Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La coyuntura política ha colocado al empresario Pedro Olaechea como líder del Congreso. En su primer acto pronunció un discurso que todo peruano de bien suscribe y que representa (como no se había visto desde el 2016 ni en los discursos de PPK o KF), el verdadero mandato electoral de ese año: respeto al modelo constitucional, crecimiento económico, inversión y desarrollo para superar la pobreza.  La respuesta que recibió al día siguiente fue un puntapié. El presidente Vizcarra, lejos de buscar el consenso y tomar esa flor para armar en conjunto una agenda por él Perú, siguió el mandato imperativo de la izquierda y anuncio planteó el adelanto de elecciones.

Esta semana, pese al puntapié presidencial, nuevamente Pedro Olaechea ha extendido la mano al Presidente Vizcarra y le ha vuelto a ofrecer una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes, es decir lo que el Perú necesita para que ese 1`365,000 de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, encuentren empleo, oportunidades y futuro. El Presidente Vizcarra, ha aceptado reunirse, pero nada hace pensar que cambie su posición confrontacional luego de la reunión.

¿Cuál es el reto entonces del presidente del Congreso?

¿Debe devolver nuevamente los golpes del Poder Ejecutivo?  ¿Debe dar paso a los pedidos de vacancia de un presidente que negocia con los extorsionadores sociales del Sur y abdica de preservar el orden y la paz? ¿Debe dar cabida a la censura de los ministros ornamentales de este gobierno que sólo secundan y no gobiernan? ¿Debe impulsar las investigaciones a los negocios presidenciales en la Interoceánica de Odebrecht?  ¿Debe fiscalizar los millonarios gastos de publicidad del Poder Ejecutivo en los canales y diarios que silencian los escandalosos audios presidenciales con muertos, violaciones y escándalos de farándula?  ¿Debe fiscalizar los favores presupuestales a gobernadores regionales dispuestos a acompañar en la foto al presidente Vizcarra cada que lanza algún desafío por consejo de su asesor argentino?

Tal vez. Este puede ser un camino.

Sin embargo, a mi juicio no es el mejor camino o por lo menos no debe ser el más importante.

El camino que debería seguir es el de pasar a ser un verdadero líder y conducir al Congreso en una dirección distinta de aquella que siguieron sus tres predecesores. Debe olvidarse de la pequeñez de su bancada y apropiarse de la magnitud del mandato electoral del 2016 con la cual coincide su discurso, voluntad ciudadana a la cual por fin alguien representa y que supera el 70% de los peruanos. Debe asumir el reto de liderar entonces no sólo al Congreso, sino a esa voluntad popular a la que abandonaron primero Kuczynski y Keiko Fujimori en sus absurdas disputas y de la que reniega el presidente

Vizcarra para dejar traslucir el polo que rojo que llevaba adentro, que recién advierte la gobiernista revista Caretas.

En este camino, el presidente del Congreso tampoco debe tener temor a legislar. El Perú no puede darse el lujo de tener un presidente que tenga miedo a gobernar y un líder del Congreso que también tenga temor a legislar. Su reto, por lo tanto, es ese.

• El Congreso debe hacer la gran reforma de la inversión privada que impulse a las pymes como motor de la formalización, la recaudación razonable y la generación de empleo mínimamente digno.
• El Congreso puede impulsar los motores de nuestra economía mediante una legislación promotora de la inversión hidrocarburífera, de las inversiones en energías limpias, de la minería, del turismo y de la agro exportación.
• El Congreso debe detener la asfixia estatal que consume en licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, tasas, inspecciones y estudios previos los escasos recursos de pequeños, medianos y grandes empresarios antes de que se haya producido un sol o se haya generado un solo puesto de trabajo.
• El Congreso debe poner tope al crecimiento de la planilla estatal que se incrementa cada período de gobierno a nivel nacional, regional y local, impidiendo que los recursos vayan a obras y se consuman en gasto corriente.
• El Congreso debe revisar una descentralización de enfoque preferentemente público que no ha atraído inversiones en las regiones y que sólo ha aportado gobernadores y autoridades en prisión.
• El Congreso debe alentar la depuración de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación ante la inoperancia de las improvisadas reformas impulsadas por el Presidente Vizcarra que han cambiado todo para que nada cambie, dando paso para ello a la tramitación de las acusaciones constitucionales que el artículo 99 de la Constitución permite y bajo cuyo trámite se puede hacer mucho más para enfrentar la corrupción a este nivel.
• El Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, 6 de los cuales ya han cumplido su mandato.

