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Lo de Fujimori es un exceso

Lo de Fujimori es un exceso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El país tiene que ser justo con Fujimori.

Fujimori es culpable de haber pretendido perpetuarse en el poder, de haber montado para ese fin una estrategia de control político de los poderes del Estado y de las instituciones democráticas, que incluía la compra de la línea editorial de canales de televisión y periódicos chicha. Es culpable de haber creado, de esa manera, una cobertura para actos de corrupción vinculados a las compras militares, a los gastos del Servicio de Inteligencia y a la extorsión a empresarios.

También es culpable de haber encubierto y protegido al grupo Colina. Incluso, como ha argumentado Cesar Azabache, podría ser culpable de delito de omisión: “las evidencias no justifican pensar que Fujimori haya ordenado ejecutar a las víctimas de Barrios Altos, pero después de Barrios Altos ocurrió La Cantuta. Después de Barrios Altos Fujimori tenía el deber de desactivar al grupo Colina y deshacerse de Montesinos. Fujimori omitió cumplir con ese deber y eso es suficiente para que sea condenado por un delito por omisión en lo que se refiere a La Cantuta”.

De acuerdo. Pero, como sugiere el propio Azabache, en el juicio que se le siguió no se demostró con prueba directa alguna, ni siquiera con el testimonio de alguna persona, que él hubiera ordenado las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta –que es la razón por la que fue condenado a 25 años de prisión- y ni siquiera que las hubiese conocido con anterioridad y autorizado. Fue condenado no con pruebas, sino con un silogismo: si Fujimori era el jefe de Estado y tenía el dominio de la organización, entonces debió haber ordenado los asesinatos.

Es increíble que a alguien se le pueda privar de su libertad por 25 años solo en virtud de un silogismo.

Me lo explicó también Cesar Azabache: “una cosa tan grave como haber ordenado la realización de crímenes requiere más que una simple deducción. La Sala de San Martín pasó por alto la cuestión de las evidencias y saltó directamente a anunciar qué teoría emplearía, la de la autoría mediata. Pero la regla de prueba en casos penales supone que se eliminen todas las dudas y el caso deja una duda: Montesinos podría haber ordenado las matanzas sin una orden previa y Fujimori limitarse a encubrirlo. Sin una evidencia clara sobre la existencia de la orden previa el recurso a cualquier teoría legal queda injustificado. Equivale a reemplazar el debate sobre las evidencias por el debate sobre las teorías. Es como construir un edificio sin primer piso”.

De hecho, el párrafo 648 de la sentencia condenatoria refiere: “Las evidencias (…) acreditan fehacientemente que Vladimiro Montesinos Torres transmitió la orden final de ejecución de los asesinatos de Barrios Altos. Ahora bien, si se tiene en consideración las relaciones y modo de proceder respecto de su superior, éste necesariamente dio cuenta de los hechos al presidente de la República. No es posible una operación de tal magnitud sin la intervención del jefe del Estado. Sobre esta última consideración [la intervención de Fujimori] existe incluso una versión de oídas…”.

Gonzalo Zegarra comentó en su momento este párrafo diciendo: “mientras que se alude a prueba irrefutable de la participación de Montesinos, sobre Fujimori no hay prueba, sino mera especulación o razonamiento. Se afirma, dogmática pero no científicamente, que “no es posible” que no interviniera. Los jueces no lo pueden (o quieren) imaginar o creer. Es un acto de fe, no una constatación. …En este caso, la otra alternativa razonable es que Montesinos haya actuado sin consultar previamente a Fujimori (no está en discusión, por ser obvio, que Fujimori encubrió estos asesinatos posteriormente)”.[1]

En realidad, como se ha sabido, hay indicios claros de que esa sentencia estuvo prefabricada antes de escuchar la defensa. Es lo que se desprende de los correos que el juez Supremo Cesar San Martín, integrante del tribunal que sentenció a Fujimori, intercambió con el abogado Gonzalo del Río, a la sazón en una universidad en España. San Martín le consulta sobre una teoría que le permitiera sentenciar sin pruebas. Así, tal como lo lee. En efecto, el 11 de marzo de 2008 —catorce meses antes de la emisión de la sentencia—, San Martín le escribe: “Mis dudas son respecto del título de imputación y las posiciones dogmáticas respecto de la autoría mediata y la coautoría. Como entender ambas teorías, sobre todo en la que considero más acertada, de la autoría mediata —me releva de mayores rigores de prueba— de cara a lo que significan los medios de prueba que anexa la fiscalía y si en verdad estamos en una línea correcta de juzgamiento…”.[2] Del Río le recomienda la teoría de Roxin, “que centra el dominio… sobre el aparato de poder dentro del cual está integrado y cohesionado el ejecutor”. Y como el Presidente era el jefe de ese aparato de poder, resulta responsable.

Así fue condenado Fujimori a 25 años. Debió serlo, por encubrimiento y omisión, quizá a 12 años de cárcel. Que fue los que efectivamente cumplió.

Porque, de otro lado, si Fujimori derrotó al terrorismo no fue con el grupo Colina ni con grupos de exterminio –lo que sí había ocurrido de manera masiva en los 80, y sin ningún resultado- sino con una estrategia basada en todo lo contrario: en una alianza con los campesinos en el campo y en inteligencia policial en las ciudades. Armó y dio apoyo social y económico a las comunidades para que ellas expulsaran y derrotaran a Sendero Luminoso. El país pasó de las matanzas indiscriminadas y reactivas de los 80 a un trabajo conjunto con las rondas campesinas. Fue esa estrategia -no la del grupo Colina-, la que derrotó a Sendero. Y esa estrategia la condujo personalmente Alberto Fujimori.

Por supuesto que estos méritos no borran los delitos que haya podido cometer encubriendo al grupo Colina. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que el juicio de la historia debe incluir todos los hechos, los negativos y los positivos. Y lo que decimos también es que el indulto, quizá mal confeccionado, era en el fondo un acto de justicia. Porque con los 12 años encarcelado ya había pagado sus culpas.

Y definitivamente carece completamente ya no solo de justicia sino de toda humanidad devolver al ex presidente a la cárcel luego de haberlo indultado, y más aun considerando las enfermedades que lo aquejan. Una resolución como esa solo puede ser producto del envenenamiento político del alma país. Lampadia

 

[1] Ver: Gonzalo Zegarra: “Fujimori y la prueba insuficiente” (Semana Económica, 12/4/2009)  

[2] Ver Voto singular de Jose Luis Sardón en el caso de habeas corpus interpuesto por el expresidente de la República Alberto Fujimori violación al debido proceso, 3 de mayo de 2016




La Corte IDH y el indulto en perspectiva

La Corte IDH y el indulto en perspectiva

Hoy día debe definirse la intervención de la Corte IDH en el caso del indulto del ex presidente Alberto Fujimori. Para terminar de ilustrar a nuestros electores, sobre un tema que tiene varias derivaciones e impactos, recogemos el magnífico análisis del embajador Eduardo Ponce, publicado esta mañana en el diario El Comercio:

La justicia interamericana frente al indulto a Fujimori

“La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA”.

Eduardo Ponce Vivanco
Embajador, ex viceministro de Relaciones Exteriores (1994 – 1995) y negociador de la Declaración de Paz de Itamaraty.
El Comercio
2 de marzo de 2018

El debate sobre la próxima decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ha caído en una discusión plagada de un sinfín de tecnicismos legales que oscurecen la verdadera naturaleza equitativa y humana de lo que es un perdón presidencial otorgado en este caso, además, a un ex jefe de Estado. Nadie se pregunta sobre la justicia de una decisión íntimamente ligada a lo que hizo –bien y mal– el beneficiario de la indulgencia. La controversia se limita a requisitos e interpretaciones procesales, o salta bruscamente a cuestionamientos abstractos y generales, asumiendo que indultar implicaría reconocer una suerte de derecho a la impunidad.

Evadir el meollo de un problema en un país adicto a los formalismos legales (a pesar del incumplimiento generalizado de la ley) es una inclinación peligrosa en vísperas del pronunciamiento de una corte que anda muy desprestigiada por estos días. Aunque todos reconocemos que es obligatorio cumplir los compromisos que proceden de una convención internacional libremente suscrita, no se puede ignorar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (construido de buena fe) ha sido copado y desvirtuado por las mayorías políticas que lo secuestraron con la impronta de Hugo Chávez y Lula da Silva (padrino de Lava Jato y embajador itinerante de Odebrecht), bajo la tutela de Fidel Castro. Los colegiados que conforman hoy la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fruto de esta cooptación.

Eduardo Ferrer, presidente de la Corte IDH, sostiene que esta tiene derechos –nunca otorgados– para ejercer un control supranacional incluso por encima de la Constitución de cada país signatario y de las decisiones soberanas de los poderes públicos. Se pretende así sustituir la jurisdicción constitucional de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estas graves transgresiones están convirtiendo a este sistema en una tiranía antidemocrática que los miembros de la OEA no deberían seguir permitiendo. Ello para que no se reproduzcan situaciones como las que provocaron la enérgica y eficaz reacción del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, para proteger la voluntad expresada en una reciente consulta popular en su país. O el impacto en los resultados electorales del mes pasado en Costa Rica de una opinión consultiva de la Corte IDH sobre el matrimonio homosexual: en un país que rechaza ampliamente esta institución, la decisión terminó catapultando la candidatura de un pastor evangélico.

La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA. Como sostuvo Francisco Tudela recientemente en una entrevista en Canal N, los cancilleres deben reunirse y resolver un asunto tan delicado para la región (el Grupo de Lima sobre Venezuela podría tener una oportuna iniciativa en ese sentido).

Es en medio de este contexto legal que estamos olvidando discutir si el gobierno de Fujimori venció al terrorismo y la hiperinflación que asolaron el Perú entre las décadas de 1980 y 1990. Pocos recuerdan que durante ese gobierno se redujeron las violaciones a los derechos humanos o se creó la Defensoría del Pueblo. Y ni los propios fujimoristas, cuando toca debatir sobre este indulto, mencionan los trascendentales éxitos logrados en las fronteras norte y sur a partir de los compromisos pactados en el armisticio que terminó la guerra del Cenepa: la Declaración de Paz de Itamaraty del 17 de febrero de 1995. Sin los Acuerdos de Brasilia que sellaron la paz con Ecuador en 1998, no habríamos podido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que definiera la delimitación de nuestros espacios marítimos.

