdad advertimos de los grandes costos que entraña el cierre de escuelas para los países en vías de desarrollo como el Perú, en particular, por el estancamiento de la movilidad social que se genera producto de interrumpir el cierre de brechas de capital humano de los primeros años de escolaridad.

“La reapertura de las escuelas puede parecer un experimento precipitado con vidas jóvenes. De hecho, es un ejercicio de equilibrio de riesgos. Las escuelas son los motores más poderosos de movilidad social en cualquier sociedad. Deje entrar a los niños y déjelos aprender”.

A estos costos, cabe agregar otros de carácter colateral como por ejemplo la pérdida de productividad – y por ende de ingresos – de los padres que, por no poder solventar un cuidador/a, tienen que sustituir horas de trabajo por horas de cuidado de sus hijos. Otro aspecto a tener en cuenta también es que ante una recesión económica, como la que se está produciendo por el covid 19, se generan choques negativos en el gasto de los hogares lo cual produce una menor provisión de adecuada alimentación  hacia los niños, algo que los colegios podían proveer de mejor manera. En muchos casos, por la misma precaria situación económica, los niños podrían verse obligados por los padres al trabajo infantil, exacerbando las desigualdades anteriormente descritas.

Si es que se tiene en cuenta que la evidencia disponible al momento presenta poca letalidad del covid 19 hacia los niños además de una baja probabilidad de contagio de ellos hacia sus familias, se puede concluir que los costos de cerrar los colegios en la presente crisis sobrepasan largamente a los beneficios.

El MINEDU pues debería reflexionar una vez más sobre la decisión del cierre total de escuelas y por el contrario, diseñar un plan progresivo de reinicio del sector, considerando por supuesto ciertos protocolos de seguridad y sanidad que eviten los contagios. Un reciente artículo de The Economist,  que compartimos líneas abajo, presenta algunas ideas sobre cómo podría estructurarse este plan, dividido en varios fases y priorizando en la fase inicial a los niveles educativos más primarios, que es donde la literatura ha enfatizado como fases críticas en los procesos de aprendizaje y que además comprometen el potencial durante toda la vida de las personas. Lampadia

Los niños no están bien
Al facilitar los desbloqueos, los gobiernos deberían abrir primero las escuelas

Los costos de mantenerlos cerrados son demasiado altos

The Economist
30 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El covid-19 ha cerrado las escuelas del mundo. Tres de cada cuatro niños viven en países donde todas las aulas están cerradas. La interrupción no tiene precedentes. A menos que termine pronto, su efecto en las mentes jóvenes podría ser devastador.

Durante algunas epidemias es sabio mantener a los niños en casa; son propagadores eficientes de enfermedades como la gripe estacional. Sin embargo, parecen ser menos propensos a la captura y transmisión de covid-19. El cierre de las escuelas puede traer algún beneficio al frenar la propagación de la enfermedad, pero menos que otras medidas. Contra esto, se acumulan los altos costos para el desarrollo de los niños, para sus padres y para la economía.

Algunos países, como Dinamarca, están reabriendo gradualmente las escuelas. Otros, incluida Italia, dicen que no lo harán hasta el otoño. En EEUU, a pesar de los recientes llamamientos del presidente Donald Trump para que se abran las escuelas, la mayoría de los estados planean mantener sus aulas cerradas por el resto del año académico, y posiblemente más tiempo. Eso es un error a medida que los países alivian el distanciamiento social, las escuelas deberían estar entre los primeros lugares para desbloquear.

Considere los costos de excluir a los niños del aula. Ninguna cantidad de crianza en helicóptero o videoconferencia puede reemplazar a los maestros de la vida real o las habilidades sociales adquiridas en el patio de recreo. Incluso en los países mejor preparados para el aprendizaje electrónico, como Corea del Sur, la escuela virtual es menos buena que la realidad.

Los niños más pobres son los que más sufren. Las lecciones de zoom son de poca utilidad si su casa carece de una buena conexión Wi-Fi, o si tiene que pelear con tres hermanos por un solo teléfono. Y mientras que las familias más ricas a menudo incluyen padres bien educados que incitan a sus hijos a hacer su tarea y ayudar cuando se quedan atascados, las familias más pobres pueden no hacerlo.

La escuela también es importante para los padres, especialmente aquellos con niños pequeños. Aquellos que trabajan en casa son menos productivos si se distraen con fuertes lamentos y el misterioso silencio que presagia la mermelada que se extiende en el sofá. Los que trabajan fuera del hogar no pueden hacerlo a menos que alguien se preocupe por su descendencia. Y dado que la mayoría del cuidado infantil lo realizan las madres, perderán terreno en el lugar de trabajo mientras las escuelas permanecen cerradas.

