Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 28 de Setiembre del 2022

“Todo apunta a que quien salga elegido culpará al sistema por haber fallado monumentalmente en su gestión, cuando en realidad desde ya se puede ver que ninguno sabe cómo enfrentará los problemas de la ciudad”.

A pocos días de elegir a las autoridades subnacionales, nos vemos nuevamente sometidos al suplicio de votar por el mal menor. La paupérrima oferta de candidatos es un claro reflejo del abandono de la política nacional, dando espacio a los menos capacitados para gobernar.

El debate del domingo pasado entre los candidatos al sillón municipal de Lima fue un bodrio. Aburrido, sin luces y muy pobre en el sustento de las propuestas. Todo apunta a que quien salga elegido culpará al sistema por haber fallado monumentalmente en su gestión, cuando en realidad desde ya se puede ver que ninguno sabe cómo enfrentará los problemas de la ciudad con los recursos que cuenta la municipalidad y, por el contrario, las propuestas esbozadas dependen del gobierno central o del Legislativo. El “perro muerto” de los peajes es una papa caliente que se presta al populismo. Sin embargo, es imprescindible enfrentarlo para dotar a Lima de una infraestructura vial adecuada.

Todo lo que oí me suena a ‘cuento chino’. Me trajo a la memoria una conversación con el entonces alcalde de la Molina, Juan Carlos Zurek, quien a mi consulta sobre su plan para resolver el agobiante tráfico del distrito, respondió que existía un megaproyecto que uniría la Molina con la Av. Angamos a través de un túnel y que eso estaba en manos de la alcaldía de Lima. Es decir, la solución estaba en manos de otros.

Mas allá de los pésimos candidatos, el domingo elegiremos a 25 gobernadores regionales, a 196 alcaldes provinciales y a 1,694 alcaldes distritales. Cada una de las 1,915 entidades de gobierno regional, provincial y distrital representan una abultada carga administrativa que el contribuyente debe costear. Este exceso de entidades de gobierno constituye la principal traba para el desarrollo de las regiones y representa la primera barrera a sortear para ejecutar cualquier obra pública o proyecto privado en las mismas. Debemos seriamente reconsiderar esta absurda situación, que además es la fuente de corrupción.

Es además injusto y desproporcionado cargar a los municipios provinciales con la responsabilidad de elaborar expedientes capaces de sortear los requerimientos técnicos, sociales, medioambientales para finalmente circunnavegar los procedimientos administrativos del Estado, y lograr ejecutar obras en beneficio de sus pobladores o siquiera recibir inversión privada. No es extraño entonces que los pobladores vivan en permanente estado de frustración por las innegables carencias de sus distritos.

Por: Arturo Woodman
Expreso, 13 de Setiembre del 2022

Desde que el presidente Castillo olvidó su promesa de no utilizar el Palacio de Gobierno sosteniendo que era un símbolo de la Conquista Española, su utilización ha tenido varios acontecimientos ligados a investigaciones fiscales por corrupción, pero su inaceptable decisión de poner rejas impidiendo el ingreso a la Plaza de Armas y a varias calles aledañas sin poder transitarlas, ha traído una serie de reclamos y problemas al normal desenvolvimiento del Centro de Lima.

Este cierre produce que los antiguos negocios establecidos hace años en esas zonas céntricas no puedan operar normalmente, pese a que sus Licencias de Funcionamiento están vigentes y sus vecinos: el Arzobispado, la Catedral y la Municipalidad de Lima autoridad representante de alrededor de 10 millones de pobladores no puedan utilizarla, a pesar de que esta última tiene a su cargo su mantenimiento y conservación.

Esta indebida orden de cierre con rejas y policías alrededor de la Plaza, dan la impresión de que en Lima se vive en revolución y que el Presidente teme que su pueblo ingrese a sacarlo, a pesar de estar constantemente viajando. Mantener este control policial no permite a los turistas nacionales y extranjeros visitarla, conocer y apreciar su belleza, además los comerciantes se perjudican considerablemente, sus pérdidas económicas a consecuencia de este capricho o temor presidencial deberían ser asumidas por un presupuesto especial.

Esta situación de aislamiento innecesario debe llegar a su fin, una posibilidad sería que el alcalde de Lima con sus atribuciones defienda el uso de este lugar público y tradicional en favor de sus pobladores y turistas y no dejar que el miedo o prepotencia de Castillo impida admirarla. De no resolverse, debería convertirse en una demanda legal.