El Congreso puede hacer mucho más, sin interferir en la labor del Poder Ejecutivo y aún a pesar de él. El reto de Pedro Olaechea es sin duda muy grande. Tendrá que ser un líder sin miedo a legislar. Lampadia

Líneas abajo reproducimos el excelente artículo de Jorge Baca Campodónico sobre el impacto de los errores de gestión de los gobiernos de Humala, Kuczynski y Vizcarra, que entre el 2011, donde se dio el ‘Punto de Inflexión’ del proceso virtuoso de crecimiento, y el 2021, malograron la posibilidad de crecer y reducir la pobreza, entre otros beneficios sociales y económicos.

Próximamente, completaremos este análisis con una nueva mirada al mandato estratégico de gobierno para los siguientes 20 años.

Las caídas de las exportaciones (11.8%) y de las importaciones (7.3%) en el mes de marzo confirman la desaceleración de la economía y ratifican nuestro pronóstico de que el PBI no crecerá mas de 3.6% este año y no mas de 4% en los años 2020 y 2021. Con estos resultados cerraremos una década de pobre desempeño económico que nos quita la ilusión de llegar al bicentenario de la independencia habiendo superado la trampa del ingreso medio.

Lamentablemente el pobre desempeño de esta década se lo debemos a decisiones erradas tomadas por el gobierno de Humala que las administraciones de PPK-Vizcarra no solo no han sabido revertir, sino que las han acentuado.

• Desde el día en que Humala tomó el poder juramentando por la constitución socialista de 1979, las autoridades han venido tomando medidas populistas que socaban el modelo económico consagrado en la constitución de 1993.
• Se han priorizado proyectos de inversión de dudosa rentabilidad económica como la Refinería de Talara, los Panamericanos y Gaseoducto del Sur.
• Al mismo tiempo que se han puesto trabas a la ejecución de proyectos mineros como Conga, Tía María, La Granja, El Galeno, y muchos otros.

Las autoridades de las diferentes administraciones de esta década han esgrimido diferentes justificaciones para explicar el pobre desempeño de la economía como la crisis mundial, el fenómeno del Niño Costero, la corrupción, la obstaculización del Congreso, etc. Muy pocas autoridades reconocen los errores cometidos. Por el contrario, se insiste en medidas populistas como el incremento del salario mínimo, de las pensiones, de los programas no contributivos de salud y pensiones, de los programas de sociales de transferencia monetaria, en incremento de la burocracia no productiva. Como en la época de la bonanza del guano, las autoridades están mas interesadas en el gasto no productivo que en cómo hacer crecer la economía.

¿Cuánto nos está costando los errores de política económica de los gobiernos de Humala y PPK-Vizcarra? Para responder esta pregunta hemos utilizado nuestro modelo PREDICE para simular que hubiera pasado con la evolución del PBI si se hubieran concretado en forma progresiva la inversión minera postergada por las decisiones erradas del gobierno. Para fines comparativos hemos utilizado la evolución del PBI chileno para el periodo 1997 – 2021. En el caso chileno, las proyecciones para el periodo 2019 – 2021 son las proyecciones del FMI.

En el Gráfico 1 se presentan las evoluciones del PBI real chileno y peruano en miles de millones de dólares de 2018 para el periodo 1997 – 2021 juntamente con el escenario alternativo correspondiente a la evolución del PBI peruano si se hubiesen puesto en ejecución los proyectos mineros que se han paralizado o se vienen aplazando por diferentes trabas burocráticas o conflictos sociales.

La conclusión que se llega del ejercicio de simulación es que el aumento de inversión asociado a la puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros adicionales hubiese generado un PBI que superaría ligeramente al PBI de Chile en el 2021. Es decir, que hubiésemos llegado al Bicentenario con un PBI ligeramente superior al PBI de Chile.

Este PBI implica un crecimiento promedio anual para el período 2011 – 2021 de 6.8%, que contrasta con el magro crecimiento promedio de 3.7% que obtendremos con las políticas que venimos implementando. En el 2021, hubiésemos llegado a tener una economía de US$ 330 mil millones en lugar de los US$ 250 mil millones que tendremos con la política actual.