La demanda a Chile en La Haya solo procedía en base a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acordada en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que el Perú ratificó bajo una reserva explícita que nos protegía de una demanda ecuatoriana. La reserva tuvo que ser retirada (27/2/2006) para poder invocar la jurisdicción obligatoria de la CIJ. La consolidación de nuestras fronteras con Ecuador y Chile nos liberó de gastos militares exorbitantes para la nación.

Finalmente, el indulto humanitario otorgado a un ex presidente envejecido y enfermo exige una ponderación equitativa de lo negativo y lo positivo, así como de lo compleja que resultó la decisión presidencial de indultarlo, como ha reconocido expresamente el secretario general de la OEA. Lampadia




El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El tema del indulto es muy importante para el Perú, se refiere a la suerte de un ex Presidente de la República en base a la decisión de otro Presidente de la República, encierra importantes elementos jurídicos, y ha generado una brecha entre grandes proporciones de los peruanos.

Pero, más allá del indulto mismo, está en juego la naturaleza y el comportamiento de la Corte IDH. Corte que interviene en asuntos muy caros al interés nacional.

Como explica el respetado jurista, Domingo García Belaunde, ‘amicus curiae’ (amigo y colaborador independiente) de la Corte, al igual que en una serie de casos anteriores, en el caso del indulto, los miembros actuales de la Corte muestran comportamientos disfuncionales y partisanos, que han generado la rebeldía ante sus fallos, por parte de muchos países.

Los miembros de la Corte se han deslegitimado, y en nuestra opinión, hasta que no sean reemplazados por magistrados probos e independientes, el Perú debe anunciar su rebeldía a todos sus fallos, empezando por el referido al caso del indulto.

Líneas abajo compartimos el informe de don Domingo García Belaunde:

Informe sobre el indulto a Fujimori que Domingo García Belaunde presentó a la Corte IDH en calidad de «amicus curiae»

LEGIS.PE
FEBRERO 9, 2018

El viernes 26 de enero de 2018, el constitucionalista Domingo García Belaunde, mediante una carta dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, hizo llegar a la Corte, en calidad de amicus curiae, un informe sobre el indulto a Fujimori, que a continuación compartimos.

Amicus Curiae presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tema: Indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori

Elaborado por Domingo García Belaunde, Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Presidente de la Academia Peruana de Derecho(2012-2014), Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lima, 15 de enero de 2018

En relación con el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y que ha sido denunciado por distintos medios y agrupaciones políticas en días pasados, me permito hacer las siguientes consideraciones:

a) Mediante comunicado de fecha 28 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente por unanimidad, se ha pronunciado en contra del indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori, en lenguaje desusado y vehemente ajeno a la serenidad que debería usar un ente de tal relevancia. Esto nos suscita diversas preocupaciones:

i- El indulto fue anunciado esquemáticamente en un comunicado de la presidencia de la República el día 24 de diciembre de 2017 en la tarde y esa misma noche se publicó el dispositivo legal pertinente en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. No obstante, en un aproximado de tres días la Comisión en pleno lo cual lo dudamos aprueba un largo comunicado en el cual se basa, sustancialmente, en aspectos médicos y de trámite interno que no sabemos de dónde los sacó. Aún más, califica a los delitos por los cuales se sancionó al expresidente Fujimori como de lesa humanidad, lo cual es falso. Tales calificativos no aparecen ni en el expediente de extradición enviado por la Corte Suprema de justicia de Chile ni menos en la sentencia final emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema peruana. El delito de lesa humanidad aparece en la normativa peruana solo a partir de 2003. No sabemos de dónde la Comisión saco esa información.

ii. Todo parece indicar que la información que manejó la Comisión Interamericana fue proporcionada por conocidas ONGs de Lima, que precisamente se dedican a estos menesteres. Estos grupos son los que se conocen en los medios como “caviares”, expresión tomada del francés y que se usó en los medios políticos de los años ochenta del siglo pasado (gauche caviar) para referirse a las personas que viven del establishment, pero practican el deporte de criticarlo.

b) La Comisión Interamericana tiene un funcionamiento muy interesante y que se remonta a varios años atrás. Ha servido mucho para que los países puedan librarse de las dictaduras y en tal sentido han sido útiles al Perú en los años finales de la dictadura de Fujimori. Pero en los últimos tiempos se ha vuelto fundamentalista y usa un lenguaje soez que no se compadece con la prestancia que debería tener. Ha tenido pronunciamientos apresurados y por eso varios países no les han hecho caso, pues se montan sobre situaciones en los cuales están mal informados y en donde responden a consignas partidarias cuyo origen no está muy claro. Por solo mencionar uno, hay que recordar que hace pocos años la Comisión Interamericana, alarmada por los “ambientalistas” y los “defensores” de derechos humanos, emitieron un comunicado en términos altisonantes pidiendo al gobierno peruano que paralizase las obras para llevar a cabo el proyecta minero “Conga” en la sierra norte del Perú. Lo curioso del caso es que a ese momento el referido proyecto ni siquiera se había iniciado y todavía sigue sin iniciarse. Lo cual, lamentablemente contribuye a que la Comisión Interamericana no sea confiable.

c) La Comisión Interamericana se ha tomado en serio muchas cosas, de manera preocupante. Por ejemplo, de acuerdo a la Convención América solo la Corte Interamericana puede adoptar medidas provisionales. Sin embargo, ella se ha arrogado es decir, tomar algo que no le corresponde la capacidad de dictar ese tipo de medidas. Esto indudablemente afecta su seriedad, ya bastante mellada.

d) La Convención Americana señala claramente que las medidas provisionales las adopta la Corte (art. 63.2). En el caso de la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el entonces presidente de la Corte, señor Roberto F. Caldas, dictó la medida provisional para que el trámite de acusación constitucional que se seguía en el congreso peruano se paralice. Es decir, el señor Caldas, conocido únicamente por sus actividades en pro de las ONGs en su país de origen, dio por sí y ante sí tal medida provisional en tanto la Corte Interamericana no se reuniese en su sesión de 2 de febrero de 2013. Cabe advertir que el Reglamento de la Corte en el cual se apoya el señor Caldas (art. 27) entiende que él solo en cuanto Presidente puede adoptar tales medidas cuando la Corte no está en sesiones. Lo grave del tema es que el reglamento de la Corte y su Presidente han violado lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención Americana que señala que dichas medidas solo pueden adoptarse en caso de extrema y urgente necesidad y que adicionalmente es competencia de la Corte como cuerpo colegiado, no de su Presidente, que además de incurrir en este desliz, se ha olvidado que la acusación constitucional estaba en trámite y faltaban varias etapas antes de que llegase al Pleno del Congreso para su votación. Y aun más, que aun en ese momento era muy difícil saber si tal acusación prosperase o no. Estos supuestos no se cumplieron y fueron invocados falsamente. Esta atribución que se ha arrogado la Corte a través de su reglamento, es inconvencional, pues la Convención Americana es clara al decir que eso es competencia de la Corte. Aun más, el largo documento que justifica la medida provisional jamás lo pudo redactar el señor Caldas, cuya lengua materna es el portugués y porque además tiene información que solo figura en el expediente que circula en el Congreso peruano, por lo que es fácil concluir que tal documento se lo prepararon en Lima y él se limitó a trascribirlo y firmarlo y probablemente sin entenderlo.

e) En la jurisprudencia de la Corte se notan avances interpretativos realmente audaces. Algunos interesantes y otros no tanto. Cuando los Estados aceptaron la competencia de la Corte, fue en el entendido que confiaban en jueces que eran gente seria, no comprometida políticamente y además estudiosa de la problemática. Esto no se ha comprobado. Los miembros de la Corte y de la Comisión tienden a ser con el tiempo, activistas desenfadados en materia de derechos humanos, antes que jueces serenos y austeros, como era en otras épocas (como por ejemplo cuando fue juez el maestro Héctor Fix-Zamudio, que además fue presidente de la Corte.). El reciente pronunciamiento de la Corte instando a los países a que legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo es una reciente muestra de ello. Una cosa es permitir la relación entre personas del mismo sexo, con facilidades, sin discriminaciones y con derechos patrimoniales, y muy otra es equipararlo al matrimonio que históricamente ha sido siempre unión de hombre y mujer. Así lo señalan los instrumentos internacionales (Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos de 1966, art. 23; Pacto de San José, art. 17). Esto muestra que la Corte, al igual que la Comisión, han violado irresponsablemente lo que dicen los instrumentos internacionales que dicen defender. Esto de por sí es algo grave y hay que señalarlo muy claramente.

f) Adicionalmente existe un discutible concepto de “reparaciones” que llega a la exageración. En la práctica se tiende a “reparar” a los terroristas y tienden un manto de olvido sobre las víctimas de los terroristas. De muestra baste lo siguiente; en el conocido caso El Frontón, murieron todos los terroristas que habían hecho un motín contra las autoridades de ese centro penitenciario, lo que estuvo a cargo de la Marina de Guerra, pues El Frontón es una isla que está a pocas millas de la ciudad de Lima. Pues bien, la Corte Interamericana se apresuró a condenar al Estado peruano y señalar cuáles eran las reparaciones que se tenían que dar a las víctimas, o sea, a los terroristas muertos. Sin embargo, dentro de ese grupo de terroristas estaba un grupo que había perpetrado emboscadas terroristas contra el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (1985) y otros altos funcionarios del Estado. La Corte interamericana se olvidó de ellos, pero lo más improbable es que ni les interesaba. Es decir, se preocupan de los terroristas lo cual está bien pero no les interesa el futuro de los deudos de las víctimas del terror.

g) Mi impresión personal es que el sistema interamericano -sobre todo la Comisión- es importante cuando un país está gobernado por una dictadura -caso de Venezuela, que la Corte irresponsablemente ha defendido en más de una oportunidad (ej. caso Brewer-Carías) pero no sirve para el caso de países que viven en democracia, pues se supone que cuentan con los dispositivos legales internos para poner remedio a los excesos o delitos que se cometen.

h) Hay que recordar que al decir que el caso del indulto al ex presidente Fujimori se va a analizar en cumplimiento de la ejecución de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se cae en un sofisma que repiten sin cesar las ONGs que operan en Lima. Y esto por cuanto estas sentencias señalan los hechos, condenan los delitos cometidos y siguen las infaltables reparaciones. Pero el indulto es consecuencia de un acto presidencial discrecional, que se da luego que se dio un proceso y sentencia condenatoria contra al expresidente Fujimori, que es algo totalmente distinto. En realidad, el indulto se ve como consecuencia del seguimiento de dichos casos que no tienen nada que ver con el tema del indulto, salvo que se le estire hasta el infinito y hagamos decir a dichas sentencias lo que no dicen, lo cual no nos extrañaría.

