La dirección del Estado depende de los objetivos y de las metas que tengan quienes lo conducen. Sin objetivos definidos y sin metas el Perú se sume secularmente en su retraso. Los objetivos y las metas no son los que imponen los conflictos políticos o sociales, las catástrofes naturales ni los escándalos públicos.
La legislación es una de las aristas en que se concretan las políticas estatales. Se legisla cuando la ley es el remedio y alternativa idónea para resolver una carencia o un problema colectivo. No se legisla con criterios cortoplacistas ni para ganar fácilmente la popularidad de una sociedad mediatizada por criterios de coyuntura.
Es en este contexto que se advierte una tendencia que no deja de llamar la atención, asociada a los criterios con los que se decide qué ley se debate y vota en el Congreso nacional. Cuando se legisla según y conforme a una agenda multianual, en la que se establece la prioridad de temas de importancia que determinará el orden de materias de una sesión, se excluye la improvisación y el desorden organizacional. Pero cuando se carece de una visión a largo plazo, y cuando no hay claridad de objetivos y de metas estatales en las políticas legislativas, la tentación por el activismo legislativo se convierte en un peligroso detonante de la ineficacia y del desperdicio de energías, de tiempo, y de recursos, cuya consecuencia final inevitablemente es el desperdicio de oportunidades, el gasto ineficiente, y el desaliento colectivo.
¿Cuál es esa tendencia que llama la atención? La Junta de Portavoces es un órgano que colabora en el proceso de adopción de decisiones corporativas en el Congreso facilitando la capacidad de formación de la voluntad del Pleno. En esa finalidad una de sus competencias es abreviar el proceso legislativo. Cuando la Junta de Portavoces dispensa de trámites procesales, los proyectos ingresan al debate en las sesiones sin que sea necesario requerirles dictamen, o la publicación por el plazo reglamentario. Es decir, cabe optar por la abreviación del proceso legislativo puede prescindir del estudio de comisiones, y de otros trámites, como la priorización en el debate, la ampliación de la agenda, la segunda votación, o la exoneración del plazo para la doble votación.
La especial capacidad que se le reconoce a la Junta de Portavoces puede ser de especial utilidad e importancia cuando se la usa de modo excepcional y extraordinario, en vista de asuntos que requieran urgente tratamiento. Esa utilidad o importancia queda en cuestión cuando se convierte en un medio ordinario que lleva a priorizas o anteponer en la agenda asuntos de menor relevancia y trascendencia pública o colectiva.
La abreviación del proceso legislativo, salvo por razones extraordinarias o urgentes, puede significar una manera de privar de agregación de valor público al proceso legislativo, de generar o incentivar ineficiencias en el sistema estatal, de devaluar el sentido y propósito de la ley, de distorsionar la razón de ser del sistema jurídico nacional, y de opacar y empobrecer la capacidad de acción del sistema representativo.
La aceleración y recalentamiento del proceso legislativo se agrava con el recurso a las conocidas como sesiones o actas virtuales de la Junta de Portavoces, que se realizan para evitar las convocatorias y la discusión en este órgano parlamentario. Un importante indicador de este tipo de práctica. Alarma, en efecto, el progresivo, y sostenido, incremento en el uso de las actas por sesiones virtuales de la Junta de Portavoces, con las que se acuerda la exoneración de distintos pasos y etapas del proceso legislativo.
En el quinquenio 2011-2016, por ejemplo, el total de sesiones virtuales fue de casi 600. En lo que va del período actual, cuando aún queda algo menos que la mitad del quinquenio por cumplirse, ya se han realizado 570 sesiones virtuales. Estas cifras significan que faltando aún algo menos que la mitad del período 2016-2021 ya se ha realizado un número similar de exoneraciones mediante el proceso legislativo abreviado que el que ocurrió durante los cinco años que duró el período 2011-2016.
¿Qué dicen estos datos? Que el legislador nacional tiene un vorazmente precipitado, maníacamente atolondrado y enceguecidamente indetenible ritmo de acción. La consecuencia de este recalentamiento organizacional será, predeciblemente, la inflación normativa y la producción de leyes como si se tratara de una economía de escala. En suma, la concepción del proceso legislativo como si se tratara de una fábrica destinada al enlatado de caballa o al envase de tramboyo, con la diferencia de que a la riqueza ictiológica del país sí le corresponde un proceso productivo industrial. La ley es, por el contrario, un objeto de producción artesanal. No de histeria legislativa. ¿Habrá espacio para detener la ceguera con que se aborda compulsivamente el proceso legislativo en nuestra patria? Lampadia
e-Estonia: un país 100% digital
| 4 de Abril de 2019
El CADE Digital 2018 cerró con la ponencia del ex presidente de Estonia entre 2006 y 2016, Toomas Hendrik Ilves, quien expuso el caso de su país como ejemplo de país líder en la digitalización del Estado al servicio de los ciudadanos. Y es que Estonia es citado a menudo como el mejor ejemplo sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, con el 99 % de los servicios disponibles digitalmente.
Estonia recuperó su independencia en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Ilves dijo en la conferencia que el país recibió una lluvia de ayuda de vecinos como Finlandia, que ofrecieron viejos sistemas informáticos y otros para reconstruir su país y ellos decidieron comenzar desde cero. Hoy, el 70 % del PBI se nutre del sector servicios, y aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son los que más aportaron al crecimiento de la riqueza nacional en el 2017.
Ver un video de Ilves explicando el éxito de e-Estonia:
Según el ex presidente de Estonia hay cuatro libertades fundamentales: La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales; a las que debiera añadirse la libre circulación de datos.
