EDITORIAL DE LAMPADIA

El gobierno acaba de publicar un decreto legislativo sobre los contratos entre los colegios privados y los padres de familia, abiertamente atentatorio contra la propiedad privada, la libertad de empresa y la Constitución. En efecto, el DL 1476 interviene groseramente los mencionados contratos obligando a las partes a modificarlos y estableciendo que si los padres no aceptan los nuevos términos tienen derecho a exigir la devolución de una serie de pagos que se hicieron incluso con años de anterioridad, lo que sin duda llevará a la quiebra a muchas instituciones y dejará sin escuelas a aquellos a quienes pretendía beneficiar. El zarpazo intervencionista es tal que, de mantenerse, este DL puede ser el fin de la inversión privada en la educación.

Con cargo a realizar un análisis más detallado del DL, lo que salta a la vista es la abierta violación del artículo 62º de la Constitución:

“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

El gobierno viola además el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la reserva tributaria. Es cierto que la situación de los padres y los colegios es muy complicada, pero esa misma situación ya había llevado a renegociar en la mayor parte de casos. La renegociación tiene que ser voluntaria. Y si bien la cuarentena escolar permanente hasta fin de año generó una situación de tensión y desconfianza entre los padres de familia y los colegios, la verdad es que esa desconfianza fue alimentada en cierta medida por Ministerio de Educación (Minedu). Ello ocurrió con amplia difusión en medios y con la siempre cordial colaboración del INDECOPI, que desde el primer día no tuvo mejor idea que enfrentar a los padres con los colegios.

Por supuesto que los padres tienen problemas serios. Los colegios también. Pero el MINEDU se había demorado, incluso incumpliendo los propios plazos de sus normas, en dar los lineamientos que le correspondía. El Gobierno ha ido alargando la cuarentena de a pocos. Sin embargo, desde el primer día se demandó a los colegios que bajen los precios en porcentajes imposibles, pagando a sus profesores sin cobrar, pero sin tener idea clara de cómo iba a ser la nueva realidad.

El Presidente Vizcarra anunció el 22 de abril que el año escolar iba a ser virtual, probablemente hasta fin de año. Pero la norma con los nuevos lineamientos para el 2020 recién se publicó el sábado 26 de abril por la noche, dando 7 días, que incluían dos feriados -que se cumplieron el sábado 2 de mayo-, para presentar el nuevo plan de recuperación.

Para los colegios era realmente muy difícil, sin esa norma, plantear un nuevo plan de pensiones a los padres. Se han pasado todo el mes de abril trabajando incesantemente para ajustar su servicio a distancia y rehacer sus costos, cada uno desde su perspectiva y particular realidad. Hay colegios con y sin fin de lucro, religiosos y laicos, de bajas y altas pensiones, nacionales y extranjeros, etc. Cada colegio se ha ido manejando con sus padres de la mejor manera posible. Ninguno quiere perder alumnos y todos quieren poder funcionar el 2021.

Pero el MINEDU, INDECOPI, las asociaciones de protección al consumidor (que viven de las multas de INDECOPI) hicieron lo imposible por desprestigiar a la educación privada e incitar a los padres de familia. Populismo clásico. Han cuestionado a los colegios de bajo costo por no dar un servicio a distancia de “calidad mínima”, como si “Aprendo en Casa” fuera suficiente o siquiera comparable al trabajo en tiempo real que están haciendo muchos privados. Y a los colegios más costosos por no sentarse a negociar con los padres, como si se tratara de sindicatos.

Si los padres no están a gusto con el servicio y no pagan, el servicio no puede ser suspendido, como sucede desde hace años. Los padres tienen también la alternativa de pasar sus hijos a un colegio público, que es lo que alienta la gran campaña mediática que está desarrollando el MINEDU. Esperemos que aquellos burócratas que están detrás de estas acciones y cuyos hijos estudian en los colegios más caros de Lima, los trasladen a la escuela pública que es tan buena y superior a la privada.

En esta última década han ido desfilando, uno tras otro, ministros de educación, ocho para ser precisos, cada uno con una visión diferente y con su propio equipo asesor y directivo. Resultado:  absoluta discontinuidad e inexistencia de una política educativa clara y definida. Pero lo que no cambia es la animadversión y el acoso a los colegios privados, en particular a los de bajo costo. Se sostiene que son malos y que están por debajo de los públicos, a pesar de que, por ejemplo, los resultados PISA no avalan esta afirmación ¹. El COVID-19 les ha dado la oportunidad de acelerar el proceso y la están aprovechando.

Pero es irresponsable: van a recibir miles de traslados a través de su plataforma virtual, pero cuando volvamos a lo presencial no van a tener donde ubicar a esos alumnos ni presupuesto para afrontar este mayor gasto.

Es comprensible la situación de los padres de familia, seriamente afectados en sus ingresos, pero es lamentable como algunos se han dejado llevar por esta prédica populista sin percatarse de lo que hay detrás, convirtiendo de la noche a la mañana al colegio que escogieron tan cuidadosamente en un tramposo. De un día al otro se perdió totalmente la confianza. Gran logro de MINEDU e INDECOPI.

Ya consiguieron demoler prácticamente a los colegios de menos de S/ 300 (alrededor de 60%), dejando sin trabajo a miles de personas. ¿Quiénes siguen ahora? Los colegios de pensiones más altas, ese otro 40%, sean de la naturaleza que fuera.

Nadie desde el gobierno ha reconocido el enorme esfuerzo de directivos y profesores de los colegios privados y hasta el Presidente se ha permitido llamarles la atención. Ahora nos encontramos ante un Decreto Legislativo que terminaría de sepultar la inversión en el sector. Triste final. Lampadia

¹ https://www.lampadia.com/analisis/educacion/publicos-y-privados-aliados-por-la-educacion

En los últimos días, a raíz de la crisis sanitaria y socio económica producida por el coronavirus, se ha vuelto a especular sobre la posibilidad de controlar algunos precios.

Esto con el liderazgo del propio Indecopi, llamado a velar por el mantenimiento de una economía sana.

Pues, como puede leerse líneas abajo, en el artículo que publicamos hace un par de años, el intervencionismo de la economía y el control de precios producen efectos contrarios a lo buscado, solo se genera escasez y finalmente el aumento de los precios.

Es un error gravísimo, que es fácil de cometer, pero muy difícil de enmendar. No debemos ir nunca por ese camino.

Del ‘ogro filantrópico` o la ‘mano negra’
Cuando el Estado interviene en los mercados se cae en abismos

Publicado en Lampadia
07/05/2018

Ver artículo sin glosas: https://lampadia.com/analisis/economia/cuando-el-estado-interviene-en-los-mercados-se-cae-en-abismos/

De cómo una intervención en contra del mercado avanza hasta destruir la economía de mercado y desbaratar la producción de bienes y servicios.

Las políticas públicas y las decisiones económicas son el espacio de encuentro y desencuentro de la falta de miras, el cortoplacismo y las buenas intenciones, con la cruda realidad determinada por miles de agentes económicos, personas, empresas e instituciones, que responden a incentivos y oportunidades, y no a normas y regulaciones que interfieren en los mercados.

Líneas abajo compartimos una brillante presentación de Ludwig von Mises, de mayo de 1950, que explica con una gran sencillez, cómo las decisiones de gobierno sobre los mercados, así estén inspiradas en buenas intenciones, pueden desencadenar una serie creciente de regulaciones (cada una para remediar el problema ocasionado por la anterior) que terminan conduciendo al Estado a hacerse de capacidades que sustituyen las funciones del mercado y llevan a las economías a disminuir la inversión, la producción, y el bienestar general.

Este tipo de normas terminan produciendo efectos contrarios a sus enunciados y a sus propósitos. En Lampadia desarrollamos, hace algún tiempo, una sección llamada: ‘Normas-contra-propósito’. Lamentablemente, tal como explica von Mises, en el Perú, este tipo de decisiones de gobierno se siguen multiplicando todos los días, al punto de haber intervenido en nuestro novel mercado de principios de siglo y haber creado una costra de normas, instancias, y enfoques burocráticos que, en esencia, han lisiado a nuestra economía de mercado y hecho tortuosos los espacios de innovación, creatividad e inversión.

(…)

Nuestro Congreso genera normas de este tipo todos los días. Ojalá nuestros lectores nos traigan más ejemplos. Pero ahora, los invitamos a iluminarse con la sabiduría de Ludwig von Mises:

Las políticas públicas de la tercera vía conducen al socialismo

(Primera parte)
Ludwig von Mises
Traducido y Glosado por Lampadia

Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism

Esta disertación se presentó en el University Club de Nueva York, el 18 de abril de 1950.
Mises Daily Articles, Mises Institute, Austrian Economics, Freedom and Peace, 12 de febrero, 2006.

