Francia está en búsqueda de una serie de reformas laborales. La ley apodada ‘Loi El- Khomri’, tras el nombre de la ministra del Trabajo, es un intento de hacer frente a un problema estructural con el desempleo y el ridículamente anticuado e inflexible mercado laboral que domina el país, y está contribuyendo a su incapacidad para promover el crecimiento económico mantener a raya la inflación. Desafortunadamente, el gobierno no ha logrado gran avance y en las últimas semanas ha habido muchas huelgas. Cerca de medio millón de personas acudieron a las manifestaciones en toda Francia, según cifras estimadas por varios sindicatos. La CGT afirmó que sólo en París se concentraron 100,000 personas.

Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las de Francia, quienes ahora consideran indispensable emprender una profunda reforma flexibilizadora.

Así como seguimos a Francia cuando levantamos los muros que desincentivaron la creación de empleo, nos toca ahora, acompañarlos en una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). No sigamos promoviendo los malos ejemplos de los opositores a la reforma francesa, liderada por los jóvenes que no tienen empleo, tal como sucedió el año pasado en el Perú con la llamada Ley Pulpín, lo que determinó que los jóvenes se quedaran sin ninguna protección laboral en el mundo de la informalidad.

Existen muchas razones por las que se considera necesaria la reforma. En los últimos años, Francia, con la excepción de España, ha quedado sistemáticamente detrás de sus pares de la zona euro en términos de creación de empleo y tasa de desempleo en Francia, que actualmente es de 10.2%. El mercado laboral está afectando la competitividad y el bienestar de la población.

Revisando un poco de historia, Francia ya ha venido sufriendo este problema desde hace mucho. En 1992 Francois Mitterrand pronunció la célebre frase: “en la lucha contra el desempleo, lo hemos intentado todo”, que resumía el desconcierto de los poderes públicos ante el desarrollo aparentemente ineludible del desempleo masivo a lo largo de los últimos cuarenta años.

Desde entonces, la clase política francesa, ya sea de derecha o izquierda, ha intentado hacer frente al problema número uno del país. Empleos subvencionados, la reducción de tiempo de trabajo, la reducción de impuestos para los empleadores, despidos más fáciles: ninguna de estas medidas ha tenido un impacto sustancial. Más preocupante aún, el desempleo a largo plazo en los jóvenes es particularmente alto, y el problema del mercado laboral es real: el 87 % de las contrataciones son los contratos temporales (al 2015) y, desde el año 2000, su número se ha disparado, mientras que las de los contratos indefinidos se han estancado.

Como afirma un informe de la HSBC: “En nuestra opinión, la falta de reformas en el mercado laboral explican el bajo rendimiento de la economía. El problema más obvio es el alto nivel de los costes laborales, que pueden subdividirse a los siguientes factores.” Esos factores son los altos niveles de impuestos, una falta de incentivo para trabajar y el débil crecimiento salarial.

Como muestra el gráfico inferior, una de las grandes razones por las que el mercado laboral de Francia está fracasando es que, en pocas palabras, muchas personas sin empleo no tienen un incentivo real para trabajar en un trabajo mal pagado. Las cargas fiscales sobre los trabajadores franceses son las más altas de cualquier país de la OCDE.

Además, los salarios en Francia no responden a los cambios en el desempleo y se crea un mercado de trabajo donde los costos son simplemente demasiado altos. Sobre esto, la HSBC afirma que: “El alto costo de la mano de obra está obstaculizando considerablemente la competitividad de la economía francesa. De hecho, a diferencia de varios otros países, Francia no ha frenado significativamente el crecimiento de sus costes laborales unitarios desde el año 2008, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad en comparación con muchos de sus principales competidores comerciales.”​

El principal objetivo de la reforma planteada por el gobierno socialista francés para salir de la trampa del desempleo, es dar más espacio para la negociación a nivel de empresa con respecto al tiempo de trabajo e indemnización con el fin de facilitar la adaptación a los nuevos entornos de mercado. La legislación del trabajo y los estándares establecidos a nivel sectorial serían menos importantes. En otras palabras, el proyecto de ley sería un gran avance en la flexibilidad interna de la empresa, en lugar de modificar los parámetros principales de la legislación laboral francesa.

