J. Eduardo Ponce Vivanco
Embajador

La imagen de ronderos agrediendo a policías que La República y Ojo publicaron hace pocos días es un alarmante síntoma de la amenazante situación a la que nos está exponiendo el gobierno de Perú Libre. Sin embargo, peor que la osadía de los atacantes es la mansedumbre de los humillados policías, que ni siquiera los arrestaron por ofender a la autoridad; una grave omisión que solo se explica por el temor a no ser respaldados por los prontuariados que han tomado el Ministerio del Interior con funcionarios de la peor calaña con el propósito de manejar a la DIVIAC y la DIRCOTE.

El Perú no soportará la confabulación tramada por el gobierno para contar con una fuerza paramilitar compuesta por ronderos (que ya adelantan planes para instalarse en las ciudades) y los reservistas de Antauro Humala, a quien el presidente ofreció indultar por “exceso de carcelería”. Un panorama que se ensombrece por el peligro de manipulación del Servicio de Inteligencia adscrito al organigrama de un apologeta del terrorismo como el Premier Bellido.

La pasividad parlamentaria ante estos hechos ilustra la penosa actitud defensiva que las instituciones democráticas están adoptando frente al gobierno Castillo-Cerrón-Bellido. Se cuidan de no asumir las posiciones vigorosas que reclama la prepotencia del partido procomunista que ha ganado las elecciones, gracias al JNE presidido por un simpatizante del terrorismo, como Salas Arenas, y a la posición servil de la ONPE.

Sin una respuesta decidida de la oposición democrática, la captura de puestos decisivos para controlar el aparato público e instituciones como la Policía Nacional y los sistemas de inteligencia, el Estado de Derecho fundado en la Constitución quedará tan mermado que será difícil contrarrestar la obsesión de convocar ilegalmente una Asamblea Constituyente paralela al Congreso, a fin de imponer una Carta Magna a la medida de los siniestros objetivos de Perú Libre.

No hay lugar para la corrección política frente a la barbarie, la ignorancia y la audacia. Quienes evitan asumir posiciones firmes invocando “gobernabilidad” y “diálogo” juegan a perder y ceden espacios cada vez mayores a los profetas del socialismo que nos llevarán al caos y la pobreza. Desgraciadamente, llamados como esos se escuchan a menudo en las mayoritarias fuerzas democráticas del Congreso que deberían ser la primera línea de defensa del Estado de Derecho y el futuro de la Nación.  

Es deprimente, por ejemplo, que agrupaciones como APP acepten presurosas la invitación a “dialogar” de un Premier que justificó públicamente a terroristas como Edith Lagos, visitó el campamento de los remanentes senderistas del VRAEM y está comprometido en el delito de lavado de activos para financiar la campaña presidencial de Castillo. Con esa actitud blanda y acomodaticia nos acercan al avasallador dominio de un partido cuyo líder y Secretario General declara con desparpajo que cumplirán su ideario marxista-leninista para mantenerse indefinidamente en el Poder.

Téngase muy presente que la primera de las 24 obligaciones del Presidente de la República consagradas en el artículo 118 de la Constitución que nos rige (y de todas la que la precedieron) es “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

Pero el juramento de imponer una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente de composición corporativista, la captación ilegal de fondos para su campaña y el manejo clandestino de la agenda presidencial (que el Congreso se propone investigar) son claras violaciones de ese precepto constitucional, a las que el Presidente suma la vulneración de la obligación estipulada en el Inciso 11: “Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales”.  En efecto, el señor Castillo:

• Ha anunciado que cuestionará los Tratados de Libre Comercio (TLC), sin importar que hayan expandido poderosamente los mercados para las exportaciones del Perú.
• Su silencio ha confirmado la decisión del Canciller de abandonar el Grupo de Lima que tanto ha prestigiado al Perú. Nuestra permanencia habría fortalecido la participación peruana en el Grupo Internacional de Contacto para el diálogo entre la dictadura chavista y la oposición venezolana, anunciada por el Ministro (un acuerdo que debe haber resultado de la temprana reunión que sostuvo con el Canciller de Maduro en Torre Tagle).
• También ha convalidado silenciosamente las condescendientes declaraciones de su Canciller sobre la dictadura castrista que encadena a Cuba desde 1959.
• No se ha distanciado de las afectuosas palabras de su Vicepresidenta después de recibir largamente al representante del partido comunista español Unidas Podemos: “Ha sido gratificante la visita de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos en España. Hemos conversado sobre lo que nuestras organizaciones pueden alcanzar y el futuro del Perú en la escena internacional. ¡Bienvenido!”.
• La indeseable asesoría de Monedero (a la que debe sumarse la de varios agentes cubanos) confirma nuestra segura inclusión en el Foro de Sao Paulo y el de Puebla.