(…)

De cómo el control de precios conduce al socialismo

El gobierno cree que el precio de un bien definido, por ejemplo, la leche, es demasiado alto. Quiere hacer lo posible para que los pobres les den más leche a sus hijos. Por lo tanto, recurre a un precio tope y fija el precio de la leche en un nivel menor que el que prevalece en el mercado libre.

El resultado es que los productores marginales de leche, aquellos que producen al costo más alto, incurren en pérdidas. Como ningún agricultor o empresario individual puede seguir produciendo a pérdida, estos productores marginales dejan de producir y vender leche en el mercado. Utilizarán sus vacas y sus habilidades para otros fines más rentables. Por ejemplo, producirán mantequilla, queso o carne.

Por lo tanto, habrá menos leche disponible para los consumidores, no más. Esto, desde luego, es contrario a las intenciones del gobierno. Que quería que sea más fácil para algunas personas comprar más leche. Pero, como resultado de esta interferencia, la oferta disponible disminuye. La medida se prueba como abortiva desde el punto de vista preciso del gobierno y de los grupos que pretendía favorecer. Produce un estado de cosas que desde el punto de vista del gobierno, es aún menos deseable que el estado previo de cosas, que estaba destinado a mejorar.

Ahora, el gobierno enfrenta una alternativa. Puede derogar su decreto y abstenerse de cualquier esfuerzo adicional para controlar el precio de la leche. Pero si insiste en su intención de mantener el precio de la leche por debajo del que el mercado libre habría determinado, no obstante, evitar una caída en el suministro de leche, debe entonces, tratar de eliminar las causas que hacen que el negocio de los productores marginales no sea rentable. Debe añadir, al primer decreto relacionado solo al precio de la leche, un segundo decreto que fija los precios de los insumos necesarios para la producción de leche, en un nivel tan bajo que los productores marginales de leche no sufran más pérdidas y, por lo tanto, se abstengan de restringir su oferta.

Pero luego, la misma historia se repite en un plano más remoto. El suministro de los insumos requeridos para la producción de leche cae, y nuevamente el gobierno está de vuelta donde comenzó. Si no quiere admitir la derrota y abstenerse de cualquier intervención en los precios, debe ir más allá y fijar los precios de los insumos necesarios para la producción de los insumos necesarios para la producción de leche.

Por lo tanto, el gobierno se ve obligado a ir cada vez más lejos, fijando paso a paso los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto laborales como materiales, y a ordenar, a cada empresario y a cada trabajador, que sigan trabajando con esos precios y salarios. Ninguna rama de la industria puede dejarse de lado, de esta fijación general de precios y salarios, y de la obligación de producir aquellas cantidades que el gobierno quiere ver producidas. Si algunas ramas industriales se dejan libres, por el hecho de que solo producen bienes calificados como no vitales o incluso como lujosos, el capital y el trabajo tenderían a fluir hacia ellos y el resultado sería una caída en el suministro de aquellos bienes, cuyos precios ha fijado el gobierno precisamente porque los considera indispensables para la satisfacción de las necesidades de las masas.

Pero cuando se alcanza este estado de control general de las empresas, ya no puede haber ningún tipo de economía de mercado. Los compradores, mediante su decisión de comprar o abstenerse comprar, ya no determinan qué se debe producir y cómo. La capacidad de decidir recae en el gobierno. Esto ya no es capitalismo: es una planificación integral por parte del gobierno, es el socialismo. Lampadia

Recientemente The Economist publicó un interesante artículo que resume de manera simple y muy ilustrativa el plan de gobierno de la que sería la presidenta de EEUU si se dieran las elecciones generales en el plazo inmediato, según anuncian las últimas encuestas disponibles: Elizabeth Warren del Partido Demócrata. A continuación, lo compartimos líneas abajo.

Como se puede constatar del análisis de The Economist, dicho plan está cargado de la generación de un sinfín de regulaciones en sectores que son el sostén de la economía estadounidense como el financiero y el tecnológico. En ese sentido, resulta sumamente peligroso su implementación porque implicaría que la primera gran potencia económica, considerada el bastión más representativo del capitalismo mundial, se torne en una economía con una intervención cada vez más creciente del tamaño del Estado.

Warren propone cosas como que las empresas operen bajo licencias revocables y que los inversionistas no tengan ‘responsabilidad limitada’. Dos bombas de impacto nuclear.

Por otra parte, el hecho de que Warren esté acaparando adeptos en el electorado estadounidense es prueba de algo que ya venimos advirtiendo desde hace algún tiempo: La creciente preferencia que está teniendo el intervencionismo y en particular, el socialismo, en los jóvenes en EEUU (ver Lampadia: El socialismo de los Millenials).

Lamentablemente, el populismo nacionalista que ha desquiciado Trump desde que llegó al poder con el Partido Republicano tiene gran parte de la culpa. Si bien el mérito de Trump descansa en un EEUU aún pujante en el tema económico pero con claras señales de desaceleración (ver Lampadia: El error teórico de Trump en el conflicto EEUU-China), su constante desprecio a problemáticas tan importantes a nivel global como el cambio climático, así como el fuerte sentimiento antinmigratorio que expele, ha contribuido a que grandes segmentos de la población jóven, que no se sienten representados por él, volteen a opciones más moderadas en dichos temas sin advertir las aventuradas agendas económicas que tales propuestas sostienen. Parte de estas peligrosas agendas del Partido Demócrata, también ha sido la Teoría Monetaria Moderna, de la cual hemos tratado extensamente (ver Lampadia: MMT: Insisten con desastres monetarios, Se proponen nuevos disparates monetarios) y que como explicamos, constituye un camaleón de desenfrenadas emisiones monetarias provenientes de la FED para financiar déficits fiscales insostenibles que generan hiperinflación en el mediano plazo.

Felizmente, una larga tradición de think tanks liberales en EEUU – entre los que destacan Cato Institute, Heritage Foundation, Mises Institute, entre otros – siempre ha estado vigilante de las propuestas de política pública de los partidos y sus advertencias han contribuido a impedir la implementación de planteamientos tan nefastos para la economía estadounidense. Esperamos que en esta ocasión también cumplan con su cometido y persuadan a los líderes políticos del Partido Demócrata de no cometer suicidio económico y político, si es que llegasen al poder. Lampadia

Una mujer con un plan
Elizabeth Warren quiere rehacer el capitalismo estadounidense

Tal como están las cosas, el programa de los principales candidatos demócratas tiene muy poco tiempo para mercados o negocios

The Economist
24 de octubre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Elizabeth Warren es notable. Nacida en una familia en dificultades en Oklahoma, se abrió camino para convertirse en profesora de leyes estrella en Harvard. Como madre soltera en la década de 1970, rompió con la convención al seguir una carrera de tiempo completo. En una era de regla por tweet, ella es una política desvergonzada que ahora es una de las principales exponentes para ser la candidata demócrata a la presidencia en 2020. Las encuestas sugieren que, en una competencia cara a cara, más estadounidenses votarían por ella que por Donald Trump.

Pero tan notable como la historia de Warren es el alcance de su ambición de rehacer el capitalismo estadounidense. Ella tiene un plan admirablemente detallado para transformar un sistema que cree que es corrupto y le falla a la gente común. Muchas de sus ideas son buenas. Tiene razón al tratar de limitar los esfuerzos de las empresas gigantes para influir en la política y engullir a sus rivales. Pero en el fondo, su plan revela una dependencia sistemática de la regulación y el proteccionismo. Tal como está, no es la respuesta a los problemas de EEUU.

Warren está respondiendo a un conjunto permanente de preocupaciones. EEUU tiene una mayor desigualdad que cualquier otro país rico grande. Si bien los empleos son abundantes, el crecimiento salarial es extrañamente moderado. En dos tercios de las industrias, las grandes empresas se han vuelto más grandes, lo que les permite obtener ganancias anormalmente altas y compartir menos del pastel con los trabajadores. Para Warren esto es personal. Sus padres soportaron el Dust Bowl y la Gran Depresión en la década de 1930 y luego la carrera de su padre se derrumbó debido a una enfermedad. Como académica, se especializó en examinar cómo la bancarrota castiga a quienes caen en tiempos difíciles. La idea que anima su pensamiento es la de una clase media precaria, aprovechada por las grandes empresas y traicionada por políticos que festejan con el dólar corporativo en Washington, DC.

