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Presidente Sagasti, no desperdicie la oportunidad

Presidente Sagasti, no desperdicie la oportunidad

Alejandra Benavides
Para Lampadia

En octubre de 2019, Bolivia llevó a cabo un proceso electoral, que fue empañado por irregularidades, que se esclarecieron luego de una auditoría realizada por la OEA. Debido a la presión popular, fue el mismo Evo Morales quien solicitó esa auditoría, y tras publicarse el informe preliminar de la OEA sobre las distintas formas de manipulación electoral, Morales decidió convocar a nuevas elecciones y renovar a todo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 20 de octubre de 2019, la OEA emitió el informe final “Análisis de Integridad Electoral”, sobre los comicios en Bolivia. Ahí se describe a detalle las irregularidades encontradas durante y posterior a los comicios, a través del análisis de una muestra de casi 5,000 actas. Sólo a raíz de esa auditoría es que se pudo llegar a la verdad – a pesar de que finalmente en las nuevas elecciones convocadas, el tinterillo de Evo Morales, Luis Arce, salió elegido Presidente. En la primera parte del Resumen Ejecutivo de la OEA resalta lo siguiente:

“Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación, fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS).

Se detectó la inclusión de inhabilitados en la lista de electores para consulta de actas de mesas. Es decir, la base de datos del Cómputo Oficial contenía tanto la lista de habilitados como inhabilitados.

Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número distinto de votos que el total de votantes en las listas índice.”

Además, dentro de sus Conclusiones sostienen:

“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.”

Podríamos estar hablando de Perú, si es que no supiéramos que se trata de Bolivia. Y por eso es imprescindible una auditoría independiente. No sólo por la cantidad de evidencia sobre la intencionalidad de Perú Libre para aprovecharse del sistema a través de acaparamiento de mesas, sustitución de identidad, impugnaciones infundadas, entre otros, sino porque dos tercios del país cree que hay indicios de fraude. Esta falta de credibilidad en el proceso (y en el resultado) es razón suficiente para que el Presidente Sagasti pida una auditoría, y deje su cargo el 28 de julio como un real demócrata que sentará el camino para una reconciliación entre peruanos. Esperemos que no desperdicie esta oportunidad. Lampadia

Referencias

http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-resuelve-anular-las-elecciones-renovar-todo-el-tse-y-llama-a-pacificar-el-pais-402306




Debe observarse la ley de carrera del trabajador judicial

Debe observarse la ley de carrera del trabajador judicial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley vergonzosa que el Ejecutivo debería observar. Se trata de la ley de Carrera del Trabajador Judicial, cuya finalidad es excluir a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del meritocrático régimen de la ley de Servicio Civil, para instaurar una carrera en la que la meritocracia brilla por su ausencia, algo inaceptable en estos tiempos. Sólo se establece concurso público –y con excepciones, además- para el ingreso a la carrera, pero de allí en adelante se asegura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera.

Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción. Por eso, es necesario dar la batalla. Si queremos cambiar el Perú, ciertos consensos deben estar afirmados. Uno de ellos es justamente la implantación de la meritocracia en todos los órganos y niveles del Estado, porque se trata de garantizar el buen uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos. En esto todos debemos remar en la misma dirección.

Incremento de sueldos a cambio de nada

Con esta ley ocurre todo lo contrario. Su efecto práctico será que se aprobará una nueva escala remunerativa con sueldos considerablemente más altos, a cambio de nada, sin ninguna obligación de rendimientos por parte de los trabajadores. En efecto, la ley no establece evaluaciones de desempeño de ningún tipo, pero si ordena al ministerio de Economía, en su primera disposición complementaria, conformar una comisión para elaborar una nueva escala remunerativa. Y, de hecho, adelantándose, el Poder Judicial contrató a la consultora Macroconsult para que elabore una propuesta de nuevos niveles remunerativos, que es la que vemos a continuación:

De acuerdo a la propuesta, los incrementos de sueldos varían entre 23% y 70%. A cambio de ninguna exigencia. ¿Cuánto representaría eso para el fisco, es decir, para todos nosotros? Lo vemos en el siguiente cuadro:

Es decir, 534 millones en total. A esto habrá que agregar la actualización que esta propuesta deberá hacer luego de que hace pocos días se ha incrementado los sueldos de las escalas salariales del Tribunal Constitucional y del Ministerio Publico, reabriendo la brecha con los niveles remunerativos de otras instituciones que la propuesta de Macroconsult buscaba cerrar. Eso quizá agregue 200 o 300 millones adicionales.

Demasiados trabajadores

El monto tan elevado obedece al número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos: 25,000, para solo 3,000 jueces, una relación de 8 a 1, absolutamente injustificable desde ningún punto de vista. Habría que comenzar por reducir drásticamente ese número, pero eso será imposible con una ley que garantiza la estabilidad laboral absoluta.

El abultado número de administrativos sólo sirve para procrear diversas formas de corrupción en las compras y en la gestión de los recursos. Los jueces, concentrados en su labor, no pueden controlar lo que ocurre en el área administrativa, con la cual más bien saben que deben estar en buenos términos para obtener el apoyo material y logístico necesario para sus labores. La Contraloría, por su parte, carece de poder dentro de la judicatura, de modo que es lo mismo que la carabina de Ambrosio. La tan mentada autonomía del Poder Judicial es autonomía también para cometer irregularidades con impunidad.

También excluye a los jurisdiccionales del control de la OCMA

Lo increíble es que esta ley, no contenta con excluir a los trabajadores del Poder Judicial de toda forma de meritocracia, excluye a los trabajadores jurisdiccionales (secretarios y relatores que trabajan directamente con el juez asistiéndolo), que son unos 5,000 del total de 25,000, del control disciplinario de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del propio Poder Judicial. Por eso se ha dado el caso insólito que la misma OCMA ha solicitado directamente al Ejecutivo que observe la ley, pues ya no podrá hacer prevención ni combatir los actos de corrupción en los que incurran los auxiliares jurisdiccionales, debilitando su capacidad de acción. La ley encomienda el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales a la propia administración del (jefe inmediato, jefe de recursos humanos etc.).

La razón por la que el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales debe estar en manos de la OCMA es obvia: el juez no actúa solo, él es su despacho, y en su despacho está su secretario. Si este comete un acto de corrupción, lo hace dentro de un proceso judicial, no dentro de un proceso administrativo. En ocasiones se acusa al juez por algo que comete su personal auxiliar. Viceversa, el juez no puede desentenderse de lo que hace su secretario. Sabe cuándo éste comete algún acto irregular.

Los congresistas, al aprobar esta ley, han trabajado para los sindicatos del Poder Judicial, en perjuicio del país. La Constitución establece que los congresistas no responden a mandato imperativo, sino que representan a la nación. En este caso no han representado a la nación sino a un interés particular, negativo para la nación. Recordemos que en el Poder Judicial hay tres federaciones y un sindicato, el de Lima. El que más fuerza tiene es este último, el Sutrapoj, pues en Lima se venel 64% de los procesos. Y resulta que, de los 16 delegados del sindicato de Lima, 6 pertenecen o están vinculados al Movadef y, según informaciones, el Movadef está principalmente con los CAS, que son más de 7,500, y lo que propugnan es que pasen directamente a la 728, sin concurso. Si contrariamente, pasaran al régimen de la ley de servicio civil, tendrían obligatoriamente que concursar. 

