Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minero
Para Lampadia

“A veces no es cuestión de tener ideas nuevas, sino de dejar de tener ideas antiguas” Edwin H. Land

Hay consenso en el sentido que la exploración minera formal tiene importancia gravitante para asegurar el crecimiento del sector y del país, a la par que se van consolidando los sectores industriales, de servicios, turísticos, agrarios, innovación y pesqueros. De igual forma, estamos de acuerdo con que todas las actividades productivas y de servicios deben ser social y ambientalmente responsables. También se sabe que “de cada 1000 depósitos con presencia de mineral, 100 se convierten en prospecto minero, 10 se convierten en proyectos mineros y uno se convierte en mina” (Ing. Henry Luna C. -hoy Presidente de INGEMMET- – Lampadia 25 de mayo 2015). Son, sin la menor duda, emprendimientos de altísimo riesgo de inversión.

Si se halló ese uno en mil, lograr poner en operación una mina tiene su propia historia que requeriría no otro artículo sino algunos libros, para explicar los cientos de permisos requeridos para ello.

Volvamos a la exploración minera formal; es una labor de alto riesgo, costosa, temporal y bajo impacto ambiental y social, muy localizada (poca área) y controlada. No utiliza ni genera extraños reactivos o materiales peligrosos, excepto algunos comunes como combustible o bentonita (especie de cemento sellador).  Emplea equipos de perforación, palas, picos, depósitos impermeabilizados, camionetas, carpas y cocinitas portátiles. Claro que esto, más la mano de obra, permisos y logística, demanda algunos millones de dólares en inversión por cada exploración.

Y cuesta más porque, aun cuando es de mínimo impacto ambiental y de bajo riesgo en términos de seguridad, los gobiernos (en especial el del anterior quinquenio) han venido imponiendo trámites y requisitos complicados, además de plazos reales interminables para cada paso administrativo, solicitando también opiniones de aquí, de allá y de más allá, en una vorágine de desconcierto total. Por ejemplo, en alguno de esos momentos, querían que se presente una constancia de Registros Públicos, sin reparar que esta entidad no estaba facultada para emitirla (pero alguien pensó que era buena idea). Se tuvo que convencer a Registros Públicos para que diera algún tipo de certificación para satisfacer al burócrata que hacía tal requerimiento impulsado por “consultores-tramitólogos” o algún promotor del empleo en tramitomanía.

La realidad es la que señala Miguel Cardozo – CEO de Altura Minerals “Usted no puede pedir que un inversionista venga aquí y tenga que pasarse dos años para obtener un permiso y perforar…”; agrega Eugenio Ferrari presidente de la pasada proEXPLO “Hubo una secuencia de cambios y contracambios que se dieron en los últimos 10 años, que lamentablemente no ayudaron a que la exploración se dinamice…” (diario Gestión del 31 de mayo 2017).

Pero, si se logra iniciar la labor de exploración es necesario buscar un equivalente al libro de álgebra de Baldor frente a problemas antitécnicos o imprecisiones que aparecerán. No hay tablita de respuestas correctas al final del libro. Solo queda el persignarse y contar con ingenieros, abogados y técnicos que ayuden a salir de este” leguleyesco” laberinto: “nosotros hemos sentido que la legislación de exploraciones no ha tenido relación con la realidad de las exploraciones…. La regulación actual es muy inflexible, muy restrictiva y toma mucho tiempo” declaró Luis Marchese – presidente de la SNMPE.

Pongamos un ejemplo de la extraña forma de promocionar las inversiones en exploraciones: el Impuesto General a las Ventas (IGV) tiene la característica de que se aplica con el “efecto cascada”; es decir, uno paga el IGV al proveedor de bienes o servicios (a quien se le compra algo); este IGV pagado es un crédito fiscal a deducirse del IGV que a la empresa le paguen por los bienes que venda (la fórmula sería: IGV cobrado en la venta menos IGV pagado en las compras). Resulta, sin embargo, que en exploraciones sólo se compra y nada se vende.   Recién se venderá cuando el yacimiento se construya como mina y opere; recordemos, será sólo un caso de cada cien proyectos de exploración.

En todos los casos existe un crédito fiscal (dinero inmovilizado) que no se puede usar.   Para ello, se habilitó la devolución definitiva del IGV. Más que un beneficio es una equidad tributaria. 

El único tema es que para poder aplicar a la aprobación de dicha devolución uno debe tener el estudio de factibilidad de la exploración hecho y presentarlo, pero no podrá hacer valer ninguna compra efectuada para el proyecto de exploración hasta que no se apruebe el contrato de inversión correspondiente (por el cual autorizan la devolución definitiva del IGV). Este trámite dura algunos meses, tiempo en el cual es muy probable que el proyecto se ejecutó y cerró (recordemos que los proyectos de exploración son temporales). Por tanto, carece de objeto tener el contrato de inversión aprobado a destiempo. Cierto es que permiten se traslade a otra fase del proyecto y otro proyecto, pero quién sabe si habrá otra fase o proyecto, lo que no habrá es recuperación del IGV.  

Tal supuesta facilidad, que no es sino un acto de trato justo con el IGV, no resulta tan eficiente como se indica en los manuales para atraer la inversión minera al Perú.

Pero con todas sus deficiencias, ahora, tampoco existe. La comisión de economía del Congreso, haciendo gala de las mejores prácticas taurómaticas “chichuelinas” y “verónicas”, dice que ha concluido la posibilidad de este régimen de devolución del IGV, porque ningún ministerio lo sustentó como ellos desean, pese a tener clara conciencia de la importancia y trascendencia del tema, simplemente no saben / no opinan y dejan que, aunque hago daño al futuro del país, allí termina la vigencia de la norma. Actualmente se está tratando de revivir la norma, pero nadie puede ver con claridad el futuro de tal paciente.

Por supuesto, en el corto plazo, la larga fila de proveedores y trabajadores formales vinculados a las exploraciones serán directamente afectados con la muy probable reducción de estos proyectos. En el mediano y largo plazo, no habrá más proyectos nuevos que impulsen la economía formal peruana.

Nuestro vecino del norte, Ecuador, se ha puesto como objetivo más que duplicar la actividad minera al 2021, para ello lo primero que ha determinado, entre otras medidas, es la devolución del IGV.  Chile ha proyectado que recibirán inversiones mineras por más de 65 mil millones de dólares.

Recordemos que, al 2011, sólo el 0.28% del territorio peruano se había explorado y sólo se había explotado 0.82% de las reservas minerales, es decir, los rangos de producción son mínimos (Guía de negocios e inversión en el Perú 2014/2015 – Ministerio de Relaciones Exteriores/EY/Proinversión – pág.71), y lo más probable es que con las políticas y normativa existentes no cambié mucho el panorama.

Sin embargo, el crecimiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido el mayor de América Latina con un 151.1% y con una de las más bajas inflaciones (Paulo Pantigoso – El Comercio 01 diciembre 2018). La actividad minera es la que explica gran parte de estos buenos 20 años y puede sustentar muchos años más si se dejara de trabarla. En realidad, en Perú, nunca ha habido un “boom minero”, de haberlo habido estaríamos produciendo y exportando no menos que Chile que nos duplica, por ejemplo, en exportación de cobre.

Siempre me ha dejado esa sensación de que la ubicación a media tabla de Perú en el Índice Fraser (que mide la competitividad de los países/estados mineros en el mundo) es el resultado del discurso de un Estado, gobierno tras gobierno, diciendo “sí; pero no”. Lampadia

Lino Abram Caballerino
Para Lampadia

La explicación de la importancia de la industria minera en el Perú es un tema que podríamos llamar, en términos figurados, un “lugar común” por lo que no parece necesario agregar más argumentos que los que han sido expuestos por incontables medios incluyendo conferencias, discursos, artículos académicos, periodísticos, etc. Sólo diré, sin necesidad de hacer un esfuerzo argumental, que la Minería es una actividad de la mayor importancia para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio-económico del Perú.