En los países pobres los costos son aún mayores. Las escuelas a menudo ofrecen almuerzos gratis, evitan la desnutrición y sirven como centros para vacunar a los niños contra otras enfermedades. Los alumnos que se quedan en casa ahora nunca pueden regresar. Si el encierro empuja a sus familias a la penuria, es posible que tengan que salir a trabajar. Es mejor volver a abrir las escuelas, para que los padres puedan ganar y los niños puedan estudiar.

La réplica obvia es que cerrar las escuelas trae beneficios. El covid-19 puede ser mortal. Los padres no quieren que sus hijos lo contraigan o se lo den a la abuela.

De hecho, aunque los niños son muy susceptibles a la gripe, el covid-19 es diferente. Dos estudios de China que rastrean los contactos de personas infectadas encuentran que, en el peor de los casos, los niños no tienen más probabilidades de contraer la enfermedad que los adultos, y posiblemente menos. Si lo consiguen, tienen 2.000 veces menos probabilidades de morir que alguien mayor de 60 años.

Tampoco hay evidencia de que los niños que terminan contagiando la enfermedad sean propagadores silenciosos que la transmiten a sus familias. Los investigadores en Islandia y los Países Bajos no han encontrado un solo caso en el que un niño haya traído el virus a su familia. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la agencia de salud pública de la Unión Europea, dijo la semana pasada que la transmisión de niño a adulto “parece ser poco común”.

Algunas de estas conclusiones se basan en pequeñas muestras. Tal vez no se haya visto a los niños transmitir la enfermedad porque las escuelas cerraron temprano y no porque no representen una amenaza especial. Quizás comenzarán a esparcirlo en el patio de recreo.

Por lo tanto, las escuelas deberían volver a abrir por etapas. Los niños más pequeños deben regresar primero, a guarderías y escuelas primarias. Tienen los cerebros más sedientos y parecen tener el menor riesgo. También exigen la mayor parte de sus padres, ya que pocos han comprendido los principios del aprendizaje autodirigido. Es poco probable que los niños pequeños mantengan su distancia de nadie. Las clases deben dividirse a la mitad para que puedan asistir en días alternos.

Los que se enfrentan a los exámenes deberían venir después. Varios países han cancelado pruebas importantes; otros las han pospuesto. Los estudiantes mayores pueden estar en mayor riesgo que los más jóvenes, pero también son más capaces de seguir nuevos protocolos. El distanciamiento social es posible en las escuelas secundarias, particularmente si se reduce el tamaño de las clases.

Las aperturas escolares deberán ser monitoreadas. Los científicos deben ajustar las reglas si es necesario. Los niños que deben quedarse en casa deben ser contactados directamente por la escuela. Los maestros necesitarán apoyo. Las personas más vulnerables a las infecciones, como los diabéticos, deberían poder enseñar de forma remota. El resto necesitará orientación sobre higiene y el distanciamiento social. Deben ser probados regularmente por el covid-19.

Es comprensible que los gobiernos desconfíen de ser llamados mandones: ningún político quiere dar órdenes que puedan ser ampliamente desobedecidas. Francia está considerando reabrir escuelas pero hacer que la asistencia sea voluntaria. El problema con este enfoque es que puede afianzar la desigualdad educativa. Una encuesta reciente sugiere que el 48% de las familias acomodadas enviarían a sus hijos de regreso; solo el 17% de los pobres lo haría. Bajo el cierre de Gran Bretaña, más de 500,000 niños vulnerables han podido ir a la escuela, incluidos aquellos con necesidades especiales; solo el 5% ha aparecido.

El mejor enfoque sería aplicar las reglas de asistencia de manera sensible. Insista en que la educación es obligatoria, pero no sancione a los padres asustados involuntariamente, especialmente si tienen razones adicionales para temer la infección. A medida que regresen las clases, los padres verán que es seguro y se les ocurrirá la idea de enviar a sus propios hijos. Los gobiernos deberían ayudar a los niños a recuperar las lecciones perdidas con escuelas de verano gratuitas, vacaciones más cortas y días escolares más largos.

La reapertura de las escuelas puede parecer un experimento precipitado con vidas jóvenes. De hecho, es un ejercicio de equilibrio de riesgos. Las escuelas son los motores más poderosos de movilidad social en cualquier sociedad. Deje entrar a los niños y déjelos aprender. Lampadia

Líneas abajo compartimos el comunicado del sector privado sobre el DU 002-2020 que afecta severamente a la educación escolar privada:​

COMUNICADO
CON REFERENCIA AL DECRETO DE URGENCIA 002—2020 EN EDUCACIÓN

Las Asociaciones, Instituciones Educativas Privadas, Profesores y Padres de Familia abajo firmantes formamos parte de la educación privada formal y de calidad del país.

