De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia  

Se tejen muchos prejuicios sobre las empresas, especialmente luego de alguna noticia negativa, escándalo o de una crisis como la del 2008/9. Como toda institución humana, ‘la empresa’ está sujeta a los mismos avatares que cualquier otro tipo de institución. Sin embargo, es importante tomar nota que el mundo empresarial está en constante proceso de mejoras y, durante las últimas décadas, se han ido incorporando múltiples procesos que complejizan su manejo, pero hacen de las empresas mejores entes sociales. Uno de estos procesos es el que se viene dando en los directorios, la máxima instancia de gobierno empresarial, donde se han incorporado prácticas de gobierno corporativo y directores independientes, entre otras.  

La tecnología, la globalización, la coyuntura actual y la evolución de los comportamientos de los clientes y una serie de otros factores están creando un entorno empresarial altamente dinámico. Las empresas actuales deben adaptarse o serán superadas por otras más emprendedoras. El ritmo varía, pero todo cambio puede traer dificultades, tanto a nivel organizacional como personal. Por eso, las empresas deben aprender a manejar el cambio para competir eficazmente.

Fuente:  escudoazul.pe

Para eso, EY Perú (Ernst & Young) publicó el informe ‘Directorios adaptativos: Capacidad de reacción de los directorios ante un entorno cambiante’, en el cual se analiza cómo debe reaccionar la Alta Dirección de las empresas con un entorno de negocios cambiante. Para esto, EY Perú (Ernst & Young) realizó la Primera Encuesta del Funcionamiento de Directorios en Chile y Perú. Gracias a ésta, no solo es posible encontrar respuestas sobre el tipo de cambios que identifican los directorios, sino también su magnitud y relevancia. Además, permite conocer cómo enfrentan estas transformaciones en el entorno y que medidas de acción adoptan para minimizar los riesgos o aprovechar las oportunidades que tales cambios representan.

En términos generales, la encuesta ha abordado 7 temas para consulta, además de solicitar comentarios sobre los temas evaluados.

1. Cambios en el Marco Institucional

El marco institucional sobre el cual se desenvuelven las empresas ha cambiado significativamente en la última década. En el caso del Perú, casi el 60% de los encuestados peruanos consideró que han ocurrido mejoras significativas en el funcionamiento, prestigio y predictibilidad de las instituciones en los últimos 10 años (comparadas con el 20% de Chile).

Sin embargo, la encuesta también refleja que, en Perú, los directores no son tan optimistas sobre el marco regulatorio y menos sobre la implementación por parte del regulador. Solo el 35% – 40% de los encuestados considera que ha mejorado la consistencia en la aplicación de normas por parte del regulador, comparado a 50% en Chile.

De acuerdo con esa encuesta, “la calidad y aplicación de la normativa regulatoria, que forma parte del marco institucional, es deficiente en el Perú. Esto justificaría el menor ánimo peruano con respecto a la consistencia en la implementación de la regulación”.

2. Cambios en el entorno social y económico

Los cambios que han experimentado las sociedades en lo social y económico son tan significativos que el 87% de los encuestados peruanos los perciben en los últimos 10 años. En ese contexto, las expectativas de los stakeholders se han modificado y alrededor del 80% de los encuestados de ambos países toman gran importancia entender y administrar estas expectativas.

3. Cambios en la industria y en el modelo de negocios

Más del 90% de los encuestados chilenos y peruanos perciben en la actualidad que sus clientes son más sofisticados y exigentes, y esperan que las empresas se adapten a ellos. Tres de cada cuatro encuestados de ambos países afirman que en los últimos 10 años la globalización y tecnificación de su industria ha evolucionado significativamente.

4. Percepción del riesgo asociado con los cambios

Todas las disrupciones generan cierto nivel de incertidumbre y, en el caso peruano, la percepción de un mayor riesgo es percibida por poco menos del 70% de los encuestados. Dada la alta percepción de riesgo, es de esperarse que hacer negocios no sea sencillo. Es por ello que el 75% de los encuestados peruanos consideren más complejo hacer negocios, especialmente en lo sectorial (83% ve mayores riesgos) y por su empresa (85%).

5. Capacidad de reacción de los directorios

Los miembros de directorios consideran que cualquier situación que genere incertidumbre es una oportunidad, pues permite a quienes estén preparados posicionarse mejor. Sin embargo, para aprovechar la oportunidad, se requiere entender el entorno de manera anticipada para tener el tiempo necesario para reaccionar. Es interesante notar que, comparativamente, los encuestados peruanos son más confiados en su capacidad de entender las tendencias de su mercado y sus habilidades para actuar que los chilenos.

Los directores peruanos no se dejan intimidar por los cambios que los rodean, sino los consideran una oportunidad que sienten deben aprovechar. El 73% de los encuestados peruanos ve este sentido de oportunidad, mientras que sus pares chilenos obtienen un 66%. La preparación es parte importante para enfrentar los cambios. Y es por ello que 6 de cada 10 directores afirma que su empresa ya implementó acciones concretas para enfrentar cualquier cambio.

6. Análisis del entorno y tendencias

El manejo de información y el entendimiento de las tendencias les permiten a los directores sentirse más seguros con respecto a las opciones estratégicas que manejan para anticiparse a los cambios. El 92% de los encuestados peruanos y chilenos afirman que disponen de información suficiente, relevante y confiable para tomar decisiones con respecto a los diferentes tipos de cambios que enfrentan.

7. Disposición a cambiar prácticas

Los miembros de directorio se sienten informados y preparados para enfrentar los cambios. Es más, 7 de cada 10 encuestados en ambos países están dispuestos a ajustar o modificar las prácticas que hoy tienen.

Conclusiones

El estudio refleja “un entorno cambiante y complejo para las empresas y sus directorios, una actitud orientada a transformar los cambios en oportunidades de negocio y una evidente estrategia para prepararse internamente y anticiparse a ellos”. En la medida que los peruanos vean los riesgos en su entorno, es posible que mejores sus capacidades para enfrentarlos. Y es por ello que tres de cada cuatro entrevistados busca sacar provecho de estos riesgos y transformarlos en oportunidades. Lampadia

Contra viento y marea, el Lampadia seguimos denunciando las acciones políticas de los grupos anti-mineros que también llevan su prédica manipuladora y mentirosa fuera del Perú. Así   siembran sus mensajes en los organismos internacionales, que luego les sirven para validar sus planteamientos en los medios locales y con las ONGs extranjeras que los financian.

