Medidas de corto plazo para la reactivación económica
| 20 de Agosto de 2020
Líneas abajo presentamos la propuesta desarrollada por IPAE con miras a rectivar la economía. Propuestas de este tipo toman especial relevancia ante la renuncia del gobierno a desarrollar una estrategia inteligente para controlar la pandemia y reactivar la economía.
Antes de la pandemia, el Perú tenía solidez macroeconómica y financiera marcada; sin embargo, también mostraba una desaceleración en su ritmo de crecimiento económico. Mantenía, además, problemas estructurales como la informalidad laboral y empresarial, la reducida base tributaria, la deficiente provisión de bienes y servicios públicos, y la alta vulnerabilidad de la clase media ante shocks adversos y, a pesar de una sostenida reducción de la pobreza y la pobreza extrema, alta desigualdad de ingresos y oportunidades.
A lo anterior se sumó una crisis económica por la pandemia y el distanciamiento social, que está lejos de terminar.
Se presentan 10 medidas de corto plazo para procurar que la recuperación de la economía sea lo más rápida y sostenible posible:
Fernando Cillóniz B. CILLONIZ.PE Ica, 17 de enero de 2020 Para Lampadia
Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.
La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.
Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?
A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!
Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?
Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.
Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios?
Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.
Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.
CONCLUSIÓN: El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.
Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales.Lampadia
La reforma laboral del ministro de economía
| 20 de Agosto de 2020
A pesar de las lecciones del CADE
Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio algunos alcances acerca de lo que sería la tan ansiada y, a la vez, controversial, reforma laboral que propondría el Ejecutivo. Ello en un contexto en el que el Presidente Vizcarra cae en serias contradicciones entre su reciente discurso en el CADE –que motivó la salida del Ministro de Trabajo- y sus posteriores declaraciones en su mensaje a la Nación de la semana pasada, en el que afirmó: “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. [Ver Lampadia: El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo].
Abstrayéndonos del muro puesto por delante por el presidente Vizcarra, queremos referirnos a las ideas del ministro.
La propuesta del Ministro es insuficiente y no tendría efecto alguno en una mayor generación de empleo formal y por ende en el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero más importante aún, no se constituye como un verdadero derrotero para superar la informalidad laboral, puesto que no ataca la alta rigidez que caracteriza nuestra legislación laboral, proveniente en su mayor parte de lo onerosa que es la práctica del despido en los contratos a plazo permanente en nuestro país.
Veamos:
En primer lugar, el Ministro de Economía propone que como alternativa a la reposición a los trabajadores por despido arbitrario, se pueda concretar una indemnización. O sea, de darse la indemnización, ya no debería caber la reposición.
Pero el ministro lo plantea como una alternativa, en vez de eliminar la reposición. La que por supuesto, solo debiera mantenerse para casos de despidos irregulares.
¿Por qué es perniciosa la reposición al trabajador?
La reposición del trabajador se generalizó como producto de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 en el que se perseguía el objetivo de “reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un [supuesto] derecho constitucional”, es decir, devolver al trabajador -en este caso, contratado permanentemente- a su puesto de trabajo en caso haya sido despedido arbitrariamente.
El impacto generado por este fallo ha sido gravísimo en términos de generación de empleo formal y crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Por ejemplo, un riguroso estudio presentado por GRADE en el 2017, demuestra un cambio de la estructura del tipo de empleo:
Fuente: Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral – Almonacid, De la Flor & Jaramillo (2017)
Tal como evidencia dicho estudio, desde que entró en vigencia esta medida hasta el 2015, se han perdido 900,000 empleos que hubieran sido a plazo indefinido, pero que, debido a esta reforma, han tomado la forma de contratos temporales. Esto se traduce en una pérdida de ingresos de los trabajadores en el orden de los 6,100 millones de soles. Peor aún, 36,000 trabajadores que hubieran sido sindicalizados ya no lo son debido a esta misma medida. En otras palabras, una política que tenía como objetivo “proteger” a los trabajadores terminó “desprotegiéndolos”.
Pero eso no es todo. Actualmente, el costo del despido en el Perú no solo conlleva al pago de una indemnización y la eventual reposición del trabajador, sino que a esto, por el ingenio de la Corte Suprema de Justicia, se suma también un pago por supuestos “daños y perjuicios”, que, como señaló Jorge Toyama en el reciente CADE, es una compensación hecha por un “estrés post-despido”, monto que puede ascender entre 4 a 5 sueldos. Dadas estas condiciones, no es de sorprender que el Perú ocupe el puesto 128 de 140 en lo que refiere a prácticas de despido y contratación, según el último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.
