En pleno crecimiento de las tasas de contagio por covid 19 en nuestro país, urge indagar en buenas prácticas de la gestión pública en el manejo de la presente crisis que hayan sido acometidas por países similares al Perú, pero que sobretodo no hayan acarreado un alto costo económico y social, como vemos que está sucediendo con la cuarentena total recientemente extendida por el estado.

Al respecto resalta la experiencia que ha tenido la gestión de la alcaldía de Medellín, considerada la segunda ciudad más grande de Colombia, pero cuyas muertes por el mencionado virus no llegan ni a la decena de personas.

Como presenta un reciente artículo publicado por The Economist, la combinación del registro en tiempo real de las condiciones de vida de los hogares, y  la colaboración estrecha con las entidades privadas prestadoras de servicios de salud (EPS), no solo le habrían permitido evitar un colapso en su sistema hospitalario sino también propender los recursos necesarios a las familias más necesitadas, evitando a la vez un desacato de la cuarentena.

Sin duda una experiencia que debería ser replicada en las principales ciudades de nuestro país, sobretodo en la relacionado al análisis y explotación de datos de los casos de contagio sospechosos. No es posible por ejemplo que, teniendo el desagregado de contagios y muertes a nivel distrital en nuestro país, el gobierno central siga  decretando cuarentenas totales y no focalizadas. Esto conduce, entre otras cosas, a un desmedro de recursos humanos (policías y personal de salud), puesto que no se está siguiendo un criterio tan fino en la asignación de este personal hacia las zonas más críticas, más allá del simple análisis regional que esconde las tan heterogéneas dinámicas distritales.

Esperemos pues que estas reflexiones puedan ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades en las siguientes semanas e intenten exhibir políticas parecidas que permitan paliar su fracaso en el control de la pandemia. Medellín, sin ser una ciudad de un país de primer mundo, ha probado que no es imposible. Lampadia

La maravilla médica de Medellín 
Cómo la segunda ciudad más grande de Colombia está controlando la pandemia

Al actuar temprano y reunir muchos datos

The Economist
4 de junio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, ha tenido una carrera inusual. Vendió bonsáis y postres caseros en las calles para pagar las tasas universitarias, se convirtió en ingeniero y fue viceministro de información y tecnología en un gobierno colombiano anterior. Esa biografía puede ayudar a explicar su enfoque poco convencional del covid-19. Comenzó a preparar la segunda ciudad más grande de Colombia a fines de enero. Muchos colombianos lo llamaron paranoico. A medida que transcurría febrero sin casos en el país, se preguntó si podrían tener razón. Cuando el virus llegó en marzo, la provincia de Antioquia, de la cual Medellín es capital, fue cerrada, cinco días antes que la mayor parte del país. Quintero actuó más rápido que cualquier otro alcalde.

El mayor desafío, como en muchas ciudades latinoamericanas, es mantener a las personas en casa cuando muchas no obtienen ingresos si no trabajan. El programa de Quintero, llamado “Medellín Me Cuida”, se basa en la recopilación de datos. Al igual que otras grandes ciudades, Medellín asignó dinero para ayudar a los trabajadores que perdieron sus ingresos. Bogotá y Cali lucharon por encontrarlos. Medellín pidió a los residentes que se registren para recibir ayuda en línea. Para inscribirse, las personas deben proporcionar mucha información, incluido el tamaño de su hogar y los detalles de sus facturas de electricidad. (La información de facturación impide que las familias reciban más de un paquete de ayuda). Más de 3 millones de personas, casi el 90% de la población del área metropolitana, se han inscrito. Los necesitados han recibido alimentos o, más comúnmente, dos pagos de 100,000 pesos (US$ 28), suficientes para que una familia sobreviva durante algunas semanas, cuando muchos han suspendido el pago del alquiler y las facturas de servicios públicos. La gente en Medellín ha respetado el encierro más que otros colombianos.

Cuando se registran, se les pregunta a las personas si tienen síntomas de covid-19 o afecciones que dificulten el tratamiento. Pueden actualizar la información en una línea directa. La ciudad asigna los datos para identificar brotes y predecirlos. Las Unidades de Promoción de la Salud (EPS) —principalmente empresas privadas que brindan seguro de salud a la mayoría de los colombianos— envían equipos para evaluar a los vecinos de pacientes de covid-19. Los funcionarios se aseguran de que los pacientes y las personas expuestas a ellos se queden en casa. Los pacientes de covid-19 reciben kits con oxímetros, que evalúan su oxígeno en la sangre. Si cae a niveles peligrosos, una EPS envía un equipo con oxígeno. El metro utiliza los datos de Medellín Me Cuida para bloquear las tarjetas de los pacientes y sus familias.

