Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

El sistema institucional supone que entreguemos las mediciones del equilibrio público, las prioridades y los ejercicios de ponderación de intereses colectivos a las autoridades elegidas y a las establecidas por ellas. Pero en un marco que admite nuestro derecho a disentir de sus decisiones en defensa de nuestros derechos y preferencias subjetivas. En cualquier caso el sistema institucional cuenta con que entreguemos nuestras disputas a una institución en particular, la judicatura, cuyas decisiones estamos obligados a respetar incluso en la diferencia, cuando se falla en contra de lo que esperamos que reconozca como justo, salvo claro en casos extremos como las que se expresan cuando media la corrupción o la impunidad más aberrante.

Pues bien, en la cuestión sobre los S/ 524 millones que Odebrecht pidió liberar a su favor, la jueza Álvarez Calderón acaba de tomar una decisión. Los ha liberado. Y los ha liberado porque las partes en este caso, incluyendo a la Procuraduría, han declarado estar de acuerdo con que se proceda a la devolución.

Si no hay una controversia por resolver entonces no hay nada que decidir.

No estoy de acuerdo con esta liberación. Creo que los acuerdos de colaboración con el Estado deben ser leídos de una manera distinta a la que ha empleado las partes en este caso. Creo que los fondos debían haber sido retenidos hasta que Odebrecht repare los daños que parece haber causado en Olmos, los que sin duda ha causado en el sistema de árbitros privados y los que ha causado también al sistema de financiamiento de la política, para listar los tres ejemplos más evidentes de lo que aún no se ha reparado.

Las partes sin embargo parecen entender que esto puede hacerse luego. Las razones que exhiben no son en absoluto absurdas ni son poco atendibles. Discrepar con ellas no me impide reconocer en ellas una de postura respetable. Entonces habrá que proceder en consecuencia. Pero encuentro que “proceder en consecuencia” no implica sólo girar un cheque a nombre de la empresa más corrupta de nuestra historia reciente. Es imposible dejar de notar que la liberación de los S/ 524 millones ha quebrado uno de los fundamentos de equilibrio del acuerdo de los S/ 610 millones. Entonces “proceder en consecuencia” significa en este caso ejecutar la orden impartida pero también y con urgencia devolverle al acuerdo el equilibrio que acaba de perderse.

Quiero explicarme. El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht, el de los S/ 610 millones de reparación, está sujeto a un cronograma a quince años, debe ser reforzado, para que se mantenga en equilibrio, con dos llaves: intereses que compensen el paso del tiempo y garantías que protejan al Estado de la incertidumbre que representa el futuro. En la primera versión del acuerdo de los S/ 610 millones no se establecieron intereses. La procuraduría y Odebrecht tuvieron que modificar el acuerdo antes de la audiencia de aprobación para incorporarlos, y entonces el valor nominal del acuerdo subió, según mis cálculos, a más de S/ 780 millones.

Entonces el acuerdo adquirió intereses y tenía garantías, pero implícitas. Al aprobar el acuerdo la jueza hizo explícita una garantía que aplicó al saldo teórico de la venta de Chaglla, los S/ 524 millones de los que hablamos ahora, que resultan de descontar del precio de venta la deuda vencida y los pagos inmediatos que se hicieron al Estado. Conforme a esta condición el monto debía ser retenido hasta que se aclare si habría o no más casos por discutir. Entonces la enmienda y la resolución judicial que aprobó el acuerdo completaron las llaves de su equilibrio.

La decisión que acaba de hacerse pública deja al acuerdo sin su única garantía directa. El acuerdo entonces ha quedado en desbalance, y el Estado desprotegido. Sin garantías un acuerdo a 15 años vale menos que su valor nominal, aunque corran los intereses. Odebrecht además nos ha dejado saber que puede quebrar en cualquier momento. Entonces imaginemos que el Estado decidiera emitir bonos contra ese acuerdo, que no tiene garantías y tiene una contraparte que se tambalea financieramente ¿Cuánto cree usted que valdrían esos bonos en el mercado?

Las decisiones judiciales deben ser respetadas, sin duda. Pero los equilibrios financieros deben ser restituidos cuando son afectados por una de ellas. Y en este caso el equilibrio del acuerdo ha quedado dañado. La consecuencia es fácil de describir: La procuraduría está obligada ante todas y ante todos nosotros a conseguir una garantía sólida que respalde este acuerdo. Y debe hacerlo de inmediato.

