Una de las principales líneas de los discursos de las izquierdas políticas gira en torno a la redistribución del ingreso y la mayor carga tributaria hacia los segmentos de las poblaciones más acomodadas que ello implica.

La discusión de la desigualdad en la región, hoy en día en boga a propósito de las protestas en Chile, ha retomado fuerza y según tales grupos políticos, es causado principalmente por la sobreabundancia de multimillonarios egoístas, cuyas cuotas de poder se mantienen a expensas de un Estado distraído e irresponsable.

Pero la verdad del asunto es que este enfoque implementado en la práctica no solo yerra sino que filosóficamente también es peligroso. La idea de que para tener una sociedad más igualitaria pasa necesariamente por imponer más impuestos a las clases ricas no solo ha fracasado en nuestra región, sino también en el mundo desarrollado.

A continuación, se muestra un gráfico elaborado por Macroconsult para la región que muestra cómo la políticas redistributivas han tenido apenas un impacto marginal en reducir el coeficiente de Gini-  indicador más utilizado para medir la desigualdad del ingreso en una economía – en todos los países del bloque.

Fuente: Macroconsult

Siendo además conscientes de que el Estado por naturaleza es ineficiente en la asignación de recursos, el foco de la atención no debiera ser la redistribución de ingresos para reducir la desigualdad, sino la generación de mayor crecimiento económico para un escape persistente de la pobreza y la consecuente mejora de la calidad de vida de los hogares, evitando que sectores privilegiados capturen rentas indebidamente, sin competencia, por ejemplo. Es de esta forma que se reduce la verdadera desigualdad, puesto que permite a los individuos con un mayor poder adquisitivo acceder a mejores servicios salud, educación, vivienda, entre otros sin que haya una dependencia presente de las arcas fiscales y los impuestos que ello conllevan.

Lamentablemente y aún con la evidencia en mano, el vapuleo de las clases ricas como principal arma para combatir la desigualdad sigue aún vigente en las discusiones políticas no solo en nuestra región sino también en países desarrollados como EEUU y Gran Bretaña. Ello lo muestra un reciente artículo escrito por The Economist que compartimos a continuación.

Creemos que es imperativo no solo desechar dicho enfoque por su fracaso en la práctica sino porque además, como bien enfatiza el popular medio británico, la generación de impuestos punitivos a las clases ricas puede introducir desincentivos a la innovación e inversión y por ende reducir la generación de empleo que beneficiaría a las clases más necesitadas, justo a las que se quiere ayudar.

La batalla de ideas persiste y nosotros seguiremos defendiendo, como hemos estado haciendo, nuestra postura de que el crecimiento económico es el motor más potente del progreso humano. Lampadia

En defensa de los multimillonarios
Las grandes fortunas personales son una guía poco confiable de por dónde la política del gobierno salió mal

Los ataques indiscriminados contra los súper ricos harán más daño que bien

The Economist
9 de noviembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Vapulear a los multimillonarios está ganando popularidad, especialmente entre los candidatos para ser presidente de EEUU. Elizabeth Warren quiere tomar hasta el 6% de su riqueza en impuestos cada año. Bernie Sanders dice que “no deberían existir”. “Cada multimillonario es un fracaso político”, dice un eslogan común de izquierda. También en las elecciones británicas, los súper ricos están bajo fuego. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dice que una sociedad justa no contendría nada. El 31 de octubre prometió “perseguir” a los plutócratas de Gran Bretaña, destacando a cinco personas y lamentando un “sistema corrupto”.

Los izquierdistas que explotan la desigualdad no son nada nuevo. Pero la idea de que grandes fortunas personales se hacen posibles solo cuando el gobierno va mal es una idea más novedosa y seria. También está equivocada. La riqueza personal es, en el mejor de los casos, una señal poco confiable de mal comportamiento o políticas fallidas. A menudo lo contrario es cierto.

La acusación de la izquierda se basa en un núcleo de verdad. Cuando la competencia es feroz y justa, las ganancias persistentemente altas deberían ser difíciles de mantener. Sin embargo, en ambos lados del Atlántico, demasiadas empresas obtienen ganancias extraordinarias en mercados concentrados. Algunos multimillonarios han prosperado donde la competencia ha fallado. Facebook y Google dominan la publicidad en línea; a Warren Buffett le gustan las empresas con “fosos” que mantienen alejados a sus rivales. Mientras tanto, el sistema político de EEUU está plagado de lobistas que animan a los políticos de turno. Alrededor de una quinta parte de los multimillonarios de EEUU hicieron su dinero en industrias en las que la captura del gobierno o la falla del mercado es común.

Sin embargo, muchos otros operan en mercados competitivos. Los minoristas, propiedad de Mike Ashley, uno de los objetivos de Corbyn, son conocidos por sus bajos precios y su competencia despiadada (así como por sus cuestionables condiciones de trabajo), no por la búsqueda de rentas. Por cada Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, hay varios empresarios de tecnología con muchos rivales. Piense en Anthony Wood, quien creó Roku, una plataforma de transmisión de video; o Tim Sweeney, cofundador de la firma detrás de “Fortnite”, un videojuego. Nadie puede acusar seriamente a estos innovadores de haber cosido sus mercados o de depender de los favores estatales. Lo mismo ocurre con deportistas como Michael Jordan o músicos como Jay-Z, multimillonarios. Incluso los fondos de cobertura enfrentan una feroz competencia por los fondos de los inversores, por lo que tantos están tirando la toalla.

Cuando el capitalismo funciona bien, la competencia reduce las ganancias para algunos, pero también las produce para otros a medida que los empresarios se apoderan de los mercados, frente a políticos adormilados. Su éxito eventualmente desencadenará otro ciclo de interrupción, pero mientras tanto se pueden hacer fortunas. Los fundadores de MySpace, un sitio web de redes sociales, se enriquecieron cuando lo vendieron a News Corp; posteriormente, Facebook comió su almuerzo. Blockbuster, una tienda de alquiler de videos, ayudó a hacer de Wayne Huizenga un multimillonario; entonces llegó Netflix. Este proceso crea grandes beneficios para la sociedad. Según las estimaciones de William Nordhaus, economista, entre 1948 y 2001 los innovadores capturaron solo el 2% del valor que crearon. Quizás es por eso que los multimillonarios son tolerados incluso por países con credenciales socialdemócratas impecables: Suecia y Noruega tienen más multimillonarios por persona que EEUU.

