J. Eduardo Ponce Vivanco
Para Lampadia

La violenta convulsión que sorprendió a Chile hace tres años desorientó al país. Un profundo desconcierto sucedió a la racha de éxitos que, a pesar de la desigualdad, auguraban un futuro de prosperidad y desarrollo. La elección de Boric y el experimento constitucional que acaba de fracasar estrepitosamente en nuestro vecino marcan el inicio de una introspección colectiva. Un período de reflexión que no durará poco y que suscita análisis diversos en una región en permanente cambio como América Latina.

Brasil

En poco menos de un mes, Brasil elegirá entre un Bolsonaro que apuesta con todo por su reelección y Lula da Silva.

A los 76 años y después de varios altibajos, el carismático exsindicalista lleva como candidato a la vicepresidencia a un médico y político del Opus Dei en una peculiar plancha electoral que busca ampliar su ventaja de 8 puntos según la última encuesta. Su compañero de fórmula es el doctor Gerardo Alckmin, que acompañó al presidente Cardoso como Gobernador de Sao Paulo, y su presencia muestra el evidente intento de atraer el voto de centro. Quiere convencer de que su filiación izquierdista tiene un contrapeso que lo beneficia frente al discutido Bolsonaro que, por segunda vez, lleva a un general retirado como candidato a la vice presidencia.

Lo concreto es que el próximo año Planalto arrancará con un nuevo presidente en las riendas del gigante sudamericano, que no habla español y responde a parámetros culturales amigablemente diferentes a los de sus vecinos hispanoparlantes.

Si Lula triunfara y quisiera convencer de su corrida al centro, tendría que comenzar por desinflar al Foro de Sao Paulo – que tantos estragos causa en la región – y optar por un liderazgo capaz de convocar el respaldo regional.

Argentina

Meses después (en octubre del 2023) Argentina elegirá un nuevo gobierno probablemente opuesto al peronismo que ha gobernado tan lamentablemente con las caras de Alberto Fernández y Cristina F. de Kirchner.

Una vez más, dejarán a su riquísimo país con una enorme deuda, una inflación superior al 70%, descontento social y condiciones económicas demasiado distantes de las que permitirían sus envidiables potencialidades como nación. Es probable que una segunda presidencia de Macri sea mejor que la anterior y pueda tener una positiva proyección hacia el futuro.

Colombia

Colombia acaba de elegir un exguerrillero convertido a la izquierda democrática que será el primer político zurdo en regir los destinos de ese complejo país, cuya población supera la de Argentina.

Su pasado de violencia aún se deja sentir, pero tiene varias ciudades dinámicas e importantes, además de una situación geopolítica excepcional en el Caribe, el Atlántico, el Pacífico y la Amazonía.

México

Con el pausadísimo hablar de López Obrador, México celebrará elecciones dentro de un año y medio. He pronosticado que en ellas competirá su hábil y ambicioso Canciller Marcelo Ebrard como candidato de MORENA.

Lo acabamos de recibir en Lima presidiendo la segunda misión de salvataje que comenté en el artículo “AMLO, el Chapulín Colorado de Pedro Castillo”, anticipando que, de ser elegido, se convertiría en un actor dinámico de la política sudamericana. Ver en Lampadia: AMLO: El Chapulín Colorado de Pedro Castillo.

Téngase presente el afectuoso padrinazgo mexicano que prohijó a Evo Morales – auto asilado en ese país después de su fracasado fraude electoral de 2019 -, así como el atractivo de los yacimientos sudamericanos de litio, vitales para un gran exportador de automóviles al mercado del NAFTA. El federalismo y la diversidad étnica de ese país debe mirar con simpatía (o condescendencia) la obsesión de la “plurinacionalidad” que García Linera y el MAS boliviano insisten en inocular en Perú y Chile con miras a potenciar la etnia aymara y reconstruir un camino que los lleve al mar que perdieron por culpa propia.

En resumen, el panorama probable es una izquierda cohibida en Chile, un Lula moderado en Brasil, un gobierno de centro-derecha en Buenos Aires, un Petro contenido por la institucionalidad colombiana, un México más cercano a Sudamérica, y la persistente infección de Evo Morales y el MAS desde el Chapare cocalero y el Altiplano aymara. No he considerado, por cierto, la perseverancia del eje castrochavista tan negativo para la región. Lampadia

Brillante artículo del colombiano Thierry Ways, que explica que la prosperidad de la humanidad se genera con la iniciativa privada, la creatividad y el desarrollo tecnológico, y no de los procesos políticos. “Los alcances de la acción política son mediocres comparados con los de la ciencia, la industria y el comercio”.

No dejen de leerlo, trae un mensaje muy importante para el nuevo gobierno y para todos los peruanos.

Thierry Ways
20 de noviembre 2019
El Tiempo – Colombia

Los latinoamericanos somos un pueblo en exceso politizado; creemos, erróneamente, que los cambios sociales que valen la pena proceden principalmente de la política. No sé quién nos metió en la cabeza la idea de que allí están cifradas las soluciones de nuestros problemas. Hemos vivido siempre entre etiquetas: centralistas y federalistas, liberales y conservadores, uribistas y petristas, como si esos rótulos agotaran las posibilidades del pensamiento. Si un malvado imperio extranjero hubiera querido diseñar un plan para mantenernos distraídos y alejados del cauce de la modernidad, no podría haberlo hecho mejor.

Quizá porque hemos aportado tan poco al progreso de la humanidad, nunca aprendimos en carne propia que las mayores transformaciones sociales no nacen de las marchas y las arengas, sino del ingenio y el comercio. El ábaco, la brújula, el celular, los desinfectantes, los elevadores, la farmacología, la genética, el hormigón armado, el inodoro, el jet, el clínex, el linotipo, la máquina de vapor, la nevera, la odontología, la píldora anticonceptiva, el queroseno, la radiotransmisión, la siderurgia, los telares, las UCI, las vacunas, la web, la xerografía, el yugo, la zootecnia: cualquiera de estas cosas hizo avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité. “Al mundo no lo cambian las masas –escribió el martes en estas páginas Eduardo Escobar–, sino los ingenieros del secreto material que suelen trabajar en silencio para construir milagros como el clip”.

Decía Hans Rosling en una conocida charla TED que el invento más mágico de la era industrial fue la lavadora eléctrica, pues reemplazó el lavado manual de ropa, tediosa y fatigante tarea que en gran parte del mundo todavía realizan casi exclusivamente las mujeres. Cuando llegó la lavadora, la madre del futuro físico sueco pudo empezar a ir a la biblioteca, leer novelas, aprender inglés e inculcarle a su hijo el amor por los libros. “¡Gracias, industrialización! –exclama Rosling–. ¡Gracias, fábrica de acero! ¡Gracias, estación eléctrica! ¡Y gracias, industria química, por darnos tiempo para leer!”.

No me atraen las marchas, ni la de hoy ni ninguna. Porque, para un ciudadano corriente, como yo, los alcances de la acción política son mediocres comparados con los de la ciencia.

América Latina, en contraste, insiste en un camino trágico y equivocado: vive obsesionada con la acción política como herramienta de cambio, en perjuicio de la técnica y el emprendimiento. Que es como dotarse de guantes de látex para trepar un poste engrasado.

Por eso no me atraen las marchas, ni la de hoy ni ninguna. Porque, para un ciudadano corriente, como yo, los alcances de la acción política son mediocres comparados con los de la ciencia, la industria y el comercio. Y porque los logros de la política no pasan por el cedazo del mercado, sino que se imponen por la fuerza del Estado.

Un ingeniero, artista o empresario tiene éxito solo si un buen número de personas consideran atractivo su trabajo; sobrevive en su oficio solo si produce algo con valor para los demás. El político o activista no pasa por ese filtro. Una colectividad suficientemente vociferante, intimidatoria –o corrupta– puede imponerle a la sociedad sus propósitos sin preocuparle si generan costos impagables para otros grupos, si profundizan injusticias u obstaculizan el desarrollo. Incluso puede que a los líderes de esas colectividades no les convenga mejorar realmente las condiciones de vida de las personas que dicen representar, pues son astutos y saben que su poder deriva de que esas personas vivan siempre inconformes, para que ellos oficien permanentemente de salvadores.

Son dos maneras distintas de hacer avanzar la sociedad: la iniciativa privada y la acción política. No critico a los marchantes, pero prefiero la primera. Y la promuevo. Y si más personas la defendieran, progresaríamos mucho más rápido.

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Hoy, al 99% de conteo de los votos escrutados, en elecciones para definir quiénes integrarían la Convención Constituyente para la redacción de una nueva constitución, Chile se encuentra al borde del abismo. El oficialismo actual sólo logró 24% de la votación, mientras que la oposición (Apruebo Dignidad y Lista de Apruebo) alcanzaron 34% y la diferencia la llevan los independientes, quienes están más cerca de la oposición. Así, los grupos de izquierda tendrían más de dos tercios de la convención, un poder que les permitirá destruir la actual constitución redactada en tiempos de Pinochet, por una de izquierda. Nicolás Maduro ya envió su mensaje de satisfacción por estos resultados, lo que nunca es buen presagio para quienes defendemos la democracia.

