A continuación compartimos “Una carta sobre justicia y debate abierto”, un reciente pronunciamiento publicado en Harper’s Magazine de 150 intelectuales en contra del creciente embate cultural que vienen arreciendo las izquierdas progresistas en el mundo occidental que, como hemos comentado anteriormente, ya se encuentra reprimiendo las libertades de expresión y llevándonos a una suerte de establishment de lo ‘políticamente correcto’ en todas las esferas públicas, con todas las censuras que esto conlleva (ver Lampadia: El oscurantismo toca la puerta).

Cabe resaltar que si bien estos movimientos ya tenían varios años acogiéndose en el posmodernismo para relativizar la verdad, desde que afloró lo sucedido con la muerte de George Floyd en EEUU, la violencia se ha convertido en su nuevo modus operandi al punto de destruir monumentos históricos, consintiendo inclusive la idea de la abolición de las fuerzas del orden – como sucedió con el movimiento Black Lives Matters en EEUU) – y despojando a todo aquel que no se emplace o se pronuncie en contra de estas acciones.

Este asedio inquisitorial no puede pasar desapercibido por periodistas, académicos y ninguna persona de la sociedad civil que vea peligrar el solo hecho de emitir opiniones contrapuestas a las de las grandes mayorías. Nos sumamos a este esfuerzo intelectual pues por defender el uso libre de las ideas y a no silenciarlas. De lo contrario, regresaremos a esas épocas oscuras en las que emitir ciertas opiniones o juicios conllevaban severas represalias hacia las personas que las dictaminaban. Lampadia

Una carta sobre justicia y debate abierto

150 intelectuales alzan la voz contra el auge de la intolerancia en la izquierda

Margaret Atwood, Noam Chomsky, J. K. Rowling y Martin Amis figuran entre los firmantes de la carta

150 intelectuales han firmado una carta abierta, publicada por la revista estadounidense Harper’s Magazine, contra el auge de la intolerancia en ciertos sectores del activismo progresista. Entre los firmantes se encuentran escritores, académicos y artistas como Margaret Atwood, Martin Amis, Noam Chomsky, J. K. Rowling, Steven Pinker, John Banville, Gloria Steinem y Wynton Marsalis.

Harper’s Magazine
7 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de prueba. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de reforma policial, junto con llamamientos más amplios para una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, especialmente en la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes. Pero este cálculo necesario también ha intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. Mientras aplaudimos el primer desarrollo, también levantamos nuestras voces contra el segundo. Las fuerzas del iliberalismo están ganando fuerza en todo el mundo y tienen un poderoso aliado en Donald Trump, que representa una amenaza real para la democracia. Pero no se debe permitir que la resistencia se endurezca en su propio tipo de dogma o coerción, que los demagogos de derecha ya están explotando. La inclusión democrática que queremos se puede lograr solo si hablamos en contra del clima intolerante que se ha establecido en todos los lados.

El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto en la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda para la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral irrevocable. Mantenemos el valor de la contra-voz robusta e incluso cáustica de todos los sectores. Pero ahora es demasiado común escuchar llamados a represalias rápidas y severas en respuesta a las transgresiones percibidas del habla y el pensamiento. Más preocupante aún, los líderes institucionales, en un espíritu de control de daños en pánico, están aplicando castigos apresurados y desproporcionados en lugar de reformas consideradas.

• Los editores son despedidos por dirigir piezas controvertidas;
• los libros son retirados por presunta falta de autenticidad;
• los periodistas tienen prohibido escribir sobre ciertos temas;
• los profesores son investigados por citar trabajos de literatura en clase;
• un investigador es despedido por distribuir un estudio académico revisado por pares; y
• los jefes de las organizaciones son expulsados ​​por lo que a veces son simples errores torpes.

Cualesquiera que sean los argumentos en torno a cada incidente en particular, el resultado ha sido estrechar constantemente los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias. Ya estamos pagando el precio con mayor aversión al riesgo entre escritores, artistas y periodistas que temen por su sustento si se apartan del consenso, o incluso carecen de suficiente celo en el acuerdo.