Los impuestos deben imponerse progresivamente. Pero eso no justifica la redistribución ilimitada o los gravámenes punitivos. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Warren ya se ha duplicado una vez durante su campaña. Thomas Piketty, un economista detrás de muchas de las estadísticas de desigualdad más citadas, quiere un impuesto al patrimonio de hasta el 90% sobre los multimillonarios más ricos. Tal expropiación seguramente enfriaría los incentivos para innovar y asignar capital de manera eficiente. Una economía con menos empresarios podría tener menos multimillonarios, pero en última instancia sería menos dinámica, dejando a todos peor.

La riqueza es preocupante cuando se atrinchera o se protege de las fuerzas disruptivas. Donde se ha establecido esa decadencia, los gobiernos deberían abordarla directamente. Independientemente de lo que diga Corbyn, Gran Bretaña apenas es corrupta según los estándares mundiales: el soborno es raro, por ejemplo. Pero sí tiene un problema con la riqueza heredada, la fuente de una quinta parte de la fortuna de los multimillonarios. Mayores impuestos a la herencia serían bienvenidos allí y EEUU, donde es demasiado fácil pasar riqueza entre las generaciones.

Una agenda más amplia para atacar las rentas mientras se mantiene el dinamismo debilitaría la protección excesiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que a menudo duran demasiado. (Vender Lucasfilm más de tres décadas después de la primera película de “La guerra de las galaxias” no debería haberle dado a George Lucas US$ 4,000 millones). Sacudiría la aplicación de la ley antimonopolio para promover la competencia en las industrias antiguas y nuevas por igual. Y lo más importante, arreglaría las leyes de financiamiento de campañas de EEUU para librar a su sistema político de la captura corporativa tanto a nivel estatal como federal.

Hacer todo esto lograría mucho más que un ataque indiscriminado contra los ricos, y sin el daño asociado. Por supuesto, corrija las fallas de la política. Pero los multimillonarios suelen ser el objetivo equivocado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Buscando apoyos sociales a fin de evitar la vacancia, al presidente Kuczynski no se le ocurrió mejor idea que proponer –ofrecer- el alza de la remuneración mínima vital. En la caja de herramientas populistas, el salario mínimo es la más facilista y la más socorrida, pese a que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Lo que pasa, como siempre, es que los beneficiados y los interesados hacen bulla, y los perjudicados no saben que lo son o no están organizados.

El daño, sin embargo, de un alza indiscriminada del salario mínimo, es enorme. Baste con señalar, como podemos constatar en el siguiente cuadro de PLADES,^[1] que el 49.4% -prácticamente la mitad- de la Población Económicamente Activa Ocupada percibe un ingreso que está por debajo del nivel del salario mínimo. ¿Cómo se puede subir el salario mínimo si la mitad de la población ocupada gana menos que él?

Para comenzar, todas esas personas pierden toda esperanza de alcanzar un trabajo formal con derechos si se sube la RMV. Y todos aquellos formales que están percibiendo la RMV en empresas que no pueden pagar más, serán despedidos o informalizados.

Como bien señalaba un informe de Apoyo, “el salario mínimo (SM) puede ser un instrumento útil para evitar que un empleador con mucho poder de negociación imponga salarios por debajo del nivel de productividad de sus trabajadores”,^[2] situación que solo podría darse en alguna gran empresa. En realidad, el salario mínimo en el Perú, tal como está planteado, podría ser aplicable a la gran empresa y eventualmente a la mediana empresa, que podrían solventarlo, pero es muy alto para las micro y pequeñas empresas, que no pueden pagarlo debido a sus bajos niveles de productividad. Como dice Apoyo Consultoría, “fijar el SM por encima de la capacidad de pago de las empresas lo convierte en un serio obstáculo para la generación de puestos de trabajo formales y excluye así a millones de trabajadores de beneficios laborales básicos, como seguro de salud, derecho a pensión y vacaciones”.

Las grandes perjudicadas con un aumento de la remuneración mínima vital ahora serán todas aquellas pequeñas empresas que tienen parte importante de sus trabajadores percibiendo salario mínimo y que incurrirán en pérdidas si lo aumentan. Lo mínimo que necesitaríamos es darnos el trabajo de pensar en dos salarios mínimos, tal como propone Apoyo: uno para la gran y mediana empresa, y otro para las micro y pequeñas empresas. En realidad, lo mejor para estas últimas y sus trabajadores sería que no hubiese salario mínimo, porque de esa manera la formalización y el crecimiento empresarial y por lo tanto el de los propios salarios, serían mucho mayores. El mejoramiento de la productividad no se impone por ley ni por decreto. La ley y el decreto, sin embargo, sí pueden frenarlo, como ocurre en nuestro país.

Nuestros políticos y nuestros ideólogos solo trabajan con mundos ideales. Es como si para ellos sólo la gran empresa existiera. Ella es el modelo y el blanco a la vez. Debe haber algo de herencia colonial en esto de excluir sistemáticamente a las grandes mayorías informales, que constituyen el 72% de la PEA. 

No solo a ellas. Dentro de ellas, a quienes se perjudica más es a las mujeres. En el siguiente cuadro de PLADES podemos ver que la tasa de informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres:

Y no es solo que el salario mínimo único e indiscriminado tiene efectos estructurales contraproducentes y negativos, sino que la coyuntura económica actual es la peor para adoptar una medida de esa naturaleza, pues no se puede subir el salario mínimo cuando se está destruyendo empleo formal. Hacerlo solo servirá para acelerar esa destrucción. Pues bien, la tasa de empleo formal en el área urbano bajó del 35.1% en diciembre de 1916 a 33.0% en diciembre del 2017[3]. Y, como vemos en el siguiente cuadro del INEI,[4] en el 2017 el empleo formal promedio en el área urbana, lejos de aumentar, cayó en -2.8%:   

Y lo que vemos es que esa caída del empleo formal afectó más a las mujeres –que constituyen el segmento más débil del mercado laboral- y a los jóvenes entre 25 y 44 años.