1. Nos une el compromiso con la educación como medio para lograr una sociedad más humana, justa y solidaria. La diversidad de ofertas pedagógicas que se desarrollan en nuestras aulas, ofrecidas a todos los sectores de la sociedad, son la mejor manera de democratizar la educación.
2. Los primeros y principales supervisores de la calidad educativa que brindan nuestros colegios son los padres de familia, quienes año a año manifiestan su confianza y reconocimiento al renovar su matrícula. Nuestros estudiantes merecen una escuela de calidad, por ello, actualmente nos encontramos en pleno mantenimiento de nuestros locales y en revisión de nuestros planes de trabajo para el año que se nos viene. Los resultados de la prueba PISA muestran un mejor resultado en las escuelas privadas y queremos hacerlo cada día mejor.
3. Nosotros, somos los primeros interesados en que los establecimientos ilegales sean cerrados y los promotores sean denunciados por estafa. Los establecimientos ilegales (264 según funcionarios del MINEDU) están identificados desde el 2018 y saludamos que finalmente se actúe al respecto. Consideramos que para esto no hacía falta un Decreto de Urgencia.
4. El Decreto de Urgencia cierra también las puertas a muchos profesores experimentados que laboran o podrían laborar en el futuro en nuestros colegios, al exigir el título profesional y no los grados académicos (bachiller, maestría, doctorado) que ya ostentan.
5. Rechazamos el Decreto de Urgencia porque es un atropello al derecho que tienen los colegios privados a definir su “axiología, sistema pedagógico, los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones de la institución educativa privada; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres y/o madres de familia, tutores o apoderados”, pues sujetan a los colegios privados a las limitaciones de las normas legales vigentes en lugar de las leyes que nos regían, tal y como se expresa en el Art. 3 de la Ley N° 26549 y Art. 5° del DL 882, se nos quita la libertad y la autonomía consagradas en el Art. 13 de la Constitución del Estado. Esto muestra el afán del MINEDU de tener una escuela única (la Estatal), quitando a las familias el derecho que tienen, consagrado por la Constitución, de elegir la educación que quieren para sus hijos.
6. La gran mayoría de los colegios privados del Perú no cobra cuota de ingreso, y los que lo hacen son colegios formales. No entendemos la urgencia, ni la pertinencia de legislar sobre esto en la “lucha contra la informalidad”. Este Decreto de Urgencia está generando más tensión entre familias y colegio al alentar la irresponsabilidad y falta de compromiso de los padres morosos.
7. Los colegios privados están siendo obligados a educar sin la posibilidad legítima de cobrar oportunamente por el servicio educativo que brindan. Estas leyes populistas castigan a los padres de familia que sí cumplen, porque los costos educativos se dividen entre los padres responsables. Este decreto ha empeorado el problema, además de haber desperdiciado la oportunidad de solucionarlo. El alto índice de morosidad hace que cada vez sea más difícil pagar puntualmente a nuestros trabajadores docentes y no docentes; pagar el agua, la luz, y los arbitrios.
8. El cambio de la aplicación del silencio administrativo positivo para la creación, ampliación de servicios educativos, traslado, reapertura, fusión o división, cierre o receso de servicios educativos, cierre de la institución o cualquier otra modificación a la autorización de funcionamiento inicial de los Colegios Privados, a un silencio negativo, castiga a los colegios formales por la inercia y burocracia de las instituciones estatales y elimina la certeza jurídica respecto de sus procedimientos administrativos iniciados.
9. SOLICITAMOS que el DU02-2020, se modifique tomando en cuenta lo señalado en los puntos 5, 6, 7, y 8 de este comunicado.
10. SOLICITAMOS que se nos convoque para elaborar el Reglamento y no se nos vuelva a sorprender.
11. SOLICITAMOS, que las Condiciones Básicas del servicio que se establezcan en el reglamento sean exigidas y cumplidas también por los colegios del Estado como lo dispone el Artículo 7° de la Ley Marco de la Inversión Privada (D.L. N° 757).
12. La presencia de la educación privada en el Perú, garantiza la vigencia de la pluralidad de ofertas educativas en una sociedad democrática que valora la libertad de los padres para decidir qué tipo de educación desean para sus hijos.

Lima, 17 enero de 2020

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Escribo este artículo luego de conversar con varios gestores educativos. Resulta que después de más de un año de múltiples mesas de diálogo con las diferentes asociaciones para consensuar las modificaciones necesarias sobre el funcionamiento de las escuelas privadas, el gobierno ha promulgado el 8 de enero último, en forma sorpresiva y olvidando todo lo coordinado con las asociaciones, el Decreto de Urgencia n° 003-2020. No importa que sea el peor momento, presupuestos ya definidos y colegios organizados para enfrentar el 2020 de acuerdo a los lineamientos que el propio MINEDU dio hace unos meses

El mencionado DU sustenta su necesidad en que es indispensable tener una norma que permita el cierre inmediato de los centros educativos ilegales. Pero en sus casi cinco páginas solo hay tres párrafos dedicados a los establecimientos ilegales, lo que hace evidente que la intención ha sido regular inconsultamente a un sector ya sobre regulado.