Estos activistas, con la careta de los derechos humanos, se despachan con falacias como:

• El Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden
• En el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras
• “Después de 23 años seguimos siendo el departamento [Cajamarca], más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia”

Fuente:  muqui.org

Se desprestigia al Estado; no se explica que la policía debe proteger la producción del país, en espacios donde los anti-mineros, atacan constante y violentamente las instalaciones productivas; y se oculta el origen del empobrecimiento de Cajamarca, que con el potencial de ser uno de los departamentos más ricos del Perú, ha transitado hacia la pobreza por las acciones políticas de los anti-mineros, con todo tipo de violencia: extorciones, amenazas, ataques, asesinatos, coerción y por supuesto campañas de medios para falsear la realidad. (Ver en Lampadia: Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’). Tampoco explican que otro departamento (Apurímac), que sí permitió el desarrollo de la mineria moderna, ha reducido la pobreza aceleradamente, desde el período de construción de una de las inversiones más importantes del país, como Las Bambas.

Pero, peor aún que las mentiras de los agentes del empobrecimiento del país, es la débil representación del Estado, con presentaciones débiles y reactivas, así como la ausencia en estos foros, del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que está obligado a ejercer una representación proactiva y asertiva de la industria minera, una actividad fundamental para el futuro de los peruanos.

Veamos la nota de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq:

Camilo Ferreira y Rómulo Villegas
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Fuente:  muqui.org

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

Estas son las tecnologías que Sánchez afirman “no han funcionado”. (Foto: Yanacocha.com)

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú. Lampadia

Desde las tripas del ‘Ogro Filantrópico’, el Gobernador de la Región Ica, Fernando Cillóniz sigue desnudando al monstruo de la corrupción enquistado en el Estado. Cillóniz no solo está dedicado a conducir ejemplarmente los destinos de la región que está a su cargo, también está desarrollado un difícil acuerdo birregional con Huancavelica para aprovechar el potencial de desarrollo de ambas regiones y, mostrándonos a todos los peruanos como se han prostituido los espacios del Estado con ‘instituciones’ como el tarjetazo, el clientelismo y la impunidad.

Ver en Lampadia sus dos columnas anteriores:

• Mi confesión sincera
• Faltas graves

En esta ocasión, Cillóniz describe el desperdicio de los escasos recursos del Estado en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de marzo de 2017
Para Lampadia

El Producto Bruto Interno (PBI) de un país crece en la medida que aumenta la inversión en infraestructura. Eso lo sabe cualquiera. A más carreteras, más PBI. A más ferrovías, más PBI. A más irrigaciones y gasoductos… más PBI. 

Pero no todo PBI es bueno. Por ejemplo, las inversiones de la pandilla brasilera en proyectos como la Carretera Interoceánica, la Línea 2 del Metro, y el Gasoducto Sur Peruano – por solo mencionar unos cuantos – aumentaron el PBI de nuestro país. Y – aunque parezca mentira – las adendas que inflaron los costos de dichos proyectos también; ¡incluidas las coimas y sobornos!

Pues bien, en el ámbito iqueño, la situación es parecida. Las gestiones anteriores – tanto regionales como locales – aumentaron el PBI de Ica a través de inversiones sobrevaloradas, mal hechas, pésimamente priorizadas, y encima la gente se pregunta: ¿cuánta cutra habrá corrido por ahí? ¿Quién responde por los proyectos fallidos como el Mercado de Pueblo Nuevo en Chincha que está inoperativo, una Defensa Ribereña inexistente en Pisco, el enorme pedestal del Inca Pachacútec en el distrito del mismo nombre en Ica, los puentes inacabados de Palpa, la grotesca Plaza de Armas y Palacio Municipal de Marcona en Nasca, y varios esperpentos más?

Pero ahí no acaba la cosa. Cuando asumimos la gestión en el 2015, encontramos cerca de 40 obras inconclusas y abandonadas, entre las cuales había proyectos de agua y desagüe, puentes y caminos, centros de salud y escuelas, proyectos de seguridad ciudadana, entre otros. ¡Más de 200 millones de soles – que para Ica es un mundo de plata – que no sirven para nada! Repito; todos proyectos inconclusos, abandonados, y – lo que es peor – judicializados, dado que las obras estaban “garantizadas” por Cartas Fianzas… falsas. ¡Una estafa!

Seamos sinceros. El PBI de nuestro país – y en particular, de la Región Ica – está inflado (1) por sobrevaloración de los costos de algunos proyectos de infraestructura, (2) por el pago de coimas y sobornos, (3) por las inversiones en obras inútiles, y (4) por obras inconclusas y abandonadas. Insisto, no todo crecimiento del PBI es bueno. También puede haber PBI del malo, y ¡vaya que tenemos bastante PBI malo en nuestro país!

¿Qué hacer frente a tanta podredumbre? Pues corregir – de raíz – la causa de todo este desmadre, el cual ha sido generado por gente corrupta. ¡No al clientelismo político, porque ahí está la raíz de la corrupción en el país! ¡Sanción a los funcionarios y empresarios que hayan cometido actos de corrupción!

Mi diario vivir en el Gobierno Regional es muy aleccionador. Cuando detectamos un acto de corrupción – cosa que sucede con frecuencia – el mayor problema está en el mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior de la institución. Resulta que para que haya sanción a algún funcionario corrupto, tienen que estar alineados (1) la Secretaría Técnica – que es órgano investigador y sancionador de los malos funcionarios – (2) la Jefatura de Recursos Humanos, y (3) la Jefatura inmediata superior del funcionario en cuestión. Si uno de los tres estamentos administrativos flaquea – cosa que también sucede con frecuencia – no hay sanción. Aunque eso de flaquear es un decir. Lo que hay es connivencia. O sea; corrupción a todo nivel.

No obstante, cuando la trilogía… Secretaría Técnica – Recursos Humanos – Jefatura Administrativa funciona como corresponde, la sanción se aplica de acuerdo a ley, la disciplina laboral se establece con normalidad, y – lo que es mejor – el servicio público mejora. Muchos iqueños pueden dar fe de ello.

Conclusión: Sólo con gente honesta saldremos de este desmadre moral. Gente competente, tenemos. Hasta los choros son competentes… el problema es que son choros. No hay que cambiar ninguna Constitución, ni ninguna ley o política pública. ¡Sigamos con las inversiones privadas en infraestructura! No creemos más instituciones anti corrupción. Lo único que hay que cambiar es la moral de nuestra gente. Lampadia

En un programa reciente de La Hora N, Jaime de Althaus comentó que el Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, estaría debilitando instituciones claves para el desarrollo del agro peruano, como son el INIA y SENASA.

