Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como siempre en el Perú, mientras los abusos afectan a los ciudadanos comunes y corrientes, la sociedad no toma nota. El hecho es que las cárceles del país están llenas de reclusos que esperan se abran sus procesos o se sentencien, y mientras tanto son víctimas de la ominosa ‘prisión preventiva’.

Esta figura toma relevancia pública recientemente, con el encarcelamiento del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Entonces, yo consideré que dicha medida era un exceso, y publiqué los siguientes tweets:

En los últimos días, se vuelve a usar la misma figura de la ‘prisión preventiva’, aparentemente, vulnerando una serie de derechos, exhibiendo supuestas pruebas que los acusados no han podido contrastar, y sin aclarar una evidente contradicción de fechas. Ver la publicación de Lampadia: Fiscalía y Poder Judicial deben mantener independencia frente a la presión política y mediática.  

(…) según la Fiscalía, Barata conversó con las empresas peruanas sobre los pagos ilícitos, antes de la adjudicación. Y según fuentes vinculadas a los empresarios investigados, en el punto 35 del documento se reseña que Barata afirma que comunicó a los socios de “sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación”.

Pero según dichas fuentes, el acuerdo entre Barata y Maiman sobre los 35 millones para el presidente Toledo, y la subsecuente emisión de los decretos supremos y resoluciones que facilitaron el otorgamiento de la obra, ocurrieron antes de que se formara el consorcio y por lo tanto los socios locales no podían estar enterados de nada.

No solo eso, los posibles socios se encontraban en ese momento enfrentados a Odebrecht porque una Circular del 14 de febrero 2005 cambiaba las bases del concurso exigiendo una participación peruana del 40% en los consorcios.

Pero quizá el argumento principal de los investigados se refiere a la afirmación del equipo del fiscal Hamilton Castro de que peritos financieros han establecido que bajo el concepto de “riesgos adicionales” se ha dado apariencia de legitimidad a activos que tenían como fuente el delito de colusión. Es decir, ese concepto sirvió para disfrazar el pago del soborno.

Los investigados señalan que esa afirmación se basa en un Acta de Distribución de Utilidades de las Juntas de Accionistas del 1 de junio 2011, pero, según ellos, la Fiscalía no reconoce que en dicha acta se dice que dicha distribución de utilidades se hace “conforme a lo acordado en la Junta de Accionistas del 15 de febrero 2011”.

Es decir, la Fiscalía concluye que los “riesgos adicionales” serían los montos correspondientes a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht basándose en el acta de 1 de junio, sin considerar ni incluir el Acta del 15 de febrero 2011 (firmada por Jorge Barata), donde “se ve claramente que los “riesgos adicionales” están detallados en 5 obras concretas que representaban problemas y riesgos inminentes en la ejecución de las obras inclusive requiriéndose un aumento de capital”.

Video de Cesar Nakasaki:

En enero pasado, publicamos: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

(…) el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de su historia. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter. Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de confesiones y delaciones.

La idea del juez Moro era encarcelar al jefe de la mafia, Marcelo Odebrecht, y con él preso, negociar la delación premiada.

A diferencia de Brasil, en el caso del Perú, lo que se estaría haciendo, es liberar de todo cargo al jefe de la mafia en el Perú, Jorge Barata, y liberando sus bienes (que ya podría enviar al Brasil); para luego recibir sus declaraciones. A mi entender, se tendría que haber mantenido el embargo de sus bienes hasta que termine el proceso y se hayan podido contrastar y probar sus afirmaciones. Lampadia

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

Según declaración de Marcelo Odebrecht, su empresa montó un sistema para generar fondos negros en su proyecto del extranjero, para pagar las coimas en Brasil. (Ver líneas abajo, artículo de Fohla, traducido y glosado por Lampadia).

Generaron varios instrumentos para generar dinero que no se contabilizaba en Brasil y que luego se aplicaba a sus tropelías en o desde el mismo Brasil.

El 7 de febrero pasado publicamos en Lampadia, ‘El negociazo del Gasoducto del Sur’, artículo en el que explicamos cómo se había planeado generar un importante beneficio extraordinario para Odebrecht, escondido en el uso de una tasa de interés que era mucho mayor al costo de oportunidad del concesionario. En otras palabras, al usar la tasa de 12% anual para el cálculo de la remuneración al contratista, en vez de un 7.5%, se generaba, sin que se haga explícito, a favor de Odebrecht, un sobre-pago de US$ 298 millones por año, durante los 34 años de la concesión. Un escándalo increíble. Ver el siguiente cuadro:​

El artículo de Fohla habla de que los esquemas de generación de fondos negros, estaban compartamentalizados, de modo que una unidad de Odebrecht no supiera lo que hacían las otras. Muy lógico, pues el sistema celular, usado por los grupos terroristas, permitía una operación más difícil de delatar e investigar. De esto también se podría colegir que difícilmente Odebrecht podría haber compartido sus malabares y fechorías con sus socios locales en los distintos países donde montaron su red criminal.