Esta atmósfera sofocante dañará en última instancia las causas más vitales de nuestro tiempo. La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas. Rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no puede existir la una sin la otra. Como escritores, necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la toma de riesgos e incluso los errores. Necesitamos preservar la posibilidad de desacuerdos de buena fe sin consecuencias profesionales nefastas. Si no defendemos exactamente de lo que depende nuestro trabajo, no deberíamos esperar que el público o el estado lo defiendan por nosotros.

Firmas …

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habiendo terminado el largo proceso paralizante de las vacancias con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es el momento de discutir qué es lo que no funciona y debería cambiarse en nuestro sistema constitucional a fin de que, más allá de los errores de los actores, esta clase de situaciones de entrampamiento estéril entre Poderes no se repitan.

Nosotros hemos argumentado en estas mismas páginas que una institución como la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser eliminada o acotada, porque al tratarse de una causal tan indefinida y subjetiva, se presta a la arbitrariedad de la mayoría. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, terminó convirtiéndose –antes de que renunciara- en una salida conveniente e inevitable al problema de falta de credibilidad y de autoridad moral que se fue agravando a partir de la primera vacancia. Pero hay que decir que fue el propio proceso de vacancia el que sumió en un agujero negro al ex Presidente. Es decir, la vacancia fue una salida útil a un problema generado por la propia vacancia y por la incapacidad de respuesta satisfactoria del ex Presidente.

En otras palabras, descubierta una mentira del Presidente, y existiendo la ventana abierta de la vacancia, era imposible que los grupos opositores no ingresaran por ella. Y una vez que entraron, el descubrimiento continuo de más hechos incriminatorios no haría sino empeorar la situación del ex Presidente. Si no hubiese existido la institución de la vacancia por incapacidad moral, simplemente no se hubiese abierto el caso porque habría funcionado la disposición según la cual el Presidente no puede ser acusado por infracción constitucional o delito sino hasta después de su mandato.

Una manera de darle consistencia jurídica a la vacancia sería convertirla en el impeachment norteamericano, que es un juicio que realiza el Congreso por supuestos delitos cometidos por el Presidente. Pero tienen que ser probados, lo que reduce el grado de arbitrariedad.  Eso equivale a lo que en nuestro ordenamiento es la acusación constitucional, regida por el artículo 99° de la carta Magna que dice lo siguiente:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.  

Pero, como sabemos, el Presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato ni por delito ni infracción constitucional alguna, sino solo, según Artículo 117°, “….por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El Presidente, pues, está blindado. Una reforma podría consistir precisamente en acotar la vacancia por incapacidad moral permanente a “incapacidad mental permanente” y a problemas de conducta, como señala Domingo García Belaunde, y permitir la acusación constitucional contra el Presidente por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su mandato, siempre y cuando este impeachment sea realmente serio. Lo que no tiene sentido es blindarlo como lo hace el art. 117º y al mismo tiempo abrir la puerta falsa de la vacancia por incapacidad moral, que carece totalmente de debido proceso porque ni siquiera tiene tipificación.

Disolver el Congreso sin expresión de causa

Salvo que se la use como una salida ante una situación de entrampamiento entre poderes, como en alguna medida ocurrió ahora. En ese caso, si la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente es, en la práctica, entonces, un mecanismo político para resolver un conflicto de poderes, vacando precisamente a una de las partes (aunque el vicepresidente asuma), esa facultad del Congreso, si la mantenemos, debería estar compensada con la facultad presidencial de disolver el Congreso sin expresión de causa en el momento en que lo considere conveniente el presidente de la República, llamando inmediatamente a elecciones con la finalidad de buscar una nueva mayoría que lo respalde o, en su defecto, si no lo consigue, con la obligación de designar como presidente del Consejo de Ministros al jefe de la mayoría opositora, estableciéndose de esa manera la cohabitación en el gobierno. Para que esto funcione, sin embargo, debería modificarse también la ley para que todo candidato a la presidencia pueda ser candidato al Congreso a la vez, a fin, de paso, que en el Congreso estén los líderes de los partidos pueda ser un verdadero foro político en el que sea más fácil la concertación.    