No se trata, no lo creo, de seguir repitiendo que sin ese acuerdo no tendremos evidencias. Ya es tiempo de notar que en una relación como la que se desprende de una acuerdo de colaboración el Estado es exactamente eso, el Estado. Hemos comenzado a actuar respecto a Odebrecht como contraparte débil y ese es una senda que no debemos transitar.

Entonces la procuraduría tiene la palabra. Diría más bien: el deber de restaurar nuestra confianza.

Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los hechos

En pleno domingo, 8 de julio, aprovechando un momento de descanso y de distracción mundialista, un grupo de petistas (un abogado, tres parlamentarios y un juez provisional) armaron una jugada deshonesta para liberar a Lula. Tres diputados del PT elaboraron un pedido de Habeas Corpus para la liberación inmediata de Lula y lo presentaron a su ex-colega de partido el juez provisional, Rogerio Favreto, circunstancialmente responsable del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), el mismo juzgado que tres meses atrás confirmó por unanimidad la condena de Lula y amplió su sentencia a 12 años de prisión. Los congresistas ya sabían que el juez Favreto estaría “de guardia” el domingo y que sería él quien procesaría el Habeas Corpus y lo presentaron como parte de una maniobra política compleja.

Por una oportuna intervención de Sergio Moro, el juez el Pedro Gebran Neto, vocal del 8º Tribunal del TRF-4, rechazó la orden del juez Favreto por incompetente para cambiar en forma unipersonal lo que había sido una decisión colegiada.

El juez Favreto, emitió una segunda y una tercera orden, exigiendo que la Policía Federal liberara a Lula en forma inmediata, dándole en una hora de plazo, o estaría cometiendo desacato a una orden judicial. La Policía Federal, ponderando lo irregular de la situación, no obedeció al juez Favreto y respondió que esperaría una decisión de los jueces permanentes del TRF-4, antes de tomar cualquier acción para modificar el estatus del prisionero Lula da Silva.

Ese mismo domingo, minutos más tarde, el juez Carlos Flores, el presidente del TRF-4, emitió una sentencia negando la orden del juez provisional Favreto, y declarándolo incompetente para alterar una decisión colegiada.

Dos días después, el 10 de julio, el Superior Tribunal de Justicia, STJ, corte federal de 3ª instancia del país, evaluó la decisión del juez Favreto sobre el pedido de Habeas Corpus y declaró nula su decisión. La presidente del STJ calificó el intento de los abogados petistas y del juez Favreto como una maniobra teratológica, es decir monstruosa, y ha felicitado al juez Sergio Moro por su oportuna intervención cautelar. Con la intervención del STJ se ha confirmado que no existe una controversia entre jueces de 2ª instancia, sino un intento ilegal de anular las tres sentencias de condena de Lula. Con esto se cierra el incidente judicial, pero quedan secuelas y preocupaciones.

Antes de explicar el juego político detrás de todo esto conviene recordar algunos hechos:

1. Lula fue condenado por el juez Sergio Moro por corrupción y lavado de activos (el primero de los 8 juicios hoy en proceso).
2. La defensa de Lula apeló a la segunda instancia, el TRF-4. Pero los tres jueces del TRF-4 confirmaron la sentencia del juez Moro, por unanimidad, encontraron a Lula culpable además de lavado de activos y ampliaron la sentencia a 12 años de prisión.
3. La defensa de Lula apeló al STJ (3º instancia), por medio de un Habeas Corpus, y el STJ decidió, también por unanimidad, confirmar la sentencia del TRF-4.
4. La defensa de Lula presentó otro Habeas Corpus al Supremo Tribunal Federal solicitando la liberación de Lula, y el STF decidió, por mayoría, mantener la sentencia del TRF-4 y el encarcelamiento de Lula.
5. Un total de 4 juzgados y 15 jueces han respaldado la prisión de Lula.

El supuesto “hecho nuevo” presentado por el juez Favreto para justificar su decisión unipersonal de liberar a Lula era porque Lula ‘es un pre-candidato y como tal necesita estar en libertad para defender plenamente su candidatura’, aunque la ley electoral brasileña prohíbe a los corruptos ser candidatos, y Lula está condenado por corrupto. No le interesó al juez Favreto los sustentos de la sentencia de Lula pues primaron sus intereses políticos. Con este argumento, todos los asesinos, corruptos, traficantes y estupradores pueden declararse pre-candidatos y solicitar su libertad inmediata.

