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Detrás de división Keiko-Kenji hay un problema de identidad partidaria

Detrás de división Keiko-Kenji hay un problema de identidad partidaria

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El conflicto entre las dos facciones de Fuerza Popular se origina en estrategias distintas en relación a la libertad de Alberto Fujimori, pero también se ha manifestado en posiciones diferentes en temas de fondo. Keiko Fujimori privilegió la responsabilidad partidaria institucional señalada en su compromiso electoral de no usar el poder político para fines personales o familiares. Pero en el trayecto como bancada opositora defendió posiciones duras y conservadoras, tuvo excesos políticos e incluso momentos autoritarios, como el intento de destituir al Fiscal de la Nación. Kenji Fujimori, en cambio, defendió posiciones liberales en varios temas, reclamó libertad de conciencia, propuso una reforma política y demandó una relación más colaborativa con el Ejecutivo. Ella, que para ganar las elecciones quiso distanciarse del “albertismo” como sinónimo de autoritarismo, terminó recayendo en algunos comportamientos que denotaron reflejos autoritarios. Kenji (Alberto), en cambio, apareció como democrático y abierto. Al final, entonces, se produjo una inversión de posiciones: Kenji se colocó en un espacio liberal y Keiko en uno más conservador. Y en el terreno económico, la bancada de Fuerza Popular ha aprobado leyes francamente populistas. 

A mi juicio, esta labilidad entre posiciones liberales y conservadoras/populistas, y actitudes democráticas y relativamente autoritarias, puede ser, más controlada, moderada y elaborada, el cimiento de un sistema de alas partidarias dentro de Fuerza Popular, pero mientras tanto refleja un problema de identidad ideológica y programática que se deriva del hecho de que Fuerza Popular no ha realizado hasta ahora una introspección acerca de su identidad como partido.

El fujimorismo no ha procesado intelectualmente su propia experiencia histórica, la de los 90, para extraer de ella las lecciones institucionales correspondientes. Procesar no significa negar o rechazar o condenarlo todo necesariamente, como en algún momento pareció hacer Keiko Fujimori, para desconcierto de sus huestes. Si se rechaza todo sin análisis, se termina recayendo en lo mismo porque no se ha entendido nada. Tampoco significa justificar todo lo ocurrido. Significa analizar qué pasó, por qué ocurrió así, qué se puede rescatar y qué no y qué cambios habría que introducir en nuestra institucionalidad democrática no solo para que pueda responder a los retos ante los que la democracia de los 80 y de los 90 sucumbió, sino para enmendar las debilidades que permitieron socavarla.

Comencemos recordando que no fue Fujimori la causa de la destrucción del sistema de partidos y su descrédito, sino la consecuencia. Ganó como outsider absoluto en 1990 debido precisamente al hundimiento de los partidos. Es cierto que luego aprovechó el desprestigio terminal de las organizaciones políticas para minimizar el control horizontal y concentrar parte importante del poder en sus manos. Pero también es verdad que el país había caído en un abismo y había que rescatarlo de la hiperinflación, el terrorismo y la pobreza extrema, y que se necesitaba un gobierno fuerte que pudiera afrontar el enorme tamaño de esos problemas. Ante ello, sin duda las formas democráticas en ese momento podían ser percibidas como un estorbo. Para Fujimori claramente lo eran. 

¿Hasta qué punto lo eran? ¿La disolución del Congreso era necesaria? ¿Se hubiera podido cambiar la Constitución del 79 sin ese golpe? (diferenciando claramente esta etapa del autoritarismo de los últimos años del segundo gobierno, cuando las principales amenazas a la sobrevivencia nacional habían sido ya conjuradas). Es una discusión que el fujimorismo no ha hecho todavía y que debería llevarlo a desembocar en la propuesta de una democracia fuerte que “estorbe” lo menos posible. Que no estorbe del todo es imposible, porque el valor principal que la democracia cuida no es la eficacia en la gestión, sino el control o el límite del poder, a fin de proteger la libertad individual. Y las restricciones al poder, si bien garantizan que no haya abuso, pueden conspirar contra la eficacia, contra la obtención de resultados. Como señala el politólogo argentino Guillermo O’Donnell “El deseo simultáneo de una alta decisividad y un efectivo control es tan racional como contradictorio” (Guillermo O’Donnell, 2007: 116).

Samuel Huntington lo pone en términos casi cínicos: “…la democracia descansa sobre la premisa de que los gobiernos fracasan y de que por ello existen caminos institucionalizados para poder cambiarlos. La democracia no significa que se resolverán los problemas; significa que los gobernantes pueden ser cambiados…. Las democracias se consolidan cuando el pueblo aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero necesariamente a todo lo demás” (Huntington, 1991: 236).

Hay democracias más fuertes y eficientes que otras

De todos modos, hay democracias mucho más fuertes y eficientes que otras. La reflexión central del fujimorismo debería partir de preguntarse si el hecho de que Fujimori haya optado por concentrar el poder para tener eficacia, no debería llevar a revisar qué cambios podrían introducirse en nuestra institucionalidad para conseguir una democracia más funcional, que produzca resultados, que reduzca la tentación autoritaria. Esa debería ser la propuesta central de reforma política y del Estado de Fuerza Popular, sobre todo si aspira a gobernar con éxito a partir del 2021: cómo tener una democracia fuerte y al mismo tiempo respetuosa del estado de derecho (en realidad, como veremos, una democracia fuerte es una en la que se aplica la ley).    