La inversión minera adicional también hubiese significado un crecimiento de nuestras exportaciones muy por encima del observado en los últimos años. En el Gráfico 2 se presentan las evoluciones de las exportaciones chilenas y peruanas en millones de dólares americanos juntamente con el escenario alternativo que describe la evolución de las exportaciones peruanas si se hubiesen concretado los proyectos mineros paralizados o postergados por las trabas burocráticas o conflictos sociales. En el escenario “Perú sin década perdida”, nuestras exportaciones hubiesen crecido al ritmo de la evolución de los precios de los minerales para ubicarse en el 2021 a la par con el valor de las exportaciones de Chile.

La puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros hubiera significado un aumento de la inversión bruta fija total a lo largo de la década. Este aumento de la inversión es la que explica el mayor aumento del PBI a lo largo de la década y el aumento de las exportaciones. En el Gráfico 3 se presenta la evolución de la inversión bruta fija medida como porcentaje del PBI para Chile y Perú para el período 1997 – 2021.

Observamos que la puesta en marcha de los proyectos mineros paralizados o postergados representa en promedio 1.5 puntos porcentuales del PBI por encima de lo sucedido a lo largo de la década 2011 – 2021. Los 1.5 puntos porcentuales adicionales son equivalentes en promedio a 3,000 millones de dólares americanos adicionales de inversión por año. Esta cantidad es equivalente a la inversión de dos Tía María o a la mitad de Conga o La Granja.

Si no hubiésemos tenido la década perdida, para el 2021 no solo hubiésemos superado el PBI de Chile, pero podríamos haber eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza monetaria a un dígito y podríamos haber recibido el Bicentenario en un clima de optimismo que significa romper la trampa del ingreso medio. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Buscando apoyos sociales a fin de evitar la vacancia, al presidente Kuczynski no se le ocurrió mejor idea que proponer –ofrecer- el alza de la remuneración mínima vital. En la caja de herramientas populistas, el salario mínimo es la más facilista y la más socorrida, pese a que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Lo que pasa, como siempre, es que los beneficiados y los interesados hacen bulla, y los perjudicados no saben que lo son o no están organizados.

El daño, sin embargo, de un alza indiscriminada del salario mínimo, es enorme. Baste con señalar, como podemos constatar en el siguiente cuadro de PLADES,^[1] que el 49.4% -prácticamente la mitad- de la Población Económicamente Activa Ocupada percibe un ingreso que está por debajo del nivel del salario mínimo. ¿Cómo se puede subir el salario mínimo si la mitad de la población ocupada gana menos que él?

Para comenzar, todas esas personas pierden toda esperanza de alcanzar un trabajo formal con derechos si se sube la RMV. Y todos aquellos formales que están percibiendo la RMV en empresas que no pueden pagar más, serán despedidos o informalizados.

Como bien señalaba un informe de Apoyo, “el salario mínimo (SM) puede ser un instrumento útil para evitar que un empleador con mucho poder de negociación imponga salarios por debajo del nivel de productividad de sus trabajadores”,^[2] situación que solo podría darse en alguna gran empresa. En realidad, el salario mínimo en el Perú, tal como está planteado, podría ser aplicable a la gran empresa y eventualmente a la mediana empresa, que podrían solventarlo, pero es muy alto para las micro y pequeñas empresas, que no pueden pagarlo debido a sus bajos niveles de productividad. Como dice Apoyo Consultoría, “fijar el SM por encima de la capacidad de pago de las empresas lo convierte en un serio obstáculo para la generación de puestos de trabajo formales y excluye así a millones de trabajadores de beneficios laborales básicos, como seguro de salud, derecho a pensión y vacaciones”.

Las grandes perjudicadas con un aumento de la remuneración mínima vital ahora serán todas aquellas pequeñas empresas que tienen parte importante de sus trabajadores percibiendo salario mínimo y que incurrirán en pérdidas si lo aumentan. Lo mínimo que necesitaríamos es darnos el trabajo de pensar en dos salarios mínimos, tal como propone Apoyo: uno para la gran y mediana empresa, y otro para las micro y pequeñas empresas. En realidad, lo mejor para estas últimas y sus trabajadores sería que no hubiese salario mínimo, porque de esa manera la formalización y el crecimiento empresarial y por lo tanto el de los propios salarios, serían mucho mayores. El mejoramiento de la productividad no se impone por ley ni por decreto. La ley y el decreto, sin embargo, sí pueden frenarlo, como ocurre en nuestro país.