“Cuando Estonia recuperó su independencia éramos un país pobre. La pregunta que teníamos frente a nosotros era cómo nos sobreponíamos al legado de la ocupación soviética. Nuestra respuesta fue construir un Estado democrático, moderno y eficiente. La idea de futuro fue aprovechar el potencial innovador de las TIC, pero nadie sabía hace 25 años qué tan importante sería internet en la organización del Estado y la sociedad. Me enorgullece ser la presidente del único Estado con una sociedad digital”, dijo Ilves.
Ilves dijo que los estonios confiaban en su gobierno recién elegido y esa es la razón del éxito de la digitalización en su nación. “El gobierno decidió que iba a hacer algo diferente, trabajando con el sector privado en la configuración del país de la ex Unión Soviética para ser una nación digital”, dijo. “En todos los países, hay personas que odian a su gobierno, pero hemos logrado que nuestros ciudadanos han confiado con el proceso de digitalización”.
Los estonios pagan el estacionamiento por Internet, tienen wifi pública en todo el territorio nacional y cuentan con el ancho de banda más veloz del planeta. Su Internet, a diferencia de su pasado histórico, es libre y abierta. Su acceso es amplio y sin restricciones ni limitaciones al contenido.
“El uso de tecnologías de la información en el sector público nos ha impulsado al frente de la modernización […] y ha convertido a Estonia en un país con uno de los gobiernos más limpios y transparentes del mundo”, dijo Ilves.
Estonia considera que la legislación es un facilitador
Estonia logró un balance entre seguridad y libertad, que dota a los ciudadanos de una red de servicios digitales basada en una identidad online segura. De hecho, la apuesta por la innovación digital fue por supervivencia más que por convicción. La administración y la burocracia tradicional eran demasiado caras y lentas como opción para un país que veía su PBI estancado y que necesitaba una estructura más eficiente y ágil.
Ilves remarcó que en el gobierno digital el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar que conduzca a un Estado más transparente, centrado en el ciudadano y menos corrupto. Para los ciudadanos ser el centro del sistema no solo significa buena calidad de servicios públicos. También significa tener voz en lo que respecta a lo que esperan de sus representantes.
Además, ser un estado plenamente digital supone un ahorro a Estonia del 2% de su PBI anual en salarios y gastos. Uno de los principios a la hora de crear una identidad digital en un chip fue el de “hacerlo una sola vez”, esto significa que cada vez que uno envíe cualquier tipo de datos al gobierno, no deberían volver a solicitar estos datos. La tecnología está completamente entrelazada con la vida cotidiana. Hay e-escuela, e-salud, e-voto, incluso e-policía. De hecho, en Estonia ya nacen como e-ciudadanos. Los datos de un recién nacido se ingresan en el Registro de Población, que lo dota de una identidad digital, cuya integridad está garantizada por el Estado.
Otro principio que utilizan es que cualquier servicio nuevo debe hacerse digitalmente. Un servicio digital para el gobierno de Estonia es un servicio totalmente digital de extremo a extremo sin llamadas telefónicas, visitas a la oficina o documentación física. Esto significa que, si un individuo desea registrar un nuevo lugar de residencia, la autenticación se realiza utilizando la identificación digital y el individuo puede actualizar su información en menos de dos minutos.
En Estonia, se puede abrir una empresa en 18 minutos, tiene el récord mundial, con la información precargada, ya que el gobierno tiene una visión completa del individuo digitalmente. Sin embargo, estos servicios no solo están abiertos a los estonios. En diciembre de 2014, el país abrió sus servicios digitales al mundo, lo que significa que cualquiera puede convertirse en residente electrónico de Estonia. Desde 2014, más de 40,000 personas de 150 países diferentes han recibido la residencia electrónica estonia. Han establecido más de 6,000 empresas en el país. Su objetivo es tener 10 millones de e-estonios para 2025.
Estonia ha logrado utilizar la tecnología para que el gobierno sea un facilitador para los ciudadanos y los apoye en mejorar su calidad de vida y, además, se ha vuelto una herramienta democratizadora en un país que logró dar un salto a la modernidad. Lampadia
e-Estonia: un país 100% digital
| 4 de Abril de 2019
El CADE Digital 2018 cerró con la ponencia del ex presidente de Estonia entre 2006 y 2016, Toomas Hendrik Ilves, quien expuso el caso de su país como ejemplo de país líder en la digitalización del Estado al servicio de los ciudadanos. Y es que Estonia es citado a menudo como el mejor ejemplo sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, con el 99 % de los servicios disponibles digitalmente.
Estonia recuperó su independencia en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Ilves dijo en la conferencia que el país recibió una lluvia de ayuda de vecinos como Finlandia, que ofrecieron viejos sistemas informáticos y otros para reconstruir su país y ellos decidieron comenzar desde cero. Hoy, el 70 % del PBI se nutre del sector servicios, y aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son los que más aportaron al crecimiento de la riqueza nacional en el 2017.
Ver un video de Ilves explicando el éxito de e-Estonia:
Según el ex presidente de Estonia hay cuatro libertades fundamentales: La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales; a las que debiera añadirse la libre circulación de datos.
“Cuando Estonia recuperó su independencia éramos un país pobre. La pregunta que teníamos frente a nosotros era cómo nos sobreponíamos al legado de la ocupación soviética. Nuestra respuesta fue construir un Estado democrático, moderno y eficiente. La idea de futuro fue aprovechar el potencial innovador de las TIC, pero nadie sabía hace 25 años qué tan importante sería internet en la organización del Estado y la sociedad. Me enorgullece ser la presidente del único Estado con una sociedad digital”, dijo Ilves.
