Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de febrero de 2021
Para Lampadia

En el 2018, Lampadia publicó un artículo mío titulado “Ideas para acabar con el fracaso estrepitoso del Estado”. Lo repito… palabras más palabras menos.

Hablemos a calzón quitado. Los sistemas de abastecimiento de agua potable – en todo el país – son un fracaso estrepitoso. Lo mismo sucede con los sistemas de tratamiento de aguas servidas.

• Los sistemas de limpieza pública – o recojo de basura – también son un desastre.
• Los sistemas de tratamiento de residuos sólidos… peor. Por ello vivimos rodeados de moscas y ratas.
• El tráfico vehicular es otro fracaso estrepitoso. Congestión vehicular, contaminación ambiental, ruidos molestos, inseguridad vial, rompe muelles por las puras, violación sistemática de las reglas de tránsito… no hay un solo indicador favorable a este respecto.
• Y lo mismo se puede decir de los sistemas de planificación y desarrollo urbano. Invasiones de tierras promovidas por funcionarios corruptos. Autoconstrucción generalizada… sin ningún criterio urbanístico. Agua en cisternas. ¿Desagüe?… ¿qué es eso? Desorden total. El urbanismo en el Perú es otro fracaso estrepitoso.

Pero eso no es todo. La corrupción enquistada en casi todas las instituciones encargadas de emitir licencias o permisos se ha vuelto endémica. Me refiero a las licencias de construcción, licencias de funcionamiento, brevetes, licencias de circulación… y todas las demás. Gobiernos locales y regionales, y gobierno central… todos están metidos en la colada.

Los procesos de compras y contrataciones son más de lo mismo. Incluso las contrataciones de personal. Ese tango lo bailan empresarios y servidores privados, en pareja con funcionarios corruptos del Estado.

En materia laboral… aquel ominoso 70% – o más – de informalidad lo dice todo. Seamos sinceros. La Legislación Laboral peruana es otro fracaso estrepitoso. Y la lista continúa. La salud pública es un fracaso estrepitoso. El Congreso de la República… ¿qué quieren que les diga?

Por otro lado, el Sistema Nacional de Justicia ha quedado reducido a escombros. Sobre todo, después de los audios de la vergüenza de Los Cuellos Blancos. Y ¿las universidades bamba? Aquellas que – en vez de instituciones académicas – más parecen impresoras de títulos en serie. He ahí más fracasos estrepitosos.

Oh dios soborno… ¡cuántos fracasos estrepitosos nos has dejado! Has malogrado municipalidades y gobiernos regionales. Has manchado ministerios y universidades. Has quebrado empresas de agua potable. Has ensuciado nuestras ciudades y medio ambiente. Has destruido el Congreso y el Poder Judicial. ¡Hasta presidentes has embarrado! Oh dios soborno… ¡cuánto daño nos has hecho a los peruanos!

Simplificar y digitalizar – al máximo – todos los trámites y procesos de emisión de licencias. Depurar y racionalizar – al máximo – la maraña burocrática del Estado. Eliminar instituciones públicas que no sirven para nada… sobre todo ministerios y burocracias municipales distritales. La meritocracia debe primar en todos los procesos de contratación de funcionarios públicos.

Digitalizar todos los procesos de compras y contrataciones. Ninguna municipalidad, ningún gobierno regional, ninguna institución del Estado debe comprar ni contratar nada por sí sola. Una Red Interconectada de Compras y Contrataciones del Estado – 100% digital – se encargaría de ello. ¡Cero sobornos! ¡Cero discrecionalidad! ¡Transparencia total!

La legislación laboral debe ser flexible. Eso que parece ir en contra de los trabajadores, resulta que los favorece. El Ica hay pleno empleo, gracias a la flexibilidad laboral que establece la legislación agraria… la derogada y la actual. La flexibilidad laboral – además – formaliza y mejora las remuneraciones de los trabajadores. Repito. Los iqueños pueden dar fe de ello.

Hay que evaluar a los estudiantes graduados de todas las universidades del país. El que sabe… sabe. Así, la estafa de las universidades bamba quedaría desenmascarada en dicha evaluación.

Finalmente… la del estribo. Otra idea que no estaba en el artículo anterior. Que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE´s) dejen de actuar como esos Jueces de Mesa deportivos, que – triquiñuelas más, triquiñuelas menos – descalifican a jugadores y equipos, o convierten en triunfadores a equipos que perdieron en la cancha.