Específicamente, las empresas tendrían la posibilidad de implementar una menor tasa de pago en las horas extras. Hoy en día, las horas extraordinarias tienen un sueldo 25 % mayor por las primeras 8 horas (a la semana) y 50 % más si es por más tiempo. 

El otro aspecto importante de la reforma es facilitar el despido. Hoy en día, los empleados con contrato permanente sólo pueden ser despedidos por razones económicas en caso de quiebra (riesgo) o cambio tecnológico. La ley de El-Khomri ampliaría el alcance de los “despidos económicos frente a cualquier caso de dificultades económicas” probadas (como una disminución sostenida de órdenes de compra o un deterioro del balance general). Por otra parte, una compensación económica por despidos injustos ” sería más estrictamente regulada”.

En un esfuerzo para equilibrar las cosas, se ha añadido una extensión de la “Garantía Juvenil” de 50,000 a 200,000 jóvenes en 2017. La garantía ofrece una red de seguridad financiera y asesoramiento especializado a cualquier persona joven (menor de 26 años) que no esté empleada en formación.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente que Francia, y el pueblo francés, tomen decisiones drásticas al respecto y realicen las reformas que el país tanto necesita. Lampadia

Ver más artículos de Lampadia al respecto:

Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses

Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad

El 73% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada en el Perú es informal, afirma la última entrega del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre Empleo: Informalidad Y Productividad. Esto se debería en gran medida a la rigidez laboral del país, por lo que se deberían implementar reformas que permitan reducir los niveles de informalidad que además afectan la productividad de una buena parte de las empresas que operan en ese ambiente societario.

De acuerdo al Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para hacer negocios en el Perú y que nos resta competitividad. Este reporte ubicó a Perú en el puesto 133 de 140 países en la facilidad de las empresas para contratar y despedir trabajadores. Aunque la organización alabó al Perú en la flexibilidad para  la determinación de los salarios por parte de los empleadores, considera que las prácticas de contratación y despido de los empleados, así como el régimen de impuestos, reducen el incentivo para generar empleo.

De acuerdo con la legislación peruana, un trabajador sólo puede ser despedido por razones específicas señaladas en la legislación laboral. Si un trabajador demuestra que su empleador lo despidió arbitrariamente, tiene derecho a una indemnización equivalente a la paga de un salario y medio del mes por cada año trabajado para la empresa, con un mínimo de tres meses y un máximo de doce, o el derecho que ser trasladado a una posición diferente dentro de la empresa.

Los trabajadores formales en el Perú también tienen derecho a 30 días de vacaciones al año (13 de los cuales son pagados), dos gratificaciones anuales equivalentes a un mes de salario, seguro médico, seguro de vida, seguro de desempleo y una pequeña remuneración adicional para aquellos que tienen hijos.

Agravando esta situación, durante los primeros años del siglo XXI, los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional, ha generado precedentes que están determinando paulatinamente la estabilidad absoluta de empleo. Peor aun, hay regímenes especiales ‘secretos’ como el que acaba de denunciar el Primer Ministro Pedro Cateriano, que explicó que en la desastrosa empresa pública de servicios de agua y desagüe, Sedapal, hay una planilla dorada por la cual los trabajadores en un número de dos mil, tienen derecho a dar sus trabajos en herencia a sus familiares. El colmo de los colmos, los trabajadores son dueños de sus empleos y además, algunos venden el agua como negocio personal, según denunció otro ministro hace unos meses.

Como se puede observar en el gráfico inferior, en los últimos 5 años hemos retrocedido en casi todos los indicadores de eficiencia del mercado laboral con respecto al 2011. Además, en los últimos años, hubo un deterioro considerable en las prácticas de contratación y despido. Nos encontramos entre los países con peores prácticas de contratación y despido en América Latina (puesto 133 de 140 según el WEF).