Además, como observamos en el siguiente cuadro, la caída del empleo formal ha sido mucho más fuerte en las empresas más pequeñas, las que tienen entre 1 y 10 trabajadores, donde se desplomó en -8.9%

¿Cuántos más se quedarán sin empleo formal –es decir, sin derechos laborales- si subimos el salario mínimo en estas circunstancias? ¿Cuántos  perderán su trabajo?

Todo esto es absurdo. Además, al salario mínimo hay que agregarle los distintos beneficios sociales. Y entonces resulta más alto aún. Como vemos en el siguiente cuadro preparado por el IPE,[5] en el régimen general, la Remuneración Mínima Vital, que es de 850 soles, se transforma en 1,230 soles. En el régimen de la pequeña empresa, se convierte en 1,075 soles. Y en el de la micro empresa, en 962 soles. Es decir, el salario mínimo en una microempresa es, en realidad, 962 soles. ¿Qué porcentaje de la PEA ocupada gana menos de 962 soles al mes? No tenemos el cálculo, pero no sería de extrañar que llegue a alrededor del 55% o 60%.

Según Elmer Cuba, “el punto acá es que el nivel actual del salario mínimo es muy alto”. Diego Macera, del IPE, opina lo mismo: “Nuestro estimado es que no debería ser mucho más de 600 soles”. Esto para las micro y pequeñas empresas, por supuesto. Que es donde está la gran cantidad de trabajadores.

Apoyo Consultoría propuso la siguiente reforma de la RMV:[6]

“(…) se proponen dos cambios… El primer cambio consiste en actualizar el salario mínimo, previo diálogo y debate en el Consejo Nacional del Trabajo, de manera diferenciada: por un lado, micro y pequeñas empresas y, por otro lado, las empresas medianas y grandes. El segundo cambio implica que al momento de actualizar el salario mínimo, se tome en cuenta el nivel de los salarios de mercado observados en cada uno de los dos segmentos mencionados. Así, solo se evaluará un aumento cuando el salario mínimo sea menor al 50% del salario promedio en cada segmento de mercado. Los cambios propuestos están en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la OIT (Recomendación N°135 y Convenio N°131), y pueden implementarse en el corto plazo utilizando información de las encuestas a hogares del INEI.”

Si leemos la propuesta anterior a la luz del siguiente cuadro, veríamos que, efectivamente, el salario mínimo el 2014 estaba muy por encima de lo adecuado para las micro y pequeñas empresas, y que un aumento solo habría sido viable, en ese momento, para las medianas y grandes empresas.

Es hora de empezar a discutir estos temas con seriedad en lugar de jugar con el trabajo y los derechos de las grandes mayorías. Lampadia

[1] Informe sobre el Trabajo Decente en el Perú 2016 PLADES.  Ir a: https://drive.google.com/file/d/0B1L6UjYv4p-7WFZMQmcyU1ZFYlU/view
[2] Propuesta para mejorar la política de salario mínimo en el Perú, julio 2015, Apoyo Consultoría
[3] Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a Nivel Nacional, INFORME TÉCNICO N° 01 Febrero 2018, INEI, p. 35. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/01-informe-tecnico-n01_empleo-nacional_oct-nov-dic2017.pdf
[4] Idem, p. 14
[5] “La Valla Mínima”. Informe El Comercio-IPE, lunes 16 de enero del 2017. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/2017-01-16%20-%20La%20valla%20m%C3%ADnima%20-%20Informe%20IPE%20-%20El%20Comercio.pdf
[6] Op. Cit

Nuestra afamada economista, Liliana Rojas-Suárez, del Center for Global Development, en Washington, estuvo en Lima hace un par de semanas para exponer sobre los avances de la inclusión financiera en el Perú, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico. Como sabemos, el crédito es una palanca esencial para el desarrollo de los ciudadanos y las empresas, especialmente las más pequeñas.

El Perú ha sido víctima de una de las mayores y más largas hiperinflaciones de la historia mundial y, además, hemos tenido 30 años (60 – 90) en que se apagaron las luces de la economía. Ambos procesos nos hicieron un daño estructural del que aún no nos recuperamos del todo, nos llevaron a niveles de pobreza largamente por debajo de nuestro potencial de ingresos y propiciaron la emergencia de una informalidad difícil de contrarrestar, entre muchos otros efectos. Pero estos dos aspectos, más las regulaciones no incluyentes, determinaron que solo una pequeña fracción de nuestros ciudadanos tenga acceso al crédito formal.

El siguiente artículo de Rojas-Suárez, nos explica la situación de la inclusión financiera en el Perú:

Liliana Rojas-Suárez 

FORO ECONÓMICO – UN BLOG LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA POLÍTICA

8 de julio, 2016

Desde el 2010, el Grupo de los 20 (G-20) ha reconocido a la inclusión financiera como uno de los pilares centrales para el desarrollo económico. A su vez, los esfuerzos e iniciativas para promover la inclusión financiera vienen aumentando significativamente en los últimos años a nivel global, incluyendo América Latina y Perú.