Lo que estaría detrás de estas maniobras es que ambas instituciones cuentan con fondos importantes para el desarrollo de sus tareas, fondos que se estaría planeando usar en otras actividades. Algo inaceptable en las actuales circunstancias en que tenemos que terminar de fortalecer el pujante sector de las agro exportaciones, que necesitan capacidades de investigación local (INIA) y la aplicación de buenas regulaciones internacionales para un acceso predecible a los mercados internacionales (SENASA).

Pues, días después del programa periodístico mencionado, recibimos una serie de observaciones y críticas a la gestión del ministro, que compartimos con nuestros lectores.

1. En los últimos años, la empresa de José Manuel Hernández, actual Ministro de Agricultura y Riego, ganó más de 130 millones de soles en licitaciones con el Estado (según el SEACE), y solo en Moquegua con el vicepresidente en funciones de gobernador regional, Martín Vizcarra, ATA (Asesores Técnicos Asociados S.A.) ganó más de 12 millones de soles en contratos de supervisión. 

2. El ministro colocó a uno de los colaboradores de su empresa (Abelardo de la Torre Villanueva, ex gerente de Supervisión ATA S.A), como jefe del ANA, Autoridad Nacional del Agua, y suspendió las elecciones de las juntas de usuarios, prorrogando el mandato de los dirigentes anteriores. Mientras tanto, los productores agrícolas reclaman a gritos elecciones en las juntas de usuarios.

Decreto Supremo No 019-2016-MINAGRI, de fecha 20 de octubre,  que prorroga el mandato de dirigentes del agua hasta marzo 2017.

3. El ministro nombra como su asesor principal a Carlos Azurín, que también trabajó en ATA y se desempeñó como director del proyecto Tumbes en el gobierno pasado, donde tiene varios cuestionamientos. 

Ver en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w7mO-s5M-Pc

4. El ministro de agricultura tendría actualmente contratos de supervisión de obras de la empresa Odebrecht, por ejemplo Chavimochic y Olmos.

5. El diario La República denunció que el ministro de agricultura formó parte de un consorcio con Edwin Luyo, el oscuro personaje involucrado en las coimas de Odebrecht. Evidentemente, como en otros casos, esto no implica necesariamente que haya participado en actos irregulares con Luyo. Ver enlace:

http://larepublica.pe/impresa/politica/844303-ministro-hernandez-integro-consorcio-con-edwin-luyo

Ver el siguiente cuadro del diario La República:

6. Según nuestros informes, el ministro no elige a sus funcionarios, sino que recibiría órdenes de un nivel superior a él. En seis meses en el cargo ha cambiado a sus dos Viceministros tres veces; una al jefe del INIA; tres veces al director de PROVRAEM y al director de AGRORURAL, tres veces.

7. El ministro contrató a más de 1,000 jóvenes para su programa Agro-Joven y miente a los productores diciendo que van a tener asistencia técnica, cuando esos jóvenes estarían en Lima, en locales como los del ANA, Agrorural, Serfor, etc., y ninguno habría visitado el campo ni una sola vez.

“Queremos llevar las nuevas tecnologías y conocimientos al campo mediante los universitarios. Y que estos (últimos) también, consoliden sus conocimientos en el campo para que luego realicen emprendimientos y ejecuten inversiones”, manifestó el ministro.

8. Se creó el programa Serviagro para brindar capacidades a pequeños productores a nivel nacional y hasta ahora no se sabe quien está a cargo. ¿Cuántos productores han sido capacitados?  ¿En dónde funciona Serviagro? ¿El ministro vuelve a mentir al agro peruano?

“Serviagro es una plataforma más importante para apoyar a los pequeños productores. Serviagro y Sierra Azul constituyen los dos programas líderes del Minagri porque aspiramos a reducir la brecha tecnológica entre el agro más desarrollado al menos desarrollado. La gran masa de agricultores necesitan apoyo para dar el salto tecnológico”
http://elcomercio.pe/economia/negocios/minagri-lanzo-plataforma-servicios- serviagro-noticia-1962735

9. Las grandes obras de irrigación están paralizadas y el ministro no hace nada, ¿hasta cuándo seguiremos esperando por Majes 2? Olmos tiene el 20% de su área sembrada, Chavimochic esta paralizada, Alto Piura no avanza. Y cuando hablamos de la sierra el ministro no ha ejecutado ni una sola obra para los productores de dicha zona.

10. El ministro, a través de su empresa (ATA) estaría participando de elaboración del expediente de la Represa Chonta en Cajamarca, que tendría serias deficiencias en su elaboración y por ello,  ProInversion no ejecutaría la obra. 

En agosto pasado cuestionamos algunas declaraciones del nuevo Ministro de Agricultura en las que, por ejemplo, caía en los mitos de concentración de la tierra. Ver en Lampadia, Las cosas claras para no seguir empedrando el camino con mitos – No malogremos nuestro potencial agrícola. El gobierno tiene que apoyar sin complejos el desarrollo de la agricultura moderna, máxime si ésta ya ha jalado a la agricultura tradicional a niveles de productividad extraordinarios. Ver: Richard Webb nos muestra el Perú – La Revolución de la Agricultura.

Necesitamos un ministro que mire hacia delante para que desarrollemos el gran potencial agrícola del Perú, con el que podemos traer a los pobres a la economía de mercado, impulsando, entre otros programas, Sierra Productiva, y no alguien de un pesado pasado, sin visión de futuro. Lampadia

Tiempos de escándalo, tiempos de irritación e indignación, los mejores momentos para identificar y corregir a las instituciones con coladeras, por las que se filtra la corrupción.

Lamentablemente, en el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones publicas, no responden a los siguientes principios:

Las democracias modernas se basan en el balance de poderes.
La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia.
La distribución del poder debe reflejar la representación popular.
La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control.
En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto. 

Estamos hablando de los municipios y gubernaturas regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales.

“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.

Veamos sino al extremo de corrupción que se llegó en una institución asentada en Suiza, que no rendía cuentas a nadie y tenía poderes discrecionales absolutos. 

En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una  segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.

En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción. No hace falta dar ejemplos de abuso de autoridades, decisiones caprichosas, o de actos de corrupción; todos los ciudadanos conocemos mil ejemplos.

Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?

Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?

Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.

La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas? Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

Muchos fueron los que en el Perú, en un ejercicio de optimismo, dieron por sentado que en el segundo semestre del 2016 empezaría a recuperarse la economía y a marcarse el norte hacia un bicentenario que nos acerque al desarrollo integral y a la OCDE.

