Jorge Trelles Montero
Para Lampadia

El asalto al Capitolio por la turba MAGA (make America great again) con su violencia y barbarie, no debe hacernos olvidar ese otro asalto al Congreso peruano por nuestros actuales congresistas. El primero ha causado daño físico y sobretodo simbólico a los EEUU, mientras que el segundo ha terminado, esperemos que momentáneamente, con casi todo lo que debiera ser un Congreso: conciencia de su función y en consecuencia respeto del equilibrio de poderes; necesaria y continua reflexión y conocimiento de sus tareas, que está en la misma esencia del poder legislativo, y amor al país.

Al revés, a través de leyes aprobadas sin la menor consulta a los organismos afectados o especializados y originadas en la demagogia más desvergonzada o en un odio de clases indigno de un parlamentario o en la ingenuidad del ignorante, ha terminado con el equilibrio financiero del Estado, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones y el crecimiento y desarrollo de la agricultura peruana, incluida la actividad forestal y la acuicultura.

La violencia tiñe el primer episodio, la ignorancia reina en el caso peruano. En nuestro caso, además, tendremos recesión, desempleo, mayores impuestos o inflación, deterioro aun mayor de los servicios públicos y, otra vez, la imprevisibilidad para que el capital venga al país y cree y sostenga el crecimiento económico.

Nuestro país, que hasta hace muy poco era el que más había crecido en la región, que venía eliminando la pobreza y que se había dado el lujo de recibir préstamos pagaderos en cien años, volverá a ser el país que yo conocí de joven, no solo sin futuro, sino encaminado a su destrucción. Yo viví la mega inflación, la quiebra económica y financiera del Estado y la amenaza creciente del Sendero Luminoso. Alguna noche pensando en mi mujer y mis hijos reflexioné sobre la necesidad de irme del país.

Sin embargo, los políticos que nos llevaron a esto fueron menos culpables que los actuales congresistas que quieren repetir el plato, con el agravante que ya se sabe que está envenenado. En esa época –comenzó en los últimos años de los 50 y duró hasta 1992-, sobretodo hasta los 80, hubo en la región el mito de la eficiencia y el desarrollo de la URRS y las supuestas bondades de la revolución cubana. El súbito aumento de la población (7% al año, fruto de los antibióticos) terminó con un cierto equilibrio social y muchos de nuestros mejores dirigentes pensaron que había que reformar el desarrollo capitalista o terminar con él.

También se miraba -cierto que de lejos- la revolución China de Mao Tse Tung, que recién se desploma en los 80 y que ha dado lugar a ese impresionante estado tecnocrático chino, que les ha cambiado literalmente la vida a sus ciudadanos, aprovechando las bondades de la economía de mercado, si bien con limitaciones en sus méritos democráticos.

Pero ahora, cuando cerca de nosotros la Revolución Cubana vive en la más absoluta miseria, cerca a ese otro mendigo que es Venezuela; Cuando los cientos de miles de venezolanos que se refugian en el país nos cuentan de sus miserias, no tienen perdón nuestros ignorantes o malintencionados congresistas.

Desde la Revolución industrial a mediados del siglo XVIII, primero Europa, luego EEUU y hoy los países que avanzan se han convertido en lugares de inversión y desarrollo que requieren conocimientos cada vez más complejos y leyes que solo pueden ser dictadas por gentes que conozcan las leyes de la física, la química, la biología y la economía. El tema de las relaciones políticas requiere, además, por lo menos de la ciencia histórica y del Derecho. Últimamente el proceso de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea ha sido diseñado por doctores en distintas ciencias.

Por eso es absolutamente cierto que el principal problema nacional es el de cambiar nuestro sistema político para que tengamos mucho mejores actores políticos, es decir, mejores dirigentes políticos, mejores congresistas, mejores ministros, mejores alcaldes y mejores presidentes.

Ahora bien, esto pasa por tener mejores partidos políticos.

