Ecuador al borde del abismo

| 10 de Abril de 2017

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El correista Lenin Moreno ganó las elecciones en Ecuador pese a la recesión económica que agobia a los ecuatorianos desde agosto del 2015 y a las acusaciones de corrupción gubernamental, quizá por el temor que la propaganda oficialista logró infundir a un supuesto ajuste “neoliberal” que el candidato banquero Guillermo Lasso ejecutaría, poniendo en peligro las redes de distribución clientelista que el gobierno de Correa había organizado eficientemente, y también por una obra en infraestructura y mejora en algunos servicios estatales que fue lo mejor que el boom de los precios del petróleo dejó a Ecuador.

Porque el problema es que, fuera de los avances en infraestructura y servicios sociales, la política económica de la “Revolución Ciudadana” desperdició el explosivo boom del petróleo y terminó engendrando unos desequilibrios que pueden desembocar en una crisis mayor y verdaderamente implosiva si no se realizan un ajuste -que sin duda será doloroso- y un cambio de modelo que permita reactivar la inversión privada.

**Quito, capital de Ecuador. Foto: El Ciudadano – EL TELÉGRAFO**

La economía ecuatoriana empezó a desacelerarse dos años después que la peruana, porque el precio del petróleo comenzó a declinar dos años después que los minerales, pero ya el 2015 se estancó (0.2% de crecimiento) y hasta el tercer trimestre del 2016 se había contraído en -2.6%. Y el problema es que Correa basó el crecimiento de la economía, que siempre fue inferior al crecimiento de la peruana, en un incremento enorme del gasto público, dejando al país con un déficit fiscal muy abultado y casi sin capacidad de endeudamiento, y con un dólar apreciado que tampoco ayuda a las exportaciones. La economía ecuatoriana está atrapada.

Ecuador tiene al dólar como moneda. Durante toda la etapa del boom de commodities, el dólar en Ecuador ganó competitividad frente al Sol peruano o al Peso colombiano y chileno en la misma medida en que estas monedas se apreciaron frente al dólar. Pero Ecuador no aprovechó esa circunstancia para penetrar mercados externos. En lugar de abrir francamente su economía y firmar tratados de libre comercio con otros países, optó por cerrarse relativamente para llevar adelante una suerte de industrialización por sustitución de importaciones y diversificación productiva que llamó el “cambio de la matriz productiva”. En lugar de instaurar un esquema económico que aprovechara el tipo de cambio favorable para fomentar la inversión orientada al mercado externo, bajando aranceles y formando TLCs, no se les ocurrió mejor idea que buscar el desarrollo de industrias para el mercado interno. Por supuesto, eso no funcionó. Y a la hora que cayó el precio del petróleo, no hubo exportaciones no tradicionales que tomaran la posta ni que ayudaran a mantener un mínimo nivel de actividad económica.

Pues, además, en lugar liberalizar la economía para fomentar la inversión privada, la Revolución Ciudadana centró el estímulo a la demanda interna no en la inversión privada sino en el incremento exorbitante del gasto público, que pasó de un 26% del PBI en el 2006 a un 44% del PBI en los años 2013-2014. Lo positivo fue que buena parte de ese incremento fue inversión pública, que pasó del 4.2% del PBI en 2006 a 14.7% en 2014[1], pero no hubo un incremento correspondiente de la inversión privada. Esta más bien redujo su participación en el PBI, bajando del 16% al 12.4% en esos mismos años.[2] Mientras que en Chile, Colombia y Perú, la inversión pública no pasa del 20% de la inversión total, en Ecuador se acerca al 50% (ver el siguiente gráfico elaborado por de la Torre e Hidalgo). Este simple dato revela la profunda diferencia en modelos económicos.[3]

Ese gasto público tan alto se financió con el incremento de los ingresos petroleros del sector público y de los impuestos. Los primeros llegaron a representar el 10.8% del PBI el 2014 (para descender a un 6.3% el 2015), mientras en 2012, 2013 y 2014 la recaudación tributaria llegó a alcanzar el 14% del PIB, frente a 10% en los primeros años del boom. La diferencia se financiaba de diversas formas pero sobre todo mediante endeudamiento externo, que pasó de un 15% a un 40% del PBI entre 2010 y 2016, sin contar las ventas anticipadas de petróleo a la China por montos superiores a los 10 mil millones de dólares en los últimos años y el crédito del Banco Central Ecuatoriano al gobierno, cuyo monto acumulado alcanzó los 5,300 millones de dólares en marzo del 2017.[4] La consultora Quantum calcula que a febrero de 2017, el total de la deuda bordeaba el 47.7% del PBI.