Nuestros políticos y nuestros ideólogos solo trabajan con mundos ideales. Es como si para ellos sólo la gran empresa existiera. Ella es el modelo y el blanco a la vez. Debe haber algo de herencia colonial en esto de excluir sistemáticamente a las grandes mayorías informales, que constituyen el 72% de la PEA. 

No solo a ellas. Dentro de ellas, a quienes se perjudica más es a las mujeres. En el siguiente cuadro de PLADES podemos ver que la tasa de informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres:

Y no es solo que el salario mínimo único e indiscriminado tiene efectos estructurales contraproducentes y negativos, sino que la coyuntura económica actual es la peor para adoptar una medida de esa naturaleza, pues no se puede subir el salario mínimo cuando se está destruyendo empleo formal. Hacerlo solo servirá para acelerar esa destrucción. Pues bien, la tasa de empleo formal en el área urbano bajó del 35.1% en diciembre de 1916 a 33.0% en diciembre del 2017[3]. Y, como vemos en el siguiente cuadro del INEI,[4] en el 2017 el empleo formal promedio en el área urbana, lejos de aumentar, cayó en -2.8%:   

Y lo que vemos es que esa caída del empleo formal afectó más a las mujeres –que constituyen el segmento más débil del mercado laboral- y a los jóvenes entre 25 y 44 años.

Además, como observamos en el siguiente cuadro, la caída del empleo formal ha sido mucho más fuerte en las empresas más pequeñas, las que tienen entre 1 y 10 trabajadores, donde se desplomó en -8.9%

¿Cuántos más se quedarán sin empleo formal –es decir, sin derechos laborales- si subimos el salario mínimo en estas circunstancias? ¿Cuántos  perderán su trabajo?

Todo esto es absurdo. Además, al salario mínimo hay que agregarle los distintos beneficios sociales. Y entonces resulta más alto aún. Como vemos en el siguiente cuadro preparado por el IPE,[5] en el régimen general, la Remuneración Mínima Vital, que es de 850 soles, se transforma en 1,230 soles. En el régimen de la pequeña empresa, se convierte en 1,075 soles. Y en el de la micro empresa, en 962 soles. Es decir, el salario mínimo en una microempresa es, en realidad, 962 soles. ¿Qué porcentaje de la PEA ocupada gana menos de 962 soles al mes? No tenemos el cálculo, pero no sería de extrañar que llegue a alrededor del 55% o 60%.

Según Elmer Cuba, “el punto acá es que el nivel actual del salario mínimo es muy alto”. Diego Macera, del IPE, opina lo mismo: “Nuestro estimado es que no debería ser mucho más de 600 soles”. Esto para las micro y pequeñas empresas, por supuesto. Que es donde está la gran cantidad de trabajadores.

Apoyo Consultoría propuso la siguiente reforma de la RMV:[6]

“(…) se proponen dos cambios… El primer cambio consiste en actualizar el salario mínimo, previo diálogo y debate en el Consejo Nacional del Trabajo, de manera diferenciada: por un lado, micro y pequeñas empresas y, por otro lado, las empresas medianas y grandes. El segundo cambio implica que al momento de actualizar el salario mínimo, se tome en cuenta el nivel de los salarios de mercado observados en cada uno de los dos segmentos mencionados. Así, solo se evaluará un aumento cuando el salario mínimo sea menor al 50% del salario promedio en cada segmento de mercado. Los cambios propuestos están en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la OIT (Recomendación N°135 y Convenio N°131), y pueden implementarse en el corto plazo utilizando información de las encuestas a hogares del INEI.”

Si leemos la propuesta anterior a la luz del siguiente cuadro, veríamos que, efectivamente, el salario mínimo el 2014 estaba muy por encima de lo adecuado para las micro y pequeñas empresas, y que un aumento solo habría sido viable, en ese momento, para las medianas y grandes empresas.