Pues, como decíamos, hay democracias más fuertes y eficientes que otras. Las parlamentarias europeas, por ejemplo, en las que la mayoría congresal pone el gobierno, de modo que el Ejecutivo tiene por definición mayoría en el Congreso y la confrontación de poderes queda descartada. En el Perú sufrimos ahora exactamente de lo contrario: un gobierno débil con una bancada diminuta frente a la mayoría opositora de un solo partido. Eso sencillamente no es práctico, no es eficiente. 

Lo lógico, entonces, sería que Fuerza Popular promueva cambios en las reglas de juego que hagan muy difícil que una situación así se vuelva a presentar y más bien faciliten la formación de una mayoría gubernamental que de gobernabilidad. Seguir, por ejemplo, el camino de Francia, que comenzó con la posibilidad de la cohabitación cuando una situación así se daba, pero avanzó luego a la elección del congreso después de la segunda vuelta presidencial, a fin de que el elector decida conscientemente darle mayoría o no al gobernante y que haya muchas más posibilidades de que la tenga. El problema es que Fuerza Popular seguramente no querrá promover ese cambio en este periodo porque pensará que el 2021 alcanzará nuevamente una mayoría congresal con la votación en primera vuelta, como es ahora, y más bien temerá que si los congresistas se eligen con o después de la segunda vuelta, gane el voto antifujimorista. Pero esto no es así porque el voto antifujimorista al Congreso se dividirá entre varios partidos, de manera que de todos modos Fuerza Popular, si mantiene su peso electoral actual, ganaría mayoría absoluta.

Por supuesto, reducir el número de partidos es también fundamental para lograr gobernabilidad y eficacia democrática. Pocos partidos sólidos. En esto hay que notar una interesante rectificación, quizá instintiva, de parte de Keiko Fujimori: ha organizado un partido fuerte con vocación de permanencia, que es la otra cara de los partidos descartables de Fujimori, que cambiaban de rótulo en cada elección. Fuerza Popular es, paradójicamente, el único esfuerzo serio de construcción partidaria desde el año 2000, en medio de la descomposición partidaria creciente de las últimas décadas. Sin embargo, donde se aprecia cierta continuidad con las raíces del fujimorismo es en el estilo vertical –autoritario dicen algunos- con que se maneja la bancada. El reto que tiene por delante es combinar esa fortaleza organizativa con más discusión y reflexión interna, como ésta que les estamos proponiendo para recuperar su identidad en clave democrática. Quizá aprender a manejar un sistema de alas dentro del partido, que supone capacidad de diálogo y entendimiento, aun dentro de la necesaria disciplina partidaria.

Pero necesitamos, para mejorar la gobernabilidad, que a Fuerza Popular se sumen dos o tres partidos institucionalizados más. Para eso se requiere no solo una valla más alta a las alianzas sino ir a distritos electorales más pequeños, uni o bi nominales, que tienen un efecto reductor en el número de organizaciones políticas.  Y, además, resuelven el problema de la conexión entre el pueblo y el Estado a través del Congreso en la medida en que se establece una relación directa entre representantes y representados (acaso una evolución de la relación directa de Fujimori con la gente). Esto ayuda a prevenir problemas, solucionándolos a tiempo. Es decir, hace también, por esta vía, más eficiente la democracia.

Pero en la relación entre Ejecutivo y legislativo, ayudaría mucho que la insistencia en los proyectos observados por el Ejecutivo no sea aprobada solo con la mitad del número legal de miembros más uno, sino, por ejemplo, con los 2/3 de los congresistas, para que el Presidente pueda precisamente gobernar y no ocurra lo que vemos ahora. Fuerza Popular debe ponerse en el lugar del Ejecutivo, que podría ocupar en pocos años más.

Orden y seguridad institucionalizados

Ahora bien, la popularidad de Fujimori se basó en medida importante en el restablecimiento de un valor fundamental: el orden, la seguridad. Pacificó el país. Pero la versión democrática de ese orden primario es el imperio de la ley, que en nuestro país casi no existe. Pasar a un orden institucionalmente consolidado. Hemos suprimido la amenaza terrorista, pero han emergido nuevas formas de criminalidad organizada, mafias de todo orden, corrupción, y se ha extendido la delincuencia callejera. Qué reformas hacer para implantar el orden de la ley en todos los ámbitos debería ser una discusión central al interior del fujimorismo, para entroncar con su pasado, pero en un lenguaje de construcción institucional.

El estado de derecho limita el poder del Estado y protege los derechos individuales, pero también minimiza o elimina el poder de los agentes criminales y mafiosos que amenazan el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Por eso, una democracia fuerte es una en la que rige el imperio de la ley. Y en la que, por lo tanto, el orden y la seguridad jurídica permiten el progreso.

Si el fujimorismo quiere retomar su identidad transformándola, tiene que proponer una concepción institucionalizada de orden, y por lo tanto no puede dejar de formular una propuesta de reforma profunda del sistema de justicia, de la Policía, de la seguridad ciudadana y de los sistemas de inteligencia. Santiago Fujimori intentó una reforma del Poder Judicial por medio de José Dellepiani, pero fue luego instrumentalizada y pervertida por Montesinos. Esa alianza con los campesinos, que fue clave en la derrota de Sendero, puede replicarse en alianzas de una policía comunitaria con la población, por ejemplo.