Frente a tantos atropellos, la mayoritaria oposición democrática del Congreso no atina a censurar siquiera a los ministros incompetentes y con antecedentes policiales o denuncias penales.  Menos aún a medidas más eficaces para ejercer su función de contrapeso, tan importante en la angustiosa crisis que vivimos.

Es patético que el Bicentenario de la República sea “celebrado” con la trágica sucesión de descalabros que quebrantan el espíritu de la Nación y ensombrecen su futuro. Lampadia

Minxin Pei en Project Syndicate

La muerte de Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre su legado -y, quizá más importante, sobre si ese legado se ha entendido correctamente.

Durante sus 31 años como primer ministro, Lee diseñó un sistema único de gobierno, equilibrando intrincadamente autoritarismo con democracia y capitalismo estatal con libre mercado. Conocida como “el modelo Singapur”, la marca de gobernanza de Lee suele caracterizarse erróneamente como una dictadura unipartidaria sobreimpuesta a una economía de libre mercado. Su éxito a la hora de transformar a Singapur en una ciudad-estado próspera suele ser invocado por los regímenes autoritarios como un justificativo para su control férreo de la sociedad -algo que en ningún lugar es más evidente que en China.

De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, está implementando una agenda transformadora sumamente influenciada por el modelo Singapur -una guerra implacable contra la corrupción, medidas severas contra el disenso y reformas económicas pro-mercado-. El Partido Comunista Chino (PCC) encuentra en Singapur una visión de su futuro: la perpetuación de su monopolio sobre el poder político en una sociedad capitalista próspera.

Pero el modelo Singapur, como lo entienden las autoridades de China, nunca existió. Emular el modelo de gobierno de Lee -en lugar de su caricatura animada- exigiría permitir un sistema mucho más democrático del que alguna vez toleraría el PCC.

El verdadero secreto del genio político de Lee no fue el uso habilidoso que hizo de prácticas represivas, como iniciar demandas legales contra los medios o sus oponentes políticos. Esas tácticas son frecuentes y ordinarias en regímenes semi-autoritarios. Lo verdaderamente revolucionario que hizo Lee fue utilizar las instituciones democráticas y el régimen de derecho para frenar el apetito predatorio de la elite gobernante de su país.

A diferencia de China, Singapur permite que los partidos de la oposición participen en elecciones competitivas y libres (aunque no necesariamente justas). En la última elección parlamentaria de 2011, seis partidos de la oposición ganaron un 40% de los votos en total. Si el Partido de Acción Popular (PAP), el partido fundado por Lee, perdiera su legitimidad debido a una mala gobernanza, los votantes de Singapur podrían sacarlo del poder.

Al llevar a cabo elecciones competitivas regulares, Lee efectivamente estableció un mecanismo de autorregulación y responsabilidad política -les dio a los votantes de Singapur el poder para decidir si el PAP debería permanecer en el poder-. Este mecanismo de regulación ha mantenido la disciplina al interior de la elite gobernante de Singapur y hace que sus promesas suenen creíbles.

Lamentablemente, el resto del mundo, en su mayoría, nunca le reconoció como corresponde a Lee el haber diseñado un sistema híbrido de autoritarismo y democracia que mejoró marcadamente el bienestar de los ciudadanos de su país, sin someterlos a la brutalidad y opresión a la que han recurrido muchos de los vecinos de Singapur.

China haría bien en adoptar este modelo, introduciendo un grado considerable de democracia y fortaleciendo la obediencia del régimen de derecho. Los 1,400 millones de habitantes de China se beneficiarían inmensamente si sus gobernantes adoptaran instituciones y prácticas políticas al estilo de Singapur. Esto implicaría, como mínimo, legalizar a la oposición política organizada, introducir elecciones competitivas en intervalos regulares y crear un sistema judicial independiente.

Emular a Lee le permitiría a China lograr un inmenso progreso y volverse una sociedad más humana y abierta con un futuro más prometedor. Tristemente, casi no existe ninguna posibilidad de que esto ocurra, al menos no en lo inmediato. Cuando los líderes de China citan el modelo Singapur, lo que tienen en mente se limita a la perpetuación de su poder. Quieren los beneficios de la dominancia política, sin los controles impuestos por un contexto institucional competitivo.

Lee puede haber sido escéptico respecto de los beneficios de la democracia, pero frente a ella no era visceralmente hostil; entendía su utilidad. Por el contrario, los líderes de China ven en la democracia una amenaza ideológica existencial que se debe neutralizar a cualquier costo. Para ellos, permitir incluso un grado módico de democracia como medio de imponer cierta disciplina a la elite es un acto suicida.

Desafortunadamente, Lee ya no está con nosotros. Sería bueno imaginarlo explicándoles a los líderes de China lo verdaderamente innovador del modelo Singapur. Obviamente, esa opción no existe. Pero le correspondería al PCC -aunque más no sea por el simple respeto hacia uno de los grandes estadistas de Asia- impedir la apropiación de la marca Singapur al servicio de una agenda completamente diferente.