La aceptación de tal afirmación conduce el pensamiento a la pregunta de porqué los proyectos mineros u operaciones en marcha provocan tanta oposición y tanta insatisfacción, ¿es que tenemos motivaciones tanáticas? ó sus beneficios no son tan evidentes para algunos sectores de la población o peor aún dañan los intereses de esos sectores?  Descartemos, aunque sea por razones analíticas, el concepto de las motivaciones tanáticas y nos quedamos con que los beneficios por tener una operación cerca de casa, no son evidentes o no son tangibles para la mayoría de los vecinos, por lo que ven razonable adherirse a los líderes que se oponen de modo sistemático o eventual a proyectos u operaciones mineras.

Es un hecho reconocido que la generación de riqueza de la industria minera tiene su base en recursos naturales que son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero también es un hecho que quienes nacen, poseen, crecen, fundan familias, trabajan y tienen ancestrales raíces en las tierras donde subyacen los recursos minerales se sienten más propietarios de esos recursos que el resto de los peruanos… y no les falta razón.  Si agregamos al sentimiento de propiedad, que, los vecinos al sitio minero son protagonistas pasivos de inevitables cambios ambientales, sociales, paisajísticos, resulta obvio que merecen recibir compensaciones que hagan justificables los cambios que, en alguna medida, afectan su modo de vida y que la extracción de los recursos, valiosos y agotables, les abran las puertas para su desarrollo individual y colectivo a largo plazo.  Ver en Lampadia: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Las compañías mineras que asumen la inversión y la explotación minera, legítimamente, remarcan que asumen ingentes cantidades de dinero por el pago de impuestos y contribuciones, además del costo de programas voluntarios de relaciones comunitarias, y que son materializados por la vía de pago de impuestos y/o contribuciones al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales o incluso a la Comunidad vecina. La cuestión crítica es que el dinero generado por la industria minera y recibido por las autoridades de las entidades mencionadas no se traduce en beneficios visibles y significativos, ni individuales ni colectivos para los vecinos y, para cuando ocurra el agotamiento de dichos recursos sus condiciones de vida no habrán tenido el cambio que implica el “Desarrollo Económico-Social”.  No es necesario citar casos o ejemplos; sabemos que ésta es la realidad para la mayoría de las comunidades del entorno a la mina. La creación de puestos de trabajo, accesibles para los vecinos, beneficia directamente a una porción menor de ellos y el incremento de la actividad económica local no logra ser asociado racionalmente con la operación minera.  Los conceptos amplios de contribución de la operación minera al crecimiento del consumo, del PBI, generación de divisas u otros, no causan impacto en la mayoría de las poblaciones locales, ni siquiera en las nacionales.

Las negociaciones y acuerdos circunstanciales con los vecinos de las operaciones mineras tienden a atenuar temporalmente la insatisfacción existente.  Por supuesto, existen casos en los que no se han logrado, ni siquiera, estos acuerdos circunstanciales.  Los proyectos han debido ser suspendidos indefinidamente. Es palpable que se requiere cambiar sustancialmente el modelo de relaciones de la industria minera con el Estado y las Comunidades vecinas.  Es necesario contar con un modelo por el que cada vecino vea y perciba que recibe beneficios individuales, que son tangibles y significativos, para que el hallazgo de un recurso minero sea visto como una bendición. 

Empecemos por reconocer la realidad: Las entidades que administran los impuestos y/o contribuciones son ineficaces e ineficientes, que no tienen una visión de futuro a largo plazo para los pobladores de las comunidades aledañas.  Un aspecto clave para tener un modelo exitoso es eliminar su intermediación para trasladar la responsabilidad financiera y gerencial a un ente Ad Hoc, dirigido por la propia compañía minera y supervisado por las entidades estatales y locales.

El otro aspecto clave es la creación de un polo de desarrollo que se incluya en el proyecto minero, siendo éste el principal proveedor de recursos para el financiamiento de un programa de inversiones en beneficio de las comunidades vecinas. El programa de inversiones debería contener los elementos necesarios para que sus efectos se materialicen en plazo inmediatos, y que perduren más allá de la vida útil de la operación minera.

Conociendo las carencias de nuestro país, parece obvio que a los servicios de salud y educación les correspondería un lugar prioritario, ya que representarían un beneficio tangible en forma inmediata, pero también beneficios relevantes con permanencia a largo plazo.

Otro aspecto de crucial importancia sería la introducción de tecnologías modernas para las actividades agropecuarias y la identificación de las ventajas competitivas de la zona para promover negocios exitosos que generen actividad económica, más allá de la vida de la mina. Los costos asumidos por la operación minera serían compensados con las obligaciones tributarias que le corresponden, bajo un modelo similar al de “obras por impuestos”.

La existencia de un plan de desarrollo motivado por la presencia de una operación minera permitiría, a los pobladores vecinos, adquirir un sentido de pertenencia: La mina es de todos y los beneficios son para todos. La aprobación del plan de desarrollo y del proyecto minero se convierten así en un paquete apreciable y su rechazo resultaría claramente un acto irracional.

Durante el proceso de diseño de un plan de desarrollo y su posterior supervisión sería indispensable crear y respetar espacios para la participación de los líderes políticos locales y regionales, pues sería de la mayor importancia que ellos perciban que el producto de estos procesos es un activo político que les corresponde.  También deberían tener un rol en la supervisión de la ejecución del plan de desarrollo.

La puesta en práctica del modelo de relaciones que se describe en este artículo es una tarea compleja y requerirá, en cada caso, tiempo para obtener resultados consensuados, pero constituiría un reemplazo para la situación actual que, para ser exitosa, ha debido adaptarse a requerimientos arbitrarios o que muestra una elevada tasa de fracasos. Pensemos en los proyectos mineros que se encuentran paralizados y coincidiremos en que bien vale la pena desplegar el esfuerzo. Imaginemos, también, cómo se vería Cajamarca si los altos montos de impuestos pagados por Yanacocha se hubieran aplicado, durante los últimos 20 años a un plan de desarrollo.

Esta propuesta o cualquier otra orientada a eliminar la intermediación financiera del aparato burocrático significará una contribución para superar el rechazo que enfrentan los proyectos de explotación de recurso naturales por las comunidades vecinas…y el Estado estará presente del modo que les interesa a los ciudadanos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La provincia cusqueña de Espinar es un microcosmos en el que se juntan muchas de las taras que afectan nuestro desarrollo. Problemas de contaminación en el agua revelados por un informe de la Dirección General de Salud que, por supuesto, no precisa la causa, aprovechamiento político de la situación para acusar a la mina (Antapaccay) de ser la causante, competencia entre facciones de izquierda de cara a las elecciones del 2021 por ver cual se radicaliza más contra la mina, una empresa minera incapaz de comunicar y explicar, una planta municipal de agua potable muy mal gestionada e ineficiente para tratar los minerales, un Estado desarticulado y ausente que no resuelve los problemas de contaminación ni atiende a las personas afectadas.

La provincia tiene una larga historia de informes de distinta autoría que demuestran la existencia de metales en los ríos o en los animales y personas que superarían los niveles permisibles, pero ninguno establece la causa de esa contaminación –si es la actividad minera o es de origen natural, dada la configuración mineralizada de los suelos. Tampoco se precisa si esas concentraciones de metales son causa de enfermedades.

La constante, sin embargo, es que los estudios son inevitablemente aprovechados por ONGs y políticos de izquierda para acusar a la mina (Xstrata Tintaya primero y Antapaccay, de Glencore, ahora) de ser la causante de la presencia de elementos dañinos.