La defensa de Lula es muy sofisticada y extraordinariamente activa. Ya ha presentado cerca de 80 apelaciones intentando liberar a su defendido o bloquear los otros 7 juicios. Adicionalmente el PT ha presentado 143 Habeas Corpus adicionales. Hasta el momento Lula ha perdido todas las apelaciones, pues carecen de sustento y son, muchas veces, son simplemente ilegales. Esta maniobra dominical, calificada por la presidente del STJ como teratológica (monstruosa) es la más grave de todas, pero no será la última, pues conociendo al PT, podemos decir que muchas otras vendrán en los próximos meses.

 El plan A del PT

Fue armado para liberar a Lula, montar una manifestación en su respaldo y crear un incidente político por su nuevo encarcelamiento. La presidente del PT, Gleisi Hoffman, estaba en el Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Paulo, esperando la noticia de su liberación. Los líderes del PT lo planificaron con su militancia en función de la presencia del juez Favreto como juez provisional a cargo del TRF-4. El PT sabía que la anulación de una sentencia colegiada, confirmada por la 3ª instancia (STJ y TRF) era ilegal, y que muy probablemente sería anulada en pocas horas. Por ello, la gestión fue hecha el domingo para aprovechar que las instancias judiciales no estarían en sesión.

Para la sorpresa del juez Favreto, la Policía Federal no obedeció sus órdenes en forma inmediata, esperando por una decisión del presidente del TRF-4, el juez Carlos Flores. Como comenté antes, el juez Flores declaró que el juez Favreto era incompetente para la decisión, que la pre-candidatura de Lula era conocida a meses y que no había ningún hecho jurídico nuevo que justificara su liberación.

El juez provisional Favreto fue militante del Partido de los Trabajadores, PT, de 1991 hasta 2011, es decir, veinte años. Favreto no ingresó al TRF-4 por concurso público, sino que fue nombrado por Dilma Rousseff. A pesar de que esos hechos son de conocimiento público, el juez Favreto no se inhibió de pronunciarse respecto a su líder político, sino que se dedicó a forzar la ley y manipular las instituciones.

El plan B del PT

Consistía en generar una controversia judicial entre dos jueces de 2ª instancia (Favreto y Gebran) que justificara una intervención de los jueces de 3ª instancia, más politizados, donde el PT tiene mayor influencia, especialmente en el Supremo Tribunal Federal. Sucede que el juez Dias Tóffoli, ex-abogado del PT y nombrado por Dilma Rousseff, va asumir la presidencia del STF. Hombre de confianza del PT, Dias Tóffoli acaba de liberar al importante líder petista José Dirceu (el probable artífice de toda esta maniobra por la liberación de Lula). El PT quería aprovechar el ingreso de Dias Tóffoli al STF para “resolver” la discrepancia. Lo que cortó ese plan ha sido la decisión del presidente del TRF-4 declarando incompetente a Favreto y la sub-siguiente decisión del STJ anulando la tesis de la controversia jurídica. El STJ fue enfático diciendo que no había controversia jurídica y que el tema de la prisión de Lula ya estaba resuelto. Ahora, el PT va tener que montar otro plan para liberar a Lula y viabilizar su candidatura.

 El plan C del PT

Consistía en buscar pretextos para atacar al juez Sergio Moro y a los jueces del TRF-4 que condenaron a Lula. En los tres días siguientes al incidente, Moro ha recibido decenas de amenazas de muerte, y varios pedidos de juicio administrativo, por haber alertado al TRF-4 de la maniobra del juez Favreto. Además, el STJ ha abierto una investigación a Rogerio Favreto, Pedro Gebran Neto y Sergio Moro, para ver si alguno de ellos ha cometido actos ilegales en los hechos recientes.

Esa maniobra por liberar a Lula en base a una decisión unipersonal, en un fin de semana, con un “hecho nuevo” inventado, fue la agresión más seria que el sistema judicial brasileño ha recibido en años. La jueza Laurita Vaz, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STF, expresó su profunda extrañeza por la decisión del juez provisional y la calificó de teratológica, es decir, monstruosa. En la sentencia de anulación de la decisión del juez Favreto, la juez Vaz sostuvo: Reafirmo la absoluta incompetencia del juez provisional para deliberar sobre una cuestión que ya fue decidida por este Superior Tribunal de Justicia y por el Supremo Tribunal Federal… Ella también calificó la intervención del juez Sergio Moro como oportuna y precautoria. Además, ha ordenado a Lula que, en un plazo de cinco días, comunique al poder judicial si él, de alguna manera, ha participado de la maniobra, pues si él ha participado en esa maniobra, va estar sujeto a nuevas sanciones.