Sobre regulación junto con falta de oferta estatal

Se afirma que las normas vigentes no aseguran condiciones mínimas para ofrecer servicios educativos y así lo vienen repitiendo autoridades del MINEDU en los medios. Pero es al revés. Hay tantas normas y tan absurdas algunas de ellas, que provocan sea la ilegalidad, sea la informalidad de incumplimiento en colegios autorizados. Sería bueno que los funcionarios hicieran una pasantía en colegios no estatales para que sepan lo que es operar en medio de la selva normativa. Es heroico. Lo que sucede es que cuando el Estado sobreregula y además no construye nuevos colegios para atender la demanda, los particulares lo suplen de cualquier manera. La realidad termina desbordándose, exactamente igual a lo que ocurre con el transporte público o la minería ilegal.

Matando la inversión

Como parte de la solución al problema, ahora se le ha ocurrido al MINEDU que, al recibir un expediente solicitando algún tipo de autorización, vencido el plazo, considera la solicitud denegada. Es decir, silencio administrativo negativo. El Estado propone los requisitos para el trámite, propone el plazo para revisar el expediente, se vence su propio plazo y el administrado recibe una negativa sin que siquiera su expediente haya sido visto. ¿Quién va a invertir así? Es obvio que las personas que hacen estas normas jamás han arriesgado dinero de su bolsillo para dar trabajo.

Ni autonomía ni calidad

La elaboración de los planes de estudio se sujeta a lo que diga el MINEDU. Es decir, cero apoyos a la creatividad e innovación. Sólo el Estado, que ni siquiera puede administrar sus colegios, es competente para decir cómo se deben hacer las cosas.

De otro lado, se ha perdido la oportunidad para permitir que especialistas con bachillerato de una especialidad no docente puedan ser profesores. Es hora de reconocer que su formación es superior a la de los maestros en general, en particular respecto a los formados en institutos pedagógicos. El MINEDU no se atreve a poner a los estudiantes y a la calidad de la educación como el objeto principal de su labor.

Ataque a los colegios de sectores medios y populares

Durante las mesas de diálogo con las asociaciones, las autoridades del MINEDU siempre reconocieron, muy compungidas, el serio problema de los colegios de sectores medios y populares que no pueden cobrar las pensiones, ya que una demagógica ley prohibió suspender el servicio, pero decían que se requería de precisamente de una ley y ellos no eran el Congreso. Pues bien, este DU era el instrumento que necesitaban para arreglar el problema, pero en lugar de ello han consagrado la cultura del no pago, así como la prohibición de retener las libretas.

Lo mismo respecto a la escala de multas, la cual está pensada para los cinco colegios más caros del Perú. Siempre de espaldas a la realidad, sobre todo a la realidad más necesitada. El 99% de colegios cobra menos de S/ 1,000 de mensualidad. El tema de la morosidad es gravísimo en los NSE C y D, que conforman más del 60% de la oferta privada y cobran en promedio menos de S/ 200 al mes, justamente aquella oferta que cubre la demanda que el Estado no es capaz de atender. Estos colegios han demostrado en las últimas ECE y PISA que sus resultados son mejores a los del sector público (ver artículo de José Urbina en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación:

• En el caso de Lectura, las instituciones educativas privadas han alcanzado 457 puntos, mientras que las que pertenecen al sector público apenas 381. Si solo se consideraran los logros del sector no estatal a nivel de la región, nuestro país ocuparía el 1° lugar en Latinoamérica, por encima de naciones líderes en esta área como Chile (452), Uruguay (427) y Costa Rica (426).
• Lo mismo ocurre en Ciencias, con 452 puntos para los colegios privados y 388 para los públicos
• Así como en Matemáticas, con 450 puntos para los privados y 383 para los públicos, respectivamente.

No importa, igual hay que atacarlos y ponerles vallas infranqueables.

El ministerio de Educación gobierna los aprendizajes. Pero tendría que comenzar por adquirir un aprendizaje fundamental: que no se puede dar normas sin consultar y sin conocer la realidad. Es increíble que después de tantos años no se aprenda esta lección tan elemental. Lampadia

Para mejorar los aprendizajes
Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, apenas se dejó de dar incentivos monetarios a los profesores de los colegios que mejoraban en las evaluaciones censales de 2do grado, pues los rendimientos cayeron fuertemente. Eso ocurrió el 2018, haciendo sospechar que las mejoras que hubo en años anteriores fueron artificiales. Pero, si lo fueron, el problema es grave: ¿qué piensa hacer el ministerio para mejorar de verdad los aprendizajes, en el contexto de una realidad educativa en la que un porcentaje pequeño tiene rendimientos satisfactorios y pocos saben leer, escribir y realizar operaciones matemáticas correspondientes a su edad?