Cómo atraer a la elite peruana a los partidos y como hacer de ellos estructuras modernas y de gestión eficaz, son las tareas fundamentales que tenemos por delante.

Ese es también, por no contemplarlas, el mayor error del “padre” de estos malhadados congresistas: el Presidente Vizcarra, quien no pensaba en ninguna reforma sino en cómo perpetuarse en el poder. Por eso terminó con la reelección y con eso jubiló a lo mejorcito de nuestros políticos, sin entender que el problema era uno de uno de organización partidaria estable y de calidad científica en sus cuadros. Es como si Gareca, bruscamente, jubilase a todos los futbolistas que hubieran sido seleccionados nacionales y pretendiese, a continuación, tener una buena selección. No entiendo cómo se puede ser joven, querer ser político y serlo, a pesar de saber que no va a poder hacer una carrera política. Sin carrera política se vuelve imposible tener dirigentes políticos y en consecuencia partidos políticos.

En resumen, no más asaltos al Congreso, ni por turbas enloquecidas ni por gentes sin instrucción. Lampadia

Jorge Trelles Montero
Para Lampadia 

El accionar chocantemente ignorante del nuevo Congreso, signo de que los nuevos congresistas, salvo honrosas excepciones, no tienen ni de lejos las capacidades necesarias, y la evidencia de que nuestros partidos políticos, salvo constituir requisito formal necesario para participar en una elección política, no son ni sirven para nada, ponen en evidencia que la reforma política reciente ha sido un total fracaso, no tanto porque no se terminara de aplicar sino por su concepción.

En efecto, si algo es fundamental para la debida formación de la voluntad popular es precisamente la existencia real y no virtual de partidos y de políticos, que estos participen en la contienda electoral con peso real y que, después, animen la acción y la institucionalidad de la política.  

Desgraciadamente, en el Perú nadie acude a los partidos políticos y estos no existen. Por eso los que ven más de cerca la política nacional no tienen mayores esperanzas en los candidatos que puedan surgir de canteras tan venidas a menos, ni de los aportes que estos puedan ofrecer a la precaria acción política que hoy existe. Más bien predicen que puede repetirse este Congreso demagogo y totalitario y que esta repetición, con un poder ejecutivo débil, puede ser catastrófica para el país.

A lo más lo que existe son grupos parlamentarios, cada día menos unidos, preparados y aptos. Los partidos, como el lugar natural y constitucional de la política, han sido remplazados por la presencia de Congresistas, ministros, funcionarios, líderes de opinión, alcaldes, estudiosos y quienes hagan noticia política en los programas de la TV. Los que los dirigen estos programas son los que hoy en día verdaderamente orientan y concurren a la formación de las voluntades políticas del país. Los diarios y, en los últimos años, las denominadas redes sociales son también un lugar donde se hace política. 

Sin embargo, en la letra de la Constitución los partidos políticos no son poca cosa. Diría que en lo que se refiere a los asuntos públicos de nuestra sociedad, hasta están pensados para serlo casi todo. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y participan hegemónicamente en los procesos electorales, dice la ley. Es decir, deciden quiénes nos deben gobernar y cómo deben hacerlo. Pero también deciden, a través de sus representantes, cómo debe organizarse la sociedad, sus leyes y cuál debe ser la relación entre lo privado y lo público. Con respecto a este último, deciden también cuáles son los servicios públicos y cuáles son las competencias y obligaciones del Estado en el desarrollo del país. 

Estos temas son medulares y a la vez complejos y extensos. Finalmente están a cargo de quienes nos representen y se supone que la necesaria discusión de aquellos y la formación y elección de quienes nos representen se llevan a cabo en la diaria acción política en los Partidos.  

Por esto, se ve, claramente, que la tarea principal de cualquiera que se aboque al tema de la política y los políticos es devolverles vida a los partidos -con la dificultad de que varios estudiosos contemporáneos piensan que son dinosaurios, sin futuro en las sociedades humanas de ahora- y, también, competencia e instrucción suficiente a los políticos que los constituyan o ahí se formen. 