Los riesgos producidos por la incertidumbre del futuro económico y social del país vecino han generado un golpe en su moneda – y fortalecimiento del dólar, en más de 3%, pasando de $697 a $720 por US$1 y una caída de la bolsa de valores en casi 10%. Se teme que los cambios de constitución sean radicales, sobretodo en temas de regulación y tributación minera, redistribución de riqueza, manejo central de recursos naturales y rol del Estado. Todo esto decantaría en una contracción de la inversión privada y que los capitales migren a otros destinos, y, si el Perú pudiera unirse contra movimientos comunistas radicales, tenemos la oportunidad de ser el mercado más atractivo de la región.

Somos uno de los países más golpeados del mundo en esta pandemia, con una caída de más de 10% del PBI en 2020 y 3 millones de peruanos más en situación de pobreza. Por lo tanto, si logramos derivar las inversiones chilenas y de países como Colombia, Brasil y otros, sería la forma perfecta para arrancar nuestra inmóvil economía y empezar a generar empleo, consumo, recaudación y un círculo virtuoso que sacaría a millones de peruanos de la pobreza.

Es una oportunidad que no debemos desaprovechar y Perú puede convertirse en el bastión democrático de Latinoamérica, siendo una vez más, una estrella en medio de tanto caos y volatilidad. Confío en que los peruanos podemos unirnos contra quienes ahuyentan la inversión, participando activamente en esta campaña, con humildad y firmeza, y sobretodo conversando con los que nos rodean, y comprendan el riesgo en el que estamos, y lo que podría ser un futuro próspero para nuestra nación.

Referencias:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57139669

https://www.latercera.com/pulso/noticia/reaccion-visceral-del-dolar-tras-resultados-de-las-elecciones-se-dispara-mas-de-20/CWAHIQZCZ5FM5OTSBT33JP4EDQ/

https://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa-monedas/bolsa-chilena-abre-con-caida-de-casi-10-y-refleja-la-incertidumbre-de/2021-05-17/095142.html

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54630310

Hace pocos días se reveló la lamentable muerte de quien fuera el creador de Mafalda, el argentino Joaquín Lavado, conocido como “Quino” en la entrañable tira de historietas protagonizada por aquella niña de particular personalidad y férreo temperamento hacia los males de su sociedad.

Múltiples medios internacionales y personajes políticos han destacado el trabajo de Quino por lo que vale la pena reseñar porqué, a pesar de la discontinuidad de Mafalda – estuvo en producción menos de una década entre los años 60 y 70 – sus historias mantienen mucha vigencia hoy en día, en particular, para los latinoamericanos.

Un breve artículo de The Economist que compartimos líneas abajo describe cómo la sátira reflejada en las conversaciones entabladas por Mafalda hacia personajes de su entorno expresa lo que vendría a ser su principal atributo: una crítica constante a los autoritarismos de los Estados, así como su ineficacia para la resolución de problemas sociales, un flagelo que todavía seguimos lamentablemente arrastrando en buena parte de la región, incluido nuestro país. Mafalda también es muy crítica del establishment y asume todas las causas de defensa del individuo.

Sentó pues las bases de lo que sería una suerte de arte de reclamo entretenido hacia los políticos de turno, la cual al día de hoy se sigue utilizando ya no solo a través de los cómics, sino también de la imitación y de otras formas de expresión, que como comenta The Economist, en muchos casos han conducido a censuras y hasta apresamientos.

Veamos el halago de The Economist hacia Mafalda. Lampadia

El significado de Mafalda
Aunque su creador ha muerto, su espíritu satírico vive en América Latina

The Economist
15 de octubre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

La tira cómica apareció apenas nueve años, entre 1964 y 1973, en Argentina. Sin embargo, Mafalda ocupa un lugar único y duradero en la cultura popular latinoamericana. Eso se reflejó en la aclamación y el cariño que le brindó a su creador, Joaquín Lavado, fallecido el 30 de septiembre. La heroína de la tira era una niña regordeta, rebelde y de cabello castaño de seis años. Con la lógica implacable de los niños (pero bastante más sofisticada que la mayoría), interrogaba la vida doméstica, su país y el mundo, y generalmente los encontraba deficientes.

Mafalda era más política que Peanuts y más moderna que Asterix, pero gozaba de una popularidad similar. Lavado, quien dibujó bajo el apodo de Quino de su infancia, distribuyó las tiras en América Latina y el sur de Europa. Fueron traducidos a 26 idiomas y todavía se vuelven a publicar hoy. Mafalda ha vendido más de 20 millones de libros, así como camisetas, tazas y otros objetos de interés. Las historietas originales reflejan un medio y una época particulares: la Argentina de clase media en las turbulentas décadas de 1960 y 1970. Pero gran parte del ingenio de Mafalda es universal y se siente fresco incluso hoy. Ella juega un papel destacado en una larga y continuada tradición de sátira política en América Latina.

Umberto Eco, un escritor italiano, fue uno de los primeros fanáticos. Mafalda, escribió, es “una heroína iracunda que rechaza el mundo tal como es … defendiendo su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un mundo arruinado por los adultos”. Era una rebelde nativa y odiaba la sopa. En una tira lee la receta de un caldo de verduras en un periódico. Quiere someter a juicio los ingredientes por “asociación ilícita”.

Ella fue una de las primeras feministas. “Lo malo de la familia humana es que todo el mundo quiere ser padre”, dice. Si su madre no hubiera abandonado la universidad para casarse, “tendrías un título en tus manos y no un montón de camisas”, le dice. Lleva a su padre, un oficinista afable cuyo pasatiempo son las plantas en macetas, a la distracción con sus preguntas. La carrera espacial, la guerra de Vietnam, los Beatles, los trajes de baño y la inflación, que ya es un problema creciente en Argentina, hacen acto de presencia.

Mafalda se desespera por el estado del mundo. Luego de un golpe militar en Argentina en 1966, contempla un grafito que dice: “Basta de censu… [ra]”, Quino rápidamente presentó a un nuevo miembro a su grupo de amigos en la tira, una niña llamada Libertad que es una enana. Pero Mafalda no es una izquierdista furiosa. Quizás en su mayor desdén político afirma que “la sopa es para la infancia lo que el comunismo es para la democracia”. Pero también es despiadada con las fallas del establishment y del Estado argentino. Ella llama a su tortuga mascota “Burocracia”. Cuando ella y sus amigos deciden jugar a ser el gobierno, le dice a su madre: “No te preocupes, no vamos a hacer absolutamente nada”. En el fondo, es una potencia progresista liberal que desconfía de todo tipo.

Quizás sea este desprecio sospechoso del Estado lo que convirtió a Mafalda en un éxito en una región que con demasiada frecuencia ha sido mal gobernada. En América Latina, como en otras partes, la sátira ha sido durante mucho tiempo un arma contra el abuso de poder. Mafalda fue parte de su época dorada. Los años sesenta y setenta fueron “un buen momento” para ser dibujante, reflexionó mucho más tarde Quino, porque “había tanto conflicto”.

Eso todavía se aplica. El humor puede estar más globalizado: han aparecido cómics en la región y los memes en las redes sociales transmiten la sátira de los EEUU. Pero las formas más tradicionales todavía provocan la ira oficial, recientemente la de los autócratas de izquierda. En 2011, el régimen de Hugo Chávez en Venezuela cerró una revista satírica y arrestó a su personal. El gobierno ha multado repetidamente a TalCual, un periódico, por sus pasquines. Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, organizó una multa contra un periódico por una caricatura. En Nicaragua, las amenazas del régimen de Daniel Ortega obligaron a huir en 2018 al caricaturista Pedro X. Molina. Mafalda habría condenado a esos déspotas a toda una vida de sopa. Lampadia

Como todos hemos visto en los medios de comunicación, una de las campañas políticas contra el sector privado se refiere al precio de los medicamentos. Se ha llegado a declarar que en el Perú tenemos los medicamentos más caros de América Latina, cuando la verdad es que los medicamentos en el país son 37% más baratos que el promedio de la región, y los medicamentos genéricos puros cuestan en promedio 70% menos que en los demás países.

Según IPSOS, los medicamentos en Perú son 37% más baratos que el promedio en Latinoamérica

“El Estudio de IPSOS demuestra que gracias a niveles de competencia saludables en el mercado y las eficiencias en costos a las que pueden acceder las cadenas de boticas, los precios de los medicamentos en Perú son 37% más bajos en promedio que en otros países de Latinoamérica. Esto significa que el gran reto del Estado ahora es asegurar un correcto abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, ya que el 80% de las órdenes de medicamentos viene de recetas del sector de salud público. Y, además, debe seguir combatiendo la informalidad y falsificación de medicinas, que atentan contra la salud de los consumidores. Por ello es crítico continuar con campañas de información y reforzar los controles de calidad para poder asegurar la efectividad de las medicinas ¿Cómo logramos que la población tenga acceso a medicamentos seguros y de calidad? Hacia allí debemos enfocar todos nuestros esfuerzos de manera coordinada.”

Carla Sifuentes, Directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB)

Además, durante los últimos años, esta diferencia favorable de precios, vis a vis las necesidades de la población, a mejorado desde un menor precio relativo de 28% a menos 37%.

El estudio también muestra las diferencias relativas por tipo de medicamento, como puede verse en el siguiente gráfico:

El estudio de IPSOS “Levantamiento de precios en medicamentos LATAM 2020”, se ha hecho por tercer año consecutivo y muestra resultados para siete países de Latinoamérica.