***Fuente: De la Torre e Hidalgo Pallares***

La caída del precio del petróleo obligó a reducir el gasto público a un 38.3% del PBI, lo que solo se pudo hacer bajando el gasto en inversión y mantenimiento. Pero el déficit se mantuvo en más del 5% del PBI hasta el 2015, y el del gobierno central, que representa las 2/3 partes del gasto público, subió a 7.8% del PBI el 2016,[5] pese a la reducción del gasto, con el problema de que resulta cada vez más difícil conseguir un financiamiento externo que, además, debe ser repagado a plazos relativamente cortos y tasas muy altas,[6] complicando aún más el tema fiscal. Augusto de la Torre y José Hidalgo[7] calculan que Ecuador va a tener que reducir su gasto estatal 9 puntos porcentuales adicionales, hasta llegar a alrededor del 30% del PBI, si se quiere un Estado financiable en el mediano plazo.

Las perspectivas para el Ecuador, entonces, son muy complicadas. Si ya la economía está con crecimiento negativo, no cabe duda que un ajuste de la magnitud que se necesita ahondará aún más la retracción económica. La manera de contrarrestar esa depresión sería reactivar la inversión privada, pero eso requiere ya no solo un ajuste fiscal, sino un cambio de modelo económico. Uno abierto y libre que permita sustituir la menor inversión pública por un incremento en la inversión privada, orientada a las exportaciones principalmente. Pero la apreciación del dólar limita el potencial reactivador del cambio de modelo, porque le resta competitividad a la economía ecuatoriana tanto por pérdida en los términos de intercambio cuanto por el encarecimiento relativo de los salarios medidos en dólares. Mientras en Chile, Perú y Colombia la caída en el precio de los commodities vino acompañada de una devaluación de sus monedas en relación al dólar, ayudando a las exportaciones, en Ecuador, cuya moneda es el dólar, la caída de precios y la apreciación de su moneda se juntan en un efecto letal.

Por supuesto, la carrera electoral en Ecuador no ha ayudado a esclarecer estos temas y no es muy probable que el vencedor, Lenin Moreno, heredero de la “Revolución Ciudadana”, sea plenamente consciente de los peligros que acechan y menos de la necesidad de realizar el ajuste y el cambio de modelo necesarios. El problema es que cuando ya no sea posible conseguir más financiamiento externo, no haya forma de pagar a los proveedores de Estado y a una parte de los empleados públicos, y se exija entonces al Banco Central más préstamos que sólo podría atender usando para ese fin los depósitos bancarios, como ya viene ocurriendo en alguna medida, pueda todo esto terminar provocando un colapso catastrófico. Ojalá no ocurra. Lampadia