El Congreso, sin embargo, ha modificado su Reglamento en el sentido contrario, restringiendo la cuestión de confianza y la facultad presidencial de disolver el Congreso.  Medida absurda que, como un boomerang, se volverá contra sus autores cuando, en el futuro, sean gobierno y que, de hecho, podría dificultar al Presidente Vizcarra alguna oxigenación de su gobierno en el futuro vía la renuncia de su Premier, porque en ese caso tendría que cambiar al gabinete entero. Esta resolución legislativa debe ser derogada.

Elección del Congreso luego de la segunda vuelta

De lo que se trata es de diseñar un sistema de reglas que prevenga que se den estas situaciones extremas -la vacancia presidencial o la disolución del Congreso- y que facilite la gobernabilidad. Un sistema de reglas que propenda a que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso. Para eso, el sistema más limpio es el Parlamentarista, donde el Ejecutivo tiene mayoría por definición, pues nace de la mayoría del Congreso. El Primer Ministro es el líder de la mayoría parlamentaria.

Dada nuestra tradición presidencialista –aunque nuestro presidencialismo tenga claros elementos parlamentaristas como la censura de ministros y la disolución del Congreso a la segunda censura del gabinete-, sería difícil alcanzar consenso para pasar a un régimen enteramente parlamentarista. Pero si podemos adoptar la reforma francesa de la elección del Congreso con o después de la segunda vuelta. Eso da muchas más probabilidades de que el Ejecutivo cuente con mayoría, salvo que la ciudadanía deliberadamente juzgue que no debe darle mayoría al Presidente electo.

La insistencia

Mientras tanto, un cambio necesario para el que basta una ley consiste en elevar el número legal de votos necesario para la insistencia en un proyecto observado por el Ejecutivo, de la mitad como es ahora, a los 2/3 del Congreso, como ocurre en la mayor parte de países presidencialistas. Sobre todo, si se mantiene el Congreso Unicameral, que es capaz de aprobar medidas populistas sin contrapeso efectivo.

Canjear voto preferencial por distritos electorales pequeños

Ahora bien, elegir al Congreso luego de la segunda vuelta permite, de paso, apuntar a la reducción del número de partidos, que es importante porque la fragmentación y la volatilidad partidarias son un problema precisamente para la formación de mayorías y para la consolidación de una clase política profesional y relativamente estable.

Y una reforma necesaria para ayudar a la reducción del número partidos es la eliminación del voto preferencial y su sustitución por un sistema de distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. Este sistema no solo tiene la ventaja de restablecer la conexión entre los electores y sus representantes, dándole contenido real a la democracia, sino que lleva, por ingeniería política, efectivamente a la reducción del número de partidos, dado que las agrupaciones pequeñas tenderán a no ser elegidas en ninguna circunscripción salvo que se junten con otras para que en el reparto le toque la candidatura a un número determinado de distritos electorales.

Como escribí en una columna reciente en El Comercio, en la política no funciona la ley del mercado de Adam Smith, que persiguiendo cada uno su propio beneficio consigue el beneficio colectivo. En la economía, si uno triunfa, triunfan todos, pues el éxito de uno no se da a costa de la derrota de los demás. No es un juego de suma cero. En la política, en cambio, uno triunfa a costa del otro. Las elecciones son un juego de suma cero. De lo que se trata es evitar que el triunfo sea absoluto: hay que ponerle límites al triunfador. De allí la división de poderes. Pero esos límites tampoco deben llevar a paralizarlo. Se trata de lograr un diseño adecuado del sistema electoral y de la relación de poderes que tienda a fomentar la gobernabilidad y la colaboración y prevenga situaciones de confrontación.

Comisión de Constitución

Ahora bien, ¿está el Congreso en este momento encaminado a discutir a aprobar esta clase de reformas constitucionales y legales? En principio, podría estarlo, porque ya terminó de legislar las medidas urgentes de reforma electoral necesarias para regular el proceso electoral regional / municipal que se realizará en octubre de este año.

Además, la comisión de Constitución tiene en agenda un conjunto de temas que apuntarían a la mayor parte de las reformas antes señaladas. El problema es aparecen como temas desarticulados entre sí y con muy distinto nivel de desarrollo.