Algunos críticos republicanos y de Wall Street afirman que Warren es socialista. Ella no lo es. Ella no apoya la propiedad pública de las empresas ni el control político del flujo de crédito. En cambio, favorece las regulaciones que obligan al sector privado a pasar su prueba de lo que es ser justo.

El alcance de estas regulaciones es asombroso:

• Los bancos se dividirían, divididos entre banca comercial y de inversión.
• Gigantes tecnológicos como Facebook serían desmembrados y convertidos en servicios públicos.
• En energía, habría una prohibición del fracking de esquisto bituminoso (que, para los mercados petroleros, sería un poco como cerrar Arabia Saudita), una eliminación de la energía nuclear y objetivos para las energías renovables.
• El seguro de salud privado estaría mayormente prohibido y reemplazado por un sistema estatal.
• Los barones de capital privado ya no estarían protegidos por una responsabilidad limitada: en su lugar, tendrían que pagar las deudas de las empresas en las que invierten.

Esta nueva regulación sectorial complementaría las amplias medidas de toda la economía:

• Un gravamen de seguridad social del 15% para aquellos que ganan más de US$ 250,000
• Un impuesto sobre el patrimonio anual del 2% para aquellos con activos superiores a US$ 50 millones
• Un impuesto del 3% para aquellos con un valor superior a US$ 1,000 millones y un impuesto adicional del 7% sobre las ganancias corporativas.
• Mientras tanto, el estado relajaría el control de las compañías por parte de los propietarios.
• Todas las grandes empresas tendrían que solicitar una licencia del gobierno federal, que podría ser revocada si reiteradamente no tienen en cuenta los intereses de los empleados, clientes y comunidades.
• Los trabajadores elegirían dos quintos de los asientos de la junta.

Warren no es xenófoba, pero es proteccionista. Los nuevos requisitos para los acuerdos comerciales los harían menos probables. Su gobierno “administraría activamente” el valor del dólar.

Warren defiende algunas ideas que apoya este medio. Una razón para la desigualdad es que los rincones lucrativos de la economía están cerrados por privilegiados. Tiene razón al pedir una política antimonopolio vigorosa, incluso para las empresas tecnológicas, tolerancia cero al amiguismo y el fin de los acuerdos de no competencia que limitan la capacidad de los trabajadores de ganar salarios más altos y cambiar de trabajo. Dada la inflación, su plan de aumentar el salario mínimo federal a US$ 15 durante cinco años puede ser una forma razonable de ayudar a los trabajadores más pobres. De hecho, los ricos deberían pagar más impuestos, aunque creemos que el camino práctico es cerrar las lagunas, como un beneficio por las ganancias de capital conocidas como interés acumulado, y aumentar los impuestos a la herencia, no un impuesto a la riqueza. Y aunque un impuesto sobre el carbono es nuestra forma preferida de combatir el cambio climático, su plan para objetivos de energía limpia marcaría una gran diferencia.

Sin embargo, si se promulgara todo el plan Warren, el sistema de libre mercado de EEUU sufriría un fuerte shock. Aproximadamente la mitad del mercado de valores y las empresas de capital privado se disolverían, se someterían a una fuerte regulación o verían abolidas las actividades. Y con el tiempo, la agenda de Warren afianzaría dos filosofías dudosas sobre la economía que minarían su vitalidad.

La primera es su fe en el gobierno como benigno y efectivo. El gobierno es capaz de hacer un gran bien, pero, como cualquier gran organización, es propenso a la incompetencia, a la captura por parte de poderosos de la información privilegiada y a la indiferencia kafkaesquiana ante la difícil situación de los hombres y mujeres comunes que más le importan a Warren. Cuando las empresas de telecomunicaciones y las compañías aéreas estaban muy reguladas en la década de 1970, eran famosas por su pesadez e ineficiencia. El logro distintivo de Warren es la creación en 2011 de un organismo para proteger a los consumidores de los servicios financieros. Ha hecho un buen trabajo, pero tiene poderes inusuales, a veces ha sido duro y se ha convertido en un fútbol político.

La otra filosofía dudosa es un vilipendio de los negocios. Ella subestima el poder dinámico de los mercados para ayudar a los estadounidenses de clase media, guiando invisiblemente las acciones diversas y espontáneas de las personas y las empresas, trasladando el capital y la mano de obra de las industrias moribundas a las que están en crecimiento e innovando a expensas de los titulares perezosos. Sin esa destrucción creativa, ninguna cantidad de acción gubernamental puede elevar el nivel de vida a largo plazo.

Colores primarios

Muchos presidentes han tomado posiciones en las primarias de las que se apartaron como nominados de su partido. Si Warren llegara a la Oficina Oval dentro de 15 meses, los tribunales, los estados y probablemente el Senado la obligarían. El inmenso tamaño y la profundidad de la economía de EEUU significa que ningún individuo, ni siquiera el que está sentado en la Casa Blanca, puede cambiar fácilmente su naturaleza. Sin embargo, el plan maestro pesado de Warren tiene mucho de lo qué preocuparse. Ella necesita encontrar más espacio para el sector privado innovador y dinámico que siempre ha estado en el corazón de la prosperidad estadounidense. Lampadia

En los últimos años, una nueva ola de políticas de corte intervencionista han empezado a asolar las economías de los países que conforman la UE, en un intento por parte de los estados por fortalecer ciertas industrias estratégicas que estarían perdiendo hegemonía mundial, ante el avance de EEUU y China.

Este conjunto de políticas, como venimos advirtiendo previamente en Lampadia: Trampa ideológica, política y académica, se constituye como parte de una ola de pensamiento prevaleciente en los círculos políticos y académicos a nivel mundial, que incide en los supuestos males de la globalización y el libre comercio y que previamente hemos venido rebatiendo en diversas publicaciones (ver Lampadia: El legado del liberalismo de Margaret Thatcher, Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad).

Así, la predilección por parte de los líderes de la UE para seguir emprendiendo dichas iniciativas intervencionistas en el futuro se ha hecho más evidente en un reciente discurso hecho por Emmanuel Macron, presidente de Francia, el pasado 4 de marzo, en el que invoca a todos los gobiernos del bloque, a no menguar sus esfuerzos para revitalizar las empresas en territorio europeo, si las potencias mundiales no respetan las leyes de competencia leal entre los países (ver Lampadia: Macron relanza Europa).

Al respecto, un reciente artículo de The Economist (ver artículo líneas abajo), señala que “Este resurgimiento de la intervención estatal que pretende hacer que las industrias europeas sean más fuertes puede hacer más probable que perjudique a los consumidores y debilite las perspectivas de las empresas”.

En esta línea, desarrolla su argumentación brindando una serie de ejemplos en donde, no necesariamente la planificación central o una mayor participación estatal en el accionariado de las empresas, se condicen con mayores ganancias y por ende con un incremento de su valor de mercado en el tiempo.

De hecho, como señala el popular medio británico, promover el dirigismo estatal en los negocios puede ser hasta perjudicial en el entorno económico de las industrias a intervenir básicamente por tres razones:

• Incentiva el mercantilismo estatal, pues, al ser el Estado propietario de una parte de la empresa, puede buscar facilitarle la adjudicación de ciertos contratos o la promulgación de leyes que la favorezcan.
• Puede generar cierta enemistad entre países que pertenecen a un mercado común, pues le da mayor hegemonía sobre una industria a un país que adquiere mayor accionariado de una empresa con posición de poder, sobre todo en estructuras de mercado oligopólicas o monopólicas.
• No ofrece ninguna garantía de generar empresas líderes en el rubro, en tanto la evidencia muestra muy pocos o ningún caso en los que mayor propiedad estatal esté asociado a mejoras en la gestión y/o valor de las organizaciones.

Por ello, consideramos que la solución al problema de pérdida de poder por parte de las industrias europeas en la economía mundial no debe pasar por mayor intervencionismo estatal sino por generar las condiciones para que se dé una mayor competencia al interior de las industrias afectadas. Esto es, garantizar que las industrias satisfagan efectivamente las necesidades de toda la población europea, de manera que se exploten las economías de escala arraigadas.

Otro camino sería buscar sinergias entre países productores en toda la cadena de valor de determinados productos, con el fin de generar eficiencias en los procesos productivos. En palabras simples, explorar a profundidad la oferta del mercado europeo.

De esta manera, se buscaría beneficiar a los consumidores  a través de menores precios, lo cual enfocaría la atención del comercio hacia los países de la UE. No se trata de ampliar la oferta subsidiándola sino reduciendo sus costos de producción.

