Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de agosto de 2019
Para Lampadia

Mucho se ha hablado – y se sigue hablando – del fracaso estrepitoso del Estado peruano. La fallida reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero – ¡del verano del 2017! – constituye la demostración más palpable de esta clamorosa inoperancia del Estado. “Mí Estado. Tú Estado. Nuestro Estado” … como diría Carlos Alberto – el Tigrillo – Navarro.

Pues bien. Todos los funcionarios públicos tienen vela en este entierro. De presidentes a conserjes. Todos. Pasando por ministros, viceministros, directores, congresistas, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores… todo el aparato burocrático del Estado está metido en la colada. Por eso la gente dice: ¡El Estado… todo el Estado es un fracaso!

No obstante, la fallida reconstrucción del Norte no es el único caso de este fracaso estrepitoso del Estado peruano. Las recientes muertes de 30 bebitos prematuros en el Hospital Regional de Chiclayo es un fracaso más. ¿Por qué murieron los bebitos? Por falta de incubadoras. Pero ¿por qué no había incubadoras? “El Ministerio de Salud tiene la culpa”. “No… el Gobierno Regional tiene presupuesto. Ellos son los culpables”. “No, no fui yo, fue el Gran Bonetón”. Total… nadie es responsable. Historia conocida.

Una más. La corrupción generalizada es otro fracaso estrepitoso del Estado. Más aún. Estoy convencido de que la corrupción es la madre del cordero de la fallida reconstrucción del Norte, de la falta de incubadoras en el Hospital Regional de Chiclayo, y de la gran mayoría de casos de inoperancia estatal.

Vamos al grano. ¿Acaso los clubes de la corrupción no operan en la Costa Norte? ¿Acaso las mafias de la salud no malogran los equipos médicos – alevosa y premeditadamente – para derivar a los pacientes a sus clínicas privadas?

Esto que estoy comentando es real y verdadero. En Ica lo viví en carne propia. Los congresistas lo saben. Los consejeros regionales también. Todo el mundo lo sabe. Incluso, los órganos de control del Estado… la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, etc.

Ahora bien… como no podía ser de otra forma, la ley es clara y firme al respecto. La corrupción en el Estado es un delito. Y como tal, debe – y puede – ser sancionada. Como Gobierno Regional – durante el período 2015 / 2018 – destituimos y / o suspendimos a cerca de 500 funcionarios corruptos. Gracias a ello mejoramos notablemente los servicios de salud y educación. En transportes eliminamos las mafias de los brevetes. Y en agricultura, minería, turismo, trabajo y demás dependencias del Gobierno Regional mejoramos mucho la atención a la ciudadanía.

El problema es que los órganos de control del Estado brillaron por su ausencia. La Contraloría, la Defensoría del Pueblo, y el OSCE no hicieron mayor cosa frente a la descarada corrupción en los hospitales y demás dependencias regionales. Los únicos que nos compramos el pleito fuimos algunos funcionarios del Gobierno Regional. Ciertos congresistas, el Colegio Médico de Ica, y los periodistas chantajistas – entre otros – se pusieron del lado de los funcionarios corruptos. ¡Increíble!

El Estado es un fracaso. Eso lo sabemos todos los peruanos. Pero los órganos de control del Estado también son un fracaso.

A eso quería llegar. ¡Y a quien le caiga el guante… que se lo chante! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 29 de marzo de 2019
Para Lampadia

Si la ley se aplicara en nuestro país, el Estado estaría atiborrado de denuncias por Omisión de Funciones. Veamos a qué me refiero. Es función del Estado servir a la ciudadanía a través de los siguientes servicios públicos: educación y salud, agua y desagüe, recojo y tratamiento de basura urbana, infraestructura de transportes y comunicaciones, cuidado del medio ambiente, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.

¿Y cómo es la nuez? Pues…

• Muy pocos peruanos tenemos agua potable continua. Algunos tienen agua esporádicamente. Y muchos – simplemente – no tienen acceso a ninguna red de agua potable.
• La infraestructura de transportes deja mucho que desear.
• La crueldad y el maltrato son denominadores comunes en los servicios de salud pública. La corrupción está enquistada en casi todos los hospitales del Estado.
• La basura está tirada por calles y plazas, y nuestros ríos y mares están llenos de plásticos.
• La educación pública está muy lejos del nivel que merecen nuestros estudiantes.

Y en cuanto a los servicios de justicia ¿qué quieren que les diga? Últimamente, la prensa y la televisión se han ocupado inextenso de la corrupción en este sector. Ante tal nivel de podredumbre cabe preguntarse ¿qué justicia podemos esperar los peruanos? Y ¿qué decir de la inacción del Estado frente a su función de brindarnos seguridad? ¿Qué hace el Estado frente a los frecuentes bloqueos de carreteras, sabotajes anti petroleros, barras bravas, infracciones de tránsito, comercio ambulatorio, invasiones de tierras, y demás delitos flagrantes?

En general, el Estado se hace de la vista gorda ante muchos casos como los mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido – en términos jurídicos – el Estado incurre sistemática y recurrentemente en delitos de Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones.

¿Cuáles son esas honrosas excepciones? Pues aquí van dos que merecen nuestro máximo reconocimiento. Dos extraordinarios ejemplos de lo que significan los principios de autoridad y justicia. Dos ejemplos que deben marcar la pauta respecto al orden y legalidad que queremos la gran mayoría de peruanos.

Me refiero – en primer lugar – a la estupenda intervención del Estado en el desalojo de esos infames personajes de La Pampa en Tambopata. Por fin se acabó la terrible afectación ambiental en esa parte de nuestra preciosa y sagrada Amazonía. Y ¡qué decir de la trata de menores y demás casos de lumpen y miseria humana que se habían enquistado en aquel – otrora – majestuoso paraje de Madre de Dios! Un Estado justo, firme y respetado… ¡eso es lo que queremos los peruanos!

Y, en segundo lugar – aunque no por ello menos importante – debo referirme al alcalde Forsyth de La Victoria, y reconocer su liderazgo y compromiso en el ordenamiento del emporio comercial de Gamarra. Ojalá tuviéramos más alcaldes como él. Loor también a la Policía Nacional del Perú por su efectividad e inteligencia en aquel mega operativo. ¡Impecable! Un aplauso para estos dos grandes ejemplos de autoridad y justicia de parte del Estado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué tantas Omisiones de Funciones, y por qué tan pocas honrosas excepciones? ¡Tanto les cuesta a nuestras autoridades seguir el ejemplo de Tambopata y La Victoria! La Omisión de Funciones en el Estado es un sancochado de ineptitud, cobardía, sabotaje, populismo, victimización, chantajismo, corrupción… y muchas lacras más. Lampadia