[1] Ver Banco Central de Ecuador
[2] Ver excelente análisis “La Trampa que Asfixia la Economía Ecuatoriana”, de Augusto de la Torre y José Hidalgo Pallares, CORDES, marzo del 2017
[3] Op. Cit.
[4] Grupo Spurrier, Análisis Semanal, marzo 21, 2017
[5] “La Trampa que Asfixia la Economía Ecuatoriana”, de Augusto de la Torre y José Hidalgo Pallares, CORDES, marzo del 2017
[6] De la Torre e Hidalgo Pallares refieren que “En 2015 se concretaron dos nuevas emisiones, por $750 millones cada una y a 5 años plazo; la primera paga un interés de 10,5% y la segunda uno de 8,5%. En 2016 se colocaron tres emisiones: dos por $1.000 millones cada una, a 6 años plazo, con una tasa de interés de 10,75%; y una por $750 millones a 10 años plazo y una tasa de interés de 9,65%. Finalmente, en enero de 2017 se reabrió la última emisión y se colocaron $1.000 millones adicionales, también con vencimiento en 2026 pero con un interés de 9,125%. En contraste, durante el mismo período, 2014 a 2016, varios países de la región emitieron bonos soberanos en los mercados internacionales en condiciones notablemente más favorables y algunos, como Perú, incluso en moneda propia. Por poner algunos ejemplos de otras emisiones: Colombia en 2014, $2.100 millones al 4% anual y a 10 años plazo; Perú en 2015, $1.250 millones al 4,15% anual a 12 años plazo; Chile en 2016, 1.200 millones de euros, a 10 años plazo y con un cupón de 1,75%”
[7] Op.Cit.. pp. 10-11

¿Las propuestas de la SNI suponen el cambio del modelo vigente?

| 10 de Abril de 2017

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El sector industrial en el Perú no pasa por un buen momento. Ha sufrido tres años de recesión continua con una caída acumulada del orden del 7%, y en los últimos 5 años ha perdido 150 mil empleos y las exportaciones no tradicionales no agrarias han disminuido en 20%, al punto que empieza a haber dudas acerca de la viabilidad de ramas emblemáticas como la exportación de textiles y confecciones.

La discusión implícita en las propuestas que formula la Sociedad Nacional de Industrias y que de alguna manera ha empezado a considerar el gobierno en el reciente Foro de Reactivación Industrial, es si el modelo de desarrollo industrial de las últimas dos décadas, que ha sido exitoso, ha llegado a su límite y necesita un cambio pasando, por ejemplo, a políticas activas de promoción e incentivo, o más bien se trata de completar el modelo en todo aquello que no se hizo o retomarlo en lo que se retrocedió.

Ese modelo ha sido el de la apertura comercial plena orientada al arancel cero, sin incentivos ni ventajas de ninguna clase. El principio subyacente es que la libre competencia en el mercado internacional y nacional permitirá desarrollar nuestras ventajas comparativas y competitivas. Y así venía ocurriendo. La industria nacional hoy es mucho más sana, fuerte y vinculada a nuestros recursos naturales que la industria ensambladora protegida que teníamos cuando aplicamos el modelo de sustitución de importaciones. Y mucho más exportadora. Su peso en el PBI, lejos de disminuir, incluso se había incrementado en una ligera medida hacia el 2007, en comparación a los 80[1] -pese a no estar protegida-, aunque recientemente se redujo un par de puntos.

Hasta hace solo cuatro años, la industria venía creciendo a tasas muy altas sin protección alguna y podía penetrar mercados externos compitiendo con éxito. Pero esa certidumbre ha empezado a flaquear luego de los resultados de los últimos tres o cuatro años, arriba mencionados.

La señal más preocupante es la que se advierte en la caída abrupta de las exportaciones no tradicionales no agrarias. Como vemos en el cuadro, las exportaciones de textiles y confecciones han caído casi 40% en los últimos cinco años. Y ocurre algo parecido aunque menos acentuado con las demás ramas. Estos datos llevarían a poner en cuestión la viabilidad misma del modelo actual de crecimiento industrial porque en un mercado libre, abierto y pequeño como el peruano, el crecimiento industrial está íntimamente vinculado al crecimiento del mercado externo, sólo puede darse exportando cada vez más. Y eso es lo que venía ocurriendo desde los 90, hasta el 2012.

Pero la caída en las exportaciones no tradicionales a partir del 2013 no se explica por el hecho de que el modelo ya no puede responder a las nuevas condiciones del mercado mundial, sino, más bien, por lo mismo que ha pasado en el conjunto de la economía: que en los últimos años la actividad productiva se ha repoblado de regulaciones que le restan competitividad, de modo que lo que lo que ha llegado a su límite no es el modelo sino, por el contrario, el restablecimiento de lo que hemos llamado un intervencionismo de baja intensidad, e incluso las supervivencias del modelo anterior a los 90, tales como la extremada rigidez de la legislación laboral que encarece y desalienta la contratación y desvinculación de trabajadores. En una economía abierta y competitiva, una amarra como esa vuelve inviable la producción cuando la competencia en el mercado mundial se agudiza. Pero no es solo eso, como veremos. Y allí viene la discusión.