Ambas opciones que valdría la pena explorar para sopesar los miedos de Emmanuel Macron y los demás gobernantes europeos de un inminente avance de las dos grandes potencias mundiales, EEUU y China. Lampadia

Los gobiernos europeos intervinienen nuevamente en las empresas
Un hábito francés se está extendiendo

Su señuelo debe ser resistido

The Economist
7 de marzo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Si no puedes vencerlos, adopta sus peores políticas económicas. Preocupado por las “estrategias agresivas” de Estados Unidos y China, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, emitió una proclamación a nivel europeo el 4 de marzo que, entre otras cosas, proponía una nueva era revolucionaria de intervención gubernamental en las empresas de la UE. “No podemos sufrir en silencio”, declaró, mientras que otras potencias mundiales no respetan los principios de “competencia justa”.

Macron no está solo. En todo el continente, los políticos están tratando de influir en las empresas mediante una serie de tácticas que incluyen la regulación, obligar a los gerentes a hacer negocios y aumentar la propiedad estatal.

• En Renault-Nissan, la caída de Carlos Ghosn se ha entrelazado con una lucha por el control entre los gobiernos francés y japonés.
• El mes pasado, Peter Altmaier, ministro de economía de Alemania, pidió que se protejan a las empresas denominadas “campeonas”, como Siemens y Deutsche Bank.
• La semana pasada, se supo que el gobierno holandés acumuló una participación del 14% en Air France-KLM para ayudar a su antiguo operador de bandera a “rendir mejor”.
• E Italia está lista para aumentar a un 10% su participación en Telecom Italia, que comenzó a privatizar hace 21 años.

Este resurgimiento de la intervención estatal pretende hacer que las industrias europeas sean más fuertes. En su lugar, es más probable que perjudique a los consumidores y debilite las perspectivas de los negocios.

Por supuesto, Europa nunca ha sido un paraíso de mercados libres sin restricciones. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la UE, fue creada en 1951 para coordinar la actividad industrial. Francia ha adoptado durante mucho tiempo una política dirigista de planificación estratégica por tecnócratas ilustrados. No obstante, en la década de 1990, el estado estaba en retirada. El lanzamiento del mercado único en 1993 prometió un campo de juego del tamaño de un continente para las empresas europeas, que por fin podrían explotar economías de escala y competir sin trabas por los subsidios y las políticas nacionales.

El retroceso hacia la intervención refleja en parte el deseo de Macron y otros políticos de mostrar a los votantes malhumorados que están haciendo que el capitalismo sea más justo. Pero también refleja el temor de que Europa se está quedando atrás de EEUU y China. Los jefes temen que las empresas europeas sean demasiado insignificantes. Si toma las 500 empresas más importantes de Europa y EEUU, la mediana de Europa es un 52% más pequeña por valor de mercado. Europa no tiene gigantes para competir con Amazon o Alphabet y alberga algunas de las nuevas startups dinámicas del mundo.

• El plan de China para dominar varias tecnologías estratégicas, como los nuevos materiales y la IA, y su búsqueda de adquisiciones respaldadas por el estado en Europa, parecen ser amenazadores e injustos.
• Y el primer hábito de la Casa Blanca de decirle a las empresas dónde construir fábricas ha legitimado el tipo de intromisión abierta que se había convertido en un tabú en Occidente.

Sin embargo, la solución de Macron es contraproducente. Alemania y Francia han instado a la fusión de las divisiones ferroviarias de Siemens y Alstom, lo que habría resultado en una empresa con una participación de mercado del 50% en Europa. Pero eso habría elevado el precio de los viajes en tren (la Comisión Europea ha bloqueado sensiblemente el acuerdo). La intervención a menudo también incita a las rivalidades nacionales. Los holandeses compraron Air France-KLM para compensar la influencia francesa.

Puede ser una receta para el amiguismo. ¿El Deutsche Bank, que pagó a 1,098 empleados más de 1 millón de euros al año en 2017, a pesar de las escasas ganancias, realmente merece un tratamiento especial?

Y es poco probable que la intervención logre su objetivo de crear “campeones”. De las cinco empresas más valiosas de Europa, tres (Nestlé, Novartis y Roche) tienen su sede en Suiza, la cual gasta mucho en educación e investigación y desarrollo, pero no participa en la planificación central. Una (Royal Dutch Shell) es transnacional y la otra es una firma francesa de productos de lujo, LVMH, que ha prosperado porque responde a los consumidores de China y no a los planes estratégicos de los burócratas franceses. El único éxito corporativo de Europa con raíces dirigistas, Airbus, se ha disparado desde 2012, cuando se revisó su pacto de participación para reducir la influencia política.

En lugar de seguir una política industrial activista, Europa debería poner a los consumidores en primer lugar. Eso significa imponer la competencia. Los intentos alemanes y franceses de obstaculizar las reglas antimonopolio de la UE son erróneos. Permitir que se formen oligopolios, como lo ha hecho Estados Unidos, crea grandes empresas que cobran en exceso a sus clientes y, tarde o temprano, ejercen más esfuerzo para controlar los mercados que para innovar. En tecnología, Europa debe cumplir con las reglas, como su regulación GDPR (en español, Reglamento General de Protección de Datos), que protege los derechos de los consumidores sobre sus datos y privacidad. Europa también puede seguir profundizando el mercado único. La razón principal por la que algunas industrias, como la banca y las telecomunicaciones, están luchando y fragmentándose es porque aún operan en silos nacionales que impiden a las empresas lograr economías de escala. Y Europa debe ser proporcional a la forma en que controla la inversión extranjera, por ejemplo, de empresas estatales con sede en países autoritarios, en particular China. El objetivo sería bloquear la inversión solo en las industrias más sensibles, como la defensa, controlarla rigurosamente en industrias importantes, como la tecnología, y de lo contrario dar un paso atrás.

Macron tiene razón en que el comercio y los mercados están siendo distorsionados por las acciones de China y, cada vez más, de Estados Unidos. Eso no significa que Europa deba copiar sus errores. Lampadia

De cómo una intervención en contra del mercado avanza hasta destruir la economía de mercado y desbaratar la producción de bienes y servicios.

Las políticas públicas y las decisiones económicas son el espacio de encuentro y desencuentro de la falta de miras, el cortoplacismo y las buenas intenciones, con la cruda realidad determinada por miles de agentes económicos, personas, empresas e instituciones, que responden a incentivos y oportunidades, y no a normas y regulaciones que interfieren en los mercados.

Líneas abajo compartimos una brillante presentación de Ludwig von Mises, de mayo de 1950, que explica con una gran sencillez, cómo las decisiones de gobierno sobre los mercados, así estén inspiradas en buenas intenciones, pueden desencadenar una serie creciente de regulaciones (cada una para remediar el problema ocasionado por la anterior) que terminan conduciendo al Estado a hacerse de capacidades que sustituyen las funciones del mercado y llevan a las economías a disminuir la inversión, la producción, y el bienestar general.

Este tipo de normas terminan produciendo efectos contrarios a sus enunciados y a sus propósitos. En Lampadia desarrollamos, hace algún tiempo, una sección llamada: ‘Normas-contra-propósito’. Lamentablemente, tal como explica von Mises, en el Perú, este tipo de decisiones de gobierno se siguen multiplicando todos los días, al punto de haber intervenido en nuestro novel mercado de principios de siglo y haber creado una costra de normas, instancias, y enfoques burocráticos que, en esencia, han lisiado a nuestra economía de mercado y hecho tortuosos los espacios de innovación, creatividad e inversión.

Un par de ejemplos recientes de intervencionismo, son los casos de la leche (el ejemplo de von Mises), y los cines:

La leche marca ‘Pura Vida’

A mediados del año pasado,  se acusó a [Gloria] de engaño. El Ministerio de Salud,  seguido con gran intensidad por los medios, prohibió el uso de la palabra leche en las etiquetas del  producto.

A un año del escándalo, el consumo de leche bajó 9% en el 2017 y 5% en lo que va del 2018. El precio promedio que están pagando quienes han migrado a otros productos es hasta 25% más alto.

Algo muy grave, porque el Perú tiene un consumo per cápita de leche muy bajo, de 87 litros por habitante/año, cuando la FAO recomienda que sea de al menos 180 litros. 

Efecto colateral: más gasto y menos consumo.

Glosado de: Alimentación saludable: buenas intenciones, pésimos resultados.
Por Julio Luque, Gestión.

