Como lo demuestra el comportamiento de una serie de indicadores económicos y sociales de la actividad agraria en el país, desde la entrada en vigencia de este régimen especial en el año 2001, se ha observado un crecimiento inusitado y exponencial de la agroexportación, algo jamás antes visto en toda nuestra historia republicana. Estos hechos los ha reflejado muy bien la Sociedad de Comercio Exterior – ComexPerú en una reciente presentación que compartimos al final del artículo.

Veamos los indicadores más destacables:

• Un incremento de la formalidad en el empleo del sector, que ascendió a casi 20 puntos porcentuales en la costa.

• Posicionamiento de las empresas agrarias entre los principales empleadores a nivel nacional. Entre las empresas del rubro a destacar se encuentran Complejo Agroindustrial Beta (5°), Camposol (7°), Danper Trujillo (8°), Sociedad Agrícola Virú (9°) y Sociedad Agrícola Drokasa (19°).

• Un aumento considerable de la participación de la mujer en la fuerza laboral del sector, la cual está considerada entre las más altas en toda la economía.

• Un incremento significativo de la contribución a las arcas del Estado por parte del agro gracias al crecimiento económico experimentado por dicho sector.

• Un crecimiento exponencial de las agroexportaciones las cuales se multiplicaron por 10 en las últimas dos décadas.

• Exportaciones que además son altamente productivas, lo cual se sustenta en su formidable capacidad para equilibrar la balanza comercial (ver Lampadia: La Nueva Agricultura Peruana), y por ende, en constituirse como importantes fuentes de divisas. Así, en el Perú usamos tan solo 180,000 hectáreas de cultivo de productos agroindustriales, a cambio de 2’570,000 hectáreas de cultivo en productos tradicionales que se cultivan en el resto del mundo, lo cual nos hace 14 veces más productivos respecto al resto del globo en este rubro.

• Ello sin mencionar nuestro posicionamiento como líderes mundiales en varios de los mercados internacionales de agroexportación.

Así, recientemente se vienen discutiendo algunos cambios a la ley, así como su prórroga por 10 años más, a propósito del dictamen emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, Minagri); sin embargo, ambas iniciativas no están encausadas hacia lo que debiera ser por amplio margen la prioridad de este sector: la vigencia permanente del régimen especial agrario.

Según cálculos de ComexPerú, la renovación de la Ley de Promoción Agraria, dándole un horizonte de largo plazo, permitiría alcanzar un millón de puestos de trabajo directos y dos millones de puestos indirectos, en un sector (agroexportación) que además representa el 3% del PBI y el 11.4% del trabajo formal del sector privado. Asimismo, permitirá:

• Duplicar el empleo formal en los próximos 5 años.
• Potenciar los beneficios para los peruanos en las zonas más alejadas del país ej. Inversiones de palmito en selva (Amazonas).
• Acercar al ciudadano oportunidades de empleo y esperanza de un futuro mejor.
• Otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a las inversiones para asegurar la ejecución de los proyectos de irrigación.
• Consolidar al Perú como potencia agroexportadora y proveedor de alimentos a nivel global.

Por otra parte, es menester señalar que entre los aciertos de esta discusión impulsada por el Minagri, es que la ministra ha mostrado la intención de hacer efectiva su aplicación al sector forestal y acuícola. Consideramos que de darse tal suceso, se promovería una mayor dinámica económica a ambos sectores, cuyo enorme potencial aún ha sido poco explorado por nuestras autoridades, en particular, el sector forestal.

Lamentablemente la ministra ha declarado: “El dictamen es por 10 años y nosotros hemos conversado con el Congreso, porque lo que tenemos que encontrar es un régimen, que vaya acercándose al general, porque ya sabemos que es temporal”.

Lo que quiere decir que Fabiola Muñoz no entiende la importancia del sector para las más caras necesidades del país, empleo y formalización.

Esperamos que la discusión en torno a la vigencia permanente del régimen especial agrario pueda ser ponderada en las sesiones próximas que se darán en el Congreso. Aún estamos a tiempo de seguir generando desarrollo en el sector que más empleo genera en nuestro país. Lampadia

A continuación, compartimos la presentación completa elaborada por ComexPerú respecto del éxito del sector agroexportación en las últimas dos décadas.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Bastó que el régimen laboral agrario de la ley 27360 fuera exitoso, para que se convirtiera en un blanco de ataques. Nuestra consabida pulsión tanática no se pudo resistir. No soportamos lo que funciona bien, porque sus virtudes nos pueden alcanzar, sobre todo si pertenecemos al segmento exclusivo protegido por la costosa regulación común. Que un régimen flexible y menos oneroso generara rápidamente mucho empleo formal, era un mal ejemplo. Sus logros espectaculares eran un cuestionamiento directo al oneroso y sacrosanto régimen general. Había que igualarlo en lo posible a ese régimen, para quitarle amenaza. Es lo que está haciendo, en lo que se refiere a los beneficios sociales, el dictamen aprobado en la Comisión Agraria del Congreso, que eleva los costos no salariales del trabajo equiparándolos a los del régimen común.