El último informe, que ha desatado un nuevo movimiento contra la mina, ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y dado a conocer en diciembre pasado. Revela la presencia de metales como arsénico, hierro, manganeso y aluminio por encima de los niveles permitidos en varias muestras del agua destinada al consumo de la población de Espinar.

Por supuesto, el informe no indica el origen de esos metales, si provienen del agua naturalmente mineralizada de los ríos Apurímac y Huayllumayu, que son los que abastecen a la planta de agua potable de Espinar, o si proceden también de la operación minera. Pero ya la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y el propio alcalde Lolo Arenas, se lanzaron a culpar a la empresa minera y convocaron a una marcha que se realizó a fines de enero exigiendo al gobierno declarar el sistema de abastecimiento de agua en emergencia sanitaria.

La OEFA viene realizando un estudio para establecer la “causalidad” de la presencia de metales en el agua en Espinar, cuyos resultados aún no han sido entregados. Pero basta mirar el mapa en Google Earth para percatarse de que es prácticamente imposible que la actividad minera de Antapaccay pueda afectar la calidad del agua en Espinar. En efecto, la planta de agua de la ciudad se abastece, como decíamos, de los ríos Apurímac, que es el que aparece más a la izquierda en la imagen, y el río Huayllumayo, que es el que aparece al centro. Pero la actividad minera de Antapaccay emite agua tratada al río Cañipía, que está en otra sub cuenca, separada por una cadena de cerros de los ríos proveedores, y además en una cota superior. Es prácticamente imposible que haya filtraciones de una sub cuenca a la otra. Por lo demás, el agua que Antapaccay vierte al río Cañipía es tratada, inocua, y más bien sirve para compensar el déficit hídrico de ese río. Es decir, es un activo ambiental.

Según nos informan, al alcalde Lolo Arenas se le ha mostrado estas imágenes incluso en 3D, pero no le interesa la verdad. Insiste en culpar a la mina. Por supuesto, aun hay que esperar los resultados del estudio de la OEFA. Pero también es notoria la incapacidad comunicacional y relacional de la empresa minera, que no es capaz de explicar la realidad.

Competencia entre facciones de la izquierda

Lo que ocurre, según fuentes bien informadas, es que la tradicional desinformación deliberada en Espinar acerca de las causas de la contaminación se ha acentuado en esta coyuntura, aunque parezca mentira, debido a la competencia que ya desde ahora se da entre facciones de la izquierda nacional por posicionarse frente a las elecciones generales del 2021. En las ONGs ambientalistas de la zona, como la vicaría de Sicuani y “Derechos sin Fronteras”, siempre ha tenido mucho predicamento Verónica Mendoza, líder de Nuevo Perú. Gregorio Santos, de otro lado, que perdió las elecciones en Cajamarca, no las perdió precisamente en Espinar, donde su candidato, Lolo Arenas, triunfó. Santos, que se ha aliado con Vladimir Cerrón, gobernador de Junín que posee un partido inscrito, Perú Libertario, desea postular a la presidencia de la república por ese partido, pero necesita recuperar terreno en Cajamarca –como veremos- y avanzar en Junín y en el Cusco. Ha efectuado recientemente un recorrido por el sur y la consigna en el caso de Sicuani es desplazar al mendocismo encarnado en “Derechos sin Fronteras” de Jaime Borda y Vidal Merma, y también a los alfiles enviados por Walter Aduviri, a costa de atacar más fuertemente a la mina.

Es algo penoso. La izquierda siempre se construye destruyendo al capital, a la inversión, al desarrollo del país. Esto no es novedad. En Cajamarca está haciendo lo propio, aunque allí sí aprovecha una afectación real, el derrame de agua de relave ocasionado por la minera Goldfields hace unas semanas, así como el hecho de que ni Activos Mineros ni la Dirección General de Minería han comenzado con la remediación de los pasivos ambientales en Hualgayoc, que vienen de la Colonia, pero a lo que el gobierno se había comprometido el 2016 cuando se declaró emergencia ambiental esa zona. Por supuesto, gran compromiso, pero a la hora de la ejecución nada porque no se había presupuestado un centavo para tal efecto. No obstante, Heydi Araujo, funcionaria de la OEFA, nos informa que en diciembre pasado ya se otorgó 54 millones de soles para realizar un nuevo estudio y licitar recién la remediación quizá a fines de marzo.

Pero la intención de Gregorio Santos iría más allá: abroquelar las rondas campesinas contra el inicio de Michiquillay, y mantener, por supuesto, la oposición a Conga. Es decir, recuperar y cohesionar su base social y política a costa del desarrollo de Cajamarca y del país.

Las taras del Estado peruano

Pero, junto a estas derivas perversas de la izquierda, están también las taras del Estado Peruano. La mineralización del agua de los ríos de la provincia de Espinar se conoce desde siempre –hay un río que se llama “Salado”- pero fue estudiada y demostrada por lo menos desde el año 2010. El 2013 la mesa de diálogo, con presencia del gobierno central, aprueba un Plan Ambiental Sanitario, cuyas acciones principales, según la OEFA, no han sido ejecutadas aún. Lo que se requiere, nos dice Heydi Araujo, son básicamente tres acciones:

• Reforzar los servicios de salud de la provincia para atender a las personas diagnosticadas con presencia de metales pesados. Esto depende del gobierno regional.
• Modernizar la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi para tratar metales pesados, y
• Dotación de agua de calidad para el consumo de animales de pastoreo y mejoramiento productivo del sector agropecuario.

La incapacidad de avanzar en estas líneas pone de manifiesto las carencias del Estado en sus tres niveles y los problemas de un proceso de descentralización fallido. Se denuncia la existencia de metales pesados en el agua, pero la municipalidad es incapaz de gestionar la planta de agua a fin de que pueda tratar dichos metales. El agua potable no debería estar en manos de empresas municipales.

El gobierno regional, por su parte, es incapaz de mejorar los servicios de Salud en la provincia para tratar a las personas afectadas. La descentralización del sector Salud sin control ni rectoría central ha sido un problema en el país.

Y ni la Dirección Regional de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura son capaces de dar una respuesta a la necesidad del desarrollo agropecuario de la zona.

Es increíble que siendo la minería tan importante para el desarrollo nacional,  y habiendo la descentralización en buena cuenta feudalizado el país, la presidencia del Consejo de Ministros no haya nombrado hasta ahora a funcionarios coordinadores del Estado cuando menos en las regiones mineras, que tengan el poder para hacer que los sectores y los gobiernos regionales cumplan  los compromisos acordados en las mesas de diálogo o de desarrollo y ayuden a atender con oportunidad demandas y problemas que se presentan. Recién se va a crear, con financiamiento externo, unas Agencias de Desarrollo Regional, con función articuladora, pero en 5 regiones ¡que no son mineras! (La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura). Absurdo.

1,462 compromisos pendientes

Según el informe Willakniki de la Secretaría de Diálogo y Gestión Social (SDGS) de la PCM, existe un total nada menos que de 1,462 compromisos suscritos con las comunidades y pueblos que no han sido cumplidos hasta ahora.

De ellos, 1,118 corresponden al Estado, de los cuales 695 (62%) compromisos pertenecen a los sectores, 202 (18%) a los Gobiernos Regionales, 146 (13%), a los Gobiernos Locales y 61 (6%) a empresas públicas. Lo frecuente es que el Ministerio o los gobiernos sub-nacionales asumen un compromiso y luego no lo incluyen en su presupuesto. No le hacen caso, acaso como un reflejo del desprecio colonial a lo andino. Recién en los últimos meses la SDGS está montando un sistema de seguimiento de los compromisos, pero sin capacidad coercitiva. Lo que hace falta, como decíamos, es un coordinador presente en las regiones que, además, ayude a que funcionen los sistemas de alerta temprana para anticipar los conflictos.