i) En lo referente al indulto, cabe agregar que no existe antecedentes en la jurisprudencia de la Corte. Lo más cercano a ello son sus pronunciamientos sobre las amnistías, que es algo totalmente distinto y razonable, más aún cuando eran “autoamnistías”. Pero el indulto no borra el delito, no olvida los hechos ni tampoco se anulan sentencias, como es el caso del expresidente Fujimori. Simplemente, considerando que se ha cumplido casi el 50% de la condena y mediando factores humanitarios -lo cual es aceptado universalmente se procede a liberar a una persona. Lo que han hecho algunos es analizar el procedimiento administrativo para impugnar el indulto, lo que muestra que faltan argumentos, ya que, si hubo algo, insuficiente o faltante, esto es en todo caso responsabilidad del Estado. Lo mismo cabe decir cuando se cuestiona el informe o informes médicos, pues los que así lo hacen como lo repite la Comisión interamericana- no han visto ni analizado médicamente los informes que, por cierto, no han leído. Desconocíamos que entre los comisionados existían médicos que en su caso opinaban sin ver al paciente. Son las paradojas del fundamentalismo “humanista”.

j) Las críticas arriba señaladas están dirigidas contra la Comisión y la Corte en cuantos órganos colegiados. No significa una crítica a sus miembros en especial, pues conozco a algunos de ellos que son altamente calificados. Pero lamentablemente son minoría en medio de otros que no merecen mayor consideración, por lo menos mientras algunos sigan haciéndoles el juego a los políticos radicales.

k) Es evidente que el presente escrito no pretende en ningún momento impugnar la validez o mejor dicho la importancia del ente interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte. Pero si bien mantiene su firme lealtad a ellos, espera que, en un futuro, quizá con nuevos miembros, retome la senda de garantía, seriedad y sindéresis que tuvo en sus primeros años y que corresponde a los fines con los cuales se puso en marcha el sistema interamericano en la década de los sesenta del siglo pasado.

Lampadia

Anexo:

¿Quién es y qué hace el «amicus curiae» (amigo del Tribunal o de la Corte)?

POR
LEGIS.PE
ENERO 4, 2018

 

En un acercamiento conceptual primario y básico, se trata de un tercero o persona ajena a un proceso en el que se debaten cuestiones con impacto o trascendencia públicos, que al contar con reconocidas trayectoria e idoneidad en el asunto en examen presenta al tribunal interviniente consideraciones jurídicas u otro tipo de referencias sobre la materia del litigio, a través de un documento o informe. Puede por ejemplo suministrar consideraciones relativas a principios y elementos de derecho interno y/o internacional de relevancia, bien información estadística, económica, histórica o de otra índole útil para la resolución del caso.

Se ha discutido sobre el origen del instituto, y si bien algunos autores lo ubican en el derecho romano (por ejemplo, Cueto Rúa), otros lo sitúan directamente en el Reino Unido (v. gr. Salinas Ruiz). Lo cierto es que fue en el derecho inglés donde se delinearon embrionariamente los perfiles de la figura tal como es hoy conocida, siendo posteriormente receptada y desarrollada en el escenario jurídico de EE.UU. de Norteamérica y en otros países de habla (o influencia) inglesa donde impera el common law; por ejemplo, su consagración en las Reglas (Rules) de la Suprema Corte de Justicia Canadá, su similar de India, la High Court de Nueva Zelanda y, jurisprudencialmente, en Australia (precedente ‘Lange vs. ABC’, S 108/116 [Umbricht]).

[Características]

Los rasgos salientes del amicus curiae, y siempre dejando a buen resguardo las particularidades que puede exhibir cada contexto jurídico específico, muestran que están facultadas para comparecer en tal calidad las personas físicas (de existencia real) o jurídicas (morales o de existencia ideal), siempre que acrediten una significativa competencia en la temática en examen en el proceso; no revisten carácter de parte ni mediatizan, desplazan o reemplazan a éstas; su intervención no debe confundirse con la de un perito o de un consultor técnico; su actividad consiste en expresar una opinión fundada sobre la cuestión debatida, debiendo explicitar el interés que ostentan en la decisión que recaerá para poner fin al asunto, y su comparendo no vincula al tribunal actuante ni genera costas u honorarios.

[El amicus curiae en el mundo]

El instituto es extensamente conocido en distintas instancias internacionales. Así, y con mayor o menor nivel de utilización, están presentes en la praxis de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los órganos de supervisión del sistema africano de protección de derechos humanos; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; los paneles y el Cuerpo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

También se ha empleado, con magnitudes diversas de intensidad y frecuencia, por la Suprema Corte de Justicia norteamericana (donde ha sido importante y fructífera) y en otros órganos máximos de justicia constitucional de Estados latinoamericanos, por caso, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional del Perú e incluso la Suprema Corte de Justicia de México.

[Utilidad]

Cuenta, al menos potencialmente, con aptitud para brindar mayor transparencia a las decisiones jurisdiccionales de interés público, y puede encaramarse en un útil vehículo para fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial y, por extensión, asegurar el principio del “debido proceso”, que entre otros elementos involucra la emisión de sentencias jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de la magistratura constitucional, que sustenta buena parte de su legitimidad en la razonabilidad de sus pronunciamientos.

En ese sentido, puede coadyuvar al mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o dilemáticos de interés social al poner en escena argumentos públicamente ponderados, fortaleciendo el Estado de derecho contemporáneo, que es Estado constitucional. Permite, asimismo, la participación ciudadana en ciertas manifestaciones de la administración de justicia precisamente en causas que ofrezcan aquellas características. Es claro que mientras mayor sea el concurso de ideas en el debate constitucional, más fuerte será la legitimidad de la respuesta sentencial que se proporcione. Paralelamente, exhibe una clara matriz democrática, al abrir nuevas vías de participación, sobre todo a favor de los grupos con menores posibilidades de injerencia real en el proceso democrático (Nino).

[¿Debe ser imparcial?]

Una arista compleja de la cuestión radica en definir si, para ser recibidos en el proceso, los memoriales de los amici deben ser totalmente asépticos o si es posible que patrocinen alguno de los intereses en juego en el caso particular. Pareciera que la exigencia de pureza e imparcialidad absolutas podría conspirar contra la efectividad de la figura, conduciéndola a la inocuidad o a la falta de real incidencia fáctica. En el fondo, lo más relevante es que dichas presentaciones pudieran añadir sustancia al debate público y enriquecer la situación y las condiciones en que el órgano de justicia interviniente se encuentre para pronunciar su sentencia.

Bien entendida (y aplicada), la institución puede cumplir un significativo rol como fuente de aportación argumental a los tribunales internos y a las instancias internacionales en materia de derechos humanos, lo que representa una muestra más del crecimiento de los espacios de convergencia interactiva del derecho constitucional, el procesal constitucional y el internacional de los derechos humanos.

La exigencia de agotamiento de los recursos internos permite al Estado remediar localmente y por sus propios medios toda violación de derechos humanos que pudiera conducir al debate de la cuestión en el marco transnacional y generar una eventual responsabilidad internacional de aquél. En consecuencia, al estar reglamentariamente habilitada la presentación de amici por ejemplo ante la Corte IDH, es adecuado acordar en el plano interno a los grupos o instituciones interesados (v. gr. ONG) la posibilidad de emitir opiniones fundadas sobre el tema en cuestión, en equivalencia de condiciones respecto de las que contarían en el plano internacional, adelantando ante los órganos judiciarios domésticos fundamentos que luego serían considerados por aquel tribunal internacional (Abregú y Courtis).

[El amicus en la Corte IDH]

La Corte IDH se ha ocupado de subrayar que los amici tienen un importante valor para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta para resolver los asuntos de su conocimiento, que poseen una trascendencia o un interés generales (“Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 2008, serie C, número 184, párr. 14).

En suma, en la medida en que exista voluntad judicial y política para aplicar la figura, ésta resulta un instrumento plausible y digno de ser explorado para tonificar el debate judicial —ampliando los márgenes de deliberación en cuestiones de relevancia social por medio de argumentos públicamente analizados—, favorecer la defensa y la realización de los derechos humanos (en los ámbitos interno e internacional) y contribuir a la elaboración de sentencias razonables y generadoras de un grado sustentable de consenso en la comunidad.

Fuente: Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional (coordinadoires Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía).




Modifiquemos la “vacancia por incapacidad moral permanente”

Modifiquemos la “vacancia por incapacidad moral permanente”

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La experiencia que tuvo el país a partir de la activación de la institución constitucional de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, fue desestabilizadora y tendrá consecuencias en el mediano plazo. El problema estuvo en una institución –la mencionada vacancia por incapacidad moral- que incentivó comportamientos extremos en los actores relevantes.  

Primero, amenazó al país con la parálisis total de la economía justo en el momento en que la inversión privada empezaba a recuperarse, sobre todo si, de haberse aprobado la vacancia, se cumplía la advertencia del Presidente de que, como Sansón y los filisteos, junto con él se iban sus vicepresidentes, condenando al país a un interregno de incertidumbre hasta julio del 2018.

Segundo, de todos modos, aun con la vacancia superada, lo que dejará estela será la irresponsable denuncia internacional del Presidente de que se estaba gestando un golpe contra la democracia. Evidentemente eso dio la vuelta al mundo sembrando la idea de que el nuestro es un país institucionalmente inestable y precario, lo que posiblemente desalentó importantes inversiones que estaban por hacerse. Para salvarse, el Presidente comprometió en alguna medida el futuro económico de todos los peruanos.

Tercero, el indulto a Alberto Fujimori, una decisión desde mi punto de vista correcta y justa como he argumentado en una columna en El Comercio, fue dado in extremis, en un momento tal que fue imposible no pensar que formó parte de un trueque de impunidades, de modo que en lugar de haber sido un factor de reconciliación se convirtió en uno de mayor polarización.

Cabe la esperanza, sin embargo, de que el propio indulto –si es que ayuda a atemperar los ánimos en Fuerza Popular, lo que está por verse- permita establecer una correlación más favorable a entendimientos en torno a grandes proyectos y a reformas fundamentales. 