La pregunta es doblemente pertinente considerando que el presupuesto de Educación se triplicó entre 2007 y 2019 (pasó de 9,680’ de soles a 30,628’), sin que los rendimientos escolares hayan mejorado de manera apreciable en ese periodo, considerando los resultados de la evaluación del 2018. Se necesita nuevas ideas. Introducir cambios que hagan posible un salto.

La ministra Flor Pablo nos explicó su plan:

1. Eliminar los incentivos monetarios mencionados[1] y destinar ese dinero a un Fondo para la Innovación y Buenas Prácticas, para fomentar e irradiar innovaciones que desarrollan los propios profesores (en TICS, convivencia en el aula, la cultura e historia local, participación estudiantil, etc.).[2]
    
2. Acompañamiento pedagógico para la capa más baja, pero con buenos acompañantes. Este programa existía, pero fue suprimido porque los acompañantes no eran buenos profesores, lo que generó resistencia. El acompañante tiene que ser buen maestro y saber trabajar con otro adulto. No es fácil reclutarlos porque los mejores docentes están trabajando precisamente como decentes. La idea entonces es crear un diplomado de acompañamiento pedagógico e institucionalizar el cargo de acompañante dentro de la carrera magisterial. El próximo año se llevará a cabo el primer concurso incluyendo acompañantes dentro de a la carrera.
   Sería bueno que el Ministerio considere tomar y escalar el programa “¡Qué Maestro!” de Enseña Perú, que consiste en un retiro-taller que lleva a una transformación personal del docente hasta que es capaz de cambiar su método pedagógico vertical e impositivo hacia uno horizontal, participativo y basado en proyectos. Hay que tener en cuenta que, según cifras del ex ministro Daniel Alfaro, Sólo el 7% de los docentes fomenta el pensamiento crítico en las aulas. Ese es el problema.
    
3. Fortalecer los equipos directivos en los colegios más grandes, a fin de que esos equipos realicen el monitoreo y acompañamiento a los profesores. En este momento hay 13,000 directores seleccionados que recibieron un curso de monitoreo a profesores. Este año habrá 3 mil más.
    
4. Reformar la propia formación inicial de los maestros en los institutos pedagógicos y universidades. Para ello este mes se está terminando la elaboración de una nueva currícula para profesores de inicial y primaria. Luego se hará secundaria. Y se inicia ya el proceso de licenciamiento de los institutos pedagógicos en el marco de la ley de institutos promulgada el año pasado.
    
5. Generalizar la educación secundaria técnico productiva en alianza con los CETPROS, Institutos Tecnológicos o empresas privadas que existan cerca a los colegios, porque no hay en el sector profesores para los temas técnico – productivos. Esto en la medida en que el gobernador regional tenga la voluntad política de promover esas alianzas. Al respecto, una alternativa muy interesante sería adoptar el esquema de escuelas productoras que fomenta Sierra Productiva en el medio rural, donde los propios yachachik de la localidad introducen las tecnologías en el colegio y los profesores desarrollan sus materias aplicándolas a los cultivos.
    
6. Impulsar un proceso de reordenamiento del servicio educativo que consiste en identificar la demanda real de servicios a fin de gestionar mejor la provisión de los mismos en el territorio.[3] Por ejemplo, ante el problema de que en las escuelas rurales el docente es a la vez director, por lo que abandona las tareas educativas, se ha creado el cargo de Director de Red Educativa Rural (RER): un solo director para varias instituciones educativas. Actualmente hay 110 RER que operan en siete regiones (Áncash, Loreto, Ucayali, Apurímac, Huánuco, Cusco y Puno) con la participación de 27 UGEL, 1,341 instituciones educativas, 4,109 docentes y 54,920 estudiantes. Se advierte, de otro lado, que con frecuencia las UGELES son muy grandes para hacer gestión integral: tendrían que subdividirse.

¿APPs para la gestión?

Recordemos que Jorge Yzusqui nos decía, en artículo anterior, que los 55 colegios de Innova Schools, trabajando con profesores del mismo medio, han conseguido resultados muy superiores al promedio nacional debido, según él, a la gestión, lo que incluye “capacitar, introducir innovaciones educativas, brindar autonomía, gestionar los servicios de apoyo a la escuela, mantenimiento, reparaciones, seguridad, limpieza, internet, etc., etc.”., aunque también selección y desvinculación de profesores. En ese sentido, avanzar hacia la autonomía de los colegios públicos sería fundamental.

Otro modelo exitoso de gestión es Fe y Alegría, Asociación Público Privada que maneja 70 colegios, trabaja con profesores del Estado y consigue asimismo rendimientos superiores. No obstante, Fe y Alegría también pone recursos financieros, que provienen de donaciones, para la gestión precisamente. ¿Ese modelo es replicable? Lo que definitivamente sí lo sería es tercerizar la gestión de redes de colegios públicos, pero esto ni se plantea.