Esta maniobra fue preparada por el PT sin acuerdo con los abogados de defensa de Lula, quienes la consideraban inconveniente, dentro de su estrategia jurídica. Sin embargo, predominaron los intentos de los líderes del PT de crear un hecho político. La preocupación de los abogados era que un incidente de ese tipo podría dificultar nuevas apelaciones. Sin embargo, el PT confía que, cuando Dias Tóffoli asuma la presidencia del STF, en setiembre y tal vez en julio, ellos podrán reabrir el juicio a Lula y anular su sentencia para que él pueda salir libre y ser candidato.

Como lo expresó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, STJ, la jueza Laurita Vaz, esa maniobra del PT representó una agresión seria a la institucionalidad jurídica del país e intento de manipulación de la Policía Federal. La maniobra ha servido para evidenciar a todos los líderes políticos e instituciones del país hasta donde el PT está dispuesto a violentar la institucionalidad para lograr sus objetivos políticos. Es decir, ya saben que están en una guerra avisada.

La sensación que esta maniobra ha dejado en la sociedad brasileña es que el PT tiene importantes mecanismos para romper la institucionalidad jurídica del país, y que apuesta todo en la candidatura de Lula. Con casi 30% de la población dependiente de la Bolsa Familia y con la imagen generalizada de corrupción de la clase política, Lula tiene buenas posibilidades en un proceso electoral. Con 62% de anti-voto, él difícilmente ganaría una segunda vuelta, pero el nivel de polarización que producirá va a ser muy perjudicial.

Por ahora el PT ha perdido una batalla, pero una batalla no es la guerra, y el sistema judicial brasileño tiene muchas vulnerabilidades: no es una estructura sólida ni transparente, las doctrinas que orientan a los jueces son contradictorias y se prestan a múltiples interpretaciones y maniobras. En la 2ª instancia, los jueces federales tienen tradiciones meritocráticas, pero en el STF los nombramientos son politizados y ocurren por los intereses de los presidentes de turno. Los 13 años de gobierno del PT han llevado a que una fracción muy significativa de la composición del STF sean jueces con inclinación política e ideológica hacia el PT.

Los próximos 5 meses de enfrentamiento jurídico y electoral van a tener un impacto de largo plazo sobre la sociedad brasileña. El PT va jugar todas sus cartas para fracturar el sistema y permitir la candidatura de Lula.

La barrera para la candidatura de Lula es que los abogados y jueces petistas, hasta ahora, no logran romper el sistema jurídico del país, ni logran el control del STF. Si lograran el control del STF, con la presidencia de Dias Tóffoli, Lula logrará postular. Si fuera así, las elecciones brasileñas se darían en un ambiente de inseguridad jurídica excepcional.

Con un PT radicalizado por su sentimiento de revancha y amplios sectores de la clase media decididos a evitar que la tragedia venezolana se repita en el Brasil, la polarización política es lo único previsible en estos momentos. Son 33 años de democracia continuada que ha permitido el desarrollo de elementos de expresión política. ¿cuanto capital institucional ha logrado la sociedad en ese período?

¿Logrará la lucha contra la corrupción, desencadenada por Lava Jato, producir un cambio positivo en el sistema político del país, o la alianza entre el populismo y la corrupción logrará revertir el proceso y bloquear las posibilidades de progreso del país? Los próximos meses van dar elementos para responder a esa pregunta.  Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

En las elecciones del pasado domingo, los líderes de la oposición en Venezuela, la coalición de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ganaron más del doble de escaños que los socialistas en la Asamblea Nacional, castigando al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la profunda crisis económica, política y social del país.

El que el gobierno venezolano haya tenido que reconocer la derrota no lo hace democrático ni respetuoso de la voluntad popular. El proceso electoral ha estado plagado de eventos anti democráticos, no se permitieron observadores, se acosó a la oposición, se dieron amenazas desde la cúpula del poder, se alargó la hora de la votación, se manipularon votaciones en las cárceles, etc. Todo esto con el afán de evitar que la oposición tome la mayoría calificada, cosa que parece logró el gobierno.