Indeterminación, atipicidad

El hecho es que la institución de vacancia por incapacidad moral precipitó posiciones extremas en todos los actores. Como sabemos, nuestro ordenamiento constitucional blinda al Presidente de manera tal que solo puede ser acusado por algún delito o infracción constitucional luego de terminar su mandato. Contradictoriamente, sin embargo, al lado de ese fuerte blindaje la propia Constitución abre la enorme y peligrosa ventana de la vacancia por incapacidad moral, que se puede ejecutar en cualquier momento. Y de manera sumaria, además, porque el concepto de “incapacidad moral”, como ha señalado el Dr. Aníbal Quiroga, es un concepto jurídico indeterminado, no tipificado, vago, de modo que admite una amplia gama interpretativa y por lo tanto se presta a la arbitrariedad del mayor número.   

Entonces, dada la existencia de la institución de la vacancia por incapacidad moral, era imposible descubrir mentiras importantes del Presidente y no plantear la vacancia. Era inevitable. La fuerza de gravedad de la vacancia es políticamente irresistible. 

Y como no hay tipificación, no hay manera de medir objetivamente el grado de gravedad que debe tener una falta moral para justificar una vacancia. Y tampoco hay debido proceso, uno de cuyos requisitos es precisamente la tipificación. ¿Cómo medir, por ejemplo, la gravedad de una mentira? ¿Una mentira basta para destituir a un Presidente? ¿Cuál tendría que ser su gravedad? ¿Cuál es el debido proceso para evaluar la gravedad de una mentira? (De allí la discusión sin salida acerca de si había o no debido proceso en el debate del jueves pasado). Entonces el instituto se presta al exceso.

A ese exceso el gobierno respondió con otro exceso: la acusación a Fuerza Popular de estar ejecutando un asalto al orden constitucional, un golpe contra la democracia, y, peor aún, la denuncia internacional de este supuesto atentado. Fue una estrategia política para desplazar el foco de la acusación hacia los acusadores.

El Dr. Abraham García Chavarry[1] ha recordado que dicha institución, que no está presente en otras constituciones del continente americano, se remonta a la Carta Magna de 1839, cuyo artículo 81 señala que: “El Presidente de la República vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional, y de derecho, por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral y término de su periodo constitucional”. Pero recuerda también que en el siglo XIX “moral” se usaba como sinónimo de “mental”. De allí que la fórmula fuera, como lo es aún ahora, “incapacidad moral o física”. Pues bien, la incapacidad mental o física, así como la muerte, simplemente se certifican, no requieren debido proceso ni contraposición de argumentos y pruebas.   

Pero la incapacidad moral, entendida como “inmoralidad”, no es ni delito, ni infracción constitucional. Es, además, como decíamos, un concepto indeterminado. Por lo tanto, no tipificado. Se presta, entonces, repetimos, al abuso de la mayoría (de dos tercios de los congresistas).  

Solución política a confrontación de poderes

Por eso, en la práctica, como ha señalado Aníbal Quiroga, la vacancia por incapacidad moral ocurre cuando el gobierno no tiene mayoría, y se ha usado eventualmente para resolver una crisis política. Como recuerda el propio García Chavarry, en 1914, el presidente Guillermo E. Billinghurst fue vacado por incapacidad moral, pero lo que había ocurrido es que “tras un intento de disolver el Congreso y convocar a consulta popular, la muy mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo determinó la destitución del presidente” (p. 390). Se usó la figura de la incapacidad moral, pero se trató de un juicio político para resolver una situación de enfrentamiento de poderes.

Y, en el caso del presidente Kuczynski, las razones por las que votó una proporción importante de los congresistas fueron también de índole política, no moral: sea para asegurar la estabilidad política o la gobernabilidad o para evitar un supuesto ataque a la democracia, por ejemplo. Del otro lado, quienes votaron a favor de la vacancia no podrían haberlo hecho si no hubiesen existido las mentiras del Presidente. Pero, ¿eran estas suficientemente graves como para justificar la vacancia? No hay respuesta a esa pregunta. Lo único cierto es que, dada la existencia de la institución de la vacancia por incapacidad moral, era imposible, como hemos dicho, descubrir mentiras importantes del Presidente y no plantear la vacancia. Era inevitable.

El problema, entonces, está en la Constitución, en la existencia de esa figura, tal como está redactada en este momento. La observación de que en los últimos 100 años solo se ha usado dos veces, como prueba de que es una institución sabia de la que no se habría abusado, es una falacia, porque lo que ha ocurrido es que las situaciones de enfrentamiento de poderes ocasionadas por gobiernos carentes de mayoría parlamentaria se resolvieron, por lo general, mediante golpes militares. Fueron los casos de los gobiernos de José Luis Bustamante, el primero de Fernando Belaunde y el primero de Alberto Fujimori.

Se podrá decir, como explica Aníbal Quiroga, que los golpes militares eran la forma primitiva de resolver las situaciones de gobierno dividido y que la vacancia presidencial por incapacidad moral es la forma de resolver esas crisis dentro del canal constitucional. Sí. Pero se presta a la arbitrariedad.

Conclusión

El tema del gobierno divido o del enfrentamiento entre poderes debe prevenirse o resolverse de otra forma. Primero, eligiendo al Congreso luego de la segunda vuelta, con es en Francia, y reconstruyendo un sistema de pocos partidos políticos. Y si, pese a ello, se da, podríamos facilitar la disolución del Congreso sin expresión de causa y si el nuevo Parlamento sigue dominado por la oposición, ir a la figura, también francesa, de la cohabitación, es decir, que el Presidente designa como Primer Ministro al jefe de la oposición parlamentaria.

Simultáneamente habría que modificar la institución de la “vacancia por incapacidad moral”. En primer lugar, introduciendo la figura de la incapacidad ‘mental’ permanente, para regresar a la acepción original de la expresión, que sí tenía sentido. Es decir, la presidencia vaca cuando se certifica que el presidente tiene una enfermedad mental tal como alzheimer, esquizofrenia, u otra.

En segundo lugar, acotando el concepto de incapacidad moral para acercarnos a lo que podría ser una tipificación. El Dr. García Chávarry propone que “la incapacidad moral podría ser plausiblemente aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial que hagan que no pueda ser posible que el episódico titular del Gobierno se mantenga, tras esas conductas y en esas condiciones, en su mandato” (p. 401). García Chávarry menciona como ejemplos una situación de ebriedad habitual o de adicción a sustancias psicotrópicas, aunque también menciona la comisión pública de expresiones faltantes a la verdad, con lo cual regresamos a lo mismo. Es muy difícil evaluar la gravedad de una mentira e impedir que pueda convertirse en pretexto para cometer un abuso constitucional. Lampadia 

[1] “La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional peruano” Abraham García Chávarri, en Pensamiento Constitucional N° 18, 2013 / ISSN 1027-6769 También en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8962/9370




Países de mayor crecimiento y mayor contracción

Países de mayor crecimiento y mayor contracción

El 2018 se presenta como un año en que casi todos los países crecerán. Un caso notorio es la recuperación de los países más ricos, que después de la crisis de hace una década, se alinean para crecer. El perfil de crecimiento, como se aprecia en el gráfico.

Entre los países que más crecerán el 2018, está India con un 7.7%, bajo el liderazgo reformador de Narendra Modi. La China sigue creciendo alto, se estima un 5.8%. Por el lado de los países que decrecerán, destaca Venezuela, que caería un 11.9%. 

Un caso muy lamentable, es el del Perú, que viene desperdiciando condiciones muy favorables para crecer. Un mundo que demandará más de todos nuestros productos y un aumento sustancial de los precios del cobre y el zinc. Desafortunadamente, hemos pasado del gobierno de la parálisis de las inversiones (Humala y el nacionalismo), a un gobierno que no tiene ninguna capacidad de enrutar al país en la recuperación del crecimiento.

Más allá de la pésima gestión general del gobierno de PPK, ahora estamos atrapados en una crisis política que no termina. El presidente ha perdido casi toda capacidad de liderazgo, su repitente primera ministra, a cargo del gabinete de la ‘reconciliación, ha sido uno de los personajes más agresivos con Fuerza Popular, incluso desde el premierato durante los aciagos días de la vacancia y el indulto. ¿Qué se viene, reconciliación o más enfrentamientos suicidas?

Es pues difícil que, en esta situación, el gobierno de PPK pueda emprender reformas y recuperar el crecimiento que el Perú tiene capacidad de sustentar. Un tremendo pecado que será reclamado por nuestros ciudadanos y puede costarnos muy caro. Lampadia

Gráfico del día: Las economías de más rápido crecimiento y de mayor contracción en 2018

The Economist
5 de enero, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Desde que la economía mundial completó su repunte de la crisis financiera de 2008, ha crecido a un ritmo moderado pero constante. Es probable que esta tendencia continúe en 2018: según la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), se espera que el PBI mundial aumente un 2.7% este año, apenas un poco menos que el 2.9% registrado en 2017.

Una vez más, el mayor contribuyente será China. La segunda economía más grande del mundo crecerá un 5.8% este año, lo que representa aproximadamente un tercio de la expansión mundial total. Sin embargo, esta tasa sigue siendo un punto porcentual menos que el crecimiento que obtuvo China el año pasado. Xi Jinping, el presidente de China, está tratando de frenar el crecimiento del crédito, desacelerando su economía. Eso deja a India como la economía grande de más rápido crecimiento del mundo, con un rápido aumento proyectado en el PBI del 7.8%. También se espera que el sudeste asiático tenga un buen desempeño: Vietnam, Camboya, Myanmar y Laos están programados para superar el 6%.

Los países más ricos no pueden esperar competir con tasas de crecimiento tan altas. Sin embargo, la mayoría de los países desarrollados deberían acercarse al menos a un saludable 2%, e incluso se prevé que la moribunda Italia alcanzará un respetable 1.4%. Quizás el indicador más alentador es la proyección de expansión. La EIU solo espera que cuatro economías se contraigan en 2018. Las heridas en Venezuela, que probablemente sean las de peor desempeño con una pérdida del 11.9%, se autoinfligieron, con una mala administración que ha llevado a la hiperinflación y a un incumplimiento de la deuda soberana, que se avecina rápidamente. Corea del Norte también está pagando el precio de sus políticas; se enfrenta a sanciones internacionales cada vez más estrictas en respuesta al crecimiento de su programa de armas nucleares. Y se pronostica que la economía de Puerto Rico, técnicamente un territorio de ultramar de los Estados Unidos, se reducirá en un 8%, como consecuencia de un devastador huracán que ha dejado a gran parte de la isla sin electricidad. Lampadia




La CIDH está haciendo política

La CIDH está haciendo política

Entre el cruce de sables e intereses políticos que abundan en los medios nacionales, la entrevista de Jaime de Althaus a Francisco Tudela nos muestra con objetividad cómo debemos apreciar los intereses del Perú en relación a la CIDH y demuestra que detrás de sus pergaminos hay más política que derecho.