Pero implantar el orden supone también la reforma del propio proceso de descentralización que, tal como ha sido hecho, ha generado desorden porque minó la autoridad central y el carácter unitario del gobierno facilitando la proliferación de mafias de toda índole, algunas de ellas lanzadas al asalto de los botines presupuestales de los gobiernos subnacionales. Y ya no sólo para restablecer el orden, sino porque una democracia eficiente supone también un Estado, un Ejecutivo, capaz de aplicar no solo la ley sino políticas sectoriales y servicios eficientes en el territorio. Es necesario establecer mecanismos de control, monitoreo, intervención y sanción cuando un gobierno sub nacional desacata una política sectorial o es incapaz de prestar un servicio público de manera solvente. ¿Está pensando en eso Fuerza Popular?

No se trata de retornar al centralismo político de los 90, pero tampoco de permanecer indefinidamente en el otro extremo en el que hemos caído. Y es necesario profesionalizar dichos gobiernos, avanzar con la implantación del régimen de la ley del servicio civil y los presupuestos por resultados.

Alianza con sectores emergentes e integración a la formalidad

Un mecanismo clave en la gobernabilidad de Alberto Fujimori fue su conexión directa con los campesinos y las poblaciones urbano marginales por medio de una suerte de clientelismo tecnocrático políticamente muy rentable. Su relación con esos sectores era personal, pero la priorización de las obras de Foncodes, por ejemplo, o las de Provías rural, o la siembra de agua en “Sierra Verde”, se basaban en criterios exclusivamente técnicos. La lección que se podría extraer es que algún grado de contacto personal es importante en la tarea todavía pendiente de incorporar a los sectores postergados y emergentes. El gobierno central y el propio Presidente deberían reservarse, en aras de la gobernabilidad y de la gran integración económica y social, ciertos programas estratégicos de desarrollo de la productividad familiar y de entrega de tecnologías en las zonas rurales y sub urbanas, y siembra y cosecha de agua, dentro de políticas de formalización de la propiedad, la empresa y el trabajo, que potencien a esos sectores emergentes.

Pero la gran división que subsiste en nuestro país es la que separa a los formales de los informales. El vasto mundo de la micro y pequeña empresa emergente no podrá crecer más allá de cierto punto si no se formaliza, y esa formalización no será posible sin una reforma laboral integral que permita entregar derechos a las mayorías, en lugar de seguir defendiendo el mantenimiento de un statu quo laboral que es profundamente excluyente y que no corresponde al espíritu social del fujimorismo ni a los sectores emergentes que tradicionalmente ha representado.

El fujimorismo tiene que definir bien a quién representa, y para eso los años 90 también pueden ayudar. La base popular de Fujimori fueron los sectores populares emergentes, a quienes intentó incorporar por medio de ese clientelismo tecnocrático que he mencionado. Y también por medio del más grande programa de titulación y formalización de la propiedad que se haya ejecutado, con COFOPRI. Pero esa tarea quedó inconclusa, porque la formalización no se extendió a la empresa ni al trabajo. ¿Qué reformas introducir para lograrlo?

Las reformas de los 90 versus populismo actual

Otra manera de verlo es la siguiente: Fujimori basó su popularidad no sólo en el orden y en su alianza con los campesinos e informales emergentes, sino en el abatimiento de la hiperinflación y el crecimiento acelerado y sostenido que logró gracias al cambio del modelo económico. Abrió la economía, eliminó controles, subsidios y licencias, y privatizó la mayor parte de las empresas que habían sido estatizadas por Velasco. La titulación de la propiedad que hemos mencionado fue fundamental en este nuevo modelo. Liberó, en suma, las fuerzas productivas, aunque la informalidad se mantuvo, como hemos dicho. Parte de la discusión del fujimorismo hoy debería ser cómo profundizar ese modelo para que la economía de mercado formal integre a todos. 

La reflexión de Fuerza Popular en este campo debería empezar por revisar y valorar las reformas económicas que se aplicaron en los 90 y que llevaron al período más largo de crecimiento y reducción de la pobreza de la historia del Perú. Y a partir de allí ver cuáles son las reformas de segunda y tercera generación que faltan. Pues lo que notamos en este terreno es un problema de identidad en el fujimorismo basado quizá en el olvido de la experiencia histórica, porque da la impresión de que Fuerza Popular, en lugar de avanzar hacia las mencionadas reformas de nueva generación, ha empezado a perforar las conquistas de los 90 con leyes populistas tales como la del pase de los CAS de Essalud a la 728 en lugar de a la ley de Servicio Civil, la de pensiones de militares y policías, la prohibición de la leche en polvo, la ley de cabeceras de cuenca, el proyecto de ley para incorporar a las consorciadas en el 003, y ahora el proyecto para establecer la negociación colectiva en el Estado, que puede echar por tierra el gran logro de los 90 que fue la recuperación del equilibrio fiscal para prevenir el retorno de la inflación.

Lo lógico sería que Fuerza Popular, en su revisión histórica, rechace, previo análisis, los aspectos autoritarios de la experiencia de los 90, y se afirme en los aspectos positivos que aquí hemos reseñado, uno de los cuales, si no el principal, fue el cambio de modelo económico que condujo al crecimiento acelerado y sostenido con estabilidad monetaria. Lo que carece totalmente de sentido es que el fujimorismo recaiga en actitudes autoritarias en lo político al mismo tiempo que aprueba leyes populistas en lo económico, afectando las bases del modelo que hace posible el crecimiento con estabilidad. Es el aprendizaje al revés de su propia historia. Lampadia




¿Y ahora qué le decimos al Perú?