El canon de la corrupción

Ahora bien, muchos de estos problemas se resolverían si hubiese un manejo adecuado del canon y las regalías mineras. La gestión actual de esos recursos, en manos principalmente de las municipalidades, es un gran desperdicio que no genera desarrollo local sino corrupción y conflictos. Urge una reforma que establezca organismos de desarrollo locales o fideicomisos o PMOs que gerencien esos recursos aplicando un plan de desarrollo integral y sostenible de las zonas. Los alcaldes podrían participar en un consejo consultivo o directivo.

Para no hablar de la incapacidad del Estado de implantar el imperio de la ley cuando actos de protesta devienen en delitos tales como el bloqueo de carreteras o el ataque a policías. En el corredor minero se mueven impunemente unos abogados especializados en la extorsión a las empresas mineras que instigan tomas de carreteras para exigir compensaciones, y ni el gobierno ni la fiscalía son capaces de armarles un caso.  

Lo único que ha mejorado en estos últimos años es la presencia de la OEFA, incómoda para las operaciones mineras que no respeten los estándares ambientales, pero fundamental para que la población encuentre un árbitro estatal imparcial que la defienda de eventuales agravios ambientales. La OEFA realiza estudios de evaluación ambiental y paraliza actividades cuando hay afectación.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de mirar displicentemente el enorme potencial que le brinda la minería para conseguir los recursos que permitan financiar nuestro desarrollo y la mejora de los servicios públicos.

Es hora de organizar el Estado para facilitar la inversión minera y para que los recursos que genera esa inversión se conviertan en desarrollo rural, local y regional efectivo y tangible en las regiones mineras. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Cotidianamente oímos el mensaje referido a la contaminación ambiental minera y siempre se repite aquello que se quedó grabado en nuestra memoria, que viene de los tiempos en que el tema ambiental simplemente no era un tema de preocupación para la humanidad, vale decir, de antes de la década de los 70’s del siglo pasado.

En el Perú contamos desde 1992, con una legislación ambiental para el sector minero-energético y este sector es el más regulado y supervisado desde ese entonces. Hoy en día, no hay empresa de la industria minero-energética (excepto los ilegales), que no cuente con autorizaciones ambientales previas hasta para explorar, que no tenga Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previamente aprobados y verificación constante de su cumplimiento, bajo pena de multa.

Cuando hablamos de EIAs, no nos referimos solo a cumplimiento de estándares ambientales, límites máximos permisibles (cosa que en muchos casos son más exigentes que lo que contiene nuestra naturaleza, al estar en un área geológica altamente mineralizada), sino limitaciones para obtener agua y para vertimiento de la misma, cuya calidad, en la mayoría de los casos, también, es más exigente que la del afluente. Esta es una razón muy importante para recircular el volumen de agua utilizado, procesándolo como si de una piscina se tratara, hasta el infinito. Evitando o minimizando con eso los vertimientos.

Pero la industria minera no se ha quedado sólo en eso, ahora viene desarrollando “activos ambientales mineros” que, perduren en el tiempo más allá de la vida de la mina y mejoren las condiciones del ambiente en beneficio de la población.

Al respecto quisiera compartir varios de ellos:

• Uno de los más antiguos es el Humedal de ITE. Muchos creen que ITE es un lugar, pero no, son las siglas de “Irrigación de Tierras Eriazas”, que antiguamente fue el depósito de relaves de Southern en la “bahía de ITE”.  Esta área, que ha sido completamente remediada, ha generado una extensión de 1,600 ha de humedal costeño (el más grande del litoral peruano y el segundo en América), creando un hábitat para 126 especies de aves, de las cuales 52 especies son migratorias, tales como el águila pescadora, la garza blanca chica, la garza blanca grande, gaviotas grises y parihuanas, entre otros. Esta bahía recibe también, desde hace muchos años, la mayor cantidad de aves acuáticas del país, habiéndose convertido en un refugio de nidificación y alimento.  Ciertamente han elegido este lugar para recalar en sus permanentes viajes migratorios o anidar y alimentarse, por sus características especiales y calidad ambiental.

• La industria minera ha creado en el norte del país activos ambientales tales como; el reservorio San José (Cajamarca), el mismo que demandó una inversión de US$25 millones para convertir el tajo abierto en un depósito de 6 millones de metros cúbicos de agua (equivalente a 6 estadios nacionales de Lima llenos de agua). Esta agua (clase III) para fines agrícolas y ganaderos cubre las necesidades de 5,000 familias de la zona y cuenta con un fideicomiso que garantiza su operación a perpetuidad.

• También en Cajamarca, en el área del proyecto Conga, se construyó el reservorio Challhuagon, incrementando su capacidad de 1.2 millones a 2.6 millones de metros cúbicos de agua. Este reservorio, que retiene agua de lluvia, beneficia a comunidades de la zona de Conga.
• A partir de estas facilidades, Yanacocha construyó reservorios familiares y facilitó a esas familias sistemas de riego por aspersión, con el consecuente uso eficiente del agua, incorporando mayores extensiones de tierra (ampliación de frontera agrícola y ganadera), reemplazando el riego por inundación que, no sólo es ineficiente en términos de uso del agua, sino que elimina los nutrientes del suelo.  En Cajamarca se ha instalado estos sistemas en más de 800 ha, beneficiando con ello a 7,000 pobladores. Estas familias han logrado triplicar su producción lechera, manteniendo constancia productiva a lo largo de todos los meses del año (en el pasado producían leche en época de lluvia, cayendo dramáticamente estos volúmenes en época de estiaje).
• La industria minera viene haciendo un cuidadoso manejo de bofedales en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
• A comienzos de esta década, se inició en 30 centros poblados de Huari la instalación de 30 viveros que, dando ocupación productiva a 1,800 pobladores, sembraron 2 millones de árboles en una extensión de 1,300 ha en una primera etapa, para luego ampliar el programa a 7 millones de árboles en 4,500 ha.
• En Bayovar se han trabajado 350 ha del desierto de Sechura, sembrando 35,000 plantones de algarrobo y zapote, invirtiendo para esto US$3.5 millones en un sistema de riego por goteo.
• Creemos firmemente que todos debemos contribuir a rellenar el acuífero del subsuelo y para esto, la industria minera ha plantado 295,000 árboles de Quenuales, en la zona de operación de Milpo, reforestando 355 ha.  Este programa debe ser replicado a lo largo de la rivera de los ríos de la sierra, con participación activa de las comunidades locales, tal como se ejecutó este piloto.
• Igualmente, en Antapacay se activó el programa adopta un árbol, mediante el cual se ha sembrado 1 millón de árboles de colle y queñua en 1,100 ha.
• Proverbiales son las piscigranjas instaladas por empresas mineras de Huancavelica, Oyón y Cajamarca, que siembran truchas aguas abajo de sus operaciones, demostrando con ello la calidad de las aguas antes de ser vertidas y su impacto positivo a las comunidades aledañas.
• Quiero hacer una mención especial a la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Enlozada (PETAR), inversión de US$ 500 millones, realizada por Cerro Verde (Arequipa), para tratar 4 m3/seg (metros cúbicos por segundo) de aguas residuales de Arequipa metropolitana y la creación de un relleno sanitario de residuos sólidos. Con esta obra, que entró en operación en el año 2016, se ha recuperado el río Chili y se proporciona agua de calidad a la agricultura, [el único río limpio del Perú].  Quien sabe, más importante aún es el impacto sobre la salud, pues los casos de enfermedades diarreicas agudas se vienen reduciendo año a año, pasando de más de 81,000 casos en 2015 a 72,500 en 2016 y a 67,000 en 2017. No dudo que al 2018 se reportara alrededor de 62,000, lo que constituye un avance que debe estar acompañado de programas educativos en hábitos de higiene para avanzar aún más rápido.