Ilves dijo que los estonios confiaban en su gobierno recién elegido y esa es la razón del éxito de la digitalización en su nación. “El gobierno decidió que iba a hacer algo diferente, trabajando con el sector privado en la configuración del país de la ex Unión Soviética para ser una nación digital”, dijo. “En todos los países, hay personas que odian a su gobierno, pero hemos logrado que nuestros ciudadanos han confiado con el proceso de digitalización”.
Los estonios pagan el estacionamiento por Internet, tienen wifi pública en todo el territorio nacional y cuentan con el ancho de banda más veloz del planeta. Su Internet, a diferencia de su pasado histórico, es libre y abierta. Su acceso es amplio y sin restricciones ni limitaciones al contenido.
“El uso de tecnologías de la información en el sector público nos ha impulsado al frente de la modernización […] y ha convertido a Estonia en un país con uno de los gobiernos más limpios y transparentes del mundo”, dijo Ilves.
Estonia considera que la legislación es un facilitador
Estonia logró un balance entre seguridad y libertad, que dota a los ciudadanos de una red de servicios digitales basada en una identidad online segura. De hecho, la apuesta por la innovación digital fue por supervivencia más que por convicción. La administración y la burocracia tradicional eran demasiado caras y lentas como opción para un país que veía su PBI estancado y que necesitaba una estructura más eficiente y ágil.
Ilves remarcó que en el gobierno digital el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar que conduzca a un Estado más transparente, centrado en el ciudadano y menos corrupto. Para los ciudadanos ser el centro del sistema no solo significa buena calidad de servicios públicos. También significa tener voz en lo que respecta a lo que esperan de sus representantes.
Además, ser un estado plenamente digital supone un ahorro a Estonia del 2% de su PBI anual en salarios y gastos. Uno de los principios a la hora de crear una identidad digital en un chip fue el de “hacerlo una sola vez”, esto significa que cada vez que uno envíe cualquier tipo de datos al gobierno, no deberían volver a solicitar estos datos. La tecnología está completamente entrelazada con la vida cotidiana. Hay e-escuela, e-salud, e-voto, incluso e-policía. De hecho, en Estonia ya nacen como e-ciudadanos. Los datos de un recién nacido se ingresan en el Registro de Población, que lo dota de una identidad digital, cuya integridad está garantizada por el Estado.
Otro principio que utilizan es que cualquier servicio nuevo debe hacerse digitalmente. Un servicio digital para el gobierno de Estonia es un servicio totalmente digital de extremo a extremo sin llamadas telefónicas, visitas a la oficina o documentación física. Esto significa que, si un individuo desea registrar un nuevo lugar de residencia, la autenticación se realiza utilizando la identificación digital y el individuo puede actualizar su información en menos de dos minutos.
En Estonia, se puede abrir una empresa en 18 minutos, tiene el récord mundial, con la información precargada, ya que el gobierno tiene una visión completa del individuo digitalmente. Sin embargo, estos servicios no solo están abiertos a los estonios. En diciembre de 2014, el país abrió sus servicios digitales al mundo, lo que significa que cualquiera puede convertirse en residente electrónico de Estonia. Desde 2014, más de 40,000 personas de 150 países diferentes han recibido la residencia electrónica estonia. Han establecido más de 6,000 empresas en el país. Su objetivo es tener 10 millones de e-estonios para 2025.
Estonia ha logrado utilizar la tecnología para que el gobierno sea un facilitador para los ciudadanos y los apoye en mejorar su calidad de vida y, además, se ha vuelto una herramienta democratizadora en un país que logró dar un salto a la modernidad. Lampadia
Reforma Anti-Corrupción
| 4 de Abril de 2019
Hablamos mucho de Lava Jato, pero ha llegado el momento de hablar sobre el ‘Pos-Lava Jato’. Así como en el Perú hemos caído en la terrible corrupción venida desde el Brasil, ahora debemos seguir de cerca, no solo el proceso de persecución de los delincuentes, también debemos aquilatar y copiar las estrategias de los jueces y fiscales brasileños para implantar una profunda reforma judicial que vaya a las profundidades del eco-sistema pro corrupción que está instalado en las entrañas del sistema judicial.
Sergio Moro en el seminario internacional “Corrupción y Estado de Derecho”, organizado por la Fundación Telefónica Fuente: La República
Es digno de destacarse la estrategia de validar el proceso de reforma mediante un mandato claro de la opinión pública. Los promotores de ‘Las 10 Medidas’, previamente a llevar su propuesta de reforma, han recabado 2’000,000 de firmas de ciudadanos y han validado así un proceso que no debiera poder ser saboteado por los defensores del statu-quo.
Veamos con mucho cuidado el informe de Sebastiao Mendonca sobre ‘Las 10 Medidas’ contra la corrupción.
Reforma Anti-Corrupción
Sebastiao Mendonca Ferreira Centro Wiñaq Para Lampadia
La corrupción se desarrolla y se institucionaliza en los países en que la legislación lo permite. Es decir, si hay altos niveles de corrupción en las élites políticas es porque la legislación del país, de alguna manera, brinda estabilidad a la corrupción e impunidad a los corruptos. En el caso de Brasil, la operación Lava Jato ha puesto en evidencia los niveles de corrupción existentes y las deficiencias de la actual legislación, y ha puesto a la orden del día la necesidad de una reforma anti-corrupción.
La necesidad de la Reforma Anti-Corrupción
Hace muchos años que la legislación brasileña es tolerante a la corrupción, generando un sofisticado laberinto de leyes que hace casi imposible condenar y castigar a los crímenes de cuello blanco. Ello es verdad para los corruptos en general, y es aún más verdad para aquellos políticos corruptos que cuentan con foro privilegiado: ministros, diputados, senadores, presidentes, altos funcionarios, etc. Las investigaciones de Lava Jato han puesto en evidencia para la opinión pública que la actual legislación brasileña ofrece a los corrutos una serie de mecanismos para lograr la impunidad y para ocultar los resultados del robo.
A pesar de ese marco legal, la Operación Lava Jato ha logrado avanzar. Sin embargo, de no corregirse ese marco legal, puede suceder que Lava Jato resulte siendo un evento efímero en la historia de la sociedad brasileña. Por ello, la asociación de fiscales federales, los líderes de Lava Jato y algunos movimientos sociales liberales están promoviendo una Reforma Anti-Corrupción conocida en Brasil como las 10 Medidas Contra la Corrupción.[i]
Para ayudar a grabar en la opinión pública, los promotores de la reforma anti-corrupción han agrupado los cambios legales alrededor de grupos de medidas, como una analogía a los 10 mandamientos.
La premisa de los promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción es que la corrupción es resultado, en primer lugar, del marco legal e institucional, y no es parte de un destino inevitable de los países.
Antes de presentarlas al Congreso de la República, los promotores de las “10 Medidas” realizaron una campaña nacional, estado por estado, explicando su necesidad y recogiendo firmas, recibiendo el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. Actualmente, ese paquete de normas está en la Cámara de Diputados, siendo objeto de una dura lucha entre los promotores de las medidas, los críticos a algunos de sus elementos y los defensores del actual statu quo legal.
Las 10 Medidas
Las 10 Medidas buscan crear mecanismos para desmontar los pilares de la impunidad de los crímenes de cuello blanco, incluyendo medidas preventivas, de caracterización de los delitos, de modificación de los procesos judiciales, de medidas para recuperar los bienes robados, de responsabilidad de los partidos políticos, etc. Sin bien, cada una de las medidas va contribuir a la reducción de un elemento de la corrupción, es la combinación entre sus diversos componentes lo que va ser efectivo.[i]
1. Prevención de la corrupción: Creación de programas entrenamiento de profesionales, en especial a funcionarios públicos, promoción de una cultura de intolerancia a la corrupción, promoción de una postura de denuncia a los casos de corrupción, evaluar la predisposición de los funcionarios públicos a cometer crímenes en contra de la administración pública, entre otras. Merece particular mención la exigencia al Poder Judicial y Ministerio Público de explicar públicamente las razones de los procesos que ultrapasen los plazos considerados razonables.
2. Criminalización del enriquecimiento ilícito: El enriquecimiento ilícito es uno de las motivaciones principales de los corruptos. Ellos siempre buscan apropiarse del total o de una parte de los resultados de la corrupción. El incremento no sustentado del patrimonio personal y/o familiar de los agentes públicos, es un indicador confiable de involucramiento en actos de corrupción. Sin embargo, los delitos de enriquecimiento ilícito tienen penas ligeras y difícil demostración. El resultado es que los corruptos y sus familiares disfrutan de una vida lujosa con el fruto de sus crímenes.[ii]
3. Aumento y endurecimiento de las penas: Actualmente a los delitos de corrupción les corresponden penas bajas (2 a 12 años) y casi nunca implican encarcelamiento efectivo. Las medidas proponen incrementar las penas a hasta 25 años en caso de montos superiores a US $2.50 millones. El cambio en la duración de las penas y el encarcelamiento efectivo de los corruptos va cambiar el actual sistema de incentivos.
4. Agilización de las apelaciones: Actualmente las apelaciones permiten retrasar los juicios por corrupción hasta los extremos de prescripción de los delitos. Lo que es un derecho, para evitar juicios eternos, está siendo usado como un artificio para lograr la impunidad. Las apelaciones, habeas corpus y recursos especiales a los embargos permiten que los corruptos sigan disfrutando de los bienes obtenidos con medios ilícitos, y que las autoridades judiciales no lo puedan impedir. Las 10 Medidas buscan que los inculpados no puedan manipular el derecho en función de sus intereses criminales.
5. Simplificación y agilización de los procesos jurídicos: La complejidad y lentitud de los procesos judiciales genera condiciones favorables para corromper el mismo proceso y para obtener la prescripción de los juicios. Está en discusión la posibilidad de que los procesos por corrupción tengan un límite máximo de tiempo para que los jueces emitan sentencias. Como lo explica Leonardo Pauperio,[iii]
El sistema de recursos brasileño necesita recuperar su seriedad y permitir que los juicios ocurran. Por más obvia que pueda parecer esta afirmación, el proceso es para llegar a un juicio [sentencia]. No es posible que el juicio de un proceso sea un premio de difícil alcance (Pauperio, 2016, p. 2).
6. Extensión de plazos y reforma del sistema de prescripción: La prescripción es actualmente uno de los principales recursos de los corruptos para lograr la impunidad. El mal uso de los recursos, entorpece los procesos y hace posible que los crímenes de corrupción prescriban antes que los corruptos sean efectivamente condenados, obteniendo así la impunidad. En la legislación penal brasileña predomina un enfoque conceptual y una práctica judicial de híper-garantía de los derechos que, en la práctica, favorece la impunidad. Las 10 Medidas Contra la Corrupción prevén una reforma del sistema de prescripción para evitar que los corruptos utilicen las garantías de los derechos como recursos para el logro de la impunidad y poder seguir con sus prácticas criminales en forma intergeneracional.[iv]
Debemos estar atentos a una impunidad específica, que es la presente en los procesos de cuello blanco [corrupción], en que los estudios de abogados se aprovechan de instituciones previstas en la ley (y que deben ser extirpadas) para procrastinar los hechos hasta [lograr] la prescripción. Es de esto que se trata (Cheker, 2016, p. 20).