Para la realización del estudio se compararon 73 medicamentos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Los medicamentos fueron clasificados en 3 grupos: Innovadores, Genéricos de Marca y Genéricos Puros.

Sifuentes señaló que para obtener estos resultados, Ipsos Perú recolectó los precios de cada medicamento en al menos tres puntos de venta por país. En el caso de Perú, se eligió los establecimientos de las cadenas de farmacias Inkafarma, Mifarma y Boticas y Salud.

“La evidencia indica que los medicamentos en el Perú, no tienen un problema de precios. La oportunidad de mejora para solucionar el problema de acceso a medicamentos estaría en dinamizar el abastecimiento del sector de salud público, ya que este concentra más del 90% de la demanda y el 78% de la dispensación de medicamentos a la población”, sostuvo la Directora de ANACAB.

Puede verse el estudio completo en el siguiente enlace: https://www.ipsos.com/es-pe/medicamentos-en-latinoamerica

En conclusión se puede afirmar que los precios de medicamentos en el Perú son más baratos que el los principales países de la región.

¿Por qué entonces se hacen campañas políticas y mediáticas, afirmando lo contrario?

Básicamente, porque en el Perú tenemos una izquierda decimonónica que sigue pensando que su oferta política debe basarse en la destrucción del estatu quo. Son los reyes del síndrome del ‘vaso medio vacío’, y desconocen todos los tremendos avances sociales de los últimos 25 años, que permitieron reducir la pobreza de 60% a 20%, disminuir la desigualdad, crear una gran clase media emergente, mejorar los ingresos de los peruanos llevando el PBI per cápita de US$ 600 (1990) a US$ 10,000 y aumentar significvativamente las finanzas públicas.

Que nuestros políticos no hayan sido capaces de aprovechar el crecimiento para mejorar suficientemente la educación, la salud y las infraestructuras, no es porque faltó crear riqueza, sino porque no nos deshicimos de la corrupción y la incapacidad en la gestión pública.

Otro fenómeno que complotó contra un mayor desarrollo es el clientelismo, expresado en la grosera multiplicación de la burocracia. La burocracia inservible. En el siguiente gráfico de Fernando Cillóniz, podemos apreciar el crecimiento de la burocracia pura desde el año 2,000, que se multiplicó por 8. Este indicador es de la burocracia pura, pues  excluye del mismo a los maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; en comparación de la evolución de la recaudación tributaria, que creció 5 veces.

Así es pues cuando la mentira es la plataforma de la oferta política. Por ello es muy importante hacer análisis profesionales y difundir los resultados. Los peruanos necesitamos buena información de la realidad para poder acometer la tarea de la prosperidad. Lampadia

Un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, esboza un breve pero muy ilustrativo recuento histórico del liberalismo en América Latina, cuyo origen se remonta con los movimientos independentistas a fines del siglo XVIII.

Lo relevante del artículo recae sobre las dos principales hipótesis que plantea respecto a por qué en nuestra región el liberalismo, en todas sus facetas (política, civil y económica) – a pesar de haber triunfado frente a varios regímenes militares nacionalistas de antaño – sigue mostrando claras señales de debilidad frente al atractivo de las ideas estatistas que prevalecen en la hegemonía intelectual de los movimientos de izquierda. A continuación algunas reflexiones en torno a ellas.

Respecto a la primera hipótesis, esto es, su incapacidad para deslindarse de un concepto por demás despectivo -el “neoliberalismo” – y acuñado por sus detractores para un movimiento político que tuvo  lugar en la segunda mitad del presente siglo, consideramos que en parte ello se debe a que los liberales no han sabido constatar que dicho término no contiene ninguna rigurosidad académica además que no han sabido rebatirlo con la base filosófica que en verdad sostiene el pensamiento liberal.

Si bien hubo reformas promercado en nuestra región denostadas como “neoliberales” en años pasados, muchas de estas no entrañaron por completo el pensamiento liberal, por dejar de lado ámbitos tan importantes como el laboral, el de educación, la salud y entre otros. Además en muchos casos acrecentaban el clientelismo político en desmedro de la competencia empresarial, otra característica que hace que dichas reformas sean incompatibles con el liberalismo clásico. Probablemente Chile sea el único país que ha podido profundizar más reformas verdaderamente liberales, sin embargo, el resto de la región, incluido nuestro país, está muy lejos de un liberalismo pleno en todos los ámbitos anteriormente expuestos.

Respecto a la segunda hipótesis que tiene que ver con que el liberalismo se ha difundido y cultivado básicamente en las clases medias altas, esta reflexión es acertada y en nuestro país inclusive se podría decir que este impulso aún en las clases altas es débil. Las fundaciones y think tanks que difunden el pensamiento liberal son sumamente escasos y sus contribuciones se circunscriben a las grandes empresas, recibiendo poca participación de las pequeñas y medianas. Desde Lampadia, somos conscientes de esta complicación y por ello siempre hacemos llamados constantes a la sociedad civil para donaciones que puedan sostener nuestros esfuerzos en el tiempo. En un ideal, se debería poder constituir una red de think tanks, con aportes de todo tamaño de empresa y de personas naturales, como es el caso del Instituto Mises y organismos similares en EEUU (ver Lampadia: La batalla de las ideas), que puedan rebatir constantemente las ideas populistas y demagógicas que dominan la discusión de nuestros líderes políticos y proponer medidas que vayan más acorde a la filosofía liberal. Como muestra The Economist, muchos de los ideales liberales, de haberse implementado décadas atras, habrían servido para paliar el impacto económico de una pandemia como la que acontece actualmente con el covid 19.

Esperamos que este artículo sirva de reflexión para todos aquellos pensadores y difusores del pensamiento liberal en nuestra región, de manera que acondicionen sus discursos a estas críticas que hace The Economist. Ello ayudará a que sus voces calen más en la mente de las personas que son finalmente las que escogen a los líderes políticos que implementan las reformas en los gobiernos. Lampadia

La luz parpadeante del liberalismo en América Latina

¿Las ideas liberales sufren en la región porque son importadas?

The Economist
18 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En “La luz que falló”, un influyente libro reciente, Ivan Krastev, un pensador político búlgaro, y Stephen Holmes, un profesor de derecho estadounidense, argumentan que el surgimiento de nacionalismos populistas en Europa central y oriental se debe en gran parte a la frustración con la forma en que se impuso el liberalismo en estos países después de la caída del Muro de Berlín en 1989. La práctica de copiar un modelo extranjero, presentado a los ciudadanos como si no hubiera otra alternativa, es humillante y niega las tradiciones e identidades nacionales, escriben. Para América Latina, su argumento plantea una pregunta interesante. También formó parte de la ola mundial de democratización en los años ochenta y noventa, y también ha visto un resurgimiento reciente de los nacionalismos populistas. Entonces, ¿los problemas del liberalismo en América Latina se deben a que es una importación extranjera, con pocas raíces locales?

La respuesta debe comenzar con la larga historia del liberalismo en América Latina, una región que ha visto olas de copia de ideas extranjeras y de su rechazo. Logró la independencia política hace dos siglos bajo las inspiraciones gemelas de la ilustración europea y el constitucionalismo y los valores republicanos del nuevo EEUU. Pero aquellos fundadores latinoamericanos que se propusieron construir naciones, devastadas por las guerras de independencia, sobre principios liberales, rápidamente se encontraron con crudas realidades locales de poder y desigualdad social y racial. Se rindieron ante los caudillos (hombres fuertes, a menudo militares), que encarnaban “la voluntad de las masas populares”, según Juan Bautista Alberdi, un teórico político argentino.

El liberalismo se hizo presente en la región desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. Los gobiernos civiles, aunque a menudo elegidos fraudulentamente, se convirtieron en la norma. Suprimieron los privilegios de la iglesia y abrieron economías al mundo. Sin embargo, el liberalismo latinoamericano perdió su camino. En parte se transformó en positivismo, que exaltó la ciencia pero denigró la libertad, mientras que la industrialización planteó nuevos desafíos. Las nuevas sociedades de masas de la región se interesaron más en los derechos sociales que políticos o civiles. Líderes e intelectuales se embarcaron en la búsqueda de fórmulas nacionales “auténticas” que incorporaran culturas indígenas. Para México, el liberalismo europeo era “una filosofía cuya belleza era exacta, estéril y a la larga vacía”, se quejó Octavio Paz, poeta y pensador, en 1950.

El deseo de autenticidad nacional alcanzó su apogeo con la revolución cubana de 1959. Fidel Castro, su líder, afirmó estar en guerra contra el imperialismo estadounidense en nombre de la liberación nacional igualitaria. De hecho, para mantenerse en el poder se convirtió en el mayor imitador de todos, imitando servilmente a la Unión Soviética. Sus discípulos en otras partes se opusieron a dictadores militares de la derecha.

Los académicos desesperados comenzaron a argumentar que la herencia católica y corporativa de América Latina lo hizo impermeable al liberalismo. Sin embargo, el fracaso de las dictaduras, los nacionalistas y el castrismo trajeron a los liberales (que para entonces incluían a Octavio Paz) de regreso, con la democratización y las reformas económicas pro-mercado de los años ochenta. El logro liberal ha sido mixto y políticamente frágil. La democracia electoral y el gobierno constitucional generalmente se han mantenido. Pero la separación de poderes es a menudo más nocional que real. Los opositores del liberalismo en la izquierda han condenado sus recetas económicas, a menudo llamadas el “consenso de Washington”, como una importación extranjera, incluso si muchos han seguido siguiéndolas.