Me atrevo a resaltar que este es el mejor instrumento de combate a la anemia infantil y que las diversas compañías podrían “adoptar un distrito”, instalando mediante OxI plantas modulares y estandarizadas de potabilización de agua y PETARs, operándolas inicialmente y transfiriéndolas a las autoridades distritales para que se “gradúen” al término de 2 o 3 años desde la construcción. Recordemos que la anemia infantil en la sierra, tiene su origen, no tanto en la falta de ingesta alimentaria, sino en los procesos diarreicos agudos y repetidos que, destruyen a nuestros niños. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

Hoy día todos sabemos que la economía del Perú ha recuperado un mayor ritmo de crecimiento gracias a la contribución de la minería, que explica algo más de la mitad. Las Bambas es parte importante de ese positivo impacto.

Durante el desarrollo del proyecto generó un impacto muy positivo en la región en términos de reducción de la pobreza, creación de empleo e inversión pública. Entre el 2011 y 2015 la pobreza en Apurímac  bajó de 57% a 39%. Entre el 2005 y 2015 se invirtieron en proyectos y programas sociales más de US$ 300 millones, habiendo sido un proyecto icónico que pudo llevar en paralelo el desarrollo de la operación minera y el mejoramiento de la región del mismo. Mientras Cajamarca, acosado por los empobrecedores anti-mineros, colapsaba sus indicadores sociales y económicos, Apurímac los mejoró sustancialmente, por primera vez en su vida. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

Fuente: Rumbominero

Ahora, en su fase operativa, Las Bambas inicia la expresión de su aporte a la región y al país. El MEF acaba de girar al Gobierno Regional de Apurímac y a las universidades nacionales de la región, la suma de 52 millones de soles (52’358,569) por concepto de regalías por sus ventas a la fecha. Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, en adición al 32% de impuesto a la renta.

Sin embargo, los insensibles (ante la pobreza) anti-mineros siguen complotando para afectar este proyecto determinante de la futura calidad de vida de los apurimeños y del conjunto de la economía peruana. Ver: “Quieren cercar a Las Bambas”

Los peruanos y el nuevo gobierno, tenemos por delante retos de desarrollo y reformas muy importantes, para los cuales necesitamos recursos fiscales en proporciones difíciles de disponer sin el aporte de la minería. Esperamos que a diferencia del gobierno de Ollanta Humala, que estaba impregnado de un sentimiento anti inversión privada y que propició absurdas dicotomías contra la minería (agua sí, oro no),  que el gobierno de PPK pueda ayudar a crear un ambiente de inversión más sano, donde, sin extremismos ideológicos y/o pantallas sociales y ambientales, podamos hacer los balances que nos permitan recibir el aporte de la inversión minera moderna, empática con el medio ambiente y las comunidades, como es el caso de Las Bambas.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores la nota de Las Bambas, que resume las características del proyecto, describe su desarrollo, sus aportes pre y pos operativos, y los procesos de diálogo que se llevan adelante con la población.   

Las Bambas

Setiembre 2016

1. SOBRE LAS BAMBAS:

• Es una mina de cobre de gran envergadura. Se ubica a más de 4.000 m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac. Será una de las minas de cobre más grandes del mundo, una vez que alcance su nivel de producción plena.
• Posee reservas minerales[1] de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales[2] de 12,6 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años.
• Se estima que su operación dure más de 20 años, su potencial de exploración es considerable.
• El cuarto trimestre de 2015 se inició la producción de cobre. El primer concentrado se obtuvo el 26 de noviembre de 2015.
• El primer envío despachado desde el Puerto de Matarani, se realizó el 15 de enero de 2016.
• La producción alcanzó las 118,612 toneladas de cobre en concentrado en el primer semestre de 2016.
• El inicio de la etapa de operación comercial se dio el 1 de julio de 2016, cuando Las Bambas alcanzó su capacidad plena al procesar 140,000 toneladas por día.

2. DESARROLLO SOSTENIBLE:

• Entre los años 2005 y 2015, Las Bambas desarrolló una intensa campaña de trabajo social -aún antes de iniciar la producción- que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el desarrollo social del área de influencia. En este periodo, la inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible superó los UD 250 MM.

• Adicionalmente, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), contó con un total de USD 64,5 MM asignados a por el Estado luego de otorgada la concesión. Se han implementado diferentes proyectos de desarrollo en beneficio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. Este fondo ha sido dirigido principalmente a los rubros de saneamiento básico, educación, salud y desarrollo agropecuario. Para más información, visitar: http://www.fosbam.com
• Durante la etapa de construcción, se empleó a más de 18,000 trabajadores y se priorizó el empleo local. En la etapa de operación, se cuenta con aproximadamente 3,500 colaboradores.
• El impacto de Las Bambas ha contribuido a que la pobreza en Apurímac, se reduzca de 57% a 39% entre el 2011 y 2015. Entre el 2012 y 2015, la inversión pública y privada en la Región creció 20% en promedio cada año y en 50% aumentó el empleo dependiente. (Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – INEI 2015. SIAF -MEF).
• Este mes de setiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al Gobierno Regional de Apurímac y universidades nacionales de Apurímac la suma de 52 millones 358 mil 569 soles por concepto de regalías por ventas de Las Bambas, en lo que va del año. Como se sabe Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, adicionalmente  al 32% de impuesto a la renta.

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus modificaciones:  

• El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011. Consideró tres áreas:

1. Área Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares.
2. Área Mineroducto.
3. Área Tintaya: planta menor de Molibdeno, planta de filtrado final y almacén de concentrados.

• El EIA fue aprobado luego de un riguroso Proceso de Participación Ciudadana (PPC) que incluyó, entre otros, monitoreos participativos, 18 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5000 personas.
• Cuando el proyecto Las Bambas se independiza de la mina Antapaccay (Tintaya), surge la oportunidad de reducir la huella del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollan las operaciones del proyecto) y optimizar el proceso, lo que dio origen a la reubicación de los siguientes dos componentes:

1. La planta de molibdeno y filtros, que inicialmente se ubicarían en el área de la antigua mina Tintaya (Cusco), y ahora se ubican dentro del área de Las Bambas, ganando con esto eficiencia en el manejo del recurso agua.
2. El mineroducto fue reemplazado por el transporte de minerales a través de sistema bimodal, transporte por carretera desde Las Bambas a la estación de Pillones y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani (Arequipa), con el consiguiente beneficio del mejoramiento y mantenimiento de la carretera. La vía utilizada es de acceso público.

• Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo con estricto respeto a los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades y otras entidades respetando los requerimientos legales aplicables.

4. ACONTECIMIENTOS SOCIALES:

• El 25 de setiembre de 2015, se inició una protesta liderada por Frentes de Defensa y grupos de personas que no pertenecían necesariamente a las comunidades del área de influencia directa.
• Los manifestantes pedían la cancelación de la aprobación de las modificaciones del EIA, expansión del área de influencia (entendiendo erróneamente que así más comunidades accederían a más recursos económicos), participación de los beneficios de Las Bambas, temas de empleo y proveeduría de servicios, tales como transporte, hospedaje, etc.
• El lunes 28 de setiembre de 2015, los actos de violencia ocasionaron tres muertes, heridos y daños materiales. Las Bambas se pronunció, inmediatamente, lamentando públicamente estas pérdidas e invocó al cese de la violencia y a encontrar en un clima de paz, el mejor camino hacia el desarrollo y el progreso.
• El 29 de setiembre de 2015, el Gobierno declaró Estado de Emergencia por 30 días calendarios, en las provincias de Cotabambas y Grau, de la Región de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, de la Región Cusco.
• El miércoles 28 de octubre se reunieron los dirigentes de las provincias de Grau y Cotabambas y acordaron levantar el paro indefinido y el 29 de octubre, cuatro Ministros de Estado viajaron a Cotabambas, desde donde anunciaron el levantamiento del Estado de Emergencia. Asimismo, acordaron con la población la instalación de una Mesa de Trabajo para el Desarrollo.