En segundo término, la propuesta del ministro plantea un cambio de las vacaciones que pasarían de 30 días calendario a 22 días laborables, con la posibilidad de que las personas pudiesen tomarlos a su elección durante el año. Consideramos que esta medida tendrá un impacto ínfimo sobre los llamados “sobrecostos laborales”, que vale la pena decir, no representan ni el 1% de la problemática de la rigidez en la legislación laboral, la cual está básicamente explicada por el alto costo del despido.
Los llamados “sobrecostos laborales”, entiéndanse, CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros, son conceptos de gasto que si bien están internalizados por los empresarios en sus costos de empleo anuales, y no deberían resultar relevantes para ser reputados como sobre costos, si determinan una importante brecha de costos con el empleo informal, y por lo tanto, terminan constituyéndose como inhibidores del empleo formal.
En esta línea, consideramos que el Gobierno podría verse limitado a poder variar cualquiera de estos conceptos de gasto, pero de ninguna manera es aceptable, que se mantengan los abultados costos de despido, especialmente, la reposición del trabajador en su empleo. Urge acabar con esta medida populista que no ha hecho más que incrementar la valla de la formalidad imposibilitando el crecimiento de las clases medias que hoy en día quisieran disfrutar del sistema. Los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral agradecerán tal decisión.Lampadia
Ver video de sesión: Informalidad, límite para el crecimiento del CADE 2018 con presentaciones de Jorge Lazarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, y Sandro Fuentes:
Sobre formalización, pensiones e IGV
| 20 de Agosto de 2020
Estos tres temas, la formalización del empleo, las pensiones de jubilación y el manejo futuro del IGV han terminado, curiosamente, en una intersección que puede ser una ayudadita del Ángel de la Guarda, después de tanto mamarracho que hemos hecho, por separado, con los tres temas.
El Caballo de Troya, ejemplo clásico de un disparate (folly en ingles)
La informalidad laboral es una trampa de la que aún no logramos salir. Esta se originó desde las primeras migraciones de la sierra a Lima, hasta la formación de la nueva clase media con la emergencia de nuestra incipiente economía de mercado. Una clara expresión de resiliencia social que permitió, de alguna manera, convertir la tragedia del abandono y el desempleo en una bullente propagación del emprendedurismo. Ver: La fuerza del migrante: emprendimiento y libre mercado.
En cuanto a las pensiones hemos producido una suerte de ‘suicidio social previsional’ al haber desbaratado el Sistema Privado de Pensiones con las normas que permiten el retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad y, con el retiro optativo del 25% del mismo para el financiamiento de vivienda. Ambas medidas se sacaron apuradamente en uno de los peores Congresos de nuestra historia (sino el peor a secas). Toda la sociedad fue manipulada o acobardada por unos cuantos activistas que ante el vacío de buena parte de la clase dirigente, llenaron los titulares de los periódicos y las preguntas de las encuestas de opinión.
En este tema se llegó al colmo de tener a un diretor de maestría en economía de una importante universidad, haciendo una campaña mediática para promover la absurda legislación. El mismo afirmaba que la gente que retirara su dinero, lo iba a cuidar para mantener el sustento en la vejez.
Sintomáticamente, en Lampadia publicamos un informe sobre como los jubilados de uno de los países más ricos del mundo, Japón, robaban en las tiendas de departamentos para ser arrestados, pues vivían mejor en la cárcel por la calidad de la comida, alojamiento y cuidado de la salud, en comparación con lo que podían lograr con sus pensiones.
En el resto del sistema pensionario, la ONP, que paga pensiones de miseria apropiándose de los aportes de un 65% de sus afiliados que no llegan a acumular 20 años de aportaciones. Un sistema quebrado, que representa un forado de la caja fiscal que nos acompañará muchos años. Finalmente, tenemos también Pensión 65, un programa social del gobierno de Humala, basado en la filosofía del fracasado asistencialismo de Chávez en Venezuela y Lula en Brasil.
Por el lado del IGV tenemos la propuesta del gobierno de PPK para reducirlo el IGV hasta en tres puntos. Su aplicación sería paulatina, empezando con un 1% y graduándose según la respuesta fiscal.
¿Cuál es la intersección? ¿Cómo conectamos los tres temas?
Usando parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.
Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.
Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:
Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.
En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados.
También será necesario ver como se establece un objetivo de pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.
Esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. En Lampadia hemos defendido el sistema privado y no a las AFPs.
A diefrencia de las AFPs, nuestra propuesta ha sido recogida por importantes analistas económicos y políticos independientes como:
Elmer Cuba[1]
Eduardo Ferreyros[2]
Pablo Secada[3] (confundiendo la propuesta con la de Levi)
Farik Matuk[4]
Luis Galarreta[5]
Con el mayor de los respetos, invocamos al gobierno del Partido de Peruanos por el Kambio y a su futuro Ministro de Economía, Alfredo Thorne, a convocar un debate técnico sobre estos tres temas antes de proceder a ejecutar decisiones parciales que puedan debilitar la eventual acción conjunta sobre los mismos. Esperamos, de igual manera, que la bancada de Fuerza Popular se sume a este debate.
Nuestra propuesta puede sonar disruptiva para algunos, pero no debemos olvidar que muchas veces los problemas que no tienen solución, como la persistente informalidad, la falta de acceso a un sistema de pensiones de los trabajadores independientes y, el alto nivel de evasión del IGV, solo pueden enfrentarse ‘saliendo del cuadrado’.
Por el lado de Lampadia hemos tenido que multiplicar nuestra publicaciones sobre el tema, para compartir nuestras ideas y también para llenar el vacío que debió ser llenado por gremios empresariales, analistas, académicos y en general, líderes de opinión, que prefirieron pasar al lado de los observadores. Ver nuestras publicaciones:
Ya no se enseña Educación Cívica en los colegios. Nuestros jóvenes están invadidos por la televisión basura. Los medios de comunicación están en la búsqueda del rating, difundiendo malas noticias, escándalos, accidentes, crímenes y entretenimiento barato.
Un proceso electoral debiera ser una ocasión para que los ciudadanos, cotidianamente dedicados a sus quehaceres, tengan la oportunidad de recibir buenos diagnósticos sobre la realidad nacional, sobre nuestras oportunidades de desarrollo, sobre las lecciones de otros países, sobre desarrollos y políticas que podríamos emprender para llevar al país a la realización de sus anhelos y necesidades. Y, de manera muy importante, para comunicar, como dice la canción: “Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita”. Que los logros más importantes solo pueden darse con enfoque, esfuerzo y perseverancia.
Lamentablemente, nada de esto se aprecia en los procesos electorales. El típico comportamiento de los candidatos, va más por la crítica que por el diagnóstico. Por la querella con los adversarios, más que por inculcar sentido de pertenencia nacional. Por las propuestas populistas, más que por la explicación de las relaciones causa-efecto sobre lo que funciona y no funciona para el bienestar común. Por lo que se entiende por ‘políticamente correcto’, más que por lo ‘socialmente correcto’, inculcando la necesidad del esfuerzo ciudadano y las acciones colectivas necesarias para superar nuestras deficiencias y retos.
Un ejemplo que nos ha hecho reflexionar sobre esta realidad es el tema de las regulaciones laborales que, todos sabemos, son inconducentes a la creación de más y mejor empleo, objetivo número uno de la sociedad y la política. No solo nos distinguimos por tener una de la legislaciones laborales más rígidas del planeta, tal vez un concepto intangible y difícil de entender por el ciudadano común. Sino que convivimos con un nivel de informalidad laboral (algo muy tangible a todos), que solo trae una muy mala calidad de vida a nuestros trabajadores.
Como hemos reportado y comentado en Lampadia la semana pasada, Francia, el reino de la rigidez laboral y las políticas del socialismo europeo, que lamentablemente, han sido la inspiración de nuestra clase dirigente, ha planteado una reforma laboral muy drástica para superar la falta de empleo, la desocupación de sus jóvenes y la pobre competitividad de su economía. Ver en Lampadia: Francia opta por la flexibilidad laboral – El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’.
Pues, en el Perú, la necesidad de hacer una buena reforma laboral, no solo está proscrita del diálogo político electoral, como indicamos en el artículo indicado líneas arriba, sino que también está enterrada en los cajones de las editoriales de los medios de comunicación. Esta importante noticia sobre la reforma francesa, no ha sido reportada por ningún medio de comunicación nacional, con excepción nuestra. Como suena, nadie la ha recogido, informado y, por supuesto, menos, analizado. Una vergüenza.
Lo mismo pasa con el tema del agua. Poco a poco, todos los candidatos se van alistando en las críticas al sector minero, desconociendo la necesidad que tenemos de sacar adelante los proyectos que están ‘a punto de caramelo’, un tema íntimamente vinculado, en el imaginario popular y mediático, al agua.