El problema es que un gobierno débil seguramente tendrá temor a observar la ley en este aspecto, de la misma manera como claudicó frente a la ley que pasó los CAS de Essalud a la 728 en lugar de hacerlo al régimen de la ley se servicio civil. Sin embargo, el pedido de la OCMA al Ejecutivo para que observe la ley en lo que le concierne, abre una ventana de oportunidad para dar la pelea en toda su extensión. No es posible aceptar la existencia de islas patrimonialistas y anti meritocráticas en el Estado. La ley debe ser igual para todos. Nadie puede estar eximido de la obligación de servir con la máxima dedicación y productividad al país. Vivimos en una democracia, no en una tiranía de privilegios. Lampadia  




Escandalosas irregularidades en el MINAGRI

En un programa reciente de La Hora N, Jaime de Althaus comentó que el Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, estaría debilitando instituciones claves para el desarrollo del agro peruano, como son el INIA y SENASA.

Lo que estaría detrás de estas maniobras es que ambas instituciones cuentan con fondos importantes para el desarrollo de sus tareas, fondos que se estaría planeando usar en otras actividades. Algo inaceptable en las actuales circunstancias en que tenemos que terminar de fortalecer el pujante sector de las agro exportaciones, que necesitan capacidades de investigación local (INIA) y la aplicación de buenas regulaciones internacionales para un acceso predecible a los mercados internacionales (SENASA).

Pues, días después del programa periodístico mencionado, recibimos una serie de observaciones y críticas a la gestión del ministro, que compartimos con nuestros lectores.

1. En los últimos años, la empresa de José Manuel Hernández, actual Ministro de Agricultura y Riego, ganó más de 130 millones de soles en licitaciones con el Estado (según el SEACE), y solo en Moquegua con el vicepresidente en funciones de gobernador regional, Martín Vizcarra, ATA (Asesores Técnicos Asociados S.A.) ganó más de 12 millones de soles en contratos de supervisión. 

2. El ministro colocó a uno de los colaboradores de su empresa (Abelardo de la Torre Villanueva, ex gerente de Supervisión ATA S.A), como jefe del ANA, Autoridad Nacional del Agua, y suspendió las elecciones de las juntas de usuarios, prorrogando el mandato de los dirigentes anteriores. Mientras tanto, los productores agrícolas reclaman a gritos elecciones en las juntas de usuarios.

Decreto Supremo No 019-2016-MINAGRI, de fecha 20 de octubre,  que prorroga el mandato de dirigentes del agua hasta marzo 2017.

3. El ministro nombra como su asesor principal a Carlos Azurín, que también trabajó en ATA y se desempeñó como director del proyecto Tumbes en el gobierno pasado, donde tiene varios cuestionamientos. 

Ver en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w7mO-s5M-Pc

4. El ministro de agricultura tendría actualmente contratos de supervisión de obras de la empresa Odebrecht, por ejemplo Chavimochic y Olmos.

5. El diario La República denunció que el ministro de agricultura formó parte de un consorcio con Edwin Luyo, el oscuro personaje involucrado en las coimas de Odebrecht. Evidentemente, como en otros casos, esto no implica necesariamente que haya participado en actos irregulares con Luyo. Ver enlace:

http://larepublica.pe/impresa/politica/844303-ministro-hernandez-integro-consorcio-con-edwin-luyo

Ver el siguiente cuadro del diario La República:

6. Según nuestros informes, el ministro no elige a sus funcionarios, sino que recibiría órdenes de un nivel superior a él. En seis meses en el cargo ha cambiado a sus dos Viceministros tres veces; una al jefe del INIA; tres veces al director de PROVRAEM y al director de AGRORURAL, tres veces.

7. El ministro contrató a más de 1,000 jóvenes para su programa Agro-Joven y miente a los productores diciendo que van a tener asistencia técnica, cuando esos jóvenes estarían en Lima, en locales como los del ANA, Agrorural, Serfor, etc., y ninguno habría visitado el campo ni una sola vez.

“Queremos llevar las nuevas tecnologías y conocimientos al campo mediante los universitarios. Y que estos (últimos) también, consoliden sus conocimientos en el campo para que luego realicen emprendimientos y ejecuten inversiones”, manifestó el ministro.