El menor crecimiento del sector manufacturero también se explica por el debilitamiento de los encadenamientos inter-sectoriales, generado por la drástica disminución del ritmo de inversión del sector minero desde el 2011 y por la caída de la inversión pública. No deja de llamar la atención que, a diferencia de lo que enfatizaba un anterior presidente de la SNI, Pedro Olaechea, hoy el gremio no reclame el regreso de la inversión minera. Además, otro factor de pérdida de competitividad que no puede dejarse de lado es la apreciación del Sol versus el dólar.

En cuanto al tema regulatorio, Rafael Vera Tudela, gerente de normas y regulaciones de la Sociedad Nacional de Industrias, señala que lo que resta competitividad a la industria peruana es básicamente el alto costo de las regulaciones en general, y de las tributarias y laborales en particular. Según el World Economic Forum (WEF), el Perú ocupa el puesto 134 de 138 países en cuanto a carga regulatoria, que se ha incrementado profusamente en los últimos 5 o 7 años precisamente. Ese es el intervencionismo de baja intensidad del que hablábamos, que recién empezaría a ser desbrozado con los recientes decretos legislativos y por algunas normas dadas en la última etapa del gobierno anterior. Lo interesante es que la SNI formula un conjunto de propuestas específicas en este campo[1], que van incluso más allá de lo que el gobierno ha dictaminado y que deberían tomarse en cuenta.

Pero también tenemos el alto costo de las regulaciones laborales, y la extremada dificultad para contratar y desvincular trabajadores, donde estamos en el puesto 130 de 138 economías. Tenemos un mercado laboral mucho más rígido que cualquiera de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, de modo que cualquier inversión que quisiera venir a estos lares preferirá irse a uno de esos países en lugar de venir o quedarse en el Perú. Es cierto que esto no perjudica de manera notoria a las exportaciones de textiles, por ejemplo, que tienen un régimen que les permite los contratos a plazo fijo (aunque con un límite de tres años), pero sí al resto de la industria para el mercado interno, que entonces no puede competir con las importaciones de productos similares o debe trabajar en la informalidad laboral.

Como decíamos, la estabilidad laboral absoluta, que es lo que tenemos cuando la indemnización por despido no basta y el juez puede imponer la reposición del trabajador, es una institución supérstite del anterior modelo proteccionista, que en una economía abierta y competitiva impide a las empresas adaptarse a los cambios en la demanda y en la tecnología, condenándolas a la quiebra o a la informalidad.

Vera Tudela refiere que, según datos del WEF y del Banco Mundial, 121 economías (64%) permiten la contratación a plazo fijo para labores permanentes, 105 países (55%) no imponen límites a la renovación de contratos a plazo fijo, y 155 economías (82%) no exigen la aprobación de un tercero para desvincular a un trabajador.

En tal sentido, la Sociedad Nacional de Industrias reclama una reforma laboral que nos ponga en una posición mucho más competitiva en todos esos indicadores. Reforma que, de otro lado, permitirá el incremento del empleo, la formalización de los trabajadores, su acceso a derechos y a la negociación colectiva. Algo con lo que deberían estar de acuerdo los sindicatos, no solo por justicia laboral sino porque en última instancia les conviene desde el punto de vista de su propio crecimiento e influencia.

La SNI propone además priorizar la negociación colectiva versus el arbitraje potestativo, otra desviación introducida a comienzos del gobierno de Ollanta Humala, que afecta la relación laboral en las empresas y promueve la ruptura de la negociación colectiva para buscar el arbitraje. Y que la SUNAFIL desempeñe una función educadora y no simplemente sancionadora.