En líneas generales, los esfuerzos de las autoridades y el sector privado parecen estar brindando varios resultados positivos. Por ejemplo, el Banco Mundial, a través de su base de datos Global Findex, muestra un incremento a nivel global entre el 2011 y el 2014 de 10.1% en el porcentaje de adultos que tienen cuentas en alguna institución financiera formal[1]. América Latina, en general; y Perú en particular, no son excepciones. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el rezago de la región con respecto a otros países con grado similar de desarrollo (medido por el ingreso real per cápita) es bastante amplio y no ha mostrado cambios significativos en años recientes. De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, en tanto que la mediana del indicador de inclusión financiera muestra un incremento importante tanto para la región como para otros países con similar grado de desarrollo (sus pares), la brecha en la tenencia de cuentas bancarias de países latinoamericanos con respecto a sus pares no ha cambiado de manera significativa (pasó de 20.2 a 19.5 puntos porcentuales).[2]

Cuadro 1. Brecha de Inclusión Financiera en América Latina

A nivel de país, Perú muestra una de las mayores brechas de inclusión financiera en la región (29.9 puntos porcentuales). [3] En el Gráfico 1, sólo México y Uruguay presentan brechas de inclusión financiera mayores a las de Perú (en el caso de Uruguay, la amplitud de la brecha se explica en gran parte porque sus pares son economías con un grado relativamente alto de desarrollo económico e inclusión financiera[4]).

Gráfico 1. Brechas de Inclusión Financiera entre países latinoamericanos y sus pares respectivos (puntos porcentuales)

¿Qué explica la amplitud y persistencia de la brecha de inclusión financiera en América Latina, particularmente en Perú? Para contestar esta pregunta, me baso en el marco analítico y metodológico desarrollado en Rojas-Suarez y Amado (2014) y su respectiva revisión y actualización en Rojas-Suarez (2016). En dicho análisis, se enfatiza el rol de las características sociales y económicas en las que operan los mercados de servicios financieros. En particular, se destacan cuatro categorías de obstáculos que frenan la inclusión financiera: inestabilidad macroeconómica, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales e ineficiencias del sector financiero.[5]

Como resultado de la investigación empírica en estos trabajos, se identificaron las variables (a nivel de país) que afectan significativamente a la inclusión financiera en América Latina en forma adversa:

(a) La volatilidad de la tasa de interés real (variable macroeconómica), a través de su efecto sobre la demanda por servicios financieros en el sector formal: altos niveles de volatilidad han estado asociados históricamente con crisis financieras y grandes pérdidas de los depositantes en los sistemas bancarios.

(b) Desigualdad del ingreso (variable de desigualdad socioeconómica), que resulta en fuertes resistencia de grupos de poder establecidos para implementar reformas que promuevan la inclusión financiera (Claessens y Perotti, 2005).[6]

(c) Debilidad del Estado de Derecho (variable institucional)[7], debido a que en sociedades con calidad institucional baja, los contratos entre acreedores y deudores tienden a no cumplirse; lo que a su vez genera desincentivos para que los depositantes confíen sus ahorros a los bancos y otras instituciones financieras y para que las entidades financieras otorguen créditos a deudores pequeños y relativamente más riesgosos.

(d) Ratio de costos administrativos a activos totales del sector bancario (variable de ineficiencia del sector financiero), en la medida en que ratios altos se asocien con costos elevados para la provisión de servicios financieros.

(e) Concentración bancaria, que puede resultar en un comportamiento oligopólico en detrimento de la inclusión financiera, pues genera incentivos a los proveedores a enfocarse en los clientes menos riesgosos que pueden pagar altos costos de servicios financieros. Sin embargo, la evidencia muestra que los efectos de la concentración bancaria sobre la inclusión dependen de la calidad de las instituciones.

(f) Interacción entre la concentración bancaria y la calidad institucional: la combinación de una concentración bancaria elevada en un contexto de calidad institucional débil tiende a ser adversa para la inclusión financiera, pues genera discriminación en contra de clientes de ingresos bajos y a bloquear políticas que permitan la incorporación de nuevos proveedores de servicios financieros.

Los resultados de la investigación econométrica presentada en Rojas-Suarez (2016) permiten analizar la importancia relativa de los obstáculos que acabamos de discutir en la explicación de la brecha de inclusión financiera entre América Latina y sus pares. Utilizando los coeficientes estimados y los valores promedios de las variables consideradas para América Latina y sus pares, el valor estimado para de la brecha de inclusión financiera de América Latina es de 16.8 puntos porcentuales en términos absolutos (incluyendo determinantes idiosincráticos y no idiosincráticos[8]); en tanto que el valor observado de dicha brecha es de 13.7 puntos porcentuales.[9]  El Gráfico 2 presenta la contribución implícita de los determinantes (no idiosincráticos) de la inclusión financiera para explicar la brecha.

Gráfico 2. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera entre América Latna y sus pares (puntos porcentuales)

El resultado central es que las debilidades institucionales y la desigualdad del ingreso son los factores más importantes para explicar la brecha de inclusión financiera de la región en relación a sus pares. La contribución de la inestabilidad macroeconómica (medida por la volatilidad de la tasa de interés real), aunque relevante, es relativamente menos importante y la contribución del ratio de costos administrativos bancarios es mínima. (Nótese una vez más que, aunque las variables consideradas son importantes para explicar la inclusión financiera, solo algunas cobran relevancia para explicar la brecha).

Como se mencionó anteriormente, la calidad institucional cumple un rol dual. Las debilidades institucionales tienen un efecto adverso directo sobre la brecha de inclusión financiera, pero también tienen un efecto indirecto mediante su interacción con la concentración bancaria. En primer lugar, de acuerdo a nuestros cálculos, los efectos directos de los problemas institucionales contribuyen a explicar más de 7 puntos porcentuales de la brecha. En segundo lugar, a pesar de que la concentración bancaria contribuyó a reducir la brecha en 2.48 puntos porcentuales (indicando que los sistemas bancarios son más concentrados en los países pares que en América Latina), sus efectos indirectos a través de la interacción con la variable de debilidad institucional explican 5.8 puntos porcentuales de la brecha. O sea, por sí mismas, la diferencia de concentración bancaria entre la región y sus pares no ha afectado positivamente la brecha de inclusión, pero sí cuando esta diferencia se ajusta por el impacto de la calidad institucional.

¿Qué factores explican la brecha de inclusión financiera en el Perú?