No es coherente la actitud presidencial al no permitir apreciar el Palacio, ni el Cambio de Guardia realizado siempre en el patio de honor, ni el paso de la tradicional Procesión del Sr. De los Milagros. Sin embargo, permite que ingresen sin ningún control gran número de sus partidarios, a quienes incluso su primer ministro incentivó a realizar una cadena humana, para llevar a cabo actos cercanos a una insurrección popular inaceptable.

Mientras en el otro poder del Estado ocurren temas igualmente inaceptables. Aunque no conozco a la expresidenta del Congreso, Sra. Lady Camones, y tampoco tengo una conexión política con su partido Alianza por el Progreso, no es conveniente ni aceptable que a menos de 30 días de elegida sus colegas decidan sacarla; esto desprestigia y desestabiliza al primer poder del Estado, sobre todo en la difícil situación política que estamos atravesando.

Es conocido que todas las conversaciones dentro de cualquier reunión informal o política siempre hay expresiones fuera de contexto y por años los pedidos de crear nuevos distritos se presentan al Congreso continuamente y su aprobación se da con cierta rapidez. Hoy el país tiene alrededor de 2,000 distritos y cada año se aprueban alrededor de 10 o 12.

Un tema histórico, es la lamentable partida de la longeva Reina Isabel II que ha conmovido al mundo y es impresionante que la Monarquía Inglesa persista por 12 siglos, desde el Rey Alfredo (año 878).
Finalmente, la Plaza Mayor es un lugar turístico y funcionan autoridades importantes y es inaceptable que se mantenga cerrada por disposiciones arbitrarias.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer a la comisión de Constitución del Congreso a sustentar el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución que establece dos cámaras y fija el número de senadores y diputados y la manera de elegirlos.

La novedad fue que el Premier presentó la delimitación de los macro distritos electorales para elegir senadores y la de los micro distritos electorales para elegir diputados.

Esta es la delimitación de los distritos electorales macro-regionales para elegir senadores:

Esto significa que habría seis macro-distritos para elegir senadores:

Al mismo tiempo, el Premier presentó la delimitación de los 50 distritos binominales para elegir diputados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, que resume las implicancias de ambas delimitaciones. Allí podemos ver en cuántos micro-distritos binominales se divide cada departamento y cuantos congresistas termina teniendo sumando diputados y senadores.

La primera constatación es que la delimitación en ambos casos no se basa en el criterio de la equivalencia poblacional, sino en el de la existencia de una realidad macro o micro-regional en términos de relaciones económicas, sociales o culturales. Ese criterio es correcto y mucho más realista que el puramente demográfico, aunque puede haber algún grado de arbitrariedad en la conformación de algunas macro-regiones, por ejemplo.

Pero hay un caso en que el criterio poblacional sí debe prevalecer: es el de Lima Metropolitana. Porque lo que la propuesta trae es una notoria sub-representación de Lima Metropolitana en comparación a su participación poblacional, cuando lo que el país requiere es recuperar para la política la a dirigencia nacional en los campos profesional, gremial, académico y empresarial, que incorpore una mirada nacional de largo plazo a los problemas, y que lamentablemente está concentrada en la capital. Lima tendría 12 diputados (12% del total) y 5 senadores (16% del total), con cerca del 30% de la población. Queda claramente infra representada. Por supuesto, la mejor alternativa para recuperar la dirigencia nacional sería que el Senado se elija en distrito único nacional, pero no es eso lo que se ha planteado y podría llevar a tener en ambas composiciones políticas muy diferentes que no favorezcan la gobernabilidad.

Conclusión

La solución, entonces, si nos mantenemos dentro de los términos planteados por el proyecto del Ejecutivo, sería incrementar el número total de senadores y diputados en la cantidad necesaria para darle a Lima su participación proporcional en la población nacional. Eso supone dividir a Lima en un número mayor de distritos binominales y asignarle más senadores.

La Gran Lima

La presentación del Premier incluyó también la división de Lima (incluyendo Callao), en seis distritos binominales, que son los siguientes:

Evidentemente, si se respetara la participación demográfica de Lima, esta tendría que ser dividida en alrededor de 14 distritos binominales.