Lejos de tener escuelas digitales

Ahora bien, debe notarse que no hay en el ministerio un plan claro para masificar las tecnologías de la información y comunicación (TICS). Las tablets, por ejemplo, podrían complementar y eventualmente sustituir a profesores en algunas materias. Según la ministra, no tienen bien identificada la brecha de fibra óptica y energía que se requiere para eso. El próximo año se realizará un censo de infraestructura. Según el ex ministro Daniel Alfaro, en este momento de 55 mil escuelas, solo 1,000 podían llegar a ser escuelas digitales. Además, “necesitamos el kit, capacitar maestros”, nos dice la ministra.

Evaluaciones de desempeño retrasadas

Otro tema que resultaría vital para mejorar la calidad de los docentes, es avanzar en las evaluaciones de desempeño de modo tal de ir introduciendo a los maestros en la nueva pedagogía al mismo tiempo que se retira de la docencia a los que desaprueben la tercera evaluación consecutiva. Hay muchos profesores que no tienen las condiciones ni capacidades ni vocación para serlo.

El problema es que la evaluación de desempeño ha avanzado lentamente por la resistencia del Sutep y de los propios docentes, que temen el resultado. Pero esto se debería en parte, según la ministra, a que no se ha difundido o explicado suficientemente cómo es esta prueba, que es lo que se está haciendo este año para empezar a evaluar el próximo a los de primaria. Y también a que no es fácil evaluar y se requiere certificar a los docentes evaluadores, para que el proceso no sea objetable. Los avances y el cronograma son los siguientes.

Inicial

• 2017: se evaluó a 5,500 docentes. Desaprobaron 38 que fueron capacitados durante 5 meses. De ellos desaprobaron 10, por salud mental. Esto da una idea de lo benevolente que debe haber sido la evaluación.
• 2018: se evaluó a 15,831 docentes. Desaprobaron 432.

Primaria

• 2019: familiarización.
• 2020: 13,000 de las escalas 4 y 5, las más altas, con profesores más capaces. Esto para generar la menor resistencia y generar confianza.
• 2021: 25,000 de escala 3
• 2022: 27,000 de escala 2
• 2023: 35,000 de escala 1. Esto significa que los efectos finales de la primera evaluación de desempeño recién se darían el 2025.

Secundaria: Empieza 2021 (más complejo, por especialidad)

Según la ministra, para que la evaluación de desempeño se haga bien y no sea objetada, se requiere lo siguiente:

• Familiarizar al docente con la manera cómo va a ser evaluado
• Recertificar a directores observadores y certificar a docentes que van a evaluar. Esto explica en parte la lentitud del proceso.
• Resolver con el Ministerio de Trabajo el tema de la reconversión laboral de los despedidos, pues una de las demandas es que no pierdan su trabajo en Sector o en el Estado. Ya no podrían ser profesores, pero podrían desempeñar otras labores siempre y cuando fueran necesarias.

La ministra agrega que una medida que ayudaría a renovar el magisterio sería incentivar retiro voluntario, creando un Fondo de retiro voluntario para subir la jubilación, porque hay muchos profesores de cierta edad que no tienen vocación y quisieran retirarse, pero no lo hacen porque la jubilación hoy equivale a solo el 60% de la última remuneración. Habría que subirla a por lo menos el sueldo de la primera escala. Eso supone presupuesto, naturalmente.

Conclusión

En conclusión, los planes del ministerio para levantar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, son todavía relativamente débiles. La idea de implantar el acompañamiento pedagógico es correcta y sería bueno escalar experiencias como la de Enseña Perú. Pero la evaluación de desempeño, vital para mejorar y renovar el ministerio, avanza a paso muy lento, no se financia un fondo de retiro, no se explota el potencial de asociaciones público privadas para la gestión ni hay un camino hacia la autonomía de los colegios, y no hay un plan claro para el uso de herramientas digitales. El Ministerio podría convocar al sector privado educativo y no educativo para forjar una gran alianza público privada que ayude a encontrar soluciones y formular planes para resolver estas falencias. Lampadia

El pasado 30 de noviembre, el MINEDU otorgó la buena pro a la empresa de telecomunicaciones Viettel en una licitación correspondiente a la renovación del “Servicio de Conectividad para Instituciones Educativas a Nivel Nacional”, la cual involucra 1,837 colegios por un monto de S/.90 millones.

Al respecto, recientes comunicados señalan que otra empresa postora en la licitación y que además venía realizando el servicio en mención hasta la fecha, Telefónica, había sido declarada, en un primer momento, como ganadora de la licitación por haber ofrecido S/.26 millones menos que la oferta competidora, pero que, por no cumplir (supuestamente) con un requisito relacionado a la experiencia de su personal, fue descalificada del proceso.

Este requisito consistía en acreditar la experiencia exigida de dos años como mínimo del Jefe de Proyecto propuesto.

