El burro flautista

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En mi colegio había un “cura”, que cada vez que contestábamos algo correctamente, pero que ostensiblemente no sabíamos, sino que nos había salido bien por pura suerte, nos repetía; “estás como el burro flautista”. Un burrito que mientras comía las yerbas en el campo, resoplaba, hasta que un día se encontró con una flauta y en uno de sus resoplidos, la hizo sonar.

Durante el ciclo de “debates presidenciales”, me vino a la memoria ese dicho, como extraído del baúl de los recuerdos, imaginando al Humala del polo rojo en campaña política, con su lema “Agua si, oro no”. ¿Quién diría que, durante este debate, sacando pecho, sacaría a luz que, “en su gobierno se invirtió más de US$ 40 mil millones en proyectos mineros”? Y es cierto, el proyecto Las Bambas que llevaba una década de trabajo de campo e ingeniería, trabajos de pre-inversión y compromisos sociales, de la mano del gobierno anterior, ejecutó US$7 mil millones. Cerro Verde quien, a base de trabajo geológico, había ampliado de forma importante su volumen de recursos, pero de menores leyes, había decidido su proyecto de inversión de US$5.6 mil millones y convertir su planta de flotación en la más grande del mundo. Toromocho, maduró después de casi medio siglo de estudios y fue promovido durante el gobierno 2006-2011, para ser ejecutado de inmediato con una inversión de US$4.5 mil millones. Antamina ejecutó su ampliación invirtiendo más de US$1,5 mil millones. Irónicamente, el proyecto minero Conga valorizado en cerca de US$5 mil millones, que por la incapacidad y falta de liderazgo de Humala se vio truncado, llegó a ejecutar US$1.5 mil millones. Estos proyectos y otros de menor escala, como la ampliación de Lagunas Norte y otros, conjuntamente con inversiones de sostenimiento y mejoramiento, propias de la actividad minera que, quienes no conocen de la actividad no entienden, acumularon ese total.

Curioso que, la izquierda, siempre “ningunee” al sector minero y lo critique con distintas excusas, pero como los ateos, cuando hay terremoto o sienten que se cae el avión en el que están, se acuerdan de rezar. Igual, ahora que ven crisis económica y suben los precios de los metales, quieren mayor tributación, aunque hayan venido oponiéndose a su inversión y crecimiento.

Hace poco, De Echave, antiguo funcionario de Humala, ha publicado el libro “Minería y tributación en tiempos de pre y post-pandemia”. Lamentablemente, no tiene buena memoria y se olvida que, “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”. Esta gente debería recordar que, en el 2011 sólo hablaban de “impuestos a las sobre-ganancias” y lo crearon. No entraremos en la disquisición del término, pero hasta el año 2011, las Regalías Mineras (RM) ascendían al 3% del valor de las ventas y para poder tomar un mayor porcentaje de la renta generada, se creó una escala de tasas creciente, sobre el margen de la utilidad operativa (sin considerar depreciaciones, amortizaciones, ni ninguna provisión, para evitar “manejos contables” y obligar a que proyectos nuevos, aporten más).  El mismo criterio se aplicó en la creación del Impuesto Especial al Sector Minero (IEM), con unas tasas de escala creciente sobre los mismos márgenes operativos antes descritos, nuevamente, para participar de los mayores ingresos por precio.

Algo que la publicación antes mencionada no dice, es que, para las empresas que habían suscrito contratos de estabilidad jurídica y tributaria (CET), se creó el Gravamen Especial al Sector Minero (GEM), única forma mediante la cual, las empresas que tenían suscrito un CET, debían aceptar contractualmente y de “común acuerdo con el Estado”, pagar este gravamen, en escalas crecientes y muy superiores al IEM, puesto que bajo este nombre se incluyó el monto equivalente a las Regalías Mineras que, por el CET, no les correspondía pagar. Consecuentemente, el Estado no respetó los CET y recaudó todo lo que aspiraba a recaudar, contrario a lo que dice la publicación.