Palabras más palabras menos, eso es lo que escribí en el 2018. Entonces, reflexionemos. ¿Qué ha cambiado en el Estado en los últimos 3, 5, 10 años? Nada. La vida… sigue igual. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 21 de setiembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

En términos generales, el Estado peruano es anárquico y caótico. Está atiborrado de burócratas que entraron “por la puerta falsa” … y que creen ser dueños – a perpetuidad – de sus puestos de trabajo. Funcionarios que – en su momento – ingresaron por recomendación de algún padrino clientelista. O que entraron con certificados de estudios y / o de trabajo falsos, sin ningún mérito para ejercer la noble tarea de servir a la ciudadanía… desde el Estado.

Por eso – salvo honrosas excepciones – los servicios públicos son tan deficientes. Por eso mismo, las obras públicas tardan tanto en ejecutarse. Por eso – aparte de tardías y costosas – las compras y contrataciones del Estado resultan tan mal hechas… por la burocracia corrupta e inoperante.

Los clanes familiares son una figura muy recurrente en el Estado. Muchas veces, cuando un funcionario público se jubila, su hijo – o hija – ocupa su lugar. Según ellos… es su derecho. Los concursos para puestos de trabajo – generalmente – los “ganan” familiares de los funcionarios de turno. Padres, hermanos, hijos, cuñados, etc. se han apoderado de muchas instituciones. Hasta parejas sentimentales están en la colada.

Sin embargo – en el caso del Gobierno Regional de Ica – la situación está cambiado… y para bien. Tras un duro batallar – poco a poco – hemos corregido el desmadre heredado. Muchos servidores públicos – mal acostumbrados – creían que podían cometer todo tipo de faltas, y no ser sancionados por ello. Pues… craso error. La estabilidad laboral no genera impunidad.

Las faltas funcionales están – claramente – tipificadas en la legislación laboral correspondiente. El problema es que en muchas instituciones públicas – dicha legislación – resulta letra muerta. Miedo, confabulación, corrupción… eso y mucho más hay detrás de la anarquía y caos institucional que predomina en el Estado peruano. Todo lo cual repercute – directa y negativamente – en el sufrido ciudadano de a pie. Por eso hay que sancionar a los malos funcionarios públicos… para que dejen de maltratar a la ciudadanía.

Dicho esto… debo reiterar – por enésima vez – que en el Estado hay muchos excelentes funcionarios públicos… también. Como que el mal convive con el bien. Gracias a ellos, hemos mejorado mucho la atención en todos nuestros hospitales. La educación, el deporte y la cultura han progresado notablemente – en Ica – gracias a nuestros buenos maestros. Nuestros valientes funcionarios de Transportes han descabezado a las mafias de los brevetes. Y lo mismo va para nuestros funcionarios de Trabajo, Agricultura, Producción, Energía y Minas, Vivienda, Turismo, y demás direcciones regionales.

En lo que va de nuestra gestión:

• hemos destituido y / o suspendido – sin goce de haberes – a más de 160 malos funcionarios. Todos ratificados por el Tribunal del Servicio Civil y / o consentidos por los propios trabajadores.
• Unos 150 más están en proceso de investigación por faltas funcionales.
• Eso sin contar a los más de 50 contratados – corruptos y / o indolentes – que fueron destituidos en el preciso momento que tomamos conocimiento de sus faltas.
• A lo cual, habría que sumar la guerra que enfrentamos contra congresistas, consejeros regionales, Colegio Médico de Ica, y periodistas… todos de la misma calaña.

Esos son los números gruesos de nuestra guerra – a muerte – contra la corrupción. Una guerra bravísima que – por los resultados obtenidos – ¡vaya que valió la pena enfrentar!

¡No a la anarquía y caos en el Estado! ¡Sí a la sanción a los funcionarios que maltraten a la ciudadanía! ¡Sí al orden y probidad para el bienestar de la población! Lampadia

La legislación laboral del Perú atenta contra la prosperidad de las PYMES

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si estuviéramos en un país normal, no atenazado por regulaciones de todo orden que asfixian la formalidad, nuestras empresas dibujarían una pirámide: muchas micro y pequeñas empresas, un número menor de medianas empresas y un número mucho menor aun de grandes empresas, en la cúspide. Pero no estamos en un país normal, y más bien podemos apreciar que la distribución de empresas asemeja a un reloj de arena, con muy pocas empresas medianas.