Los resultados econométricos presentados en Rojas-Suarez (2016) pueden también utilizarse para analizar los factores que explican la brecha de inclusión financiera en el Perú con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo económico (sus pares). La misma metodología utilizada en el Gráfico 2 para la región en su conjunto se emplea para construir el Gráfico 3, a nivel de país. En el gráfico se presenta a Perú y, como puntos de comparación, a México y Chile. Incluimos a México por tener una brecha de inclusión financiera mayor que la de Perú y a Chile porque su brecha es solo un tercio que la de Perú (Gráfico 1).

Gráfico 3. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera en México, Perú y Chile (puntos porcentuales)

El gráfico muestra similitudes y diferencias muy importantes entre los tres países. Las similitudes son que ni la volatilidad de la tasa de interés real ni el ratio de costos administrativos bancarios juegan un papel relevante en explicar las brechas de inclusión financiera.[10] Este es también el caso cuando se considera la región en su conjunto (gráfico 2).

Las diferencias son más notables que las similitudes. En los países de baja calidad institucional (Perú y México)[11], los efectos directos e indirectos de la debilidad institucional son los factores dominantes para explicar la brecha de inclusión financiera. En contraste, en Chile, su alta calidad institucional contribuye a reducir la brecha de inclusión financiera.

La alta concentración bancaria en Perú es también un factor importante en la explicación de la brecha. Esta alta concentración en un entorno débil institucionalmente desalienta la inclusión financiera y por tanto incrementa la brecha con respecto a sus pares.

Aunque la desigualdad del ingreso contribuye a explicar las brechas de inclusión financiera en los tres países, este factor destaca significativamente en Chile como el componente más importante.

La lección que se deriva para Perú es clara y simple: los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera se verán seriamente limitados en ausencia de reformas significativas para mejorar la calidad de las instituciones (el respeto al Estado de Derecho, la independencia y eficacia del sector judicial y la efectividad del gobierno en la implementación de sus políticas). En ausencia de estas reformas, es difícil esperar que el Perú pueda acortar la brecha que lo separa de sus pares, los cuales han logrado incorporar porcentajes mucho más altos de la población al sistema financiero formal.

Referencias

Claessens, Stijn and Enrico Perotti, 2005, “The Links between Finance and Inequality: Channels and Evidence”, University of Amsterdam, March

Rojas-Suarez, Liliana (2016), “Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks Policy Issues”, Inter-American Development Bank, Department of Research and Chief Economist, Discussion Paper No. IDB-DP-464

Rojas-Suarez, Liliana and María Alejandra Amado (2014), “Understanding Latin America’s Financial Inclusion Gap”, Center for Global Development, Working Paper 367, May

[1] Indicador de inclusión financiera considerado en este texto.

[2] Una brecha positiva indica que la inclusión financiera es mayor en los pares de América Latina que en (la mediana de) los países latinoamericanos.

[3] Los resultados son similares si se utilizan indicadores alternativos de inclusión financiera, tales como acceso al crédito o utilización del sistema financiero formal para realizar transacciones o ahorrar.

[4] Lo opuesto ocurre en los casos de Bolivia y Ecuador, dos países de bajo nivel de desarrollo a nivel mundial.

[5] En Rojas-Suarez y Amado (2014) también se investiga el rol de características individuales. Un resultado importante es que el efecto de tener educación secundaria sobre la probabilidad de estar incluido financieramente es mayor en América Latina respecto a sus pares.

[6] Sin embargo, otros autores argumentan que las mejoras en la inclusión financiera pueden contribuir a reducir la desigualdad. Aunque esto sugiere la posibilidad de doble causalidad entre la desigualdad del ingreso y la inclusión financiera, los estudios empíricos considerados en este texto indican que la primera causa a la segunda.

[7] Otras variables de calidad institucional tienen un efecto similar sobre la inclusión financiera.

[8] El componente idiosincrático de la brecha corresponde al valor del coeficiente de una variable dummy para países latinoamericanos incluida en la regresión.

[9] Nótese que para este ejercicio, nos estamos refiriendo a la brecha promedio de América Latina con respecto a sus pares (13.7 puntos porcentuales). Como se mencionó anteriormente, la mediana de la brecha es 19.5 (Cuadro 1).

[10] La contribución del ratio de costos administrativos es tan pequeña que no se visualiza en el gráfico.

[11] En el indicador de “Estado de derecho”, un indicador de calidad institucional del Banco Mundial, Perú y México ocupan los lugares 140 y 130 respectivamente en una muestra de 204 países, en tanto que Chile ocupa el puesto 26.

Lampadia

En recientes declaraciones, Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCRP), se afirma que “en general, se ha observado un crecimiento de ingresos para las personas en las regiones del país, con una reducción en el coeficiente Gini (desigualdad), pues se ha dado un crecimiento descentralizado”.

La nota periodística que resalta las declaraciones de Armas traen un dato espectacular sobre la disminución de la desigualdad: 

Entre el 2001 y 2015, el Gini bajó de 0.52 a 0.35

Qué otra evidencia de la prosperidad del país podemos pedir para que TODOS reconozcamos la realidad y, desde ella, proyectemos nuestras opciones políticas individuales. No es adminsible que las propuestas de acción se basan en la negación de la realidad o en mentiras abiertas.

Esto se debe principalmente a que el crecimiento económico que ha experimentado el país durante los últimos 15 años ha sido compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional.

Como se puede ver en el gráfico superior, los coeficientes de desigualdad en el gasto y el ingreso cayeron significativamente en los últimos 10 años, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%. De esta manera, la pobreza y la desigualdad han ido cayendo constantemente todos los años. Es decir, hoy se pueden cuestionar algunos aspectos del modelo, pero nadie puede negar que la desigualdad en el Perú está cayendo por el crecimiento de la economía.