8. Se creó el programa Serviagro para brindar capacidades a pequeños productores a nivel nacional y hasta ahora no se sabe quien está a cargo. ¿Cuántos productores han sido capacitados?  ¿En dónde funciona Serviagro? ¿El ministro vuelve a mentir al agro peruano?

“Serviagro es una plataforma más importante para apoyar a los pequeños productores. Serviagro y Sierra Azul constituyen los dos programas líderes del Minagri porque aspiramos a reducir la brecha tecnológica entre el agro más desarrollado al menos desarrollado. La gran masa de agricultores necesitan apoyo para dar el salto tecnológico”
http://elcomercio.pe/economia/negocios/minagri-lanzo-plataforma-servicios- serviagro-noticia-1962735

9. Las grandes obras de irrigación están paralizadas y el ministro no hace nada, ¿hasta cuándo seguiremos esperando por Majes 2? Olmos tiene el 20% de su área sembrada, Chavimochic esta paralizada, Alto Piura no avanza. Y cuando hablamos de la sierra el ministro no ha ejecutado ni una sola obra para los productores de dicha zona.

10. El ministro, a través de su empresa (ATA) estaría participando de elaboración del expediente de la Represa Chonta en Cajamarca, que tendría serias deficiencias en su elaboración y por ello,  ProInversion no ejecutaría la obra. 

En agosto pasado cuestionamos algunas declaraciones del nuevo Ministro de Agricultura en las que, por ejemplo, caía en los mitos de concentración de la tierra. Ver en Lampadia, Las cosas claras para no seguir empedrando el camino con mitos – No malogremos nuestro potencial agrícola. El gobierno tiene que apoyar sin complejos el desarrollo de la agricultura moderna, máxime si ésta ya ha jalado a la agricultura tradicional a niveles de productividad extraordinarios. Ver: Richard Webb nos muestra el Perú – La Revolución de la Agricultura.

Necesitamos un ministro que mire hacia delante para que desarrollemos el gran potencial agrícola del Perú, con el que podemos traer a los pobres a la economía de mercado, impulsando, entre otros programas, Sierra Productiva, y no alguien de un pesado pasado, sin visión de futuro. Lampadia




TV Española distorsiona los hechos en Tía María

TV Española distorsiona los hechos en Tía María

Continuando con nuestro propósito de limpiar el ecosistema mediático en el que se han sembrado múltiples documentos, videos, entrevistas, ‘estudios’ y opiniones falsas sobre la situación de la minería en el Perú, describimos a continuación la producción y difusión de un material fílmico de la televisión española que la pone al mismo nivel de las peores realizaciones locales, que pretenden manipular a la opinión pública y desarmar al gobierno.

Lamentablemente, como es parte de un largo proceso de repliegue ‘disque estratégico’ de no contestar las mentiras y de no informar a la población sobre los méritos de la minería en el Perú, ni el sector minero, ni el propio gobierno han cuestionado este material, lo que ha llevado a que durante los últimos años se hayan paralizado 14 proyectos mineros, incluyendo los más icónicos, como los de Conga y Tía María.

Este despacho forma parte de la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que recomendamos revisar. 

Foto: La República

Un “documental” hecho a la medida para perjudicar a la minería en Perú

La presentación de opiniones parcializadas como si fueran opiniones independientes es una técnica de manipulación de la opinión pública. Con esa técnica, periodistas hostiles a la minería buscan aparentar profesionalismo cuando lo que están haciendo es pura propaganda.
El costo de la distorsión no es pago por los Españoles, sino por los proyectos mineros paralizados y por la economía peruana frenada.

Hace algunos días, Radio Televisión Española (RTVE), emisora publica de España, emitió un documental llamado “La Batalla del Cobre”, acerca del conflicto social que detuvo el desarrollo del proyecto Tía María, de Southern Perú, en la región de Arequipa.  

