Jaime de Althaus
Para Lampadia

Buscando apoyos sociales a fin de evitar la vacancia, al presidente Kuczynski no se le ocurrió mejor idea que proponer –ofrecer- el alza de la remuneración mínima vital. En la caja de herramientas populistas, el salario mínimo es la más facilista y la más socorrida, pese a que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos. Lo que pasa, como siempre, es que los beneficiados y los interesados hacen bulla, y los perjudicados no saben que lo son o no están organizados.

El daño, sin embargo, de un alza indiscriminada del salario mínimo, es enorme. Baste con señalar, como podemos constatar en el siguiente cuadro de PLADES,^[1] que el 49.4% -prácticamente la mitad- de la Población Económicamente Activa Ocupada percibe un ingreso que está por debajo del nivel del salario mínimo. ¿Cómo se puede subir el salario mínimo si la mitad de la población ocupada gana menos que él?

Para comenzar, todas esas personas pierden toda esperanza de alcanzar un trabajo formal con derechos si se sube la RMV. Y todos aquellos formales que están percibiendo la RMV en empresas que no pueden pagar más, serán despedidos o informalizados.

Como bien señalaba un informe de Apoyo, “el salario mínimo (SM) puede ser un instrumento útil para evitar que un empleador con mucho poder de negociación imponga salarios por debajo del nivel de productividad de sus trabajadores”,^[2] situación que solo podría darse en alguna gran empresa. En realidad, el salario mínimo en el Perú, tal como está planteado, podría ser aplicable a la gran empresa y eventualmente a la mediana empresa, que podrían solventarlo, pero es muy alto para las micro y pequeñas empresas, que no pueden pagarlo debido a sus bajos niveles de productividad. Como dice Apoyo Consultoría, “fijar el SM por encima de la capacidad de pago de las empresas lo convierte en un serio obstáculo para la generación de puestos de trabajo formales y excluye así a millones de trabajadores de beneficios laborales básicos, como seguro de salud, derecho a pensión y vacaciones”.

Las grandes perjudicadas con un aumento de la remuneración mínima vital ahora serán todas aquellas pequeñas empresas que tienen parte importante de sus trabajadores percibiendo salario mínimo y que incurrirán en pérdidas si lo aumentan. Lo mínimo que necesitaríamos es darnos el trabajo de pensar en dos salarios mínimos, tal como propone Apoyo: uno para la gran y mediana empresa, y otro para las micro y pequeñas empresas. En realidad, lo mejor para estas últimas y sus trabajadores sería que no hubiese salario mínimo, porque de esa manera la formalización y el crecimiento empresarial y por lo tanto el de los propios salarios, serían mucho mayores. El mejoramiento de la productividad no se impone por ley ni por decreto. La ley y el decreto, sin embargo, sí pueden frenarlo, como ocurre en nuestro país.

Nuestros políticos y nuestros ideólogos solo trabajan con mundos ideales. Es como si para ellos sólo la gran empresa existiera. Ella es el modelo y el blanco a la vez. Debe haber algo de herencia colonial en esto de excluir sistemáticamente a las grandes mayorías informales, que constituyen el 72% de la PEA. 

No solo a ellas. Dentro de ellas, a quienes se perjudica más es a las mujeres. En el siguiente cuadro de PLADES podemos ver que la tasa de informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres:

Y no es solo que el salario mínimo único e indiscriminado tiene efectos estructurales contraproducentes y negativos, sino que la coyuntura económica actual es la peor para adoptar una medida de esa naturaleza, pues no se puede subir el salario mínimo cuando se está destruyendo empleo formal. Hacerlo solo servirá para acelerar esa destrucción. Pues bien, la tasa de empleo formal en el área urbano bajó del 35.1% en diciembre de 1916 a 33.0% en diciembre del 2017[3]. Y, como vemos en el siguiente cuadro del INEI,[4] en el 2017 el empleo formal promedio en el área urbana, lejos de aumentar, cayó en -2.8%:   

Y lo que vemos es que esa caída del empleo formal afectó más a las mujeres –que constituyen el segmento más débil del mercado laboral- y a los jóvenes entre 25 y 44 años.

Además, como observamos en el siguiente cuadro, la caída del empleo formal ha sido mucho más fuerte en las empresas más pequeñas, las que tienen entre 1 y 10 trabajadores, donde se desplomó en -8.9%

¿Cuántos más se quedarán sin empleo formal –es decir, sin derechos laborales- si subimos el salario mínimo en estas circunstancias? ¿Cuántos  perderán su trabajo?