El caso de los cines y la canchita

Más recientemente, Indecopi ha invadido el ámbito de la gestión de los cines, con lo cual ya se pararon inversiones en ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio, generando una tendencia de aumento de precios y un menor espacio para el desarrollo del cine nacional, que estuvo creciendo de la mano del crecimiento de la industria atacada en la esencia de su cadena de valor.

Ver en Lampadia: A las empresas se les trata con prejuicio e ignorancia – La convergencia anti-empresa apunta contra los cines.

Nuestro Congreso genera normas de este tipo todos los días. Ojalá nuestros lectores nos traigan más ejemplos. Pero ahora, los invitamos a iluminarse con la sabiduría de Ludwig von Mises:

Las políticas públicas de la tercera vía conducen al socialismo

(Primera parte)

Ludwig von Mises
Traducido y Glosado por Lampadia

Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism
Esta disertación se presentó en el University Club de Nueva York, el 18 de abril de 1950.
Mises Daily Articles, Mises Institute, Austrian Economics, Freedom and Peace, 12 de febrero, 2006.

El dogma fundamental de todas las formas de socialismo y comunismo es que la economía de mercado o el capitalismo, es un sistema que perjudica los intereses vitales de la inmensa mayoría de personas, con el único beneficio de una pequeña minoría de individualistas insensibles. Condena a las masas a un empobrecimiento progresivo. Trae miseria, esclavitud, opresión, degradación y la explotación de los trabajadores, a la vez que enriquece una clase de parásitos inactivos e inútiles.

Esta doctrina se desarrolló mucho antes de que Marx entrara en escena. Sus propagadores más exitosos no fueron los marxistas, sino personas como Carlyle y Ruskin, los fabianos británicos, los profesores alemanes y los institucionalistas estadounidenses.

Y es muy significativo que este dogma solo fuera cuestionado por unos pocos economistas, que fueron silenciados muy pronto, e impedidos de acceder a las universidades, a la prensa, a la dirección de los partidos políticos y, sobre todo, a los cargos públicos. La opinión pública, en su gran mayoría, aceptó la condena del capitalismo sin ninguna reserva.

Socialismo

Pero, por supuesto, las conclusiones políticas prácticas que las personas extrajeron de este dogma no fueron uniformes.

Un grupo declaró que solo hay una forma de acabar con estos males, a saber, abolir el capitalismo por completo. Abogan por tomar en el Estado, el control de los medios de producción privados. Apuntan al establecimiento de lo que se llama socialismo, comunismo, planificación o capitalismo de estado. Todos estos términos significan lo mismo. Los consumidores ya no deben determinar, mediante su compra y abstención de comprar, qué debe producirse, en qué cantidad y de qué calidad. De ahora en adelante, una autoridad central sola debería dirigir todas las actividades de producción.

Intervencionismo, supuestamente una política para la ‘tercera vía’

Un segundo grupo parece ser menos radical. Rechazan el socialismo al igual que el capitalismo. Recomiendan un tercer sistema que, como dicen, está tan alejado del capitalismo como del socialismo, que se encuentra a mitad de camino entre los otros dos sistemas, conservando las ventajas de ambos. Este tercer sistema se conoce como el sistema de intervencionismo. En la terminología de la política estadounidense a menudo se la conoce como la política de la mitad del camino, o la tercera vía.

Lo que hace que este tercer sistema sea popular entre muchas personas es la forma particular en que ellos eligen ver los problemas en cuestión. Según lo ven, por un lado los capitalistas y empresarios, y por otro los asalariados, discuten sobre la distribución del rendimiento del capital y las actividades empresariales. Ambas partes reclaman todo el pastel por sí mismos. Ahora, sugiérales a estos mediadores, hagamos las paces dividiendo equitativamente el valor en disputa entre las dos clases. El Estado como árbitro imparcial debería intervenir, y debería frenar la avaricia de los capitalistas y asignar una parte de los beneficios a las clases trabajadoras. Por lo tanto, será posible destronar al capitalismo moloch [del Culto a Moloch, el Dios de fenicios, canaanitas y cartagineses, que exigía sacrificios humanos], sin entronizar el moloch del socialismo totalitario.

Sin embargo, este modo de juzgar el problema es completamente falaz. El antagonismo entre el capitalismo y el socialismo no es una disputa sobre la distribución del botín. Es una controversia sobre cuál de los dos esquemas de organización económica de la sociedad, el capitalismo o el socialismo, conducen a un mejor logro de los fines que todas las personas consideran el objetivo final de las actividades comúnmente llamadas económicas, a saber, la mejor oferta posible de productos y servicios útiles.

El capitalismo quiere alcanzar estos fines mediante las empresas e iniciativas privadas, sujetas a la decisión suprema de comprar y abstenerse de comprar del mercado.

Los socialistas quieren sustituir los planes de las distintas personas, por el plan único de una autoridad central. Quieren poner en el lugar de lo que Marx llamaba la “anarquía de la producción”, el monopolio exclusivo del gobierno. El antagonismo no se refiere al modo de distribución de una cantidad fija de comodidades. Se refiere al modo de producir todos aquellos bienes que la gente quiere disfrutar.

El conflicto de los dos principios es irreconciliable y no permite ningún compromiso. El control es indivisible. O bien la demanda de los consumidores manifestada en el mercado decide con qué fines y cómo se deben emplear los factores de producción, o el gobierno se ocupa de estos asuntos. No hay nada que pueda mitigar la oposición entre estos dos principios contradictorios. Se excluyen el uno al otro.

El intervencionismo no es un camino dorado entre el capitalismo y el socialismo. Es el diseño de un tercer sistema de organización económica de la sociedad y debe ser apreciado como tal.

Cómo funciona el intervencionismo

No es tarea de la discusión de hoy plantear preguntas sobre los méritos del capitalismo o del socialismo. Hoy estoy tratando solo sobre el intervencionismo. Y no pretendo entrar en una evaluación arbitraria del intervencionismo desde ningún punto de vista preconcebido. Mi única preocupación es mostrar cómo funciona el intervencionismo y si puede o no considerarse como el patrón de un sistema permanente para la organización económica de la sociedad.

Los intervencionistas enfatizan que planean retener la propiedad privada de los medios de producción, el emprendimiento y el intercambio de mercado. Pero, continúan diciendo, es perentorio evitar que estas instituciones capitalistas propaguen estragos y exploten injustamente a la mayoría de las personas. Es deber del gobierno restringir, mediante órdenes y prohibiciones, la avaricia de las clases propietarias, no sea que su codicia perjudique a las clases más pobres. El capitalismo sin ataduras o laissez-faire es un mal. Pero para eliminar sus males, no hay necesidad de abolir el capitalismo por completo. Es posible mejorar el sistema capitalista mediante la intervención del gobierno en las acciones de los capitalistas y empresarios. Dicha regulación gubernamental y la reglamentación de los negocios es el único método para evitar el socialismo totalitario y rescatar esas características del capitalismo que vale la pena preservar.

Sobre la base de esta filosofía, los intervencionistas abogan por una galaxia de diversas medidas. Permítanos elegir uno de ellos, el muy popular esquema de control de precios.

De cómo el control de precios conduce al socialismo

El gobierno cree que el precio de un bien definido, por ejemplo, la leche, es demasiado alto. Quiere hacer lo posible para que los pobres les den más leche a sus hijos. Por lo tanto, recurre a un precio tope y fija el precio de la leche en un nivel menor que el que prevalece en el mercado libre.

El resultado es que los productores marginales de leche, aquellos que producen al costo más alto, incurren en pérdidas. Como ningún agricultor o empresario individual puede seguir produciendo a pérdida, estos productores marginales dejan de producir y vender leche en el mercado. Utilizarán sus vacas y sus habilidades para otros fines más rentables. Por ejemplo, producirán mantequilla, queso o carne.

Por lo tanto, habrá menos leche disponible para los consumidores, no más. Esto, desde luego, es contrario a las intenciones del gobierno. Que quería que sea más fácil para algunas personas comprar más leche. Pero, como resultado de esta interferencia, la oferta disponible disminuye. La medida se prueba como abortiva desde el punto de vista preciso del gobierno y de los grupos que pretendía favorecer. Produce un estado de cosas que desde el punto de vista del gobierno, es aún menos deseable que el estado previo de cosas, que estaba destinado a mejorar.

Ahora, el gobierno enfrenta una alternativa. Puede derogar su decreto y abstenerse de cualquier esfuerzo adicional para controlar el precio de la leche. Pero si insiste en su intención de mantener el precio de la leche por debajo del que el mercado libre habría determinado, no obstante, evitar una caída en el suministro de leche, debe entonces, tratar de eliminar las causas que hacen que el negocio de los productores marginales no sea rentable. Debe añadir, al primer decreto relacionado solo al precio de la leche, un segundo decreto que fija los precios de los insumos necesarios para la producción de leche, en un nivel tan bajo que los productores marginales de leche no sufran más pérdidas y, por lo tanto, se abstengan de restringir su oferta.