En lugar de aprovechar los oídos de los ciudadanos, aguzados por el proceso electoral, para explicarles que el Perú es uno de los diez países con más disponibilidad de agua en el mundo y, que lo que tenemos que hacer es aprovecharla: cosechándola, canalizándola e infiltrándola; prefieren seguir construyendo los muros de los mitos que nublan nuestra visión.
Asimismo, con el desastre de la Carretera Central, donde el gran problema está causado por regulaciones licenciosas, que responden a la penetración política de las mafias del transporte que nos han llevado a tener en circulación camiones de 60 toneladas, prohibidos, inclusive, en las grandes autopistas de EEUU. Nadie quiere perder el apoyo de los malos gremios de transportistas para no perder unos cuantos votos. Ver en Lampadia: El síndrome de la Carretera Central
Todo esto, por supuesto, va en contra de la mayor cantidad de votos, los de los sufridos ciudadanos, la gran mayoría de electores, que tienen que padecer pésimas condiciones laborales, falta de agua y el suplicio de la Carretera Central.
Así pasaba hace unos años, cuando la política de desarrollo alentaba a los industriales mercantilistas, sobreprotegidos por las ideas cepalinas de la sustitución de importaciones, a costa de los ciudadanos que nos la teníamos que ver con productos carísimos y de mala calidad, cuando no, simple y llanamente, con la escasez. Eso se superó en los años 90 con la gran Constitución de 1993, pero parece que no hemos aprendido.
Exijamos a los candidatos que sean más responsables. Estamos seguros que el primero que diga las cosas como son, y ofrezca a nuestros jóvenes el espacio de vida que estuvieron buscando cuando pensaban migrar (a economías de mercado, como EEUU, Europa antes de la crisis y a Chile), en su propia Patria, con sus familiares, sus amigos, sus costumbres y su comida, habrá encontrado la ‘piedra filosofal’ del buen líder victorioso. Lampadia
Acosada por extorsionadores y ninguneada por el Estado
| 20 de Agosto de 2020
Cada vez son más las evidencias que el modelo económico que el Perú ha aplicado en el último cuarto de siglo ha traído beneficios inimaginables para nuestros ciudadanos y en especial para los más pobres, sobretodo ahora que hemos perdido la bonanza. (Ver en Lampadia:¡Qué calatos… ni ocho cuartos!). Un reciente informe titulado “América Latina después de Pisa elaborado por Axel Rivas, investigador principal del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y profesor de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires sostiene que “Perú dio un gran salto de acceso y calidad educativa [2000-2011] desde un punto de partida muy bajo. Es un caso excepcional que parece explicarse más por la gran mejora social y económica que por las políticas propiamente educativas. Sí parece haber contribuido el tener bases más dignas de la oferta escolar y libros de texto gratuitos masivos. Sin embargo, un aspecto crítico del caso de Perú es que logró mejoras ampliando las desigualdades de aprendizajes de los alumnos, en paralelo a un progresivo pasaje al sector privado”. Y este defecto se debe básicamente a que el sector público no ha mejorado lo suficiente, mientras que el privado ha generado un salto cualitativo.
Rivas asegura que esta mejora se debe a nuestro crecimiento económico que nos ha permitido elevar nuestros índices sociales a pesar que a comienzos de siglo estaban muy por debajo de los niveles latinoamericanos: “La evolución social de Perú fue la más notable de las estudiadas. Partiendo de indicadores que colocaban al país claramente por debajo de los restantes siete en la mayoría de las dimensiones(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), Perú terminó el período analizado mucho más cerca del promedio de la región, así como México fue en la vía contraria en muchos aspectos. No es casual que Perú sea el país con más crecimiento económico tuvo entre los siete analizados, con mayor reducción de la pobreza y de la informalidad laboral, con mayor ampliación de la cobertura de salud y mayor reducción de la mortalidad y desnutrición infantil”.
Una prueba adicional, no solo de las ventajas del modelo, sino de la eficiencia del sector privado. De hecho, un dato relevante que arroja este exhaustivo estudio, es que en una década se ha duplicado el número de alumnos que asisten a las escuelas privadas. Si en el 2000 solo llegaban al 14% en el 2011, superaban el 25% de la población escolar.
La cifra revela dos cosas importantes: las sustanciales mejoras en los ingresos de peruanos lo que determina la emergencia de una clase media sólida (ver en Lampadia: El libro blanco de la clase media) y, la preferencia de los padres por la educación privada.