Es hora de empezar a discutir estos temas con seriedad en lugar de jugar con el trabajo y los derechos de las grandes mayorías. Lampadia

[1] Informe sobre el Trabajo Decente en el Perú 2016 PLADES.  Ir a: https://drive.google.com/file/d/0B1L6UjYv4p-7WFZMQmcyU1ZFYlU/view
[2] Propuesta para mejorar la política de salario mínimo en el Perú, julio 2015, Apoyo Consultoría
[3] Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a Nivel Nacional, INFORME TÉCNICO N° 01 Febrero 2018, INEI, p. 35. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/01-informe-tecnico-n01_empleo-nacional_oct-nov-dic2017.pdf
[4] Idem, p. 14
[5] “La Valla Mínima”. Informe El Comercio-IPE, lunes 16 de enero del 2017. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/2017-01-16%20-%20La%20valla%20m%C3%ADnima%20-%20Informe%20IPE%20-%20El%20Comercio.pdf
[6] Op. Cit

La cantidad de proyectos de ley absurdos y contraproducentes que se aprueban irreflexivamente, sin información adecuada y sin análisis costo beneficio de ningún tipo, ha adquirido proporciones alarmantes. El Congreso se ha convertido en un peligro público, en una fábrica de locuras. Quizá la conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori ayude a establecer un mecanismo de coordinación para detener exabruptos legislativos, pero no cabe duda que la solución estructural a este problema es  el restablecimiento de una cámara revisora capaz de contener los brulotes demagógicos y populistas de la cámara baja o elevar el número de votos necesario para insistir en una ley observada por el Ejecutivo.

Fuente:  nexos.com

Libro de reclamaciones

Recientemente, por ejemplo, se aprobó ¡por unanimidad! una ley que obliga a todos los proveedores o comercios a nivel nacional –desde las grandes empresas a las micro empresas- a remitir al Indecopi copia de todas las quejas y reclamos consignadas en sus libros de reclamaciones para que esta entidad adopte “las acciones correspondientes”. Por supuesto, violando el artículo 75 de la ley del Reglamento del Congreso que obliga a que todo proyecto de ley venga acompañado de un estudio costo beneficio, aquí no se realizó estudio alguno. Si se hubiese hecho, los congresistas se habrían percatado de que hay aproximadamente 2 millones de empresas en el Perú que estarían obligadas a remitir copia de las reclamaciones al Indecopi, con los costos consiguientes para esas empresas y con un impacto monumental e inviable en las tareas del Indecopi. Esta entidad ha calculado que si cada una de las 2 millones de empresas le remite una hoja de reclamación al mes, la labor del Indecopi en términos de recibir las copias, sistematizarlas, adquirir el software, realizar las estadísticas y el análisis de la información para “adoptar las acciones correspondientes”, sería de tal magnitud que los costos de ese esfuerzo no bajarían de unos 400 millones de soles anuales –varias veces el presupuesto actual de esa entidad que, por lo demás, no viene del tesoro público sino de sus propios ingresos- y obligarían a contratar a alrededor de 10 mil personas para llevar a cabo todas esas tareas.

Tendremos todos los peruanos que pagar por este absurdo. Esto sin contar el hecho de que se desincentiva la iniciativa de la empresa de resolver por sí misma la reclamación. En la actualidad, cuando un consumidor formula un reclamo, el proveedor está obligado a dar respuesta en 30 días, acogiendo o no el reclamo. Si el consumidor no recibe respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir al Indecopi para interponer allí su denuncia. La mayor parte de los casos se resuelven por atención directa del proveedor. Esa negociación directa quedaría anulada. 

Otro efecto secundario de esta norma es que en adelante el Indecopi concentrará sus esfuerzos en la defensa del consumidor, cuando su labor en defensa de la libre competencia es mucho más importante en términos de beneficios para el consumidor.

Prohibición de importación de leche en polvo

Otra ley aprobada por el Congreso, también por abrumadora mayoría, es la que prohíbe el uso de la leche en polvo para la fabricación de leche evaporada, yogurt, quesos y cualquier otro producto lácteo. El resultado será el encarecimiento de la leche evaporada y de los demás productos lácteos, en perjuicio de los consumidores, por la sencilla razón de que hay un déficit apreciable de producción lechera nacional. Esta ley también se redactó sin estudio costo beneficio, desconociendo la realidad. Pues no es cierto, por ejemplo, el argumento de que la leche en polvo disminuye los nutrientes. Según el científico nutriólogo Robinson Cruz, la leche en polvo y la propia leche evaporada reducen la cantidad de vitamina A y D (que luego se repone en el proceso de elaboración), pero no afectan la esencia del poder nutritivo de la leche, que está dada por las proteínas y el calcio que contienen, más allá de las  vitaminas A y D que se pueden agregar al final del proceso productivo. Nuevamente, pues, una ley confeccionada sin información adecuada, cuyos efectos, de promulgarse sin modificaciones, ocasionarán un incremento en el precio y acaso un decremento de la calidad de los productos lácteos.