5. PROCESOS DE DIÁLOGO EN CURSO

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Challhuahuacho:

• Se inició el 28 de febrero de 2015, convocada por la Municipalidad de dicho distrito y el Ministerio de Agricultura. Cuenta con la participación de, altas autoridades del Poder Ejecutivo, 33 representantes de las comunidades campesinas y 7 asociaciones locales. Este espacio busca establecer los temas prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico del distrito, con el propósito de canalizar la inversión en obras de infraestructura y proyectos sociales.
• Sub mesas de Trabajo: 1. Infraestructura Social y Productiva, 2. Minería y Ambiente, 3. Desarrollo Agropecuario, 4. Trabajo – Responsabilidad Social.
• En agosto del mismo año, se instaló el Comité de Seguimiento y Desarrollo Integral de Challhuahuacho. La tarea principal de este comité es monitorear los compromisos establecidos en las cuatro mesas, en las que se priorizó un paquete de proyectos de inversión de más de USD 200 MM.
• Actualmente, existen 29 acuerdos entre temas de gestión y obras de infraestructura, como el mejoramiento de carreteras a nivel de pavimento, la construcción de un hospital y la inversión en estudios de riego para la agricultura.
• El 1° de abril de 2016 se realizó una reunión del Comité de Seguimiento de Compromisos de la empresa, en donde se presentaron los avances. Esta mesa se viene desarrollando plenamente con la permanente presencia de los actores involucrados.
• El 6 de setiembre se llevó a cabo una reunión del Comité de Seguimiento en Challhuahuacho.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia Cotabambas:

• En octubre 2015, se realizaron las primeras reuniones para la implementación de la Mesa de Trabajo con la participación de representantes de los ministerios de Ambiente; de Agricultura y Riego; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Transportes y Comunicaciones; de Salud; de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; y de Trabajo y Promoción del Empleo. También participaron representantes de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el Gobierno Regional de Apurímac, las municipalidades de Cotabambas, representantes de la sociedad civil a nivel provincial y cinco distritales, y Las Bambas.

• El 14 de noviembre 2015, la PCM crea formalmente la Mesa mediante Resolución Ministerial Nº 263-2015-PCM, la cual incluye cuatro sub mesas de trabajo: 1. Medio Ambiente y Modificaciones del EIA de Las Bambas; 2. Derechos Humanos (DDHH); 3. Desarrollo Sostenible; 4. Responsabilidad Social y Empresarial.
• En lo que va del año, se han realizado múltiples reuniones de trabajo en las que se han mostrado avances en los compromisos asumidos por el Estado y la empresa, y se han llegado a acuerdos para el desarrollo de la provincia.
• El 22 de agosto de 2016 se llevó a cabo una reunión plenaria en Tambobamba.

Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau:

• El 01 de diciembre de 2015, se instaló y aprobó el reglamento de funcionamiento de la Mesa de Diálogo, mediante RM N° 281-2015PCM.
• El 17 de diciembre de 2015, se llevó a cabo, en el distrito de Progreso, la segunda reunión, entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional. En esta reunión se  conformaron tres grupos de trabajo: 1. Servicios Básicos, Infraestructura y Construcción; 2. Desarrollo Productivo; y 3. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
• En el mes de marzo de 2016, se realizaron cuatro talleres informativos sobre las modificaciones del EIA.

• El 05 de mayo de 2016, en el distrito de Turpay, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau.

Lampadia

Comentario de Lampadia:

Como hemos comentado en Lampadia (ver: Ministerio de Cultura apoya falta de cultura – El negocio de la fabricación de mitos), nuestro Ministerio de Cultura propicia (dizque sin querer queriendo) la creación de mitos y la malformación política de los ciudadanos.

Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental.

Además, como destacan los autores de la siguiente nota, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.

Ver líneas abajo el excelente análisis de Camilo Ferreira y Franco Olcese:

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

“Tomando en cuenta que es un ensamblaje preliminar y siendo evidente que al proyecto le falta considerable trabajo de edición para encontrar el hilo conductor que unifique sus diferentes subtramas, el jurado la premia por ser necesaria y urgente, no solo en un contexto peruano, sino global.

Jurado del  Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013 del Ministerio de Cultura justificando su decisión de continuar financiando Hija de la Laguna”.

Del Acta Final del Jurado.

Miembros: Juan José Luzuriaga Franco (Ecuador), Javier Andrés Andrade Morales (Ecuador) y Micaela Sole Malcuori (Uruguay).

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

Autores: Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro para el Diseño de Estrategias

Para justificar su ideología contraria al desarrollo, los seguidores locales de corrientes anti-extractivistas, especialmente Europeas, inventan ficciones que son presentadas a la sociedad como si fueran trabajos documentales. Lo que toman de la realidad son algunos fragmentos que, combinados con versiones distorsionadas de los hechos, son incrustados en una narrativa prefabricada. Lo que dejan de mostrar de la realidad son los elementos más importantes para entender los dilemas reales y las posibles rutas de progreso de la población rural Andina. Su amor por la ideología está por encima de su aprecio por los dramas reales de la población. Lamentablemente estas acciones llegan a ser financiadas por el Estado Peruano.

La narrativa de la película.

Una Empresa minera transnacional intenta realizar una mina de oro a tajo abierto en una zona de población indígena de Cajamarca. Dicha actividad devastará, de manera inevitable, las cabeceras de cuenca de las zonas circundantes. Estas caberas de cuencas son críticas por que de ellas surge el agua que alimentan los valles de una zona idílica y habitada por campesinos cuya alegría proviene de la conexión con la tierra y que no aspiran el “desarrollo” que la inversión podría traer para ellos y para sus hijos. Esos campesinos tienen una relación mística con el medio ambiente, están felices en su pobreza, y ante la amenaza de los cambios que pueden venir con la empresa minera piden a la Mama Yacu (Madre Agua) que les ayude (Para nada de esto hay evidencia empírica confiable, pero esto no preocupa a los autores de la obra).

La Empresa tiene a las instituciones del Estado (la PNP y la Presidencia de la República) sometidas y las manipulan para que actúen de acuerdo a sus intereses. Ante la resistencia de la población, la Empresa usa su poder malvado para reprimir abusiva y violentamente a los campesinos pobres locales y forzar su expulsión de las tierras ancestrales que legítimamente ocupan. Para satisfacer su avaricia la empresa deja a los campesinos sin agua pues sus operaciones “asesinan” las fuentes de este líquido (según esta idea los cerros son seres vivos que no deben ser tocados, y los conocimientos de geología e ingeniería no interesan).  Adicionalmente, la minería empeora los problemas sociales pues atrae el alcoholismo y la prostitución. Prueba de estos efectos se perciben en las inmediaciones  a las operaciones de minería (informal) presentes en Madre de Dios (para los autores de la película tampoco interesa que Madre de Dios sea selva baja y esté a dos mil kilómetros de Cajamarca, y que allá se aplique una tecnológica totalmente distinta).

Afortunadamente existen defensores del agua, como el padre Marco Arana y otros líderes, que con coraje y sin temor a perder su vida se enfrentan al extractivismo. Altruistamente, esos líderes impiden que se destruyan las fuentes de alimento de la población urbana y protegen el ecosistema en el que los campesinos pueden mantener su “estilo de vida” cualitativamente superior a la modernidad del occidente (índices de mortalidad infantil y esperanza de vida son indicadores poco relevantes, según ellos). Los problemas de la pobreza, de las enfermedades y del envejecimiento precoz son secundarios ante la belleza de sus tradiciones.