Este cuadro procede del boletín mensual de empleo nacional del INEI. El número de trabajadores en las grandes empresas (51 y más trabajadores) es más de tres veces superior que número de trabajadores en las medianas empresas (de 11 a 50 trabajadores). Sólo el 7.2% de la población ocupada labora en empresas de 11 a 50 trabajadores, versus el 20.8% que lo hace en empresas de 51 y más trabajadores. El 72% trabaja en empresas de 1 a 10 trabajadores. 

Lo que querría decir que hay menos empresas medianas que grandes, algo insólito, que sólo puede ser síntoma de una enfermedad regulatoria grave.

Esta configuración se confirma cuando miramos el tema desde el punto de vista del número de empresas como tal. Veamos el siguiente cuadro, que incluye solo empresas formales (un cierto porcentaje seguramente semi-formales). Produce estima que, al 2016, había 1’743,113 micro y pequeñas empresas formales y 1’973,574 informales. En total 3’707,687.

Esta data puesta en gráfico queda así:

Se confirma entonces la figura: hay bastante menos medianas empresas que grandes empresas. Algo completamente anormal. Y la razón es obvia: las regulaciones tributarias, laborales y de todo orden se incrementan sustantivamente cuando una empresa pequeña, que a duras penas logra ser formal, intenta crecer. El resultado es que las medianas empresas difícilmente pueden sobrevivir en medio de la asfixia regulatoria. Sólo lo pueden hacer las grandes empresas. Miguel Jaramillo estima que para una mediana empresa cumplir con las normas le tomaría el 20% de su personal. Algo inviable.

Roberto Abusada, en reciente artículo publicado en El Comercio, apuntó que, sólo en lo laboral, “es imposible cumplir con 136 normas legales (la mitad de ellas promulgadas en los últimos seis años) que abarcan más de 1,400 páginas y más de 2.000 artículos”. Esta información procede del Compendio de Normas sobre la Legislación Laboral elaborado por el Ministerio de Trabajo. Fue procesada por el IPE para El Comercio el 8 de abril en ese diario.

Esta maraña de normas ataca sobre todo a los pequeños y a los que quieren crecer. Por eso no hay medianas empresas. También debido a la legislación tributaria. El informe de El Comercio precisa que “entre los subcapítulos relacionados a las obligaciones del empleador, las regulaciones respecto a la seguridad y salud en el trabajo es la más extensa con 220 páginas. Esta se compone por 11 normas, entre las cuales destacan la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y las siete normas que modifican o aprueban disposiciones complementarias a esta ley. También sobresale la regulación de las planillas, la cual posee una extensión de 119 páginas”.

Ahora bien, resulta que más de la mitad de las normas que actualmente se encuentran vigentes se promulgaron entre los años 2008 y 2014, durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Destacan en particular, como vemos en el siguiente gráfico, los años 2011 al 2014, propios del gobierno de Humala:  

Conclusión

La tarea que tienen el gobierno y el Congreso por delante es obvia: acabar con la opresión regulatoria, cortar de raíz esta maraña normativa para liberar las fuerzas productivas a fin de que el Perú y las pequeñas empresas puedan crecer. Lampadia

En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.

En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección. 

Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.

Ver artículo:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.

Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.

En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”. 

Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).

Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.

Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.

Como señala Macroconsult en su último comentario editorial, la legislación laboral peruana sigue preñada por el germen que inoculó la dictadura militar de Velasco Alvarado, que impuso la ‘estabilidad laboral absoluta’ hace más de 45 años. (Ver la opinión de Macroconsult en: La reforma pendiente).