Lampadia

Editorial de Lampadia

En Lampadia, amparados en la opinión de expertos en educación de distintas partes del mundo, hemos explicado en detalle que la educación escolar pública no solo adolece de ínfimos niveles de calidad, sino que también está basada en metodologías obsoletas, inhibidoras de la innovación y la creatividad. El magisterio sigue adscribiendo a la ‘lucha de clases’ (por estatuto) y las regulaciones son de filosofía castrense, verticales y centralistas. Todo lo contrario de lo necesario para formar ciudadanos capaces de progresar en el siglo XXI.

Además, hemos denunciado que el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, nunca reconoce el aporte del sector privado a la educación y solo se refiere a ella para destacar la supuesta “mala calidad” de algunas escuelas privadas.

Durante el proceso electoral, cuestionamos la voceada permanencia de Saavedra en el ministerio. Explicamos que el ministro más importante para los próximos cinco años es el de educación, pues a diferencia de los demás, sus falencias pueden hacer daños estructurales y de largo plazo. Luego de la ratificación de Saavedra en el cargo por el gobierno de PPK, supusimos que el ministro por lo menos morigeraría su inclinación contra el sector privado. Sin embargo, pareciera que está sucediendo lo contrario: ahora tenemos a un Saavedra ‘recargado’ que, aunque lo niegue, pretende hacerse de armas que le permitan constreñir la educación privada o someterla a una suerte de aplanadora regulatoria.

En un momento histórico en que la tecnología permite una formación individualizada en el Perú, se pretende regimentarla (ver: Más propuestas disruptivas para la educación). Ahora nos enfrentamos a un novísimo proyecto de reglamento de la educación privada que el mismo ministro defendió en RPP y que a pesar de las críticas no retira aún. Veamos la situación creada:

La proporción de alumnos que estudia en las escuelas privadas viene subiendo aceleradamente. Pasó de un 21% el 2005 a casi un 30% el 2015. Y en Lima Metropolitana el trasvase a la educación privada es aun más veloz, alcanzando nada menos que un 53.6% en la actualidad.[1] La inversión del sector privado en educación escolar supera el 3% del PBI. Es posible que algunos funcionarios en el ministerio de Educación vean este crecimiento con preocupación, y quizá por esa razón redactaron un proyecto de reglamento de la educación privada que buscaría contener esa expansión a la mala, imponiendo regulaciones imposibles de cumplir no solo por la escuela privada sino menos aun por la pública.

Es cierto que el Ministro  Saavedra, luego de las críticas, ha declarado que el mencionado texto, que contiene 48 páginas de faltas y sanciones, no es más que un borrador que va a ser modificado con  las observaciones formuladas por los privados, pero lo que preocupa es que una propuesta así haya podido nacer en el seno del ministerio. El destacado experto en educación, León Trahtemberg, ha declarado que el reglamento es “un horror”. Dicho proyecto no solamente persigue y acosa al sector privado, tratando siempre de encasillarlo, obstaculizándola innovación y socavando libertades, sino que además lo regula hasta en lo más nimio. Veamos:

1. El proyecto de reglamento establece, en su artículo 5.4, que es condición indispensable “Contratar únicamente como docentes a personas que cuenten con un título profesional en educación o en pedagogía, o con un título profesional de carreras afines a los cursos que van a dictar…”. Pero ocurre que muchos profesores de la educación privada son egresados o bachilleres universitarios o incluso magisters sin título profesional que, sin embargo, tienen más conocimientos y enseñan mejor que profesores con título pedagógico y no pueden enseñar “legalmente”. 

   Según el proyecto de reglamento, si un profesor no tiene título profesional, por más que sea bachiller o incluso tenga una maestría, la institución podría ser clausurada. Esto es absurdo.  ¿Qué va a pasar con todos estos profesores “no profesionales”? ¿Van a quedarse sin trabajo? 

No olvidemos, que una escuela es tan buena como la calidad de sus maestros. Estadísticamente no son los mejores estudiantes quienes estudian educación; ni siquiera los que tienen vocación por esta disciplina optan por ella. Sin embargo, algunos al terminar su carrera terminan trabajando en escuelas.  ¿En un país con escasez de profesores de calidad no es mejor modificar la ley para permitir este aporte o, en todo caso, crear ciclos cortos de capacitación “pedagógica” en las universidades o institutos que permitan regularizar esta situación? 