En efecto, el dictamen aprobado aumenta la remuneración básica diaria en 8%, aumenta la indemnización por despido de 15 a 45 días por cada año completo de servicios con un máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias, pasa las vacaciones de 15 a 30 días por año, e incremente el aporte del empleador a Essalud de 4% a 6%. Es decir, salvo por el pago a Essalud, que todavía está debajo del 9%, en lo demás los beneficios sociales son tan elevados como en el régimen general.

Perjudica a pequeños y medianos

El problema de esto es el mismo que con el régimen general: los costos no salariales del trabajo son tan caros que resultan excluyentes, salvo para la gran empresa, que puede pagarlos. Justamente en el siguiente cuadro, que aparece en el propio dictamen aprobado, vemos que el 61% de las empresas acogidas a la ley 27360 (régimen laboral especial) tienen entre 1 y 10 trabajadores y el 79% tiene entre 1 y 50 trabajadores. Esto significa que el régimen modificado, más costoso, va a perjudicar, si se aprueba, a una gran proporción de las empresas acogidas a él. Muchas quizá tengan que re-informalizar a sus trabajadores.

Aunque es cierto que la mayor parte de los trabajadores (339,176 de 382,094 según un cuadro de la Sunat publicado en el dictamen) labora en empresas agroexportadoras grandes, de modo que su situación probablemente no variará, de todas maneras la ley, si se aprueba, puede afectar a los 43 mil que están en empresas pequeñas o medianas y de hecho pone una valla difícil de saltar para todas aquellas empresas pequeñas o medianas que quieran formalizarse. El mismo problema de siempre.

Subir IR en lugar de encarecer formalidad laboral

Menos mal que el dictamen mantiene el concepto del pago diario en el que se incluyen los distintos beneficios, que es clave para poder llevar adelante la actividad. Mantiene también el impuesto a la renta (IR) de solo 15% de las utilidades. En verdad, debería ser al revés: desde el punto de vista estructural –tanto de la formalización de la mano de obra como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales-, mucho más lógico hubiese sido subir en alguna medida el impuesto a la renta –no al 30% pero si cuando menos al promedio global que está alrededor del 23%-, en lugar de encarecer la formalidad laboral. Tendríamos más ingresos fiscales y también más formalidad laboral: dos áreas en las que tenemos déficits estructurales. 

Extenderlo a la industria ligera

Pues, además, al haber el dictamen optado por equiparar los beneficios con el régimen general, pierde mucho de su sentido la posibilidad interesante de extender este régimen a otros sectores nacientes o a aquellos vulnerables que afrontan competencia externa desleal. En efecto, si el régimen, tal como estaba, había resultado muy efectivo para formalizar el trabajo en el sector rural agroexportador, la idea no era anular algunas de sus ventajas como se haría al encarecerlo, sino, por el contrario, extenderlo al sector forestal, a la acuicultura y también –algo que no se ha planteado pero que sería necesario- a la industria ligera y sensible que genera mucho empleo y compite con importaciones del exterior que muchas veces viene con precios irrealmente bajos y frente a las cuales las medidas antidumping no son lo suficientemente rápidas ni eficaces. Esa industria necesita un régimen como el de la ley 27360.

Permanente

Por último, algo que tampoco se entiende es por qué en el dictamen, si ya los beneficios sociales son iguales a los del régimen general, se prorroga el régimen especial por diez años en lugar de convertirlo en permanente. El concepto del pago diario con los beneficios incluidos es la clave de su éxito, medido en términos de expansión de la actividad y del empleo formal. Es consustancial al tipo de actividad. Por lo tanto, no tiene un carácter promocional temporal. Es indispensable para el mantenimiento y crecimiento del sector. Debe ser permanente.

El sentido común indica que si algo funciona bien, no hay que tocarlo sino consolidarlo y más bien tratar de extender su principio a otros ámbitos. Pero ya sabemos que en la política nacional el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que un país no puede avanzar si no capitaliza sus buenas experiencias y desecha las malas. Lampadia