Ese documental es un claro ejemplo de cómo se puede construir una visión tendenciosa de un conflicto social, tomando testimonios de distintas posiciones: las autoridades, técnicos, pobladores, empleados de la empresa minera, etc. La RTVE presenta la población de un valle agrícola preocupada por la cercana presencia de un proyecto minero. La historia que cuenta es de una población que se ha opuesto a la destrucción de su valle, a costa de muertos y heridos. La labor de los grupos anti-mineros es cuidadosamente ocultada en la historia. Además, el documental asume como verdad la narrativa post-extractivista de que la actividad agrícola y la minera son intrínsecamente antagónicas.

No es la primera vez que RTVE realiza un documental en la región. Discutir las razones por las cuales este medio de comunicación público español se interesa por conflictos sociales en Perú, sería caer en especulación. Sin embargo, sí llaman la atención diversos sesgos del desarrollo del documental, que incluyen importantes omisiones, mentiras y enfoques parcializados.

Irregularidades en la información

RTVE expone la voz de diversos pobladores contrarios al proyecto, la voz de las autoridades locales, la de la Empresa y supuestas voces neutrales. Sin embargo, presenta como neutrales a diversos actores con una posición política evidentemente contraria al desarrollo del proyecto Tía María.

Entre ellos se encuentra Daniel Taranzo, denunciado por periodistas de El Comercio y la República, de ser el “azuzador principal para que la población los agrediera a ellos y a otro grupo de corresponsales que también llegó hasta el lugar para informar el conflicto por Tía María”[1].  Un periodista neutral no publicaría en su cuenta de Facebook una foto y un mensaje como el que se ve en la parte inferior. Sin embargo en el documental se le presenta como un periodista independiente.

Esta es una imagen tomada del Perfil de Facebook de Daniel Toranzo, “periodista independiente” según el documental.

También se presenta como “ingeniero independiente” a Otto Hito, quien ha tenido una participación activa en el conflicto, ya sea ofreciendo opiniones contrarias al proyecto en medios de comunicación o como animador en manifestaciones, como se ve en el video siguiente.  El ingeniero “independiente” termina su intervención pidiendo la liberación de Gregorio Santos, ex presidente regional de Cajamarca y uno de los principales opositores al proyecto Conga, actualmente en prisión preventiva acusado de actos de corrupción durante su gestión.

Supuesto “ingeniero independiente” Otto Hito utilizado en el documental de RTVE como opinión técnica sobre el proyecto Tía María.[2]

Desproporción en las declaraciones

En diversas partes del documental se muestran disputas entre la policía y los manifestantes. Se exponen testimonios que muestran el carácter humano de los familiares y afectados  de los manifestantes, con poderosas imágenes llenas de sangre y dolor. Sin embargo, no existe una contraparte para informar sobre la violencia ejercida por los manifestantes contra la policía, por parte de los Espartambos, que asesinaron a un agente de las fuerzas del orden con piedras y que produjeron más heridos con sus ataques. Todas las pérdidas humanas en un conflicto social son trágicas, y consideramos que la vida de los policías tienen tanto valor como las de los manifestantes.  Aparentemente este principio no es compartido por los autores de este documental. Tampoco se toma los múltiples testimonios respecto a los mecanismos de represión que los opositores al proyecto ejercían en el valle del Tambo a todo aquel que difiriera de su postura.

Supuestos encubiertos

En el documental se transmite una serie de declaraciones cargadas de supuestos hostiles a la minería.  “Empezó defendiendo el valle, y acabó trabajando para la empresa minera”  (29:50 del documental) afirma la narradora del documental acerca del abogado Jesús Gómez Urquizo involucrado en los Pepe audios. Es decir, según esta producción existen dos opciones: o se defiende el valle (de la minería) o se “ataca al valle” (la posición minera).  Es decir, el narrador asume que Tía María es una amenaza y oponérsele es indispensable defender al valle. Asume además, que oponiéndose a la minería se está defendiendo al valle y su población.