Injerencia en proyectos inmobiliarios

Allí no queda la cosa. Otra muestra fantástica de la creatividad parlamentaria ha sido el proyecto de ley presentado por Marissa Glave y aprobado en la comisión de Vivienda para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, que establece que “los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares, deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales…”. Una obligación como esa podría tener sentido en proyectos públicos de interés social, pero es una imposición socialista inaudita obligar a los proyectos inmobiliarios privados a reservar el 10% de las viviendas a los damnificados. Sólo a congresistas que no entienden la naturaleza de la inversión privada se les puede ocurrir algo así. Se querrá que no haya más inversión inmobiliaria en el país.

Colegio de historiadores

Otra barbaridad es pretender crear un nuevo colegio profesional, en este caso de historiadores. Algo contra natura, pues lo último que se puede hacer es regimentar la historia a través de típicas acciones gremiales de los colegios. Lo que es más, deberíamos pensar en eliminar los ‘estancos’ y ‘aplanadoras’ en que han devenido todos los colegios profesionales, a los que están sometidos obligatoriamente tantas profesiones.

Sigue la creatividad legislativa

También está en agenda de la misma comisión una modificación al decreto legislativo de obras por terrenos en la que se prohíbe que en los terrenos recuperados o creados por la inversión en encauzamiento de los ríos se pueda hacer inversión inmobiliaria. Lo que sencillamente mata la idea. Nadie va a invertir en costosas obras de encauzamiento de los ríos simplemente para formar tierras agrícolas.

Hay otro tipo de leyes que se aprueban demagógicamente siguiendo corrientes del momento originadas en hechos reprobables. Los tremendos escándalos de corrupción, por ejemplo, llevaron al Congreso a aprobar hace unos meses una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa ley, sumada a la hiperactividad persecutoria por asuntos formales o menores por parte de la Contraloría, no hace sino alejar cada vez más a los buenos profesionales de la función pública y a inhibir a los funcionarios en ejercicio de tomar decisiones, paralizando el Estado y la obra pública. De esa manera empobrecemos el Estado y, paradójicamente, lo hacemos por esa vía más vulnerable aun a la corrupción y, sobre todo, a la ineficiencia. Nuevamente leyes que se aprueban sin mayor análisis y sin estudios costo beneficio serios.

Y así podríamos seguir. Es hora de introducir un control de calidad en las leyes del Congreso. El congresista Alberto de Belaunde planteó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis económico e impacto regulatorio de los proyectos de ley, que debería opinar sobre todos los proyectos que se presenten. Es hora de aprobar esa iniciativa, por la salud del país. Además de ello, una bancada tan poderosa como la de Fuerza Popular debería tener también un equipo de economistas y profesionales que filtre los proyectos de ley y los mejore.

Por supuesto, ya es hora, como decíamos al abrir esta nota, que la bancada de Fuerza Popular tome la decisión de aprobar el restablecimiento de la bicameralidad, como garantía de análisis y revisión de la calidad de las leyes. Mientras tanto, es indispensable subir el número de votos para insistir en una ley observada por el Ejecutivo. En el Perú es apenas la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso. En todos los demás países de América Latina es cuando menos los dos tercios. Es imperativo. Lampadia

Las aguas están movidas. Las políticas, las económicas y las de confianza en el futuro. El gobierno y la oposición acaban el año, en medio una guerra de guerrillas (que caigan Sansón y los filisteos), que solo agravan los cuestionamientos de la población. El gobierno, cercado por serias acusaciones de corrupción que amenazan, de una u otra forma, la conducción del país. A esto se suma la merma de la bancada oficialista en el Congreso y la pérdida de aliados políticos, lo que impide la rápida aprobación de Leyes clave para reactivar la economía. Todo esto mantiene la popularidad de la pareja presidencial y de las instituciones públicas, en niveles de “pena”. El Ministro de Justicia en la picota y, por supuesto, todo esto en el contexto del colapso del crecimiento de la economía.