Los daños causado por esta farsa son inmensos, produce los efectos contrarios a su enunciado, ‘debilidad del empleo’. Veamos:

• Baja productividad laboral y su consiguiente efecto negativo en el nivel de ingresos
• Informalidad laboral
• Sobre protección y sobre costos al reducido sector formal de trabajadores, desincentivando la creación de empleo
• Precariedad del empleo no formal y desprotección social
• Cobardía de la clase política para cuestionar una práctica dañina
• Ilusión popular sobre una protección ficticia
• Aprovechamiento político de dirigencias enquistadas en los  gremios laborales que sin representación, manipulan a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública

Esta trampa de la estabilidad laboral absoluta se mantuvo y exacerbó durante los gobiernos democráticos de los años 80 (Belaunde II y García I). Se levantó en los 90s, como parte de las reformas económicas que llevaron nuestra economía de regreso a la racionalidad y al realismo normativo que produjo el gran salto de todos los indicadores económicos y sociales, el crecimiento del empleo, la mejora de los ingresos, el advenimiento de la clase media emergente, etc. Pero, por ‘obra y desgracia’ del Tribunal Constitucional, presidido por el nefasto populista, Javier Alva Orlandini, la ‘estabilidad laboral absoluta’ se coló de nuevo en el ordenamiento regulatorio del empleo, y desde entonces ha ido afirmándose en un nuevo período de despropósito normativo. “La vigencia de la estabilidad absoluta en el empleo se ha convertido en la norma jurídica regular”, Macroconsult.

‘Touché’. Incluso Francia, el gran propulsor del ‘Estado de Bienestar’ y la estabilidad en el empleo, ha tenido que reconocer el error que lo ha llevado a niveles altísimos de desempleo y bajo crecimiento económico. Ver en Lampadia: Francia opta por la flexibilidad laboral.

El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’. El gobierno socialista de Francia decidió seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad.

Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España.

El primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad.

Después de muchas protestas y a pesar de ellas, el gobierno francés recurrió a un instrumento constitucional extremo para aprobar la reforma. Hollande invocó el artículo 49.3 de la Constitución (llamado coloquialmente la ‘bomba atómica’), que permite al Gobierno imponer un proyecto de ley de modo que se adopte sin necesidad de ser votado en la Asamblea Nacional.

Típicamente, en Francia, las protestas fueron lideradas por los sindicatos y por grupos de jóvenes que serían los beneficiados por la reforma. Un caso parecido al de la marcha de los ‘pulpines’ en el Perú. Es curioso, se supone que los jóvenes, especialmente los millennials, se caracterizan por su independencia de criterio, pero, en uno y otro caso, se ve que son manipulados en contra de sus propios intereses.

En el Perú, la inconsecuencia es de tal nivel, que cuando el gobierno socialista francés planteo su reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Según el World Economic Forum, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo por sus normas de contratación y despido (ocupamos el puesto 14 de 144 donde el primero es el de mayor rigidez).

La revolución que planteó el gobierno socialista francés, debería hacernos  reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Pero, durante la última campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Un gran impedimento a la reforma laboral es el poder que se ha concedido a los gremios laborales, sin que tengan una representación significativa de los trabajadores, pues solo representan a una minoría de los trabajadores formales, quién sabe si llegan al 5% del total de trabajadores.

Las dirigencias laborales se comportan peor cada día y no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos. Ahora se están retirando del Consejo Nacional de Trabajo.

José Ignacio Beteta, Director de Contribuyentes por Respeto, escribe hoy en el diario El Comercio, su artículo, Modernización sindical, donde resalta algunos ejemplos de inconsecuencia de las dirigencias laborales que no podemos seguir pasando por alto. Veamos:

• El 17 de marzo, el sindicato de trabajadores de la compañía Lindley se negó a trabajar horas extra, básicas para atender la demanda de agua y la necesidad de ayuda humanitaria en medio de El Niño costero. La razón: según sus líderes, el año anterior la empresa había tenido utilidades históricas, y como aún estaban negociando cuánto más debían recibir los trabajadores por este concepto, no trabajarían ni una hora más. Incluso amenazaron “a los afiliados que incumplan las medidas adoptadas [pues] se les aplicará el reglamento de disciplina”.
• En abril, casi 3,000 trabajadores sindicalizados de la minera Southern estuvieron en huelga (declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo). “Estamos afincados –afirmaba José Espejo, dirigente del sindicato– en cada lado de la línea férrea porque no vamos a dejar que pase el tren”. El motivo: percibir también un porcentaje mayor de utilidades. Para conseguir su meta, bloquearon el tren y, por lo tanto, detuvieron la producción que justamente genera las utilidades que reclaman.
• En diciembre del año pasado, se descubrió una mafia –dirigida nada menos que por Gerson Gálvez, ‘Caracol’– que había constituido un sindicato de trabajadores en el Callao. Este sindicato, por cierto, implementaba un mecanismo bastante común en el puerto: cobraba cupos y extorsionaba a sus trabajadores para permitir que diversas obras, como la ampliación de la Costa Verde y el muelle de minerales de la Base Naval, se ejecuten.
• En Chilca, se conformó otro sindicato para implementar el mismo modus operandi, pero esta vez para traficar con terrenos públicos o privados. El sindicato 15 de Enero, alrededor del cual se articulaban autoridades públicas, policías corruptos, sicarios, extorsionadores y traficantes de terrenos, servía como una organización de soporte para causar zozobra y miedo en la población de este distrito.