Francisco Tudela, Ex canciller de la República: “La CIDH está haciendo política como si fuera derecho”

Precisa que el delito de lesa humanidad no figura en la sentencia de extradición de Chile y por tanto no era legal juzgar a Alberto Fujimori por ello

Entrevista a Francisco Tudela
Por Jaime de Althaus
El Comercio
08 de enero de 2018

Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, analiza en esta entrevista el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski y las medidas que se podrían adoptar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

— El gobierno está muy entrampado y depende, en alguna medida, de lo que haga Fuerza Popular, pero Fuerza Popular también está entrampada en su lío interno. ¿Esto tiene salida? 

Yo creo que la salida es dejar que los procesos judiciales prosigan su camino sin interrupción, pero evidentemente la fractura de Fuerza Popular es mala para el país y su recomposición es un imponderable; la situación del presidente estando investigado tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Lava Jato es, también, un imponderable. Mientras tanto, creo yo que no hay que contribuir a este proceso de desintegración tan fuerte que está viviendo el país. Siendo la coyuntura económica internacional positiva para el Perú, el riesgo-país se ha incrementado sustancialmente porque hay una percepción muy grande de inestabilidad, el no poder predecir quién va a ser el sucesor del presidente Kuczynski. Yo debo decir con franqueza que nunca he visto una situación como esta.

— Bueno, el presidente puede ser investigado pero no acusado durante su mandato, pero nuevos temas que aparezcan podrían provocar nuevos pedidos de vacancia, no puede conseguir ministros. ¿Debería renunciar? 

Creo que es una opción que recae enteramente sobre él. Es él quien tiene que decidir, porque es él quien aprecia mejor que nadie cuál es su verdadera situación. La renuncia no es un escenario ideal, pero un escenario de renuncia respetando el orden establecido en la Constitución en el cual el primer vicepresidente asume la Presidencia de la República y todo sigue hasta el 2021 no es un escenario catastrófico. El escenario catastrófico hubiera sido aquel que el presidente impuso al país en su discurso a la nación antes de ir a defenderse al Congreso: que él renunciaba y forzaba a los dos vicepresidentes a renunciar, lanzándonos al garete, al mar abierto con enormes incertidumbres.

— Parte importante del problema político del presidente tiene que ver con el indulto, que ha enajenado a todos sus aliados. ¿Es válido el indulto dado a Alberto Fujimori?
Yo creo que sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está haciendo una evaluación jurídica desde mi punto de vista. Está haciendo política como si fuera derecho. En el fondo lo que está diciendo es que el indulto implica impunidad, y en ese sentido creo yo que la comisión está equivocada. La comisión en su texto invoca la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Pero el delito de lesa humanidad no está en la sentencia de extradición chilena. De acuerdo al Código Bustamante, tratado que rige internacionalmente la extradición y del cual Chile y el Perú son firmantes, nadie puede ser juzgado por delitos que no estén contenidos o imputados en la sentencia de extradición y esa es la razón por la cual, arbitrariamente, los juzgadores del ex presidente Fujimori colocan lesa humanidad en la sentencia, pero tienen que hacerlo con efectos solo declarativos, sin efectos penales, porque no está en la sentencia de extradición y, por tanto, era ilegal juzgarlo por lesa humanidad. Más aun, el Ministerio Público peruano aprecia correctamente esta situación y cuando presenta cargos contra el ex presidente no coloca el cargo de lesa humanidad. En cuanto al Caso Pativilca, aún no iniciado, la Corte Suprema de Chile sí considera entre los delitos por los cuales se amplía la extradición el crimen de lesa humanidad, pero especular sobre ese posible proceso y su conclusión es prematuro en este momento. Así pues, el comunicado de la CIDH apela a una suposición que no se desprende de las sentencias existentes.

— ¿Es justa la condena a 25 años sin que haya habido prueba directa de que Fujimori ordenara o autorizara los crímenes?

La sentencia de extradición sí contiene el concepto de autoría mediata –de ahí fue sacado–, que implica que el presidente Fujimori, como era el jefe del Estado, se presupone que debía saber. O sea, no es una orden directa en la cual él dice que maten a sus enemigos. Y no ha sido probado que él autorizara o conociera. Esa autorización, esa orden, no ha sido demostrada en el proceso. Además, la propia calificación de lesa humanidad fue mal establecida.

— ¿Por qué?

En Nuremberg no había derecho existente para juzgar a los nazis, y entonces se los juzga de acuerdo al derecho natural. La primera sistematización de los crímenes contra la humanidad se da con el estatuto de Roma, que el Perú aprueba en el 2001 y luego lo ratifica. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo hice el dictamen para la aprobación del estatuto de Roma. El artículo séptimo del estatuto de Roma dice: “A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y luego, a efectos del párrafo primero, dice el estatuto de Roma: “Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer este ataque o para promover esa política”. Esto se refiere al genocidio, a la limpieza étnica, al ataque contra las minorías étnicas. Lo que está ocurriendo ahora en Myanmar con los rohingyas, la persecución de los judíos por parte de los nazis, por ejemplo. No se puede decir que la lucha contra el terrorismo haya sido un crimen de lesa humanidad, porque no fue un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y no cumple el requisito del inciso 2 del artículo 7… Siempre cabrá la duda de si el presidente sabía o no de estos actos, pero lo que hacen unos subordinados en Barrios Altos y La Cantuta no formaba parte de la estrategia general antisubversiva…

— ¿A partir de los 90 te refieres?

Así es. Primero, porque se decidió armar a las comunidades campesinas, permitir la autodefensa, porque quien sí cometía un crimen de lesa humanidad era Sendero Luminoso, que en su sueño afiebrado ideológico suponía que el campesinado se iba a plegar a su asonada revolucionaria, y como las comunidades campesinas no querían a Sendero Luminoso, este se vengó exterminando a comunidades campesinas enteras. Lo mismo hicieron con los asháninkas en la vertiente oriental de los Andes. Allí sí estamos hablando de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil.

— Pero en los 80 el Ejército también reaccionó contra esas matanzas arrasando comunidades.
Porque no tenía órdenes. Al Ejército se lo puso en el campo, pero los dos gobiernos, tanto el de Fernando Belaunde como el de Alan García, no diseñaron una estrategia y no asumieron la responsabilidad de la conducción de la lucha contra el terrorismo. Pero eso es un tema anterior a la presidencia del presidente Fujimori, y por lo tanto, no cae dentro del análisis que estamos haciendo. A partir de los 90 sí hubo una estrategia clarísima antisubversiva que llevó a la captura con vida y sin daños corporales de todas las cúpulas terroristas y con un significativo descenso en el número de bajas, porque más bien se armó y asistió a las comunidades. Y se dio una ley de arrepentimiento a la cual se acogieron cerca de tres mil miembros de las organizaciones terroristas que no habrían cometido delitos de sangre y que denunciaron a sus jefes. Entonces, hablar de una política generalizada y sistemática contra una población civil, que es el caso de lesa humanidad, no se aplica a la lucha del Estado Peruano contra una organización criminal. Cuando la CIDH saca este comunicado en el que habla categóricamente del delito de lesa humanidad por el cual Fujimori no ha sido condenado, está haciendo pasar política por derecho.

— ¿Hay una suerte de logia político-ideológica que maneja estos temas?

Bueno, da la impresión de que la comisión y la corte son organismos cuyos miembros cooptan a otras personas para que ingresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay ciertos requisitos de afinidad político-ideológica.

— ¿El Estado Peruano puede ganar el tema del indulto en la corte?

No lo sé, depende del alegato que haga el Estado Peruano.

— ¿Aceptaría ser el abogado del Perú en ese alegato? 

No lo sé. Es una propuesta etérea.

— ¿La Corte Interamericana puede revocar el indulto?

No creo que pueda revocar el indulto, y si lo revocara o lo cuestionara, pues el Perú tiene que considerar detenidamente si va a acatar esa sentencia.

— ¿Puede el Perú no acatarla?

Estamos, claro, obligados por el tratado a cumplir lo que se nos diga, pero si no lo cumpliésemos, como por ejemplo ocurre con la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Caso Filipinas-China, en el cual China no cumple la sentencia en el proceso que Filipinas ha ganado contra ella, respecto al mar territorial, pues la corte no tiene ningún elemento coactivo contra China. La Corte Interamericana tampoco tiene elementos coactivos contra el Perú. Claro, es un incumplimiento del Perú, pero digamos que a consideraciones políticas extremas de la corte y de la CIDH caben consideraciones igualmente políticas por parte del Estado Peruano.

ANTECEDENTES Y OPCIONES

-Los posibles escenarios ante la corte y CIDH-

— ¿Le ha sido útil al Perú la pertenencia a la Corte Interamericana? ¿Tendría sentido retirarse en los temas vinculados a terrorismo?

La verdad es que hemos perdido todos los casos sin excepción, sin apelación, pero independientemente de eso hay que comprender las dimensiones de esto. La política de derechos humanos a nivel internacional fue diseñada por el presidente Carter, y luego por el presidente Reagan y se inicia con los acuerdos de Helsinki de 1975 y se convierte en el punto de partida de la disolución del Estado soviético con las acciones de Sájarov, Solzhenitsyn y los disidentes. Fue la respuesta de Estados Unidos a la guerra ideológica después de haber perdido la guerra de Vietnam, un invento genial de Zbigniew Brzezinski. En la Primavera Árabe tuvo consecuencias nefastas, pues derrocó a los gobiernos seculares nacionalistas árabes y a cambio estableció, por ejemplo en el caso de Libia, la anarquía absoluta. Cuando el Perú se retiró parcialmente de la jurisdicción de la corte en 1999, la condena de Estados Unidos fue total, lo que resultaba irónico, porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, es el profesor Ciruela, que te obliga a hacer lo que él no hace. Al margen de eso, la reacción norteamericana sería la misma hoy, porque la política de derechos humanos sigue siendo la misma, es el eje de la política exterior norteamericana en el mundo.