El liberalismo latinoamericano contemporáneo tiene dos debilidades. No ha logrado arrojar la caracterización condenatoria de que es un “neoliberalismo” despiadado. En parte, esto se debe a que algunos que se llaman a sí mismos “liberales” en América Latina (e Iberia) son de hecho conservadores, que se oponen a los esfuerzos para reducir las desigualdades inaceptables de las que se benefician. Segundo, el liberalismo genuino tiende a ser una reserva de una élite de clase media alta, con títulos de universidades extranjeras. No han logrado producir una nueva generación de líderes efectivos para reemplazar a aquellos que dirigieron la democratización.

Sin embargo, es el liberalismo el que está en mejores condiciones para proporcionar muchas de las cosas que los latinoamericanos quieren: sistemas de justicia que controlen a los poderosos; igualdad de oportunidades; el bien público en lugar de la protección del privilegio privado; mejores servicios públicos a un costo fiscal asequible; la defensa de los derechos y la tolerancia de las minorías frente a la intolerancia religiosa renovada; y ciencia en lugar de charlatanería ideológica. El covid-19 hace que todas estas cosas sean más urgentes. Esta debería ser la hora del liberalismo latinoamericano. Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado en la revista Project Syndicate y escrito por dos economistas latinoamericanos – uno de ellos peruano – que radican en prestigiosas universidades en el extranjero, en el que muestran su visión respecto a qué políticas macroeconómicas deberían emprender los países de nuestra región para mitigar el impacto de la crisis social producto de la pandemia del coronavirus.

Si bien varias de las propuestas aquí presentadas, como las  transferencias condicionadas a los hogares y un mayor acceso al crédito por parte de las empresas con avales del fisco, ya se encuentran siendo implementadas en nuestro país acertadamente (ver Lampadia: El Perú enfrenta la crisis económica), vale la pena rescatar las reflexiones que hacen ambos economistas respecto a la importancia de que estas medidas se concreten sin vacilar y cómo el Perú es uno de los países privilegiados del continente porque cuenta con la capacidad para emprenderlas.

La realidad económica de América Latina, en la que coexisten estructuras productivas formales e informales, requiere políticas diferenciadas que permitan paliar una crisis para empresas y hogares con contextos muy distintos. Si bien resulta relativamente fácil llegar a las empresas y empleos formales por su alta bancarización, en la informalidad se necesitan de políticas más audaces, que probablemente requieran de una inyección de liquidez directa más potente de manera que se abarque a una mayor cantidad de unidades productoras, pymes en su mayoría, que dan empleo a los estratos más bajos de la distribución de ingreso. Aquí la solidez macroeconómica es fundamental, puesto que le permite al fisco no solo acceder a recursos vía deuda a bajas tasas de interés internacionales sino también al ahorro interno, como son las reservas internacionales,  acumuladas gracias a la política fiscal responsable en los buenos años.

Gracias a estos sólidos fundamentos, ausentes en otros países de la región, el Perú podrá inyectar, con todos sus recursos, 12 puntos del PBI  a la economía para evitar un rompimiento de la cadena de pagos, como ha sugerido recientemente la ministra de economía.

Es importante pues preservar el marco institucional que da forma a esta política ortodoxa y que rige nuestro modelo de desarrollo.Lampadia

El virus llega al sur

Project Syndicate
24 de marzo, 2020 
Roberto Chang & Andrés Velasco
Glosado por Lampadia

El COVID-19 ha llegado a América Latina, pero no así las medidas eficaces para enfrentar la pandemia –por lo menos no a todos los países–. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil, imitando al presidente estadounidense Donald Trump, todavía realizan actividades públicas y abrazan a sus seguidores, en un imprudente intento por reforzar sus credenciales de machos fuertes. América Latina merece una respuesta más seria, audaz y con metas claras para evitar que una crisis de salud pública se transforme en una catástrofe socioeconómica.

El COVID–19 ha abrumado a Italia, que tiene más médicos y camas de hospital per cápita que América Latina. En EEUU escasean los equipos para diagnosticar el coronavirus y en el Reino Unido faltan respiradores. Sería ingenuo pensar que estos mismos problemas no van a golpear a Latinoamérica, cuya trayectoria en el ámbito de enfrentar pandemias es deficiente: en la gripe asiática de 1957-1958, Chile encabezó la lista mundial con 9,8 muertes por cada diez mil habitantes.

América Latina tiene amplia experiencia en todo tipo de crisis, pero la actual es sin precedente. La primera prioridad es salvar vidas, de modo que todo peso gastado en la contención del virus es un peso bien gastado. Este no es un momento para ahorrar.

La índole y la gravedad del shock económico también son nuevas. Nunca antes se le había dicho a una proporción tal de la ciudadanía que dejara de trabajar. Incluso si el encierro no dura más de un par de meses, es posible que se produzcan contracciones de dos dígitos en el PBI anual.

De no existir una respuesta de política, este será solo el comienzo de la historia. Si las familias pierden sus ingresos, dejarán de gastar, lo que se traducirá en que otras personas también pierdan sus ingresos. Si las empresas no tienen ganancias, es posible que no puedan pagarles a sus proveedores ni cubrir el servicio de sus deudas. Si los bancos y otros acreedores no reciben pagos, es posible que aceleren sus préstamos y exijan que se los pague en su totalidad, aumentando así la contracción de liquidez de las compañías y los hogares. Y si colapsa el precio de los activos (acciones, bonos y, eventualmente, bienes raíces) todas las personas dispondrán de menores garantías y, por lo tanto, de menos capacidad para pedir préstamos. La iliquidez se extenderá por todo el sistema y dará origen a olas de quiebras.

El papel de la política macroeconómica es detener este círculo vicioso. Las políticas anticrisis deben ser rápidas y enormes.

En primer lugar, las autoridades deben evitar que los hogares pierdan sus ingresos. Esto significa cambiar la normativa laboral de modo que a los trabajadores se les remunere incluso cuando no estén trabajando a tiempo completo. En el Reino Unido y Dinamarca, el gobierno cubrirá de manera temporal el 80% y el 75%, respectivamente, del gasto salarial de las empresas que estén en aprietos. Es probable que esto sea inasequible para los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, pueden aplicarse estrategias más a la medida de cada país. El plan de Chile, por ejemplo, permite que las empresas pasen a jornadas parciales de trabajo y utilicen el fondo de seguro de desempleo para garantizar que sus trabajadores reciban por lo menos el 75% de su salario original.

Una de las dificultades que enfrenta América Latina es que gran parte de su fuerza laboral trabaja de manera independiente o informal, sin empleador que continúe remunerando o pueda proporcionar algún seguro. Por ello, los gobiernos no tienen más alternativa que efectuar transferencias en efectivo a los hogares que han perdido sus ingresos. En los países donde existen programas a gran escala de transferencias de efectivo (entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México) la implementación puede ser rápida y amplia. Otros países tendrán que superar mayores desafíos para llegar a un número suficiente de hogares, dado que muchos carecen de cuenta bancaria y de acceso a la Internet. En el caso de Perú, esto significa que el subsidio de 380 soles a los necesitados debe retirarse en persona en los lugares designados, y que se limita a hogares urbanos.

La política macroeconómica también debe ayudar a las empresas para que cumplan sus compromisos con sus propios trabajadores, proveedores y acreedores. Ello requiere asegurar el acceso al crédito mientras dure la emergencia. La reducción de las tasas de interés constituye un componente necesario pero insuficiente de este esfuerzo. Las autoridades monetarias y los reguladores financieros tienen que proporcionar fuertes incentivos a los bancos y a otros prestamistas para que los recursos sigan fluyendo hacia las compañías pequeñas y vulnerables, y hacia los sectores especialmente golpeados por el virus. Una combinación de líneas especiales de crédito y tolerancia normativa viene al caso. En algunos países, los bancos estatales pueden encargarse de otorgar créditos cuando los acreedores privados decidan no hacerlo.

Para poner fin al peligroso ciclo de deflación de los precios de los activos y destrucción de las garantías, los bancos centrales de América Latina deben aprestarse para comprar no solo bonos gubernamentales, sino también otros tipos de títulos privados. Y dado que la deuda externa suele estar denominada en dólares, los gobiernos y los bancos centrales que tienen reservas o acceso a liquidez en dólares no deberían vacilar en inyectar esos dólares en el mercado local. Las reservas de liquidez en moneda extranjera se crearon precisamente para tiempos como los que corren, y para evitar que una híper-depreciación de la moneda destruya el valor de las garantías.

La suma de estas medidas fácilmente puede costar varios puntos porcentuales del PBI. La respuesta a la emergencia es urgente, y ese costo es inevitable. ¿Qué pueden hacer las naciones latinoamericanas para financiarla? Unos pocos países –entre ellos, México, Perú y Chile, y tal vez Colombia y Uruguay– tienen margen para emitir más deuda pública en los mercados nacionales e internacionales, y deberían hacerlo.