“Si todos nos esforzamos a trompicones por construir un país más democrático, moderno y transparente, bajo la perspectiva de un modelo económico e institucional que, aún con ciertos vacíos y ajustes pendientes, funciona bien, ¿por qué no podemos exigirle exactamente lo mismo a nuestras organizaciones sindicales?”, remarca Beteta.

Después de que el gobierno ha perdido en gran medida, la posibilidad de recuperar un crecimiento económico alto, es de esperar, que se aproveche la coyuntura para avanzar en una reforma laboral que alcance a todos los trabajadores y no solo a minorías privilegiadas. ¡Cuando uno está calato, ya no tiene nada que ocultar. Es momento para la verdad! Lampadia

El 73% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada en el Perú es informal, afirma la última entrega del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre Empleo: Informalidad Y Productividad. Esto se debería en gran medida a la rigidez laboral del país, por lo que se deberían implementar reformas que permitan reducir los niveles de informalidad que además afectan la productividad de una buena parte de las empresas que operan en ese ambiente societario.

De acuerdo al Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para hacer negocios en el Perú y que nos resta competitividad. Este reporte ubicó a Perú en el puesto 133 de 140 países en la facilidad de las empresas para contratar y despedir trabajadores. Aunque la organización alabó al Perú en la flexibilidad para  la determinación de los salarios por parte de los empleadores, considera que las prácticas de contratación y despido de los empleados, así como el régimen de impuestos, reducen el incentivo para generar empleo.

De acuerdo con la legislación peruana, un trabajador sólo puede ser despedido por razones específicas señaladas en la legislación laboral. Si un trabajador demuestra que su empleador lo despidió arbitrariamente, tiene derecho a una indemnización equivalente a la paga de un salario y medio del mes por cada año trabajado para la empresa, con un mínimo de tres meses y un máximo de doce, o el derecho que ser trasladado a una posición diferente dentro de la empresa.

Los trabajadores formales en el Perú también tienen derecho a 30 días de vacaciones al año (13 de los cuales son pagados), dos gratificaciones anuales equivalentes a un mes de salario, seguro médico, seguro de vida, seguro de desempleo y una pequeña remuneración adicional para aquellos que tienen hijos.

Agravando esta situación, durante los primeros años del siglo XXI, los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional, ha generado precedentes que están determinando paulatinamente la estabilidad absoluta de empleo. Peor aun, hay regímenes especiales ‘secretos’ como el que acaba de denunciar el Primer Ministro Pedro Cateriano, que explicó que en la desastrosa empresa pública de servicios de agua y desagüe, Sedapal, hay una planilla dorada por la cual los trabajadores en un número de dos mil, tienen derecho a dar sus trabajos en herencia a sus familiares. El colmo de los colmos, los trabajadores son dueños de sus empleos y además, algunos venden el agua como negocio personal, según denunció otro ministro hace unos meses.

Como se puede observar en el gráfico inferior, en los últimos 5 años hemos retrocedido en casi todos los indicadores de eficiencia del mercado laboral con respecto al 2011. Además, en los últimos años, hubo un deterioro considerable en las prácticas de contratación y despido. Nos encontramos entre los países con peores prácticas de contratación y despido en América Latina (puesto 133 de 140 según el WEF).

Son justamente estos costos extra-salariales y la rigidez laboral, además de la Sunat, los causantes de la informalidad laboral, ya que terminan encareciendo la contratación a través de la vía formal. Según Carlos Casas, “se estima que en el Perú estos [costos extrasalariales] son equivalentes a 70% de la remuneración mensual de una persona, mientras que en países como Chile estos costos son del 30%. Este diferencial tiene diversos efectos. El principal de ellos es que en Chile más del 80 % de los trabajadores tiene un contrato laboral, acceso a un sistema de pensiones  y seguro de salud. En el Perú, la cobertura en dichos rubros está entre 30%  y 40%.”