Pero luego, la misma historia se repite en un plano más remoto. El suministro de los insumos requeridos para la producción de leche cae, y nuevamente el gobierno está de vuelta donde comenzó. Si no quiere admitir la derrota y abstenerse de cualquier intervención en los precios, debe ir más allá y fijar los precios de los insumos necesarios para la producción de los insumos necesarios para la producción de leche.

Por lo tanto, el gobierno se ve obligado a ir cada vez más lejos, fijando paso a paso los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto laborales como materiales, y a ordenar, a cada empresario y a cada trabajador, que sigan trabajando con esos precios y salarios. Ninguna rama de la industria puede dejarse de lado, de esta fijación general de precios y salarios, y de la obligación de producir aquellas cantidades que el gobierno quiere ver producidas. Si algunas ramas industriales se dejan libres, por el hecho de que solo producen bienes calificados como no vitales o incluso como lujosos, el capital y el trabajo tenderían a fluir hacia ellos y el resultado sería una caída en el suministro de aquellos bienes, cuyos precios ha fijado el gobierno precisamente porque los considera indispensables para la satisfacción de las necesidades de las masas.

Pero cuando se alcanza este estado de control general de las empresas, ya no puede haber ningún tipo de economía de mercado. Los compradores, mediante su decisión de comprar o abstenerse comprar, ya no determinan qué se debe producir y cómo. La capacidad de decidir recae en el gobierno. Esto ya no es capitalismo: es una planificación integral por parte del gobierno, es el socialismo. Lampadia

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, en el Perú se sigue desnaturalizando la relación de algunas grandes empresas con el Estado.

• “Las grandes empresas no pagan impuestos”: Se ha creado el ‘San Benito’ de que las grandes empresas no pagan impuestos. Pero la verdad es todo lo contrario, los ingresos fiscales están concentrados en muy pocas empresas, las más grandes y formales.

• Intervencionismo Siglo XXI: Desde los albores del siglo, el voluntarismo político ha ido generando un nuevo intervencionismo del Estado en todos nuestros mercados. La actividad privada de estos días, está tremendamente limitada y desalentada.
   
• Ninguneo del sector privado: Nuestros políticos y funcionarios públicos no entienden las medidas de nuestra economía. Hoy, gracias a las reformas económicas de los años 90, tenemos una economía conectada al mundo, en la cual la inversión privada da cuenta del 80-90% de la inversión, 80% del empleo, y 90% de los ingresos fiscales. Sin embargo, se sigue pensando que el futuro de la economía depende de lo que se haga en el ámbito del Estado.
   
• La invasión de asesores estatistas: Desde el año 2000, el Estado ha sido ocupado por muchos funcionarios y asesores de orientación estatista. Esta tendencia se exacerbó notoriamente en el gobierno de Humala-Heredia, algo que no corrigió el gobierno de PPK. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del estatista Jaime Saavedra, batió el record de consultorías, dedicando buena parte del presupuesto a contratar asesores de la PUCP, de orientación anti-inversión-privada en educación.

  Por ejemplo, hace un año, el entonces primer ministro Fernando Zavala, reportó que:

  “Durante el 2016, el Ejecutivo contrató servicios de consultorías, asesorías y similares con personas jurídicas por S/ 500 millones. En tanto, contrató estos servicios con personas naturales por S/ 622 millones, por lo que ambos conceptos suman S/ 1,122 millones.

  En el devengado por personas jurídicas, quienes más contrataron fueron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por S/ 138 millones. Esto provino principalmente de las consultorías contratadas por Osinergmin, Ositran y Devida, informó hoy martes el primer ministro Fernando Zavala ante la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso.

  En segundo lugar, el ministerio de Educación contrató S/ 90 millones, el MEF S/ 88 millones, el MTC S/ 78 millones y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 17 millones”.
  Gestión: 16 de mayo, 2017

El recorte de gastos anunciado por el gobierno de Vizcarra, se concentra en gran medida en el sector educación. Suponemos y esperamos que se esté corrigiendo esta infiltración desde la PUCP.

• Acoso a la inversión privada: En los últimos años, no solo se ha estado haciendo la vida imposible a la inversión privada, también se ha estado haciendo una suerte de acoso a las grandes empresas, desde la Sunat.

Por ejemplo: luego de las tardías verificaciones tributarias que conduce la Sunat, sus funcionarios han desarrollado interpretaciones fiscalistas, abusivas en muchos casos, como desconocer los gastos de cobranza de bancos y telecoms, por supuestas fallas documentarias absurdas. Este tipo de observaciones dio lugar a acotaciones de impuestos, más multas e intereses, que generaron enfrentamientos que han servido para acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos.
Lo mismo pasó con el sector minero, con antojadizas interpretaciones de los contratos de estabilidad tributaria.
Ver en Lampadia: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar y Sobre deudas, acotaciones y litigios.

• De satélites y procuradores: Recientemente, se ha producido un nuevo caso de acoso a las operaciones del sector privado. En esta ocasión, en relación a los servicios satelitales usados por las empresas de telecomunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia, contrariando los criterios técnicos de la Intendencia Jurídica de la Sunat, del Tribunal Fiscal, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido que los operadores satelitales no domiciliados en el Perú, están sujetos al Impuesto a la Renta.

Este fallo ha sido posible por la insistencia procesal del Procurador de la Sunat, que ha llevado el caso hasta la Corte Suprema. O sea, el abogado del Estado, en contra de las decisiones del Estado.

Esta decisión afecta la predictibilidad del espacio tributario, la viabilidad de los servicios de comunicaciones en las localidades más remotas del país, y sigue alimentando criterios equivocados sobre las condiciones para hacer negocios en el Perú.

• No hay primera sin segunda, ni tercera: Este caso está manejado por el mismo procurador que, en los casos contenciosos mencionados líneas arriba, salía en los medios de comunicación a acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos. Alimentando así, de argumentos perversos, a los enemigos de la economía de mercado y de su principal motor, la inversión privada.

Ahora que estamos en una crisis de ‘vacas flacas’ en el Estado, es hora de que en el gobierno se prendan algunas luces que iluminen a la población y marquen el camino de los funcionarios públicos, para que podamos recuperar la senda del bienestar.

Basta de acosar a la inversión privada. Los empresarios no son una fuerza de ocupación extranjera, sino, nuestros mejores socios para promover la inversión, el empleo y el crecimiento de los recursos fiscales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

El mes pasado, el parlamento boliviano aprobó una ley que permitiría que el presidente Evo Morales postule para otro mandato (por quinta vez) si es ratificado en un referéndum nacional el próximo año. La ley, aprobada en una maratónica sesión por más de dos tercios de los legisladores (típica de las nuevas ‘democracias’ de papel), enmendaría nuevamente la Constitución para eliminar los límites del mandato presidencial.

Esto iría en contra de los ideales de su propia ‘cacareada’ cultura indígena. En un reciente artículo de The Economist, uno de sus legisladores aymara, Rafael Quispe, afirma que Morales estaría haciendo campaña con el lema “También yo quiero ser rey”. “Esto está lejos de ser un gobierno de los indígenas”, dijo Quispe. “Los aymara tienen una regla, taqui muyu. Significa liderazgo de alternancia. En nuestras comunidades, se elige un líder por dos años, tres cuando mucho. No puede volver a serlo, aun cuando nos ruegue”.

Morales, que llegó al poder en 2006 y cuyo índice de aprobación está por encima de 60%, afirma que sería feliz de renunciar a la presidencia, pero dice que son sus seguidores quienes lo estarían presionando para que se quede (sorprendente, considerando la opinión de su propio legislador aymara mencionada líneas arriba). Pero la verdad es que con tantos programas asistencialistas (Morales distribuye dinero a manos llenas, casi un tercio de los bolivianos, poco más de tres millones, recibe algún tipo de ayuda estatal), no es extraordinario que mantenga una alta popularidad y apoyo del pueblo, a pesar de que el país siga siendo uno de los menos desarrollados de América Latina, debido a las políticas orientadas al Estado que disuaden la inversión privada y el crecimiento.