En los puestos claves de la administración pública o de las grandes y medianas instituciones y empresas privadas no se concibe a profesionales que no estén altamente calificados. Sin embargo, al Congreso, dónde se ven las leyes que afectan a estas instituciones y que requiere tanto o más excelencia profesional, llegan ciudadanos que por, mejor voluntad que pongan, no están profesionalmente preparados para entender y solucionar los complicados temas que un Congreso debe abordar. No existen en el Congreso tampoco los equipos de profesionales que uno encuentra en los ministerios y que deberían de existir para asesorar a los Congresistas.  

Esto explica en parte los sucesivos papelones que ha hecho el Congreso frente a complicados problemas derivados de la pandemia y el resguardo del aparato financiero y económico del país, y la clamorosa falta de entendimiento de los límites de los recursos estatales y la importancia de un Sistema Nacional de Pensiones, así como de los problemas propios de una economía de mercado y su relación con la libertad de precios. Últimamente casi terminan con la posibilidad de una reforma del transporte en Lima. Hoy me entero que el Congreso ha decidido que el Poder Ejecutivo contrate unos 14,000 ex maestros sin concurso alguno. 

Sus encontrones con el Poder Ejecutivo demuestran que no conocen ni siquiera sus propios límites y el Tribunal Constitucional corre el riesgo de trabajar muchas horas extras para resolver las acciones competenciales, de inconstitucionalidad y de amparo por venir. 

Para que los partidos se reanimen y cumplan con su tarea de convocar a los mejores cuadros nacionales es menester entender que hoy la política es una profesión a tiempo completo. A un joven universitario o profesional con talento y vocación pública hay que ofrecerle la misma seguridad económica que tendría si opta por el camino privado. Además, al ciudadano de los tiempos de la Revolución Francesa y a los sindicatos del siglo pasado se le suman, hoy en día, poderosas asociaciones que canalizan los variados intereses propios del ser humano socializado de hoy y enormes empresas económicas que tienen que tener voz en los partidos políticos contemporáneos.  

Con estos apoyos los partidos podrán convocar cuadros competentes en sus distintas especialidades y, además, instruirlos debidamente en los temas constitucionales que correspondan y en los principales problemas del desarrollo del país y de las finanzas públicas.

En verdad el tema de los partidos políticos es harto complicado y debiera convocarse a una comisión multipartidaria de nivel real, con presencia de los líderes partidarios con más experiencia, sociólogos, politólogos y administradores, que pueda viajar a países con democracias asentadas para ver in situ cómo se desarrollan y viven los partidos y cuál es su real función en las sociedades contemporáneas. Lampadia

Jorge Trelles Montero
Para Lampadia

Con ocasión del proceso de vacancia último por permanente incapacidad moral del Presidente, decenas de voces de los congresistas ahí presentes, pero también de instruidos autores de artículos de opinión, objetaban los argumentos del abogado del Presidente, que trataba de explicar los fundamentos y límites Constitucionales del proceso de vacancia, con la frase “eso no se aplica porque este es un juicio político”. Con esto querían decir que era un proceso en el que todo valía, sin reglas ni ley. Esta negación de la racionalidad, necesaria hoy en día en los procesos humanos en general y que debería merecer la sanción de los Congresistas que la defienden “por incapacidad de instrucción”, recuerda a los juicios medievales donde se probaba la inocencia por la magnitud de las quemaduras del pobre inculpado y otras manifestaciones ajenas a la razón, pero directas manifestaciones de Dios. No había razón humana o lógica sino sometimiento a la creencia, a la indiscutible -aunque arbitraria para los mortales- decisión de Dios.