Lamentablemente, el año terminó en una nota bastante pesimista; la inversión privada siguió cayendo, la demanda interna creció en un deleznable 1%, el déficit fiscal aguó la fiesta del gasto público, los conflictos sociales se ‘crecieron’ y la política se enredó en destructivos dimes y diretes.

Fuente:  rpp.pe

Pero finalmente, ni el optimismo ni el pesimismo describen correctamente la realidad, ni nos permiten auscultar nuestras capacidades para construir un mucho mejor 2017. Veamos algunos fundamentals  sobre los que podríamos construir un año de realizaciones positivas, a pesar de las nada propicias condiciones internacionales.

• El Perú ya demostró su capacidad de generar crecimiento económico detrás de la dinamización de la inversión pública y privada.
• La inversión pública y privada, originada mayormente por el crecimiento de la inversión minera, generaron efectos colaterales muy importantes en el sector público, a través del canon minero y; en el sector privado, a través de importantes encadenamientos productivos con los sectores de manufactura, construcción, transporte y servicios, entre otros.
• La parálisis y debilitamiento de la inversión del sector minero no es consecuencia directa de la disminución de los precios de los metales, pues el Perú es un país polimetálico y de costos muy competitivos, y varios de los proyectos paralizados tienen costos hundidos que mejoran las ecuaciones económicas de los proyectos.
• Los problemas de la inversión minera se deben a la creciente conflictividad (política) social, que ningún gobierno ha querido o sabido enfrentar.
• La perspectiva internacional de la demanda de metales a mediano plazo es positiva.
• Además del potencial de inversión minero, tenemos grandes espacios de desarrollo en energía, forestería, agro-exportaciones, pesca y turismo, entre otros.
• Tenemos una pujante clase media emergente que muestra buenos niveles de resistencia ante ciclos económicos débiles.
• Se ha dinamizado la producción y los ingresos del sector rural en general y del sector agrícola en particular, como lo demuestra Richard Webb en La Revolución de la Agricultura.
• Se ha acumulado una importante experiencia institucional en el nivel de gestión de varios gobiernos sub-nacionales. Lamentablemente no aun, en dos de las regiones de mayor potencial, Cajamarca y Arequipa; donde Gregorio Santos a pasado a exportar sus ‘ideas muertas’ a otras regiones y Yamila Osorio ha borrado el proyecto de Tía María del rol de inversiones.

Evidentemente, la lista de las cosas por hacer en educación, salud, infraestructuras, instituciones y tecnología es más larga que la de los pilares sobre los que se puede construir una base sólida de crecimiento, pero sin crecimiento económico no se puede lograr ni lo uno ni lo otro.

Por lo tanto, podemos afirmar que el análisis de lo que hay que hacer para recuperar el brío de la nación está claro, veamos:

1. Tenemos que priorizar la inversión, pública y privada. Tenemos que revalorar la inversión minera con sus importantes impactos colaterales.
2. Tenemos que enfrentar y superar la conflictividad social.
3. Tenemos que explicar al país, in-extenso, los tres temas anteriores y generar un eco positivo a la inversión en general, a la inversión minera en particular y mayor comprensión de los concomitantes de la conflictividad.

Sin embargo, aparentemente, los políticos no tienen oídos ni manos para actuar en consecuencia.

Fuente: media.dumpert

¿Qué hacer entonces?  

Pues no esperar que los políticos lideren la indispensable ‘gesta por el desarrollo integral’. Tenemos que ser los miembros de la sociedad civil los que asumamos el reto de comunicar a la población de dónde venimos, qué tenemos, qué podemos lograr y qué tenemos que hacer.

Llenemos los espacios de comunicación social para comunicar la buena nueva de un país que no tiene límites para crecer y que solo necesita que su clase dirigente pase a la ACCIÓN.

No dejemos nuestro país a medio construir. Si emprendemos el reto, pronto nos seguirán los demás, incluso los medios y los políticos. ¡Acción Ahora! Lampadia 

En muchos países, el deporte es el espacio donde los niños desarrollan vida institucional que luego se traduce en una práctica cívica en todos los quehaceres de la sociedad. Por ejemplo, en EEUU, hasta en el pueblo más pequeño hay una liga de básquet o fútbol americano. Para el ciudadano común, pertenecer a una institución es algo natural y corriente.

En el Perú, nuestra vida institucional es muy pobre y en el deporte hemos perdido las competencias inter-escolares e inter-departamentales, los club de fútbol fueron desprestigiándose al ritmo del empobrecimiento del propio deporte, que hace más de 30 años no logra clasificar a un campeonato mundial.

Las únicas instituciones populares que siguen manteniendo su brío y entusiasmo son los clubes departamentales, provinciales y hasta distritales, que celebran sus costumbres regionales, sus fiestas y su comida.

Juan Seminario, mayo de 1959, Estadio Nacional
(Selección del Perú 4, Selección de Inglaterra 1)
Fuente: HEDUARDO

El fútbol, el rey absoluto de nuestros amores deportivos, puede ser una excelente base para que nuestros niños entiendan su vida vinculada a la acción institucional. Para ello hay que empezar por recuperar la salud y las buenas prácticas deportivas de los clubes de futbol profesional, que hoy adolecen de todos los vicios inimaginables y solo producen frustración y más frustraciones.

Pues bien, tal como publicamos hace pocos días en Lampadia, en medio de la oscuridad en la que se debate el fútbol, se está dando un proyecto de milagro con el desarrollo exitoso del Club deportivo Municipal, ver:  ¡Echa Muni! – Un cariño Octogenario.

En esta ocasión, presentamos líneas abajo el artículo de uno de los dirigentes del nuevo ‘Muni’, Jaime Spak, que justamente se hace la pregunta de los sesenta mil reales:

¿TIENE FUTURO EL FÚTBOL PERUANO?

Jaime Spak Grishpun, dirigente del ‘Muni’
Para Lampadia

Para los que tuvimos la suerte de vivir las clasificaciones del Perú a los últimos tres torneos mundiales (el de México, Argentina y España), es muy decepcionante que luego de más de 30 años de intentar regresar a un torneo mundial, solo tengamos resultados decepcionantes.

Uno se pregunta: ¿Tiene futuro el fútbol peruano? La respuesta puede tiene varios ángulos, para los jóvenes que hoy están entre los 30 y 40 años, la respuesta probable seria: NO. Y creo que no les falta razón pues lo único que han visto en los últimos tiempos son: clubes llenos de deudas, dirigentes que hicieron mal uso de sus cargos y en cada transacción de jugadores había un porcentaje de incremento para sus respectivos bolsillos, que conllevaron a que los clubes más importantes del fútbol peruano estén inmersos en deudas enormes.