¿Y ahora qué le decimos al Perú?

Pablo Bustamante Pardo
Director de
Lampadia

Hace muchos años repito que el Perú es ‘infinito’, que tenemos todos los recursos para ser un país rico. Hace tiempo que podríamos haber transformado nuestro potencial productivo en bienestar general. Esta visión incluye, por supuesto, mi apreciación por la calidad de nuestra gente, como personas trabajadoras, creativas y esencialmente sanas.

Pero como no todo puede ser bueno, tenemos una clase dirigente que, difícilmente, es digna de ser llamada así. La calidad de nuestra clase dirigente ha sido siempre motivo de duras críticas por parte de los peruanistas más destacados, como lo fueron Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre. La afectan dos grandes males: la búsqueda del beneficio individual y la falta de compromiso cívico.

Solo así podemos explicarnos que, una y otra vez, transformemos nuestras oportunidades en derrotas.

En diciembre de 2010, escribí en Diario 16:
¡Que buena década! – ¡Queremos otra!

Todos los peruanos mayores tenemos apreciaciones y  recuerdos de lo que han sido las últimas cinco décadas, desde 1960 al 2010, el último medio siglo de la vida de nuestro país. (…) La última década está terminando en condiciones extraordinarias. A pesar de que ésta se inició con problemas muy graves, políticos, institucionales, sociales y económicos, los logros de los últimos años están marcando toda la década, y hasta los últimos veinte años, de un halo que los peruanos no conocíamos.

(…) Quiero marcar una diferencia, nuestra realidad de estancamiento de décadas, y quien sabe, nuestro son, nos han hecho vivir mirando siempre el lado vacío del vaso. Es hora de mirar el lado lleno. Esta década está terminando de marcar nuestra transición desde una sociedad cerrada, estancada, a una sociedad abierta, de crecimiento. Estamos empezando a dejar atrás las actitudes del modelo mental ganar-perder, la suma cero, y adoptando las del modelo ganar-ganar, la suma positiva. Nuestros ciudadanos están pasando del oportunismo a la confianza en sí mismos, nuestros empresarios están terminando de transitar del mercantilismo a la competencia, y nuestros políticos, hay nuestros políticos, todavía muy pocos se alejan de la demagogia, el populismo, y el cortoplacismo, y pasan a la visión de futuro y la concordancia entre palabra y obra.

Quiero enfatizar que aún estamos lejos resolver nuestros grandes problemas institucionales, sociales y económicos, pero si antes, la posibilidad de enfrentarlos y resolverlos, era una ilusión, un sueño o una promesa, hoy está en nuestras capacidades, hoy podemos dar un gran salto adelante para superarlos.

Por fin estamos aprendiendo a crear riqueza, base esencial del bienestar, estamos viendo como, con la inversión privada que se multiplica a lo largo y ancho del país, junto con la inversión pública en las regiones, que se hace posible gracias al crecimiento de la economía, se empieza a transformar nuestro perfil, y lo que es más importante, empieza a cambiar el sentimiento nacional.

(…) Este nuevo sentimiento, esta posibilidad de pararnos frente a la historia, no para reclamarle nada, sino para conquistar nuestro futuro, con inteligencia, esfuerzo, imaginación y compromiso; está hoy día en el Perú real, en las mentes de nuestros ciudadanos, especialmente en los jóvenes, y en nuestros empresarios. Miremos el lado lleno del vaso.

Sin dejar de llamar la atención sobre la agenda pendiente en educación, salud, infraestructuras, y solidez institucional, en Lampadia hemos destacado reiteradamente las evidencias de la gran recuperación del Perú, después de las décadas perdidas entre 1960 y los años 90. Ver:

Las Cifras de la Prosperidad.
¡Qué ‘calato’…, ni que ocho cuartos!

Es, pues, muy claro que el Perú ha demostrado la capacidad de superar sus problemas de manera ejemplar. En pocos años pasamos de ser ‘un Estado fallido’, a una ‘estrella internacional’.

Sin embargo, la negación de la realidad y el odio sembrado en la política peruana, nos regalaron una profunda interrupción de nuestro desarrollo, con la elección del nacionalismo dirigido por Ollanta Humala.

Peor aún, el gobierno de PPK no ha sabido marcar la diferencia con el gobierno del ‘punto de inflexión’ de Humala. Tampoco supo recoger el mandato popular de profundizar la economía de mercado y perfeccionar la democracia. El gobierno de PPK prefirió basarse en el odio al fujimorismo sembrado por Vargas Llosa para ganar las elecciones, para relacionarse con el Congreso y para salvarse de la ‘vacancia presidencial’.

Es el colmo que el ‘gobierno de lujo’ nos haya llevado a la crisis de los últimos días. Más allá de las maromas verbales de Borea; de la terquedad de Kenji Fujimori para arrancarle a PPK el indulto de Alberto Fujimori y de la torpeza política de los voceros del fujimorismo; la verdad es que el Presidente está gravemente dañado y debilitado en su capacidad de inspirar a los peruanos el esfuerzo y sentido de dirección necesarios para recuperar el tiempo perdido y enrumbarnos a continuar la senda del desarrollo.

Después de este proceso tan destructivo, PPK debiera reflexionar seriamente sobre cómo permitir que el ‘gobierno-pre-bicentenario’ llegue al puerto en mejores condiciones. Esa reflexión incluye que evalue la posibilidad de pasarle la posta al vicepresidente Vizcarra.