Lo económico tampoco pinta bien. A duras penas el país crecerá un 2.7% (¿?). Buena parte de esta desaceleración se debe al descuido en el que el gobierno tiene a los sectores minería, energía e hidrocarburos, los auténticos motores del crecimiento del país en la última década (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Curiosamente, con un tonito circense, el Ministro de la Producción se burla de todos los peruanos diciéndonos: “El menor crecimiento favoreció también la simplificación administrativa y mejoras en la regulación”. Y agrega: “El 2014 no ha sido un año de crisis, sino de oportunidades aprovechadas, pues la preocupación por el menor crecimiento impulsó la renovación de la políticas económicas”. (El Comercio, “Mirando el largo plazo”, por Piero Ghezzi, 18 de diciembre 2014). Ya parece un editorialista del Pravda o Granma.

La razón de la parálisis de la inversión no es porque no se quiera invertir en el Perú, ni mayormente por la debilidad de la economía internacional. Es porque se ha hecho casi imposible invertir, tanto en negocios grandes como en pequeños. Desde abrir una mina hasta poner un restaurante. Desde levantar una antena para comunicación celular hasta tramitar un cambio de uso de terreno, desde conseguir permiso para abrir un nuevo colegio hasta colgar un letrero en la fachada de una bodega. La debilidad política del gobierno (Conga) y la maraña burocrática han trabado la inversión y el crecimiento, lo ha impedido hasta casi detenerlo por completo. (Ver en L: La “liciensitis” afecta las inversiones pequeñas, medianas y grandes).

El otro problema es la incapacidad que han demostrado los funcionarios para echar andar los grandes proyectos de inversión pública. Atrapados en las arenas movedizas de la tramitología y el pánico a tomar decisiones, dado el torpe e inhibidor sistema de control nacional. El dinero que debió poner en marcha las ruedas de nuestra economía nunca llegó a movilizarse. A eso hay que sumar las elecciones regionales y los gravísimos casos de corrupción que descabezaron a regiones y municipios de sus autoridades, con lo que la inversión pública se quedó en las cuentas bancarias.

Si bien el gobierno ha intentado mejorar este panorama mediante una serie de medidas que incentiven la inversión privada, (los cinco paquetitos pre-navideños) todavía es muy pronto para ver sus resultados. Algunos se pararon en el Congreso, otros se siguen discutiendo, y otros se reputan de tardíos e insuficientes. En todo caso, no han conseguido impulsar el crecimiento del producto este año y, aunque se espera que el próximo será mejor, ya no se puede creer en los pronósticos oficiales.

La debilidad del Gobierno y su aislamiento se han hecho notorios los últimos días. La oposición que está enfrentando la Ley Laboral juvenil es un síntoma de ello. Todos los personajes y partidos que en su momento apoyaron esta iniciativa, ahora se retractan, generando un desentendimiento político innecesario para una medida a todas luces positiva (ver en L: No me importa estar mal, si los demás corren la misma suerte).

Que Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García se opongan a ella, sumándose a las cúpulas sindicales como la CGTP, es un contrasentido y una vergüenza. Después de haberla señalado conveniente, hoy, por mero cálculo político de corto plazo, la atacan duramente. El Gobierno ha decidido defenderla con uñas y dientes. Ojalá persista y muestre algún saldo de fortaleza.

La irresponsabilidad de la oposición, propiciada por la agresividad del propio Presidente de la República, está arrinconando al Ejecutivo. Semejante postura, puede llevar al gobierno a olvidarse de un programa sensato y hacerlo optar por un populismo que le de réditos inmediatos y lo haga subir en las encuestas. (Ver en L: Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016). Ese sería el peor escenario. La economía no permite este tipo de juegos. Es vital que todos recuperen la cordura y que se busque retomar la armonía y el crecimiento.

Como hemos reseñado en Lampadia: Niall Ferguson, el historiador británico, en una recientevisita a Santiago, dijo que Chile era el “país más inteligente” de la región pero que ahora estaba “ejerciendo su derecho a ser estúpido”. En el Perú hemos sido estúpidos mucho tiempo, “es hora de ejercer nuestro derecho a ser más inteligentes”. Lampadia