Para los que tenemos más años y  el recuerdo de nuestra participación en los mundiales, creemos que SI, pero no solo eran participación en mundiales, eran épocas en donde grandes jugadores salían a la palestra y muchos de ellos jugaban en el exterior y destacaban. Hoy en día más del 80% de los jugadores que emigran, regresan al cabo de pocos meses, pues no dan la talla en ligas más competitivas.

La generación de jugadores de la década del 70 y mediados de los 80, fue consecuencia de dos décadas de tranquilidad (la de los años 50 y 60) tanto económica como social, la clase media era fuerte y los niños eran muy bien alimentados, el costo de vida no era exagerado y las familias le podían dar a sus hijos una mejor calidad de vida.

Hoy en día  los niños que tiene condiciones para el fútbol, vienen en muchos casos de hogares disfuncionales o monoparentales,  las madres hacen un gran sacrificio para sostener sus familias y los niños tienen que estudiar, trabajar y lamentablemente son mal alimentados.

En estas épocas en el que el fútbol vuelve a generar un enorme interés (asistencia al estadio para ver a la selección) a pesar de los malos resultados, tenemos que aprovechar el momento para cambiar las estructuras y también la forma de ver el futuro de los clubes.

No es posible que clubes como La U (deuda de más de US$ 85 Millones) y el Alianza Lima (deuda de más de US$ 15 Millones) no trabajen en un plan serio de pago de deuda.

Estos clubes tienen administraciones judiciales que cobran ingentes sumas por administrarlos,  hacen contrataciones onerosas que las cancelan con los ingresos corrientes de los sponsors (TV + camisetas + taquillas) pero pasan los años y no pagan ni el 2% de la deuda, a este paso  la deuda la pagaran en 25 años y  es una competencia desleal para otros clubes que manejan  economías austeras, que no se endeudan por encima de sus posibilidades y que pagan todos sus impuestos.

Ya es hora que la SUNAT exija a los dos clubes más populares del país que sean conscientes que estamos en un mundo de competencia y que esta debe de ser leal, es decir debe de exigir un tope en salarios y un tope en gastos para que se pueda recuperar la salud económica en el fútbol.

Deben de exigirle un monto importante de pago de deuda y de esta manera no estarán contratando jugadores con sueldos internacionales e ingresos nacionales.

El día que esto ocurra  estaremos empezando a cambiar el fútbol peruano y tendremos muchos equipos saneados y competitivos y podremos decir que el fútbol peruano si tiene futuro.

Ver la entrevista en la Hora N, de Jaime de Althaus, a Jaime Spak, tesorero del nuevo ‘Muni’, sobre el desarrollo y proyecciones del club:

Durante los últimos años se ha hablado mucho de la brecha de infraestructuras. Los cálculos se han revisado cada año y acusan montos crecientes, llegando a dimensionarse en US$ 160,000 millones al 2015. Sin embargo, ha sido poco lo avanzado en estrategias, planes y acuerdos entre el Estado y el sector privado.

Ahora, durante el II Congreso Internacional de Infraestructuras y Desarrollo, celebrado hace un par de semanas, se han producido dos novedades muy importantes.

Por un lado, el gobierno, en lugar de esconderse o trabar los planteamientos, ha dado un importante paso adelante hablando el mismo idioma del sector privado y presentando, por parte del Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, un buen análisis de los problemas, las estrategias para enfrentarlos y planteamientos de acción detallados, entre los que destacan el establecimiento de metas específicas, esquemas de priorización mediante el uso de herramientas ingeniosas, la reforma de los procesos y de Pro-Inversión.

Por otro lado, AFIN, el gremio empresarial que nos recuerda todos los años que la tarea sigue creciendo, ha pasado de hacer más cálculos sobre los volúmenes de las brechas, a presentar un análisis integral de este importante reto nacional en un magnífico trabajo preparado por EY Perú (Ernst & Young), que incluye aspectos como la metodología de priorización de proyectos, políticas de financiamiento público y privado, perfeccionamiento de los estudios y concursos, medidas para superar los problemas pos-adjudicación e ideas sobre el fortalecimiento institucional que ayude a enfrentar el manejo de este complejo asunto.

Algo que queremos destacar especialmente es el criterio de priorización que se usará para el manejo de la inversión pública en las regiones: “¿Cierra la brecha?”.

La presentación del MEF incluye, entre otros, los siguientes elementos:

Ver el PDF en nuestra sección documentos: Inversión en Infraestructura como motor del Crecimiento.             

Del estudio de EY, titulado Agilizando la Ruta del Crecimiento, queremos destacar los siguientes elementos:

Para continuar con el avance de nuestro desarrollo es necesario que invirtamos en el impulso de infraestructuras muy superiores a las que el Perú cuenta en la actualidad, que satisfagan, por un lado las necesidades sociales de la población y por otro las económicas que permiten aumentar la productividad de las actividades productivas.

Actualmente no estamos cerrando esta brecha porque la inversión está por debajo de lo que se requiere. En abril de 2014, Lampadia propuso una forma de enfrentar una buena parte de estos problemas, especialmente los de financiamiento, involucrando a las instituciones multilaterales para superar las limitaciones fiscales,  reducir los riesgos políticos y de imagen con la población. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones. 

Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitiría mejorar la competitividad de nuestro país y reducir los costos de transacción de las empresas, sino que también democratizaría el acceso de los pobres al mundo moderno, dándoles acceso a electricidad, mejor transporte y telecomunicaciones.

Esperamos que esta auspiciosa sintonía mostrada por el gobierno y el sector privado en el congreso de infraestructuras, sea solo el inicio de un trabajo conjunto en aras de lograr avances concretos. Ahora necesitamos ir más allá de las palabras, es el momento de la acción. Lampadia

Pasado el gobierno filo chavista, que alejó al Estado del sector privado y originó un colapso de la inversión privada, toca retomar los análisis racionales sobre las acciones públicas que nos permitan crecer a un ritmo compatible con nuestro potencial y nuestras necesidades de superación.

Vale recordar que, a diferencia de las acusaciones políticas contra el supuesto economicismo de los que no abrazamos las ideas del populismo y/o de nuestras izquierdas tradicionales, el crecimiento no es el fin del desarrollo, es solo el medio para lograrlo. Ver en Lampadia: Tres Caminos al Bienestar General.

El siguiente artículo de Sergio Álvarez, Socio de EY, nos permite revisar la línea de base de las cifras relevantes para prepararnos a actuar en una nueva fase de gobierno que debe traernos menos discursos y más resultados.   