Fue la primera vez en 16 años que el movimiento “chavista”, llamado así por el ex presidente del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, pierde la mayoría en la asamblea de 167 miembros y da a la oposición una plataforma para erosionar aún más el poder de Maduro. La oposición se ha comprometido a usar su nueva mayoría en la legislatura de Venezuela para liberar a los opositores encarcelados por el gobierno chavista, pero también dijeron que no desmantelarían las políticas de bienestar populares.

El presidente de la Asamblea, quien fue elegido a dedo por Chávez (pero carece de su carisma y astucia política) aceptó rápidamente la derrota en un discurso a la nación en las primeras horas del lunes, calmando los temores de una posible violencia. Consciente de que la victoria se debió más al descontento público con Maduro que al apoyo de la oposición, secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, instó a los venezolanos a enterrar sus diferencias.

“Comenzó el cambio Venezuela, hoy tenemos razones para celebrar, el país pedía un cambio, ese cambio comenzó hoy”, Torrealba, quien fue burlado por Maduro como un “mal Shrek” durante la campaña, dijo a sus seguidores en un discurso de victoria.

El secretario ejecutivo de la MUD añadió que los resultados le envían un mensaje claro al Gobierno de que el país está cansado de “vivir las consecuencias de un fracaso”. “Venezuela puede estar tranquila. La unidad sabrá administrar el triunfo y no llegará a atropellar a nadie. Hoy esto cambió y ahora la Asamblea tiene una dirigencia del pueblo. Esta victoria es real para aquellos que han sido perseguidos, encarcelados e inhabilitados”, subrayó.

El preso político más conocido en Venezuela es Leopoldo López, quien fue sentenciado a casi 14 años, acusado abusivamente en 2014 de promover la “violencia política”. Pero la oposición tiene una lista de lo que dicen ser más de 70 presos políticos.

¿Qué tan grande es la mayoría?

Según la información publicada por el CNE en su página de internet, la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo 109 curules en el voto lista y nominal, a los que hay que sumar tres diputaciones por las circunscripciones indígenas. Esto significa que podrían, en teoría, despedir a ministros después de un voto de censura.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se quedó en 55 de los 167 curules de la Asamblea Nacional. En porcentaje, el CNE informó que la oposición logró un 65.27% de los votos emitidos y el oficialismo un 32.93%.Con dos tercios, la oposición podría tratar de hacer modificaciones a las instituciones, como a los tribunales, ampliamente vistos como pro-gobierno. Incluso con sólo una mayoría simple, la oposición puede ejercer control sobre el presupuesto, dar marcha a investigaciones que podrían afectar al gobierno y aprobar la ley de amnistía.

Con 112 diputados de un total de 167 la oposición puede proceder a elaborar leyes orgánicas, aunque éstas todavía tienen que ser firmadas por el presidente. También puede designar a los poderes Judicial y Electoral, pero a través de un complejo procedimiento. Pero lo más crucial es la posibilidad de reformar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, todavía tendrían que negociar con Maduro. Este es uno de los retos más importantes ya que el presidente venezolano no aceptará muchos de los cambios. Por lo pronto, ya anunció que rechazará la anunciada ley de amnistía, considerada una prioridad por la nueva mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional. “No aceptaré ninguna ley de amnistía. Me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de este pueblo tienen que pagar”, declaró Maduro.

La caída de Maduro

Maduro, cuyo gobierno ha sustituido a Cuba como el adversario más vocal de América Latina contra los Estados Unidos, culpó el resultado de las elecciones a una “guerra económica” llevada a cabo por líderes empresariales y otros opositores en el extranjero con el fin de sabotear la economía y lo llevan hacia abajo. “En Venezuela, ganó la contrarrevolución, no la oposición”, agregó en su discurso el lunes.

Muchos venezolanos no han comprado este argumento, sin embargo, culpándolo por la inflación más alta del mundo, la escasez desde la leche hasta los medicamentos y una moneda devaluada que cotiza en el mercado negro a casi 150 veces su tasa oficial.

La persistencia de Maduro con los controles de divisas y de precios complejos han contribuido a distorsiones económicas de Venezuela, pero, a diferencia de Chávez, también ha tenido que lidiar con una caída en el precio de la única exportación significativa de Venezuela, más del 95% de ellas: el petróleo.

La derrota del gobierno fue otro gran golpe para el bloque latinoamericano de gobiernos de izquierda después, especialmente después de las elecciones presidenciales de Argentina el mes pasado. Esperemos que los gobiernos ideologizados de la región sigan esa tendencia centro-derechista hacia democracias más libres y economías más prósperas. Lampadia

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