Todo esto tiene que ver con retomar, completar y profundizar el modelo de libre mercado. Donde comienza una discusión algo distinta, es cuando la SNI pide, por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta, que evoca las demandas de privilegios o ventajas rentistas del pasado. Pero no es así. Lo que la SNI propone, en realidad, es un impuesto competitivo, similar al promedio mundial. Como puede verse en el siguiente gráfico, dicho promedio es del orden del 23%, mientras en el Perú para la industria asciende al 37%, incluyendo el reparto obligatorio de utilidades.

Lo que propone la SNI es, entonces “establecer un programa de convergencia de la nueva tasa de IR hacia la media mundial (23%)”, considerando, adicionalmente, que el mundo marcha hacia la reducción impuesto a la renta empresarial: el 93% de países del mundo lo ha reducido (51%) o mantenido (42%) en la última década. Pide asimismo la depreciación acelerada a la inversión en activos fijos, como tiene la minería, por ejemplo, si queremos atraer nueva inversión.

Los industriales demandan, además, un papel más decidido del Estado en la defensa de la producción nacional respecto de la competencia desleal de importaciones subvaluadas o con dumping. Muestran un gráfico que señala que mientras en el mundo se aplican cada vez más medidas antidumping, en el Perú menos. Solicitan, entonces, un mecanismo anti dumping más eficiente y rápido.

Explican, sin embargo, que en las categorías arancelarias en las que ingresan sistemáticamente productos cuyo precio está por debajo del costo de producción, como textiles, confecciones, calzado, metalmecánica y otras, debería aplicarse un impuesto por volumen (o unidad). Jorge Peschiera, presidente del Comité de Calzado va más allá y reclama un arancel más alto para el calzado -que llega a precios irrisorios-, tal como lo hacen Colombia y México, que integran la Alianza del Pacífico e imponen aranceles de entre 30 y 40% a esos productos. Esto, señala, simplemente para emparejar la cancha, para suprimir la competencia desleal.

La última modificación arancelaria se hizo en abril del 2011, y consistió en incrementar el número de partidas arancelarias con arancel cero y bajar otras de 13 a 11%, manteniendo las que estaban en 6%. Fue una reforma en el sentido de aproximarse al ideal del arancel cero (el arancel promedio ponderado es 1.9%). La estructura resultante podemos verla en el cuadro siguiente, extraído de la página web del MEF. Observamos que más del 70% del valor de las importaciones paga arancel cero, y las que pagan 11% no llegan al 5% en cuanto a valor.

Evidentemente las propuestas de la SNI implicarían una cierta reversión del movimiento al arancel cero, pero se trata de cambios muy acotados a los casos de competencia desleal, donde mecanismos como el de imponer aranceles anti dumping no resultan suficientemente operativos o eficaces. Debería quedar absolutamente claro que esas modalidades arancelarias excepcionales sólo se aplican en determinadas circunstancias demostrables, porque de lo contrario podría desatarse una presión por subir aranceles ya de manera indiscriminada.

Pero, lógicamente, la prioridad debería ser la de disminuir los impactos negativos en la competitividad del sector manufacturero generados por los costos regulatorios, laborales, cambiarios. Y también logísticos, que se han vuelto crecientemente asfixiantes. En ese sentido la SNI pide definir un Plan de Infraestructura inter-modal, crear la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, aplicar acciones de reingeniería de tránsito para mejorar el flujo de vehículos, implementar un corredor segregado para camiones de carga en el Callao, eliminar cargos de la tarifa eléctrica no asociados directamente al servicio, y otras medidas de ese tipo.

También formula propuestas para reforzar todo lo que son normas técnicas, calidad, capacitación, innovación e investigación, a fin de desarrollar nuevos productos y procesos. En la exportación de confecciones, por ejemplo, ya no podemos competir con El Salvador y países asiáticos emergentes no solo por el costo de la mano de obra, sino por el atraso productivo en el algodón agravado por la imposibilidad de producir algodón transgénico. Habría que levantar esa prohibición. E incluso empezar a desligarse de la materia prima natural. Ricardo Briceño nos decía que las exportaciones de confecciones solo serán viables y retomarán impulso si dan el salto hacia la fabricación de prendas con fibras artificiales o sintéticas modernas, esas que se usan ahora en las competiciones e incluso en el uso diario, que pesan nada, previenen la sudoración, no se arrugan, son más resistentes a las lavadas, se amoldan mejor al cuerpo, entre otras propiedades. Hay mucha investigación y tecnología al respecto. Producirlas acá supone invertir en patentes, equipos y demás, lo que requiere condiciones de competitividad. Lo que tenemos es una amplia mano de obra de costureras y bordadoras plenamente capacitadas que pueden hacer lo mismo con las nuevas telas.