En efecto, en los pueblos primitivos la explicación no es racional sino mágica o religiosa.  La afirmación “lo mismo es pensar y ser” la escribe Parménides, en Elea, al Sur de la Italia actual, hace solo poco más de 2,500 años y era una voz que casi no se oía al costado de la gritería religiosa que explicaba al mundo con categorías distintas a las racionales desde la lejana aparición del Homo sapiens. Solo en el siglo XIX Kant podrá decir que el hombre, gracias a su razón, es el único animal que no tiene necesidad de un señor que lo mande y le diga qué debe hacer. Nada salvo la racionalidad lo puede obligar.

Felizmente los tiempos han cambiado. La explicación y justificación de lo que es y de lo que debe ser es ahora racional y la explicación mágica o religiosa es la que casi no se oye. La razón, hoy en día, lo fundamenta y lo explica todo y, también, afirma y justifica lo inexplicable, los límites de ella misma.

Esta característica esencial de lo humano también ha llegado al Derecho y a la justicia. Las leyes que hemos decidido que nos gobiernen y los procesos a través de los cuales se deciden controversias o se establecen culpas necesitan ser racionales para existir. Además, como consecuencia de su racionalidad, las leyes se organizan jerárquicamente; las más importantes no solo prevalecen sino fundan las otras, las menos importantes.

Y esto hace que, en el caso de la vacancia del Presidente Vizcarra por permanente incapacidad moral, en un ejercicio superficial de racionalidad, menos prolijo que los que puede hacer el experto constitucionalista, aparezcan cuando menos los siguientes problemas:

En primer lugar, la conducta sancionable debe ser clara y distinta. “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible”, reza el derecho fundamental de la persona en nuestra Constitución. Nada más lejos de la expresión “permanente incapacidad moral”, que establece la misma: ¿Se refiere a la incapacidad mental, como sostienen algunos, porque en el texto se acompaña de la incapacidad física?  ¿O porque para muchos el ser humano nunca es un incapaz moral permanente (en efecto, para los católicos, por ejemplo, gracias a la venida de Dios hijo, el ser humano siempre puede librarse del pecado a través del arrepentimiento y la confesión, nunca es un inmoral permanente)?  ¿Puede sostenerse del criminal más perverso, que lo será siempre?

Quizá por eso en la Constitución de 1979 la causal era “incapacidad moral”. No existía la calificación “permanente”. Pero en la anterior a esa, la del 33, sí existía el adjetivo “permanente”. Podemos pensar que, si la Constitución del 93 retoma la calificación “permanente”, es porque se refiere a la condición mental de la persona y no a su condición ética. Al revés, cuando la del 79 suprime la calificación “permanente”, es porque se refiere a la condición ética de la persona.

Otro problema surge si optamos por suponer que la incapacidad moral permanente es una conducta voluntaria y no un estado mental que le impide desempeñarse como Presidente. En efecto, las únicas conductas sancionables por las que el Presidente puede ser acusado durante su mandato las establece el art.117 de la Constitución y ahí no figura la “permanente incapacidad moral”. Además, en todos estos casos el Congreso acusa al Poder Judicial, quien es quien juzga y condena. Discutible que la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, como atribución del Poder Judicial y que aseguran la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (art.139 inc. 1,2 y 3 de nuestra Constitución), se violen en este extraño proceso de vacancia a cargo del Poder Legislativo.

Por último, hay el problema del debido proceso sancionatorio. Si contra toda razón y lógica aceptásemos que el proceso está a cargo del Congreso, este no podría llevarse válidamente a cabo, porque el procedimiento regulado en el art. 89-A del Reglamento del Congreso viola las principales garantías de cualquier debido proceso sancionatorio y lo que de él se obtuviese solo podría ser la nulidad de todo lo actuado. Las garantías del juez imparcial, de la separación de los que investigan y los que juzgan, de la debida probanza, de la interdicción penal múltiple y tantas otras, que están en la base de la actividad procesal sancionatoria, no existen en el escuálido y solitario artículo único del Reglamento del Congreso. Lampadia