Pero otros países no lo tienen. Y así como las tasas de interés a nivel mundial se han desplomado, se han duplicado los spreads de la deuda latinoamericana, en un momento en que caen en picada los precios de los commodities, al igual que los ingresos producto del turismo y de las remesas, que son cruciales para los países de Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, la mayor parte de los países de América Latina van a experimentar una aguda escasez de dólares, y su única fuente de financiamiento en esta moneda serán los organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional ha dispuesto una línea de crédito flexible, una línea de liquidez cautelar y un servicio financiero de desembolso rápido (enfocado en los países de bajos ingresos). Este compromiso es útil, pero no se puede afirmar con certeza que estas fuentes serán suficientes o estarán disponibles con la suficiente rapidez.

Por ello, la ayuda de la Reserva Federal de EEUU resulta de importancia crítica. Esta entidad es la fuente original de todos los dólares que existen. En esta crisis, ha dado acceso a líneas de swaps en dólares a otros bancos centrales, pero solo a los de países que considera sistémicamente importantes, que en América Latina incluyen a México y Brasil. ¿Por qué no a países con grado de inversión, como Colombia, Perú y Chile? Otra alternativa es que la Reserva Federal compre bonos emitidos por el FMI, el cual a su vez podría prestar esos dólares a economías emergentes y de bajos ingresos (esta es una antigua propuesta, cuyo momento puede haber llegado finalmente).

Todo esto necesita suceder, y de manera rápida. América Latina tiene la “suerte” de ir unas pocas semanas atrás de Europa y Asia en el avance del virus. Es imperativo que emplee este tiempo de manera sabia y audaz.

Theodore Roosevelt afirmó que sin “la gran ocasión, no surge un gran estadista; si [Abraham] Lincoln hubiera vivido en tiempos de paz, ahora nadie sabría su nombre”. Hoy día, América Latina emprende una lucha contra el contagio, la depresión económica y la desesperación social. Por favor ¿pueden los Lincoln de la región dar un paso al frente? Lampadia

Traducción de Ana María Velasco

Roberto Chang es profesor distinguido de economía en la Rutgers University.

Andrés Velasco, ex candidato presidencial y ministro de finanzas de Chile, es decano de la Facultad de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El intervencionismo estatal va con viento en popa ideológicamente en Latinoamérica y en el Perú. Y ya no son sólo los izquierdistas tradicionales que claman por “más Estado”. Incluso comentaristas en diarios como Gestión pretenden recordarnos con tono paternalista lo “bajos” que son nuestros tributos en comparación con la OCDE o algunos países latinoamericanos – como si el pagar más impuestos fuera un fin en sí.

Ante el peligro de una fiscalidad más punitiva, de un mayor endeudamiento, y del derroche y mayor corrupción que genera un mayor gasto público, los ciudadanos pueden sin duda reclamar que cada centavo gastado se justifique plenamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto sea el caso?

El expresidente americano Jimmy Carter creía tener la respuesta. En 1973, introdujo en el Estado de Georgia la metodología de presupuesto base cero (zero-based budgeting o ZBB). Esta metodología, desarrollada por Texas Instruments a finales de los 60, consiste en presupuestar “desde cero” es decir calculando el gasto estrictamente necesario en vez de extrapolar del pasado mecánicamente. En 1977, estando ya en el cargo por el que más se le conoce, intentó introducirlo en la administración federal.

Sin sorpresa, la iniciativa de Carter fue torpedeada por burócratas y lobbies de proveedores y fracasó. Sin embargo, existe hoy un rebrote de interés en el sector público americano, así como en Estados de países emergentes y en el sector privado a nivel mundial. Mal no nos vendría, aunque sea intentarlo.

¿Cómo se presupuesta la acción estatal desde cero? La idea fundamental es que el gasto público debe ser eficaz y eficiente. La “eficacia” se refiere a la capacidad de alcanzar los resultados deseados. La “eficiencia”, por su parte, consiste en emplear el mínimo de recursos necesario para alcanzar dichos resultados. Los principios de eficacia y de eficiencia se aplican en dos etapas fundamentales: la determinación de objetivos y la determinación de medios.

Determinación de objetivos

El primer paso consiste en sustentar la acción de cada área de intervención estatal en un número limitado de objetivos que deben ser:

• Concretos, medibles y realizables: La “Justicia social” por ejemplo no lo es. El acceso de x familias adicionales a servicios de agua y desagüe, por ejemplo, sí.
• Coherentes y priorizados: Se debe comenzar por objetivos primarios. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Sunafil, “aumentar las fiscalizaciones” no debería ser un objetivo en sí. La meta debería estar pensada en términos del beneficio social teórico esperado: por ejemplo, un mayor número de empleados recibiendo todos los beneficios de ley.  Ello implicaría considerar también los efectos adversos: por ejemplo, ¿en cuánto podría aumentar el desempleo como resultado de una mayor imposición de beneficios de ley que encarecen la mano de obra y provocan la quiebra de negocios de bajo margen? Esto a su vez permitiría explicitar los arbitrajes necesarios: por ejemplo, ¿cuántos desempleados adicionales el gobierno considera que se puede tolerar a cambio de que un empleado adicional goce de todos los beneficios de ley?

Determinación de medios

Habiendo determinado el qué – los objetivos concretos que perseguimos como sociedad – la pregunta del cómo se divide en dos: ¿qué canales de intervención son los indicados? y ¿cuántos recursos son necesarios?

La pregunta más básica sobre canales de intervención es: ¿Para alcanzar los objetivos fijados, es necesaria la acción gubernamental, o el mercado la puede alcanzar espontáneamente? De ser necesario que el Estado intervenga, ¿cómo lo debe hacer? ¿Orientando al sector privado? ¿Regulando? ¿Concesionando? ¿O, actuando directamente? Aquí podrían salir respuestas innovadoras – ejemplos: privatización de parte del trabajo policial (operaciones de back office), concesionar servicios de trámites, etc.

A su vez, la determinación de los recursos necesarios es donde se enfocan generalmente los procesos de ZBB en el sector privado. En ZBB ya no se considera, por ejemplo, el gasto en computadoras del año anterior en bloque, sino se recalcula sistemáticamente la necesidad analizando el detalle de precios y cantidades. En algunos casos esto es bastante intuitivo: si un área con mucho personal “de campo” pide una computadora por persona, inmediatamente suena excesivo. En otros casos se requiere análisis más finos: por ejemplo, correlacionar consumo de electricidad en kwh versus metros cuadrados o número de empleados.

Lo cual nos lleva a dos otros puntos fundamentales: para que un sistema que pretende construir “desde cero” la acción gubernamental funcione, es necesario cuantificar y transparentar sistemáticamente.

Cuantificar: KPIs y Benchmarks

El corolario de objetivos concretos y cuantificables debe ser una serie de métricas (o KPIs – key performance indicators) que permitan establecer si se está llegando al objetivo y si se está siendo eficiente. Retomando el ejemplo anterior de fiscalización laboral, en términos de eficacia, se puede hablar del porcentaje de trabajadores que gozan de beneficios de trabajo, incremento en dicho porcentaje, y (la contraparte) incremento en desempleo y porcentaje de empresas intervenidas que cierran. En términos de eficiencia, es relevante hablar de fiscalizaciones por fiscalizador, o recursos dedicados al control de cada tipo de infracción. Se debe también usar benchmarks: ¿Cuánto más o menos eficientes son en otros países?

Transparentar al máximo

Finalmente, esos KPIs deben ser públicos, con amplia difusión, y accesibles en un solo lugar: por ejemplo, el portal de transparencia del gobierno central. Hoy se miden KPIs en el Estado, pero no son lo suficientemente difundidos o seguidos sistemáticamente como para que el público pueda juzgar con hechos concretos.

Las ventajas de un sistema que reconstruye cada año el gasto “desde cero” son significativas:

• Permite que los gastos innecesarios no se perpetúen en el tiempo;
• Permite, cuando la situación lo exige, hacer recortes inteligentes (renegociando precios, disminuyendo cantidades, etc.) en vez de eliminar de manera arbitraria.
• Puede satisfacer tanto a liberales (se elimina gastos innecesarios) como a intervencionistas (se legitiman aquellas intervenciones de alto impacto).
• La mayor visibilidad del gasto genera confianza en la población.
• Transparentar mediciones de KPIs permite que se genere un verdadero debate sobre eficacia y eficiencia, ya no en base a sentimientos y generalidades, como es el caso hoy, sino en base a información objetiva y análisis.

Las desventajas, a nuestro parecer, son ampliamente superables en la actualidad:

• El proceso a veces genera rechazo por ser laborioso y complejo. Sin embargo, los avances en soluciones informativas y disponibilidad de datos han reducido significativamente este inconveniente.
• Burócratas pueden oponerse a que se toque sus “feudos”. Sin embargo, la facilidad con la que se puede conseguir y difundir data y así generar comparaciones (que, por ejemplo, demuestran una amplia dispersión en precios pagados por servicios, etc.) permite hoy exponer rápidamente la ineficacia e ineficiencia. Malos “números” y un rechazo de colaborar con el nuevo esquema de presupuesto podrían ser motivos para que la Contraloría investigue posibles instancias de corrupción. Eso generaría un incentivo para que quien no incurre en ningún hecho delictivo coopere con el sistema – mientras que los otros se verían expuestos.