¿Y ahora que les decimos a los peruanos?

  1. El Perú ha probado que puede superar sus más difíciles problemas
  2. Necesitamos un gobierno programático y de convergencia política. Programático para emprender reformas importantes, y convergente, para superar el odio y la mentira, de las relaciones entre los poderes del Estado.
  3. ¡Si podemos hacer las cosas bien! Pero tenemos que hacerlo juntos.

Me parece que, en este momento, los ciudadanos debemos salir al frente para evitar que la mala política siga destruyendo nuestros futuros. Lampadia




El affair de las procuradoras

El affair de las procuradoras

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

  • La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
  • Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
  • En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
  • El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

  • Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
  • Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
  • Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

  • El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
  • El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
  • El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
  • En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
  • Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

  • Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
  • Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
  • Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.
  • Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
  • Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
  • Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
  • Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
  • Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
  • En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
  • Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
  • ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
  • De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia




Los peruanos debemos rechazar insidiosa publicación

Para nosotros en Lampadia es una tremenda decepción que The Economist, una publicación formidable, vuelva a escribir barbaridades sin sustento sobre la situación política del Perú. Sabemos que esto es obra de sus corresponsales, pero eso no inhibe la responsabilidad de la revista, máxime, si ya se les advirtió anteriormente sobre este tipo de prácticas. Ver: Carta abierta a The Economist, Increíble error de una de las mejores revistas del mundo.

En el Perú se ha desatado una polarización política extrema y, desde el lado de los comentaristas cercanos a PPK, como Rosa M. Palacios, Raúl Tola, Augusto Álvarez Rodrich, y varios otros columnistas de La República, se está desarrollando una campaña de alcance internacional para mostrar una situación política insostenible que solo podría  resolverse confrontando al Congreso de la República y, eventualmente, clausurándolo.

Una barbaridad en la que habría caído The Economist, que afirma:

Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños”.

Acá estaremos en guardia, cuidando que nadie auspicie exacerbar la crisis de nuestra democracia. En estos momentos, jugar a la guerra nuclear, es un acto de máxima irresponsabilidad, que condenamos venga de donde venga.

Nuestro Director ya le hizo llegar un primer comentario a la revista:

It is not the first time that your correspondent in Perú produces a partisan report on peruvian politics.
Your article is full of subjective messages and open lies. It does not match with your prestige.
I will come to you with a letter addressed to your editor, in the meantime let me suggest that you should soon revise your policy regarding how to choose your correspondents in emerging countries, and indeed, in Perú, where a magazine like yours is supposed to separate straw from wheat.

En español:
No es la primera vez que su corresponsal en Perú produce un informe partidario sobre la política peruana.
Su artículo está lleno de mensajes subjetivos y mentiras. No coincide con su prestigio.
Me dirigiré a ustedes con una carta abierta dirigida a su editor. Mientras tanto, permítanme sugerirles que revisen su política sobre cómo elegir a sus corresponsales en los países emergentes y, de hecho, en el Perú, donde se supone que una revista como la suya separa la paja del trigo.

¿Quién gobierna el Perú?

The Economist
Publicado en el Perú por GESTIÓN
Viernes 23 de junio del 2017 
Comentado por
Lampadia 

El presidente debe confrontar al Congreso fujimorista 
[¿The Economist rebota perfidia de Rosa M. Palacios?]

Perder un ministro bajo censura congresal es un peligro normal de la vida democrática. Para un Gobierno perder cuatro en su primer año [solo se censuró a uno], incluyendo al de Economía y del Interior, por motivos espurios es una conspiración parlamentaria. Ese es el drama que puede encarar pronto el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Hace un año, Kuczynski, ex banquero de inversiones, ganó estrechamente las elecciones en el balotaje no tanto gracias a los que lo apoyaban sino porque un número ligeramente mayor de peruanos aborrecía a su oponente Keiko Fujimori. En una elección para congresistas dos meses antes, su grupo político había ganado solo 18 de los 130 escaños mientras Fuerza Popular de Fujimori ganó 73 (debido parcialmente a que regiones menos pobladas están sobrerrepresentadas). [¿De dónde sale esta afirmación sobre los pesos de los distritos electorales? ¡Qué falta de seriedad!]

Fuerza Popular, ayudada por aliados oportunistas, ha hecho sentir su mayoría con operaciones de desgaste. En diciembre, el Congreso censuró a Jaime Saavedra, un ministro de Educación capaz, que prontamente fue contratado para manejar la división global de educación del Banco Mundial. [Como hemos demostrado en Lampadia, Saavedra fue fatal para la educación en el Perú: Negaba y combatía la participación del sector privado en educación, nos endilgó un nuevo currículo escolar que regimenta la enseñanza elimina la innovación y apoyó una reforma universitaria anti moderna y controlista].  El mes pasado, el ministro de Transportes renunció antes de enfrentar una censura sobre una (justificada) [Un exceso inaceptable para un análisis serio] revisión del contrato para el nuevo aeropuerto del Cusco, la antigua capital incaica. El 21 de junio, los congresistas votaron para sacar a Alfredo Thorne, el ministro de Economía; [Thorne exigió un voto de confianza sin pedir disculpas por su desliz con el Contralor. Casi la mitad de la bancada de PPK se ausentó de la votación ¿?] y están a punto de hacer lo mismo con Carlos Basombrío, el ministro del Interior. [No lo hicieron].