Así lo confirma el especialista en temas educativos y actual presidente del Consejo Nacional para la Educación, Hugo Días, al comentar los resultados del estudio: “Por un lado, se debe a que los ingresos de la población han aumentado y hay más personas que tienen poder de compra y de gasto en la educación. Otra razón es que ha habido un desencanto en la escuela pública“.
Que el Perú tenga un sector educativo privado tan dinámico se debe a que, a diferencia de los otros países estudiados por Rivas, en Perú la legislación permite mayores facilidades para abrir escuelas. Esto puede generar problemas como “una amplia oferta, muy heterogénea, de servicios de baja calidad, intermedios y de élite”, señala Rivas, pero finalmente son los padres los que terminan exigiendo mejores y mayores niveles de calidad, algo que es más difícil de conseguir en el sector público.
Lo cierto es que el Perú lidera en la región el índice de satisfacción de los alumnos con su escuela.El 94% de los estudiantes peruanos dice sentirse felices en sus colegios, algo impensable décadas atrás. Por otra parte, como revela el estudio, al igual que en toda la región, en esta última década “aumentó su tasa de escolarización del nivel secundario, al mismo tiempo que logró la mayor mejora del puntaje promedio en las pruebas PISA (véase Gráfico 1)y la mayor reducción de la desigualdad en los aprendizajes entre el cuartil de mayor y menor nivel socioeconómico. El dato más notable: los alumnos del cuartil de menor nivel socioeconómico de América Latina fueron los que más mejoraron sus aprendizajes (en especial en matemática) de todas las regiones que tienen países representados en PISA de todos los cuartiles de nivel socioeconómico. Esto indica que la región tiene pisos más dignos de escolarización: la mejora social y la inversión educativa tuvieron un impacto constatable”.
El gran objetivo del Acuerdo Nacional es que el presupuesto de educación llegue al 6% del PBI. Cuando se fijó, a principios de la década pasada, la educación privada no tenía mayor presencia, hoy esta supera el 3% del PBI. Por lo tanto, sumando la educación pública y privada ya hemos superado la meta del Acuerdo. Curiosamente, el gobierno, desde el Ministro de Educación para abajo, nunca se refieren a la educación privada, ni al millón de alumnos que ha captado durante los últimos años, solo mencionan a este segmento de la educación para repetir una y otra vez que hay colegios privados de mala calidad. ¡! (Ver:Cómo el Estado sabotea la educación privada).
Además del ninguneo, la educación privada es hoy uno de los objetivos privilegiados de las bandas de extorsionadores. Y una vez más el Estado es el responsable. El boom de la educación privada ha generado un grave problema: se han convertido en blanco de delincuentes. Los directores y los dueños de colegios son extorsionados.
De acuerdo a informes policiales, bandas “que se dedican a la extorsión en las obras de construcción civil han ampliado los márgenes de sus actividades criminales a los propietarios y directores de escuelas particulares. A la fecha, los atentados se suceden contra los establecimientos escolares y ya fue asesinado Sabel Evangelista De Paz, director de la escuela privada María Montessori, de San Juan de Lurigancho”.
El presidente de Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep), Alfonso Briceño, ha reiterado su preocupación y pedido de apoyo a las autoridades estatales. En La Anpiep se hallan inscritos 350 colegios de distintos distritos de Lima (San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra). Edgardo Palomino, presidente Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino Huamanchumo, una asociación de 700 colegios de los distintos distritos de Lima Metropolitana, se sumó a este pedido.
Como señala la policía muchas de las bandas que extorsionan las obras de construcción ahora están haciéndolo con colegios. De hecho, en los distritos donde más se producen los delitos vinculados a la construcción, es que ahora se empiezan a producir las extorsiones a colegios.
Está experiencia nos lleva a la siguiente reflexión. Está claro, que la iniciativa privada en el sector educación ha sido enormemente provechosa y que ha permitido que el Perú mejore su nivel educativo, que los estudiantes estén más contentos con sus escuelas y que el país vea el futuro con cierto optimismo (a pesar de que aún es necesario un salto cuántico en educación). Esto se logró porque el Estado dio facilidades a este sector, pero ahora debiera cumplir con su rol fundamental de dar protección a los ciudadanos para que puedan continuar con sus actividades sin temor a ser asesinados o tener que pagar por protección.
El Estado, pues debe concentrarse en estas actividades, facilitar las cosas al sector privado y evitar los devaneos estatistas que cada día parecen incrementarse. Lampadia