Por ejemplo, existen iniciativas para el retorno a la bicameralidad, lo que estaría muy bien por razones que ya hemos explicado en otras contribuciones, pero es una reforma que no puede verse de manera aislada sino de manera orgánica junto con la eliminación del voto preferencial para la elección de la cámara de diputados y la creación de un sistema de distritos electorales más pequeños, tal como hemos señalado. En el anexo vemos como la eliminación del voto preferencial aparece recién en el penúltimo lugar de una lista tentativa de temas. 

ANEXO

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

PERIODO 2016-2021

REFORMA ELECTORAL: ESTADO SITUACIONAL

PRIMERA ETAPA: LAS REFORMAS URGENTES CON MIRAS A LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

• ¿Cuántas leyes se han emitido hasta la fecha?

Hasta la fecha, se aprobaron 6 leyes de reforma electoral que resultarán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018:

1. Inmodificabilidad de normas electorales: Ley 30682.
2. Cronograma electoral: Ley 30673.
3. Fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes (eliminación de organizaciones políticas locales): Ley 30688.
4. Fllexibilización de requisitos para ser candidatos (nacidos pueden postular en elecciones regionales y municipales): Ley 30692.
5. Financiamiento de organizaciones políticas: Ley 30689.
6. Impedimentos para ser candidato: Ley 30717.

• ¿Qué temas lograron dictaminarse en la Comisión de Constitución y Reglamento pero no llegaron a ser aprobadas, aún, en el Pleno del Congreso, por lo que no resultarán de aplicación al proceso de ERM 2018?

Se quedaron en el camino dos (2) dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento:

1. Incremento del porcentaje mínimo de votos para ganar una elección de gobernador y vicegobernador regional (valla regional): Dictamen de allanamiento aprobado en la Comisión de Constitución en cuarto intermedio en el Pleno del Congreso.
2. Democracia interna: Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento pendiente de ser incorporado en la agenda del Pleno del Congreso de la República.

• ¿Qué temas estaban consignados en la agenda priorizada de la primera etapa de la reforma electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento, no lograron a ser dictaminados y, en consecuencia, no serán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018?

Quedaron pendientes dos (2) grandes e importantes temas en carpeta, los cuales deberán ser debatidos necesariamente en la tercera etapa de la reforma electoral, en la cual se debatirá el proyecto de Código o Ley Electoral.

1. Cuota de género (alternancia y paridad): Se remitió con una citación a sesión de la Comisión de Constitución un proyecto de dictamen (solo con alternancia), pero no se llegó a someter a debate.
2. Representación nativa (aplicación de cifra repartidora diferenciada para garantizar presencia de nativos en los consejos regionales): No se llegó a elaborar ningún proyecto de dictamen.

SEGUNDA ETAPA: LAS REFORMAS NECESARIAS (FUNDAMENTALMENTE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL).

• ¿Qué temas ya se han debatido y dictaminado en la Comisión de Constitución?

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución y Reglamento ha emitido tres (3) dictámenes sobre temas relacionados con la segunda etapa de la reforma electoral:

1. Vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso, previa coordinación con la Comisión de Descentralización, que también ha dictaminado, de manera separada, los mismos proyectos de ley. // Dicho tema es importante que se vea en la segunda etapa porque es necesario que los candidatos sepan bien “a qué se meten” y por qué supuestos pueden ser vacados o suspendidos del cargo. // Con dicho dictamen se pretende uniformizar las causales de vacancia y suspensión tanto a nivel regional como municipal, fundamentalmente.
2. Ampliación del mandato del jefe de la ONPE: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución (con reforma legal) pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso. // La iniciativa dictaminada era de reforma constitucional, pero la Comisión, atendiendo a las opiniones técnicas, propone que si el mandato del jefe de la ONPE vence en un proceso en trámite, el mismo se prorrogue hasta que termine el proceso.
3. Elección del Defensor del Pueblo por voto popular: Dictamen (negativo) aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser ingresado en la agenda del Pleno.

• ¿Qué temas correspondientes a la segunda etapa de la reforma electoral se encuentran pendientes de ser debatidos en lo que resta del periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018)?