Siguiendo el libreto de las ‘nuevas democracias’, el presidente Evo Morales impuso una nueva constitución en 2009 para ampliar sus poderes ejecutivos y estatizar la economía. Se ha comprometido llevar a Bolivia hacia un “socialismo comunitario”.  Mientras tanto, la tasa de inversión privada es una de las más bajas de la región. La mitad de todos los bolivianos viven en la pobreza y casi el 60 % de los trabajadores son informales.

Con el Rey Morales, el crecimiento económico de Bolivia ha sido bastante alto. Cerró el 2014 con un PBI per cápita superior a los 3,000 dólares, cifra que triplica lo registrado en 2005, cuando el ingreso individual era apenas de 1,010 dólares. Sin embargo, el Banco Mundial prevé que en 2016 la economía boliviana tendrá un crecimiento menor al de otros años, estimando una tasa de 3%. Las cifras del FMI son un poco más alentadoras, le dan a Bolivia una tasa de 3.5%, casi un punto porcentual menos que la proyección de la CEPAL de 4.4% para la próxima gestión. 

Gran parte de este desempeño se puede atribuir a los precios del gas natural, el mayor recurso estratégico de Bolivia. La bonanza de las materias primas proporcionó un superávit presupuestario y los medios para proyectos de infraestructuras y muchos programas sociales. En 2014, las exportaciones de petróleo y gas natural representaron el 54 % de los ingresos totales de exportación de Bolivia y el 8% del PBI. La avidez por recursos fiscales, único mecanismo para mantener el bombeo del crecimiento y clientelismo, llega a tal punto que hace 3 meses, Morales dispuso la explotación petrolera en medio de las reservas naturales, ver en Lampadia: Evo Morales y Rafael Correa promueven ahora el extractivismo.

La mayoría de los recursos de gas natural e infraestructura de Bolivia se encuentran en el sur-este del país, siendo su centro agrícola y económico. Pero, en la última década, el presidente boliviano ha ido consolidando el poder (y, por extensión, sus recursos de gas natural), lo que le ha permitido continuar con su agenda populista e impulsar la estatización de las industrias de energía y minería del país. Desde 2006, Bolivia ha logrado vender su gas natural a sus consumidores primarios, Brasil y Argentina, a precios cada vez más altos. Ha reinvertido casi todos esos ingresos en paquetes sociales que beneficiaron a sus electores, ganando suficiente respaldo para dominar tanto en las elecciones presidenciales de 2009 y 2014.

Pero el boom del gas natural ha comenzado a disminuir, lo que limitará las opciones de Morales en los próximos años. Durante la última década, Bolivia intensificó su producción de gas natural para satisfacer la creciente demanda de Brasil y Argentina. Sin embargo, el descenso de los precios de las materias primas, debido en parte al ajuste de la economía China, ha ejercido presión sobre las economías de Brasil y Argentina, por lo que han reducido sus demandas de gas natural boliviano. Como resultado, las exportaciones de gas natural ascendieron a tan solo US$ 2,100 millones entre enero y junio de este año, una caída de más de 35% en comparación con el mismo periodo de 2014.

El modelo caudillista que encarna Morales se ve reflejado en sus políticas nacionalistas por las cuales existe una falta de inversión extranjera en los sectores claves de hidrocarburos y minería, además de rígidas normas laborales, que se suman a una percepción de aumento de la subyugación económica bajo su mandato, que ya ha expropiado más de 20 empresas privadas desde 2006.

El entorno empresarial es muy débil. Según las cifras del ‘Doing Business 2015’ del Banco Mundial, Bolivia ocupa el puesto 162 de 189 países. El riesgo de expropiación es muy alto y limita el incentivo de los inversores. En los últimos años, varias empresas han sido (re)nacionalizadas, en particular en los  sectores de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por ejemplo, en 2013, la empresa nacional de energía, TDE, (Transportadora de Electricidad) y la empresa encargada de operar en varios aeropuertos, SBSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos), ambas españolas, fueron estatizadas.

La nueva Ley de Servicios Financieros (aprobada en agosto de 2013) ilustra el creciente intervencionismo estatal con el que actúa el gobierno, ya que ahora cuenta con el poder de establecer mínimos en las tasas de depósitos y regular las tasas de préstamos, así como fijar las cuotas mínimas de crédito a los sectores productivos y de viviendas de interés social.

Bolivia, un país pobre, es parte del Alba y tiene una mejor performance que sus maestros venezolanos que han destrozado una economía relativamente rica. Morales, ha logrado mejorar los ingresos de Bolivia por la apropiación del sector primario, partiendo desde muy abajo, pero sin lograr desarrollar una avenida de prosperidad de largo plazo. (Ver el PBI venezolano).

Una economía no puede desarrollarse aplicando un enfoque dominantemente estatal, sobre todo si es un país pobre como Bolivia y necesita generar riqueza a mayor velocidad. Su modelo se sustenta únicamente, a diferencia del Perú, en la exportación de commodities capturados por el Estado, anula la creatividad de los bolivianos y condena a toda una generación a vivir del clientelismo mendicante. 

En términos políticos, no solo se ha instaurado una suerte de monarquía, también se ha entronizado el manejo de las turbas como formas antidemocráticas de la llamada ‘democracia directa’. Además, como sabemos, a mayor concentración de poder, más corrupción. Todavía hay que descorrer los velos que protegen los círculos de poder boliviano del escrutinio público. Lampadia

Ayer presentamos un primer análisis sobre la Reunión de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) (ver en Lampadia: El Mundo en el Perú (1): Felicitaciones). Hoy nos toca hacer algunas críticas, no a los organizadores, sino al establishment peruano que ha perdido la oportunidad de albergar este magno evento con mejor disposición y aprovechamiento.

Ya hemos remarcado la importancia de este singular evento en el Perú, lamentablemente, debemos reclamar que buena parte de nuestra clase dirigente, políticos, líderes empresariales, gremiales, académicos y periodísticos, no solo han pasado por alto tremenda oportunidad de nutrirnos del mundo y de dar a conocer la realidad de nuestro país, sino que inclusive se ha llegado a jugar un partido contrario a los aportes de la reunión en presencia de nuestros visitantes.

Por ejemplo, la PUCP, donde se albergan varios economistas anti-globalización, anti-TLCs y anti-minería, organizó por todo lo alto un evento para destacar la presencia y mensajes de Joseph Stiglitz, del Premio Nobel anti-globalización y anti FMI y Banco Mundial. En esta reunión el Nobel dijo que: “el petróleo y el cobre le pertenecen a los peruanos” (La República). ¿Qué será lo que implica? ¿Que los peruanos hagamos lo mismo que en el desastre ecológico de Tambogrande, donde se echó a una empresa moderna para que las hordas tomaran de cualquier manera algo de mineral?

Por otro lado, algunos personajes no especificados organizaron una reunión ‘masiva’ de los ‘indignados peruanos’ llamada: “Desmintiendo el milagro peruano” en el Hotel Bolívar, a la que asistieron 200 personas.

En esta reunión, según radioexitosa.pe, Stiglitz recomendó al Perú que “rompa de una vez el chanchito y no ajustarse en exceso”. Sobre el llamado ‘milagro económico’, dijo “simplemente que no existe”. Estuvo acompañado por de Echave, Dancourt, Dammert y Martín Guzmán. Se fotografió con Gonzalo García y Michel Azcueta.

Dado el despliegue sobre Stiglitz, es oportuno revisar una reciente publicación de Carlos Rodríguez Braun, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, “Ojo con Stiglitz”, en el que critica duramente a este activista por su libro ‘El malestar en la globalización’, que el autor del artículo tradujo. Por ejemplo, comenta que Stiglitz afirma que: Rusia es una economía de mercado. (Ya dijo antes que Venezuela era una democracia). “Recela de los mercados pero no es consciente de los fallos del Estado. Plantea la vieja patraña de que los que confían en el mercado padecen “ideología” mientras que los intervencionistas son “economistas de primera fila” –los marxistas ya hablaban de ideología contra ciencia, que era la suya. Stiglitz desbarra diciendo que sólo los intervencionistas se ocupan de los pobres. Aduce que no hay relación entre salarios mínimos y desempleo, contra mucha teoría y evidencia empírica. Afirma que los liberales no prestan atención a “las instituciones civiles y las estructuras legales que hacen funcionar a las economías de mercado”. Con esta engañifa el intervencionismo cae por su propio peso: como el mercado no es perfecto, entonces el Estado debe actuar. La norma de este libro es exagerar el papel del liberalismo y sofocar el del intervencionismo. Sostiene que la liberalización comercial es resistida porque crea paro [desempleo], como si no fuera resistida por grupos de presión proteccionistas”.