Los pecados de Basombrío incluyen no arrestar a pocos manifestantes pacíficos que llevaban imágenes de Abimael Guzmán, el encarcelado líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los problemas de Thorne empezaron luego que recibió al contralor general Édgar Alarcón. El encuentro fue grabado subrepticiamente, aparentemente por Alarcón.

Durante el encuentro, Thorne mencionó el presupuesto de la Contraloría y urgió al contralor a aprobar la adenda al contrato para el aeropuerto del Cusco. Fue políticamente torpe discutir los dos temas en la misma reunión. Pero es Alarcón, no Thorne, quien enfrenta un desafío ético. El contralor, quien se ha alineado con los fujimoristas, está siendo investigado por negociación ilícita de vehículos y por usar recursos públicos para pagar a una ex pareja (lo cual él niega). [Sin dudas el Contralor debe ser expulsado, pues no reúne las condiciones mínimas para el cargo].

Las diferencias entre el Gobierno y los fujimoristas no son ideológicas, según Kuczynski. “Aquí tenemos un grupo que está resentido de que yo sea presidente”, dijo.

“Ellos han colaborado en las cosas grandes, pero tienen pequeños gestos que muestran su insatisfacción con el hecho de no estar en Palacio”. La señora Fujimori ha sentido duramente su derrota. Ella apenas ha aparecido en público en el último año. Sólo ha tenido una conversación con Kuczynski y esa reunión tuvo que ser arreglada por el arzobispo de Lima.

Kuczynski heredó una economía enfriada. Quiso acelerar la inversión pública y destrabar proyectos de minería estancados. [El gobierno de PPK no pudo destrabar ningún proyecto de infraestructuras y no corrigió el enfrentamiento contra la minería de los extremistas anti inversión. Labor exclusiva del Ejecutivo.] Él y el país sufrieron una doble dosis de mala suerte. Una confesión de corrupción de Odebrecht, la constructora brasileña, forzó la suspensión de varios proyectos grandes de infraestructura. Luego, las inundaciones mataron a 147 personas, destruyeron caminos y, reconoció el presidente, redujeron el crecimiento anual de la economía en un punto porcentual, a 3%. [La economía ya estaba en picada antes de los impactos externos. Thorne enfrió la economía el 2016 y desbarató la demanda interna].

La reconstrucción tomará dos años y costará US$ 6,500 millones, dijo. El clima de sospecha en el Congreso ralentiza los nuevos contratos con el Gobierno, mientras que la incertidumbre política desalienta la inversión privada. Los planes para reformar al corrupto e ineficiente Poder Judicial en el Perú han sido frustrados, un ejemplo de una “cosa grande” que está siendo bloqueada por la oposición. [Más mentiras abiertas. ¿Qué reforma del Poder Judicial (algo muy necesario) ha sido trabada?].

Kuczynski enfrenta una decisión. Él podría buscar un gran acuerdo, por ejemplo, indultando al padre de Keiko Fujimori, Alberto, un ex presidente autocrático encarcelado por abusos de poder. Pero eso enajenaría a los anti fujimoristas, cuyos votos le permitieron ganar la Presidencia. Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. [¿The Economist propone la guerra entre Ejecutivo y Congreso? La tradición política global y la exigencia de los peruanos (ver encuestas) plantean más bien la concertación y acuerdos para la gobernabilidad y reformas. ¿Quién plantea esta barbaridad?].

La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños.

Kuczynski parece estar siguiendo ambos caminos. Él dice que está viendo la posibilidad de perdonar a Fujimori: “El tiempo de hacerlo es justo ahora”. Pero también dice que hará “definitivamente” una cuestión de confianza la permanencia de Basombrío. Haz eso, y “es poco probable que ellos censuren a alguien”, declaró.

Algunos de sus problemas son por su culpa. [¡Vaya!] Pese a que tiene experiencia de Gobierno, Kuczynski no es un animal político. Su Gabinete está compuesto por tecnócratas y empresarios. El resultado es una administración falta de estrategia política y disciplina en la forma en que se comunican. Encuéntrenlas, y Kuczynski -y el Perú-, pueden ganar su batalla contra el resentimiento y la obstrucción. La alternativa es seguir a la deriva, como un bote sin timón cuyos ocupantes son acosados por el fuego de francotiradores. [Inaceptables comentarios que desdicen de la acostumbrada seriedad de la revista]. © ­ The Economist Newspaper Ltd, London, 2017. Lampadia




La propuesta de reforma electoral del Ejecutivo

La propuesta de reforma electoral del Ejecutivo

Por fin está en agenda la reforma electoral. El trabajo del Congreso tiene muy buenos aportes y, de igual manera, el del Ejecutivo. Pero cuidado en caer en una absurda competencia y descalificaciones mutuas. De lo que se trata es de ‘sumar y sumar’ para lograr un proyecto de reforma integral que conlleve un importante nivel de representación. (Igualmente, esperamos que los medios dejen de poner más carbón en la hoguera).

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La coordinadora del grupo de reforma electoral de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Donayre, se ha quejado de que a último momento el Poder Ejecutivo saque de la manga un proyecto de ley de reforma electoral y política cuando ya su comisión está muy avanzada y a punto de terminar por lo menos la primera parte, la que tiene que estar lista para las elecciones regionales y municipales del 2018. No le falta cierta razón pero también es verdad que en democracia todos tienen derecho a proponer ideas y bienvenido sea que el Ejecutivo también se interese en el tema. Claro que lo lógico hubiese sido que ese esfuerzo se hubiese hecho en coordinación con la bancada de PPK para que tuviera un carácter más organizado y su representante en el grupo de reforma política no quedara en babia y más bien hubiese podido llevar esas ideas al grupo de elaboración.