— Pero es posible denunciarla para ciertos aspectos…

Podríamos denunciar la convención, es perfectamente legal, pero trae enormes problemas políticos. Se denuncia, pero los términos de la convención siguen rigiendo para el país que denuncia. Y tampoco uno puede salirse cuando hay un hecho en discusión, suponiendo que ese hecho en discusión se va a esfumar si uno se sale de la corte. O sea para aquellos que proponen salirse de la jurisdicción de la corte yo les sugeriría que esperen a que se resuelva el tema del indulto primero, porque la denuncia de la convención no puede ser una vía de escape a lo que está en proceso.

— ¿Revocar un indulto no sería intervenir en la soberanía política de un Estado para resolver sus problemas políticos internos?

Claro, porque mientras el Perú opere dentro de su orden constitucional y legal, tiene que gozar de la soberanía y la independencia absolutas. La soberanía y la independencia absolutas son cuestionadas por el Sistema Interamericano cuando se ataca la democracia, cuando se violan los derechos humanos: allí sí no hay soberanía ni independencia en función de los tratados de los cuales formamos parte en realidad desde 1948. No podemos sustraernos a lo que mandan estos tratados, escondiéndonos detrás de los conceptos de independencia y soberanía, pero si estamos obrando de buena fe, de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos, la vigencia de esa soberanía y de esa independencia tiene obligatoriamente que ser respetada por la CIDH y por la Corte IDH. No pueden vulnerar la carta de la OEA interviniendo en los asuntos internos del Perú cuando esos asuntos han sido resueltos de acuerdo a ley. Lampadia




La inquina del escribidor y la ruptura política

La inquina del escribidor y la ruptura política

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Ex miembro del Plenario del Movimiento Libertad

Nuestro famoso escritor, mejor ensayista y gran promotor de las ideas de la libertad, es al mismo tiempo un hombre cegado por sus pasiones, que, lastimosamente, han envenenado la política peruana durante 25 años.

El colofón de estos cinco lustros, se expresa en su catilinaria: ‘La traición de Kuczynski’, y en el pronunciamiento con otros 200 escritores peruanos: ‘Por la dignidad del Perú y contra el indulto’.

La traición de Kuczynski
(El País de España, 27 de diciembre, 2017)

“El indulto a Fujimori, el dictador que asoló el Perú, cometió crímenes terribles contra los derechos humanos y robó a mansalva, ha incendiado el país”. [Afirmación que contrastaré líneas abajo].

Ilustrado por El País con una foto asquerosa 
(Ese es el medio que preside Juan Luis Cebrián, que vino al CADE a disertar sobre ética periodística).

“Las vilezas forman parte por desgracia de la vida política en casi todas las naciones, pero no creo que haya muchos casos en los que un mandatario perpetre tantas a la vez y en tan poco tiempo”.
[¿De la ficción a la pos verdad?].

“El fujimorismo tiene ya un control directo o indirecto de buen número de los medios de comunicación en el Perú (…)”.
[Falso de toda falsedad. La realidad es todo lo contrario].

“¿Imaginó Kuzcynski que el indulto iba a incendiar el Perú, donde, mientras escribo este artículo, las manifestaciones de protesta se multiplican por doquier pese a las cargas policiales? […]”.

‘Por la dignidad del Perú y contra el indulto’ (27 de diciembre, 2017)

“Protestamos por la conducta ilegal e irresponsable del presidente Pedro Pablo Kuczynski”. [¿Intérpretes de la legalidad?]

Fujimori fue condenado por violación de derechos humanos y corrupción”. [Falso, ver líneas abajo].

El gesto del presidente Kuczynski cubre de infamia y vergüenza a un país (…)”. [Podrá desacreditar a PPK y su gobierno, pero ¿al país?].

Rechazamos el abuso del lenguaje de la reconciliación y el perdón que busca legitimar esta medida espuria, y colocar como violentos e intolerantes a quienes defienden la verdad y la memoria. [Rechazan la reconciliación, sin plantear una alternativa de convergencia].

“Son especialmente inaceptables los llamados al olvido y las menciones a la pobreza, el progreso económico y el Bicentenario como fines que justifican medidas negacionistas”.

“(…) la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente de la República es incompatible con el Estado de Derecho y los valores democráticos (…)”.

¿O sea que nuestro insigne defensor de la democracia plantea la salida de PPK del gobierno porque (en uso de sus prerrogativas constitucionales, pero en contra de su admonición y pregón) ha indultado a Alberto Fujimori (AFF)?

Veamos de donde viene esta actitud, que lo ha llevado a insuflar tanta inquina en la política peruana y cómo se ha expresado durante 25 años:

  • Cuando Fujimori le ganó las elecciones al “señor Vargas” (sic), MVLL recibió un golpe moral muy profundo, que solo pudo disimular alejándose del Perú.
  • El ‘auto-golpe’ de abril de 1992 le dio la disculpa para transparentar su resentimiento y pasar a la ofensiva contra AFF y la gran mayoría de peruanos, que considerábamos que el Perú no podía seguir empobrecido por la hiperinflación, acosado por el terrorismo, con una economía destrozada, repudiado por el resto del mundo y con un Estado que solo alcanzaba a recaudar el 4% de un famélico PBI. Todo esto con partidos políticos que se habían consumido en la inutilidad, una Constitución inspirada por la dictadura militar que impedía la inversión y el crecimiento económico y una pérdida de sensación de futuro que corroía el alma de todos los peruanos.
  • MVLL nunca reconoció algún mérito al gobierno de Fujimori. Negó específicamente su éxito en la lucha contra el terrorismo, la hiperinflación y en la superación del estancamiento económico.
  • Con las condenas de AFF, MVLL se sintió vengado y justificado para acrecentar y profundizar sus pregones anti fujimoristas.
  • El escribidor asumió como verdad sacrosanta una condena a 25 años que excedía todos los límites de justicia posibles. Se le dio 25 años de prisión por supuestos delitos contra los derechos humanos que, si bien no se especificaban como tales en la sentencia, se presentaron maliciosamente en los considerandos.
  • La condena a AFF se basó en:
    • Una caprichosa forma jurídica, la de ‘la autoría mediata’, porque siendo el jefe ‘debía saber’ y así se la condenó por asesinatos masivos. Huelgan más comentarios.
    • La condena no respetó el cuadernillo de extradición, que no contemplaba delitos de lesa humanidad.
    • La legislación peruana no contemplaba los delitos de lesa humanidad para cuando se imputaron. Ver voto singular de José Luis Sardón de Taboada, miembro del Tribunal Constitucional, de 2016, con ocasión de la demanda de Habeas Corpus de AFF.
    • La condena de 25 años fue una manipulación jurídica diseñada para hacer consentir que la condena era por lesa humanidad.
    • La propaganda de la pos-verdad vargallosina ha llevado a que se confronte a AFF con los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, como si Fujimori hubiera cometido u ordenado los crímenes.
  • En el plano electoral, para evitar que el fujimorismo llegara al poder, MVLL apoyó (sin vergüenza) a Alejandro Toledo, pese al caso de Zaraí.
  • Posteriormente, con el mismo propósito, MVLL y su hijo Álvaro (que llegó a bailar en el escenario) apoyaron a Ollanta Humala, a pesar de plantear el nacionalismo que Vargas Llosa abomina, a pesar de las denuncias de ‘Madre Mía’ y del programa de gobierno de la ‘Gran Transformación’, que solo se disfrazó para las elecciones. Recordemos sus primeras palabras, cuando llegó a Lima, con el Nobel bajo el brazo: “vamos a tener que elegir entre el Cáncer y el Sida”.
  • MVLL nunca se dio por enterado del desastroso gobierno de Humala y a ciegas se precipitó a apoyar a PPK. Eso sí, advirtiéndole que no vaya a otorgar el indulto a AFF.

Ahora, dado el indulto, MVLL condena a PPK al fuego eterno, sin otro propósito que hacer respetar su bandería de resentimientos.

Lamentablemente, la pos-verdad alrededor de la condena de Fujimori, masajeada sin descanso por los medios y por gran parte del establishment limeño, ha calado (explicable y noblemente) en el alma de nuestros jóvenes. Si yo pensara que AFF asesinó u ordenó los asesinatos en cuestión, yo también me indignaría con el indulto. Como me indigné cuando se indultaron terroristas o cuando se habla de indultar a Abimael Guzmán, cómo hace el malhadado congresista Arana (caserito de RPP y Canal N).

Efectivamente, no hay nada más noble que el espíritu justiciero de los jóvenes. Pero qué lástima que éste se haya encendido tras de mentiras que solo cubren resentimientos y otras peores pasiones.

Hoy, nuestra obligación es explicarles a nuestros jóvenes la verdad. Hoy, la obligación de los peruanos de buena voluntad es salir de la trampa del odio y la desunión: ¡Hay mucho que hacer, y debemos hacerlo juntos! Lampadia




¿Y ahora qué le decimos al Perú?

¿Y ahora qué le decimos al Perú?

Pablo Bustamante Pardo
Director de
Lampadia

Hace muchos años repito que el Perú es ‘infinito’, que tenemos todos los recursos para ser un país rico. Hace tiempo que podríamos haber transformado nuestro potencial productivo en bienestar general. Esta visión incluye, por supuesto, mi apreciación por la calidad de nuestra gente, como personas trabajadoras, creativas y esencialmente sanas.

Pero como no todo puede ser bueno, tenemos una clase dirigente que, difícilmente, es digna de ser llamada así. La calidad de nuestra clase dirigente ha sido siempre motivo de duras críticas por parte de los peruanistas más destacados, como lo fueron Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre. La afectan dos grandes males: la búsqueda del beneficio individual y la falta de compromiso cívico.

Solo así podemos explicarnos que, una y otra vez, transformemos nuestras oportunidades en derrotas.

En diciembre de 2010, escribí en Diario 16:
¡Que buena década! – ¡Queremos otra!

Todos los peruanos mayores tenemos apreciaciones y  recuerdos de lo que han sido las últimas cinco décadas, desde 1960 al 2010, el último medio siglo de la vida de nuestro país. (…) La última década está terminando en condiciones extraordinarias. A pesar de que ésta se inició con problemas muy graves, políticos, institucionales, sociales y económicos, los logros de los últimos años están marcando toda la década, y hasta los últimos veinte años, de un halo que los peruanos no conocíamos.