Lo grave del asunto es que Telefónica sí había demostrado durante el proceso, con documentación en mano, que su Jefe de Proyecto tenía más de dos años de experiencia laboral en la gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad, además de que venía laborando en su organización desde el 2006.

Aún con ello, el Comité de Selección determinó que la constancia de Telefónica “carece de las precisiones necesarias” y por tanto, correspondía su descalificación. Con lo cual, dicho Comité, indirectamente, redujo el Presupuesto del Ministerio de Educación en S/.26 millones, a través de una decisión discrecional que, como ha indicado el portal Lucidez, estaría yendo en contra del “Principio de Eficacia y Eficiencia” de la Ley de Contrataciones del Estado

¿Cuáles son las implicancias para el Estado Peruano si se llegara a esclarecer un acto de corrupción en este proceso de licitación?

Por un lado, mellaría la imagen del Gobierno y el MINEDU perdería mucha más legitimidad de la que ya ha perdido-como se dio en su momento por el caso de las compras irregulares de computadoras durante la gestión de Saavedra- dado que se tratan de fondos de un sector, que está caracterizado por grandes brechas sobre todo en infraestructura y en calidad de la enseñanza. Estos S/.26 millones de soles podrían ser direccionados a la construcción de decenas de colegios o para hacer mantenimiento a los que actualmente existen, pero que a duras penas pueden operar, posibilitando el progreso de nuestros compatriotas más humildes y sus familias.

Por otra parte, dicho suceso pondría de relieve una vez más la fragilidad institucional de nuestro sistema de contratación pública, el cual hace varios años pide a gritos una reforma integral que lidie con la gran cantidad de sobornos que se dan actualmente en los procesos de licitación. Como es de conocimiento, nuestro sistema de contratación adolece de una falta de transparencia durante todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la fase de publicación de las bases hasta la adjudicación u otorgamiento de la buena pro. Esto genera una falta de competencia, traducida en menor número de postores por concurso y por ende, una menor eficiencia, reflejada en precios menos competitivos, como es en el presente caso.

Sin embargo, en este caso particular no podemos esperar sentados a que se haga una reforma para darle solución a un problema de presunta corruptela, por lo que instamos a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y todas las Entidades del Estado a quienes les compete investigar y detener corruptelas si así lo fuera para este caso. No podemos tolerar más escándalos de corrupción, como los que ya han acontecido en el transcurso del año, y menos en uno de los sectores que promueven la movilidad social a lo largo del territorio nacional. Lampadia

Ver líneas abajo más detalle sobre el proceso de licitación involucrado:

ESTADO PERUANO PERDERÍA 26 MILLONES DE SOLES POR ARBITRARIO MANEJO DE CONTRATACIONES EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MINEDU

• Comité de Selección del Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE026 ha tenido un trato desigual con las empresas postoras, cuya consecuencia será un innecesario gasto millonario del Ministerio de Educación.
• La mejor alternativa para revertir esta situación y que se haga un eficiente uso de los recursos del Estado es declarar la nulidad de oficio del Concurso y que se convoque a una nueva licitación en condiciones iguales para los postores.

En abril del 2018, el Ministerio de Educación (MINEDU) lanzó un Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE026 para renovar el “Servicio de Conectividad para instituciones Educativas a Nivel Nacional” (1,837 colegios) por un monto base S/. 104 MM, servicio del cual Telefónica es proveedor actual.

En la licitación Telefónica presentó una oferta por S/. 64 MM y Viettel por S/. 90 MM. El 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de Evaluación, Calificación de las Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro y, tras la evaluación de las ofertas admitidas, Telefónica obtuvo el primer puesto por haber presentado la mejor propuesta económica. Como se podrá advertir, la diferencia entre ambas propuestas es de alrededor de S/. 26 MM.

Sin embargo, en la calificación, de manera sorpresiva e incluso cuestionable, el Comité de Selección decidió descalificar la propuesta de Telefónica. El argumento de esta descalificación fue por no acreditar la experiencia exigida de dos años como mínimo del Jefe de Proyecto propuesto. En estricto, el Comité indicó que no se señalaba con claridad el período efectivo en la función de Jefe de Proyecto y que no se podía hacer una conexión de sus años de experiencia con la actividad solicitada en las bases, la de gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad.

Sin embargo, la constancia de trabajo presentada con la oferta de Telefónica precisaba que el Jefe de Proyecto propuesto, labora en el Grupo Telefónica desde el 1 de mayo de 2006 hasta la fecha, cumpliendo, entre otras funciones, las de Jefe de Proyectos y teniendo más de 12 años de experiencia en la gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad.

En ese sentido, es falso que no se lograra acreditar la experiencia requerida del personal propuesto. En este punto resulta cuestionable el trato desigual dado que el referido Comité no realizó las mismas observaciones a la constancia de Viettel, quienes presentaron un documento similar al presentado por Telefónica.