Competitividad Perú: a retomar la senda de crecimiento

Sergio Álvarez

Socio de Transacciones y Finanzas Corporativas de EY (antes Ernst & Young)

Agosto 2016

Perú se afianza en el tercer lugar del ranking, a nivel de Sudamérica, de competitividad del World Economic Forum (Foro Económico Mundial – FEM) 2015-2016, pese a ello la caída en 4 posiciones exige de una mayor celeridad en la implementación de las reformas que lleven al país al desarrollo económico sostenido.

Han pasado 26 años desde el inicio de las reformas macroeconómicas emprendidas durante los años 90’s. Durante ese periodo se logró modernizar la gestión de las políticas públicas debido –principalmente– a un cambio positivo en las reglas de juego en materia económica –y a la incorporación de jóvenes técnicos que profesionalizaron el sector público.

Estos últimos tuvieron una gran relevancia en este periodo ya que lideraron las propuestas económicas que llevaron a que el Perú pase del caos macroeconómico de los 80’s al orden monetario y fiscal que hemos visto desde entonces.

Gracias a estos ajustes el Perú en 26 años pudo triplicar su renta, controlar la hiperinflación, reducir la pobreza al 21.8% y salir del ostracismo financiero, para ser reconocido como un país viable, con grado de inversión y con posibilidades de financiarse en mercados internacionales.

Pese a estos grandes avances, desde el año 2010 el crecimiento económico se ha ralentizado (ver gráfico), lo que ha generado que muchos economistas del medio alerten sobre un enfriamiento de la economía  y sobre la necesidad de reformas urgentes que permitan sostener el crecimiento económico de largo plazo.  

En este contexto, la competitividad toma relevancia para analizar la coyuntura económica del país. Según la definición del FEM el concepto de Competitividad engloba el “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.

El FEM elabora de manera anual el Índice de Competitividad Global (ICG), índice referente mundial para medir la competitividad de los países. Para ello se ponderan una serie de variables macroeconómicas y microeconómicas las cuales se condesan en 12 pilares de competitividad.

Al ser la competitividad la variable que permite a un país crecer sostenidamente en el largo plazo, resulta importante ver cómo le fue a Perú en el último Informe de Competitividad Global 2015-2016 del FEM.

Resultados mixtos

Las cifras del último informe posicionan al Perú en el puesto 69 de 144 economías evaluadas. Con este resultado el Perú retrocede 4 posiciones respecto al informe anterior y 8 posiciones respecto a dos años atrás.

A nivel de Latinoamérica y el Caribe el Perú tuvo un mejor desempeño, al ocupar el puesto 6 entre 21 economías evaluadas. Esta categoría fue liderada por Chile (35), Panamá (50) y Costa Rica (52). Cabe resaltar que el Perú logró ubicarse 19 casillas por encima del promedio de la región.

En tanto a nivel de Sudamérica el Perú se ubicó en tercera posición entre 11 economías en evaluación. El Perú logró posicionarse 20 puestos por encima del promedio de la región. La categoría fue liderada por Chile (35), Colombia (61) y Perú.

A raíz de los resultados se puede concluir que a nivel latinoamericano estamos relativamente bien, pese a ello la caída de posiciones por segundo año consecutivo es una llamada de atención para todos los involucrados (públicos y privados), para que se ajusten las estrategias de competitividad que nos lleve a acelerar nuestra transición hacia una economía desarrollada.

Lo bueno y lo malo

Entre lo bueno de este último reporte es que Perú mejoró en 5 de 12 pilares: Instituciones (116 vs 118), Educación Superior y Capacitación (82 vs 83), Desarrollo del Mercado Financiero (30 vs 40), Preparación Tecnológica (88 vs 92) e Innovación (116 vs 117).

Lo malo es que retrocedimos en 7: Infraestructura (89 vs 88), Entorno Macroeconómico (23 vs 21), Salud y Educación Primaria (100 vs 94), Eficiencia en Mercado de Bienes (60 vs 53), Eficiencia del Mercado Laboral (64 vs 51), Tamaño de Mercado (48 vs 43) y Sofisticación Empresarial (81 vs 72).

Al analizar con mayor detalle el ICG se puede notar que nuestro país destaca en las variables macroeconómicas. Esto queda en evidencia cuando vemos que nuestros principales pilares de competitividad son Entorno Macroeconómico (23) y Desarrollo del Mercado Financiero (30), los cuales se ubican en el top 30 de 144 economías.

En tanto nuestras debilidades se encuentran principalmente focalizadas en 7 pilares, todos ubicados por encima del puesto 80: Instituciones (116), Infraestructura (89), Salud y Educación Primaria (100), Educación Superior y Capacitación (82), Preparación Tecnológica (88), Sofisticación Empresarial (81) e Innovación (116).

Al analizar estas últimas variables se evidencia que la mayoría de deficiencias son de carácter microeconómico, es decir orientadas a incrementar las capacidades de los agentes económicos.

En los últimos años se han dado iniciativas de carácter público y privado que buscan mejorar estas capacidades. ¿Cuáles han sido los esfuerzos coordinados del sector privado y público para mejorar en esta variable tan importante?

Los esfuerzos

Desde mediados del año 2014 se institucionalizó la denominada Agenda de Competitividad 2014-2018. Lo relevante de esta agenda es que esta se condensa en un plan que consiste en el cumplimiento de 65 metas parciales, las cuales serían revisadas semestralmente.

A este plan se le debe sumar el Plan de Diversificación Productiva (PDP) del Ministerio de Producción (Produce) el cual también pretenden incrementar la productividad del país mediante la mejora del capital humano, de la eficiencia en los negocios y la infraestructura.

Ante estos esfuerzos lo que queda es esperar que estos se puedan materializar para que el Perú país siga la senda del crecimiento económico sostenido y podamos escalar posiciones en el ranking del FEM.

El reciente instaurado nuevo gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski ha iniciado su período con u n mensaje claro y directo – destrabar las obras de infraestructura paralizadas o en problemas.  Mucho se ha discutido sobre el tema pero vale la pena reforzar la discusión. Es imposible ser un país competitivo a nivel mundial si no se mejora en la conectividad de las regiones, la disponibilidad de energía barata y la infraestructura social que permite surgir al capital humano.  