Aunque se percibe claramente la carga ideológica y la descripción fantasiosa de este relato, este es el mundo que nos retrata Hija de la Laguna el promocionado documental financiado por el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura.

No son antimineros pero siempre actúan en contra de la minería

La Hija de la Laguna es el más reciente de los documentales que ha producido Guarango Producciones. Desde su fundación en 1994 ha producido los siguientes largometrajes, todos documentales: De Ollas y Sueños, Tambogrande, Operación Diablo, Choropampa: El Precio del Oro e Hija de la Laguna.  El primer documental trata sobre la gastronomía peruana, todos los demás desarrollan una narrativa anti-minera consistente. Tanto es así que dichos documentales son utilizados en las acciones de adoctrinamiento (llamada concientización) de los grupos anti-extractivistas, y son exhibidos como herramientas de propaganda dirigida a la población a ser radicalizada.  El 80% de la producción de largometrajes de Guarango es hostil a la minería, y el 60% se enfoca en Minera Yanacocha específicamente. Guarango es un claro ejemplo los llamados “artistas comprometidos,” dispuestos a utilizar sus obras para avanzar su agenda ideológica para brindar información sesgada y dedicarse a la manipulación de la población campesina en función a sus objetivos.

El caso de Hija de la Laguna ha sido el más reciente y más visible caso de esta conducta hostil a las actividades mineras modernas. Este documental tuvo recientemente amplia cobertura mediática al informarse que su tráiler tuvo un número sorprendente de 5,7 millones de vistas a finales de agosto de este año.  Queda por entender por qué esta sorprendente aceptación en redes sociales no se traduce en público interesada por asistirla en las salas de cine. Comparando con otra película peruana reciente vemos que Asu Mare tuvo muchísimo menos visitas al tráiler y muchísimo más asistencia a los cines. Hija de la Laguna va por las 8,000 asistencias, en tres semanas y muy probablemente no supere las 10,000 mientras que Asu Mare, hacia su tercera semana, llegó a los 2.1 millones de espectadores, a pesar de que su tráiler tuvo 3,1 millones de vistas. Hija de la Laguna manifiesta un muy reducido ratio espectadores en cine y vistas al tráiler. Esto es sin dudas un fenómeno interesante, y genera la pregunta: Si una parte importante de las visitas al tráiler de Hija de la Laguna no fue obtenida artificialmente vía robots o contratada a empresas de promoción digital, como se explica una diferencia tan notable entre las dos películas?

En entrevista con el Diario Correo TV, Ernesto Cabello, director del documental, afirmó que la cinta “no es un documental anti(-minero), es un documental a favor del agua”.  Sin embargo, existen varios elementos que hacen pensar que este documental sí es principalmente hostil a la minería y que intenta sustentar una posición política anti-extractivista que el director no ha querido manifestar abiertamente. Su postura hostil al progreso es indefendible, así que él se presenta como defensor de un recurso natural. Nadie puede estar en contra del agua. El agua es un elemento mítico dentro de una narrativa anti-minera. Así su falta de perspectiva de futuro se oculta detrás del espejo de agua de las lagunas.

Para sustentar su posición, el director presenta como documento una historia que es una versión tergiversada e incompleta de la realidad, ocultando así los miles de otros casos de campesinos que con mucho esfuerzo e inteligencia están avanzando en sus aspiraciones. El documental no mapea ni documenta ninguna de las buenas prácticas que podrían servir de inspiración o de pistas de progreso para el campesinado Cajamarquino. Sin embargo, un trabajo así está más allá de las posibilidades de quienes quieren mantener a los campesinos en su estado de pobreza tradicional.

Aquí se comparten algunas apreciaciones, que ayudarán al lector a tener un retrato un poco más completode la realidad que el documental dice describir.

Medias Verdades y Mentiras Completas.

Cabello utiliza varias figuras de asociación para inducir las ideas que promueve en la audiencia.  Una de esas asociaciones es el grupo conceptual: indígena, tradición y quechua. Esta condición indígena tradicional es representada en la protagonista de la cinta, la señora Nélida Ayay. Si la misma protagonista de la película puede o no puede hablar Quechua no es importante. Lo que sí es importante es que, a pesar de ser mayoritariamente rural, el98% la población campesina Cajamarquina habla español, siendo el Quechua utilizado por menos del 2% de la población. Es bastante astuto de parte del director presentar el quechua como representativo de la población cajamarquina, a pesar de no serlo. Racialmente, más del 80% de la población peruana tiene trazos indígenas, así que en un escenario urbano casi cualquier campesina puede ser fácilmente vista como representante de culturas ancestrales. El propósito de esa tergiversación es incrementar el “exotismo indígena” de la historia ante las audiencias urbanas, especialmente internacionales, que asocian una lengua indígena con la condición social de grupo indígena marginal, remanente de una cultura ancestral, y ocultar así las características culturales modernas de la gran mayoría de la población peruana. La misma señora Nélida es una estudiante universitaria, de derecho.

También llama la atención que, la “Granja Porcón,” cerca de la cual vive la protagonista, es la máxima representante de la campiña Cajamarquina y realiza una próspera actividad agropecuaria y de piscicultura con aguas que salen, previamente tratadas, de las actividades mineras. El documental oculta que los principales líderes de la Granja Porcón tienen una postura favorable a la presencia de la minería en Cajamarca, y que, con esa cooperación, han logrado cambios notables en la calidad de vida de sus miembros. Esos logros son tan positivos y tan visibles que la Granja Porcón se ha un vuelto destino turístico reconocido. Esta es una realidad que el documental ha buscado ocultar.

Cabello además, muestra al personaje de la señora Chaupe como el símbolo del cajamarquino de las zonas aledañas al proyecto Conga que, supuestamente, se opone al ingreso de la empresa minera. Lo que oculta Cabello es que señora Chaupe es una migrante reciente que viene de fuera de la zona (instaló su vivienda el 2011, según fotos de Google Earth) y no representa el sentir de las 32 comunidades que viven en los alrededores de Conga. La señora Chaupe es una excepción de oposición en un área geográfica con una postura social abrumadoramente favorable a la minería. Dichas comunidades, de las zonas circundantes, se han pronunciado repetidas veces a favor de la actividad minera y en contra de los grupos hostiles que cruzan sus terrenos para hacer manifestaciones, pero este hecho es silenciado en el documental.

En realidad, la gran mayoría de personas que participan en las manifestaciones exhibidas en el documental son de zonas alejadas al proyecto Conga. La misma zona de Porcón Bajo, donde vive la protagonista Nélida es cerca de las operaciones actuales de Yanacocha y de la ciudad de Cajamarca, donde las comunidades también apoyan a la minería, y está bastante alejada de las áreas de influencia económica o ecológica del proyecto Conga, al cual ella se opone. Es evidente la intención de Cabello de manipular al público que desconoce los detalles de la geografía humana local.

En Hija de la Laguna se omite también información relevante sobre los “defensores del agua”  a los que en muchas oportunidades se les presenta como altruistas luchadores sociales pronunciándose o participando en manifestaciones públicas hostiles a la minería. En varios momentos ellos son presentados como si fueran personas que sacrifican sus intereses personales para servir a la comunidad.  Para tener un “retrato más completo”, sería bueno mencionar que los líderes anti-mineros han ascendido económica y políticamente en base a la promoción de la conflictividad. El más notable es el señor Gregorio Santos preso por acusaciones de corrupción, quien pasó de ser un desconocido profesor para transformarse en Gobernador Regional y en referencia nacional de la lucha anti-minera. Otros ejemplos son: Milton Sánchez miembro de Tierra y Libertad quien vive de combatir a la minería y que ha justificado en múltiples oportunidades la represión violenta de cualquier voz disidente a su prédica anti-extractivista en Celendin (http://www.lampadia.com/politica/stalinismo-en-cajamarca) y Edy Benavides, ex-miembro del grupo violentista de Antauro Humala, quien gracias a la oposición a Conga ha logrado elegirse alcalde de Bambamarca.