Las iniciativas de reforma constitucional pendientes de ser debatidas en la Comisión de Constitución y Reglamento, versan sobre los temas siguientes:

1. Requisito de residencia efectiva para ser candidato a Presidente de la República: El proyecto de dictamen (negativo) está listo, pero como no se programó a sesión para el martes 9 de enero de 2018, ya no se llegó a ver.
2. Bicameralidad.
3. Ampliación del número de congresistas (en un Congreso unicameral): Hay propuestas que proponen incrementar de 1 a 5 miembros.
4. Renunciabilidad del cargo de congresista: Cabe recordar que el cargo de Presidente de la República sí es renunciable.
5. Límites a la reelección indefinida de congresistas: Las iniciativas proponen que solo puedan ser elegidos dos veces consecutivas.
6. Candidato a Presidente al mismo tiempo candidato a congresista.
7. Renovación por mitades del Congreso.
8. Designación de representantes ante el Parlamento Andino por el Congreso: Iniciativa de reforma legal que está pendiente de las opiniones de Relaciones Exteriores y del representante peruano del Parlamento Andino (Mariano Gonzáles), porque ya se efectuaron los reiterativos de los pedidos de opinión.
9. Ampliación del mandato de autoridades regionales y municipales (5 años).
10. Restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
11. Voto facultativo a menores de 16 y 17 años.
12. Suspensión de ciudadanía a condenados en segunda instancia.

Nota: Al ser casi todas reformas constitucionales, la primera votación en el Pleno debería llevarse a cabo en el periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018).

TERCERA ETAPA: LAS REFORMAS IMPORTANTES Y LA CODIFICACIÓN ELECTORAL

• ¿Qué temas se debatirán en la tercera etapa de la reforma electoral?

En esta etapa se debatirán las iniciativas legislativas del JNE y de la congresista Patricia Donayre, que proponen la aprobación de un Código o Ley Electoral, en virtud del cual se debatirán, otras iniciativas legislativas y propuestas, sobre:

1. Elección de congresistas en fecha distinta a las presidenciales: Con la segunda vuelta presidencial.
2. Elección de congresistas por distritos uninominales: Aunque la iniciativa es de reforma constitucional, en estricto, el  tipo de votación corresponde que esté a nivel legal.
3. Creación del distrito electoral peruanos residentes en el exterior: En el periodo 2017-2018 (setiembre 2017) se puso a consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de dictamen, pero este quedó en cuarto intermedio por falta de consenso.
4. Exigencia de presentación de listas en elecciones regionales y municipales para no perder la inscripción de la organización política: La congresista Alcorta y otros congresistas de FP proponían que se presenten listas en todas las circunscripciones y APP en la tercera parte del total de circunscripciones; pero ello no obtuvo consenso en el comité político de FP, por ello no logró incorporarse en la Ley de cronograma electoral ni en la Ley de eliminación de organizaciones locales.
5. Requisitos para inscribir organizaciones políticas: Las iniciativas legislativas apuntan a reemplazar el requisito de adherentes por los afiliados; exigencia de mayor número de comités, entre otros.
6. Declaraciones juradas de vida.
7. Eliminación del voto preferencial.
8. Creación de Jurados Electorales Especiales permanentes: para que vean en primera instancia jurisdiccionales temas relacionados con la inscripción de organizaciones políticas y asientos registrales, vacancia y suspensión de autoridades.
9. Reformulación de la franja electoral.

Nota: Hay temas que no están atados a las reformas constitucionales, por lo que podrían comenzar a ser debatidos desde el inicio del periodo 2018-2019; pero los temas trascendentes deberían comenzar a verse, recién, luego de que se aprueben en segunda votación (o se rechacen) las iniciativas de reforma constitucional. // En principio, la tercera etapa de la reforma electoral debería terminar en junio 2019 (en Comisión).

Ha terminado, de la peor forma, uno de los peores gobiernos de nuestra historia. En menos de dos años, el gobierno de PPK, nos dejó una economía coja, un tremendo desorden institucional y una crisis política de dimensiones. Pero el juicio es aún peor, si lo hacemos con los criterios de la Parábola de los Talentos, en función de las capacidades que dispuso.

Hace varios meses se hizo evidente que PPK no estaba capacitado para conducir el país. Y durante los últimos meses, su gobierno fue transitando hacia la parálisis y la pérdida de capacidad de convocatoria de nuevos colaboradores.