En Brasil es cada día más claro que el andamiaje organizado por Lula y sus brazos seudo-empresariales era para crear un ‘imperio del mal’, que sería gobernado por el PT de Brasil y las izquierdas locales de los distintos países, a quienes se les ayudaba a tomar y/o conservar el poder mediante el uso de dinero mal habido. Lampadia

Odebrecht cometía fraude en el extranjero para pagar sobornos

Letícia Casado
Bela Megale
Camila Mattoso
Fohla de Sao Paulo
3 de marzo, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht revelan que la empresa constructora   estableció un esquema de fraudes en los contratos del extranjero, llamado sector de “generación”, para abastecer un área de pagos ilícitos de las “operaciones  estructuradas” dentro y fuera de Brasil.

Según Folha, por personas cercanas a la investigación, más del 90% de los recursos asignados al departamento de sobornos, que movió US $ 3,390 millones entre 2006 y 2014, se generaron por medio de un modelo financiero vinculado a las obras ejecutadas en países extranjeros.

La estrategia se creó para evitar la operación y el seguimiento de los recursos desviados de los contratos firmados con los organismos gubernamentales en Brasil.

Tres ejecutivos de la compañía, entre ellos el heredero y ex presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, dieron detalles de este esquema en un testimonio ante el ministro del Tribunal Superior de Justicia, Herman Benjamin, ponente del proceso de impugnación de Dilma-Temer en el TSE (Tribunal Supremo Electoral).

“Hemos creado un proceso en el cual la planificación fiscal -la mayor parte hecha fuera de Brasil, en países en los que se podía hacer este tipo de planificación, ya que no era un delito- era una fuente de generación de recursos”, dijo Marcelo Odebrecht.

“A continuación, estos fondos se colocaron en empresas de terceros. Y algunos ejecutivos de la organización podían utilizarlos para hacer pagos no contabilizados, incluyendo la caja 2, y todo. Y algunos de ellos lo usaron para hacer sobornos”, dijo.

Otro informante, Fernando Migliaccio, un ex funcionario del llamado Sector de Operaciones Estructuradas, dio detalles de la operación: “Esta área aprovechaba obras verdaderas de Odebrecht en todo el mundo, donde se generaban excedentes de operaciones oficiales”, dijo. “Estos excedentes se utilizaban para suministrar a nuestra área [de pago de sobornos]”.

Hilberto Mascarenhas, otro delator de Odebrecht, dio un ejemplo de cómo funcionaba este esquema con las obras del extranjero: “Cada vez que la empresa crecía, obtenía una obra;  en Angola, una hidroeléctrica allá tenía un bono.”

¿Qué era un bono? Mascarenhas explica: “Bono, no, tenía dos cajas allá.” Él dirigió el “Departamento de Sobornos” entre 2006 y 2015.

El responsable de este sector de “generación” era Marcos Grillo, uno de los 78 informantes del grupo de Bahía.

Según el esquema detallado por los fiscales, Odebrecht informó que este departamento llevaba a cabo la generación de contratos ficticios con proveedores de servicios externos que reducen el margen de beneficios y los impuestos a pagar. Por lo tanto, se creaban fondos excedentes que se suministraban al área de la corrupción en Brasil.

Mascarenhas, dijo que si bien este esquema era el principal, no era el único modus operandi.

“Yo sé que él [Marcos Grillo] tenía varias operaciones. Por ejemplo, las transacciones financieras para comprar un determinado papel, que se vendía a pérdida, no era real, dejaba algo de dinero fuera de la caja. Era otro flujo de la caja 2”, explicó.

El ex ejecutivo se refería a una transacción con derivados (instrumentos financieros derivados de otros valores).

En este caso, Odebrecht y otra empresa, en complicidad, simulaban una operación en la que el contratista perdía y el otro se beneficiaba.

El resultado se combinaba y parte de la ganancia suministraba al sector de generación.

Los expertos consultados por Folha dijeron que en algunos países las operaciones de control de los sistemas financieros son menos rígidas que en Brasil, lo que facilitaba este mecanismo.

De acuerdo con las pruebas presentadas, aparte de la caja 2, también se utilizaba  dinero para pagar servicios no declarados al fisco y reembolsos de empleados en el extranjero o bonificaciones de salarios altos.

A pesar de la conexión entre las dos áreas, estos sectores no trabajaban juntos.

“Todo esto fue construido de una manera en que había una ‘Muralla China’ enorme entre el área de generación y la nuestra”, dijo Migliaccio. Lampadia