1. El proyecto de reglamento dispone también clausurar los colegios que incumplen los metros cuadrados exigidos por ambiente, pero los parámetros son tales que son incumplibles para la mayor parte. Así, por ejemplo, si tenemos una secretaría en un ambiente de 9 m² y no 10 m², pues el colegio queda clausurado.  Lo mismo si no se tiene cinco metros cuadrados por alumno en un laboratorio, taller o biblioteca, algo que carece de sentido: con 30 alumnos, por ejemplo, un laboratorio tendría que medir 150 m².  El Ministerio debería preocuparse por modificar la norma que establece esos metrajes, que es en definitiva la que genera estos excesos.  De otro lado, si en un aula hay un alumno de más en relación a lo establecido en la norma técnica, se clausura el colegio de inmediato.

1. Se disponen sanciones si se aumenta el número de horas lectivas. Resulta que los colegios privados, que tenían que cumplir con el programa educativo oficial, recurrieron a dictar más horas para introducir innovaciones. Así se pasó de 40 a 48 horas semanales. Pues el nuevo reglamento, después de que se han incorporado las innovaciones al estándar, prohíbe dictar una sola hora más, amenazando con grandes multas.

1. Los colegios no pueden tomar ninguna medida contra los deudores más allá de judicializar el tema. ¿Es correcto que un alumno asista todo el año sin pagar? ¿Cómo hacen los colegios para cumplir puntualmente con sus obligaciones si los padres no pagan las pensiones? Es como ir a una clínica y estar internado por varios meses, pero sin pagar ni tener seguro o ningún tipo de garantía, o salir de compras al súper mercado y llevarse la carretilla llena sin pagar… ¿No debería el Minedu defender a los colegios privados?

1. Las sanciones a los colegios privados llegan hasta 100 UITs (S/. 395,000), monto impagable para casi la totalidad de colegios del Perú. No se respeta el principio de proporcionalidad entre la multa y la gravedad de la falta o la reincidencia. Y, por cierto, no vemos cómo eso podría desterrar la informalidad; solo afectará a los colegios serios.

Como toda actividad de producción de bienes y servicios nacionales, una cierta proporción de la educación  se desenvuelve de manera informal, es decir, al margen de muchas de las leyes y reglamentos que regulan su funcionamiento (Minedu, Mintra, Sunat, Municipalidades, etc.). Sin embargo, día a día, compite victoriosamente con la educación pública a pesar de que la primera es pagante y la pública es gratuita. Sería interesante ver qué pasaría con los colegios públicos si se les aplicara la misma normatividad que a los privados. ¿Cuántos evitarían ser clausurados?  

La política general del gobierno del presidente Kuczynski tiene como importante finalidad combatir la informalidad, no destruirla. En su caso, el ya famoso “proyecto de reglamento de la educación privada” convierte a Ministerio en el gran perseguidor de la educación privada informal y, de paso, acosador del formal, dotándolo de las armas más contundentes para anularlo. ¿No es mejor tolerarlo y más bien mejorar la educación pública para que, aprovechando la ventaja de la gratuidad de la enseñanza, obligue a las escuelas privadas a subir sus estándares?  Sobre todo, si día a día la población le ratifica su “confianza” pagando lo que puede ser un servicio gratuito. 

En el último CADE por la Educación hemos visto al Ministro Jaime Saavedra y a su Vice Ministro Juan Pablo Silva insistir en la misma actitud regulatoria y persecutoria. Como existen informales, regulemos y acosemos a los formales. A pesar de ser ambos destacados economistas, hasta el momento no se han percatado de que a mayor  regulación, mayor informalidad. La regulación implica aumento de costos y ello lleva, ineluctablemente, a expulsar a los colegios con menos recursos de la formalidad. No es con regulación como vamos a desaparecerlos. Es mejorando la oferta de la educación pública, que en muchos casos ni siquiera existe allá donde campea la informalidad. El Minedu regula siempre pensando en los colegios más caros de Lima, establece normas  o permite que las cree el Congreso sin oponerse a ninguno de esos atropellos en contra del sector. Es claro que no ven con buenos ojos la participación del sector privado en educación, sea con o sin fines de lucro. 

A muchos educadores les preocupa el tema de la innovación en educación y el proyecto de reglamento no lo contempla para nada. El Ministerio debería promover más la innovación en lugar de convertirse en un ente policial dedicado a perseguir colegios y a parametrarlos completamente. El Minedu, dado que no puede cubrir toda la demanda, podría promover más la intervención de privados en la gestión pública. Por ejemplo, fomentando Asociaciones Público Privadas para administrar redes de colegios públicos, al estilo Fe y Alegría, algo que se resiste a hacer.