En resumen, este ‘valor deteriorado’ fue para los negacionistas, el referente privilegiado para pasar el contrabando de su ideología y mitos anti desarrollo.

Por el lado de los medios fue notorio el alejamiento de los mismos de los principales personajes que nos visitaron, así como de las lecciones que estaban a nuestro alcance. Por ejemplo, ‘Cuarto Poder’ de América Televisión trató el último domingo, el día de cierre del evento en cuestión, “las esterilizaciones forzosas, de indultados a marcas y víctimas de la belleza”. RPP, en la hora principal del jueves pasado, en medio del evento, se entrevistó a Isaac Humala, que aprovechó para mentir sobre un proyecto minero y que es quien nos amenaza con las movilizaciones de los ‘reservistas’ para parar todos los proyectos de inversión.

En cuanto al mundo académico y empresarial, fue notoria la ausencia de muchos de sus representantes en el evento. Aparentemente, para varios resultó más conveniente aprovechar el feriado largo antes que nutrirse de mundo. Dejaron de empoderarse para poder ser mejores líderes de opinión. No se aprovechó el baño de internacionalización, nos quedamos con el ropaje del parroquialismo en el que vivimos.

Con respecto a las características del Perú y la apreciación de nuestra realidad, las autoridades peruanas, participantes en el evento, dejaron que se confunda la situación del Perú con la de otros países de la región. No supieron explicar nuestras singularidades, como las referidas a las reservas productivas que tenemos en muchos sectores y al potencial productivo que podemos poner en valor para recuperar el crecimiento económico, además por supuesto, de la necesidad de emprender una serie de reformas importantes. (Ver en Lampadia: Sudamérica: Crecimiento visto con lentes oscuros).

Nuestra gente necesita tener la mejor información sobre el mundo en que vivimos. Eso es responsabilidad de los líderes de opinión y de los medios. Lampadia

Por Manuel Sanchís i Marco

(El País, 02 de Diciembre del 2014)

España no está plenamente atravesada por el espíritu del capitalismo. Sigue destilando resabios de ese intervencionismo y miedo a la competencia que ha sido seña de identidad de la derecha española y, en buena medida, también de la izquierda. Desde la dictadura de Primo de Rivera, nuestro capitalismo ha estado interferido por un océano de regulaciones, corporativismos, y ayudas de Estado, garantía de la reserva de mercado interior para grupos privilegiados. Una realidad convertida en caricatura durante la autarquía franquista, mala copia de las recetas económicas del totalitarismo nazi y del corporativismo italiano.

Aunque se suavizó con el desarrollismo, esa obsesión intervencionista por restringir la competencia ha esterilizado muchos esfuerzos por mejorar la productividad. Ha primado el interés de los grupos privilegiados —desde monopolios u oligopolios hasta corporativismos gremiales— por encima de los avances en productividad. Así lo documentan estudios concienzudos (Viñas, et al.: Política comercial exterior en España, 1931-1975, Banco Exterior de España, 1979), y también lo reflejaba de un modo plástico la película de Berlanga La escopeta nacional. En España se ha competido más en proximidad al poder que en calidad y precios. Es sobre todo la prebenda, no el mercado, lo que guía la acción empresarial, para mayor desgracia nuestra.

Cierto es que la lucha política por los favores del poder también tiene lugar en países que no han sufrido dictaduras, como EE UU. Pero es otro el escenario. La maraña de regulaciones que sufrimos en España sería algo inaudito en EE UU, donde se disfruta de mayor libertad y transparencia en los mercados, y donde la acción de los lobbies está admitida y regulada. Este rechazo español al libre mercado ha desembocado en un capitalismo de corte asistencial y garantizador de privilegios. Si quienes se acercaban a los aledaños del régimen franquista eran antes los políticos, sindicalistas, patronal, banca, Iglesia, universidades, mundo de la cultura y las artes, funcionarios, gremios y corporaciones, ahora siguen siendo estos mismos quienes cortejan a las élites corruptas del Estado democrático para parasitarlo y obtener así sus gabelas a costa del bien común.

Tanto el PP como el PSOE se han alimentado electoralmente de esa cultura del capitalismo asistencialista que padecemos, lo que ayuda a comprender por qué tanto uno como otro, al burocratizarse, se han convertido en una extremidad más de las estructuras del Estado. Tampoco cabe extrañarse de que Podemos busque la centralidad política, pues su objetivo tácito es, en mi opinión, capturar votos de la base electoral de ese capitalismo asistencialista. Si en 1789 fueron los sans culottes y la burguesía los que se unieron para hacer triunfar la Revolución Francesa, esta vez han sido los desfavorecidos, las clases medias, profesionales y funcionarios de cierto nivel los que van a votar a Podemos como revulsivo contra la política tradicional. Al perfil del votante potencial de Podemos responden ciudadanos de entre 35-54 años, con un nivel educativo respetable (21% con nivel universitario, según la encuesta Metroscopia) y que entienden de qué va el asunto.

Aunque las élites no crean en la revolución, esta puede adoptar una expresión más sosegada pero igualmente amenazante para sus privilegios. Y los poderes políticos deberían también recordar que es la sociedad civil, no los partidos, la encargada de transformar la realidad. La sociedad civil, mediante el poder comunicativo ejercido a modo de asedio, puede hostigar al sistema político, como el que asedia una fortaleza, pero sin intención de asaltarlo (Habermas: Facticidad y validez, Trotta, 2010, p. 612). Los partidos, sin embargo, constituyen prolongaciones del aparato institucional de los Estados, cuyo fin último es su supervivencia en tanto que organizaciones. Ello explica que solo sean reactivos, y no proactivos, ante las presiones sociales, y que se muevan a remolque de la realidad hasta verse desbordados por ella.

¿Dónde están los cuadros que dieron consistencia interna al proyecto político que tenían en mente para España Adolfo Suárez o Felipe González? Algunos, los mejores, volvieron a sus quehaceres profesionales, a sus despachos de abogado, a sus cátedras, a sus estudios de arquitectura, etcétera. En el interregno, la nomenclatura de los partidos ha ido ascendiendo por capilaridad y ha ocupado los puestos clave de su estructura de poder. Allí se ha instalado una feliz aurea mediocritas: el mejor caldo de cultivo para el chalaneo y la corrupción de las élites. Esta perversión de la política ha llevado a considerarla como un medio para ganarse la vida, en lugar de entenderla como un servicio público que se debe ejercer de manera transitoria. La situación es vieja, Max Weber, en su conferencia de 1919 La política como vocación, nos alertó de que la empresa política quedaba en manos de “profesionales” a tiempo completo que se mantenían “fuera” del Parlamento, y que unas veces eran “empresarios”, y otras, funcionarios a sueldo fijo (El político y el filósofo, Alianza, 2010, p. 129).

Hace unos años, al igual que muchos otros, expresé mis temores de que el PSOE se pudiese convertir en un epifenómeno de nuestra historia política si continuaba sin proyecto para España (EP, 14-12-2011). En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las elecciones recientes han confirmado la tendencia a que el PSPV-PSOE obtenga peores resultados en las autonómicas que en las generales: pasó del 41,3 % en las generales (2008) al 28,7 % en las autonómicas (2011), es decir, un desplome de 12,6 puntos. Cierto es que el enorme desgaste que sufría el PSOE a escala nacional en 2011 —cayó al 27 % en las generales—, terminó por afectar también al PSPV; además, el factor táctico del voto útil en las autonómicas siempre ayuda a dispersar el voto hacia otras formaciones. A pesar de ello, los datos revelan que el elector socialista de la Comunidad Valenciana penaliza al PSPV frente al PSOE y envía un mensaje claro y manifiesto a sus líderes: socialdemocracia sí; PSPV, no. Sin embargo, a los propietarios del partido en Valencia, no les inquieta lo más mínimo esta sangría de votos, convencidos como están, interesadamente, de que estas cifras reflejan tan solo un fenómeno cíclico. Se equivocan de principio a fin, no es un ciclo, es el final.

No soy un profeta de las desgracias, pero si el PSOE no quiere reunir los huesos que se exhumen de las distintas sepulturas autonómicas para quedar definitivamente enterrado en el osario político nacional, está obligado a proponer con claridad un nuevo proyecto socialdemócrata para España. Lo contrario supondrá cerrar a piedra y lodo su papel histórico, y entregar en bandeja al PP una alternativa que resultará inquietante tanto para la socialdemocracia española como para la propia estabilidad constitucional de España: o bien el bipartidismo de PP-Podemos, o bien el binomio PP-PSOE versus algún tipo de unión popular.