Acá no vamos a recorrer el largo proceso de errores que cometió PPK, desde los de frivolidad, pasando por los de gestión de gobierno, hasta los de falta de ética. Pero si vamos a destacar el divorcio entre la realidad que él ayudo a construir, y su percepción de ‘pobre víctima’, expresada en su último acto como gobernante, su falaz y venenosa carta de renuncia.

En el primer párrafo, PPK afirma: “(…) a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno.”

Es cierto que hubo animadversión del Fuerza Popular hacia el gobierno, pero también es verdad que PPK y su gente más cercana confrontaron a Fuerza Popular (FP) desde el día siguiente a la primera vuelta electoral. Veamos:

• El 11 de abril del 2016, al día siguiente de la primera vuelta, en la que resultó favorecido por una serie de votos cruzados, entre ellos, los de muchos fujimoristas, a las 8:30 de la mañana, PPK abrió la puerta de su casa a un periodista de Correo, a quién le dijo que se aprestaba a visitar en la cárcel, al anti-minero de la izquierda tradicional, Gregorio Santos. (Quién horas después lo desairó). Ver en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado.
• Durante la segunda vuelta, PPK optó por acercarse a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y a todas las izquierdas, traicionando el voto popular, que hasta en un 80% mandó que se profundizara el modelo de economía de mercado, se avanzara en reformas institucionales, y se rechazaran los cantos de sirena de las izquierdas de una nueva constitución. Ver en Lampadia: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario.
• En los debates finales, previos a la segunda vuelta, PPK extremó su lenguaje descalificador hacia su oponente, con expresiones como: “Lo más probable es que hijo de ratero es ratero también. De tal palo, tal astilla” y además la acusó de estar vinculada con el narcotráfico. 
• PPK polarizó la campaña electoral reactivando el anti-fujimorismo, y recibió algunas ayudas non-sanctas, como la denuncia de Cuarto Poder (o Poder de Cuarta) sobre una supuesta investigación de la DEA a Keiko Fujimori (KF) por el lavado de US$ 15 millones. Brulote desmentido luego por la agencia anti drogas, pero que desencadenó un rosario de errores, que FP no supo manejar.
• En el muy importante proceso de transferencia de gobierno, PPK y su equipo pasaron por alto todos los errores del gobierno de Ollanta Humala, y taparon los graves problemas que dejaba. Además, conservó un 35% de los viceministros del nacionalismo. Con esto perdió la oportunidad de hacer un indispensable análisis causa-efecto que sentara las bases para que las reformas, correcciones y nuevos desarrollos de gobierno, fueran entendidos y apoyados por la ciudadanía.
• Ad portas de la toma de mando, desde la Oroya, convocó a los ciudadanos para marchar contra el Congreso: “Hagamos marcha al Congreso para que no dejen morir a La Oroya”.
• Una primicia (de buena fuente): Días antes de la investidura, Keiko Fujimori convocó a don Luis Bedoya Reyes (LBR), para encomendarle que le alcanzara a PPK, la propuesta de un nombre para posible primer ministro, un independiente de buen nivel, que podría haber provocado un acercamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Lo increíble, es que a pesar de las tratativas del ínclito Bedoya Reyes para juntarse con PPK, previas explicaciones del tema a su personal de apoyo, el presidente electo no recibió a LBR y frustró la mejor oportunidad de convergencia de las fuerzas democráticas pro-mercado.
• Ya en el gobierno, PPK y sus allegados plantean un gobierno basado en una alianza con los gobiernos regionales, para obligar al Congreso de la República, a apoyar la agenda de gobierno del ejecutivo.
• Posteriormente, PPK vuelve a desairar a LBR como componedor de la relación con KF, pero se reúne con Keiko. Sin embargo, se presentó a la reunión sin llevar una agenda para un acuerdo sobre reformas que Keiko no hubiera podido rechazar.
• Un par de días después, PPK hace unas declaraciones públicas que rompen cualquier posibilidad de acuerdos.

Nuevamente, sin desconocer los errores de la bancada mayoritaria del Congreso y la equivocada ausencia de Keiko Fujimori ante la opinión pública, no se puede desconocer que, en los temas de facultades legislativas, presupuestales y otros, el Congreso colaboró con el Ejecutivo.