Estas afirmaciones se ven reforzadas con la recién publicada Encuesta Nacional de Hogares 2009 – 2015, del INEI, la cual muestra que en el 2015, el Perú alcanzó una desigualdad (coeficiente de GINI) del gasto de  0.35 a nivel nacional, a nivel de área geográfica para el área urbana fue 0.32 y para el área rural 0.30.

De acuerdo con lo publicado en dicho informe, el grado de desigualdad del gasto en el país entre los años 2009 y 2015, se redujo de 0.39 a 0.35. Estos resultados se explican por el descenso tanto en el área urbana como rural donde ambos se reducen en 0.02 (de 0.34 a 0.32 y de 0.32 a 0.30, respectivamente). Según región natural, la mayor disminución se dio en la Sierra y Selva al pasar de 0.40 a 0.36 y de 0.39 a 0.35 respectivamente. Ver en el siguiente cuadro:

La evolución del grado de desigualdad del ingreso, como afirma el INEI, entre el 2009 y 2015, disminuyó a nivel nacional y en casi todos sus dominios, con la única excepción de la Costa rural que se mantiene en el mismo nivel. A nivel nacional la disminución es de 0.03, pasando de 0.47 en el 2009 a 0.44 en 2015. 

Armas afirma lo mismo que grafican los cuadros del INEI: “cuando se observan los indicadores socioeconómicos de los últimos 15 años, se destaca un crecimiento mayor de los ingresos en los sectores más pobres, que es la gente que vive en las zonas rurales e inclusive en lugares de mayor altura”.

La información presentada por Armas prueba que la economía de mercado peruana ha producido impactos sociales muy positivos y trae abajo todas las mentiras y mitos con los que los grupos anti sistema de la izquierda radical, más otros grupos políticos que en la primera vuelta pretendieron captar votantes torciendo la realidad.

El año pasado, el Banco Mundial también lo confirmó, afirmando que “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.” Ver en Lampadia: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada y, como se observa en el gráfico inferior, es mucho mayor a la pública. Sin embargo, gran parte del debate nacional se centra en esta última, cuando debería hacerlo en la privada, que ha representado, según el IPE 24.5% del PBI en el 2013, 19.2% la privada y 5.3% la pública.

Sin embargo, en el último año, la desigualdad no ha variado. Esto refleja el mal manejo del gobierno al haber frenado la inversión y el crecimiento. En Lampadia hemos denunciado que desde el 2011, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, se han producido dos puntos de inflexión muy graves, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Está claro que el crecimiento económico no es suficiente para superar la pobreza, en especial la extrema. Para cumplir con este objetivo son necesaria políticas específicas que permitan que este sector de la población, por las condiciones en las que se encuentra, salga de esa estancia rápido y de forma sostenida. La pobreza extrema debe apoyarse con programas sociales, pero la solución estructural es traer a los pobres a la economía de  mercado. Eso es lo que ha sucedido, en buena medida, en la sierra rural, según demuestra Richard Webb en su libro Conexión y Despegue Rural. Armas también afirma: “Un libro del ex presidente del BCR, Richard Webb, muestra el crecimiento de los ingresos en estas regiones desde comienzos de siglo y se observa que el porcentaje de autoconsumo ha bajado significativamente, lo cual implica que ahora más personas pueden acceder al mercado”.

Queda entonces claro que la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. Como hemos explicado anteriormente, el crecimiento económico no es el objetivo del desarrollo, pero es el único medio para lograrlo. Ver: Sin crecimiento económico no hay desarrollo. El crecimiento ha sido la mejor política de inclusión social. Hemos experimentado un proceso muy positivo que debemos fortalecer, precisamente, por lo que aún falta lograr. Todavía existen 6 millones de personas en situación precaria y 980,000 mil pobres extremos. Motivo por el cual, nuestra agenda pendiente debe seguir privilegiando el crecimiento económico, apostando por la mejora de la educación y salud, cerrar las brechas de infraestructuras y lograr un avance importante en la calidad de nuestras instituciones. Lampadia

Construir una meritocracia

Con el siguiente ensayo terminamos el quinto componente de nuestro análisis de la Reforma Policial que incluyen nuestras propuestas de ajustes y mejoras a los avances actuales. Ver los despachos anteriores en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

Algo fundamental para la construcción de un Estado moderno y efectivo es instalar la meritocracia en el ADN de los procesos estatales. Como hemos informado en Lampadia, el país que incorporó la meritocracia con gran éxito fue Singapur, uno de los países más exitosos de la tierra. Esta fue implantada por su fundador, Lee Kuan Yew, que además fue una suerte de maestro de Deng Xiaoping, el gran reformador que sacó a la China del comunismo.

Curiosamente, el ex Presidente García, que en sus presentaciones internacionales alaba a ambos líderes, en su propio segundo gobierno,  cometió el error de ir contra la meritocracia bajando el sueldo a los funcionarios públicos. Peor aun, ahora, en medio de la campaña electoral, ha vuelvo a girar la tuerca en el sentido contrario de la historia proponiendo adherir nuevamente las recetas del populismo, absolutamente contrarias a la prédica y praxis de los líderes que no deja de exaltar.  

Resumen ejecutivo

Si bien la ley de Carrera Policial establece la evaluación de desempeño, esta no ha sido reglamentada aun y apenas tiene un coeficiente de 2 en un total de 10 puntos, para el ascenso. Los exámenes de rendimiento físico se acaban de instaurar pero no los hay de tiro al blanco porque no había balas ni pistolas. Y para el ascenso a general el peso de la amistad o el compadrazgo, cuando no la complicidad, sigue siendo muy elevado.