Son justamente estos costos extra-salariales y la rigidez laboral, además de la Sunat, los causantes de la informalidad laboral, ya que terminan encareciendo la contratación a través de la vía formal. Según Carlos Casas, “se estima que en el Perú estos [costos extrasalariales] son equivalentes a 70% de la remuneración mensual de una persona, mientras que en países como Chile estos costos son del 30%. Este diferencial tiene diversos efectos. El principal de ellos es que en Chile más del 80 % de los trabajadores tiene un contrato laboral, acceso a un sistema de pensiones  y seguro de salud. En el Perú, la cobertura en dichos rubros está entre 30%  y 40%.”

Por ejemplo, en Francia ya se ha propuesto una reforma laboral que incluiría más horas de trabajo y  despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. Francia estaría en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad. Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’

Según el IPE, dado nuestro nivel de desarrollo económico (y de ingresos), tenemos aproximadamente 20 puntos porcentuales más de informalidad de lo que nos corresponde. 

Por lo tanto, en aras promover mayor propensión a la creación de empleo, el Perú debería flexibilizar su regulación laboral. 

“Perú tiene una de las regulaciones laborales más restrictivas del mundo”, afirmó un funcionario del Banco Mundial, John Panzer, en una conferencia en la Reunión Anual (2015) entre el Banco Mundial y el FMI. “Para que Perú pueda sostener su crecimiento, tiene que aumentar la productividad. Una mayor flexibilidad para las empresas obligará al sector informal unirse al sector formal, ya que le permitirá un mayor acceso al crédito, los recursos y el apoyo del Estado. Las leyes restrictivas, en lo que respecta a despedir a los trabajadores, impide a los empleadores contratar nuevos empleados. Como resultado, esto promueve la informalidad y reduce la productividad”.

Según el IPE, el sector agropecuario concentra el porcentaje más alto de la población ocupada y es de lejos el menos productivo, concentra la cuarta parte de los trabajadores del país y es uno muy informal (con datos del INEI solo el 3% es formal). Esta baja productividad del agro se relaciona estrechamente con el mayor empleo informal. Otros sectores con alta informalidad son el sector de Transportes (solo el 20% es formal), de Restaurantes y Alojamiento (solo el 14% es formal). 

La investigación también muestra que a menor tamaño de la empresa, la productividad cae de manera drástica. Solo el 9% de empresas de 1 a 5 trabajadores son productivas, solo el 16% de empresas de 6 a 10 personas, en contraste a compañías con más de 31 trabajadores, donde la productividad es de 73%.

A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra. Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Está comprobado que la sobre regulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos.

En Lampadia hemos hecho una propuesta “disruptiva” para incluir a los informales en el sistema mediante la implementación de una medida que permita alos trabajadores efectivizar parte de sus aportes a sus fondos individuales canjeando una parte de sus gastos en IGV (interno). Así todos entrarían, además, alabase tributaria. La idea es que parte del IGV que hoy se evade, se convierta en aporte a los fondos de pensiones de los trabajadores. Así se crearía un gran incentivo de formalización, se combatiría  la informalidad y se estimularía una mayor recaudación. El Estado “devolvería” parte delos pagos por IGV efectuados por los trabajadores mediante depósitosenlas cuentasque cada nuevo afiliado mantenga en la AFP de su elección. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo y Enfrentar la informalidad con beneficios

Actualmente, el Estado ya asume grandes costos por el tema previsional y por la evasión del IGV, el uso de parte de este tendría un costo nominal, pero el efectivo podría ser menor que el actual, con una mayor cobertura del sistema yla consiguiente formalización del trabajo. Esperamos que los candidatos a la presidencia tomen estas sugerencias en sus propuestas para mejorar el desarrollo y la productividad del país. Lampadia

El gobierno socialista de Francia decide seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad. Después de décadas de regulaciones laborales populistas y pro cúpulas del sindicalismo, el reino del socialismo de viejo cuño, se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ que había llevado al país a altísimos niveles de desempleo y una creciente pérdida de competitividad de sus empresas y de la economía en su conjunto.

Es bueno recordar que Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España. En ambos casos, además del de otros países de la comunidad europea, se tuvo que enfrentar niveles insoportables de desempleo, especialmente en el caso del empleo juvenil. Ambos llegaron a tener un desempleo general de alrededor de 25% y un desempleo juvenil de hasta 56%, en el caso de España y 26% en el de Francia.