En el Perú el Estado aún tiene poca credibilidad ante el público y va a tener que demostrar eficacia y eficiencia antes de extender su alcance. La presupuestación base cero, con formulación de objetivos claros y medibles, el uso de KPIs y benchmarks precisos, y una amplia difusión pública de los mismos, podrían constituir las bases de una nueva legitimidad. Lampadia

El sorprendente caos en el que se vio envuelto Chile desde octubre pasado ha desestabilizado una nación sólida, más allá de que se le llame un oasis, como lo hizo el presidente Piñera, tan solo semanas antes del estallido social. Lo cierto es que el país ha sufrido un cambio de proporciones, una angustiante metamorfosis.

Como dice Axel Kaiser, autor del artículo que compartimos líneas abajo, en Chile, durante los últimos 20 años, ha percolado una narrativa anti sistema, que explica en gran medida lo que está detrás del caos y hace difícil una salida ordenada de la crisis.

Lo más llamativo es que la narrativa anti sistema desdibuja la realidad, pues las cifras objetivas de bienestar, de avances en la reducción de la pobreza, e incluso en la reducción de la desigualdad, ya no significan nada, lo que prevalece es la sensación de frustración y de venganza.

Veamos la explicación de Axel Kaiser, hecha para el público de EEUU, pues permite una perspectiva interesante. 

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en The Wall Street Journal, 1.01.2020
Traducido y glosado por Lampadia

Chile, la nación más libre, estable y rica de América Latina, está en caída libre. El orden público se derrumbó, la violencia es rampante y el populismo es el nuevo credo de la clase política. Hay una recesión, caracterizada por la fuga de capitales y el aumento del desempleo. La desigualdad de ingresos podría aumentar a niveles no vistos desde la década de 1990, según una declaración reciente del Banco Central de Chile.

Tomó solo 40 días para que el “oasis” latinoamericano —como el presidente Sebastián Piñera llamó a Chile no hace mucho— desapareciera. Cómo un Chile estable y próspero cayó tan dramáticamente en un período tan corto es una lección para toda democracia occidental.

La causa inmediata de la crisis fue el pequeño aumento en el precio de los boletos de transporte público en Santiago. La subida de precios del 4 de octubre fue claramente impopular, pero inicialmente el gobierno no mostró voluntad de reconsiderar lo que correctamente llamó una medida “técnica”. Como resultado, cientos de estudiantes comenzaron a evadir el pago del metro. El 18 de octubre, dos semanas después del anuncio del aumento de precios, el país explotó. Grupos de protesta coordinados destruyeron casi 80 estaciones del metro, deteniendo el transporte público de Santiago. Los manifestantes atacaron la propiedad pública y privada.

Al final del día, la situación era tan desesperada que Piñera se vio obligado a declarar un estado de emergencia y poner a los militares en control. Siguieron manifestaciones masivas, y la violencia volvió tan pronto como se levantó el estado de emergencia. Unas semanas después, las consecuencias están en todas partes: más de $ 2 mil millones en pérdidas y daños, más de 1,200 tiendas minoristas saqueadas, aproximadamente 300,000 nuevos desempleados, 25 muertos, más de 2,000 policías heridos y una crisis política y económica sin final a la vista.

Una pequeña subida en el precio de los billetes de metro no es suficiente para causar tanta devastación. El dolor económico comenzó con las reformas anti-mercado del gobierno anterior bajo la presidenta socialista Michelle Bachelet, de 2014-18. Bachelet aumentó los impuestos corporativos en un 30%; firmó una ley que prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, lo que aumenta drásticamente los costos de la mano de obra; aumento del gasto público a tres veces la tasa de crecimiento económico; y desató ejércitos de burócratas reguladores en el sector privado.

La inversión de capital cayó en cada año de su mandato. Una reducción tan consistente en la inversión no ha ocurrido desde la primera recopilación de datos, en la década de 1960. El crecimiento económico se derrumbó de un promedio anual de 5.3% bajo el gobierno anterior de Piñera (2010-14) al 1.7% bajo Bachelet. El crecimiento de los salarios reales recibió un golpe del 50%. (En su campaña para presidente en 2017, Piñera prometió traer mejores tiempos. Hasta ahora no ha podido cumplir).

Pero las políticas regresivas de Bachelet no son la causa última del problema. Las políticas son el resultado de una narrativa profundamente falsa que las élites chilenas se cuentan sobre el país. En los últimos 20 años, intelectuales, personalidades de los medios, líderes empresariales, políticos y celebridades en esta nación latinoamericana han comercializado el mito de que Chile es un caso extremo de injusticia y abuso. Comenzó en las universidades, donde los ideólogos progresistas difundieron la idea de que no había nada de lo que sentirse orgulloso cuando se trataba del historial social y económico de Chile. Según esta narrativa agresivamente igualitaria, el “neoliberalismo” había creado una sociedad de ganadores y perdedores en la que ninguno de los grupos merecía la posición en la que se encontraba.

El segundo mandato de Bachelet y su agenda impulsada por la justicia social fueron el resultado inevitable. Incluso Piñera, multimillonario, aceptó las premisas básicas de la narrativa de las élites progresistas. En su primer mandato, aumentó los impuestos para abordar lo que llamó uno de los principales problemas de Chile: la desigualdad.

Ahora está tratando de restablecer el orden comprando grupos de interés con más intervenciones económicas: un aumento sustancial en el gasto gubernamental para apoyar a los jubilados, mayores impuestos a la renta personal, esquemas de seguro de salud más generosos y un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores chilenos.

Tampoco el daño causado por las narrativas progresivas se limita a la economía. Las élites chilenas están librando una guerra sostenida contra la policía. Muchos agentes de policía no se atreven a actuar por miedo a la cobertura sensacionalista de los medios y a los castigos de los tribunales bajo el dominio de las élites progresistas. Lo mismo es cierto para los militares. La tolerancia a la violencia, el desorden público y la delincuencia era la norma en Chile mucho antes de la reciente crisis. La celebración del fracaso de las élites impregna casi todas las partes de la vida pública chilena.

El libre mercado no le falló a Chile, digan lo que digan sus políticos, y el Estado no carece de los medios para restaurar el Estado de derecho. El problema central es que una gran proporción de las élites que dirigen instituciones clave, especialmente los medios de comunicación, el Congreso Nacional y el poder judicial, ya no creen en los principios que hicieron que el país fuera exitoso. El resultado es una crisis económica y política en toda regla. Otras naciones deberían tomar nota: esto es lo que el odio de élite puede hacer por usted.

Axel Kaiser es académico en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago.

Líneas abajo compartimos un artículo muy esclarecedor de la situación de crisis que vive Chile. Recomendamos su lectura.

Fundación para el Progreso
Mauricio Rojas
Publicado en El Libero, 04.11.2019

Lo ocurrido recientemente en Chile no es producto del fracaso de su modelo de desarrollo, sino de su éxito. Lo que sí ha fracasado es una centroderecha miope e incapaz de liderar las profundas transformaciones que ese éxito hacía imprescindibles. En suma, no es el modelo sino sus defensores los que han fracasado.

El progreso chileno durante estos últimos treinta años ha sido extraordinario y convirtió a Chile de un país bastante mediocre en la estrella más brillante del firmamento latinoamericano. Ha sido, con distancia, la sociedad con mayor reducción de la pobreza, aumento generalizado del bienestar, expansión de la educación superior, ampliación de las clases medias y movilidad social. Incluso la desigualdad, aun siendo todavía demasiado alta, se ha reducido. Según los datos entregados por el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, el coeficiente de Gini bajó de 0,573 a 0,477 entre 1990 y 2015. La razón de ello es que los ingresos disponibles de los más pobres aumentaron mucho más rápido que el de los más ricos (el ingreso del decil más rico aumentó 208% entre 1990 y 2015, mientras que el del decil más pobre lo hizo con 439%).

Este extraordinario progreso ha generado un país totalmente distinto a aquel que existía hace treinta años. Su composición social y sus estándares de vida se han modificado sustancialmente, pero también las formas de percibir lo justo y lo injusto, lo aceptable y lo inaceptable, lo digno y lo indigno. Con ello se han alterado profundamente las demandas sociales y lo que hasta hace no mucho definía las aspiraciones y el sentido común de la sociedad ha quedado obsoleto.

A los defensores del modelo, pero no sólo a ellos, les pasó lo que hace poco sintetizó el Presidente Sebastián Piñera usando una conocida frase difundida por Mario Benedetti: “Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto, nos cambiaron todas las preguntas”. En este caso, sin embargo, esto no ocurrió tan de pronto. Ya en 2011 se hizo evidente, cuando vimos cómo a las nuevas preguntas cualitativas sobre la justicia de la sociedad se les daban viejas respuestas cuantitativas acerca de las tasas de crecimiento o el nivel del PIB per cápita, pero este desfase entre preguntas nuevas y respuestas viejas se ha hecho aún más evidente en estos últimos días.