Introducción

Hemos visto, en el informe anterior, que la adopción del presupuesto por resultados en el sector Interior está permitiendo empezar a introducir racionalidad, planificación y metas en el gasto y la labor policial, particularmente en lo que se refiere a seguridad ciudadana. Pero, como es obvio,  quien aplica las políticas de seguridad contenidas en los presupuestos por resultados y en la matriz de compromisos, son los oficiales y subalternos de la policía. Se necesita, por lo tanto, que ese personal sea idóneo profesional y éticamente. En “La Reforma Policial (II)” hemos dado cuenta del proyecto de ley de depuración de la policía que tendría que ser aprobado por el próximo Congreso y ejecutado por el siguiente gobierno. Pero, mientras tanto, es indispensable avanzar en la organización de una carrera policial meritocrática, que aún no existe plenamente pese a la promulgación, en diciembre del 2012, del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la carrera y situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

No hay evaluación de desempeño

La mencionada ley de la carrera policial afirma el “principio de meritocracia”, en el sentido de que “el ingreso, la permanencia y los ascensos en la carrera, se fundamentan en los méritos y en las capacidades personales, profesionales y técnicas”. El artículo 36° de la ley establece  la “evaluación de desempeño” con la finalidad de “ubicar al personal en el nivel que le corresponda en las Listas de Rendimiento Profesional y Técnico”, “aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución; y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, mediante indicadores de desempeño”.

Concluye el artículo 36° diciendo: “Las fases, juntas de evaluación y procedimientos para la evaluación del desempeño, se regulan en el reglamento respectivo”. Pues bien, ocurre que el reglamento todavía no había sido publicado en febrero del 2015, pese a que la ley se dio a finales del 2012. En suma, no hay evaluación de desempeño.  

Por lo demás, la propia ley le asigna a la evaluación de desempeño sólo un coeficiente de 2 de un total de 10, para los ascensos. Los otros criterios son “formación académica” (2 puntos), “experiencia para el servicio policial” (¿?) (2 puntos), “moral y disciplina” (3 puntos) y “antigüedad” (1 punto).

No hay exámenes de rendimiento físico ni de tiro al blanco

Los únicos exámenes que se ha venido tomando en la PNP para los ascensos son los médicos y de conocimientos (en este último caso, por lo general sobre temas que muchas veces no son útiles para la labor policial), aunque efectivos u oficiales que están en zonas alejadas o de emergencia son exonerados de dichos exámenes dándoles el puntaje máximo. Como nos explicó el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, en los últimos 30 años ni siquiera se ha tomado exámenes de rendimiento físico o de tiro al blanco a los suboficiales porque no había recursos, ni pistolas, ni balas. Recién, hace pocos meses, se reinstauró el examen físico y, en cuanto a las prácticas y exámenes de tiro, se ha comprado alrededor de 3 millones de balas, que ya están en la Policía Nacional, pero todavía falta adquirir las pistolas, un proceso que se dejaría encaminado para que el próximo gobierno compre 90 mil de ellas.

La distribución del personal no es una pirámide

El resultado es que los ascensos en la policía no obedecen a razones de rendimiento, desempeño o capacidad, sino a otros motivos. Y esa es la explicación de los siguientes gráficos de distribución del personal policial. El primero se refiere a los subalternos, a los suboficiales. Allí donde debería haber una pirámide, lo que tenemos es una figura cóncava, una suerte de reloj de arena, donde vemos en los grados superiores más suboficiales que en los niveles intermedios. Es decir, más jefes que subordinados. Esto obedece sencillamente a que el ascenso a los niveles superiores es un medio para subir la remuneración y nada más. No refleja ni las necesidades de la operación policial ni evaluación meritocrática alguna.

El cuadro de los oficiales es distinto, un rombo, pero refleja lo mismo: la necesidad de engrosar las categorías de mayor y comandante como un medio para subir los sueldos, con el resultado, también, de que tenemos, desde allí para abajo, muchos más jefes que subordinados.

Se supone que en el caso de los oficiales hay un grado algo mayor de meritocracia, pues, para ascender, los oficiales –salvo los exonerados, que no son pocos- sí pasan examen físico, examen médico y examen de conocimientos (incluyendo formación académica), aunque no hay una verdadera evaluación de desempeño. Pero en cuanto a la evaluación de la formación académica, por ejemplo, resulta que los criterios para su valoración  son cuestionables. Pérez Guadalupe observa lo siguiente: “…. no termino de ver claramente si esos criterios son objetivos. Un grado académico, por ejemplo, tiene un puntaje, está bien, pero debería tenerlo sólo si es sobre algo que tiene que ver con tu carrera policial. En segundo lugar, cómo llegaste a ese grado académico, de qué universidad es, si fue a distancia…”, porque las tesis, por ejemplo, se pueden eventualmente comprar en algunas universidades.

Por lo demás, como dijimos, no hay una evaluación de desempeño en regla, pues aun no ha salido el reglamento. En la actualidad, en “evaluación de desempeño” todos reciben la calificación de 100. Es algo insólito pero así es. Esa evaluación mide en teoría el rendimiento profesional, la disciplina y la aptitud para el trabajo, pero en la práctica, repetimos, todos reciben la  máxima nota. El incentivo es muy malo porque para qué se va a esforzar un oficial o un subalterno si va a recibir la misma calificación que el que no hizo nada. No hay, en suma, meritocracia. Esta evaluación, por lo demás, debería tener un coeficiente mayor que el de formación académica. En el caso de los comisarios, por ejemplo, el ministro Pérez Guadalupe, nos decía “¿cuál es la diferencia entre una comisaría y otra? No es el número de patrulleros, no es el número de efectivos, no. Es gestión y liderazgo del comisario. Debe evaluarse cuántas armas ha recuperado, cuántos delincuentes capturados, cuántos autos robados, etc.”. Y esto no existe.

Amistad y compadrazgo para el ascenso a general

Pero donde se advierte claramente la ausencia flagrante de meritocracia es en el ascenso de coronel a general. Apunta Pérez Guadalupe: “en el Ejército, por ejemplo, tu meritocracia, tu puntaje te vale el 97% de tu nota final y la entrevista es un 3% nada más. En cambio en la policía puede llegar a 50-60%. Y no la entrevista, porque no hay entrevista, sino la calificación subjetiva que te pone la reunión de generales que elabora el orden de méritos de los coroneles postulantes. Puede ocurrir, entonces, que el coronel más conocido, el más amiguero, sea el que obtenga más votos”.