Por ejemplo, en Francia ya se ha propuesto una reforma laboral que incluiría más horas de trabajo y  despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. Francia estaría en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad. Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’

Según el IPE, dado nuestro nivel de desarrollo económico (y de ingresos), tenemos aproximadamente 20 puntos porcentuales más de informalidad de lo que nos corresponde. 

Por lo tanto, en aras promover mayor propensión a la creación de empleo, el Perú debería flexibilizar su regulación laboral. 

“Perú tiene una de las regulaciones laborales más restrictivas del mundo”, afirmó un funcionario del Banco Mundial, John Panzer, en una conferencia en la Reunión Anual (2015) entre el Banco Mundial y el FMI. “Para que Perú pueda sostener su crecimiento, tiene que aumentar la productividad. Una mayor flexibilidad para las empresas obligará al sector informal unirse al sector formal, ya que le permitirá un mayor acceso al crédito, los recursos y el apoyo del Estado. Las leyes restrictivas, en lo que respecta a despedir a los trabajadores, impide a los empleadores contratar nuevos empleados. Como resultado, esto promueve la informalidad y reduce la productividad”.

Según el IPE, el sector agropecuario concentra el porcentaje más alto de la población ocupada y es de lejos el menos productivo, concentra la cuarta parte de los trabajadores del país y es uno muy informal (con datos del INEI solo el 3% es formal). Esta baja productividad del agro se relaciona estrechamente con el mayor empleo informal. Otros sectores con alta informalidad son el sector de Transportes (solo el 20% es formal), de Restaurantes y Alojamiento (solo el 14% es formal). 

La investigación también muestra que a menor tamaño de la empresa, la productividad cae de manera drástica. Solo el 9% de empresas de 1 a 5 trabajadores son productivas, solo el 16% de empresas de 6 a 10 personas, en contraste a compañías con más de 31 trabajadores, donde la productividad es de 73%.

A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra. Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Está comprobado que la sobre regulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos.

En Lampadia hemos hecho una propuesta “disruptiva” para incluir a los informales en el sistema mediante la implementación de una medida que permita alos trabajadores efectivizar parte de sus aportes a sus fondos individuales canjeando una parte de sus gastos en IGV (interno). Así todos entrarían, además, alabase tributaria. La idea es que parte del IGV que hoy se evade, se convierta en aporte a los fondos de pensiones de los trabajadores. Así se crearía un gran incentivo de formalización, se combatiría  la informalidad y se estimularía una mayor recaudación. El Estado “devolvería” parte delos pagos por IGV efectuados por los trabajadores mediante depósitosenlas cuentasque cada nuevo afiliado mantenga en la AFP de su elección. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo y Enfrentar la informalidad con beneficios

Actualmente, el Estado ya asume grandes costos por el tema previsional y por la evasión del IGV, el uso de parte de este tendría un costo nominal, pero el efectivo podría ser menor que el actual, con una mayor cobertura del sistema yla consiguiente formalización del trabajo. Esperamos que los candidatos a la presidencia tomen estas sugerencias en sus propuestas para mejorar el desarrollo y la productividad del país. Lampadia

Gestión, 24 de octubre del 2014

ENTREVISTA: Richard Baldwin, profesor de Economía Internacional del MIT

Por: Luis Fernando Alegría

El gurú explicó que la regulación laboral debe apuntar a reducir las asimetrías de poder entre empleados y empresas. Remarcó su recomendación de desarrollar clúster de servicios mineros en Perú.

Hace un año visitó Lima y dijo que tenemos potencial para desarrollar un clúster de servicios alrededor de la minería. ¿Todavía lo ve así?

La idea de un clúster de servicios alrededor de la minería es casi impecable. Lo que debes preguntarte es si va a haber empleo para las personas que saben cómo manejar la industria minera, mercadearla, financiarla, los ingenieros, infraestructura, logística, etcétera.