En lo fundamental hubo, y todavía hay, una profunda incomprensión acerca de aquello que ya en 2007 llamé el “malestar del éxito”, que tiene que ver con lo que en los años 50 del siglo pasado se denominó “revolución de las expectativas crecientes”. Este fenómeno es especialmente prominente en un país como Chile, que en un período tan corto de tiempo deja la pobreza absoluta tras de sí, ve surgir amplias capas medias y experimenta una expansión educacional sin precedentes que en unas tres décadas multiplica por diez la cantidad de estudiantes de la educación superior. Una situación así pone de golpe al país ante la paradoja de la pobreza relativa, por la cual el sentimiento de pobreza puede incrementarse al mismo tiempo que la pobreza se reduce drásticamente. La pobreza absoluta trata de la lucha por las cosas más elementales para la vida, mientras que la relativa trata de todo aquello que uno puede desear, pero no obtener, y esto último crece exponencialmente cuando podemos levantar la vista por encima de lo más apremiante y nuestros horizontes se amplían por el mayor acceso a la educación y a los medios de comunicación. Por ello puede crecer la frustración y el descontento a pesar de nuestros progresos, no menos cuando sabemos que otros sí pueden gozar de todo aquello que nos falta.

Paralelamente, crece la angustia ante la posibilidad de perder aquel bienestar tan recientemente alcanzado, surgiendo así lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck llamó una “sociedad del riesgo” (Risikogesellschaft), dominada por el sentimiento de inseguridad y precariedad frente a un sinfín de contingencias que puede amenazar los fundamentos de nuestras vidas.

“No hay un proyecto social común, pero si un rechazo común, y es justamente ello lo que crea las condiciones que, sumadas a un ‘vacío de representación’ de parte de las élites políticas existentes, hacen posible un momento caótico y abierto como el que estamos experimentando.”

Al mismo tiempo, en la medida en que las necesidades más básicas se van satisfaciendo, se produce, especialmente entre los jóvenes, un desplazamiento valórico de la mayor importancia. De acuerdo a los conceptos que Ronald Inglehart acuñó para entender la revuelta juvenil europea del 68, en la medida en que el bienestar aumenta, las sociedades se mueven desde “valores materialistas”, propios de la dura lucha por la subsistencia, hacia “valores pos-materialistas”, donde las preferencias tienden a direccionarse hacia “la buena vida” y la autorrealización personal. De esta manera se desvalorizan, o incluso desprecian, las conquistas materiales previamente alcanzadas para orientarse hacia la búsqueda de una sociedad distinta, definida como más humana, colaborativa, altruista e igualitaria.

Se trata, por tanto, de una confluencia de situaciones y demandas de muy variada naturaleza, que en un momento dado –el que estamos viviendo ahora, por ejemplo– se combinan creando aquello que Ernesto Laclau ha llamado, en su libro sobre La razón populista, una “cadena equivalencial” de descontentos y negaciones, donde el repudio a una serie de situaciones muy disímiles une y hace equivalente un espectro muy amplio y diverso de voluntades de rechazo y cambio. No hay un proyecto social común, pero si un rechazo común, y es justamente ello lo que crea las condiciones que, sumadas a un “vacío de representación” de parte de las élites políticas existentes, hacen posible un momento caótico y abierto como el que estamos experimentando.

El pánico cunde hoy entre muchos que no supieron defender, reformándolo a tiempo y atendiendo de manera contundente las urgencias sociales, el modelo de desarrollo que tanto progreso nos ha traído.

El surgimiento de este rechazo amplio y polifacético a algo difuso que algunos denominan “el modelo (neoliberal)” o, para decirlo de una manera más concreta, a una sociedad del abuso, la injusticia y la inseguridad, es el paradojal resultado del progreso registrado cuando éste coincide con el fracaso de sus defensores para entender las nuevas demandas que surgen de ese progreso y plantear, de una manera vigorosa, las reformas necesarias para estructurar un nuevo pacto social que esté a la altura del desarrollo alcanzado, especialmente en términos de inclusión, equidad, lucha contra los abusos, igualdad de oportunidades y solidaridad.

No es que no se hayan hecho algunos esfuerzos valiosos en esa dirección, como lo atestigua la agenda social del gobierno actual, pero los mismos han sido claramente insuficientes. La prolongación de una serie de “urgencias sociales” –como el nivel en general miserable de las pensiones, el alto costo de los medicamentos o el impacto brutal de las “enfermedades catastróficas”–, de abusos manifiestos –como las alzas automáticas del TAG o peajes de las autopistas– o las violentas alzas de precios de servicios básicos –como la electricidad o el transporte– han sido fatales. Pero junto a ello están las carencias más de fondo, como las que afectan a la salud o la educación públicas, y, más en general, la falta de una red de protección social que nos asegure un mínimo de dignidad y un resguardo contra los imprevistos, especialmente pensando en las demandas desatendidas de las nuevas clases medias.

La dogmática defensa de un cierto nivel de la carga tributaria, en particular para los sectores de mayor fortuna e ingresos, ha sido un impedimento clave para progresar en esta dirección, pero también lo ha sido la fijación, hoy anacrónica, en una política social focalizada a lo Chicago, es decir, que sólo apunta a las necesidades de los más pobres. Ignorar la necesidad de construir un Estado de bienestar moderno, es decir, sin monopolios y que conjugue significativos niveles de redistribución e igualdad de oportunidades con el empoderamiento ciudadano y la libertad de elección y empresa en las áreas del bienestar garantizadas para todos los ciudadanos (como en el caso de países como Suecia), ha sido nefasto.

Hoy estamos enfrentados a tal crisis de legitimidad del sistema imperante que se abren las puertas para plantear, e incluso aceptar, todo tipo de despropósitos, como el asambleísmo chavista, la democracia plebiscitaria, los monopolios públicos o la indisciplina fiscal. El pánico cunde hoy entre muchos que no supieron defender, reformándolo a tiempo y atendiendo de manera contundente las urgencias sociales, el modelo de desarrollo que tanto progreso nos ha traído. Cuando se le cierran las puertas a la evolución, se le pueden abrir a la revolución y al descriterio. Como tantas veces lo dijo Arturo Alessandri, es necesario avanzar “sin vacilaciones por las vías de la evolución para evitar la revolución y el trastorno”. Esta debería ser la gran lección de estos días aciagos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

En agosto de 2009, en un trabajo denominado “EL NUEVO LIBRETO AUTORITARIO LATINOAMERICANO. El fin de la democracia y el triunfo del autoritarismo mayoritarista” presentado para rendir un curso de post grado en la Universidad de Buenos Aires, explique como así “En los últimos años del siglo pasado se ha ido perfilando un nuevo libreto autoritario. La diferencia entre el primero y el segundo estaría, según este trabajo, en la importancia que ahora adquiere el factor electoral, el factor constitucional y los factores internacionales, hechos que permiten a su vez mostrar la esperanza del derecho como instrumento de límite del poder político. El trabajo no se limita al autoritarismo tradicional desde el poder. Abarca también el libreto de lo que el autor denomina como autoritarismo en las calles”.

En ese mismo trabajo se definieron los dos tipos de autoritarismos presentes, desde aquella época en la escena política latinoamericana:

“el autoritarismo desde el poder y el que está en las calles. Ambos tipos de autoritarismo darán lugar, en su momento, a su vez a dos variantes del libreto. Estas manifestaciones autoritarias son las siguientes:

1. Cuando el grupo o la persona que ejerce al poder sea autoritario, y como su mandato proviene de una  decisión mayoritaria (porque estamos en sociedades democráticas), lo imponga a los demás por la fuerza tanto a partidarios como a opositores, que no busque al consenso, más aún, que este le incomode; que elimine las minorías o sus canales de expresión y que rompa las formas legales para imponer sus puntos de vista, que se dice es mayoritario, en buena cuenta que incumpla los requisitos democráticos mínimos. Este proceder, a la postre, hará que este régimen pierda el calificativo de democrático y deje de ser una periferia interna, para convertirse en un anverso de la democracia”
2. Cuando grupos sociales al interior de sociedades democráticas, distintos al poder central o incluso contrarios a él, buscan imponer su visión y fines políticos mediante la fuerza a otros grupos, al propio Estado o a la sociedad en su conjunto. Estos grupos actúan con la autoridad que les otorga su pretensión mayoritaria y su apelación al pueblo[1], en donde reposan su legitimidad y a partir de la cual emana su actitud autoritaria. Estos grupos, que puede tener la forma de movimientos indigenistas, asambleas populares paralelas a los poderes políticos constituidos, conglomerados sindicales o frentes de defensa o similares, dejan también de ser democráticos en tanto prescinden de muchos de los elementos mínimos del concepto de democracia y buscan el poder para ejercerlo, precisamente al margen de ellos, en procura de sus objetivos presentados como mayoritarios.

Estos dos tipos de autoritarismos, a su vez caracterizan dos tipos de autoritarismos. Unos autoritarismos desde el gobierno y otros desde las calles, cuando no se tiene el poder o se ha perdido.

Lo ocurrido estas semanas en Chile con los actos de protesta, los atentados contra su infraestructura pública, sus empresas y sus sistemas político y económico, con un nivel de violencia que se explica de manera necesaria más no suficiente en la injerencia extranjera, nos reedita la idea del autoritarismo callejero, ese según el cual  grupos sociales al interior de sociedades democráticas, distintos al poder central o incluso contrarios a él, buscan imponer su visión y fines políticos mediante la fuerza a otros grupos, al propio Estado o a la sociedad en su conjunto.