7. Ajuste de las causas de nulidad: El recurso de nulidad es actualmente utilizado por los inculpados de corrupción para eliminar pruebas que pudieran incriminarlos más allá de cualquier duda. En Brasil, el derecho al debido proceso, tomado de la legislación americana, ha recibido un tratamiento formalista y selectivo, haciendo que colecciones enteras de pruebas sean anuladas por un solo error policial formal de importancia menor, aunque ese error no implique la violación de ningún derecho del investigado.[v]Los cambios propuestos buscan definir criterios de aplicación de los recursos de nulidad para evitar que terminen favoreciendo a la impunidad de los delitos de corrupción.
8. Asignación de responsabilidad a los partidos políticos: Muchos de los actos de corrupción en Brasil se orientan a financiar alianzas políticas (Mensalão), actividades regulares y campañas electorales de los partidos políticos (Petrolão). Sin embargo, en la legislación brasileña actual solo los individuos son penalizados por los delitos de corrupción. El caso del Petrolão, dos tesoreros del Partido de los Trabajadores (PT) están presos por actos de corrupción cuyo propósito principal era beneficiar al partido en el terreno en sus campañas. Pero su partido, el PT, se mantiene más allá de los delitos cometidos por sus líderes. Las 10 Medidas Contra la Corrupción proponen que los partidos políticos sean punibles por los actos de corrupción cometidos por sus líderes, cuando queden claros los propósitos institucionales de los delitos.
9. Uso cautelar de la prisión preventiva: Los corruptos de cuello blanco alcanzan acumular montos millonarios con sus actividades criminales, y cuando son descubiertos se dedican a ocultar su patrimonio mal-habido y/o a utilizarlo para financiar costosos estudios de abogados, con el propósito de lograr la impunidad. Lo que se busca es un cambio en el código del proceso penal para posibilitar la prisión preventiva de los inculpados con dos propósitos: (a) asegurar la recuperación de los beneficios del delito, y (b) evitar que dichos recursos sean utilizados para financiar una fuga o para la defensa del investigado o acusado.
10. Recuperación de los bienes obtenidos con la corrupción: La recuperación de los bienes y beneficios obtenidos por medio de la corrupción (coimas, sobre-precios, etc.) es una tarea de difícil realización. Los corruptos utilizan instituciones financieras y medios digitales globalizados para transferir sus recursos a empresas off-shore y paraísos fiscales, y para ocultarlos a través de parientes y testaferros. Las 10 Medidas Contra la Corrupción proponen utilizar nuevas figuras jurídicas (existentes en los Estados Unidos y en varios países europeos) y ampliar los recursos ya utilizados en el combate al lavado de dinero, para bloquear y confiscar los bienes y valores de origen criminal.
Los Promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción ya han elaborado propuestas de cambios legales específicos para cada una de ellas, y las han presentado al congreso para su discusión y aprobación. (quienes quieran conocer los proyectos de ley específicos pueden revisar el documento citado).[vi]
La experiencia de Hong Kong ha demostrado que un país corrupto puede romper el ciclo vicioso, si es que concibe una estrategia efectiva y la implementa en forma coherente. La condición será la voluntad política en los gobernantes y el soporte combinado de las élites y de los movimientos sociales con valores liberales. Ver en Lampadianota sobre la reforma de la policía de Hong Kong.
La Lucha por la Reforma Anti-Corrupción
La aristocracia política brasileña (diputados, senadores, gobernadores y altos funcionarios) se ha desarrollado haciendo de la corrupción una práctica generalizada. Por ello, los políticos y partidos políticos de Brasil incluyen la corrupción, en algún grado, en sus métodos y prácticas. Ello significa que una parcela alta de los congresistas actuales, responsables de votar la reforma anti-corrupción, ha estado o está involucrada en actos de corrupción con empresas del estado (BNDES, Petrobras, Caixa, Correios, etc.) y/o con contratistas privados (Odebrecht, OAS, Camargo Correa, etc.).
Sin embargo, la visibilidad de los escándalos de corrupción ha generado un sentimiento de indignación social que puede ser tomado como una oportunidad para impulsar reformas legales que cambien las reglas del juego en contra de los corruptos.Los logros de Lava Jato, con la prisión y condena de poderosos empresarios y políticos ha generado una actitud de optimismo hacia las probabilidades de éxito de dicha reforma legal (ver esquema de Daron Acemoglu). Hoy en la opinión pública se ha fortalecido la confianza de que el cambio es posible.[i]
La presentación al Congreso de las 10 Medidas Contra la Corrupción ha desencadenado una lucha política intensa entre una mayoría de congresistas defensora del status quo legal versus una minoría congresal favorable a la reforma. Lo que hace esa lucha más intensa es que la minoría pro-reforma cuenta con el respaldo decidido del movimiento social liberal (Vem Pra Rua y Movimento Brasil Livre) que ya ha movilizado a millones de personas en apoyo al Impeachment de Dilma Rousseff y a la Operación Lava Jato.
Es ese respaldo social lo que alimenta la esperanza de que una versión, aunque mediatizada, de las 10 Medidas pueda ser aprobada por el actual Congreso. Cuán mediatizada o no será la reforma legal aprobada por este Congreso será resultado de una batalla política.
En el caso de que el Congreso y el gobierno se opongan a los elementos centrales de las 10 Medidas, el movimiento social y los medios de comunicación reaccionarán, incrementando los elementos de inestabilidad política del país.
Conclusión
Independientemente de lo que decida el Congreso brasileño en los próximos meses, los escándalos del Petrolao y de Odebrecht, y los logros de Lava Jato han hecho del tema de la corrupción un elemento central en el debate nacional. Si este Congreso no hace las reformas esperadas, las elecciones del 2018 modificarán la composición de la fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, y las posibilidades de éxito de las 10 Medidas se incrementarán.
Lo que está quedando claro es que las fuerzas que quieran realizar una reforma anti-corrupción en el país necesita desarrollar una estrategia de cambio, aprovechando la indignación social para afectar las leyes que protegen a los corruptos, identificando con objetividad los actores dispuestos a sostener una presión social que contribuya a que los agentes políticos apuesten por el cambio.
La experiencia brasileña está demostrando que operaciones contra la corrupción, como Lava Jato son posibles. Que esas operaciones pueden ganar respaldo social, y pueden generar un sentimiento social que, bien canalizado, constituye una oportunidad para realizar cambios instituciones con impactos de largo plazo.Lampadia
[9] Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.
¿Quién vigila a nuestros políticos?
| 4 de Abril de 2019
El mundo siempre es guiado por intereses. A veces, estos están alineados, pero no siempre es así. Uno de los Nobel de Economía del año pasado, el finlandés Bengt R. Holmströng (actualmente profesor de economía del Instituto de Tecnología de Massachuset), se hizo conocido por su trabajo del “problema del agente-principal” que intenta explicar las dificultades que se presentan cuando se presentan desalineamientos de intereses y condiciones de información asimétrica.
¿Qué es el problema del agente-principal? Es un conjunto de situaciones que se expresan cuando los intereses del gestor, o agente (gerente o político) no están alineados con los del principal (accionista o ciudadano elector). El problema surge cuando el agente (que se supone debe tomar decisiones en el mejor interés del principal) está motivado de forma natural por su propio interés. Los intereses del agente pueden ser muy distintos a los intereses del principal.
En la política, como afirma The Economist en el artículo (glosado líneas abajo), “La legislación queda a cargo de nuestros agentes, los representantes electos. Pero tienden a responder a las preocupaciones de aquellos que ejercen presión sobre ellos”.
Por lo tanto, viene la pregunta ¿Quién vigila a nuestros vigilantes? En países como el Perú, y el resto de Sudamérica, que tienen altísimos índices de corrupción, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de confianza en nuestros líderes políticos, una gran proporción del público ya no confía en ellos. En parte, esto se debe a que algunos se han mostrado indignos de confianza y en parte porque ya no se sabe cuál es el principal interés de estos líderes, el de los electores (nosotros) o el de sus intereses personales.
Depende de nosotros vigilar a nuestros líderes y mantenerlos alineados con los mejores intereses del país, por lo tanto los ciudadanos no podemos descuidarnos de la cosa pública. Lampadia
¿Quién vigila a los vigilantes?
El problema que vincula negocios, finanzas y política
Una vez que confías en agentes, creas conflictos de interés. Y usted tiene que confiar en ellos
The Economist 13 de febrero de 2017 Traducido y glosado por Lampadia
El problema es tan antiguo como la humanidad. El autor romano Juvenal lo encapsuló en la frase “Quis custodiet ipsos custodes” o “¿Quién vigilará a los propios vigilantes?” Fue claramente ilustrado en la clásica serie de la BBC “Yo, Claudio”. El enfermo Claudio quiere el regreso de la República. Pero la guardia pretoriana, establecida por sus parientes, necesitaba un emperador para asegurar su estatus especial. Así que en el asesinato de Calígula, arrastran a Claudio desde su escondite detrás de una cortina y lo hacen emperador.
En los negocios y las finanzas, esto se conoce como el problema de “agente principal”. Los accionistas emplean a los gerentes para dirigir una compañía; los inversionistas utilizan los administradores de fondos para cuidar sus ahorros. Eso tiene sentido. Nos permite aprovechar la experiencia de otros y las economías de escala en la gestión de fondos. Pero es extremadamente difícil alinear exactamente los intereses de los principales y los agentes.
Antes de los años ochenta, la preocupación era que los gerentes de negocios se preocuparan más por expandir la compañía, que en los rendimientos de los accionistas. Así es que las opciones de acciones se pensaron como si fueran a alinear los intereses de ambos. Sin embargo, las opciones de acciones son una apuesta unidireccional; muy valiosas si se ejercen, pero sin valor para el ejecutivo si no se hace. El efecto general ha sido aumentar la remuneración de los ejecutivos, en última instancia, a expensas de los accionistas. Como informa el Financial Times, se están haciendo algunos esfuerzos para controlar esta situación en los casos más flagrantes, pero el progreso es lento; el costo de la remuneración de los ejecutivos se distribuye muy ampliamente, mientras que los beneficios van a unos pocos.
En efecto, esto es un poco como las subvenciones pagadas a los productores de materias primas en algunas economías. Algunos reciben grandes ganancias, pero el costo se disemina entre un gran número de consumidores. De hecho, este es otro ejemplo de un problema ‘del agente-principal’. La legislación queda a cargo de nuestros agentes, los representantes electos. Pero tienden a responder a las preocupaciones de aquellos que ejercen presión sobre ellos.
En la inversión, los administradores de fondos son pagados a través de tarifas ad valorem, un porcentaje de los fondos invertidos. En un artículo reciente, Paul Lewis, el presentador de la BBC, bromea que ad valorem es latín para el timo. Una vez más, el enfoque ad valorem parece que debería funcionar; si el valor del activo sube, también lo hace el salario del gestor del fondo y la riqueza del cliente. Pero si el mercado permanece plano, el gestor del fondo continúa ganando dinero a pesar de que el cliente está en una peor situación. Y si el mercado sube, los honorarios del gestor del fondo aumentarán, incluso si el resultado es menor al índice.