(…) Quiero marcar una diferencia, nuestra realidad de estancamiento de décadas, y quien sabe, nuestro son, nos han hecho vivir mirando siempre el lado vacío del vaso. Es hora de mirar el lado lleno. Esta década está terminando de marcar nuestra transición desde una sociedad cerrada, estancada, a una sociedad abierta, de crecimiento. Estamos empezando a dejar atrás las actitudes del modelo mental ganar-perder, la suma cero, y adoptando las del modelo ganar-ganar, la suma positiva. Nuestros ciudadanos están pasando del oportunismo a la confianza en sí mismos, nuestros empresarios están terminando de transitar del mercantilismo a la competencia, y nuestros políticos, hay nuestros políticos, todavía muy pocos se alejan de la demagogia, el populismo, y el cortoplacismo, y pasan a la visión de futuro y la concordancia entre palabra y obra.

Quiero enfatizar que aún estamos lejos resolver nuestros grandes problemas institucionales, sociales y económicos, pero si antes, la posibilidad de enfrentarlos y resolverlos, era una ilusión, un sueño o una promesa, hoy está en nuestras capacidades, hoy podemos dar un gran salto adelante para superarlos.

Por fin estamos aprendiendo a crear riqueza, base esencial del bienestar, estamos viendo como, con la inversión privada que se multiplica a lo largo y ancho del país, junto con la inversión pública en las regiones, que se hace posible gracias al crecimiento de la economía, se empieza a transformar nuestro perfil, y lo que es más importante, empieza a cambiar el sentimiento nacional.

(…) Este nuevo sentimiento, esta posibilidad de pararnos frente a la historia, no para reclamarle nada, sino para conquistar nuestro futuro, con inteligencia, esfuerzo, imaginación y compromiso; está hoy día en el Perú real, en las mentes de nuestros ciudadanos, especialmente en los jóvenes, y en nuestros empresarios. Miremos el lado lleno del vaso.

Sin dejar de llamar la atención sobre la agenda pendiente en educación, salud, infraestructuras, y solidez institucional, en Lampadia hemos destacado reiteradamente las evidencias de la gran recuperación del Perú, después de las décadas perdidas entre 1960 y los años 90. Ver:

Las Cifras de la Prosperidad.
¡Qué ‘calato’…, ni que ocho cuartos!

Es, pues, muy claro que el Perú ha demostrado la capacidad de superar sus problemas de manera ejemplar. En pocos años pasamos de ser ‘un Estado fallido’, a una ‘estrella internacional’.

Sin embargo, la negación de la realidad y el odio sembrado en la política peruana, nos regalaron una profunda interrupción de nuestro desarrollo, con la elección del nacionalismo dirigido por Ollanta Humala.

Peor aún, el gobierno de PPK no ha sabido marcar la diferencia con el gobierno del ‘punto de inflexión’ de Humala. Tampoco supo recoger el mandato popular de profundizar la economía de mercado y perfeccionar la democracia. El gobierno de PPK prefirió basarse en el odio al fujimorismo sembrado por Vargas Llosa para ganar las elecciones, para relacionarse con el Congreso y para salvarse de la ‘vacancia presidencial’.

Es el colmo que el ‘gobierno de lujo’ nos haya llevado a la crisis de los últimos días. Más allá de las maromas verbales de Borea; de la terquedad de Kenji Fujimori para arrancarle a PPK el indulto de Alberto Fujimori y de la torpeza política de los voceros del fujimorismo; la verdad es que el Presidente está gravemente dañado y debilitado en su capacidad de inspirar a los peruanos el esfuerzo y sentido de dirección necesarios para recuperar el tiempo perdido y enrumbarnos a continuar la senda del desarrollo.

Después de este proceso tan destructivo, PPK debiera reflexionar seriamente sobre cómo permitir que el ‘gobierno-pre-bicentenario’ llegue al puerto en mejores condiciones. Esa reflexión incluye que evalue la posibilidad de pasarle la posta al vicepresidente Vizcarra.

¿Y ahora que les decimos a los peruanos?

  1. El Perú ha probado que puede superar sus más difíciles problemas
  2. Necesitamos un gobierno programático y de convergencia política. Programático para emprender reformas importantes, y convergente, para superar el odio y la mentira, de las relaciones entre los poderes del Estado.
  3. ¡Si podemos hacer las cosas bien! Pero tenemos que hacerlo juntos.

Me parece que, en este momento, los ciudadanos debemos salir al frente para evitar que la mala política siga destruyendo nuestros futuros. Lampadia




Tenemos que ayudar a PPK

Tenemos que ayudar a PPK

EDITORIAL

Keiko Fujimori rompe el ‘standoff’ (impase) político y solicita reunirse con PPK en compañía del ínclito Luis Bedoya Reyes. El Presidente acepta la reunión desechando la presencia del venerable ‘Tucán’ y plantea llevar lo que se converse al ‘Acuerdo Nacional’.

Fuente: expreso.com.pe

Sin embargo, parecería que el Presidente PPK sigue bailando al son de sus asesores busca pleitos. Es urgente que gente más sensata se acerque al Presidente y lo ayude a asumir la actitud del estadista que nos ofreció y que todos deseamos ver en él.

Veamos los eventos políticos de ayer:

1. En horas de la mañana, desde Jauja, PPK mando un mensaje a los políticos: “Déjennos trabajar, no hagan intrigas, no se bajen a ministros cada dos semanas, porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje que hay que mandar a Lima”. (Perú21, página 7, 4 de julio).

2. Juan José Garrido comenta hoy, en su columna editorial, que ayer por la mañana, pocas horas antes de hacerse pública la solicitud [de KF], el mandatario se quejaba públicamente de los “escandaletes de quinta” que, en su opinión, distraen a los peruanos.

3. Por la tarde Keiko Fujimori toma la iniciativa de dirigirse al Presidente en los siguientes términos:

4. El Presidente de la República contesta a KF mediante la siguiente carta:

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5. Aparentemente, el Presidente, sorprendido por la acción de KF, se ve forzado a aceptar la reunión, pero se prepara el terreno para malograr el encuentro:

  • PPK descarta la presencia de Luis Bedoya Reyes, que podría ser un factor muy positivo para generar un ambiente constructivo en esa reunión tan importante.
  • Además, PPK plantea llevar al ‘Acuerdo Nacional’ (AN), lo que se converse. Esto, por supuesto, suena bien en las tribunas, ‘hay que hablar con todos’. Pero, el AN, donde las decisiones se toman por consenso, terminaría evidentemente, diluyendo cualquier iniciativa política importante, que ya no determinaría acuerdos de gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo.

6. Rápidamente, la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz desconoció la iniciativa de KF:

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Así, empezó a malograrse una nueva oportunidad de convergencia entre los estamentos de gobierno, en una situación en que efectivamente, como dice KF en su carta, “a la desaceleración evidente de la economía peruana, se suma un ambiente político de creciente crispación…”.

Todo el país venía pidiendo una reunión entre PPK y KF, excepto, por supuesto, los halcones de ambos lados. Aparentemente, Keiko Fujimori, durante un descuido de los suyos, le dirige una carta muy oportuna al Presidente Kuczynski, pero los halcones de PPK no se descuidan nunca. Una pena.

Sin embargo, más allá de los acontecimientos de ayer, con la reunión pactada para el martes 11, hay mucho tiempo para corregir entuertos. Pero para ello, debemos dejar de subsidiar al Presidente aceptando ‘facevalue’ todas sus acciones, y de vez en cuando, ayudarlo a asumir una actitud más constructivaLampadia

 




Los peruanos debemos rechazar insidiosa publicación

Para nosotros en Lampadia es una tremenda decepción que The Economist, una publicación formidable, vuelva a escribir barbaridades sin sustento sobre la situación política del Perú. Sabemos que esto es obra de sus corresponsales, pero eso no inhibe la responsabilidad de la revista, máxime, si ya se les advirtió anteriormente sobre este tipo de prácticas. Ver: Carta abierta a The Economist, Increíble error de una de las mejores revistas del mundo.

En el Perú se ha desatado una polarización política extrema y, desde el lado de los comentaristas cercanos a PPK, como Rosa M. Palacios, Raúl Tola, Augusto Álvarez Rodrich, y varios otros columnistas de La República, se está desarrollando una campaña de alcance internacional para mostrar una situación política insostenible que solo podría  resolverse confrontando al Congreso de la República y, eventualmente, clausurándolo.

Una barbaridad en la que habría caído The Economist, que afirma:

Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños”.

Acá estaremos en guardia, cuidando que nadie auspicie exacerbar la crisis de nuestra democracia. En estos momentos, jugar a la guerra nuclear, es un acto de máxima irresponsabilidad, que condenamos venga de donde venga.

Nuestro Director ya le hizo llegar un primer comentario a la revista:

It is not the first time that your correspondent in Perú produces a partisan report on peruvian politics.
Your article is full of subjective messages and open lies. It does not match with your prestige.
I will come to you with a letter addressed to your editor, in the meantime let me suggest that you should soon revise your policy regarding how to choose your correspondents in emerging countries, and indeed, in Perú, where a magazine like yours is supposed to separate straw from wheat.

En español:
No es la primera vez que su corresponsal en Perú produce un informe partidario sobre la política peruana.
Su artículo está lleno de mensajes subjetivos y mentiras. No coincide con su prestigio.
Me dirigiré a ustedes con una carta abierta dirigida a su editor. Mientras tanto, permítanme sugerirles que revisen su política sobre cómo elegir a sus corresponsales en los países emergentes y, de hecho, en el Perú, donde se supone que una revista como la suya separa la paja del trigo.

¿Quién gobierna el Perú?

The Economist
Publicado en el Perú por GESTIÓN
Viernes 23 de junio del 2017 
Comentado por
Lampadia 

El presidente debe confrontar al Congreso fujimorista 
[¿The Economist rebota perfidia de Rosa M. Palacios?]

Perder un ministro bajo censura congresal es un peligro normal de la vida democrática. Para un Gobierno perder cuatro en su primer año [solo se censuró a uno], incluyendo al de Economía y del Interior, por motivos espurios es una conspiración parlamentaria. Ese es el drama que puede encarar pronto el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Hace un año, Kuczynski, ex banquero de inversiones, ganó estrechamente las elecciones en el balotaje no tanto gracias a los que lo apoyaban sino porque un número ligeramente mayor de peruanos aborrecía a su oponente Keiko Fujimori. En una elección para congresistas dos meses antes, su grupo político había ganado solo 18 de los 130 escaños mientras Fuerza Popular de Fujimori ganó 73 (debido parcialmente a que regiones menos pobladas están sobrerrepresentadas). [¿De dónde sale esta afirmación sobre los pesos de los distritos electorales? ¡Qué falta de seriedad!]