España ya pasó por una reforma similar, que le permitió salir, en buena medida, de la crisis financiera, antes de lo que todos estimaban. Es de suponer que la actual crisis política de España es consecuencia directa del descontento social producido por la poca flexibilidad de su economía, hasta antes de su reforma.

Como todos conocemos, el primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad. En Europa, el que tuvo similar capacidad de reacción fue, justamente, Alemania, imitada primero por España y ahora por Francia.

El Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad.

Sintomáticamente, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, está siquiera dispuesto a analizar y debatir el tema. Somos víctimas de una cobardía colectiva de la clase política, que lo que hace es ponerse de espaldas a las necesidades de trabajo de nuestra gente, especialmente, por supuesto, a las necesidades de nuestros jóvenes.

EEUU, ni Alemania, ni España, han sido nunca nuestro modelo político. Nuestra clase política y buena parte de nuestros periodistas, han sido y son, admiradores y seguidores de las políticas del socialismo francés. Es de esperarse que la revolución que ha planteado el gobierno socialista de Francia, nos haga reaccionar para hacer análisis causa-efecto de nuestras políticas laborales que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Veamos el planteamiento revolucionario del gobierno francés:   

La dura reforma laboral de Hollande agrava el cisma en la izquierda

Por Carlos Yárnoz

El País de España

29 de febrero de 2016

Glosado por Lampadia

La reforma laboral en Francia, exigida durante años por Bruselas o Berlín, está lanzada y ya ha originado un terremoto político y sindical antes de ser presentada oficialmente el 9 de marzo. El proyecto fulmina de facto principios sagrados de la izquierda, como el horario laboral legal de 35 horas semanales. Y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. El ala izquierda del gubernamental partido socialista la rechaza frontalmente y los grandes sindicatos anuncian movilizaciones.

Más horas de trabajo, despidos más baratos

35 horas. Ahora se pueden superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo. Con la reforma, podrá hacerse en caso de reestructuración, apertura de nuevos mercados o causas excepcionales.

Despidos. Podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones.

Indemnización. Registran una rebaja general. De cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años. De 27 a 15 si supera los 20 años.

Horas extra. Podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial si empresa y comité sindical lo aceptan. También podrán pactarse bajadas salariales. Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios.

Tras cinco derrotas electorales consecutivas en los dos últimos años y a solo 14 meses de las presidenciales, la ya dividida izquierda francesa afronta otra brutal batalla interna a cuenta de esa dura reforma laboral. Está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como admite el primer ministro, Manuel Valls.

Algunos de sus dirigentes (de la patronal) se han sorprendido de que un Gobierno socialista plantee medidas que ni el conservador Nicolas Sarkozy se atrevió a poner en marcha en la anterior legislatura.

Aunque no suprime la ley de 35 horas, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse el límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”. O para bajadas salariales generalizadas para conquistar nuevos mercados. Las indemnizaciones máximas por despido injustificado pasan de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

La izquierda radical se ha levantado en armas. Los socialistas críticos dirigen sus dardos especialmente contra el primer ministro, Manuel Valls, al que consideran responsable de la “deriva socioliberal” del Ejecutivo que, auguran, les lleva a una derrota sin paliativos en las presidenciales del año que viene. Para los sindicatos, es “una vuelta al siglo XIX”, en palabras del líder de la mayoritaria CGT (Confederación General del Trabajo), Philippe Martinez.

Populismo

Para Valls, son sus críticos, los que están “anclados en el siglo XIX”, mientras que él o Emmanuel Macron, el titular de Economía también tachado de “liberal”, viven en este siglo porque saben, dice, que “la economía y el progreso social van de la mano”. La reforma laboral, añade, está inspirada en lo que funciona en países, como Alemania, Suiza o España”.

El Gobierno argumenta que, ante el estancamiento de la economía, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, que alcanza el 10.5%. En una apuesta por la flexiseguridad nacida en Centroeuropa hace dos décadas, el presidente François Hollande afirma que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados. Lampadia