Lo que más llama la atención es que se observe la experiencia del Jefe de Proyectos cuando él ha sido el Jefe de Proyecto a cargo de la etapa de implementación, por el mismo servicio, en el Concurso Público anterior del MINEDU.

Constancia presentada por Telefónica:

Constancia presentada por Viettel:

Las decisiones y sus respectivos argumentos que ha tomado el Comité de Selección afectará de forma considerable el presupuesto del Estado yendo en contra del “Principio de Eficacia y Eficiencia” de la Ley de Contrataciones del Estado. En una clara interpretación arbitraria de la norma, el Comité ha determinado que la constancia de Telefónica carece de las precisiones necesarias, por lo que opta por descalificar su propuesta y otorgar la Buena Pro a un postor cuya oferta es de más de S/. 26 MM más elevada. ¿Justifica esta decisión dilapidar 26 millones de soles de todos los peruanos?

Se debe respetar y promover la libre competencia, sobre todo cuando se tratan de servicios que van a favor de todos los peruanos. En ese sentido, urge exhortar a la SUNEDU, la OSCE y la Contraloría de la República, y a otras instituciones del Gobierno, a velar por la transparencia en la gestión de las compras y licitaciones del estado, sobre todo en asuntos que atañen a servicios de educación.

En Lampadia nos encanta compartir noticias del éxito de jóvenes peruanos que logran sus metas y representan a nuestro país con frescura y sin agendas propias. En esta ocasión queremos celebrar a Mónica Martínez, una joven de 16 años, que triunfó en la Olimpiada Europea Femenina de Matemática y se convirtió en la única latinoamericana en conseguir una medalla de oro.

La competencia se llevó a cabo en Italia y duró dos días. Participaron representantes de más de 50 países, como Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Francia, Alemania, Finlandia, México y Brasil, entre otros. Las evaluaciones se realizan en dos días consecutivos. En cada día del concurso, el examen comienza por la mañana y dura cuatro horas y media. Cada uno de los dos exámenes tiene tres problemas sobre combinatoria, geometría, teoría de números y álgebra, donde se pone a prueba el ingenio y la creatividad de las participantes.

Mónica Martínez estudia actualmente en el colegio Saco Oliveros, es alumna de 5° año de secundaria y forma parte del Programa de Talentos, que busca apoyar a los estudiantes para participar con éxito en competencias internacionales de matemática.

Anteriormente, Mónica Martínez había logrado la primera medalla de oro a nivel sudamericano en la Olimpiada Matemática Rioplatense 2015 y, además, formará parte de la delegación peruana junto a otros cuatro compañeros de su colegio, que participará en julio de la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO, por sus siglas en inglés), donde es la única mujer del equipo.

“Estoy muy feliz por haberle dado a mi país esta medalla de oro. Es un orgullo representar a tu patria en el extranjero, una experiencia maravillosa, y sobre todo demostrar que las mujeres podemos destacar en cualquier ámbito y ser las mejores”, afirmó la escolar de 16 años de edad, que vive junto a sus padres en el Callao.

“Es una llave para muchas cosas como becas en el extranjero, me puede abrir un mundo inmenso”, dijo la joven peruana. En los próximos meses, Mónica decidirá si sigue la carrera de ingeniería mecatrónica o la de ciencias de la computación.

Además de Mónica, que obtuvo la medalla de oro, la delegación peruana recibió una medalla de plata y una mención honrosa. El equipo peruano estuvo conformando además por: Nixa Sánchez,  Gladys Alekza Salazar y Carla Fermín Jiménez, quien fue la participante de menor edad en la competición (13 años).

El objetivo de la Olimpiada Europea Femenina de Matemática es brindarles a más niñas la oportunidad de desempeñarse matemáticamente en un escenario internacional y así descubrir, alentar a mujeres dotadas de ese talento.

Es pues evidente que nuestros jóvenes son capaces, ambiciosos y luchadores. Eso es precisamente lo que queremos construir en el Perú. Es por eso que debemos ofrecerles a nuestros jóvenes un país del que puedan estar orgullosos por sus realizaciones económicas y sociales, un país en el que puedan desarrollarse como los mejores jóvenes del planeta, donde puedan progresar y dar a sus futuros hijos oportunidades aún mejores que las de ellos.

Saco Oliveros es justamente uno de los colegios que ha desarrollado sistemas educativos innovadores que promueven una educación de calidad, potenciando las capacidades de los alumnos. El tipo de educación al que se resiste el Ministerio de Educación para los colegios públicos, donde se ha entronizado una malla curricular para el siglo pasado, impuesta por el ex ministro de Humala-PPK, Jaime Saavedra, que se la pasaba denostando la educación privada.

“Somos el único colegio que representa al Perú en 6 disciplinas alrededor del mundo”

http://sacooliveros.edu.pe/index.php

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