Todo esto es absurdo. Además, al salario mínimo hay que agregarle los distintos beneficios sociales. Y entonces resulta más alto aún. Como vemos en el siguiente cuadro preparado por el IPE,[5] en el régimen general, la Remuneración Mínima Vital, que es de 850 soles, se transforma en 1,230 soles. En el régimen de la pequeña empresa, se convierte en 1,075 soles. Y en el de la micro empresa, en 962 soles. Es decir, el salario mínimo en una microempresa es, en realidad, 962 soles. ¿Qué porcentaje de la PEA ocupada gana menos de 962 soles al mes? No tenemos el cálculo, pero no sería de extrañar que llegue a alrededor del 55% o 60%.

Según Elmer Cuba, “el punto acá es que el nivel actual del salario mínimo es muy alto”. Diego Macera, del IPE, opina lo mismo: “Nuestro estimado es que no debería ser mucho más de 600 soles”. Esto para las micro y pequeñas empresas, por supuesto. Que es donde está la gran cantidad de trabajadores.

Apoyo Consultoría propuso la siguiente reforma de la RMV:[6]

“(…) se proponen dos cambios… El primer cambio consiste en actualizar el salario mínimo, previo diálogo y debate en el Consejo Nacional del Trabajo, de manera diferenciada: por un lado, micro y pequeñas empresas y, por otro lado, las empresas medianas y grandes. El segundo cambio implica que al momento de actualizar el salario mínimo, se tome en cuenta el nivel de los salarios de mercado observados en cada uno de los dos segmentos mencionados. Así, solo se evaluará un aumento cuando el salario mínimo sea menor al 50% del salario promedio en cada segmento de mercado. Los cambios propuestos están en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la OIT (Recomendación N°135 y Convenio N°131), y pueden implementarse en el corto plazo utilizando información de las encuestas a hogares del INEI.”

Si leemos la propuesta anterior a la luz del siguiente cuadro, veríamos que, efectivamente, el salario mínimo el 2014 estaba muy por encima de lo adecuado para las micro y pequeñas empresas, y que un aumento solo habría sido viable, en ese momento, para las medianas y grandes empresas.

Es hora de empezar a discutir estos temas con seriedad en lugar de jugar con el trabajo y los derechos de las grandes mayorías. Lampadia

[1] Informe sobre el Trabajo Decente en el Perú 2016 PLADES.  Ir a: https://drive.google.com/file/d/0B1L6UjYv4p-7WFZMQmcyU1ZFYlU/view
[2] Propuesta para mejorar la política de salario mínimo en el Perú, julio 2015, Apoyo Consultoría
[3] Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a Nivel Nacional, INFORME TÉCNICO N° 01 Febrero 2018, INEI, p. 35. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/01-informe-tecnico-n01_empleo-nacional_oct-nov-dic2017.pdf
[4] Idem, p. 14
[5] “La Valla Mínima”. Informe El Comercio-IPE, lunes 16 de enero del 2017. Ver: file:///C:/Users/Jaime/Downloads/2017-01-16%20-%20La%20valla%20m%C3%ADnima%20-%20Informe%20IPE%20-%20El%20Comercio.pdf
[6] Op. Cit

Los peruanos somos innovadores innatos, como se evidencia por nuestra adaptabilidad y espíritu positivo y de emprendimiento. Como afirma el nuevo informe de Innovación del IPE, “la inversión en innovación es crucial para continuar en la senda del desarrollo”. Este informe continúa con la iniciativa del IPE por añadir propuestas de políticas públicas para la árida campaña electoral.

Sin embargo, en los últimos 9 años, el Perú ha retrocedido 16 puestos en el Pilar de Innovación según el Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Nos mantenemos muy debajo de otros países en la región, como Colombia, México y Chile (ver gráfico inferior).

A pesar del excepcional crecimiento económico de Perú hasta hace pocos años, la innovación no ha aumentado como debería. Los factores que lo obstaculizan incluyen los bajos incentivos en investigación e innovación y el bajo gasto público en ciencia y tecnología (R&D) e investigación y desarrollo (I+D) en comparación con otros países con niveles similares de desarrollo. El presupuesto total de R&D ejecutado por CONCYTEC en 2013 fue de US$ el 17.4 millones y en 2012 fue de sólo US$ 5 millones. Este nivel de inversión es extremadamente bajo en comparación con sus pares de la región: el presupuesto de Colombia para la investigación (COLCIENCIAS) ascendió a US210 millones en 2012, mientras que Chile gastó US$ 546 millones para R&D (CONICYT) en 2013.

Sin embargo, no deja de ser cierto, que el sector privado nacional sigue innovando en sus procesos productivos y adaptando nuevas tecnologías. Este aspecto de la innovación no se recoge en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la empresa Silicon Technology del clúster de ATEM en Los Olivos, desarrolló un simulador del rayo atmosférico para probar la resistencia de aisladores de alta tensión y transformadores que se producen en dicho clúster. este desarrollo acaba de ser reconocido por el establishment peruano y hace pocos días se ha anunciado la certificación de Silicon Technology como CITE de Energía.