Lo positivo de todo esto, sin embargo, es que muestra que el tema de la reforma política se ha vuelto prioritario y se ha instalado en el debate público de manera clara, de modo que no podrá ser escamoteado esta vez. El problema ahora es dar con las propuestas correctas, si existen tales.

Plata sucia

El aporte principal de la iniciativa del Ejecutivo está en la preocupación por evitar la infiltración de corruptos y delincuentes en las campañas y los partidos. A diferencia del proyecto del Congreso, para el que el incumplimiento de las normas relativas al financiamiento se castiga solo con multas que, la verdad sea dicha, rara vez se pagan, el proyecto del Ejecutivo establece la pérdida de la inscripción partidaria como sanción  por dichos incumplimientos. Esto para que las normas no sean letra muerta.

Otra propuesta propia del proyecto del Ejecutivo es la de que la sola inscripción de cualquier ciudadano como candidato habilita el levantamiento de su secreto bancario y su reserva tributaria y bursátil. Habría que evaluar si esa norma pudiera tener un efecto disuasorio en personas que quisieran ingresar a la política y, ante una norma como esa, decidan no hacerlo, no porque tengan actividades ilícitas que ocultar sino, sencillamente, porque no querrán ventilar sus cuentas.

El proyecto del Congreso, por su parte, prohíbe que las empresas puedan financiar a los partidos. Esto carece de sentido. De lo que se trata es de prevenir el financiamiento de fuentes ilegales –narcotráfico, minería ilegal, organizaciones criminales, etc.-, para lo cual más bien habría que fomentar el financiamiento de fuentes o empresas formales. Con toda transparencia, eso sí. Carlos Meléndez ha propuesto la figura sugerente de “partidos por impuestos”, de modo que empresas puedan financiar, con sus impuestos,  think tanks, por ejemplo, vinculados a los partidos, o actividades de difusión ideológica, reduciendo en la misma proporción el financiamiento público que recibe el partido político.

Eliminar movimientos locales y provinciales

El proyecto del Ejecutivo es radical en normas para prevenir o castigar la corrupción y el crimen organizado en la política, pero mantiene sin embargo la existencia de movimientos locales y provinciales que, como sabemos, en muchos casos son la máscara de proa de aventureros vinculados a redes ilícitas y mafiosas para las que la municipalidad o el gobierno regional no son otra cosa que un botín presupuestal. El proyecto del Congreso, en cambio, con acertada visión, los elimina, y mantiene solo a los movimientos regionales.

La situación ideal sería que todos los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan a partidos políticos, porque de esa manera rinden cuenta a un sistema de obligaciones nacional y tienen comunicación con los representantes de su partido en el Congreso o en el Ejecutivo, según sea el caso. Lo que tenemos en la actualidad, con una gran mayoría de gobernadores regionales y alcaldes no pertenecientes a partidos sino a movimientos locales, es un país políticamente feudalizado en el que las autoridades locales no responden ante nadie por encima de ellas y tampoco tienen relaciones de comunicación fluidas con el nivel nacional. El Estado, así, termina desarticulado, y tiende a perder su carácter unitario.

Por eso, eliminar los movimientos locales y provinciales es un avance. Y si se mantiene la existencia de movimientos regionales, debería exigirse cuando menos que  tengan presencia y presenten candidatos en un mínimo de tres departamentos (regiones). Ninguno de los dos proyectos de atreve a tanto.

Definir objetivos

Pero la necesidad de prevenir la corrupción y la captura del Estado por grupos mafiosos no es el único objetivo que debe guiar el modelo político que queremos construir. Y es en el terreno de los objetivos donde las cosas no están claras, y tienen que estarlas si queremos construir un sistema coherente.

Distritos uni o bi nominales y no plurinominales en lista cerrada

Si lo que necesitamos es reducir el número y la volatilidad de los partidos y darles un poco mas de consistencia –aunque no podamos aspirar a reconstruir partidos clásicos basados en fuertes adhesiones ideológicas sino estructuras más ligeras y horizontales basadas en orientaciones generales- y, sobre todo, si lo que queremos es lograr que la democracia tenga un sentido para los ciudadanos, que se sientan partícipes de ella, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema electoral basado en distritos electorales pequeños, uni o binominales, que no solo ayudan a reducir el número de partidos sino que permiten la relación directa entre el elector y su representante, es decir, acercan el elector al Estado, al Congreso. En distritos como esos solo se elige a uno o dos congresistas de modo que el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él.

Pues bien, ninguno de los dos proyectos propone esto. El del Congreso, porque todavía no ha definido el tema, pues lo ha dejado para la segunda etapa, cuando revisen los puntos que requieren modificación constitucional.  Pero el del Ejecutivo no solo no propone aquello, sino que retrocede en ese tema. Plantea, con razón, la eliminación del voto preferencial, que tiende a destruir la cohesión partidaria, pero en lugar de canjear el voto preferencial por el distrito uni o binominal, establece distritos plurinominales en lista cerrada y bloqueada. Es decir, el partido pone los candidatos y punto. Si el elector ya había conquistado el derecho, con el voto preferencial, de alterar el orden de la lista que le propone el partido, no se le puede retirar ese derecho sin devolverle a cambio la posibilidad de elegir a su representante entre los que propongan distintos partidos en un distrito uni o binominal. Esto es fundamental para que los ciudadanos se sientan realmente representados en el sistema.