Nadie explica que un CET, no es otra cosa que una foto de los tributos, impuestos y cargas, vigentes al momento de su suscripción, que no incluye exoneración alguna y que, dada la magnitud de las inversiones, largos plazos de recuperación de la inversión y grandes riesgos implícitos, se fijan por un período de 15 años.

Como el libro menciona explícitamente a Cerro Verde, que es un caso emblemático, me referiré a él.  El Estado a través de la SUNAT y el Poder Judicial, ha hecho un abuso absoluto de la aplicación de la ley, pues:

1. Su contrato de estabilidad jurídica y tributaria, se suscribió antes de la creación de las RM.
2. La compañía cumplió estrictamente las obligaciones tributarias del CET.
3. No obstante, el Estado le demandó el pago de las RM y en adición, le cobró el GEM, que como hemos dicho, incluía el monto equivalente a la RM.
4. El Estado, para suscribir el contrato con Cerro Verde, tuvo que reconocer explícitamente que Cerro Verde estaba amparada por la estabilidad del CET, aunque como veremos, no la respetó.
5. Como la empresa, al estar “protegida” por el CET, no pagó RM y consecuentemente, no las contabilizó tampoco como gasto para fines del Impuesto a la Renta,
6. el fisco, por su lado, ha liquidado RM, multas, intereses y recargos millonarios, pero, por otro lado, no reconoce los excesos de impuesto a la renta pagados durante cerca de 10 años, ni los costos financieros asociados a los impuestos pagados en exceso.

Los autores de ese libro, nunca recuerdan que el Perú debe competir globalmente para atraer inversiones y que, consecuentemente, las condiciones tributarias o “government take”, no deben sacarnos de competencia.  Igualmente, hace gracia que quien jamás ha trabajado en la actividad minera, afirme que “como en el Perú los costos de producción son más bajos, debieran soportar más carga tributaria”, ignorando claramente que las características del mineral son distintas, así como las dificultades operativas, mineras y metalúrgicas de cada yacimiento. Olvidan que los impuestos son un porcentaje de la utilidad o margen operativo y que los costos de inversión, manejo ambiental y pago de compromisos sociales con las comunidades, son distintos, pero asumen, que todos los costos son uniformes en la industria minera peruana.

Debemos también recordar que en el año 2006, en el Perú se creó el “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”, que las ONGs y la prensa de “mala leche”, bautizaron como el “Óvolo Minero”, pues era un fondo creado con el 3.75% de las Utilidades después de Impuesto de las empresas, para atender programas sociales, consensuados con las comunidades del área de influencia, los gobiernos regionales y locales y que para lograr un manejo eficiente y sin robos, debía ser ejecutado por las empresas y auditado por firmas auditoras de primer nivel, dando luego cuenta documentada a las organizaciones populares y de gobierno que aprobaran tales inversiones. Con este mecanismo, aunque no en lo formal, ya se excedía las contribuciones, aportes y pagos de las empresas, aunque contaran con CET.

Dicho lo anterior, es absurdo que insistan que, “en el Perú, no contamos con un instrumento que permita medir y obtener una parte de las sobreganancias mineras, en tiempo de precios altos”. ¿Cómo se le debe llamar entonces, a una escala creciente de impuestos, aplicada en función del margen de efectivo operativo? 

Cuando aprenderán los teóricos que impulsan estas propuestas trasnochadas que, para aumentar la recaudación fiscal, primero debemos aumentar la productividad, pues con ella se optimiza los márgenes.  En segundo lugar, se debe maximizar la inversión, pues con ella se incrementa los volúmenes de producción y también se mejora la productividad. Estos dos factores de creación de valor, permitirán aumentar la recaudación del socio principal de toda empresa minera, el Estado, quien se beneficia con cerca del 50% de la renta generada y que lo último que se debe tocar, son las tasas de impuestos, pues eso nos puede sacar de competencia a nivel global, aunque algunos políticos quisieran “des-globalizar” al Perú. Lampadia