Pero un montón de dinero está siendo ganado por mediocres gestores de fondos. Al igual que con los ejecutivos, el problema en los últimos 30 años es que los agentes se están volviendo más rápidos, mucho más rápidamente, que los directores.
Otro problema con las finanzas y los negocios modernos es que los asuntos son extremadamente complejos; por lo que existe una “asimetría de información” entre los clientes y el agente.
El problema que vincula negocios, finanzas y política es la confianza. La confianza es más fácil de tratar en las pequeñas comunidades donde uno puede enfrentarse cara a cara. Esto era incluso cierto en la democracia ateniense. Una vez que nuestras relaciones con nuestros agentes son más remotas, y nuestras transacciones más complejas, tenemos que depender de esquemas de incentivos y éstos están listos para ser explotados.
El problema de la confianza es particularmente difícil en la política donde una gran proporción del público ya no confía en los principales líderes. En parte, esto se debe a que algunos se han mostrado indignos de confianza. Pero también es porque la estructura de incentivos del sistema (particularmente en Estados Unidos, donde la financiación es un tema fundamental) enseña a los políticos a aliarse con los poderosos. Y es también porque los problemas que enfrentan no son susceptibles a soluciones fáciles. Como he señalado antes, los temas importantes son globales y complejos, pero los políticos son elegidos centrándose en respuestas simples y locales. Cuando esas respuestas fallan, el cinismo aumenta.
La ironía es que, como escribe Edward Luce, los estadounidenses han elegido a un líder que está repleto de conflictos de interés en cada momento. Cuando sus promesas decepcionan, el cinismo sólo subirá más. De hecho, la cuestión de los controles y balances parece más importante hoy en día; ¿Quién vigila los líderes electos de un país?
Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor
| 4 de Abril de 2019
Se suponía que los peruanos habíamos entendido que era indispensable terminar con la tramitología y que para eso se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación que libere a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que obstaculiza el desarrollo del país. Como hemos comentado antes (Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’), el Estado sufre de los mismos males, sin embargo, parece que el nuevo Contralor General de la República, Edgar Alarcón, considera necesario establecer más controles y procedimientos, que solo terminarían por paralizar la ya mediocre acción del Estado.
El 21 y 22 de julio pasado, Alarcón, en sendas entrevistas del diario Gestión, declaró que piensa implementar nuevos procesos de control previo para los megaproyectos, para los que instalará una OCI (Oficina de Control Institucional) en cada proyecto y; requerimientos de nuevas exigencias de información para la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que ganen más de una UIT (600,000 trabajadores), pero “se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT”.
Publicaciones de las propuestas de Edgar Alarcón en Gestión
Ambas propuestas muestran un grado de desenfoque que solo puede ser calificado de patético, pues ante la proverbial incapacidad de la Contraloría para evitar la corrupción vinculada a los recursos del Estado, se pretende crear más controles, con los cuales, típicamente, se malogra el trabajo de los buenos funcionarios, que son la gran mayoría, sin que se eviten las fechorías de los corruptos. Es cierto que si paraliza la inversión pública, no podría haber corrupción, pero eso no es control, es pura y llanamente, un disfraz populista y efectista que hace más daño del que pretende evitar.
La primera propuesta es nefasta para el desarrollo de las infraestructuras. En palabras del mismo contralor, “Nosotros tenemos en la estructura de la Contraloría oficinas de control institucional (OCI) que a nivel nacional son 800. De estas 300 son pagadas por la Contraloría y 500 no las paga la Contraloría. Pero hablando de las 800, tenemos órganos desconcentrados de la Contraloría en municipios que mueven al año S/25 o S/20 millones, pero hemos decidido que vamos a colocar una OCI especializada en [cada uno de] los grandes proyectos.”
La segunda propuesta pretende que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/. 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría. Para simplificar la información, de aprobase esta norma, a los actuales 35,000 trabajadores del Estado que declaran sus ingresos se tendrían que sumar al menos 600,000 funcionarios públicos adicionales.
En otras palabras, una comisión permanente de auditoría que va a llevar adelante todo el proceso de fiscalización de cada uno de los megaproyectos, comenzando con Línea 2 del Metro, gasoducto sur, Línea Amarilla, aeropuerto de Chinchero y la refinería de Talara.
Justamente el principal obstáculo para el crecimiento de la economía es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión en el país. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. A diferencia de lo propuesto por el contralor, se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrentan los proyectos de infraestructuras, así como la actividad minera. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Destrabemos la construcción de nuestro futuro.
Además, estas medidas van completamente en contra de las metas propuestas por el anterior Contralor, el jefe de Alarcón, quién en febrero pasado anuncio su interés por simplificar la tramitología para impulsar las inversiones. Con este fin publicaron el informe, denominado “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, el cual detecta nueve trámites claves que deben ser simplificados: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.
Parece que Alarcón está cometiendo el mismo error que los nuevos congresistas, quienes también se olvidaron del ánimo desregulatorio y ya comenzaron a plantear propuestas de nuevas leyes para los próximos cinco años. ¿Qué deberían estar haciendo estos congresistas? Aprovechar el nuevo mandato político para avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología. Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes .
Dicho sea de paso, el nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.
Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.
¿Qué debemos hacer?
Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita.
Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.
Lampadia
India, la gran estrella de oriente a seguir
| 4 de Abril de 2019
En Lampadia estamos siguiendo el desarrollo de India desde la campaña política de su actual Primer Ministro, Narendra Modi. En esta ocasión hemos glosado el exigente artículo sobre India de Martin Wolf que reconoce lo que ha significado que un país tan grande y complejo, haya podido mantener una democracia (la más grande del mundo) en convivencia pacífica.