Con el apoyo de anti-extractivistas Europeos y Americanos esos líderes han sido favorecidos con financiamientos voluminosos y/o con viajes internacionales. Sus ingresos económicos personales se han multiplicado varias veces gracias a la promoción de los conflictos. Nunca le interesó, ni les importa que esa conflictividad haya generado una crisis económica cuyos los costos de están siendo pagados por las empresas y por la población Cajamarquina. Mientras los ingresos de la población local caen, los suyos aumentan. Como explica Sir Paul Collier de Oxford: los conflictos violentos, a pesar de sus terribles costos sociales, pueden ser muy rentables para algunos líderes.

Es notable que el único anti-minero presentado con nombre y apellido es Marco Arana(hoy pre-candidato presidencial) a quien le viene muy bien aparecer en un documental retratado como un líder pacificador, parecido a Gandhi, justo a puertas de su próxima campaña electoral. Al señor Arana  se le sigue denominando  “Padre” en el documental a pesar de haber sido expulsado de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia Católica son vistos como personas honradas y bien intencionadas. No era conveniente hacer explícita su expulsión. Además, para una persona con ambiciones presidenciales, es muy conveniente y oportuno ser presentado elogiosamente en un documental, y especialmente si el documental es financiado por el Ministerio de Cultura. 

El autor del documental no es Nazi ni está próximo a esa ideología, pero tu obra sí aplica varios de los principios de propaganda de Goebbels. El más destacable es el principio de simplificación. El propagandista Nazi recomendaba identificar a un único enemigo y articular la narrativa hacia ese enemigo. En el documental dicho enemigo es la minería.  En esa línea, se muestran a todos los tipos de minería como si fueran homogéneos: la destructiva minería ilegal en la selva peruana, la minería cooperativista sin estándares ambientales o laborales en Bolivia y a la minería moderna en Perú.  Con esta simplificación, un espectador poco informado puede creer que la falta de estándares de la minería ilegal (contaminación ambiental, precariedad técnica, abusos sociales, evasiones fiscales, etc.) son similares a los estándares de la minería moderna. Ocultando que las operaciones de la minería moderna son rigurosamente auditadas por organismos nacionales e internacionales. El documental oculta la enormidad de la brecha entre las prácticas ambientales y niveles tecnológicos entre las operaciones mineras presentadas. Semejante generalización es equivalente a decir que todas las personas críticas a la  minería son “terroristas anti-mineros.”

En una de las escenas finales, se caracteriza a las mineras como vengativas.  Supuestamente la empresa habría despedido al padre de Nélida, por la participación de su hija en manifestaciones contra Conga. No hay evidencias de ello, pero esto es secundario para el director. El documental oculta que los hijos de varios dirigentes anti-mineros trabajan permanentemente en las empresas mineras que operan en la región. ¿Por qué las mineras se habrían ensañado con un personaje menor como Nélida, que no representa amenaza, y no contra conocidos anti-mineros con capacidad de organización y de dirección política? La imagen de perseguida siempre genera solidaridad en el público. No es sorpresa que ello sea un componente del documental-fantasía.

La escena de la Sra. Máxima Chaupe ordeñando vacas a 4,300 metros de altitud es una distorsión adicional de la realidad. Es conocido que el ganado vacuno no puede sobrevivir largo tiempo a esa altitud, y que en varios de los otros terrenos de la Sra. Chaupe en pisos ecológicos más adecuados, estas vacas podrían estar mucho mejor que en la puna. Como era de esperarse, al finalizar la filmación esos animales fueron retirados para evitar su muerte. Cada vez que sea necesario hacer otra filmación, los pobres animales serán trasladados y obligados a sufrir de asfixia parcial. El reconocido periodista Ricardo Uceda puso en evidencia las habilidades de la Sra. Chaupe para ocupar 9 terrenos y lograr su adjudicación, evidenciando su conocimiento detallado del funcionamiento de los Registros Públicos. La astucia del director consiste en combinar dos distorsiones (las imágenes de Nélida y Chaupe) para generar una impresión de verdad.

El Rol del Estado.

En el ensayo “Poder político y gobierno minero,” escrito por Francisco Durand, se sostiene la tesis filo-marxista de la subordinación del Estado Peruano a los intereses de la minería trasnacional. Según esa concepción, la “todopoderosa” minería controlaría al Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en función a sus intereses. Lo interesante es que el Estado, supuestamente controlado por la mineras, haya premiado a Hija de la Laguna tanto en su etapa de preproducción, producción y distribución.  Será que las empresas mineras están manipulando el Estado para financiar “documentales” que distorsionan la realidad en contra de sus actividades productivas?

Hija de la Laguna es uno de múltiples casos en que los anti-extractivistas canalizan fondos públicos de manera exitosa para financiar su activismo anti-minero. Este caso, como muchos otros, evidencia la existencia de diversas corrientes de pensamiento al interior del Estado Peruano en relación a las industrias extractivas. Evidencia también que la hipótesis de una posición única del Estado en este respecto tiene por objetivo descalificar las acciones del Estado para hacer que se cumplan las leyes cuando los anti-mineros utilizan la violencia para lograr sus objetivos políticos. La realidad es que cualquier revisión de los documentos de los grupos anti-extractivistas muestra que la deslegitimación de las instituciones públicas constituye un componente fundamental de su narrativa anti-minera.

En Conclusión.

Conceptualmente, un documental es una herramienta para hacer visible una realidad particular. Por ello, todo documental asume un compromiso ético con la fidelidad hacia los hechos y con la necesidad de mostrar las varias facetas de la realidad (principio del balance). Pero si información clave es omitida, si se mencionan las falsedades ya anteriormente desmentidas, el documental pierde su función como un recurso para entender la realidad y se transforma en una herramienta poco honesta de propaganda política.  Desde el punto de vista cinematográfico no era necesario esconder esa realidad, salvo que evidenciarlo hubiera puesto en riesgo el deseado financiamiento de un  Ministerio de Cultura que recompensa la simpatía a la ideología más que la cultura.

El Estado peruano ha premiado a Hija de la Laguna a pesar de las deficiencias técnicas y artísticas evidentes y reconocidas por el mismo jurado (cita el inicio de estas notas) . La pregunta que surge es: Porqué el jurado ha puesto a un lado los requerimientos de objetividad/fidelidad y perspectiva múltiple que debe tener toda obra que se presenta como un trabajo documental? La justificación del jurado para premiar una obra deficiente ha sido su opinión de lo “necesario y urgente” del documental. Es decir que lo premiado no ha sido no la calidad artística, su realismo o la riqueza de datos de Hija de la Laguna, ni menos su poder analítico, sino el criterio de que los argumentos desplegados durante el documental son de urgente difusión entre el público. Para qué y para quiénes es urgente y necesario promover argumentos que se sustentan en una versión distorsionada de la realidad de la población rural andina? Porqué es urgente y necesario promover una ideología contraria al desarrollo? Porque ocultan su pensamiento detrás de la defensa de los recursos naturales?

Con tantas distorsiones reconocidas, una afirmación de necesidad y urgencia solo puede ocurrir a un jurado ideológicamente alineado con el discurso anti-extractivista, a un jurado que está dispuesto a poner sus simpatías ideológicas por encima de la calidad artística de la obra y de su responsabilidad ética con el público nacional e internacional. El jurado que premió ese deficiente documental ha contraído una deuda con los públicos que esperan su buen criterio. Lampadia