“Nosotros fuimos a la marcha pacífica a Cocachacra” (14:30 del documental ) ó “Yo he hecho todo lo posible para dialogar con la gente para que todo sea pacíficamente” (23:24 del documental ) son declaraciones que son realizadas a pesar de las imágenes que muestran la presencia de los llamados Espartambos, grandes protagonistas de la  violencia del conflicto. Se toma la violencia de grupos de la población casi como un fenómeno meteorológico inevitable, y no una situación azuzada por los líderes de ciertas organizaciones como el Frente de Defensa del Valle del Tambo, que buscaban beneficiarse a través de chantajes a la empresa minera.

Antagonismo intrínseco

RTVE trabaja sobre una idea tácita en su descripción del problema: la minería y la agricultura no pueden convivir, existe un antagonismo intrínseco. Se toman testimonios de agricultores preocupados por la agricultura como las únicas voces autorizadas, y no se menciona la posibilidad de que estas actividades puedan convivir. Testimonios como  “De hecho señorita, de hecho que nos va a contaminar” (41:15), “Ollanta Humala está a favor de la minería, nada quiere saber de este valle” (22:30) no se contrastan con argumentos técnicos que permitan saber si  con las medidas que se platean en el Proyecto Tía María es posible prevenir la contaminación ambiental. La propuesta de Southern, de construir una planta desalinizadora para utilizar el agua del mar en lugar parte de los flujos de agua del río Tambo es omitida del documental, a pesar de ser una de las principales propuestas de la empresa minera para reducir los temores que genera su actividad. Una de las diferencias entre periodismo serio y propaganda es la omisión de información crítica para entender los hechos.

Abiertas Mentiras

“La quinta parte del territorio nacional está cedida a la explotación minera”(20:43) afirma el documental, tomando como fuente a Cooperacción, conocida organización anti-minera. Si tomamos como referencia el Boletín Estadístico del subsector Minero del Ministerio de Energía y Minas de Diciembre del 2015, esta información es abiertamente falsa. Como vemos en la tabla superior, el porcentaje de territorio peruano dedicado a unidades mineras en actividad es del 1.22%. Si nos remitimos a la afirmación del documental, sólo el 0.93% está cedida a la explotación minera. Ese número dista significativamente de ser 20% del territorio nacional que afirma la fuente utilizada por el documental. [3]

Inclusive se podría decir que la situación que trata de mostrar RTVE con el documental, y con la descripción que coloca en su página web[4] es muy distinta a la real. En el mismo boletín, se encuentra el porcentaje del territorio nacional que se encuentra restringida a la minería. Este es el 64.95% del Perú, es decir la cantidad de territorio vetado a la minería es 53 veces mayor que aquél en el que se realiza alguna actividad minera.  

Otra mentira mencionada en el documental es cuando la narración declara que:

“En el 2011, un organismo de Naciones Unidas hizo múltiples objeciones al estudio de impacto ambiental. Aquel año las protestas terminaron con 3 muertos y el gobierno peruano denegó la licencia. Pero en 2014 flexibilizó la ley y dio luz verde al nuevo estudio ambiental” (38:09)

Las observaciones detectadas por la consultora ambiental contratada por UNOPS (Que es un organismo de compras y no se análisis ambiental) arribó a 328 comentarios al primer EIA del proyecto Tía María de las cuales una buena parte no son observaciones sino sugerencias y descripciones metodológicas, siendo solo 25 observaciones las referidas directamente a los impactos del proyecto. Estas 25 observaciones fueron atendidas en el siguiente estudio ambiental aprobado el 2014. No se dio como resultado de una relajación de los estándares ambientales como falsamente se menciona en el documental,[5] sino por modificaciones en el EIA y en los procesos desplegados en el Proyecto.