En su carta de renuncia, PPK afirma: “(…) Inmediatamente después aparecen grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que votaron en conciencia”. Desconociendo, una vez más, la realidad.

Lamentablemente, el gobierno de PPK no tenía ya ninguna proyección ejecutiva. Su salida es traumática, pero permite encontrar un gobierno con mayor viabilidad.

Por otro lado, tenemos que rechazar el que PPK haya hecho una carta de renuncia llena de veneno con el propósito de aceitar la continuidad de la conflictividad política y el caballo de troya que representa para los trabajadores más pobres el aumento del salario mínimo vital.

En estas circunstancias, no podemos dejar de rechazar expresiones de personajes que también son poseedores de importantes talentos, como el abogado José Ugaz y la periodista Cecilia Valenzuela, que proponen convocar a elecciones generales, en contra de lo estipulado por nuestra Constitución.

Hoy debemos ser escrupulosos en cuidar los procesos constitucionales y debemos superar la fallida campaña para desestabilizar al primer vicepresidente Martín Vizcarra, a quién le toca ahora asumir en plenitud, la primera magistratura del Estado con el apoyo patriótico de las bancadas democráticas del Congreso.

Esperamos que Vizcarra sepa formar un gobierno de recuperación del camino a la prosperidad, convocando a un primer ministro que permita la convergencia de los mejores peruanos, para retomar la inversión y el crecimiento de la economía, la agenda de reformas, y un ambiente de colaboración, que supere confrontaciones que nunca debieron darse.

El Perú es infinito, no nos olvidemos lo rápido que pasamos de ser un ‘Estado Fallido (1990)’, a ‘Estrella Internacional (2011)’, en una incipiente economía de mercado que permitió el crecimiento, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Lampadia    

‘El país del futuro’ ha tenido que registrar en sus fichas de historia otra postergación del gran futuro que le espera desde hace mucho tiempo, al haber caído en dos crisis simultaneas, una económica con una recesión no vista desde 1930 y, otra política, con el descrédito de toda la clase política y buena parte de la empresarial, bajo el liderazgo del partido izquierdista más importante de todo Latinoamérica, el famoso y soberbio Partido de los Trabajadores (PT) que el 2003 llevó a su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en su cuarto intento.

En nuestra opinión, más allá de las situaciones difíciles y costosas que encierran estas crisis, el mayor drama del Brasil es haber perdido su mejor oportunidad de consolidarse como un país desarrollado. Los tres lustros iniciales del siglo XXI fueron, para muchos países emergentes, el escenario más propicio para dar un sólido salto económico y social hacia delante. Ver en Lampadia: ¡Fora Dilma!.

La oportunidad de Brasil fue excepcional, pero no fue el único que la malogró en la región. Casos muy parecidos, con distintos énfasis y ritmos de reversión, los tenemos en Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. Los países que mejor aprovecharon esta gran oportunidad son los de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y el Perú, que después de sus reformas de los años 90, estuvo listo para transformar las oportunidades en realizaciones. Veamos el reporte de The Economist sobre la situación de nuestro inmenso vecino.  

Brasil: La gran traición

Dilma Rousseff ha decepcionado a su país.

Pero también lo ha hecho toda la clase política.

Publicado por The Economist

23 de Abril de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

El Congreso de Brasil ha sido testigo de algunas escenas extrañas en su historia. En 1963, un senador apuntó una pistola a su archi-enemigo y mató por error a otro senador. En 1998 un proyecto de ley fundamental falló cuando un congresista pulsó el botón equivocado en su dispositivo de voto electrónico.

Pero el espectáculo en la cámara baja de este 17 de abril sin duda cuenta entre las más bizarras. Uno por uno, 511 diputados tomaron el micrófono en un salón repleto de público y votaron por la destitución de la presidente, Dilma Rousseff. La moción para formular cargos contra Rousseff en el Senado fue aprobada por 367 votos a 137, con siete abstenciones. 