Fuera de esto, la SNI propone ciertas políticas que podríamos llamar activas, tales como el establecimiento de “Zonas Económicas Especiales” tales como las que existen en muchísimos países, incluyendo los otros tres de la Alianza del Pacífico, y que tienen como particularidad un impuesto a la renta cero o 15% como máximo. También la promoción de parques industriales modernos, con mecanismos de inversión simplificados.

Nos parece que la Sociedad Nacional de Industrias ha alcanzado un mayor grado de maduración en sus propuestas. Estas no consisten en un listado de pedidos mercantilistas, sino en un conjunto de medidas orientadas a restablecer la operatividad del modelo de economía libre y abierta, afectado por sobre regulaciones y trabas diversas y por rezagos de políticas del modelo proteccionista que no caben en un esquema de competencia abierta en el mundo. Contienen también un conjunto de propuestas orientado a mejorar la productividad de la economía, tanto en lo logístico como en la formación de recursos humanos e investigación a fin de avanzar en nuevos productos y procesos. Todo esto complementado con algunas medidas arancelarias heterodoxas que atienden a casos específicos que podrían justificarlas, y por determinadas políticas activas de creación de espacios que atraigan la inversión industrial.

También ha desarrollado la SNI una batería de propuestas para sectores específicos, tales como el textil-confecciones, pesca y acuicultura, alimentos, etc.

En tal sentido, nos parece que la importancia del tema justificaría la creación de una mesa ejecutiva en el ministerio de la Producción, con participación del ministerio de Economía y el de Transportes, para acordar un plan de implementación de estas u otras medidas cuya finalidad sea crear condiciones que permitan elevar la competitividad de nuestra industria a fin de atraer inversión y relanzar una industria fuertemente exportadora. Lo que no podemos hacer es dejar que siga languideciendo la producción industrial y cayendo la exportación no tradicional sin hacer nada. Necesitamos un plan con parámetros claros para reimpulsarla con más fuerza. Lampadia

[1] Con lo que hay que tener cuidado es con las comparaciones de más largo plazo, como lamentablemente sigue haciendo la SNI, pues antes de la liberación de la economía peruana, la industria nacional, que estaba signada por el proteccionismo y el mercantilismo, registraba cifras de producción distorsionadas tanto por los altísimos aranceles que la protegían, como por los altos márgenes de los productores que no tenían competencia. Ambos temas iban en detrimento, obviamente, del ciudadano-consumidor.

[2] Ver Presentación: “Aportes para la reactivación industrial”, Foro Ejecutivo: Reactivación industrial, Febrero 2017

Visión estratégica de la coyuntura peruana

| 10 de Abril de 2017

A pesar de todo lo que hemos vivido en el Perú, la sociedad parece no haber entendido las relaciones causa-efecto de los condicionantes de nuestros últimos 50 años, ni la capacidad para evaluar el espacio-tiempo en que tendremos que desarrollarnos en el futuro.

El siguiente gráfico muestra las fuerzas que debemos hacer interactuar para beneficio de todos los peruanos:

1. Fuerzas Externas

a. Mercados Externos

En términos relativos, la economía del Perú es muy pequeña comparada con los mercados con los que comerciamos. Por ejemplo: el crecimiento de 7% de la economía china equivale a dos veces el PBI peruano (US$ 400 mil millones). Nuestras exportaciones agroindustriales vienen creciendo a dos dígitos anuales y este año ya recuperaron un importante crecimiento.