Colombia ha controlado mejor el covid-19 que muchos de sus vecinos. Ha tenido 33,466 casos confirmados y 1,099 muertes. En Brasil, Chile, Ecuador y Perú, la tasa de mortalidad es al menos tres veces mayor. Incluso para los estándares de Colombia, Medellín, una vez hogar del narcotraficante Pablo Escobar, sobresale. Solo tres personas en la ciudad han muerto de la enfermedad y ocho están en el hospital; 304 personas se han recuperado, más de las que están enfermas. En Cartagena, una ciudad turística en la costa atlántica de Colombia, los hospitales no pueden hacer frente a la carga de casos. El éxito de Medellín continúa con un récord de innovación por parte de alcaldes anteriores, como la reducción de la pobreza al mejorar los enlaces de transporte de los barrios pobres con el resto de la ciudad.

No todos están contentos con la recopilación de datos de Quintero. Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que aboga por los derechos digitales, dice que no está claro qué hará la ciudad con su base de datos después de la pandemia o cómo se protege. Colombia tiene una historia de espionaje patrocinado por el estado contra periodistas, políticos y extranjeros. El mes pasado, los informes de noticias revelaron espías ilegales por parte del ejército.

Quintero responde que solo los funcionarios de salud tienen acceso a la información y promete dejar que la gente decida qué datos puede conservar la ciudad cuando termine la pandemia. Los datos le dieron a la ciudad, que establece algunas reglas de cierre, la confianza para comenzar a reabrir centros comerciales y pequeñas tiendas esta semana, dice. Quintero espera que aumente el número de casos de covid-19, pero cree que Medellín podrá identificar a las personas más vulnerables a tiempo. Los colombianos en otras ciudades miran con envidia, ya que permanecen bajo cierres que son cada vez más difíciles de hacer cumplir. Pocos aún dudan de la cordura de Quintero. Lampadia

En América Latina los casos en los que se ha conseguido un avance importante en la reducción de los niveles de inseguridad y de la tasa de homicidios, por lo general tienen en común el hecho de que los gobiernos locales jugaron un papel protagónico en articular a la policía nacional, los órganos judiciales y otras instancias del gobierno central, ofreciendo además servicios y programas de regeneración urbana y social capaces de dar respuesta a las condiciones que crearon medios propicios para la delincuencia. En el presente informe de la OEA tenemos una revisión de los casos exitosos de Guayaquil y Quito en Ecuador, y de Medellín y Bogotá en Colombia. 

En las dos primeras ciudades las municipalidades asumieron funciones en seguridad pese a que constitucionalmente ello es responsabilidad del gobierno central. Pusieron en funcionamiento Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad y justicia y en ambas se crearon sistemas de información de violencia y delincuencia que compilan, sistematizan, hacen análisis y entregan reportes de violencia e inseguridad de las ciudades.

En Colombia la policía, dependiente del Ministerio de Defensa y dominada por la guerra contra las FARC, tendía a no hacer caso de la autoridad de los alcaldes. Sin embargo, en Medellin y Bogotá alcaldes sucesivos asumieron sus funciones en el terreno de la seguridad e hicieron uso de las atribuciones legales que tenían desde 1991 de conducir los consejos de seguridad, impartir órdenes a los comandantes de la policía, evaluar su desempeño y solicitar su cambio motivado. Y así lograron, en coordinación con la policía y otras instituciones, reducir sustancialmente la tasa de homicidios y delitos. En el informe se explica las acciones y programas que condujeron a ese resultado. Lampadia

Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá y el Programa: Departamentos y Municipios Seguros –DMS-.

Por: Hugo Acero Velásquez

Publicado por la OEA

1.  Presentación.

Los alcaldes, prefectos y gobernadores son aquellos funcionarios que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio. En el caso de la gestión de la seguridad, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios y prefecturas.

Este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo, obviamente siguiendo unas líneas generales de acción que indiscutiblemente provienen del nivel nacional.

Pese a la trascendencia de los anteriores planteamientos y a su pertinencia en cuanto al manejo de las problemáticas de seguridad ciudadana, son muy pocas las administraciones locales que en América Latina han liderado procesos en la materia con buenos resultados. De igual forma, son muy pocos los Estados en los cuales la normatividad permite que sean las autoridades locales las responsables del tema de seguridad ciudadana.

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