La propia ley de carrera policial promulgada a fines del 2012 establece como requisito para ascender hasta el grado de coronel “tener un promedio no menor de sesenta y cinco (65) puntos en el factor rendimiento profesional o técnico, correspondiente al grado que ostenta” (el único problema, como hemos señalado, es que la evaluación de desempeño que sirve para determinar tal factor de rendimiento, no ha sido reglamentada y no se aplica), pero no establece tal requisito para el ascenso a general. Los generales gozan entonces del privilegio de escoger a sus segundos o sucesores con criterios no meritocráticos que eventualmente pueden ser de amistad o compadrazgo o incluso complicidad en actos indebidos o en formas de enriquecimiento ilícito. Esto, evidentemente, favorece la conformación de redes de corrupción. Habría que comenzar por modificar la ley en ese punto.

En resumen, aún falta mucho para implantar una verdadera meritocracia en los ascensos, pues la ley de carrera policial no ha sido reglamentada.  

Recomendaciones

1. Elaborar y publicar el reglamento de evaluación de desempeño y pasar a un sistema de ascensos claramente basado en los méritos y no en la amistad o la compadrería
2. Aumentar el coeficiente destinado a la evaluación de desempeño
3. Reducir sustancialmente el peso de la opinión del consejo de generales en los ascensos de coronel a general

Entrevistas

Perez Guadalupe, Jose Luis, Ministro del Interior, entrevista en la Hora N, 3 de diciembre 2015

Reyes, Jaime, Jefe de gabinete de asesores del Ministro del Interior, y Javier Llaque, asesor, 16 de octubre de 2015

Bibliografía

Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Supremo N°016-2013-IN, Reglamento de la Ley de Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

Lampadia, “La Reforma Policial (I)”, 14 de enero de 2018

Lampadia, “La Reforma Policial (II)”, 8 de febrero de 2016

Pérez Guadalupe, José Luis, Ministro del Interior: “Meritocracia en la Gestión Policial: al servicio del ciudadano”, Presentación en CADE 2015, Lima, 3 de diciembre 2015

Lampadia

En la Reunión Anual del Banco Mundial y el gobierno peruano, se analizaron los desafíos que enfrentan el Perú y muchos países emergentes en la medida que buscan transformarse en economías de más alto ingreso. Se destaca que el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina, se ha beneficiado de sólidas políticas macroeconómicas (las bases para un crecimiento sostenido) pero todavía encara desafíos en ciertos sectores.

Se resaltó la experiencia de Perú, que podría resultar útil para muchos otros países de ingreso mediano que buscan impulsar el crecimiento y, simultáneamente, lograr avances en materia de inclusión social y prestación de servicios a los pobres. Para ello es fundamental acelerar el aumento de la productividad. En esta Reunión Anual se presentó el documento: ‘Perú, siguiendo la senda del éxito’, en el que se destaca la productividad para impulsar el crecimiento económico.

Perú ha emergido como una nueva estrella de crecimiento económico. Tan sólo en la última década, su economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó su ingreso per cápita. Comparándolo con los estándares globales, su desempeño ha sido impresionante, como se puede observar en el gráfico inferior. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado.

Mejor aún, el crecimiento económico experimentado por el país fue compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Es muy importante notar que según el Banco Mundial, “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.“ Esto también se viene diciendo hace mucho en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento y Perú: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El crecimiento del Perú en la década del 2000, según el informe, se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF). Fueron justamente la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en las dos últimas décadas los motivos por los que mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un mayor crecimiento de la productividad, como se puede observar en el siguiente gráfico. En la década de 2000, la PTF contribuyó alrededor de un tercio de crecimiento. 

Sin embargo, es importante notar que en el análisis de productividad por regiones, la actividad económica se concentra en la zona costera, contribuyendo casi el 80 % de la producción nacional. Además, las regiones de Lima y Callao representan el 34 % de la población del país y el 48 % de la producción nacional.

En general ha habido una cierta convergencia gradual de la producción entre las regiones, pero todavía se tiene que reducir la brecha. Un proceso de la productividad sostenida podría ayudar a las regiones rezagadas a ‘ponerse al día’ y elevar la productividad agregada y los ingresos, así como reducir aún más las desigualdades regionales.

El documento acota que los éxitos económicos de Perú fueron respaldados por condiciones externas favorables en la última década y que también se ha acelerado su convergencia económica a niveles de ingreso más altos. Sin embargo, enfatizó que Perú, al igual que otros países de ingresos medios, “ahora tiene que afrontar el reto más difícil: llegar a ser un país de ingreso alto.”

Indicó, en ese sentido, que a pesar de las mejoras significativas en el Perú sigue habiendo brechas en infraestructura en diferentes sectores, así como problemas burocráticos.

En el caso de infraestructuras, a pesar de mejoras significativas, las brechas de infraestructura en todos los sectores siguen siendo grandes. El gasto de capital público se ha incrementado en los últimos años, pasando de 3.8 % del PBI en 2000 a 6.1 % del PBI en 2013, un desarrollo muy positivo. Pero las brechas de infraestructura en todos los sectores son todavía grandes. Por ejemplo, la infraestructura de transporte y logística, que es la columna vertebral del comercio interior y el comercio internacional, está menos desarrollada en comparación con algunos países competidores relevantes, como se puede observar en el gráfico inferior. La cobertura de las carreteras y el porcentaje de carreteras pavimentadas es relativamente baja y con conectividad limitada entre las zonas más importantes de agricultura, consumo y las zonas de exportación. Además, existe una limitada capacidad para vincular la producción a los puertos y aeropuertos para la exportación. (Lampadia: Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras)

Otro factor muy importante son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según el informe, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

El mundo no tiene ninguna razón para exagerar los avances del Perú. Por lo tanto, debemos tomar sus desinteresados consejos y apreciaciones con seriedad. Lamentablemente, en el país se niegan nuestros avances para construir plataformas políticas, algo que combatiremos todos los días en este portal. Lampadia