Los datos son crudos y duros, según El Plan Nacional de Infraestructura elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y encargado por AFIN, estimó que la brecha de infraestructura para atender las necesidades productivas y económicas del país, en el periodo de 2016 a 2025, requiere una inversión total aproximada de US$ 160 mil millones. Específicamente el estudio analiza los sectores de saneamiento, telecomunicaciones, transportes, energía, salud y educación e infraestructura hidráulica, sobre los cuales se requiere en promedio una inversión anual de US$ 16 mil millones durante los próximos 10 años. Por lo cual, es relevante y prioritario el desarrollo de instrumentos de gestión que contribuyan a agilizar la implementación de los proyectos en curso y a dinamizar la promoción de la cartera de proyectos, con la finalidad de viabilizar la ejecución de las obras de los proyectos de infraestructura que permita fortalecer el nivel de competitividad del país.

Acerca de EY

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Lampadia

Nuestra afamada economista, Liliana Rojas-Suárez, del Center for Global Development, en Washington, estuvo en Lima hace un par de semanas para exponer sobre los avances de la inclusión financiera en el Perú, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico. Como sabemos, el crédito es una palanca esencial para el desarrollo de los ciudadanos y las empresas, especialmente las más pequeñas.

El Perú ha sido víctima de una de las mayores y más largas hiperinflaciones de la historia mundial y, además, hemos tenido 30 años (60 – 90) en que se apagaron las luces de la economía. Ambos procesos nos hicieron un daño estructural del que aún no nos recuperamos del todo, nos llevaron a niveles de pobreza largamente por debajo de nuestro potencial de ingresos y propiciaron la emergencia de una informalidad difícil de contrarrestar, entre muchos otros efectos. Pero estos dos aspectos, más las regulaciones no incluyentes, determinaron que solo una pequeña fracción de nuestros ciudadanos tenga acceso al crédito formal.

El siguiente artículo de Rojas-Suárez, nos explica la situación de la inclusión financiera en el Perú:

Liliana Rojas-Suárez 

FORO ECONÓMICO – UN BLOG LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA POLÍTICA

8 de julio, 2016

Desde el 2010, el Grupo de los 20 (G-20) ha reconocido a la inclusión financiera como uno de los pilares centrales para el desarrollo económico. A su vez, los esfuerzos e iniciativas para promover la inclusión financiera vienen aumentando significativamente en los últimos años a nivel global, incluyendo América Latina y Perú.

En líneas generales, los esfuerzos de las autoridades y el sector privado parecen estar brindando varios resultados positivos. Por ejemplo, el Banco Mundial, a través de su base de datos Global Findex, muestra un incremento a nivel global entre el 2011 y el 2014 de 10.1% en el porcentaje de adultos que tienen cuentas en alguna institución financiera formal[1]. América Latina, en general; y Perú en particular, no son excepciones. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el rezago de la región con respecto a otros países con grado similar de desarrollo (medido por el ingreso real per cápita) es bastante amplio y no ha mostrado cambios significativos en años recientes. De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, en tanto que la mediana del indicador de inclusión financiera muestra un incremento importante tanto para la región como para otros países con similar grado de desarrollo (sus pares), la brecha en la tenencia de cuentas bancarias de países latinoamericanos con respecto a sus pares no ha cambiado de manera significativa (pasó de 20.2 a 19.5 puntos porcentuales).[2]

Cuadro 1. Brecha de Inclusión Financiera en América Latina

A nivel de país, Perú muestra una de las mayores brechas de inclusión financiera en la región (29.9 puntos porcentuales). [3] En el Gráfico 1, sólo México y Uruguay presentan brechas de inclusión financiera mayores a las de Perú (en el caso de Uruguay, la amplitud de la brecha se explica en gran parte porque sus pares son economías con un grado relativamente alto de desarrollo económico e inclusión financiera[4]).

Gráfico 1. Brechas de Inclusión Financiera entre países latinoamericanos y sus pares respectivos (puntos porcentuales)

¿Qué explica la amplitud y persistencia de la brecha de inclusión financiera en América Latina, particularmente en Perú? Para contestar esta pregunta, me baso en el marco analítico y metodológico desarrollado en Rojas-Suarez y Amado (2014) y su respectiva revisión y actualización en Rojas-Suarez (2016). En dicho análisis, se enfatiza el rol de las características sociales y económicas en las que operan los mercados de servicios financieros. En particular, se destacan cuatro categorías de obstáculos que frenan la inclusión financiera: inestabilidad macroeconómica, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales e ineficiencias del sector financiero.[5]

Como resultado de la investigación empírica en estos trabajos, se identificaron las variables (a nivel de país) que afectan significativamente a la inclusión financiera en América Latina en forma adversa:

(a) La volatilidad de la tasa de interés real (variable macroeconómica), a través de su efecto sobre la demanda por servicios financieros en el sector formal: altos niveles de volatilidad han estado asociados históricamente con crisis financieras y grandes pérdidas de los depositantes en los sistemas bancarios.

(b) Desigualdad del ingreso (variable de desigualdad socioeconómica), que resulta en fuertes resistencia de grupos de poder establecidos para implementar reformas que promuevan la inclusión financiera (Claessens y Perotti, 2005).[6]

(c) Debilidad del Estado de Derecho (variable institucional)[7], debido a que en sociedades con calidad institucional baja, los contratos entre acreedores y deudores tienden a no cumplirse; lo que a su vez genera desincentivos para que los depositantes confíen sus ahorros a los bancos y otras instituciones financieras y para que las entidades financieras otorguen créditos a deudores pequeños y relativamente más riesgosos.

(d) Ratio de costos administrativos a activos totales del sector bancario (variable de ineficiencia del sector financiero), en la medida en que ratios altos se asocien con costos elevados para la provisión de servicios financieros.

(e) Concentración bancaria, que puede resultar en un comportamiento oligopólico en detrimento de la inclusión financiera, pues genera incentivos a los proveedores a enfocarse en los clientes menos riesgosos que pueden pagar altos costos de servicios financieros. Sin embargo, la evidencia muestra que los efectos de la concentración bancaria sobre la inclusión dependen de la calidad de las instituciones.

(f) Interacción entre la concentración bancaria y la calidad institucional: la combinación de una concentración bancaria elevada en un contexto de calidad institucional débil tiende a ser adversa para la inclusión financiera, pues genera discriminación en contra de clientes de ingresos bajos y a bloquear políticas que permitan la incorporación de nuevos proveedores de servicios financieros.