¿Bajar la barrera de entrada?

Por lo demás, repetimos, distritos uni o bi nominales tienen la ventaja adicional de ayudar a reducir el número de partidos, pues los partidos pequeños tendrían que aliarse o fusionarse con organizaciones políticas  mayores si quieren que algún político suyo sea elegido en un distrito electoral.

Es importante esto último porque uno de los objetivos de la reforma debe ser consolidar un número relativamente pequeño de partidos políticos. Distritos plurinominales no ayudan en ese sentido. El proyecto del Ejecutivo tiene, además, otra propuesta que iría aun más en la dirección de aumentar el número de partidos en lugar de reducirlo: bajar el requisito para la inscripción de un partido a solo 1% de los que votaron en la elección anterior. El proyecto del Congreso, en cambio, mantiene el 4% actual. La propuesta del Ejecutivo responde a la idea de que hay que facilitar la renovación y la competencia dentro del sistema facilitando la entrada, pero haciendo más difícil la permanencia, obligando a participar en todas las elecciones en todos los niveles y a realizar elecciones internas primarias y universales organizadas por los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) en las cuales participen el 50% de los afiliados como mínimo. Y estableciendo una valla más alta para las alianzas (2% para cada aliado en lugar del 1% del proyecto del Congreso). De esta manera se controlaría, en teoría, el número de partidos, pues muchos no sobrevivirían.

Es cierto que mantener una valla alta para la inscripción se convierte en una protección oligopólica para los partidos inscritos si es que estos funcionan como argollas cerradas y carecen de canales de participación y movilidad interna. En ese sentido, habría razón en bajar la barrera de entrada al 1% de los electores. Pero si hay mecanismos que ayudan a que los partidos sean estructuras abiertas y convocantes, una barrera de entrada tan baja no se justifica (un líder político con ambiciones debería poder entrar fácilmente a un partido y disputar las posiciones que desee, sin necesidad de fundar su propia organización). ¿Existen esos mecanismos? Transparencia propone elecciones primarias abiertas (en las que pueda participar cualquier ciudadano) organizadas por los organismos electorales, para escoger a los candidatos a lo que fuera. El proyecto del Ejecutivo considera elecciones primarias abiertas o cerradas también organizadas por los organismos electorales. Que sean los organismos electorales los que organizan, da garantías a quien quiera ingresar a un partido. El proyecto del Congreso, en cambio, no da estas garantías porque mantiene como opción la elección por delegados y como voluntaria la organización de las elecciones internas por los organismos electorales. Allí sí se justificaría una barrera de ingreso más baja. De otro lado, una barrera de ingreso baja puede estimular a un líder ambicioso a formar su propio partido aun si las organizaciones políticas fuesen abiertas y convocantes, con lo que no hacemos sino socavar la consolidación de los partidos vigentes y perpetuar la fragmentación partidaria.

Lo que parecen tener en común ambos proyectos es un exceso de reglamentarismo. ¿Tiene sentido exigir un número dado de comités físicos en la era de los grupos de chat, por ejemplo?

¿Bicameralidad o dos tipos de distritos electorales?

Resta el asunto de la bicameralidad. El Ejecutivo la propone y en el Congreso parece estar gestándose la idea, pues ya ha sido lanzada por varios integrantes de Fuerza Popular, comenzando por Kenji Fujimori. La existencia de dos cámaras es sin duda importante para poder revisar decisiones eventualmente impulsivas o populistas de la cámara baja, entendiendo que un Congreso unicameral se comporta como una cámara de diputados sin posibilidad de revisión de sus resoluciones. Además de enriquecer las perspectivas al combinar los puntos de vista locales o regionales con el nacional del Senado si es que este es elegido en distrito único

En realidad, la necesidad de dos cámaras en el Perú disminuiría si es que se elevara el número de votos que se requiere para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en la actualidad es de solo la mitad del número legal de miembros más uno, cuando en la mayor parte de países se requiere los tres cuartos o los dos tercios del número legal de votos. Lo que sí es cierto es que, sea en un sistema bicameral o unicameral, sería bueno tener congresistas elegidos en distritos pequeños y un número menor –los senadores o una parte del Congreso unicameral- elegidos en macro regiones o en distrito nacional, para balancear los intereses y las perspectivas.

En resumen, en cuanto a prevenir financiamientos delictuosos, aunque deba pulir excesos draconianos, el proyecto del Ejecutivo es más eficiente que el del Congreso, pero, a diferencia de este, mantiene los movimientos locales y provinciales, fuente de corrupción y de fragmentación política. En cuanto a procurar un sistema de menos partidos más estables, no es claro que una barrera baja de entrada, que alienta la renovación pero también la multiplicación de los partidos, se compense plenamente con los mayores requisitos para la permanencia y con los mecanismos de apertura y participación propuestos. Y si lo que queremos es menos partidos y efectivos canales de representación y participación, los distritos electorales plurinominales en lugar de uni o binominales no son el camino adecuado.

Hace falta todavía mucho debate honesto para lograr un diseño del sistema electoral y político que ayude a mejorar la calidad de nuestra democracia. Lampadia