Uno de los principales factores causantes de la baja innovación en el Perú son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según un informe del Banco Mundial, Perú, siguiendo la senda del éxito, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Como afirma el IPE: “En lo que respecta a los obstáculos para innovar, la mayoría de empresas considera que es muy caro y que hay ausencia de personal calificado. Por ello, una de las propuestas del IPE es la creación de un Fondo Soberano de Riqueza (FSR), el cual permitiría un mayor acceso al financiamiento sostenible y barato para actividades de innovación.”

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

Según el IPE, en los últimos años el gobierno ha empezado a aumentar significativamente la inversión en investigación e innovación para fomentar la transformación productiva de la economía (mayor valor añadido y mayor diversificación industrial) y mejorar la colaboración entre los investigadores, las universidades y el sector privado. El objetivo es generar nuevas ventajas competitivas basadas en la innovación y con ello garantizar nuevas fuentes de crecimiento en el largo plazo.

Sin embargo, una de las claves para la innovación es invertir en la investigación y la educación superior. Así que, antes de este país puede llegar a ser un líder en innovación, debe comenzar por las principales reformas en el campo de la educación.

El IPE concluye que uno los problemas más importantes que enfrenta la innovación en el Perú es la falta de recursos. Por ejemplo, dice el informe, “todos los fondos administrados por Innóvate Perú representan solo la quinta parte de lo que tendríamos que invertir para alcanzar los niveles de inversión en I+D de México.”

Por lo tanto, sus recomendaciones incluyen la creación de una institución autónoma para que esté a cargo de la innovación, mucho mejor financiada. Además se insiste en el uso del Fondo Soberano de Riqueza para formar asociaciones entre universidades nacionales e internacionales y mejorar las infraestructuras y el equipamiento de laboratorios e implementar un programa de repatriación de científicos peruanos.

Tenemos que tomarle más importancia a la innovación de nuestro país ya que ésta se traduce en mayor competitividad para seguir encaminados en una senda de desarrollo. Lampadia

La percepción de inseguridad en la capital ha llegado a un nivel alarmante: el 90% de limeños entrevistados se siente inseguro en las calles, según la última encuesta realizada por Ipsos-Perú.

El informe: Encuesta sobre seguridad en América Latina, reitera algo que el Barómetro de las Américas había mostrado, que los niveles de victimización e inseguridad en el Perú son los más altos en América Latina. En este caso la comparación es con Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia  y México. El 30% de personas declara haber sido víctima de algún hecho delictivo el último año, lo que coincide con las cifras de la encuesta del INEI al respecto. Estas últimas registran una mejora en los últimos años (la victimización habría bajado 10 puntos), pero seguimos siendo el país más inseguro. Las reformas judicial-penal-policial, para las que hemos venido formulando propuestas, siguen siendo urgentes y deberían ser abordadas por el próximo gobierno.  

Además la sensación de inseguridad es alta: el 90 por ciento de los encuestados afirmaron sentirse inseguros en las calles de la ciudad. Para complementar esta encuesta, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público anunció recientemente que en la capital se producen más de 250 robos por día.

El Observatorio registró 29,484 robos y hurtos entre enero y abril de 2015. Sin embargo, los especialistas afirman que no se notifican todos los casos y el número de casos no denunciados podrían representar 15% del total. En promedio, afirman que el 30% de los residentes de Lima han sido víctimas de un delito en el último año.

Los distritos con la tasa de criminalidad más alto son el Cercado de Lima, Callao, San Juan de Lurigancho, Ate, La Victoria, Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Según los expertos entrevistados por Ipsos, el aumento en la percepción de inseguridad, así como la tasa de victimización, se pueden explicar por una desconfianza generalizada en las autoridades, así como por la creencia de que el Gobierno no prioriza la seguridad.

Además, el economista y ex presidente del Banco Central, Richard Webb, en un artículo de opinión en el diario El Comercio, dijo que la corrupción generalizada en el poder judicial, cuyo trabajo consiste en garantizar la justicia, es también una de las causas del aumento de la corrupción y del creciente miedo que afecta a todos los niveles de la sociedad. Este retroceso, a pesar de muchos avances económicos recientes, se debe incluir en la ecuación a la hora de evaluar la calidad de vida, dice Webb.

El clima de inseguridad en el país fomenta el desorden y la corrupción, así como los radicalismos, lo cual tiene un impacto negativo en la inversión y en el futuro económico y social del país. No permitamos que esto continúe y tomemos acciones asertivas. Lampadia