El Perú requiere un Minedu que lidere la educación y no un ente policial más. Respecto al sector privado, debería ser un ente promotor y facilitador. Debería además agradecerle todo lo que hace por la educación de nuestros niños y jóvenes. El Estado tiene ya demasiados problemas en el sector público como para estar destinando su tiempo a un sector donde los padres saben defenderse y pueden acudir al Indecopi, incluso anónimamente.

Lampadia

Por: Elmer Cuba, Director de Macroconsult

(Caretas, 4 de Septiembre del 2014)

Entre 2004 y 2013 la economía peruana casi se ha duplicado en tamaño. Ha sido una década muy importante. El crecimiento económico ha hecho posible que muchas familias dejen la pobreza monetaria. Este hecho no es menor y ha comenzado a cambiar las estructuras sociales.

Sin embargo, aún se necesita por lo menos dos décadas de acelerado crecimiento y una mejora sustancial en la calidad de los servicios públicos para que tengamos una sociedad con mejor cohesión social.

Según el INEI, en 2013 la pobreza monetaria comienza por debajo de los 292 soles mensuales por persona. Es decir, en el Perú se considera pobre si el gasto mensual por persona es inferior a ese número. Asimismo, la pobreza extrema aparece debajo de los 155 soles mensuales por persona. Estos son promedios nacionales y el umbral varía según cada región geográfica.

En 2003 la mayoría de familias peruanas eran consideradas pobres. Hay otra categoría, que podemos llamar “ex pobres”. Es decir, familias que ganan o gastan por encima del umbral de la pobreza monetaria, pero cualquier evento (una enfermedad, muerte, robo, etc.) los puede volver a una situación de pobreza. [También se le llama clase media no consolidada].

Existe también una clase media, que está más alejada de la línea de pobreza monetaria.

Entre 2004 y 2013 la forma de la pirámide de ingresos ha cambiado a un rombo. Ello refleja una mayoría de clase media. Tal vez por primera vez la sociedad peruana está teniendo otra estructura.

En la década en mención, los hogares se han incrementado en 28%. Pero el crecimiento de la clase media ha sido notable. De hecho ha aumentado en 118%. Una velocidad mayor a la disminución de familias pobres, que han caído en 30%. Ello se ha reflejado en el boom inmobiliario y boom de ventas de automóviles, entre otros.

También seha incrementado la clase social “ex pobre” [o clase media no consolidada].Ha crecido en 25%. Ello lleva a una mayor presión sobre los servicios públicos de calidad que en estado aun no provee.

Lima

Pero el Perú sigue siendo una sociedad geográficamente muy heterogénea. Si Lima fuese el Perú, ese “país” tendría un PBI per cápita (en dólares de paridad de compra) parecido al que presenta Chile hoy en día.

En Lima casi no hay pobres. Tiene una clase media ampliamente mayoritaria. De hecho, tiene el 45% del total de las familias de clase media nacional, con una población que es sólo el 30% del país.

Es decir, más que un rombo, Lima se parece más a un diamante.

Resto Urbano

En del resto de ciudades vive la gran mayoría del país, 44% de las familias del Perú. Estas ciudades tienen una estructura social más parecida al promedio nacional. Son más “representativas” de la actual sociedad peruana.

Perú Rural

En 2004, el mundo rural presentaba una estructura social que bien podría reflejar el Perú colonial. En la última década ciertamente se observan  cambios, aunque la forma de pirámide sigue siendo dominante. Es decir, si bien el crecimiento ha hecho parte del trabajo, se necesitan intervenciones inteligentes por parte del Estado. La mayoría de productores practica la agricultura de subsistencia o son pequeños agricultores. En general, presentan una muy baja productividad.

No es casualidad que la mayoría de conflictos sociales ocurra en el mundo rural, donde también hay menor presencia estatal. El Baguazo y Conga son los sucesos de mayor repercusión nacional, con impactos directos en la caída de tres gabinetes ministeriales en el período en mención.

En definitiva, en nuestro país la economía -en su mejor década productiva- ha comenzado a alterar el ADN de la sociedad peruana. Sin embargo, el camino por recorrer todavía es largo, sobre todo para el llamado “interior” del país.

Este interior presenta un PBI per cápita (en dólares ppp) parecido al boliviano. Por ello, medio en broma medio en serio, económicamente Perú es como una combinación de Bolivia y Chile.