Si produjéramos más minerales o más madera, no tendríamos problema para venderlos en los mercados internacionales.En consecuencia, se puede decir, que la situación restrictiva o de menores precios de la demanda global, no debería afectar nuestra capacidad de seguir exportando y creciendo en nuestra participación del comercio mundial.

b. Revolución Tecnológica

El mundo está entrando en una revolución tecnológica que cambiará sustancialmente nuestra forma de vida y trabajo. Esta revolución se debe al desarrollo de la digitalización, robotización, inteligencia artificial, impresiones 3D, biología sintética y otros desarrollos que amenazan ser sumamente disruptivos con el empleo de las próximas décadas, tanto el de los más capacitados, como el de menos capacitación.Ver en Lampadia:

La tercera revolución industrial trae un nuevo mundo – Apuntes para la creación de empleo al 2034 (I)

La tercera revolución industrial trae un nuevo mundo – Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II)

Roubini sobre la tecnología y el empleo del futuro – La Tercera Revolución Industrial

Más sobre la revolución tecnológica que estamos viviendo – Organizaciones Exponenciales (I)

Una expresión de este fenómeno es que la economía global se está desindustrializando y desmaterializando (hoy llevas tu cámara de video, GPS, y linterna en el teléfono). La industria crea cada vez menos empleo y se considera que ya no es el camino al desarrollo de los países más pobres, como lo explica Arvind Subramanian, el principal asesor económico del Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

2. Objetivos Internos

a. Crecimiento Económico

El crecimiento económico es indispensable para la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la acción social y de desarrollo del Estado. Evidentemente, este no es el objetivo final del desarrollo, sino el medio para lograrlo. Sin crecimiento no se podría aumentar la inversión en educación, salud, infraestructuras y desarrollo tecnológico.

Según múltiples estudios de especialistas e información del INEI, el crecimiento de los últimos 15 años ha explicado entre el 70 y 80% de la reducción de la pobreza. Ver en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento

b. Generación de Empleo

La PEA del Perú crecerá desde unos 15 a aproximadamente 22 millones de personas el 2050. No solo tenemos que mejorar las condiciones de empleo actuales (con una informalidad laboral de 70%), que carece de los derechos más elementales; tenemos que mejorar las capacidades de nuestros trabajadores mediante intensivos y muy efectivos programas de capacitación; y tenemos que generar nuevos empleos para los jóvenes que se incorporaran al mundo laboral los próximos años (lo deben hacer en mucho mejores condiciones educativas).

c. Reducción de la Pobreza

La pobreza total en el Perú es aún mayor a 23.5% y, la pobreza extrema de 4.1%. Es cierto que en los últimos quince años la pobreza se redujo desde 57%, pero no nos podemos quedar ahí.

Además, tenemos que reducir los niveles de anemia en niños menores de tres años, que el año pasado (2014) llegaba a 46.8%. Un nivel inaceptable, bajarlo debe ser una de las principales metas sociales.

Ver en Lampadia: Solo reconociendo la realidad podremos corregir los errores de la política social y económica – En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

3. Agendas Internas

a. Agenda Política

Tres elementos: lograr una buena Gobernanza; establecer un sistema nacional de partidos políticos que representen efectivamente a la población e; implantar la meritocracia como el único camino para la selección, promoción y remuneración de los funcionarios públicos. Ver en Lampadia: El Mundo carece de una Gobernanza Global para el Siglo XXI e Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú.

b. Agenda Social

Este punto abarca una revolución educativa, mejoras en salud, fortalecimiento de nuestras instituciones, el desarrollo de las infraestructuras internas y el avance en investigación y desarrollo, especialmente de carácter tecnológico.

Educación: El diagnóstico es claro y compartido, un atraso sustancial con respecto al resto al mundo de ayer. Si tomamos en cuenta, los desarrollos tecnológicos indicados en el punto 1.b. (revolución tecnológica), la brecha a superar es muchísimo mayor. Una mejora gradual de la calidad de la educación, no nos permitirá incluir a nuestra población como parte del mundo tecnologizado del futuro. Lo que necesitamos es una verdadera revolución, un “Big Bang”, como lo se dijo en el último CADE. Ver en Lampadia: Tenemos que emprender una revolución educativa y Dignifiquemos el rol de los maestros.