Los resultados de la investigación econométrica presentada en Rojas-Suarez (2016) permiten analizar la importancia relativa de los obstáculos que acabamos de discutir en la explicación de la brecha de inclusión financiera entre América Latina y sus pares. Utilizando los coeficientes estimados y los valores promedios de las variables consideradas para América Latina y sus pares, el valor estimado para de la brecha de inclusión financiera de América Latina es de 16.8 puntos porcentuales en términos absolutos (incluyendo determinantes idiosincráticos y no idiosincráticos[8]); en tanto que el valor observado de dicha brecha es de 13.7 puntos porcentuales.[9]  El Gráfico 2 presenta la contribución implícita de los determinantes (no idiosincráticos) de la inclusión financiera para explicar la brecha.

Gráfico 2. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera entre América Latna y sus pares (puntos porcentuales)

El resultado central es que las debilidades institucionales y la desigualdad del ingreso son los factores más importantes para explicar la brecha de inclusión financiera de la región en relación a sus pares. La contribución de la inestabilidad macroeconómica (medida por la volatilidad de la tasa de interés real), aunque relevante, es relativamente menos importante y la contribución del ratio de costos administrativos bancarios es mínima. (Nótese una vez más que, aunque las variables consideradas son importantes para explicar la inclusión financiera, solo algunas cobran relevancia para explicar la brecha).

Como se mencionó anteriormente, la calidad institucional cumple un rol dual. Las debilidades institucionales tienen un efecto adverso directo sobre la brecha de inclusión financiera, pero también tienen un efecto indirecto mediante su interacción con la concentración bancaria. En primer lugar, de acuerdo a nuestros cálculos, los efectos directos de los problemas institucionales contribuyen a explicar más de 7 puntos porcentuales de la brecha. En segundo lugar, a pesar de que la concentración bancaria contribuyó a reducir la brecha en 2.48 puntos porcentuales (indicando que los sistemas bancarios son más concentrados en los países pares que en América Latina), sus efectos indirectos a través de la interacción con la variable de debilidad institucional explican 5.8 puntos porcentuales de la brecha. O sea, por sí mismas, la diferencia de concentración bancaria entre la región y sus pares no ha afectado positivamente la brecha de inclusión, pero sí cuando esta diferencia se ajusta por el impacto de la calidad institucional.

¿Qué factores explican la brecha de inclusión financiera en el Perú?

Los resultados econométricos presentados en Rojas-Suarez (2016) pueden también utilizarse para analizar los factores que explican la brecha de inclusión financiera en el Perú con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo económico (sus pares). La misma metodología utilizada en el Gráfico 2 para la región en su conjunto se emplea para construir el Gráfico 3, a nivel de país. En el gráfico se presenta a Perú y, como puntos de comparación, a México y Chile. Incluimos a México por tener una brecha de inclusión financiera mayor que la de Perú y a Chile porque su brecha es solo un tercio que la de Perú (Gráfico 1).

Gráfico 3. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera en México, Perú y Chile (puntos porcentuales)

El gráfico muestra similitudes y diferencias muy importantes entre los tres países. Las similitudes son que ni la volatilidad de la tasa de interés real ni el ratio de costos administrativos bancarios juegan un papel relevante en explicar las brechas de inclusión financiera.[10] Este es también el caso cuando se considera la región en su conjunto (gráfico 2).

Las diferencias son más notables que las similitudes. En los países de baja calidad institucional (Perú y México)[11], los efectos directos e indirectos de la debilidad institucional son los factores dominantes para explicar la brecha de inclusión financiera. En contraste, en Chile, su alta calidad institucional contribuye a reducir la brecha de inclusión financiera.

La alta concentración bancaria en Perú es también un factor importante en la explicación de la brecha. Esta alta concentración en un entorno débil institucionalmente desalienta la inclusión financiera y por tanto incrementa la brecha con respecto a sus pares.

Aunque la desigualdad del ingreso contribuye a explicar las brechas de inclusión financiera en los tres países, este factor destaca significativamente en Chile como el componente más importante.

La lección que se deriva para Perú es clara y simple: los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera se verán seriamente limitados en ausencia de reformas significativas para mejorar la calidad de las instituciones (el respeto al Estado de Derecho, la independencia y eficacia del sector judicial y la efectividad del gobierno en la implementación de sus políticas). En ausencia de estas reformas, es difícil esperar que el Perú pueda acortar la brecha que lo separa de sus pares, los cuales han logrado incorporar porcentajes mucho más altos de la población al sistema financiero formal.

Referencias

Claessens, Stijn and Enrico Perotti, 2005, “The Links between Finance and Inequality: Channels and Evidence”, University of Amsterdam, March

Rojas-Suarez, Liliana (2016), “Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks Policy Issues”, Inter-American Development Bank, Department of Research and Chief Economist, Discussion Paper No. IDB-DP-464

Rojas-Suarez, Liliana and María Alejandra Amado (2014), “Understanding Latin America’s Financial Inclusion Gap”, Center for Global Development, Working Paper 367, May

[1] Indicador de inclusión financiera considerado en este texto.

[2] Una brecha positiva indica que la inclusión financiera es mayor en los pares de América Latina que en (la mediana de) los países latinoamericanos.

[3] Los resultados son similares si se utilizan indicadores alternativos de inclusión financiera, tales como acceso al crédito o utilización del sistema financiero formal para realizar transacciones o ahorrar.

[4] Lo opuesto ocurre en los casos de Bolivia y Ecuador, dos países de bajo nivel de desarrollo a nivel mundial.

[5] En Rojas-Suarez y Amado (2014) también se investiga el rol de características individuales. Un resultado importante es que el efecto de tener educación secundaria sobre la probabilidad de estar incluido financieramente es mayor en América Latina respecto a sus pares.

[6] Sin embargo, otros autores argumentan que las mejoras en la inclusión financiera pueden contribuir a reducir la desigualdad. Aunque esto sugiere la posibilidad de doble causalidad entre la desigualdad del ingreso y la inclusión financiera, los estudios empíricos considerados en este texto indican que la primera causa a la segunda.

[7] Otras variables de calidad institucional tienen un efecto similar sobre la inclusión financiera.

[8] El componente idiosincrático de la brecha corresponde al valor del coeficiente de una variable dummy para países latinoamericanos incluida en la regresión.

[9] Nótese que para este ejercicio, nos estamos refiriendo a la brecha promedio de América Latina con respecto a sus pares (13.7 puntos porcentuales). Como se mencionó anteriormente, la mediana de la brecha es 19.5 (Cuadro 1).

[10] La contribución del ratio de costos administrativos es tan pequeña que no se visualiza en el gráfico.

[11] En el indicador de “Estado de derecho”, un indicador de calidad institucional del Banco Mundial, Perú y México ocupan los lugares 140 y 130 respectivamente en una muestra de 204 países, en tanto que Chile ocupa el puesto 26.

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