La votación se produce en medio de una situación desesperada para el país. Brasil está luchando con su peor contracción económica desde la década de 1930. Se espera que el PIB caiga en 9% desde el segundo trimestre de 2014, cuando se inició la recesión, hasta fines de este año. La inflación y la tasa de desempleo se encuentran en torno a 10%.

El fracaso no es sólo culpa Rousseff. Toda la clase política ha defraudado al país a través de una combinación de negligencia y corrupción. Los líderes de Brasil no van a recuperar el respeto de sus ciudadanos o superar los problemas de la economía a menos que haya una limpieza exhaustiva.

La votación del domingo no fue el fin de Rousseff, pero su salida está más cerca. Brasil no debería llorarla. La incompetencia en su primer mandato, 2011-2014, ha hecho que la difícil situación económica del país sea mucho peor. Su Partido de los Trabajadores (PT) es la fuerza motriz detrás de una gigantesca trama de soborno centrado en Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, que canalizó el dinero de sus contratistas a políticos y partidos. Aunque Rousseff no se ha implicado personalmente en esta perversión, sí trató de proteger a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, de la persecución.

Lo más alarmante es que gran parte de quienes están haciendo campaña por su destitución son peores que la presidente de muchas maneras. Si el Senado vota por  enjuiciarla, probablemente a mediados de mayo, Rousseff tendrá que hacerse a un lado hasta por 180 días. El vicepresidente, Michel Temer, de otro partido, se haría  cargo hasta el fin del mandato, si es que el Senado le quitar definitivamente el cargo. Temer puede proporcionar un alivio económico a corto plazo. Su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) es más amigable con las empresas que el PT.

Pero el PMDB está también vinculado con los casos de corrupción. Uno de sus líderes es el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien presidió el show del juicio político ha sido acusado por el Tribunal Supremo por aceptar sobornos del esquema de Petrobras. La mancha de corrupción se extiende a través de muchas partes de Brasil.

No hay manera rápidas de enderezar esto. Las raíces de la disfunción política de Brasil se remontan a la economía basada en la esclavitud del siglo XIX, a la dictadura del siglo XX y a un sistema electoral viciado que hace campañas ruinosamente caras y que protege a los políticos de rendir cuentas.

En cualquier otro país, un cóctel de declive económico y conflicto político podría inflamar conflictos mayores. Sin embargo, Brasil tiene asombrosas reservas de tolerancia. Divididos, como están, en torno a los errores y los aciertos del juicio político, los brasileños han mantenido su ira bajo control. Las últimas tres décadas sugieren que el país puede soportar una crisis sin recurrir a golpes o colapsos mayores.

El hecho de que el escándalo Petrobras haya atrapado a algunos de los más poderosos políticos y empresarios del país es una señal de que algunas instituciones, especialmente aquellas que hacen cumplir la ley, están madurando. Una de las razones por la que los políticos se encuentran en tal problema es que una nueva clase media, mejor educada y más asertiva, se negó a respaldar la impunidad.

Una forma de capturar este espíritu sería la celebración de nuevas elecciones. Un nuevo presidente podría tener un mandato para iniciar reformas que los gobiernos han eludido durante décadas. Los votantes también merecen una oportunidad para deshacerse de todo el Congreso infestado de corrupción. Sólo nuevos líderes y legisladores pueden llevar a cabo las reformas fundamentales que Brasil necesita, en particular, una reforma del sistema político propenso a la corrupción y al gasto público descontrolado.

Pero lo cierto es que el camino de la renovación a través de las urnas está plagado de obstáculos. Teniendo en cuenta el historial del Congreso, es poco probable que pase la enmienda constitucional necesaria para auto disolverse y realizar elecciones generales anticipadas. El tribunal electoral podría pedir una nueva votación presidencial, en razón de que el dinero del soborno de Petrobras habría ayudado a financiar la reelección de Rousseff y Temer en 2014. Pero es poco probable.

Por lo tanto, existe una alta posibilidad de que Brasil esté condenado a arrastrarse con la actual generación de desacreditados líderes. Pero sus electores no deben olvidar este momento. Porque, al final, tendrán la oportunidad de ir a las urnas, la cual deberán usar para votar por algo mejor.

Los siguientes gráficos publicados por The Economist el 18 de abril, ayudan a entender la situación del gigante sudamericano:

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