Salud: La salud es una de las áreas en que el cambio tecnológico será más notorio y de mayor impacto en la calidad de vida. Necesitamos que nuestros peruanos más pobres, tengan la capacidad de financiar, o recibir del Estado, el acceso a los mejores instrumentos de prevención y cuidado de la salud que serán de uso común en el resto del mundo.

Instituciones: Una de las agendas más difíciles de superar. Incluye mejora del Sistema Judicial, la Policía, la Seguridad Ciudadana, la derrota final del terrorismo, el control del narcotráfico y la abolición de la corrupción. Ver en Lampadia: Sin instituciones no hay desarrollo.

Infraestructuras: La brecha de infraestructuras llega al 50% de nuestro PBI, unos US$ 100 mil millones. Cerrarla tiene un objetivo doble, mejorar nuestra competitividad y democratizar el acceso al mundo moderno. Uno de los mayores limitantes es su financiamiento, que requiere acceso a fondos suficientes y el diseño de una estrategia que permita un proceso efectivo y acelerado. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones.

Investigación y Desarrollo: El gobierno ha establecido incentivos fiscales para la inversión en (I+D). Además, debemos reconocer que durante los últimos 15 años ha habido una revolución tecnológica en todos los sectores de la economía. Esta se ha hecho sin registro oficial, muchas veces sin patentes y alejada del mundo académico. Su naturaleza ha sido de innovación productiva. Es necesario promover un mayor acercamiento de los sectores productivos con la academia, privilegiando la transferencia de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Ver en Lampadia: Organizaciones Exponenciales (I).

4. Capacidades Internas

El Perú tiene reservas o capacidades productivas no explotadas en múltiples sectores como consecuencia del “apagón productivo y de inversión” de los 60, 70 y 80s, años en que la inversión privada estuvo proscrita.

Tenemos cómo multiplicar nuestra producción en: Minería, sector que solo explora y explota menos del 2% del territorio nacional (las áreas concesionadas se prestan para confusión).Tenemos muchos proyectos en ciernes que podrían multiplicar nuestra producción por tres o cinco veces. Madera, donde solo producimos una ínfima proporción de lo que hace Chile (exporta más de US$ 6 mil millones) y en el que nuestro potencial es de por lo menos cinco veces el chileno. Solo en la sierra tenemos 7 millones de hectáreas para reforestar. Acuicultura, sector que está prácticamente virgen y que podríamos desarrollar en ríos, cochas y mares.

Igualmente, tenemos un gran potencial para incrementar nuestras Agroexportaciones, el Turismo, Bionegocios, y Manufactura vinculada a nuestros sectores primarios, como lo hemos hecho los últimos años que, ha permitido que hoy tengamos el sector industrial más grande competitivo y exportador de nuestra historia. Ver en Lampadia: La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento.

En resumen, el Perú, país bendito, tiene como multiplicar su nivel productivo, la creación de empleo y la generación de recursos fiscales, como no la tiene ningún otro país. Este potencial nos permite generar riqueza para cerrar las brechas sociales, ponernos al día en educación, salud e infraestructuras, creando empleo de calidad para afrontar el salto tecnológico que nos permita nivelarnos con los países más desarrollados y poder sumarnos con éxito a la “tercera revolución industrial”.

Hasta antes de la revolución tecnológica podíamos considerar que teníamos unos 20 años para ponernos al día. Ahora el tiempo se ha acortado, probablemente nos quedan solo cinco años para hacer el trabajo de superarnos. Ya no podemos cometer más errores.

Si no empezamos pronto a desarrollar nuestro potencial, quedaremos condenados a una situación social y económica de discapacidades que no tenemos por qué aceptar. Esperamos que este análisis de las fuerzas que condicionarán nuestro futuro, nos sirva para tomar conciencia de la realidad y comprometernos con la acción, superando debates inútiles y las trampas políticas e ideológicas que todavía nos tienen atrapados en la pobreza. Lampadia