Estas mentiras son indicaciones poderosas de que las fuentes de información para el documental fueron las organizaciones anti-mineras que actúan bajo la fachada de grupos ambientalistas. Los autores del documental prefirieron trabajar con organizaciones ideológicamente sesgadas antes que buscar fuentes realmente independientes.

Las Consecuencias.

Este tipo de producciones cumplen un rol de propaganda para las organizaciones anti-mineras: no solo se distribuyen a través de internet y de activistas, sino también se reproducen dentro de las comunidades, en las reuniones, buscando adoctrinar a las audiencias, y dañando irresponsablemente la reputación de las empresas mineras.

Estos documentales no son vistos por la población en general, sin embargo sí son vistos por públicos específicos que pueden incidir sobre la posibilidades de realización del Proyecto Tía María. El documental sirve para atraer activistas internacionales para que vengan al Perú a apoyar las organizaciones anti-mineras dedicadas a impedir Tía María y otros proyectos. Entre algunos de los periodistas nacionales se genera un tendencia a brindar una cobertura hostil al las noticias relacionadas con Tía María. Entre lo activistas en el Tambo, ese documentales mejora sus ánimos y les empodera al hacerles sentir que sus acciones de bloqueo a la minería peruana están teniendo una aceptación global. Sus consecuencias negativas son múltiples.

Documentales y Minería.

No es la primera vez que se realizan reportajes o productos audiovisuales contrarios a algún proyecto minero, ni que estos se realizan con un sesgo evidente de parte de sus productores. El documental Hija de la Laguna es muchísimo mas sesgado que este, con patentes mentiras y manipulaciones. Los autores de La Batalla del Cobre por lo menos se han preocupado por dar una apariencia de periodismo serio, presentando opiniones anti-mineras como si fueran independientes. El documental peruano ni siquiera se preocupó por las apariencias.

A pesar de su campaña de puerta a puerta, a respuesta de la Empresa y del sector no ha sido oportuna, ni ha respondido con hechos a los ataques que se le infringen. Al callarse ante esas distorsiones, Southern y el gremio minero dejan en la opinión pública la sensación de que las falsedades son verdades. Para el público, el silencio de la empresa es un reconocimiento de que las afirmaciones del documental son irrebatibles. Con su silencio, la empresa está haciendo un gran favor a los anti-mineros. El público Español estará creyendo en el “documental” y las imágenes de Southern y las instituciones peruanas quedarán perjudicadas.

Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente. La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia, no solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. (Ver en Lampadia: No podemos dejar que nuestra Tía María siga atascada y Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo)

Al no responder apropiadamente a estos ataques, los argumentos expuestos por anti-mineros a través de este tipo de reportajes calan en los periodistas, líderes de opinión, funcionarios de las instituciones del Estado y a través de ellos en la población.  Esto genera una hostilidad en estos actores que a la hora de que se reactive algún conflicto llevarán a una cobertura periodística mas hostil y a instituciones del Estado más susceptibles ceder a la presión de los antimineros. Lampadia

 


[1] El Buho. http://elbuho.pe/2015/05/26/conferencia-termina-en-gresca-verbal-de-reporteros-locales-contra-mollendinos-por-tia-maria/

[2] Canal voces de la tierra, Youtube.  https://www.youtube.com/watch?v=zsuqCtnFGD4

[3] Boletín Estadístico del subsector Minero del Ministerio de Energía y Minas de Diciembre del 2015 . Página 17, http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2015/diciembre.pdf

[4] “El caso de ‘Tía María’ es un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, un país que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.” http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-batalla-del-cobre/3483640/

[5] Una muy buena explicacion de la manera como fueron atendidas estas observaciones se puede observar en la conferencia “ Proyecto Tia Maria: Despejando Dudas y Aliviando Temores” disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gIJO5SZcU5Y, a partir del minuto 31:00