¿QUÉ HACER FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO?
Por Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra y expositor en CADE Ejecutivos 2014
(Perú 21, 05 de Noviembre del 2014)
Hace bien IPAE Acción Empresarial en proponer, en este CADE Ejecutivos, que se aborden los desafíos fundamentales para hacer del Perú un país del Primer Mundo. Parece que ya sabemos qué hacer para crecer, pero no tenemos tan claro qué hacer para tener las instituciones que apuntalen y sostengan ese crecimiento.
En CADE Ejecutivos 2010, Michael Porter dijo que instituciones sólidas de seguridad y justicia eran un prerrequisito para dar el salto al Primer Mundo. Si ya en el 2010 teníamos
un déficit importante en la materia, hoy la situación ha empeorado, como lo muestran los indicadores del Foro Económico Mundial. Ello no hace sino reflejar el deterioro de las condiciones de seguridad.
A una de las más altas tasas de victimización en el continente americano se le ha sumado un sostenido incremento de la violencia, especialmente homicida, asociada a las extorsiones de todo tipo. Han prosperado también otras formas de criminalidad organizada –como la minería ilegal del oro, el tráfico de terrenos y la corrupción en los gobiernos subnacionales–, como lo demuestran el drama de Madre de Dios y el espectacular poder adquirido por personas como Rodolfo Orellana y César Álvarez.
Quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia, y en la propia política. Dan cuenta de lo primero las investigaciones que tienen a punto de la destitución al actual fiscal de la Nación y a su antecesor por supuestas complicidades con criminales de alto vuelo; los responsables de investigar y denunciar a los criminales podrían estar comprometidos con ellos. En cuanto a la infiltración en la política, las últimas elecciones nos dieron diversas muestras de la amenaza que este fenómeno representa.
La infiltración de instituciones ya de por sí débiles es el mayor indicador de una descomposición que es urgente e indispensable revertir, porque perder la batalla contra el crimen es perder la del desarrollo y la prosperidad. Es preciso recuperar nuestras instituciones de los corruptos que le hacen el juego al crimen, razón por la que resultan tan alentadoras las actuales investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y del Congreso de la República contra Ramos Heredia y Peláez Bardales, que deberían concluir en su destitución.
Si el crimen organizado prosperó en los últimos años, fue gracias a la complicidad de sujetos como estos y de otros fiscales, policías y jueces. Por eso, el primer desafío es purgarlos y fortalecer los núcleos sanos de estas instituciones, que felizmente existen, aunque normalmente arrinconados y desatendidos, por no decir abandonados.
El segundo desafío es construir, a partir de estos núcleos sanos, un subsistema de justicia penal con profesionales adecuadamente capacitados y bien remunerados. Esto exige la unificación de los esfuerzos de inteligencia, equipos electrónicos de última generación, debidamente utilizados bajo control fiscal y judicial, además de peritos y laboratorios forenses de primer nivel. En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe contar con la prerrogativa de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sus investigados, como lo recomienda Gafisud, organismo internacional rector contra el lavado de activos.
Este subsistema necesita, además, de un componente penitenciario con la infraestructura, el equipamiento y el personal capaz de garantizar el necesario aislamiento de los presos de alta peligrosidad, bajo un severo régimen que las mejores prácticas internacionales aconsejan.
El tercer desafío, y quizá el más importante, es contar con el liderazgo político y la capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto en un plazo relativamente corto, con lo que se asegura que esté debidamente blindado contra la corrupción. La conducción del esfuerzo debe venir del más alto nivel y exige un acuerdo político básico que le dé sostenibilidad. Se trata de una apuesta para los próximos 30 años, que dote al país de la herramienta de combate contra el crimen organizado que hoy tienen las naciones democráticas más avanzadas del mundo.