Por décadas, la India estuvo encerrada muy cerca de políticas comunistas que devinieron en un empobrecedor proteccionismo y reglamentarismo que según Wolf, adolece de un nivel de informalidad laboral que llega al 98% (no es un error, solo el 2% se considera formal). Su desarrollo antes de Modi, bajo la dirección de la dinastía de los Gandhi, solo logro crear una suerte de islas de excelencia, como el caso de Bangalore en manufactura y tecnología, Bollywood en la cinematografía y una élite de científicos y tecnólogos.
En cuanto a la economía de India, Wolf se presenta contradictorio: por un lado califica a su gobierno como continuista, si bien reconoce una oposición política inhibidora de las más importantes reformas, pero al mismo tiempo destaca como positivas sus perspectivas de corto y largo plazo.
El país ha pasado de un socialismo con entrada restringida a un capitalismo sin salida.
La capacidad de esta enorme y pobre nación de sostener una democracia viva ha sido una de las maravillas políticas del mundo. Sin embargo, su rendimiento económico no ha estado a la altura de lo que pudo haber sido. Sin embargo, la India es ahora la economía grande de mayor crecimiento en el mundo.
Es difícil juzgar lo que está sucediendo en términos de resultados y políticas. Cuatro conclusiones. En primer lugar, el partido nacionalista Bharatiya Janata del gobierno del Primer Ministro hindú, Narendra Modi, en el poder desde 2014, representa la continuidad en lugar de la transformación a favor del mercado que muchos partidarios ingenuamente esperaban. En segundo lugar, las perspectivas de corto plazo parecen favorables en relación tanto con el pasado inmediato y con lo que está ocurriendo en casi todas partes. En tercer lugar, la performance a medio plazo también parece estar avanzando decentemente, siempre que el gobierno ponga en práctica las reformas que se han esbozado. Sin embargo, en cuarto lugar, también se enfrenta a riesgos, externos e internos. El éxito no debe darse por sentado.
Consideremos el carácter del gobierno. Está centralizado en la oficina del primer ministro. Su orientación es más hacia la gestión de los mercados y proyectos que hacia políticas. No ha mostrado ninguna inclinación radical hacia la privatización o reestructuración de los ineficientes monopolios públicos. Se sigue gastando grandes sumas de dinero en subsidios ineficientes. Para ser justos, la cámara alta, que no controla el gobierno, hasta ahora ha bloqueado toda la legislación del gobierno orientada a hacer lo correcto.
Cuando el gobierno llegó al poder, la economía estaba sufriendo de una rápida inflación y de un déficit fiscal considerable. Gracias a la caída de los precios del petróleo, la inflación ha bajado a menos del 6 %. El déficit fiscal del gobierno central bajará a 3.5 % el próximo año. La economía sólo creció un 5.3 % en 2012-13. Se prevé que alcance el 7.5% en 2015-16.
Los resultados parecen satisfactorios. ¿Seguirá siendo así? Probablemente, porque el Banco Central debería ser capaz de recortar las tasas de interés por debajo de 6.75% en los próximos meses. Sin embargo, el optimismo a corto plazo debe ser calificado: en primer lugar, las exportaciones, estancadas desde hace años, ahora están cayendo; en segundo lugar, el crecimiento del crédito se ha desacelerado fuertemente; y, en tercer lugar, la inversión bruta se redujo de 39 % del PBI en 2011-12 a 34.2 % en 2014-15. Esto es de vital importancia y al menos se ha estabilizado.
India puede sostener el crecimiento actual en el medio plazo. Según el FMI, su PBI per cápita (ppp), es sólo de 11 % con respecto al de EEUU (el de China es 25%). Esto indica un amplio margen para un rápido crecimiento que los ponga al día. Las mejoras están en camino. Ellas incluyen una acelerada inversión en infraestructuras; una mayor apertura a la inversión extranjera directa; una administración más eficaz; la consolidación y recapitalización de los bancos del sector público; un buen código de quiebras; libertad a los estados para competir en las políticas a favor del crecimiento; prestación de asistencia pública por medio del sistema de identificación por medio de un número único; y, no menos importante, mejoras en los impuestos sobre bienes y servicios.
Sin embargo, la India no debe ser complaciente. El país ha pasado de un socialismo con entrada restringida a un capitalismo sin salida: el cierre de empresas y el despido de los trabajadores es extremadamente difícil. Esta última es una razón por la que los puestos de trabajo en el sector privado suman el 2% de la población activa. Los mercados de tierra, trabajo y capital están muy distorsionados. La alta protección en las fronteras restringe la capacidad de participar en cadenas globales de valor. Importantes mercados de productos no son competitivos. Incluso el sector de tecnología de la información parece estar perdiendo dinamismo. La calidad general de la educación es deficiente. En general, todavía se necesita una enorme cantidad de cambios. Es probable que al final, la creciente presión de la clase media, impulse las muy necesarias reformas.
El último riesgo se deriva del “Tea Party” del BJP con sus elementos chauvinistas e intolerantes. Los musulmanes representan el 14 % de la población. Uno de los milagros de la post-independencia de India es la forma en que la gente, dividida por religiones, castas y opiniones, ha logrado vivir lado a lado, democráticamente y mayormente en paz. Este es un logro extraordinario. Para que esto dure, los s políticos deben recordar que gobiernan para todos los indios, incluyendo aquellos que no les gusta o con los que están en desacuerdo. La tolerancia de las diferencias es importante en todas las democracias. En una tan grande y compleja, como la India, esto es verdaderamente vital. Lampadia
La Reforma Policial (II)
| 4 de Abril de 2019
Datos demasiado grandes para el formato del archivo
.jpg)