Fuerza Popular, ayudada por aliados oportunistas, ha hecho sentir su mayoría con operaciones de desgaste. En diciembre, el Congreso censuró a Jaime Saavedra, un ministro de Educación capaz, que prontamente fue contratado para manejar la división global de educación del Banco Mundial. [Como hemos demostrado en Lampadia, Saavedra fue fatal para la educación en el Perú: Negaba y combatía la participación del sector privado en educación, nos endilgó un nuevo currículo escolar que regimenta la enseñanza elimina la innovación y apoyó una reforma universitaria anti moderna y controlista].  El mes pasado, el ministro de Transportes renunció antes de enfrentar una censura sobre una (justificada) [Un exceso inaceptable para un análisis serio] revisión del contrato para el nuevo aeropuerto del Cusco, la antigua capital incaica. El 21 de junio, los congresistas votaron para sacar a Alfredo Thorne, el ministro de Economía; [Thorne exigió un voto de confianza sin pedir disculpas por su desliz con el Contralor. Casi la mitad de la bancada de PPK se ausentó de la votación ¿?] y están a punto de hacer lo mismo con Carlos Basombrío, el ministro del Interior. [No lo hicieron].

Los pecados de Basombrío incluyen no arrestar a pocos manifestantes pacíficos que llevaban imágenes de Abimael Guzmán, el encarcelado líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los problemas de Thorne empezaron luego que recibió al contralor general Édgar Alarcón. El encuentro fue grabado subrepticiamente, aparentemente por Alarcón.

Durante el encuentro, Thorne mencionó el presupuesto de la Contraloría y urgió al contralor a aprobar la adenda al contrato para el aeropuerto del Cusco. Fue políticamente torpe discutir los dos temas en la misma reunión. Pero es Alarcón, no Thorne, quien enfrenta un desafío ético. El contralor, quien se ha alineado con los fujimoristas, está siendo investigado por negociación ilícita de vehículos y por usar recursos públicos para pagar a una ex pareja (lo cual él niega). [Sin dudas el Contralor debe ser expulsado, pues no reúne las condiciones mínimas para el cargo].

Las diferencias entre el Gobierno y los fujimoristas no son ideológicas, según Kuczynski. “Aquí tenemos un grupo que está resentido de que yo sea presidente”, dijo.

“Ellos han colaborado en las cosas grandes, pero tienen pequeños gestos que muestran su insatisfacción con el hecho de no estar en Palacio”. La señora Fujimori ha sentido duramente su derrota. Ella apenas ha aparecido en público en el último año. Sólo ha tenido una conversación con Kuczynski y esa reunión tuvo que ser arreglada por el arzobispo de Lima.

Kuczynski heredó una economía enfriada. Quiso acelerar la inversión pública y destrabar proyectos de minería estancados. [El gobierno de PPK no pudo destrabar ningún proyecto de infraestructuras y no corrigió el enfrentamiento contra la minería de los extremistas anti inversión. Labor exclusiva del Ejecutivo.] Él y el país sufrieron una doble dosis de mala suerte. Una confesión de corrupción de Odebrecht, la constructora brasileña, forzó la suspensión de varios proyectos grandes de infraestructura. Luego, las inundaciones mataron a 147 personas, destruyeron caminos y, reconoció el presidente, redujeron el crecimiento anual de la economía en un punto porcentual, a 3%. [La economía ya estaba en picada antes de los impactos externos. Thorne enfrió la economía el 2016 y desbarató la demanda interna].

La reconstrucción tomará dos años y costará US$ 6,500 millones, dijo. El clima de sospecha en el Congreso ralentiza los nuevos contratos con el Gobierno, mientras que la incertidumbre política desalienta la inversión privada. Los planes para reformar al corrupto e ineficiente Poder Judicial en el Perú han sido frustrados, un ejemplo de una “cosa grande” que está siendo bloqueada por la oposición. [Más mentiras abiertas. ¿Qué reforma del Poder Judicial (algo muy necesario) ha sido trabada?].

Kuczynski enfrenta una decisión. Él podría buscar un gran acuerdo, por ejemplo, indultando al padre de Keiko Fujimori, Alberto, un ex presidente autocrático encarcelado por abusos de poder. Pero eso enajenaría a los anti fujimoristas, cuyos votos le permitieron ganar la Presidencia. Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. [¿The Economist propone la guerra entre Ejecutivo y Congreso? La tradición política global y la exigencia de los peruanos (ver encuestas) plantean más bien la concertación y acuerdos para la gobernabilidad y reformas. ¿Quién plantea esta barbaridad?].

La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños.

Kuczynski parece estar siguiendo ambos caminos. Él dice que está viendo la posibilidad de perdonar a Fujimori: “El tiempo de hacerlo es justo ahora”. Pero también dice que hará “definitivamente” una cuestión de confianza la permanencia de Basombrío. Haz eso, y “es poco probable que ellos censuren a alguien”, declaró.

Algunos de sus problemas son por su culpa. [¡Vaya!] Pese a que tiene experiencia de Gobierno, Kuczynski no es un animal político. Su Gabinete está compuesto por tecnócratas y empresarios. El resultado es una administración falta de estrategia política y disciplina en la forma en que se comunican. Encuéntrenlas, y Kuczynski -y el Perú-, pueden ganar su batalla contra el resentimiento y la obstrucción. La alternativa es seguir a la deriva, como un bote sin timón cuyos ocupantes son acosados por el fuego de francotiradores. [Inaceptables comentarios que desdicen de la acostumbrada seriedad de la revista]. © ­ The Economist Newspaper Ltd, London, 2017. Lampadia




Indulto a Alberto Fujimori es de justicia

Indulto a Alberto Fujimori es de justicia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
28 de mayo, 2017

El ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, de 78 años de edad, cumple condena penal hace 11 años. Su larga condena de 25 años fue forzada más allá de lo establecido por la justicia. Hoy, con la salud deteriorada, después de haberse manoseado políticamente su eventual liberación y estando el Perú en un deplorable entredicho político que sigue alimentando la división entre los peruanos y atizando odios, soy de la opinión de que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski debe otorgar, a la brevedad posible, el indulto a Alberto Fujimori.

Fuente: El País

Descargo personal

En julio de 1997, el Presidente Fujimori me invitó personalmente a incorporarme a su gabinete de ministros. No acepté, entre otras razones, por la permanencia de Montesinos en su entorno.

Mi única militancia política fue en el Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa, que a mi entender fue una gesta nacional por recuperar la salud del país, fui parte del plenario. Renuncié a Libertad antes del 5 de abril de 1992, por sentir que el partidismo era más importante que las reformas.

No soy fujimorista, pero nunca he dejado de reconocer sin falsos pudores, las grandes contribuciones del gobierno de Fujimori al futuro de todos los peruanos. Tengo muy claro que sin su gobierno la Constitución de 1993, el Perú jamás hubiera dejado su condición de ‘país fallido` para tornarse, tres lustros más tarde, una ‘estrella internacional’.

En mi opinión, el secuestro de la Embajada de Japón, alteró sustancialmente la vida política del país, y la suerte de los años 90. Se suspendió el ánimo de reforma; se empoderaron a las fuerzas del mal, dirigidas por Montesinos, detrás de los aspectos de seguridad; después de haber hecho avances significativos en la disminución de la corrupción administrativa del Estado, se generó otro espacio de corrupción de corte político; se cortó la cadena de pagos por los errores de apreciación del Ministro de Economía, Jorge Baca Campodónico. Con todo esto, los peruanos nublamos nuestra visión sobre los importantísimos años 90 para el Perú. Años que sin duda, serán eventualmente recogidos por la historia como cruciales en la vida de nuestro país por sus grandes errores y, fundamentalmente, como por sus tremendos aciertos. Un balance que aún hoy, rehúsan hacer muchos peruanos.

Desde finales de los 90 supe que Keiko Fujimori tenía criterio propio, siendo Primera Dama firmó el petitorio  para oponerse a la reelección de su padre y se enfrentó con valentía a Montesinos desde antes de iniciada la campaña del 2000.

Sustento del pedido de Indulto desde la perspectiva de un ciudadano

Alberto Fujimori está condenado a una pena de 25 años, como si hubiera sido condenado por genocidio o lesa humanidad. Este delito no se menciona en la sentencia, solo en los considerandos. Además de otros delitos y penas menores, se le condenó por secuestro agravado. Según sus carcelarios el ‘cargo’ de genocidio y de ‘secuestro agravado’ impedirían la posibilidad de que reciba el indulto.

Sin embargo, los hechos procesales y la justicia nos dice algo diferente:

  • La extradición no contempló el delito de genocidio
  • El genocidio no estaba calificado como delito en el Perú cuando se habrían cometido los crímenes por los que se le acusa
  • Para condenarlo por genocidio, se forzó la figura de la ‘autoría mediata’: como era el jefe tenía que saber…
  • Para hacer viable la figura de la autoría mediata, el juez San Martín elucubró la sentencia un año antes de su aplicación, según confesión de parte, para asegurarse de que Fujimori reciba una larga sentencia
  • El delito de genocidio no figura en la sentencia, solo en los considerandos, pero se repite, una y otra vez, que está condenado por genocidio. Algo en lo que cae la propia ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ejerce su cartera con manifiesta arbitrariedad y partidismo.
  • El llamado ´secuestro agravado´ es una broma. Se detuvo a un periodista y a un empresario, por algunas horas en las instalaciones del Ministerio de Defensa y sin recibir ningún maltrato, fueron liberados sin acusación de por medio.

Un tema determinante para la formación de mi opinión, fue el voto singular del honorable Magistrado del Tribunal Constitucional, don José Luis Sardón de Taboada, de mayo de 2016 que considera que debe declararse fundada la demanda de hábeas corpus.

“En un voto singular, el único magistrado discordante, José Luis Sardón de Taboada, señaló que la demanda debía ser declarada fundada en atención a que la calificación de lesa humanidad vulneró el orden constitucional, pues hay inconsistencia entre la acusación fiscal y la sentencia,” según publicó el portal LaLey.pe

Ver voto singular del Magistrado José Luis Sardón de Taboada por el indulto: Voto singular.

En mi opinión es injusto mantener a Alberto Fujimori en la cárcel y liberarlo sería un gesto político de mucho peso que enaltecería al Presidente de la República y a todos los peruanos. Pues, después de 11 años, mantener en reclusión a un anciano enfermo (elegido por votación popular como Presidente de la República), con un sustento jurídico, por lo menos discutible, sino deleznable, sería un despropósito. Lampadia