La respuesta es que sí, porque al final tenemos siete mil millones de personas en el mundo y la próxima generación va a haber más gente con riqueza. Eso significa que van a necesitar más commodities de alguno u otro tipo. Alguien tiene que sacarlos del suelo y va a haber un gran negocio relacionado a eso: extraerlos, enviarlos, financiarlos, etcétera. No creo que esa lógica vaya a cambiar.

¿La oferta minera podrá seguir al ritmo de la demanda?

También, la actividad minera se va a volver más difícil. No hay duda de que ya extrajimos lo más accesible, y eso aumenta la demanda por gente con habilidades técnicas que pueda hacer todo el proceso. De todas maneras, no veo que la industria minera deje de ser fuente de empleo en los próximos 20 o 30 años.

Usted también se ha referido a la importancia de la geografía en las cadenas globales de valor. ¿Cree que América Latina (y el Perú) puede formar un clúster de ese tipo?

No tendría muchas esperanzas en eso por la geografía peruana. No solo es un país relativamente pequeño, sino que está alejado incluso de los países vecinos, que también son pequeños. No podrías pensar en Santiago, Lima, Quito y la costa oeste de Colombia. Están demasiado alejados, así que no lo veo como clúster.

Creo que tienen que adaptar su estrategia industrial al hecho de que nunca van a estar tan cerca de 100 millones de consumidores, como pasa en Asia o Europa Central. Es una realidad que va a cambiar los tipos de productos en los que pueden ser competitivos. Por eso, creo que participar en agregar valor en los servicios dentro de las cadenas globales de valor es una buena idea, porque la distancia no es un factor preponderante.

¿Cómo debe ser el mercado laboral que acompañe un cambio de este tipo?

Cuando tienes ciertos tipos de empresa, donde hay gran asimetría entre el poder del trabajador y la firma, el sistema político reacciona creando protección para el empleado, para rebalancear el poder. Eso puede ser bueno en ciertas industrias, donde el Gobierno es el empleador, por ejemplo, o en la industria minera donde tienes pocas y enormes empresas; y los trabajadores requieren cierto tipo de protección.

Cuando extiendes eso al resto de la economía (hoteles, restaurantes, bancos, etc.), donde no hay esta asimetría de poderes, entonces tienes contratos que no son apropiados para ellos. Estoy a favor de las reglas fuertes de contratación en ciertas industrias, en ciertos sectores, pero no son buenas para la economía en su conjunto.

¿Hacia dónde debe apuntar la legislación laboral?

Creo que hay una diferencia entre proteger el trabajo y a los trabajadores. En el sur de Europa suelen proteger el empleo y al norte protegen a los trabajadores. Estoy de acuerdo con que el objetivo de la economía es ayudar a la gente, pero ¿cómo hacerlo?

Creo que no se debe proteger los empleos mientras puedas proteger al trabajador. Mi idea es que se debe proteger a los trabajadores, no puestos de trabajo específicos. La idea es que, si pierdes tu empleo, el Estado te ayude a recapacitarte y reinsertarte; para transitar a los empleos que el sector privado esté creando.

¿Percibe sobrerregulación laboral en el Perú?

Ustedes están en una situación en la que la gente con contratos rígidos son una minoría. Probablemente, sea importante que no se metan en una situación de dos tipos de contratos, que se enganchan. Creo que la clave es que si la regulación es alta o baja está bien. La diferencia es la que crea dos sistemas paralelos, lo que es especialmente nocivo para las personas jóvenes.

“No hay primer jugador en servicios offshore en español”

Todavía hay sectores productivos que, a nivel mundial, no han sido explotados y ofrecen una ventaja importante para quien emprenda en ellos. Esa es la percepción de Richard Baldwin, profesor de Economía Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra.

El gurú, en su visita a Lima, sostuvo que hoy en día no hay un primer jugador en el sector de servicios offshore ofrecidos en español. “Uno se da cuenta de que India ha hecho esto con los servicios en inglés, pero nadie lo ha hecho en español”, dijo a Gestión.

¿Por qué es tan importante hacer el primer movimiento? Desde la óptica de Baldwin, quien da el primer paso tiene una ventaja clave debido a que ‘activa’ y pone en marcha todo un clúster alrededor de la actividad.

¿Esto puede ser una oportunidad para Perú? El experto opinó que sí. La razón -explicó- es que el español es nuestra lengua materna y, cuando se trata de servicios, las distancias físicas no son relevantes.