Lo ocurrido en La Paz esta semana, luego de la renuncia de Evo Morales Ayma, donde hordas de partidarios de este ultimo agreden, atacan, asesinan y saquean, también nos da cuenta del estreno de una nueva función de este libreto en Bolivia. Más propiamente de un reestreno, ya que fue precisamente Morales quien paso del autoritarismo callejero con el Bloqueo de La Paz contra Gonzalo Sánchez de Lozada, al autoritarismo en el poder durante 13 años de Gobierno y regresa ahora, desde su cómodo asilo en México con la complicidad de AMLO, para buscar perturbar la transición democrática, afectar las elecciones libres y lo que es aún más cínico, ofrecer el cese de la función autoritaria si el vuelve al poder.

¿Hasta cuando América Latina deberá seguir presenciando estas funciones autoritarias? ¿Hasta cuando nuestras democracias seguirán siendo víctimas de los autoritarismos mayoritaristas?

La entereza de la ciudadanía boliviana tal vez sea el ejemplo a seguir para resistir la violencia de este autoritarismo callejero y para defender nuestras democracias y libertades en el resto de la región. El silencio, la indiferencia, la complicidad con los lugares comunes o la conformidad con las afirmaciones políticamente correctas son por el contrario, el caldo de cultivo para estos libretos autoritarismos callejeros cuyas funciones se estrenaran y reestrenarán en nuestros países. Lampadia

Según explica Robert Barro, el afamado profesor de economía de la Universidad de Harvard (ver su artículo líneas abajo), si bien la rebaja de impuestos apoyó un mayor crecimiento económico, la política comercial de Trump está haciendo lo contrario, está desacelerando el crecimiento.

Y es que como dice Barro, Trump cree que las importaciones son malas y las exportaciones buenas. Una grave falla conceptual digna de la fracasada política de la teoría de la dependencia en América Latina de los años 60, 70 y 80, que entre otras cosas nos hizo perder 30 años a los peruanos.

O sea, la trasnochada trampa de la suma cero. Otra falla tradicional latinoamericana, cuando está requete probado que el comercio es ‘suma positiva’.

Dicho sea de paso, que nuestras izquierdas de pensamiento decimonónico siguen creyendo en ambas falacias. Para contradecirlas, basta recordar el crecimiento de nuestra economía desde la apertura de la economía.

Lamentablemente, el mundo va por el mismo camino, la guerra comercial sino-estadounidense ya sumó a India luego de que Trump dejó de renovar las tarifas reducidas e India respondió con la misma especie.

El problema para el Perú es que solo un ambiente de apertura comercial nos permite crecer. Estemos vigilantes y hagamos todo lo posible por preservarlo. Lampadia

Trump está desacelerando el crecimiento económico de Estados Unidos

Project Syndicate
4 de junio de 2019 
ROBERT J. BARRO

El estado actual de la formulación de políticas macroeconómicas de EEUU en cuatro áreas clave no es un buen augurio. A pesar de que la legislación fiscal de 2017 ha cumplido con su tarea de promover un crecimiento más rápido, el aumento de las tensiones comerciales, la persistente carga regulatoria y la falta de inversión en infraestructura amenazan con limitar el potencial de la economía de los EEUU.

Durante algún tiempo, los cuatro jinetes de la formulación de políticas macroeconómicas de los Estados Unidos han sido los impuestos, la regulación, el comercio y la infraestructura. Después de haber estudiado en detalle el primero, he encontrado que los recortes de impuestos son un factor positivo para el crecimiento económico. Aunque he considerado la segunda área con menos detalle, la evidencia sugiere que la regulación es, en el mejor de los casos, solo una contribución menor al crecimiento. La tercera área es muy importante, por lo que las tensiones comerciales de hoy son tan preocupantes. La cuarta área solo existe en la retórica: un programa de infraestructura actualmente no forma parte del repertorio de políticas macroeconómicas.

En la primera área, estimo que la legislación fiscal de 2017 agregó 1.1% por año a la tasa de crecimiento del PIB de los Estados Unidos para 2018 19. De eso, 0.9 puntos porcentuales reflejaron la tasa de impuestos reducida para los individuos, mientras que 0.2 puntos derivados de la Recortes de tasas y mejores disposiciones de gasto para las empresas. Si bien no se espera que el efecto de aumento de crecimiento de los recortes de impuestos para individuos continúe más allá de 2019, el impacto de la reforma de impuestos corporativos probablemente continuará durante algún tiempo.

En cuanto al segundo jinete, hay algunos indicios de que la expansión de las regulaciones federales ha comenzado a disminuir, después de un largo período de crecimiento. A partir de 2017, RegData, que rastrea el número de palabras relacionadas con las restricciones a la actividad económica en el Registro Federal, muestra que las nuevas regulaciones se han estancado. La carga regulatoria sobre las actividades económicas y empresariales ya no está aumentando, pero tampoco está disminuyendo.

Del mismo modo, el perfil del Doing Business del Banco Mundial para los Estados Unidos, que ofrece una medida más amplia de la regulación gubernamental basada en un promedio de diez indicadores, no muestra avances recientes. Los EEUU subieron del octavo lugar en 2016 al sexto lugar en 2017 en el ranking mundial, solo para volver al octavo lugar en 2018. Y, dejando de lado el rendimiento relativo, una representación fundamental de los indicadores subyacentes no muestra prácticamente ningún cambio en el 2016-2018 período.

Como muchos otros economistas han señalado, las políticas comerciales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son una preocupación importante. La agenda comercial de la administración está impulsada por la desacreditada idea mercantilista de que vender cosas (exportaciones) es bueno y comprar cosas (importaciones) es malo. La ironía es que Trump y algunos de sus principales asesores comerciales comparten esta visión equivocada con los chinos.

De hecho, la administración de Trump está en lo cierto al afirmar que los chinos han restringido durante mucho tiempo las importaciones y la inversión extranjera (mientras se involucran en el robo de tecnología, ya sea directamente o mediante transferencias obligatorias). Pero el intercambio de aranceles de importación entre Estados Unidos y China en el último año es malo para ambos países. Muchos asumen que el conflicto comercial afectará a China más que a los EEUU, Dado que China exporta mucho más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos exporta a China. Pero la pérdida de las importaciones chinas impondrá una carga importante a la economía estadounidense.

Las opiniones de Trump sobre las tarifas me recuerdan un discurso que Ronald Reagan dio en la Institución Hoover de Stanford antes de convertirse en presidente. Reagan argumentó que los aranceles sobre el acero y otros bienes estaban justificados por razones de seguridad nacional. Su razonamiento, criticado por los miembros de la audiencia, era casi el mismo que el de Trump en la actualidad. Sin embargo, para justificar sus aranceles, Trump ha ido aún más lejos, comparando la seguridad nacional con la seguridad económica. La mejor manera de invalidar ese argumento por razones legales, entonces, es simplemente tener un economista que demuestre en el tribunal por qué las tarifas son malas para la seguridad económica.

El problema más amplio es que Trump parece tener un afecto personal por los aranceles, en parte porque cree que aumentan los ingresos, y en parte porque cree que aumentan el PIB (frenando las importaciones, que luego son reemplazadas mágicamente por la producción nacional). Este reto no admite un remedio fácil. Algunos han pedido al Congreso que reafirme su autoridad sobre los aranceles, al menos limitando el argumento de seguridad nacional. Pero esto podría tener consecuencias no intencionales a largo plazo, dado que los presidentes desde la década de 1930 tienden a apoyar mucho más el libre comercio que los miembros del Congreso, cada uno de los cuales representa los intereses de una circunscripción más reducida.

Ahora se espera que los aranceles mutuamente perjudiciales conduzcan a un acuerdo mediante el cual China liberalice sus políticas comerciales, momento en el que se eliminarán las barreras a la importación. Pero aunque esto, para agregar ironía a la ironía, beneficiaría a China más que a los EEUU, La situación es difícil, con incertidumbre sobre el resultado que alimenta la volatilidad de los mercados bursátiles mundiales. Y pase lo que pase con China, todavía debemos preocuparnos de que Trump imponga aranceles en México, Europa, Japón, etc.

En cuanto a la infraestructura, los beneficios potenciales para la productividad de los EEUU de una mayor inversión son reales. Sin embargo, nada ha sucedido. La situación se resume mejor en una reunión de abril entre Trump y los líderes del Congreso. Según los informes de los medios de comunicación, Trump comenzó proponiendo gastar $ 1 billón en infraestructura, con lo cual los demócratas respondieron sugiriendo $ 2 billones. Trump aparentemente estuvo de acuerdo con eso con poca vacilación. En general, el intercambio confirma, una vez más, que ambas partes han llegado a considerar el gasto público como un almuerzo gratuito, al menos cuando se financia con deuda o la creación de dinero nuevo. Tal vez en realidad sea lo mejor que la “Semana de la Infraestructura” nunca llegue a ninguna parte.

Dado el estado de la política macroeconómica de EEUU, no es sorprendente que el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta prevea un crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 1.3%, por debajo del 3.1% en el primer trimestre. La reforma fiscal de 2017 seguirá promoviendo el crecimiento económico si no fuera por la escalada de las tensiones comerciales. Lamentablemente, una tasa de crecimiento cercana al 3% para 2019 ya no parece probable. Lampadia

Robert J. Barro es profesor de economía en la Universidad de Harvard y profesor visitante en el American Enterprise Institute. Su último libro, con Rachel McCleary, es The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging.